Categoría: Acción Política

El pasado sábado 19 de enero, cientos de anepistas (básicamente, dirigentes de las diferentes seccionales de la organización), se citaron en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), para conocer el informe de la auditoría externa, contratada por nuestro sindicato por mandato de anterior Asamblea General; informe expuesto por la empresa Rojas Ceciliano y Asociados (reconocida firma en su campo), sobre lo sucedido con la gestión que se impulsara para la realización del proyecto “Hotel y Centro de Convenciones El Tití”.

“El Tití” fue el sueño no cumplido de nuestro sindicato, de darle a nuestra afiliación un lugar digno y de primera calidad para vacacionar, en los terrenos que posee la ANEP junto al Parque Nacional Manuel Antonio: una de las playas más lindas del mundo. Dicho sueño se vio cortado por decisiones mal tomadas y por la inexperiencia de las personas involucradas en el proyecto.

El informe de auditoría deja claro esto, pero sobretodo deja claro que las patrañas, las mentiras y las acusaciones de robo y malversación de fondos por parte de la dirigencia de la ANEP, y especialmente de nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, eran completamente falsas. En ANEP nadie se robó un cinco del proyecto El Tití.

También dicha auditoría revela cosas que se hicieron mal, errores que ahora se investigará si fueron involuntarios o no. El informe completo fue entregado a todas las personas asistentes a la Asamblea para su consideración y para permitir el estudio profundo del mismo, así si alguien encuentra algún error o problema, éste se pueda enmendar.

Nuestro sindicato siempre ha planteado total transparencia con nuestra afiliación respecto a las finanzas, los dineros de la ANEP. Esta auditoría refleja esa vocación de claridad. La aprobación de la Asamblea de investigar por lo legal los resultados de auditoría confirma que queremos sentar responsabilidades sobre lo actuado, que en lo político causó heridas a lo interno, pero dichosamente podemos decir que ya van sanando.

La Asamblea también estudió las infortunadas declaraciones del Fiscal General, José Manuel Gómez, al periódico La Nación, al cual se le filtró días antes de la Asamblea General Extraordinaria, el informe de auditoría, aunque se había exigido a las partes resguardar el secreto de dicho informe hasta que lo conociera la Asamblea en pleno.

El informe estuvo únicamente en manos de Albino Vargas, de la empresa consultora y del señor Fiscal. Nuestro Secretario General y la auditoría juraron frente a la afiliación que nunca mostraron el documento a nadie. Tanto así, que ni la misma Junta Directiva de nuestro sindicato conocía el documento. El señor Fiscal no se hizo presente a la Asamblea, no se pudo conocer su posición por lo actuado. Por lo tanto se instauró una comisión que hará un informe sobre la filtración de la información privada y el papel del señor Gómez al respecto.

La Asamblea General Extraordinaria concluyó con un apoyo total al liderazgo de nuestra Secretaría General, en la figura del compañero Albino Vargas Barrantes, dando un espaldarazo político al manejo de nuestro Sindicato en todas las áreas de gestión política, administrativa y financiera, demostrando que el Anepismo de Corazón prevalecerá por el bien de la ANEP.

Nuevos elementos surgidos últimamente obligan, al menos a la ANEP, a un replanteamiento con relación a la lucha contra el más reciente “decretazo” salarial impuesto por el Gobierno al sector Público, de un 1.84%, en términos generales. Veamos:

PRIMERO: La ANEP necesita hacer un amplio proceso de sensibilización entre sus bases laborales del Gobierno Central y entes adscritos, acerca de las repercusiones del artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos; en el entendido de que los reajustes salariales de la administración central del Estado (tanto generales, como particulares; tanto a la base como en sobresueldos), aumentan, hasta cuatro veces más, el salario base del personal médico cubierto por esta ley; tanto de quienes laboran para el sector Público como en el sector Privado (medicina privada).

Esta situación tendrá un nuevo episodio que consideramos injusto: el próximo aumento salarial extraordinario para la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones promedio, podría generar hasta 60 mil colones en la base de los salarios médicos de cada profesional en éste ámbito de la salud, sin que siquiera tengan que mover un solo dedo.

La estrategia es generar una corriente de opinión en nuestras bases laborales, acerca de la necesidad de “desenganchar” tal ley de las fijaciones salariales del Gobierno Central, sin afectar en un solo centavo los salarios médicos, ni en sus bases ni en sus pluses.

SEGUNDO: La agitación laboral en el sector municipal tiende a crecer, a raíz de las acciones de la Contraloría General de la República (CGR), en contra de sus correspondientes estipulaciones convencionales, en materia de reconocimiento de la cesantía de manera plena y real. Esto obliga a ponerle mucha atención a una situación de agitación laboral que tiende a crecer. La ANEP está convocando, con urgencia, para las 9 de la mañana del próximo martes 29 de febrero, una reunión de sindicatos municipales para definir acciones, entre ellas en la calle, en próxima fecha.

