Campaña contra los empleados públicos

Hemos venido analizando el desarrollo de los acontecimientos político-sociales que se están dando en el país en las últimas semanas, en cuanto al tema del paquete de impuestos y de lo que en el Gobierno de la República denominan como déficit fiscal.

Estamos observando una cierta estratagema montada desde algunos medios de comunicación colectiva (que no son los de Grupo Extra, por supuesto), tanto de prensa escrita, como radiada y televisiva; los cuales pretenden el desarrollo de una matriz de opinión pública para que ante la sociedad, los problemas del Gobierno en cuanto a que “_no tiene plata_”, se interprete que se deben a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; poniendo bajo ataque mediático las condiciones salariales que a lo largo de los años se han venido dando a quienes laboran para el Estado costarricense.

Es más, esta perversa conjura neoliberal trata de poner a los empleados públicos como “_enemigos_” de la sociedad, como una pandilla que saquea las arcas públicas, como (repetimos), los culpables del déficit fiscal.

Por tanto, según esa gente se debe desarrollar una “_cruzada cívica_” contra los empleados públicos, desde las ondas de radio que pretenden el monopolio de la opinión pública, desde las páginas de periódicos enfocadas hacia el mundo de los negocios y de la acumulación de la riqueza, desde algunos medios de prensa televisivos enemigos jurados de los sindicatos.

La ofensiva de los sectores de la hegemonía política dominante en contra del sector Público y, específicamente, en contra de los sistemas salariales que rigen para quienes laboran en él, pretende que la ciudadanía asuma como ciertas estas falacias. Primero: La gente asalariada que labora para el Gobierno, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado, en actividades relativamente similares. Segundo: Las personas empleados públicas públicos están llenos de privilegios, prebendas, gollerías y demás “_plagas_” contra la estabilidad de las finanzas públicas. Tercero: Los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal. Cuarto: Debemos aprobar leyes, como la de “_empleo público_” para acabar con esos regímenes salariales de “_privilegio_” (pluses). Quinto: Los salarios del sector Público deben ser iguales a los que se pagan en la empresa privada. Sexto: Los sindicatos del sector Público son un obstáculo y, por tanto, sería mejor que no existieran como suele suceder en el sector Privado.

La campaña en desarrollo contra los empleados públicos se expresa en titulares de prensa como los siguientes: “_Estado aspiradora-Menos inversión y empleo serían consecuencias de glotonería-Para pagar salarios, gobierno cada vez chupa más dinero_”; “_Salarios públicos superan a los privados-Privilegios para pocos, costo de muchos-Una secretaria del sector público gana hasta 600 mil más al año, que otra en el privado_”; _“Más del 50% de funcionarios públicos reciben otros pluses-Decreto para subir ¢5.000 en sueldos no frena alzas mayores-Empleados llegan a duplicar ingresos por antigüedad y carrera profesional-Entes desconocen cuánto le cuesta al Estado pagar todos estos beneficios_”; etc.

Pensamos que la estrategia es clara. Se pretende que la gente agarre de tiro al blanco a los empleados públicos, “_llenos de privilegios_”, para que no se repare en el verdadero lugar donde se generan los graves problemas de las finanzas gubernamentales: el robo de impuestos, bajo sus múltiples formas, legales e ilegales (evasión, elusión, exenciones, exoneraciones y similares). Es aquí donde está la verdadera fuente de la crisis fiscal en desarrollo que puede llevar al Estado costarricense a la quiebra.

¿Creen ustedes que doña María Mora Ruiz, trabajadora de los CEN-CINAI, tiene un salario de privilegio?; ¿qué un “_privilegiado_” es don Pedro Artavia Castro, quien pasa ocho horas continuas en un fortín carcelario, sin posibilidad alguna de hacer una necesidad fisiológica durante ese período de tiempo porque no hay quien lo sustituya para que vaya al baño?; ¿que don Mario Cruz Cervantes, oficial de la Fuerza Pública de apenas 300 mil mensuales de salario, arriesgando su vida patrullando una zona marginal, es un “_privilegiado_”?; ¿que la niña Sofía Pérez Castro, maestra unidocente de un pueblito lejano del centro de Acosta, tiene demasiados pluses salariales como para ser ella culpable del déficit fiscal?; ¿qué la licenciada Ana Teresa Martínez González, trabajadora social del Gobierno, quien debe visitar las barriadas más pobres para hacer un estudio de campo sobre niñez abandonada, sobre mujeres solas víctimas de agresión sexual, sobre familiares de un privado de libertad próximo a salir de la cárcel; es ella una persona que tiene un salario abusivo porque gana un millón de pesos luego de muchos años de estudio y de experiencia?; o que un asistente de pacientes de la Caja, como don Ronald Cubero Solano, quien asea el cuerpo, todos los días, de un enfermo grave o en fase terminal, tiene un salario de “_lujo_”?; ¿o que un trabajador de AyA, como Jesús Muñoz Álvarez, enviado a entregar recibos de agua a una barriada de alta criminalidad donde arriesga su propia vida, gana “_abusivamente_”?; ¿o que un chofer de un jerarca, don Diego Murillo Rojas, quien debe esperar a que el mismo termine su fiesta para llevarlo a la casa, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado?; ¿o que un trabajador municipal, como Esteban Salazar Alvarado, inhalando todos los días los lixiviados de los desechos sólidos, merece que le quiten las anualidades de catorce años de servicio?; ¿o que a un profesional o técnico del ICE (el caso de Asdrúbal Matarrita Salgado), hoy apetecido por la competencia, se le tenga que bajarle el salario para arreglar un problema fiscal que él no generó?… Si quieren podemos seguir dando ejemplos de ejemplos.

¡No! Señores del capital. Así no es la cosa. La grave crisis fiscal de las finanzas públicas tiene otras causales. “_La procesión va por otro lado_”. Ejemplos sobran. Veamos, ¿declararán renta salarial real, como sí lo hacen los empleados públicos, ciertas personalidades notables de los latifundios mediáticos que hoy se lanzan contra quienes laboran para el sector Público?; ¿por qué no hablan de que es necesario de que, al menos parcialmente, se levante el secreto bancario, para efectos tributarios, cuando se supone robo de impuestos?; ¿por qué no apoyan un impuesto transitorio al patrimonio, por una única vez, para allegarle recursos frescos al Estado?; ¿por qué no se le van encima a las consultorías que se montan a cuenta de los fondos públicos, por el orden de los 500 millones de dólares al año, cuando hay suficiente personal capacitado en el Estado para hacer lo que hacen esos “_consultores_”?

