Categoría: Acción Política

Nota Diario Extra
Otra nota Diario Extra
Nota La Nación

Estimadas compañeras y estimados compañeros:
Junta Directiva Nacional (JDN) – ANEP
Estimados afiliados y estimadas afilias
Dirigentes de base de la ANEP
Ciudadanía amiga de la ANEP

Respetuosos saludos. Favor analizar estas dos notas de prensa relativas a la Asamblea General Nacional Ordinaria de Fin de Período “William Gómez Vargas”, de nuestra querida ANEP, realizada este viernes que pasó, 6 de setiembre de 2013. Por un lado, el Diario Extra, en nota de su periodística firmada don Marco Leandro. Por otro, La Nación y la nota de su periodista Alberto Barrantes.

Luego de leer y analizar, ambas notarán el impactante contraste. En el caso del periodista Barrantes, prácticamente nos tachó de “borrachos” y que nuestra asamblea fue una “guarera”. Así lo insinúa él con los títulos que usó. Analicen bien cada línea y verán cómo está evidente el sesgo de favoritismo para la candidata del “grupo opositor” (por cierto, al momento de escribirles esto, esa señora ha sido designada como aspirante diputil al primer lugar por la provincia de San José, del autodenominado “PT”… Ahora queda más claro el porqué está gente quiere “tomar” la ANEP, luego de infiltrarla. Por dicha, cada vez quedan más desenmascarados).

Además, hay flagrantes mentiras en la nota del señor periodista Barrantes y repite las especies difamantes e injuriantes cuando él reportó sobre la asamblea extraordinaria que analizó la auditoría externa del proyecto de Manuel Antonio.

Creemos que los y las anepistas, especialmente los asambleístas que en número de, aproximadante, 3 mil llegaron al evento, con todo y sus dificultades, deben dirigirse a ese periodista de La Nación, para repudiar el tono sesgado, subjetivo, parcializado, con uso de mentiras y especies difamantes con que reportó sobre nuestra Asamblea General Nacional Ordinaria de Fin de Período “William Gómez Vargas”. El correo electrónico de este señor es alberto.barrantes@nacion.com

Ahora veamos sobre la nota de Diario Extra. Notamos que habló de nuestra reelección por dos años. Lo correcto es por cuatro, como sabemos. Bueno, él no tiene porqué saber de los cambios organizacionales y estatutarios que sufre la organización. La nota de don Marco Leandro es sumamente profesional, objetiva y no muestra ningún sesgo de mala fe, como sí lo hace la del señor Barrantes.

Finalmente, hemos recibido varias llamadas de tanta indignación con este señor Barrantes que hasta nos han sugerido organizar una manifestación para mostrarle nuestro repudio, indignación y molestia. Dicen nuestros socios al respecto que se trata de una nota ofensiva a la dignidad de la persona trabajadora anepista; que deja entrever que se hace mal uso del permiso institucional otorgado para asamblea (para hacer una “guarera”); pero que si bien se le puede tolerar a él que haya tomado partido en las elecciones de la ANEP, nadie bebió guaro como el lo insinúa: ni los de uno ni los del otro bando. El evento fue de tanta profundidad e intensidad pero no fue para “bailar cumbias”. Eso es mala fe y ese señor merece que se le haga saber con toda contundencia.

Bueno… En principio, no parece descabellada la idea de una manifestación frente a La Nación, pero será la nueva Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP que valore lo pertinente cuando se reuna por primera vez. Ahí se las dejo para que si lo tienen a bien, cada uno de ustedes y cada una de ustedes reaccione.

Debemos reconocer que es positiva la iniciativa del presente Gobierno para que se emita una ley que le ponga tope a la usura descarada que representan los intereses que se cobran por las tarjetas de crédito. Igualmente, para que en materia de préstamos haya cierta regulación en cuanto a las tasas que se cobran por los mismos.

Particularmente, la clase trabajadora asalariada de los sectores medios y bajos, así como buena parte del micro y medianoempresariado, se encuentra en una situación de alto endeudamiento, producto de un sistema económico que ha venido privilegiando la concentración en contra de la distribución.

La circunstancia de que, por ejemplo, en tarjetas de crédito el endeudamiento popular y social alcance más de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), es más que elocuente dato de un proceso de empobrecimiento generalizado en las bases de la ciudadanía, vs. la fiesta abusiva de concentración de riqueza que viven los sectores ganadores del modelo económico neoliberal que intenta consolidarse, definitivamente en nuestra sociedad: hablamos, por ejemplo, del sector financiero-bancario.