TERCERO: Hace falta intensificar el proceso de conocimiento de la propuesta sindical para una nueva fórmula de cálculo del incremento salarial semestral en el sector Público, misma que fuera presentada recientemente en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; de modo tal que se tenga un amplio conocimiento de sus contenidos para facilitar procesos de movilización más conscientes y eficaces.

CUARTO: La ANEP propondrá un cambio de estrategia para la movilización en estos asuntos de lucha salarial en el sector Público; de tal suerte que la base social que pueda darle más músculo a la posición sindical en el seno de la indicada comisión, se moviliza antes y durante la negociación; no cuando ya ésta ha fracasado y se ha impuesto un “decretazo”. Esto implica negociaciones intergremiales para ver si es posible hacer un esfuerzo de nuevo tipo con ocasión de la fijación salarial para el segundo semestre del año en curso.

QUINTO: La circunstancia de que la presión sindical en la mesa negociadora haya generado un punto porcentual adicional al 1.84%, a los salarios base menores a 275.400.oo colones mensuales; en nada demerita la necesidad de apelar a la movilización social para estas y similares circunstancias. Jamás renunciaremos a la Democracia de la Calle.

Solamente que para la presente coyuntura, los elementos apuntados llevan a la ANEP a plantear que la movilización por salarios del sector Público queda como reto para la fijación correspondiente al segundo semestre de 2013.

Sorpresiva y arteramente, se han “aventurado” a atacar varios instrumentos de negociación colectiva vigentes en el Sector Público, básicamente en materia de derechos de cesantía, con lo cual, echan leña a la hoguera de la agitación socio-laboral, ya de por sí en fase de calentamiento progresivo. Se presume que tan provocadora gestión habría sido emanada desde la misma Contraloría General de la República (CGR), lo cual quedará claro en próximas horas.

Específicamente, se arremete en sede constitucional contra el rompimiento del tope de cesantía para quienes laboran en instituciones como las municipalidades de San José, de Santa Ana y de Turrialba; en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y en el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Igualmente, se arremetió en sede constitucional contra la norma laboral vigente en la Municipalidad de Aserrí que cuestiona la forma de pago bisemanal, con lo cual se pone en riesgo esta forma de retribución salarial vigente en varias de las instituciones públicas del país, destacándose el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Estas acciones de inconstitucionalidad, inspiradas en la perversa lógica neoliberal de mercado, buscan propiciar un clima irracional de reversión de derechos laborales conquistados al amparo de los principios fundamentales que consagra el ordenamiento jurídico internacional en la materia y en los propios principios filosóficos de los Derechos Humanos.

Cuando se debe suponer que la lógica de la distribución equitativa de la riqueza es, más bien, hacer avanzar la legislación laboral protectora para toda la clase trabajadora asalariada del país (tanto la que se desempeña en el sector público como en el privado); por ejemplo, ampliando, realmente, la cesantía como reconocimiento integral de toda una vida laboral, aparecen estas acciones de inconstitucionalidad que van en la dirección radicalmente contrataria: reversión de derechos.

Es más, no es descabellado afirmar que en fecha próxima también podría ser cuestionada la misma Ley de Protección al Trabajador por, precisamente, contener en su esencia la ampliación del derecho de cesantía en su concepción real, sin tope de años, aunque su rompimiento fuera de manera parcial. Un colapso financiero insospechado podría estarse incubando ya, si la lógica de las acciones de inconstitucionalidad contra el derecho real de cesantía en las entidades públicas mencionadas, llega a prosperar.

Igualmente, un verdadero caos laboral y de agitación laboral – confrontacional insospechada, serán las consecuencias de que el sistema de pago bisemanal vigente en la Municipalidad de Aserrí sea declarado “inconstitucional”. Indudablemente, la Caja quedará en la mira.

ANEP hace un primer llamado de alerta general para la movilización de calle; llamado no solamente para los colectivos laborales directamente afectados, sino los potenciales; haciendo una apelación a todos los grupos sindicales y gremiales correspondientes para aunar los mayores esfuerzos unitarios en pro de la defensa de las conquistas laborales logradas por muchos años de lucha.

En verdad, esta situación es de suma gravedad y anuncia una confrontación social abierta que será inevitable.

Dice el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Olman Segura Bonilla que “es una injusticia que muchos empleados públicos estén ganando mucho menos, ocupando los mismos puestos y responsabilidades…”. (Según nota de prensa escrita de esta fecha). Pues ¡¡¡claro que sí!!!