Por supuesto que no ocultaremos una serie de problemas que afectan la eficiencia, la eficacia, la calidad y la oportunidad de los servicios públicos. ¡Claro que existen! Pero no estamos de acuerdo en que “_el hilo se reviente por lo más delgado_” y que sean “_los de abajo_” quienes paguen los platos rotos del “_tortón_” fiscal que “_los de arriba_” han venido generado a lo largo de los últimos gobiernos que, de un modo u otro, han sido hegemonizados por el pensamiento neoliberal. ¡Avisados quedamos!

El FA busca apoyar estabilidad del INEC

La fracción del Partido Frente amplio anunció hoy que incluirá en su lista de mociones para la negociación política del plan fiscal en discusión, en la Asamblea Legislativa, la moción que presentó durante la primera fase del procedimiento, para garantizar que una reforma tributaria provea al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de recursos suficientes para desarrollar su labor.

Se trata de la moción de reiteración R-89-1 y 2, por la cual se propone reformar el Artículo 11 “_Impuesto a los vehículos de lujo_”, es decir, aquellos cuyo valor sea igual o superior al equivalente de 57 salarios base, de modo que por su compra se deba pagar una tarifa adicional a la establecida en el artículo 9 de la Ley No. 7088 del 30 de noviembre de 1987 y sus reformas, “_cuyo producto se destinará al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para financiar el procesamiento de los resultados del Censo Nacional del años 2011, la realización de un nuevo Censo Nacional Agropecuario y para fortalecer futuras actividades de recopilación estadística de dicho Instituto_”.

El diputado frenteamplista José María Villalta consideró “_inconcebible_” que se pretenda reducir el empleo en el INEC debido a la “_labor fundamental que cumple esa institución pública en proporcionar información actualizada sobre la realidad del país_.”

“_Solo el deseo de ocultar hechos como la profundización de la pobreza y la desigualdad, o de la concentración de la tierra en el área rural con la consiguiente expulsión de la pequeña y mediana agricultura puede explicar que el Gobierno pretenda aprovechar las dificultades fiscales que comienza a encarar el país para debilitar a la institución rectora en materia de información estadística nacional_”, dijo el diputado.

“_Si lo que quieren es reducir los gastos superfluos, deberían comenzar por las consultorías redundantes, los viajes, la publicidad y los gastos de representación. La mejor publicidad para un buen Gobierno es hacer las cosas bien_”, concluyó.

El decretazo de los 5 mil y la situación salarial de los gremios policiales

La situación salarial de los principales gremios policiales del país sigue esperando por ser abordada, integralmente y de manera definitiva. El decretazo salarial de los 5 mil, impuesto por el Gobierno como reajuste salarial para el sector Público en el primer semestre del presente año 2012, ha generado indignación, molestia e intranquilidad en los cuerpos policiales de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración y la Policía de Tránsito.

Ahora el problema se amplía con la incorporación a la alianza gremial formada para esta justa lucha por la plena reivindicación salarial policial, del cuerpo de los servidores públicos a cargo de la seguridad de las instalaciones de los centros educativos (escuelas y colegios) de la Educación Pública; así como del grupo de los denominados guardaparques quienes velan por la seguridad de los parques nacionales a cargo del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

A nivel de la Fuerza Pública, urge la emisión del nuevo manual de puestos para el personal de base, comúnmente denominado “_raso_”. Salarialmente hablando hay “_dos_” Fuerza Pública: La que gana muy bien (lo cual es justo) y la que gana muy mal, la de “_a pie_”, muchos de cuyos integrantes ganan hasta cuatro veces menos de lo que ganan sus jefes inmediatos y mediatos.

En el caso de la Policía Penitenciaria, urge la aprobación parlamentaria del proyecto de ley 18.242, para honrar una deuda salarial de los primeros nueves meses del año 2009. Vamos ya para tres años en esta lucha, misma que abrirá pasado a la necesidad de una nueva revaloración salarial estructural para este cuerpo policial en el mediano plazo.

La Policía de Migración sigue esperando un nuevo manual de puestos que no se ve aparecer por ningún lado y que debe honrar el carácter de profesional que este cuerpo policial recibió con la nueva legislación migratoria del país.

Para la Policía de Tránsito es importante la reapertura de un proceso de diálogo y cumplimiento de acuerdos que quedó truncado con el máximo jerarca político del MOPT.

Los guardas de las instalaciones de los centros educativos públicos, muchos de ellos ubicados en zonas de alto riesgo por su marginalidad y exclusión sociales, aspiran a que se apruebe el expediente legislativo No. 17.171, con el cual podrían obtener un sobresueldo de un 18 % a sus bajos salarios base, por concepto de peligrosidad ante el ataque de la delincuencia con sus robos en las escuelas y colegios.

Los guardaparques nacionales, también aspiran a una especie de reconocimiento de su situación de riesgo en el enfrentamiento de, por ejemplo, los cazadores furtivos de valiosas especies de nuestro patrimonio silvestre.

La ANEP llevará este tema a la próximo reunión con las autoridades del Gobierno se manera tal que se pueda considerar como parte de los eventuales acuerdos a suscribir el próximo lunes 5 de marzo; sí, eso sí, hay autorización de nuestra dirigencia de base para con los pre-acuerdos, del pasado 20 de febrero, en la Casa Presidencial, en estas materias y otras conexas en materia de empleo público.

Surplus, consumidores aterrorizados

Irónico y corrosivo documental de Erik Gandini, realizado por la productora independiente ALMO de Estocolmo. Parte de un análisis del papel del consumidor actual. Una representación perfecta y excepcional de la cultura antisistema. Entre una edición frenética, un constante acompañamiento musical y un inagotable juego de montajes audiovisuales, Surplus logra poner en evidencia las contradicciones del sistema.

ANEP ratifica convenio con el FNT de Nicaragua

Este viernes 24 de febrero, en Junta Directiva Nacional de la ANEP, se recibió la visita de los compañeros Carlos Guzmán Membreño, encargado político del convenio ANEPFNT, y el señor José Angel Bermúdez Lazo, Secretario Ejecutivo Nacional del FNT Nicaragua.

Ambos, acompañados de la señora Christine Parker, de la organización sindical LO de Noruega, presentaron su informe de trabajo sobre todo un año de experiencia en conjunto con la ANEP para proteger a los trabajadores migrantes nicaragüenses que se encuentran laborando en nuestro país. Este informe lo pueden descargar en la información adjunta.