A propósito de la gravedad del endeudamiento de las personas trabajadoras asalariadas, ANEP recuerda que en el año 2009, junto a otros grupos civiles organizados y como parte del proceso de propuesta social, lanzamos las “10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. Propusimos como sexta medida el “Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas”, buscando la creación de “un sistema para la restauración financiera de personas físicas y una serie de empresas de economía social cuyo principio fundamental sea convertirse en el apoyo financiero de las personas para restaurar su condición económica. Como resultado se habrá garantizado la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar”.

Bien haría la Asamblea Legislativa en darle gran atención a este tipo de iniciativas, aprobando lo pertinente para beneficio de las grandes mayorías angustiadas por una situación económica estrujante; que, entre otros factores más que clarísimos, indica que a nivel de consumo, el indicador actual es el más negativo de toda la presente administración Chinchilla Miranda.

El distinguido señor Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, está desarrollando una especie de cruzada fundamentalista en la promoción de un nuevo paquete fiscal, hablando contra los salarios que ganan los empleados públicos y las empleadas públicas del país; prácticamente, centrando en ello la responsabilidad única por el déficit fiscal que, según entendidos, podría llegar al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), al terminar el presente año 2013.

Desde la ANEP, una vez más, rechazamos ese criterio del indicado jerarca, considerándolo una provocación a la confrontación social y, a la vez, una especie de cortina de humo sobre las verdaderas causas del déficit, dentro de las cuales resaltan: a) las múltiples formas de evasión y elusión tributarias; b) la naturaleza perversa de un sistema tributario altamente regresivo; y, c) un sistema de exoneraciones y de exenciones con múltiples disposiciones abusivas.

Calificar el sistema salarial del sector Público como una “locura” y que su crecimiento es “terrible”, revela una perversa intencionalidad que llama al conflicto; pues aparte de formular una generalización injusta y abusiva; oculta esa gama de salarios de la altísima tecnocracia político-financiera que sí son una “locura”, como el caso del salario mensual del Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), más alto que el del propio presidente gringo.

La clase trabajadora asalariada del sector Público (al igual que su homóloga del sector Privado), no evade ni roba impuestos. Si al tenerse cierto nivel salarial se debe tributar por concepto de renta, el rebajo de planilla es inevitable e inmediato; y, si se trata del impuesto sobre las ventas (el más injusto de todos los impuestos), se paga en el mismo acto de la compra de un bien o servicio, en la pulpería, en el supermercado, etc.

Evidentemente, la mejor forma de enfrentar esta agresión a la dignidad laboral de la abrumadora mayoría del personal asalariado del sector Público (que no está en el ámbito de esa tecnocracia política), es… la Democracia de la Calle. Tal parece que para ahí vamos…

Al terminar el pasado mes de junio (primer semestre del 2013), un 51.08% de la población trabajadora total con empleo formal y salario fijo, misma que está en la cifra de 1.524.003 personas, tenía un salario neto de 233.217 colones mensuales. Estos son datos de la última Encuesta de Hogares 2012, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El reajuste por costo de vida en los salarios mínimos (si es que de verdad se honra en la empresa privada), para el segundo semestre ya en curso, de un 2.40%, se traduce en unos 5.600 colones de “aumento” salarial para ese 51.08%: 778.521 personas trabajadoras asalariadas de los dos sectores, privado y público.

Si el alza en los buses que ya está encima, de entre 5 y 25 colones por pasaje, para una familia trabajadora asalariada de ese 51.08%, y con cuatro integrantes (padre, madre y otras dos personas más estudiantes, podrían ser), que viajen dos veces al día durante cinco días y cuatro semanas (22 días laborales, para ser exactos); representará un gasto adicional en pasajes de entre 880 y 4.400 colones más al mes.

Esto quiere decir que para la mitad de la clase trabajadora asalariada del país, el alza en los pasajes de autobús que impondrá la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se comerá en el primer caso (una alza de 5 colones), casi el 16% del raquítico reajuste salarial de 5.600 a los salarios mínimos; y, en el segundo caso, (alza del 25 colones), un 77% de ese reajuste escuálido.

Como vemos, la venidera alza en las tarifas de bus, ha de golpear más duramente a las familias de la clase trabajadora de menores ingresos; lo cual nos hace notar un elemento más en la senda del crecimiento de la desigualdad que azota a nuestra sociedad.

Y, como se ve, no estamos considerando el alza en la comedera y en otros servicios públicos básicos y fundamentales en todos estos hogares. Así que el reajuste a los salarios mínimos para el segundo semestre de este año 2013, ¡ya se evaporó!

