Carlos Alvarado Quesada y los papeles de Panamá (Parte 4 y final)

Este es nuestro cuarto comentario sobre este asunto y aunque indicamos que será “final”, no vamos a dejar de hablar de él en fechas próximas, pues se contiene en ese informe una buena parte de la ruta que deberíamos seguir como sociedad si, en verdad, nos propusiéramos evitar que nos lleven al precipicio de la exclusión, de la desigualdad y de la violencia.

No es difícil explicarse cómo es posible que el Informe Final del expediente legislativo No. 19.973, fechado 30 de marzo de 2017, emitido por la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre el caso de Los Papeles de Panamá, haya sido completamente invisibilizado; y de manera maligna, no se haya convertido en prioridad político-estratégica en un momento histórico tan delicado para nuestro país, como el actual en que vamos hacia una polarización total en materia de distribución de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico.

Evidentemente, los dueños del real poder político-económico, controladores de los gobiernos sucesivos del PLN, de PUSC y del PAC, quedan retratados de cuerpo entero en cuanto a sus tropelías jurídicas de todo tipo para no honrar su compromiso ético-moral con la sociedad: tributar, proporcionalmente hablando, de acuerdo a sus ingresos; o bien, no hacerlo del todo mediante una amplia gama de alternativas evasoras de corte legal, unas; ilegales, otras.

Repetimos que toda persona comprometida con la Democracia, cualquier ciudadano abrumado por el rumbo equivocado que le han impuesto a este país la clase hegemónicamente dominante; así como esa gran parte de la ciudadanía que hoy se siente defraudada, enojada e indignada; debería considerar leer (al menos), y ojalá, estudiar este documento.

Este es nuestro cuarto comentario sobre este asunto y aunque indicamos que será “final”, no vamos a dejar de hablar de él en fechas próximas, pues se contiene en ese informe una buena parte de la ruta que deberíamos seguir como sociedad si, en verdad, nos propusiéramos evitar que nos lleven al precipicio de la exclusión, de la desigualdad y de la violencia.

Las sociedades europeas nórdicas han sido realmente exitosas con base en la existencia de modelos tributarios progresivos que, de un modo u otro, dieron sostenibilidad a sus sistemas de inclusión social y de relativa igualdad.

Dentro de los aspectos más valiosos contenidos en este documento, al revisar la parte denominada Recomendaciones frente a vacíos legislativos, nos permite constatar el verdadero crimen social que ha representado la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: su injusta regresividad.

19 vacíos legislativos fueron señalados y, como es lógico suponer, el real poder no tiene el menor interés en abordarlos.

Los citamos todos seguidamente y noten ustedes cuál es la profundidad de los cambios que requiere el sistema tributario nacional; gigantesco desafío que solamente mediante la llegada un gobierno poderoso volcado hacia el bien común y hacia la inclusión social, podría asumir semejante tarea y con obligada movilización ciudadana de abierto apoyo.

  • Mantenimiento del sistema de renta territorial y el uso de sociedades offshore para eludir o evadir el pago de tributos.
  • Opacidad y frágil regulación de personerías jurídicas y fideicomisos.
  • Exoneraciones del impuesto sobre la renta disponible entre sociedades costarricenses.
  • Falta de regulación de los aportes extraordinarios de capital.
  • Carencia de un impuesto a las ganancias de capital.
  • Debilidades del actual Impuesto General sobre las Ventas que facilitan la evasión (eso se agravaría con la entrada en vigencia del IVA pues nada de esas debilidades se corrigieron).
  • Débil régimen de sanciones y supervisión de asesores fiscales.
  • Limitaciones en definición de tipo penal del delito de legitimación de capitales.
  • Falta de regulación de precios de transferencias.
  • Debilidades en la definición del delito de defraudación fiscal.
  • Falta de regulación de las entidades financieras sin fines de lucro.
  • Ausencia de marco legal que facilite la supervisión consolidada de entidades financieras.
  • Débil protección de socios minoritarios
  • Transparencia y acuerdos de intercambio de información
  • Carencia de normas de subcapitalización que sancionen los endeudamientos ficticios.
  • Falta de una cláusula anti-elusiva general.
  • Falta de normas anti-paraíso fiscal.
  • Legislación insuficiente para normar el riesgo de evasión o elusión por parte personajes públicos o políticamente expuestos.
  • Legislación sucesoria y para la regulación de fundaciones desactualizada.

Cada uno de esos 19 vacíos legislativos tiene sus respectivas recomendaciones que nos permitirían acometer la urgente tarea de, por un lado, atajar el crecimiento de la desigualdad; y, por otro, sentar las bases para un renacimiento de una Costa Rica realmente inclusiva y solidaria, como en su momento la pensaron patriotas que, de estar vivos hoy, estarían encabezando revueltas cívicas contra los actuales detentadores del poder real que nos han impuesto un modelo económico que hace aguas por todo lado.

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