ANEP insistirá ante una eventual discusión sobre el monto del reajuste salarial del sector Público valedero para el primer semestre del año que acaba de comenzar en esos segmentos laborales de la Administración Pública central (Poder Ejecutivo) que están “ganando mucho menos”: 1) Las señoras de los CEN-CINAI; 2) los vigilantes de las escuelas y los colegios del MEP; 3) los señores que cuidan los parques nacionales; 4) el personal oficinista, técnico y de servicios; 4) las policías (Tránsito, Penitenciaria, Fuerza Pública (los rasos) y Migración).

Aquí hay un importante campo de acción para hacer verdadera justicia salarial, elevando las correspondientes bases salariales y, por ende, el plus conocido como “anualidades”.

Hablando de pluses y dada la terquedad gubernamental en el tema, es importante que el Gobierno dé a conocer cuál es el listado de los, más o menos, 1.150 puestos estatales cuyos salarios están entre los 5 y 15 millones de colones mensuales (y algunos más altos todavía); de manera tal que la opinión pública pueda, efectivamente, comprobar que los “privilegios” salariales están ubicados en la alta cúpula político-tecnocrática del Estado y no en los sectores medios y bajos de la estructura de puestos de la Administración Pública.

Además, cómo es eso de que “las mesas de trabajo, talleres o seminarios para el análisis y discusión del texto” que propone el Gobierno (concretamente el señor Ministro Segura), en materia de pluses, no incluirá hablar de los “salariazos” de la gerencia bancaria estatal y puestos equivalentes o adjuntos a la misma.

Definitivamente, en el caso de la ANEP somos claros y contundentes: queremos hablar, dialogar, construir, sobre la realidad salarial de los segmentos laborales más empobrecidos de la Administración Pública como los que han sido aquí mencionados. Nada más.

Albino Vargas Barrantes
Rafael Ángel Mora Solano

Este acontecimiento ya está despertando diversas interpretaciones, las cuales, por supuesto, no podrán quedar exentas del subjetivismo propio del posicionamiento, tanto individual como grupal, de las correspondientes fuentes que las generan. Estas líneas no serán la excepción.

Aclaramos que en nuestro caso las opiniones son estrictamente personales, formuladas eso sí con base en nuestra experiencia de dirigentes sindicales pero que no involucran, para nada, a las organizaciones en las cuales militamos; aunque no dudamos de que muchas de las personas trabajadoras afiliadas a las mismas pudieran compartir, en todo o en parte, lo que aquí planteamos.

Es importante recalcar que, en realidad, don Rodrigo y su hermano, don Oscar, representaron una dualidad colectiva de visión y acción política totalmente compartida, de forma tal que no es posible analizar su trayectoria en la vida nacional sin relacionar al uno con el otro; tal y como, en su momento, se desarrollaron los comportamientos de otros dúos políticos con vínculos de sangre directos, y que se destacaron en la vida republicana costarricense, como el de los conocidos hermanos Tinoco (Federico y José Joaquín), en los albores del siglo pasado.

Para empezar, pensamos que el ciclo personalista que a la política costarricense le imprimieron los Arias en, prácticamente las últimas tres décadas, ha terminado; sin embargo, las ideas centrales y las tesis políticas fundamentales de ambos, centradas en la prevalencia del mercado como ente regulador estratégico en las relaciones sociales, siguen tan vigentes como siempre; dado que la salida de este dueto de la política nacional podrá manifestarse a nivel del poder formal pero en el ámbito del poder real, sus conexiones seguirán teniendo incidencia aunque no tan explícitamente notoria como todos estos años.

Dicho en otras palabras, el retiro de los Arias en nada afecta la naturaleza de la actual estructuración sistémica que viene consolidándose desde el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, con ocasión del primer programa de “Ajuste Estructural”, en 1984; y que tiene en el “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos, en 2007, uno de sus momentos más emblemáticos del lento pero sistemático proceso de desmontaje de lo que conocimos como el Estado Social de Derecho, hijo éste de las reformas sociales de los años 40 del siglo pasado y que luego fuera adoptado y desarrollado por la “Segunda República” de don Pepe Figueres, luego de la llamada Guerra Civil de 1948 (Constitución Política de 1949).

En lo inmediatamente concreto, don Rodrigo alegó dos razones fundamentales para retirarse del proceso convencional liberacionista, previsto para abril próximo (aunque, de seguro, ya no lo habrá, porque es prácticamente hecho consumado que el tercer precandidato del PLN en esta pugna, el señor Fernando Berrocal Soto, se unirá al señor Johnny Araya Monge).

Por un lado, las encuestas de las firmas empresariales que se dedican a ello no le favorecían para nada, empeorando esta situación la encuesta que él mismo encargó y financió de su “propia” plata; y, por otro, que al no ser un candidato “potable” para los y las potenciales votantes, es decir, al ser un seguro perdedor, la gente adinerada que siempre financia todo este tipo de campañas electorales, perdió interés en el “negocio” de la próxima elección presidencial, del 2014. Esto podría ser parcialmente cierto (como veremos luego), dado que hoy en día, el “marketing” de una candidatura presidencial cuesta muchísimo dinero.