Por demás, nada bueno pueden esperar las familias de la clase trabajadora costarricense de la Aresep: sus audiencias no tienen mayor impacto y una credibilidad prácticamente nula; excepto, claro está, como cuando los consorcios poderosos de mucho impacto económico ejercen su incidencia y, rápidamente, Aresep reconoce “errores” en sus decisiones que pudieran afectarles sus intereses corporativos-gremiales, tal y como sucedió recientemente con los dueños de las gasolineras.

Cada vez se reafirma nuestra tesis en materia de salarios mínimos: una cosa son los reajustes semestrales por costo de vida, cada vez más insuficientes e indignos; y otra, muy distinta, una elevación sustancial de carácter estructural en sus “pisos”, de forma tal que tengan, realmente, un aumento en el poder de compra.

La inminencia de la realización de un “diálogo nacional”, que el actual Gobierno ha denominado como “El seguro de salud costarricense en el contexto de la Salud Pública”; básicamente centrado en cuál será la sostenibilidad financiera futura tanto del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), como del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ambos administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); nos lleva a plantear, desde nuestra perspectiva sindical y con visión de clase trabajadora, los siguientes elementos:

Primero: El crecimiento de la desigualdad y, especialmente, el deterioro del poder de compra de los salarios en contraposición al proceso de concentración de la riqueza, nos obliga a rechazar, ad portas, cualquier intención de que sean las personas asalariadas las que sufran más, obligándoseles a aportar más contribución para ambos sistemas; de la misma forma que debemos rechazar tanto las intenciones de elevar la edad para pensionarse como la reducción del monto de las pensiones (las actuales y las futuras). Recordemos que en el sector privado, casi el 60% de la población asalariada apenas gana el mínimo de ley (si es que se lo pagan, verdaderamente); y que en público, casi el 25% anda en una situación parecida: apenas en el límite del salario mínimo.

Segundo: Pensar en más impuestos para ayudar a la sostenibilidad financiera tanto del SEM como del IVM, es imposible considerarlo sin pensar en la transformación estructural del sistema tributario costarricense, altamente injusto por su perversa regresividad (pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen). Una transformación tributaria por el lado del capital y de las grandes rentas, haría que el Estado honre su deuda con la Caja con dinero contante y sonante y no con papeles casi sin valor (bonos).

Tercero: Hay varias importantes iniciativas de legislación en el actual parlamento que merecen aprobarse antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, la del aumento de las multas a los patronos morosos y la imprescriptibilidad de las deudas patronales.

Cuarto: Hay una serie de planteamientos desde los sectores sociales y civiles, como las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” que deben considerarse de manera estratégica con verdadera voluntad política; por ejemplo, el desenganche de la ley salarial médica y la prohibición del ejercicio simultáneo de la práctica pública y privada de la medicina.

¿Existe o no la pobreza entre los trabajadores y trabajadoras del sector público? Esta pregunta generadora dio pie al debate convocado por el programa televisivo 7 Días, de canal 7, donde participaron nuestro Secretario General y el Ministro de Planificación.

La defensa gubernamental de que sólo el 2,7% de los hogares ticos con al menos 1 persona trabajadora del sector público, es pobre, nos deja el desasosiego de ver cuan lejanas están las realidades estadísticas de la realidad del día a día de las personas.

Mil, cinco mil, trecientos colones pueden ser la diferencia entre ser “pobre” o no. Las frías estadísticas así lo limitan. Y son estas estadísticas las que defiende el Ministro Gallardo y la Presidenta Chinchilla al decir que casi no existen pobres en el sector público.

Todos los trabajadores de campo municipales, barrenderos, recolectores de basura, policías rasos, guardas de colegios, policias penitenciarios, cocineras y asistentes de los CEN-CINAI, y hasta una gran cantidad de oficinistas viven en la pobreza. Aunque el INEC diga lo contrario. El nivel de desigualdad, potenciado por el altísimo nivel de endeudamiento de la clase trabajadora así lo demuestran.

Ciertamente existen muchas más personas pobres en el sector privado. Empleadas domésticas, conserjes, guardas, jornaleros, etc, etc, son la amplia mayoría que caben dentro de ese “status” de pobres. Sólo el 22% de las personas trabajadoras están en el sector público, por lo tanto es mucho mayor la población pobre que labora en el sector privado. Pero esto no puede invisibilizar la otra realidad.

Las casas multimillonarias del barrio, por llamarlo así que más bien podríamos nombrarlo como “burbuja”, donde vive la señora Presidenta, le alejan su vista de la realidad de las zonas urbano marginales donde viven muchísimos empleados públicos. La pobreza entre estas personas trabajadoras es una realidad, que no se va a poder atacar si se sigue ocultando tras las frías estadísticas de ingreso que maneja el Estado.