Categoría: Acción Política

Si la imagen presidencial ya venía acercándose al record histórico del descrédito ante la ciudadanía desde que se hacen este tipo de mediciones; la tormenta política por el vuelo presidencial a Perú, utilizando una aeronave de “extraño” olor, le dará más velocidad al deterioro de la credibilidad ciudadana con respecto a la gestión de la Presidenta Chinchilla; deterioro que ya está en caída libre, prácticamente sin esperanza de revertirse.

La renuncia ipso facto del ya ahora Exministro de Comunicación y Enlace, Francisco Chacón González, no atenuará tal situación. Su continuación en el gabinete se hizo insostenible pues cada vez que abría la boca para referirse a los cuestionamientos que se le formulaban al respecto, lo que hacía era hundirse más, políticamente hablando y pringar con la duda y la desconfianza a la propia mandataria.

Faltan más renuncias: la del Director de Protocolo de la Casa Presidencia, señor Ludwig Sibaja; la del señor Mauricio Boraschi, Viceministro de la Presidencia y Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Las razones en ambos casos son más que obvias.

Y también, falta la renuncia de la señora Anabel González, Ministra de Comercio Exterior (COMEX), quien tiene responsabilidad compartida junto con su esposo, el ahora Extraministro Chacón, al planear la ahora amarga experiencia presidencial por el país andino.

La renuncia del señor Francisco Chacón no disipa el mar de interrogantes que están en el ambiente sobre el mar de fondo que deja el uso de una aeronave de un estupefaciente mal olor; ni tampoco dándose las renuncias que faltan, se disiparán del todo la gran cantidad de especulaciones que ya se han generado por esta extraña mescolanza: gas natural, petróleo y presunto lavado de dinero… Potente golpe a la confianza ciudadana, ya de por sí altamente deteriorada, en la clase política tradicional.

La decisión de la Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, de romper con el contrato de concesión de la vía San José-San Ramón que fue otorgado a la firma extranjera OAS, en medio de una gran opacidad, serios problemas de transparencia y eventuales ilegalidades de mucha naturaleza, situación ésta que generó un profundo cuestionamiento ciudadano a una concesión de obra pública como jamás se había dado antes; se explica con base en la gran presión social originada desde las comunidades occidentales del país y que se estaba extendiendo por todos los pueblos de la República, por medio de potentes acciones de movilización de gran envergadura que se veían venir y con base en los conceptos de lo que en la ANEP llamamos la “Democracia de la Calle”. Así lo vaticinaban los acontecimientos cívicos del pasado 11 de Abril. La “Democracia de la Calle” funcionó una vez más. Por tanto, la decisión presidencial resultó inevitable.

Entre el valor de la paz social y el lucrativo negocio para unos cuantos, la Presidenta Chinchilla ha tomado la decisión correcta.

Al respecto, la ANEP lanza a la opinión pública sus preocupaciones sobre aconteceres similares con las vías Florencia del Castillo, la de circunvalación metropolitana, la ruta Cañas-Liberia y otras. En tal sentido, estaremos enviando en el transcurso de las próximas horas, una nota al Consejo Nacional de Concesiones. Es más, esta entidad, debe ser intervenida inmediatamente.

El desenlace final con la repudiada concesión de la vía San José-San Ramón ha dejado a la propia Contraloría General de la República (CGR), en un gran descrédito y muy lesionada su autoridad en materia de control y de transparencia de estos delicados ámbitos de concesión de obra pública y de negociado privado con los servicios públicos destinados al bien común. La titular de tal ente, señora Martha Acosta Zúñiga, debe muchas explicaciones a la ciudadanía; especialmente, sobre cómo avaló que entre firmas privadas se cedieran el contrato de concesión sin ninguna intermediación de autoridad pública alguna.

Esperamos de parte de la Fiscalía General de la República una inmediata, eficiente y ejemplarizante acción en contra de todas las personas funcionarias públicas que tuvieron que ver con esta concesión, pues la sospecha ciudadana de presuntos tráficos de influencias y de enormes sumas de dinero de por medio, se agigante con la decisión presidencial de romper con tal contrato. Ojalá que la impunidad no se imponga en esta vergonzosa situación.

Falta mucho por conocer sobre las condiciones en que se da indicada ruptura y las consecuencias para el erario público. Esperamos que la señora Presidenta Chinchilla le dé amplios detalles al país al respecto.