Gracias a este convenio ANEP ha podido incursionar mucho más en el mundo laboral privado, con resultados muy esperanzadores, teniendo afiliación sindical en compañías de la agroindustria, en empresas de transportes y de seguridad privada.

Además, se presentó un nuevo documento de convenio entre la ANEP y el FNT para trabajar durante todo el 2012.

En nuestra organización estamos sumamente felices de contar con este convenio internacional con la Federación Sindical más grande de Nicaragua.

INEC necesita las 462 plazas

A la 1:30 de la tarde de hoy, jueves 23 de febrero de 2012, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), será recibida en la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (AP), con el propósito de dialogar en defensa de que al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se le autoriza el total de las 462 plazas que se necesitan para diversos compromisos urgentes y necesarios en estas materias, especialmente para ir avanzando hacia la fase final del más reciente censo nacional.

Costa Rica necesita de las más actualizadas estadísticas para la toma de decisiones en los campos público y privado; amén de que se hace imperioso mantener el alto estándar de calidad, de rigurosidad científica y de profesionalismo que han caracterizado al INEC. Negarle la posibilidad de que tenga esas 462 plazas es vulnerar su acrecentado prestigio y su sólida credibilidad.

Además, desde una perspectiva laboral es sumamente importante enfatizar en la cuestión social inmersa en los empleos que representan esas 462 plazas, en situaciones como las actuales en que el desempleo tiene en el sector juvenil un alimento constante. Muchas de esas personas potencialmente afectadas si no se aprueban las indicadas plazas, son costarricenses jóvenes, gente joven profesional que el país necesita incorporar al proceso del desarrollo.

La ANEP espera que el asunto se resuelva como el país y el INEC lo merecen.

La calle abre la posibilidad de un diálogo con negociación efectiva

La gente trabajadora asalariada del sector Público, así como sus familias, están ya en el “_ojo del huracán_”. El más reciente decretazo salarial de los 5 mil pesos, valedero para el primer semestre de este año 2012, es una señal clarísima de que la crisis fiscal en desarrollo, si no lo impedimos, hará víctimas inocentes de la misma a miles de personas que dependen para su sustento del empleo público, pese a no tener culpa alguna al respecto de esa crisis.

Hemos venido insistiendo y lo hemos de reiterar en toda oportunidad que podamos, que si no se produce en el país una Transformación Tributaria Estructural, la Revolución Tributaria de la que hablamos, podríamos llegar a la dramática y catastrófica situación de Grecia en el mediano plazo.

Gracias al esfuerzo de los 30 mil manifestantes que marcharon hasta la Casa Presidencial, el pasado miércoles 15 de febrero de 2012, la propia Presidenta de la República se vio obligada a atender a la delegación dirigente de las principales agrupaciones sindicales y gremiales que representan a las casi 200 mil personas asalariadas que laboran para la Administración Pública costarricense; entidades laborales que presentaron sus demandas a favor de la preservación del empleo público, contra el deterioro salarial y por darle una oportunidad al diálogo con negociación efectiva.

En la tarde-noche del pasado lunes 20 de febrero, con la presencia directa de la primera mandataria, la ministra de Trabajo y los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Educación y de Comunicación, se elaboró un acuerdo preliminar en esta materia de empleo y salarios en el sector Público.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, se reabrirá la discusión de la cuestión salarial, de manera inmediata, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), para restaurar la vigencia del acuerdo salarial Gobierno-sindicatos del 2007 ó con base en una nueva fórmula que tenga el mismo espíritu, con elementos de cálculo de inflación vencida-inflación adelantada; de manera tal que se tenga en cuenta el reconocimiento de la inflación vencida del semestre anterior a la fijación, con elementos de cálculo para reconocer inflación adelantada del semestre posterior a la fijación.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta discutir con los sindicatos el perverso contenido del decreto ejecutivo que le dio a la Autoridad Presupuestaria (AP), la rectoría en materia de empleo público y salarios, con lo cual se redujo al mínimo el papel de la Dirección General de Servicio Civil. Con ese decreto, la AP se convertiría en un especie de “_Ministerio de Reforma del Estado_” con potestades excesivas y abusivas que, estratégicamente, persiguen la reducción de la planilla pública y el peso de la masa salarial en las finanzas del Estado.

Ahora será otra historia con los sindicatos insertos en esta discusión. Se trata de darle el valor legítimo que requiere la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), en materia de empleo público y en materia de fijaciones salariales. La AP no puede tener la hegemonía en ello. Es la CNSSP que sí cuenta con representación sindical calificada. En la AP no hay voz laboral alguna.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta dialogar con los sindicatos sobre su proyecto de “_Empleo Público_” (“_Salario Único_”), desistiendo de enviarlo a tramitación legislativa durante todo el tiempo que dure su análisis en la comisión que integrará con las representaciones laborales.

Recordemos que una de las pretensiones más acariciadas de los neoliberales, es el concepto de “_Salario Único_” en la Administración Pública para eliminar toda clase de pluses salariales como la dedicación exclusiva, la prohibición, la carrera profesional, las anualidades, los quinquenios, los riesgos y otros. El “_Salario Único_” sería uno de los componentes esenciales de una ley de “_Empleo Público_”.

Ahora bien, será hasta el próximo lunes 5 de marzo cuando el Gobierno y los sindicatos se sienten de nuevo, en la Casa Presidencial, a firmar el acuerdo indicado; eso sí, siempre y cuando las bases laborales de las respectivas agrupaciones gremiales y sindicales del sector le den su aval a este acuerdo en borrador.

Sí hay acuerdo, pasaremos a una segunda ronda de análisis de temas como el fiscal-tributario y el de la Caja (Seguridad Social). Desde nuestra perspectiva, modesta y respetuosa, las mayores fuerzas posibles que podamos acumular y desplegar deben tener una perspectiva estratégica: Si no se cambia la naturaleza perversamente regresiva del sistema tributario costarricense, habrá congelamiento salarial en el sector Público, muchos empleos se perderán, será más profunda la condición de deterioro de muchos de sus servicios, se impondrán el congelamiento y la rebaja salariales (con el “_salario único_” de por medio), quebrará la Caja y hasta la venta de activos podría incluirse en eventuales préstamos con entidades financieras transnacionales para arreglar el “_déficit fiscal_”.

Mario Devandas representante de sindicatos en la Caja

Nota del Diario Extra

En medio de una ajetreada, complicada y por momentos álgida jornada, los sindicatos escogieron al economista Mario Devandas Brenes como su representante permanente ante ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El resultado fue aplastante: 157.359 votos a favor de Devandas, mientras que su contrincante y actual miembro a.i., José Joaquín Meléndez, obtuvo solo 654.