Aparte de estas dos razones, nosotros pensamos que podría haber una tercera: El gran capital de signo neoliberal, mismo que en la actualidad hegemoniza el poder real en nuestra sociedad, podría haber definido que uno de los “suyos” (Rodrigo Arias, específicamente), tendría que enfrentar una venidera y peligrosa situación fiscal-financiera que podría estar en incubación (una verdadera crisis) y que, por tanto, el retorno de la inversión electoral en esa candidatura no está debidamente asegurado, por lo cual no estaban en condiciones de apostar por un precandidato presidencial en desventaja y con carácter de perdedor.

Podría pensarse, entonces, en adición a lo anterior, que si la posibilidad de una verdadera crisis de profundidades insospechadas, es tan real que sería “mejor” que la enfrente alguien que no viene del lado “natural” del capital (aunque éste lo haya acogido en su seno); y que, en consecuencia, habría que pensar, eventualmente, en que sería conveniente sacar la plata del país para llevarla a otro lado más seguro.

Ahora bien, para nadie es un secreto que los hermanos Arias y su pensamiento fundamentalista de mercado, de corte neoliberal, nunca fueron del agrado de una buena parte de la sociedad costarricense, por un lado; por otro, buena parte del liberacionismo histórico los consideró infiltrados en su partido, mismo que abjuró, renegó y vendió su esencia fundamental y filosófica que siempre dijo ostentar, según los valores socialdemócratas clásicos, para adoptar los del neoliberalismo, precisamente a partir de la incidencia del famoso dueto.

Esto explica, en parte, las mayores epopeyas cívicas de la historia contemporánea costarricense de las últimas décadas: el combo ICE, del año 2000, así como la lucha patriótica en contra del TLC a largo de un período de cinco años (2002-2007). De una manera indirecta, primero; y luego directa, en el segundo, los Arias fueron figuras emblemáticas en la confrontación abierta y radicalmente polarizante que el país vivió en tales disyuntivas históricas prácticamente irrepetibles.

Ellos integraron (y seguirán integrando), el bloque hegemónico todavía dominante y garante sistémico del estado actual de cosas en nuestra sociedad, que defendió sus propios paradigmas de mercado en ambas gestas cívicas. Esto los confrontó con enormes cantidades de sectores ciudadanos, especialmente de las capas medidas en ambas coyunturas, muchas de las cuales tenían origen liberacionista, al punto de que la propia sobrevivencia del PLN quedó en “alitas de cucaracha”. En esas circunstancias, tal bloque se vio obligado a apelar a los Arias (en este caso, don Oscar), para revitalizarse y fortalecer su visión neoliberal de desarrollo, forzando la reelección presidencial primero; después imponiendo a don Oscar en las elecciones, prácticamente, fraudulentas del 2006; y, terminando, también con fraude, imponiendo el TLC con Estados Unidos, en el 2007.

Como vemos, la prácticamente nula popularidad de la precandidatura del señor Rodrigo Arias, que le lleva a su retiro, no deja de ser vista como una especie de cobro de factura por abrazar causas políticas que no propician el bien común, que generan exclusión social, que potencian el crecimiento sostenido de la desigualdad y de la concentración de la riqueza; en fin, haber él y su hermano promovido unas políticas públicas para beneficio de un modelo de desarrollo económico centrado en pocos grupos, de escaso encadenamiento productivo a nivel nacional y lleno de privilegios fiscales y con no pocos abusos laborales.

Evidentemente, gran parte del abono para el retiro de esta precandidatura, proviene de una amplísima gama de sectores sociales del más amplio espectro (destacándose los sindicales, aunque a algunos les duela); pues la enorme resistencia cívica de todos estos años contra el modelo neoliberal (que, por cierto, está impuesto “a medias” precisamente por esa gran resistencia), puso a los Arias como los rostros visibles, en esencia, del enemigo a vencer y, evidentemente, hubo un gran desgaste que, finalmente, es don Rodrigo el que lo paga de primera entrada. Por ello, permítasenos brindar, simbólicamente hablando, por esta especie de victoria popular aunque en los marcos peculiares de esta coyuntura.

Así que el camino le ha quedado libre al señor Johnny Araya Monge para ser “ungido”, por aclamación, como el próximo candidato presidencial por el PLN y dado el escenario que exhibe todo lo que se conoce como la “oposición”, se le estaría facilitando su llegada a Zapote, el 8 de mayo de 2014.