Finalmente, reafirmamos nuestra profunda convicción de que el parlamento debe derogar la perversa ley de concesiones y desde ya nos comprometemos a aportar en la correspondiente lucha.

Gran honor, reconocimiento, admiración y felicitación merece la población ramonense por su ejemplarizante acción cívica; tanto como las comunidades patrióticas vecinas de Naranjo, Palmares, Zarcero, Valverde Vega, Atenas y Alajuela, entre otras.

El clamor cívico y popular es contundente: La concesión de la vía San José-Ramón debe desecharse. Este leonino contrato es parte de esa perniciosa cadena de negocios privados con las necesidades de la infraestructura pública que la propia señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, reconoce como el “fracaso en concesiones”.

Según diversas notas de prensa, la mandataria afirmó que “el fracaso en el esquema de concesión de obra pública que implementó el país es una de las causas de la red vial nacional”.

En ese momento, octubre del año 2010, la gobernante hizo tal afirmación ante la cruda realidad de los fuertes aguaceros por esos días que causaron grave daño.

Ella indicó que los programas de ajuste estructural implementados durante los años 80 impidieron a los países latinoamericanos invertir en infraestructura, pues tales erogaciones se consideraban gastos.

También dijo que si bien muchas naciones optaron por esquemas alternativos que resultaron exitosos, como el de la concesión de obra pública, en nuestro país la historia fue diferente según la visión de la Presidenta Chinchilla.

De manera lapidaria la Presidenta Chinchilla dijo: “Aquí la historia es doblemente patética porque no solamente se dejaron de hacer inversiones con fondos públicos, sino además el esquema de concesión no ha sido exitoso”.

En aquel momento, la carretera a Caldera, otra polémica concesión, fue seriamente cuestionada por problemas de diseño y fallas en supervisión. La misma Presidenta Chinchilla ordenó una investigación al respecto.

Así las cosas, si hay algo que le “sobra” a la polémica concesión de la vía San José-San Ramón es precisamente eso: cuestionamientos que conforme van saliendo más aspectos de su proceso, incrementan una nube de intransparencia y de opacidad cada vez más densa.

Por tal razón, el Gobierno debe destituir al Ministro del MOPT, Pedro Castro Fernández; o bien, solicitarle la renuncia pues resulta más que obvio que los intereses que ha venido defendiendo en este asunto, no solamente contrastan con el sentir ciudadano ahora agigantado, sino que estaría contradiciendo el propio pensamiento presidencial, si es que éste decide ser honrado como en el indicado momento fue expresado.

ANEP felicita a todas las personas y organizaciones que en este 11 de abril, de manera pacífica y cívica, dejaron en claro que el rotundo rechazo a esta leonina concesión es un clamor popular potente de frontera a frontera y de costa a costa. Renovamos nuestra disposición colaborativa, sin protagonismos gremialistas, para con los pueblos occidentales que están dando esta histórica pelea.

Honorable señora Presidenta y honorable señor Ministro de la Presidencia:

Luego de expresarles un atento y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), agrupación integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, formulamos por esta vía un vehemente llamado al Gobierno de la República por ustedes encabezado, para que no se dilate más la tramitación parlamentaria de la forma a la ley de delitos informáticos, popularmente conocida como “Ley Mordaza”.

No recordamos un caso en los últimos años que haya concitado tanto respaldo diverso, desde las más disímiles posiciones políticas, pasando por una amplísima gama de organizaciones civiles de todo tipo y con un respaldo ciudadano impresionante, como esta necesidad republicana de abolir, de reformar, la “ley mordaza”.

Solamente otra circunstancia concita, hoy en día, tanto respaldo ciudadano de consenso nacional indiscutible: el apoyo de la gente a la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Todos y todas queremos que la “sele” clasifique y vaya al Mundial de Fútbol 2014; todos y todas queremos que se modifique la “ley mordaza”. Ambos asuntos concitan, en estos momentos, la más grande unidad nacional.

La reiterada resistencia gubernamental y de su fracción parlamentaria para abrirle paso a este imprescindible cambio legal en favor de la transparencia de la cosa pública, es inexplicable y cada día que pasa causa, no solamente más preocupación, sino más indignación.