Devandas es el único candidato que presentará el movimiento sindical al Poder Ejecutivo, cuando se discutió en algún momento que la mejor alternativa era la presentación de una terna. Lo que procede ahora es que la comisión electoral y la coordinadora presenten ante el Poder Ejecutivo el resultado de la asamblea general para su ratificación.

Mario Devandas Brenes llegará a llenar la vacante dejada en la junta directiva de la CCSS, tras el fallecimiento, en diciembre pasado, de Carlos Agustín Páez Montalbán.

El representante electo firmó un documento en el que se compromete, entre otras cosas, a luchar férreamente en defensa de la CCSS, al tiempo que no podrá tomar decisiones unilaterales que vayan en contra de los asegurados, ni de los trabajadores de la entidad.

PUNTO MÁS TENSO

El momento más álgido de la asamblea fue cuando la dirigencia de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) presentó los documentos para participar y les indicaron que no podían hacerlo porque no son sindicatos.

Este tema causó una hora de discusiones desde el punto legal y político.

Beatriz Ferreto, presidenta de APSE, defendió el derecho que tiene su organización a participar en el proceso electoral, al tiempo que arremetió al indicar que “_es absurdo que el movimiento sindical nos diga que no estamos facultados a votar al representante sindical ante la junta directiva de la Caja. ANDE y APSE representan a 78 mil trabajadores y se nos quiere negar la participación_”.

Tras varios minutos de exposiciones y con una votación de 45 a favor y 12 en contra, las dos organizaciones magisteriales pudieron participar, en medio de criterios de legalidad y discursos que resaltaron la unión sindical.

Principios de acuerdo entre Sindicatos y Casa Presidencial

Les presentamos el borrador de acuerdo al que se llegó con las autoridades de Gobierno después de 6 horas de negociación.

Carta presentada por ANEP en la figura de su Secretario General, Albino Vargas Barrantes, a la Presidente Laura Chinchilla Miranda.

San José, lunes 20 de febrero de 2012.
S.G. 11-13-0166-12

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Honorable señora Presidenta de la República:

En primer término, su digna autoridad política merece todo nuestro respeto, mismo que dejamos constando por esta vía.

1) Estimamos de gran relevancia oficializar a través de la presente, varias apreciaciones que desde la organización que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos formulando en torno al asunto de lo que comúnmente se denomina el “_déficit fiscal_” y su relación directa con:

• El tema salarial del sector Público;
• el futuro del empleo público;
• el deterioro de importantes servicios públicos que desde la administración central del Estado y sus entidades adscritas a la misma se brinda a grandes grupos ciudadanos de los sectores en más desventaja económica; y,
• el futuro mediato e inmediato de la estabilidad y sostenibilidad financiera de la institución más importante de nuestro sistema: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

2) Adicionalmente, debe tenerse claro que estas apreciaciones son compartidas (en términos generales), por otras importantes corrientes de lo que conocemos como Movimiento Sindical Costarricense. A la vez, es muy importante destacar que la presente coyuntura nos tiene actuando a todas las agrupaciones del mismo en una única dirección y con una misma unidad de acción, teniendo presente los contenidos de la misiva que le fuera entregada al Gobierno de la República con ocasión de la gran manifestación social del pasado miércoles 15 de febrero de 2012; contenidos que la ANEP comparte plenamente.

Primero: LA CLASE TRABAJADORA DEL SECTORBLICO
NO ES LA RESPONSABLE DEL “_DÉFICIT FISCAL_”.

3) La primera apreciación es que nosotros rechazamos, tajante y contundentemente, que a quienes laboran en forma asalariada para el sector Público se les pretende culpabilizar, responsabilizar, del “_déficit fiscal_”. Esta es una perversa estratagema neoliberal que busca una especie de “_criminalización económica_” del sector Público, contraponiéndolo al resto de la sociedad, a la cual se le impone el pensamiento de que los empleados públicos y las empleadas públicas son los y las causantes de la “_crisis fiscal_”. Ésta, si de lo que se trata es de puntualizar culpabilidades, tiene otras dimensiones en cuanto a demandar responsabilidades: es el sistema político tradicional clientelar y dominante hegemónico todavía.

4) Igualmente resulta nefasto para la paz social y la convivencia armónica de la nación, contraponer las realidades de empleo y salariales del sector Público a las que se manifiestan en el sector Privado. Esto puede conducirnos a escenarios de odio social y alimenta confrontaciones innecesarias, pretendiendo la provocadora intentona de poner a pelear a la clase trabajadora asalariada entre sí; a los hermanos y a las hermanas de clase; cuando de lo que se trata es de la formulación de políticas públicas de inclusión, siendo una de las principales de ellas la de carácter salarial. No es reduciendo derechos como haremos verdadera justicia social para sólidas fórmulas de inclusión e integración sociales. Es ampliándolos. Contrariamente, una “_estandarización_” hacia abajo es otra fórmula neoliberal que tenemos que rechazar fuertemente.

5) La estrategia de comunicación oficialista que se centró en el tema de los pluses salariales vigentes en el sector Público, como fórmula central para justificar la imposición del decreto salarial para el mismo de los 5 mil colones; elude, de manera malintencionada, mencionar importantes grupos laborales del Estado (pese a uno o dos pluses que reciben), en los cuales la realidad salarial que tienen no difiere en mucho de lo que se paga en actividades similares del sector Privado.

6) Para mencionar unos ejemplos destacan los casos salariales del personal raso de la Fuerza Pública; los salarios de las policías Penitenciaria, de Migración y de Tránsito; la situación de los guardas de las instalaciones educativas públicas y de los parques nacionales; las señoras que trabajan cuidando los chiquitos y las chiquitas que van a los CEN-CINAI (por lo general, hijos e hijas de madres solas jefas de hogar); los bajos salarios de oficinistas, choferes, secretarias y personal operativo de los ministerios y entes adscritos a los mismos; o de entidades descentralizadas como el A y A.