Difícilmente, por no decir imposible, es esperar que una eventual presidencia del Sr. Araya tenga decisiones, por más “light” que puedan ser, que lo lleven a algún nivel de ruptura sistémica de conformidad con lo que al efecto ha venido estructurando el bloque hegemónico dominante de corte neoliberal. Decimos esto por cuanto el señor Araya ha venido diciendo, primero en privado y ahora ya parece que también en público, que él quiere “recuperar” los valores originales de los postulados clásicos de la socialdemocracia, lo cual ponemos en duda.

Es tal el nivel de intolerancia de dicho bloque y su poder basado en la propiedad de los latifundios mediáticos dominantes (acostumbrados a poner y quitar candidatos); que una campaña presidencial primero y, eventualmente luego una gestión gubernativa hacia la recuperación de los valores socialdemócratas clásicos, sería inaceptable para ese bloque, representando un “riesgo” que don Johnny no quisiera correr.

Se necesita mucho más, pero muchísimo más que lindos mensajes para que las grandes masas ciudadanas hartas de la política tradicional, crean en ella y en sus partidos más intrínsecos a la misma. El PLN, aunque ahora se haya “ido” don Rodrigo, es enormemente responsable de ese descrédito ciudadano en la política; de haber renegado de los valores que se generaron desde el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales que le dio origen; de haberse convertido en una mera maquinaria electoral, muy eficiente es cierto, pero al precio de la abjuración de sus principios; de haber promovido, fomentado y participado del cruel crecimiento de la desigualdad, de la riqueza y de la corrupción en contra del bien común, del bienestar del mayor número y de la inclusión social.

Por ello es que es más clara todavía la necesidad de que en el país exista una alternativa política de corte estratégico que desafíe el orden sistémico de corte neoliberal, lo cual ahora se vuelve de altísima prioridad. Lamentablemente, todavía no se vislumbra en el corto plazo, porque tal desafío no es lo mismo que hablar de la “oposición” electorera, tal y como se maneja en los conceptos, dinámicas y actitudes de todos esos partidos y de todas esas personas que hablan de una coalición, solamente para enfrentarse al PLN.

Lo que pasó con ocasión de las elecciones presidenciales del 2010 es suficientemente aleccionador; o, por lo menos, es indicativo de que ahora también pasará lo mismo. En las votaciones de febrero de 2010, de las nueve candidaturas presidenciales que, finalmente, aparecieron en la boleta de votación de la persona electora, siete provenían del proceso sociopolítico y cívico-patriótico del No al TLC. Pese a cualquier cantidad de intentos por construir una alternativa electoral al neoliberalismo, con base en los partidos de esas siete candidaturas coaligadas, los personalismos de todo tipo lo impidieron. Ganó ya sabemos quién y tenemos lo que tenemos. Nada nos garantiza que para el 2014 las cosas pudieran ser distintas, cuando la boleta presidencial “amenaza” tener, en vez de nueve rostros (como en el 2010), diecinueve para el 2014.

Finalmente, lo que sí pensamos es que es cierto que el poder del capital en lo electoral es, sencillamente, aplastante. Pero no imposible de ser superado. Hay experiencias muy cercanas a Costa Rica que lo demostraron. Nosotros mismos, en suelo patrio, como pueblo consciente, hemos desafiado en estas épocas, ese gran poder del capital; solamente que lo hemos hecho en escenarios no electorales y aunque no hubo victorias estratégicas si hubo triunfos ético-morales de incalculable valor y que, sin plata, nos pusieron de tú a tú con la hegemonía neoliberal del capital de los grupos de los cuales salieron los hermanos Arias. Sí se puede ir al escenario electoral en desigualdad financiera pero en articulación estratégica, apuntando en una única dirección. Ese es el sueño. Ahí está el desafío.

Los sindicatos y gremios de la administración pública trazaron un objetivo común para este año: luchar en contra del proyecto de ley que busca reducir los pluses salariales, pues consideran que el Gobierno ha “engañado a la opinión pública”. Según representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la administración Chinchilla ha dejado de lado principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), escondiendo la listas de los jerarcas que están en puestos que ganan más de 5 millones de colones y dejando por fuera de la medida a los bancos estatales.

El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, aseguró que dentro de las pautas de trabajo para este año tienen como prioridad “traerse abajo” el proyecto de ley antes mencionado, por lo que recurrirán como sector sindical a la movilización en las calles.

“Este proyecto logra unir a todos los sindicatos y gremios de la administración pública en una única dirección, porque todo el mundo dejará las diferencias tácticas y estratégicas de lado para golpear como un solo puño a este proyecto de ley”, expresó Vargas.

¿Esto significa que van a llamar a un paro nacional?

“No sé qué características tendrá el movimiento de calle, eso dependerá de la discusión inter-gremial que se dará al respecto. Pero aquí no se descarta nada, porque si el Gobierno de verdad quiere tocar el tema, primero debe dar a conocer los puestos de los mil jerarcas públicos que según ellos ganan más de 5 millones de colones y que regule solo eso si quiere, además que incluya a los bancos del Estado. No entendemos por qué los están dejando por fuera (…) Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Yo le garantizo que habrá una batalla campal en contra”, insistió Vargas.