La molestia popular se agiganta cuando se empieza a dar conocer otra iniciativa no menos perniciosa que la “ley mordaza”: la pretensión de modificar el Derecho de Petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, buscándose reducirle su alcance, incrementar el poder del funcionario en el manejo de la información y darle “carta de ciudadanía” a la opacidad en el ejercicio de la función pública.

Mantener la “ley mordaza” y darle una especie de conjura contra la transparencia en la gestión de la cosa pública, al querer revertirse los alcances del actual derecho constitucional de petición; es tomar una vía diametralmente opuesta a la que está transitando la gente, la mayoría del pueblo, la masa ciudadana crítica de este país, que le reclama a su clase gobernante y a su clase política, una democracia de otro tipo, realmente más participativa y totalmente volcada hacia el bien común.

Desde una perspectiva laboral, la histórica celebración del próximo Primero de Mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, deberá comprender como eje central reivindicativo el rechazo obrero y popular a la “ley mordaza”. Esta consigna adquiere más connotación pues el próximo Primero de Mayo, en el caso de Costa Rica, no será una celebración más; todo lo contrario, se recordará que hace 100 años, en 1913, en nuestro país se celebró, por vez primera, un Primero de Mayo con ese carácter de efemérides obrera. La consigna de modificar la “ley mordaza” calza, perfectamente, con el carácter gigante de esta fiesta de la clase trabajadora.

Así las cosas, honorable señora Presidente y honorable señor Ministro de la Presidencia, la ANEP reitera su posición de exigencia para la reforma de la “ley mordaza”, sin más dilación.

Reiterándoles nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Publicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, hace pública su posición de absoluto respaldo a la lucha que han decidido emprender un notable grupo de ciudadanos y de ciudadadanas, así como diversas organizaciones sociales y cívicas de distinta naturaleza, en contra de la lamentable y cuestionada decisión gubernamental de concesionar la “ampliación” de la vía San José-San Ramón, en medio de profundos y severos indicadores de que tal operación está empañada seriamente, en cuanto a su transparencia en los más diversos aspectos que han estado intermediando en este asunto.

La ANEP se pone al servicio para lo que a bien tengan disponer, de las organizaciones ciudadanas que desarrollan ya esta lucha, tanto en el cantón de San Ramón, como en las comunidades circunvecinas.

La ANEP estima que esta polémica concesión podría estar marcando el límite de la paciencia y de la tolerancia cívica ante un larga cadena de concesiones privadas en materia de infraestructura vial y de otro tipo, que han dejado en evidencia la entronización de un asalto organizado a las finazas públicas y al pueblo trabajador, con diversos ropajes legales, entre ellos, el de las concesiones.

ANEP espera en próximos días ampliar los contenidos de este pronunciamiento inicial, así acerca de cómo puede materializarse su disposición de apoyo concreto a esta lucha, según las pautas que le marque la dirigencia social responsable de la misma.

ANEP hace un llamado a todas las personas hastiadas de tanta corruptela en materia de concesiones que respalde la acción de calle que para el día 11 de abril, piensan realizar los luchadores y las luchadoras sociales de los pueblos del valle occidental en contra de esta más que polémica concesión.

Hay que pegar “el grito al cielo”. La inflación parece que va sin control: casi llega al 3% en el primer trimestre de este 2013 y si sigue así, estaremos cercanos al 6% a mitad de año.

La más reciente ola de alzas, especialmente la de la electricidad, golpean duramente a las familias trabajadoras asalariadas y no asalariadas de ingresos bajos y medios, dándole más velocidad al peligroso transito que el país lleva por la minada carretera del crecimiento de la desigualdad.

No hay duda de que con este escenario de alzas y de inflación creciente, las propuestas sindicales para los reajustes salariales valederos para el segundo semestre del año en curso, tanto para el sector Privado como para el Público, representarán un verdadero desafío.

Hay que dejar bien marcada la imperiosa necesidad de reajustes salariales fuertemente compensatorios y de comprobada ampliación del poder adquisitivo del salario. En tal línea destacamos lo siguiente

Para el sector Privado: ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras, en lo que respecta a los salarios mínimos insistirá en que una cosa ha de ser la cifra a definirse por el reajuste “rutinario” semestral por costo de vida; y otra, radicalmente distinta, acerca de una fijación de carácter extraordinario, especial, sustancial y realmente justa, para elevar los actuales niveles base de esos salarios mínimos, ensanchando su capacidad de compra y de poder adquisitivo. Y sobre esos nuevos niveles de salarios mínimos, calcular los reajustes salariales siguientes por costo de vida.