7) Pero tampoco podemos aceptar que por motivos de la crisis fiscal se pretenda agredir a quienes, con mucho esfuerzo y sacrificio, se convirtieron en profesionales en los más diversos campos y lograron, por méritos propios y reconocimientos académicos adquiridos a través del estudio, un puesto en el Estado central ó fuera de él. No se vale descalificarles por ello; no se vale desacreditarles porque reciben sobresueldos a raíz de compromisos diversos de política pública que obligaron a establecer la Dedicación Exclusiva, la Prohibición, la Disponibilidad y similares. Estos niveles salariales se asemejan, cuantitativamente hablando, a niveles gerenciales y similares en entes corporativos del sector Privado; y son en no pocos casos, los indicados pluses del sector Público en este nivel profesional, lo que detuvo importantes fugas de cebreros que se estaban dando en la Administración Pública, precisamente por políticas salariales equivocadas, de sesgo restrictivo-neoliberal, que impedían el pleno reconocimiento del grado profesional y su especialización subsiguiente en cada campo del saber.

8) Es aquí donde queremos hacer una específica puntualización en torno a la ya no tan nueva idea de un proyecto de ley de “_Empleo Público_”; misma que por esta coyuntura salarial del sector Público, este Gobierno desempolva y no exenta esta vez del siempre contenido central de tal proyecto,mismo que busca una homologación de las condiciones salariales en el Estado, generalizando el concepto de “_Salario Único_”, ya impuesto en algunas entidades públicas (del sector financiero-bancario, por ejemplo).

9) No podemos dejar de relacionar esta circunstancia con una especie de paso previo en tal dirección, como lo representa el cuestionado decreto otorgándole a la Autoridad Presupuestaria (AP), el estatus de “_ente rector en materia de empleo público y salarios_”; decisión gubernamental que adversamos unitariamente todos los sindicatos que defendemos derechos laborales, individuales y colectivos, en la Administración Pública.

10) Indudablemente este asunto del pretendido “_Salario Único_”, como fórmula neoliberal en su campo, adicionado al indicado decreto que en nuestro criterio crea una especie de “_Ministerio de Reforma del Estado_” de carácter espurio, son elementos altamente distorsionantes, desestabilizantes de un buen clima laboral en el seno de la Administración Pública y explica, en buena medida, las condiciones para más movilizaciones sociales masivas de este sector laboral si fuese necesario promover por acuerdo de la articulación intersindical e intergremial que funciona en estos momentos.

11) Por tanto, es espuria una prédica oficialista y de cierta adopción mediática, generalizar la especie de que en el sector Público se gana el doble de lo que se paga salarialmente hablando en el sector Privado. Es así que repetimos (y ya para cerrar este apartado), que en forma tajante y contundente rechazamos que la crisis fiscal, que el “_déficit fiscal_”, sea por el sistema salarial del sector Público.

12) Las personas que en él laboran, si tiene que ser gravadas por impuesto de la renta, la rebaja es puntualísima pues se deduce directamente de su salario; y si se trata del de las ventas, cada vez que se va a la pulpería, a la panadería, al supermercado, a la tienda, etc., se paga al momento mismo de la compra.

13) Como organización que representamos los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de una parte muy importante de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; no descansaremos ni un minuto en nuestra lucha para evitar que ni un solo empleado público, que ni una sola empleada pública pierda su trabajo producto del “_déficit fiscal_”, de la crisis fiscal. No podríamos vivir con tranquilidad, estaríamos con nuestra conciencia sucia y deshonraríamos nuestros ideales, si por nuestra complicidad, tácita ó explícita, una familia que recibe su sustento por concepto de trabajo de empleo público, lo perdiera sin hacer de nuestra parte lo correspondiente para tratar de evitarlo.

14) Reconocemos la existencia de un serio problema en las finanzas públicas centrales. Reconocemos que este asunto del “_déficit fiscal_” es grave aunque no compartimos la prédica apocalíptica de que estamos como en el “_final de los tiempos_” en materia fiscal. Reconocemos que se hace un gran esfuerzo gubernamental por el pago de la planilla pública central mensual, las transferencias (por ejemplo, las que van para las universidades públicas), las pensiones y los intereses de la deuda. El fantasma de la crisis de Grecia es un asunto que nos preocupa enormemente porque tenemos entendido que ahí no se hizo entre otros factores, lo que correspondía hacer con su sistema tributario.

15) Somos de la tesis de que una crisis fiscal sin punto de salida podría cumplir objetivos estratégicos en materia de “_Reforma del Estado_”, para ciertos sectores político-oligárquicos de corte financiero, los cuales abogarían porque el país debe acudir a algunos de los más connotados organismos financieros internacionales especializados en el otorgamiento de préstamos con condiciones draconianas para que los países con problemas fiscales resuelvan su situación pero a costos sociales espantosos, incluyendo la entrega de los mejores valores e instituciones del exitoso patrimonio público. No descartamos, en consecuencia, que en el caso costarricense una crisis fiscal esté inducida, perversamente, en esa dirección para que caigamos en las garras de entidades tan desprestigiadas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y similares; obligándosenos a deshacernos de nuestros más valiosos activos públicos para “_resolver_” una crisis fiscal generada, por supuesto, desde “_los de arriba_” pero que deben pagarla “_los de abajo_”.

16) He aquí un sentido especial de nuestra posición a nivel de Costa Rica en todo esto; y es que estamos convencidos de que llegó el momento histórico de la (así con mayúscula), Transformación Estructural Tributaria, la Revolución Tributaria como nos gusta llamar a este desafío; para evitar que nos lleve al precipicio como país la postergación irresponsable de entrarle a ello; antes de que la debacle llegue al sector Público pero también al Privado, como lo muestra la triste y dolorosa crisis griega.

Segundo: OPOSICIÓN ROTUNDA AL PROYECTO FISCAL

17) Como segunda consideración, resaltamos nuestra más rotunda oposición a la propuesta del Poder Ejecutivo actualmente en trámite en el Legislativo, para un nuevo paquete de impuestos, asunto éste de amplísimo conocimiento ciudadano. Si bien es cierto que el mismo contiene algunos elementos en la correcta línea de la progresividad tributaria, aunque de manera “_liviana_” en algunos casos; debieron éstos tramitarse como proyecto aparte, para que el pueblo viera que por primera vez en muchísimos años, un paquete de impuestos podía ser distinto, gravando por la parte de los que tienen más.

18) Correctamente planteados, eso sí, conceptos tributarios como la renta mundial (gravable al momento mismo del devengo), la renta global y el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin o impuesto “_Robin Hood_”, tal y como ya se está conceptuando en la Unión Europea UE); hubieren concitado el apoyo relevante de no pocos grupos sindicales, sociales, cívicos, patrióticos y hasta empresariales en alguna medida. Además, introduciendo varias modificaciones en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para mayor rigurosidad, menos flexibilidad con el evasor; y no como se pretende con lo que incluye el proyecto fiscal actualmente cuestionado, que, por el contrario, trata al evasor como más “_compasión_”. Pero no. Se prefirió mezclar el indicado proyecto tributario, incluyéndole el más que emblemático de los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto al valor agregado, pese a la cadena de exclusiones que se dice que tuvo en su calamitoso tramitar parlamentario.