¿De cuál forma está engañando el Gobierno a la opinión pública?

“Porque se está dando un ataque a la negociación colectiva, a las convenciones colectivas de trabajo y a los principios de la OIT que en materia de organización colectiva Costa Rica está obligado a observar (…) Ese proyecto es un barril de pólvora solo falta que se le prendan fuego a la mecha”.

¿Cuándo iniciarán los movimientos en contra del proyecto?

“Desde la próxima semana, las agrupaciones empezaremos a ponernos de acuerdo. Por lo menos en el caso de la ANEP, ya tenemos prevista una reunión con los bloques municipales antes de la primera quincena de enero, para empezar la negociación”.

¿Por qué entre las pautas de trabajo del año 2013 se toca tanto el tema de los salarios?

“Porque partimos de la tesis de que el problema número uno que tiene la sociedad costarricense es el crecimiento de la desigualdad y creemos que una de las formas de combatir esa desigualdad creciente y casi endémica es con otro tipo de políticas salariales. Con base en eso hacemos dos diferenciaciones una con el sector privado con relación a los salarios mínimos: una cosa es el reajuste semestral que se le hace a un salario mínimo y que ni siquiera compensa el alza en el costo de la vida y el otro la tesis que estamos trabajando de que debe haber una elevación general sustancial en los salarios mínimos de Costa Rica que es diferente al reajuste semestral”.

“Y con relación al sector público, se deben mejorar los salarios de algunos sectores que están muy mal pagados, como las señoras de los CEN CINAI, los guardas de escuelas y colegios, guardaparques, los policías y el personal oficinista y técnico del gobierno central”.

¿Cómo lograr eso en medio una crisis mundial y de una política de restricción a nivel de Gobierno?

“Lo que nosotros creemos es que existe una estrategia engañosa de parte del Gobierno con relación al tema fiscal. Nosotros no estamos convencidos de la profunda crisis que dicen que tiene el Estado, creemos que hay recursos frescos y que se pueden mejorar y por eso hemos planteado propuestas como el de usar las tasas financieras interbancarias, el impuesto al patrimonio, y dar más apertura al secreto bancario”.

¿Qué piensan de la generación de nuevos impuestos?

“Si van relacionados al tema de la renta de capital sí, y no por el lado de los impuestos indirectos. Esa ha sido nuestra diferencia con el Gobierno (…) porque pretendían hacer tímidos cambios a los impuestos directos, pero subían por otra parte el de ventas que es el más indirecto e injusto de todos los impuestos. Creemos que no se debe tocar el de ventas para nada, no es necesario”.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización conformante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hace del conocimiento público lo que vienen a ser sus varias de sus pautas de trabajo, desafíos notables que hemos de asumir en los ámbitos socio-laborales y cívico-políticos, en el año que en este día, 1 de enero, empezó.

Considerando que la ANEP es la organización sindical de base más heterogénea del país, las puntualizaciones siguientes son apenas una muestra de la magnitud del accionar cotidiano que emprendemos, día a día e incansablemente; en nuestra lucha por aportar a una nueva Democracia, a mayor inclusión social, a más justicia social, a la prevalencia plena de todos los Derechos Humanos, a la protección del ambiente y de la Ecología, a la plena igualdad de Género y de respeto a todas las diversidades. En fin, a la lucha que miles y miles de personas costarricenses comparten en el día a día: por la otra Costa Rica que es posible.

El orden en que se citan no revelan prioridades mayores o menores; y, repetimos, expresan una parte de las tareas que nos vemos obligados a asumir para ser consecuentes con el más noble ideal posible en una sociedad que se precie de democrática: la reivindicación y la liberación plenas de su clase trabajadora. Veamos:

Generar la derrota definitiva de la absurda pretensión de la actual gestión gubernativa en contra de los denominados “pluses” salariales vigentes en diversos sectores laborales de la Administración Pública; por su perverso sesgo de reversión de derechos ya consolidados y porque pretende culpabilizar a quienes laboran en la misma del desastre fiscal del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda; manipulando y desviando la atención pública de la verdadera naturaleza del problema tributario y salarial costarricense. Además, por la inclusión tramposa en esta iniciativa de artículos que vienen a acabar con la negociación colectiva, incluso, en las municipalidades.

Posicionar la situación laboral y salarial de los sectores trabajadores de menor salario en el seno del Estado costarricense, visibilizando su situación económica precaria y logrando las correspondientes reivindicaciones en este plano. Especialmente, trabajadoras de los CEN-CINAI; vigilantes y guardas de los centros educativos públicos y de los parques nacionales; las policías del Poder Ejecutivo central (los sectores rasos de la Fuerza Pública y las de Migración, Penitenciaria y de Tránsito); los sectores oficinistas y de servicio del Gobierno Central.