Para el sector Público: ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras, insistirá en el “desenganche” de la estructura salarial médica de la de los puestos de Gobierno Central (Poder Ejecutivo), de modo tal que misceláneas, cocineras de los CEN-CINAI, oficinistas, choferes, técnicos, policías, guardias de seguridad, servidores de mantenimiento, secretarias y similares, tengan más probabilidad de un mejor reajuste a sus correspondientes bases salariales; sin que ello se les niegue, como ha sucedido durante 30 años, porque dado ese “enganche” entre ambas estructuras salariales, un colón de reajuste salarial semestral en los casos mencionados, implica hasta cuatro colones en el reajuste salarial que se debe hacer al personal médico del país.

No nos cansaremos en indicar que como sociedad ocupamos de modificaciones estructurales en la distribución de los beneficios del crecimiento económico y que, por tanto, se impone una nueva política salarial de corte expansivo para (entre otras políticas), cerrarle el paso a lo que parece ser un indetenible proceso de empobrecimiento de las familias de la clase trabajadora, ante un escenario de concentración de riqueza y de crecimiento de la desigualdad que sigue minando las bases de la ya, de por sí, maltrecha institucionalidad democrática.

Finalmente, la importancia de la movilización obrera, de calle, por real justicia salarial es un imperativo inobjetable, en ambos sectores. Este será un desafío de enormes proporciones que se deberá asumir.

A nuestro grandioso Consejo Consultivo Nacional, al que asistieron unas 400 personas anepistas, llegaron de invitados diputados y diputadas del Frente Amplio y Acción Ciudadana, congresistas que siempre se han identificado con las luchas sociales y como parte de la clase trabajadora.

Tuvimos la presencia de las diputadas Carmen Granados y Carmen Muñoz, así como Juan Carlos Mendoza y Claudio Monge del Partido Acción Ciudadana, al igual que el diputado José María Villalta, del Frente Amplio. Todos ellos y ellas se refirieron a la importante lucha que debemos dar como ciudadanos al rededor de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La diputada Muñoz se refirió a como el concepto neoliberal de explotación de los servicios de salud nos debe convocar a todos y todas para rescatar y defender la Caja, para que la acción del Estado esté siempre centradas en las necesidades de las personas y no del mercado.

Carmen Granados, también del PAC, se refirió a la necesidad de investigar el crecimiento del mercado hospitalario versus el estancamiento de los servicios de la Caja, evidenciando como hay una complicidad a lo interno de la institución. Y también plantea revisar la rectoría que tiene el Ministerio de Salud sobre este tema, mirando hacia un cambio estructural y de leyes sobre el tema.

El diputado por Heredia del PAC, Claudio Monge, además de aprovechar la invitación al Consejo Consultivo para afiliarse a nuestro sindicato, expresó su conformidad y alegría por el crecimiento de nuevas estructuras de base en la ANEP, como la seccional en Aviación Civil. Son sus palabras de que los 5 diputados presentes en el CCN se autodenominan la Fracción Legislativa de la Clase Trabajadora.

En la actividad también participó el diputado y candidato presidencial por el Frente Amplio, José María Villalta, quien felicitó el proceso de las 10 medidas, sobretodo por lo difícil del tipo de lucha que la ANEP y el resto de organizaciones han decidido dar, destacando la propuesta como un acto de valentía, y profundizando en que el camino de las 10 medidas es el camino correcto para salvar la Caja.

El diputado Villalta también se refirió a la lucha sindical que tenemos frente a la Ley de Salario Único, donde el Gobierno pretende eliminarle los derechos a los trabajadores del sector público sin tocar los grandes salarios de los altos jerarcas.

Por último el diputado y también precandidato, Juan Carlos Mendoza resaltó la importancia de la propuesta y el análisis socio político que ha venido dando la ANEP, lo que le hace pensar que esta sería otra Costa Rica si alguna de las medidas propuestas por la ANEP se hubieran llevado a cabo.

La ANEP es un actor político trascendental para la vida democrática de nuestro país. Las palabras de las y los representantes legislativos así lo demuestran.