19) Respetada señora Presidenta: El plan fiscal promovido por su Gobierno no tiene ya espacio político alguno, según nuestra visión. Y además, pierde sentido por dos razones destacables. Agravará más el problema de la evasión y de la elusión tributarias, por un lado; por otro, apenas recaudará un punto y medio porcentual del actual valor del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa solamente una décima parte de esos potenciales 15 puntos de PIB que, de una manera u otra, no están llegando a las arcas centrales del Estado. Esto nos lleva a nuestra tercera consideración.

Tercero: HACIA LA TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL
(LA REVOLUCIÓN TRIBUTARIA)

20) Es imposible para los sectores populares, especialmente de la clase trabajadora asalariada con empleo formal ó sin él, aceptar nuevos tributos (sobre todo de carácter regresivo); si no se ataca, frontalmente, implacablemente, drásticamente, sin misericordia fiscal alguna, los espantosos niveles de evasión y de elusión fiscales, cuantificados por la propia Contraloría General de la República (CGR), entre un 2.5 % y un 4 % del PIB.

21) Si cada punto porcentual del PIB anda por el orden de los 200 mil millones de colones, entonces el ente controlar nos dice que al fisco se le van de la mano entre 500 mil y 800 mil millones de colones anuales. Es imposible permanecer impávidos ante este descomunal crimen social que es este robo descarada de impuestos. Su Gobierno, señora Presidenta, está sufriendo un desgaste político casi ya irreparable por un paquete de impuestos que, a lo sumo, solamente le generaría unos 300 mil millones de colones; suma ésta sumamente inferior al robo de impuestos que se da por la vía de la evasión y de la elusión tributarias.

22) No menos dramático es el caso de los casi 200 regímenes de exenciones y exoneraciones fiscales. Por supuesto que un importante número de ellos deben tener verdaderas justificaciones, ética y moralmente sostenibles; pero por qué no entrarle al problema de raíz para analizar lo que puede seguir siendo vigente vs. lo que ya no lo es. En este ámbito de la política fiscal y tributaria del país, hablamos de ¡6 puntos porcentuales de PIB!, según estudios “_libres de todo sospecha_”, realizadas por el propio Ministerio de Hacienda con la Universidad Nacional (UNA). Se trata de una cifra astronómica, sideral, inimaginable: un billón doscientos mil millones de colones. ¿Seguiremos tolerando semejante sustracción de potenciales ingresos frescos, de recursos sanos que nos están impidiendo, por ejemplo, robustecer los CEN-CINAI?…

23) El Estado es uno solo. ¿Cómo es posible que en ciertos entes que no son los del aparato central, existan realidades financieras “_autonómicas_” que no sean compelidas a ayudar a la crisis fiscal de la administración central? Se planteó meses atrás el tema de situación superavitaria de ciertas instituciones a las cuales, sin afectar sus planes estratégicos de inversión futura (de corto, mediano y/o largo plazo), podrían contribuir a aliviar la presión que sufre el poder central del Estado por su “_déficit fiscal_”. ¿Qué ha pasado con esto? Indudablemente que este asunto debe revitalizarse, debe abordarse con sistematicidad y persistencia, estableciendo potenciales reformas legales transitorias para el cometido principal del bien común, que representaría la llegada de recursos sanos e ingresos frescos para fortalecer la política pública de inclusión y de integridad sociales cuyo debilitamiento amenaza a la democracia misma.

24) Como podrá notar, señora Presidenta, tenemos tres ámbitos de intervención política y social para sentar las bases de la Transformación Tributaria Estructural, la Revolución Tributaria que ocupa nuestra querida Costa Rica en los presentes momentos históricos. Tenemos entendido de que usted, desde la honrosa posición que ocupa, ha manifestado interés en una visión de futuro en este aspecto tributario-fiscal.

25) Pero no es con ese proyecto de ley que está actualmente en trámite en el Congreso de la República y que lo tiene al borde de una parálisis total; proyecto que se aprobarse, lo cual es ya prácticamente imposible, solamente le dará unos pocos miles de millones de colones que, estructuralmente, no resuelven el problema de la crisis fiscal sino que lo agravan, porque esos nuevos recursos también se los robarán, ante la ausencia de cambios estructurales y profundos en los campos de la evasión y de la elusión tributarias, así como en el de las exenciones y exoneraciones fiscales como ya explicado quedó.

Cuarto: LA CAJA: ¿HACIA LA QUIEBRA?

26) Por otra parte, señora Presidenta Chinchilla, y desde nuestra perspectiva, la impostergable, imperiosa e imprescindible Transformación Estructural Tributaria de la que venimos hablando, la Revolución Tributaria, guarda una profunda relación estratégica, de vida o muerte, con la situación futura, mediata e inmediata, de la más querida institución del pueblo costarricense: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

27) Todavía no superamos nuestra estupefacción, una especie de “_shock social_”, una sensación intensa de indignación mezclada con dolor, de saber que la Caja ha tenido que pedir plata prestada para funcionar en lo cotidiano, en prestación de servicios, pago de salarios y a proveedores (entre otros aspectos), porque le falló la colocación de bonos (papeles), con los cuales el Estado le pagó parte de la deuda que con ella tiene, dado que en el mercado financiero no se los quisieron comprar. Parece ser que intentó vender bonos por el orden de los 52 mil millones de colones, de los 123 mil millones que, en papeles, tiene guardados en un cuarto ubicado en su sede central y que es la cantidad que desde el Ministerio de Hacienda le transfirieran el año pasado.

28) Usted, señora Presidenta, como primera mandataria y cabeza del Poder Ejecutivo, fue testigo y firmante de un convenio entre la Caja y el Ministerio de Hacienda para honrar la indicada deuda de la forma en que se hizo y nosotros no ponemos en duda que así se actuó de buena fe. Pero el fracaso está a la vista y como esos bonos (papeles) no pudieron convertirse, como se esperaba, en dinero contante y sonante para la Caja, ésta fue a los bancos públicos Nacional y de Costa Rica, pidiendo que le prestaran 35 mil millones de colones, para pagar en el corto plazo supuestamente, y con un interés mensual de 612 millones de colones.