Sector Privado: El desafío estratégico de los Salarios Mínimos. Hacer avanzar la tesis de que una cosa es el “reajuste” semestral por costo de vida que ni hace justicia real ni es realmente compensatorio de las alzas en el costo de la vida; y otra, muy distinta, es el establecimiento de nuevos niveles a esos Salarios Mínimos y con cierta temporalidad, a partir de los cuales se apliquen tales reajustes para que, verdaderamente, haya elevación de su poder de compra, de su poder adquisitivo. En tal sentido, le hemos de proponer al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), una asistencia técnica para establecer en el país el “Observatorio Ciudadano del Salario Mínimo”; amén de coadyuvar a los esfuerzos que en tal sentido organizaciones colegas ya vienen haciendo en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS).

Ayudar para lograr la aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral (RPL), el “segundo” Código de Trabajo de la historia del Derecho Laboral en Costa Rica. En tal sentido, lograr el consenso definitivo que permita superar el errático veto presidencial.

Avanzar a nivel comunal, en varias de las localidades nacionales más importantes, el tema de la propuesta social “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”; a partir de la necesidad de un involucramiento ciudadano con sentido estratégico en la defensa y la salvación de esta institución emblemática de la nacionalidad costarricense, misma que sigue estando secuestrada por importantes intereses corporativos, tanto internos como externos; e, igualmente, aportar en incidencia para que los responsables de su crisis financiera sean llevados a los tribunales de justicia.

Potenciar las tesis sindicales que venimos defendiendo acerca de la urgente y necesaria Transformación Tributaria Estructural, de forma tal que por esta vía se abra un sendero estratégico para el combate a la desigualdad que nosotros conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense actual.

Darle prioridad a la acción sindical en los sectores institucionales encargados de la promoción de políticas públicas para el desarrollo y la integración sociales; motivando a nuestros dirigentes a una fiscalización activa y a una supervisión plena de ejecución presupuestaria, así como a la promoción de diversos tipos de lucha y de mecanismos institucionales que fortalezcan esas entidades.

Coadyuvar, con las agrupaciones de productores que comparten esta preocupación, para generar una poderosa corriente de opinión y, por ende, establecimiento de sólidas políticas públicas para la Soberanía y la Seguridad Alimentarias; aportando, entre otros elementos, para el fortalecimiento de las entidades estatales que en materia de política pública deben relanzarse al efecto.

Brindar apoyo solidario y material para la reivindicación plena de la población laboral en las plantaciones agrícolas, especialmente las de piña y de banano, a través de los sindicatos fraternos que integran la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales y Afines (Fentraa); mismos que en la acción cotidiana desarrollan una lucha desigual contra los emporios empresariales (nacionales y trasnacionales), empeñados en impedir a toda costa la organización sindical obrera, libre y soberana. Particularmente, de manera directa, apoyaremos el trabajo del hermano Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP).

Relanzar las experiencias propias de sindicalismo en el sector Privado que se muestran ya con más claridad, promovidas bajo la bandera de la ANEP: choferes de autobús, saloneros, vendedores de lotería, motociclistas mensajeros, traileros, payasos y exoreros.

Reforzar, remozar y ampliar la incidencia de la organización sindical en el sector municipal costarricense, empezando el desarrollo de la concepción de Sindicalismo Ciudadano a partir de las dirigencias de base respectivas con sensibilidad para proyectar el mensaje sindical a la comunidad local.

Aportar en el relanzamiento, el fortalecimiento y la re-articulación de los sectores populares, en general; y sindicales, en particular. En este último sentido, reconfirmar la validez de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), con la renovación política que la misma ocupa; así como ayudar a la conformación de un espacio específicamente intersindical, que ya está en gestación, de diversa naturaleza organizacional y de pensamiento compartido.

Contribuir a darle realce al Centenario de la celebración, en suelo costarricense, del próximo Primero de Mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora; dado que se cumplen cien años de que por primera vez en Costa Rica, se hizo tal celebración: el Primero de Mayo de 1913.

Introducir en la acción cotidiana sindical la importancia de la lucha por la preservación del planeta, el cambio climático y la Ecología Política (especialmente la nueva tesis del “Buen Vivir”), dentro de las estrategias integrales de combate al neoliberalismo depredador y su sicario criminal: el capital financiero-bancario que, como dice Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, está sin ninguna regulación.

Retomar el relacionamiento internacional con sentido latinoamericanista y soberanista, particularmente; enlazando esfuerzos con todas aquellas entidades de diversa naturaleza que combaten, de una u otra manera, el criminal mundo neoliberal del capitalismo financiero bancario, orgiásticamente codicioso, que amenaza, incluso, con acabar con la propia especie humana.