29) Con dolor y con indignación nos explicamos, ahora, la morbosa y pérfida consideración de que algunas de las personas que usted, señora Presidenta, designó para que le analizaran la situación financiera de la Caja (los señores Carrillo, Naranjo y Sauma), hayan concluido con crudeza que “_la solidaridad tiene necesariamente límites, y la sociedad debe tener la madurez suficiente para imponerlos en bien de la colectividad en su conjunto_”; que “_las condiciones económicas del país no permiten mantener un sistema abierto_”; que se lamentan tales señores de que “_…no hay límites definidos para la prestación de servicios de salud_”; de que “_todos tienen derecho a todo_”.

30) Esta situación de “_pre-quiebra_” de nuestra CCSS, que lleva a los indicados señores a plantear tan desafortunados criterios; nos motiva para hacer nuestras las reflexiones del ilustre académico don Luis Paulino Vargas Solís, en uno de sus más recientes comentarios:“_Derecho a la salud y a la vida, ¿aplican restricciones?_”; artículo cuya lectura le recomendamos, respetuosamente, señora Presidenta y que le adjuntamos a la presente.

31) Porque si “_las condiciones económicas del país no permiten mantener un sistema abierto_”, en la prestación de los servicios de Salud como lo ha venido dando la Caja, es precisamente por la acumulación de deudas patronales que con ella han contraído grupos empresariales del sector Privado y el propio Estado en su doble condición, de patrono y como Estado. Y, en este caso (porque la deuda del sector Privado con la Caja merece un abordaje específico y en otro contexto), como ya vimos, que se pague esa deuda con bonos (papeles), que no se colocan “_bien_” en el mercado financiero para su conversión en plata “_constante y sonante_”; es la razón obligada de que la CCSS pidiera prestado dinero,por primera vez en su historia, para funcionar; algo inaudito que se explica en parte, por la ausencia de esa Transformación Tributaria Estructural, esa Revolución Tributaria de la que hablamos nosotros, de forma tal que los recursos frescos y los ingresos sanos que el Estado central ocupa, le permitiría a éste pagarle a la Caja de manera puntual y en planta contante y sonante.

Quinto: ESCENARIOS ALTERNATIVOS

32) Finalmente, señora Presidenta, todo este escenario en torno a la cuestión del “_déficit fiscal_” y de la crisis fiscal, en el marco de una tributariedad altamente regresiva y con una oposición prácticamente generalizada a su plan fiscal; abre el desafío para búsqueda de caminos alternativos, dentro de los cuales, la posibilidad de una legislación de carácter contingente emerge con potencialidades de avanzar más consensuadamente, tanto en el espacio político clásico como en el social.

33) En ANEP nos hemos esforzado por hacer aportaciones para una Transformación Tributaria Estructural, en esa Revolución Tributaria; y si tal escenario alternativo se abre, con gusto llevaríamos al mismo nuestro aporte constructivo para ayudar a evitar que siga pretendiéndose que “_los y las de abajo_” paguen por una crisis fiscal de la cual no tienen la menor culpa en su surgimiento.

34) Como le reiteramos al principio de la presente, estas consideraciones están formuladas, estrictamente, a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no pudiendo abarcar más ámbito sindical del indicado; y, eso sí, valorando la gran aportación que significa la articulación gremial e intersindical que en temáticas conexas y no menos relevantes que las en esta carta abordadas, ya le fueron a usted informadas con ocasión de la relevante movilización social del pasado miércoles 15 de febrero de 2012), y que generaron su convocatoria de esta fecha.

Con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

ANEP rechaza modificaciones al manual de puestos en Nicoya

Honorable señor
Marco Antonio Jiménez Castro
Alcalde Municipal

Honorables señoras y señores
Regidoras y regidores, síndicos y síndicas
Concejo de Nicoya

Municipalidad de Nicoya
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

Expresamos a vuestras dignas autoridades, el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

La ANEP, institución sindical representativa de los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de la abrumadora mayoría de las personas trabajadoras asalariadas que laboran para la Municipalidad de Nicoya, estima de suma conveniencia exponerles las consideraciones siguientes acerca del proceso de modificación del Manual de Puestos; consideraciones que como podrán analizar, fundamentan nuestro rechazo a tal pretensión. Veamos:

a) Tanto la encargada de Recursos Humanos, Licda. Aylin Espinoza; como la encargada de Control Interno, Licda., Katherine Chacón; así como el MSc. Adrián Rojas, Planificador, quienes según sus funciones tienen la potestad y la obligación de aportar y colaborar en el acompañamiento de la realización de este tipo de modificaciones (y como ellos mismos lo han manifestado en distintos oficios realizados por separado, de los cuales la seccional de la ANEP tiene copia por ser documentos de uso público); no fueron tomados en cuenta en dicho proceso de modificación de puestos. Igualmente, no se ha notificado ni integrado a la dirigencia sindical en este proceso como es lo usual en dichos asuntos.

b) La anterior modificación de puestos de la Municipalidad de Nicoya fue realizada por la Dirección General del Servicio Civil, contándose con la coparticipación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en el 2005. Esta modificación sí conto con el acompañamiento de funcionarios institucionales y la total apertura a la participación de la dirigencia sindical en representación de los trabajadores, incluso por solicitud del Servicio Civil.

c) Leyendo el oficio de la señora Aylin Espinoza, encargada de Recursos Humanos, dicho proceso se inició hace más de un año con el asesoramiento de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y en el mismo no se permitió -por decisión de la señora Vicealcaldesa -, la participación de dicha profesional pese a ser la encargada de los recursos humanos municipales, ante la propia extrañeza del funcionario de la UNGL, quien pidió la participación de dicha funcionaria y la del planificador. Luego de esta petición, la señora Vicealcaldesa (quien representaba a la Institución), decide dejar de participar en el proceso. Cabe señalar también la sorpresa de este sindicato en saber que quien sí participo en la mayoría de reuniones en la Unión Nacional de Gobiernos Locales y para discutir del manual de puestos, fue la señora contadora, quien nada o muy poco tiene que ver en estos procesos más que dar información registral de capacidad de pago.