Emplazar, por diversos medios, a las diversas candidaturas pre y presidenciales plenas, así como a las diputadiles, que participarán en el proceso electoral nacional del año 2014; acerca de la verdadera naturaleza de sus intenciones para con el pueblo trabajador si alcanzaran esas posiciones elegibles; de forma tal que se pueda tener un mejor criterio para valorar esas aspiraciones, teniendo como marco el acervo que como organización hemos acumulado en materia de sindicalismo que estudia, reflexiona, consulta, se asesora y propone acerca de las principales temáticas nacionales.

Continuar abogando, por diversas maneras y distintos medios, acerca de la naturaleza de la construcción del nuevo sujeto político que ocupa nuestra Patria para que pueda emerger la nueva hegemonía de carácter estratégico que ocupa la superación de la desigualdad, de la corrupción y la decepción ciudadana; en fin, la construcción de una nueva Democracia.

Las personas trabajadoras asalariadas con la suerte de tener empleo formal, iniciarán el nuevo año 2013 en un escenario económico de mayor empobrecimiento familiar, dado que los reajustes en el salario para el primer semestre que empieza el próximo 1 de enero, está ya devorado por la cadena de alzas de fin de año.

En tal circunstancia, el país sigue reforzando su perverso tránsito hacia una mayor desigualdad que, para “tirios y troyanos”, ya es el problema nacional número uno.

En el caso de quienes laboran para el sector Privado, el 3.65% de reajuste en el salario mínimo, prácticamente, ya se lo “comió” las más fuertes alzas en servicios básicos fundamentales, como la electricidad y los buses, fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), cuyo sesgo pro-empresarial y en contra del usuario cada vez es más evidente.

En el caso de las tarifas de bus, el alza promedio del 14% encarece más el transporte diario hacia y desde el trabajo; situación ésta que se agravará más con la cuestionada decisión de la Aresep de que el denominado “Modelo de ajuste extraordinario para el servicio remunerado de personas modalidad autobús”, ya no será “extraordinario”, sino que lo han vuelto “ordinario” pues el empresariado autobusero lo podrá utilizar semestralmente. En consecuencia, dos veces al año se aumentarán dichas tarifas.

Si hablamos de la electricidad, los hogares de la clase trabajadora asalariada inician el año 2013 con una tarifa de un 17.5% más cara: un incremento del 4.5% que empezó a regir en noviembre anterior, más el 13% que entró en vigencia este miércoles 26 de diciembre.

Agreguemos a ello, la brutal alza tarifaria, de un 25%, por el servicio de agua y alcantarillado sanitario que, desde julio anterior, golpea fuertemente las economías familiares de las personas trabajadoras.

La vecina alza en la tarifa telefónica, echa “más leña a la hoguera” del descontento popular. Si “por la víspera se saca el día”, la Superitendencia de Telecomunicaciones (Sutel), probablemente acceda a la petición de subir en 7 colones (de 4 a 11), el costo por minuto en cada conversación telefónica.

Como vemos, queda clarísimo que el nivel de empobrecimiento salarial para quienes laboran en el sector Privado tendrá un nuevo impulso desde el mismo momento de iniciarse el año 2013. El “reajuste” del 3.65% a los salarios mínimos ha quedado, prácticamente, devorado por estas alzas en las tarifas de los servicios básicos fundamentales y sin agregar lo que ha venido sucediendo en los comestibles fundamentales.

En el caso del sector Público, será hasta enero próximo que se conocerá el monto del correspondiente reajuste en los salarios base, que debe regir desde el día primero del nuevo año. El Gobierno de la República terminó 2012 sus funciones ordinarias sin convocar a los sindicatos más representativos del sector para discutir este tema.

Se supone que como ahora hay nuevo Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Olman Segura Bonilla, se ha de promover un real diálogo y una verdadera negociación en el seno de la denominada “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”, en los primeros días de enero entrante.

Si así fuese, a la ANEP le interesará, una vez más, dejar en evidencia la crítica situación salarial de varios gremios laborales de la Administración Pública en condiciones muy precarias; a saber: Guardas de los centros educativos (escuelas y colegios), a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP); los guardaparques del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae); las trabajadoras de los CEN-CINAI, a cargo del Ministerio de Salud; personal oficinista y similar del Gobierno Central; los cuerpos de policía principales del Poder Ejecutivo (Fuerza Pública, Migración, Penitenciaria y Tránsito).

Finalmente, en el caso de las familias cuyas jefaturas de hogar están a cargo de personas que laboran para el mercado informal, en el “cuentapropismo”, es evidente que la situación económica es igual de acongojante, estrecha y difícil por estas y otras alzas.

No hay duda alguna: “Los y las de abajo”, la clase trabajadora, sigue siendo la “gran perdedora” de un modelo económico que prioriza en la concentración de la riqueza en vez de su distribución.