d) Pese a la existencia de distintos entes tales como Dirección General del Servicio Civil, Unión Nacional de Gobiernos Locales, IFAM, Federación de Municipalidades, entidades que han colaborado de forma gratuita en la realización de estas modificaciones a los manuales de distintas municipalidades (incluida la Municipalidad de Nicoya), bajo la autorización de la señora Vicealcaldesa se realiza una contratación directa a la empresa del señor Erick Badilla (quien ha sido cuestionado en otras municipalidades por realizar, presuntamente, un ‘copy page’ en sus procesos de manual de puestos), y actuar de forma “_secreta y no permitir la participación de los profesionales técnicos institucionales en dichos proceso_”. No entendemos por qué la señora Vicealcaldesa insiste en una contratación directa en este sentido, ni cuáles son las justificaciones de peso para ello, pues es evidente que puede verse como un despilfarro de fondos públicos, dado que esta contratación a todas luces significa la erogación innecesaria del erario público, para realizar las mismas acciones que instituciones públicas realizan gratuitamente, como se puede deducir de las observaciones de la encargada de Control Interno de esta municipalidad.

e) En oficio UCI-010-12, del 26 de enero anterior y en respuesta a una nota de la Vicealcaldesa en la cual ésta pretende defender lo actuado en este asunto, la licenciada Chacón, encargada de Control Interno, le demuestra con base en la legislación vigente, los errores que ha cometido la señora Vicealcaldesa en el desarrollo de este proceso: i- En cuanto a que no es cierto que es potestad – exclusiva y excluyente – del señor Alcalde el realizar los manuales de puestos, ya que por el contrario el artículo 120 del Código Municipal, al que aduce la señora Vicealcaldesa para justificar lo actuado, sentencia: “_…El diseño y la actualización del Manual Descriptivo de Puestos general estarán bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales_”; y que “_…las municipalidades podrán solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio Civil_”. Finalmente sentencia: _“…las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidos, en dichos manuales, los perfiles ocupacionales correspondientes_”.

f)
Tal como la señora Vicealcaldesa y el señor Alcalde manifestaron verbalmente en reunión sostenida con el señor Planificador, y éste lo hace evidente en su oficio PM-10-2012, de 24 de enero pasado, el citado funcionario asesora al señor Alcalde y a la señora Vicealcaldesa al respecto indicándoles: “_la necesidad de conformar una comisión interna para dar seguimiento y supervisión a la consultoría que elabora el señor Erick Badilla, sobre el estudio de puestos_”. En el citado oficio, el planificador municipal menciona que en dicha reunión “_tanto su persona (Alcalde) como la señora Vicealcaldesa estuvieron de acuerdo con mis observaciones (las del planificador) y manifestaron que la comisión interna estaría conformada por la encargada de Recursos Humanos y mi persona (el Planificador) y un representante de cada uno de los sindicatos_”

g) El oficio de la encargada de Control Interno recalca en el punto No. 2, utilizando el artículo 302 inciso 1, 2 y 3 de la Ley General de la Administración Pública en el sentido que: _“1- Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la Administración serán encargados normalmente a los órganos o servidores públicos expertos en el ramo de que se trate; … 2- Cuando el Estado o un ente público carezca de personal idóneo que otro tenga, éste deberá facilitarlo al costo y a la inversa… Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o importancia, podrán contratarse servicios de técnicos extraños a la Administración_”. Y señala la señora encargada del Control Interno “_Por lo que la opinión o dictámenes de los funcionarios expertos, nombrados en propiedad en esta Municipalidad, SI DEBE SER TOMADA EN CONSIDERACION_” (SIC).

CONSIDERANDO QUE:

1- La Contratación de un consultoría externa significa erogación del erario público “_de forma innecesaria y cuestionable_”, cuando la legislación vigente faculta e indica la necesidad de utilizar los recursos internos en la Administración Pública de forma colaborativa y gratuita en apoyo del mejoramiento de los procesos de otra entidad pública.

2- Ante la crisis fiscal, y el estado de déficit que presenta la Municipalidad de Nicoya, es improcedente la erogación de recursos económicos para contratar de forma directa una consultoría en un tema que puede realizarse de forma gratuita por entidades de alto conocimiento y con la colaboración de profesionales de gran experticia en el tema como el señor planificador que incluso laboró para el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) en el departamento encargado de elaborar las reestructuraciones para las instituciones públicas; asimismo, la señora encargada de Recursos Humanos que es profesional en el campo idóneo para dar el acompañamiento en cuanto al manual en mención.

3- El no involucramiento de la dirigencia sindical de cara a esta reestructuración lo cual viola el debido proceso y el derecho de los trabajadores a tener información certera, oportuna y veraz de los posibles perjuicios que un proceso como ese le afectaría o en su defecto de los beneficios que le traerían.

4- La ausencia de representantes de los trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso de la ANEP, genera duda en cuanto a posibles intereses de funcionarios y/o funcionarias que podrían aprovechar su posición dentro de la institución municipal para beneficiarse de manera exclusiva y con ello perjudicar al resto del personal.

5- Ante la inminente presentación en los próximos días del informe final del señor Badilla, sin realizar el debido proceso, finalmente indicamos:

Primero: La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Junta Directiva de su seccional en la Municipalidad de Nicoya, han decidido oponerse al proceso de modificación del Manual de puestos, no por el fondo, sino por la forma, con lo cual no avalamos el estudio realizado por una consultoría privada que pretende modificar el Manual de Puestos de esta corporación Por tanto, nos oponemos “_ad portas_” por considerar que se violentó el debido proceso, por no contar con la información y el seguimiento técnico necesario.

Segundo: Nuestra organización, en respeto a los derechos del personal de la Municipalidad de Nicoya y en conjunto con las organizaciones sindicales existentes en la misma, velará por el respeto al proceso que se establece en casos de reestructuración haciendo valer la participación de los y las representantes de los trabajadores y las trabajadoras en aras de la objetividad y transparencia del proceso.

Tercero: En aras de resguardar los impuestos que con tanto sacrificio pagan los administrados del cantón de Nicoya, la ANEP y su Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya, instan a las autoridades municipales a gestionar ante la Dirección General del Servicio Civil y el IFAM, el apoyo necesario para que la Municipalidad de Nicoya cuente con los instrumentos necesarios para el ordenamiento de la institución: Mapa Organizacional, Manual de Clases de Puestos, Manual Descriptivo de Funciones, Escala Salarial, entre otros; tal y como ya lo han hecho otras municipalidades del país.

Nos reservamos el derecho de hacer valer nuestras posiciones que, como indicamos, están con la tutela legal del caso, en los campos en que estimemos necesario para permitir la más idónea combinación de la salvaguarda de los derechos adquiridos del personal asalariado de la Municipalidad de Nicoya y su legítima aspiración como servidores públicos; con los intereses de la comunidad por la más sana administración de sus impuestos.