La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP,
mediante su Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS), realizó
el pasado lunes 24 de febrero, la primera de varias capacitaciones dirigidas a
los cuerpos policiales afilados a nuestra organización.
Esta primera sesión de capacitación impartida por el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo, se abordó el tema de conflictos colectivos en cuerpos policiales, situación que genera dudas en el seno de las diversas policías del país sobre su utilización e interpretación.
Conversamos con María Laura Sánchez Rojas, encargada de la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS), sobre la capacitación y sus alcances.
En esta primera capacitación participaron representantes de las seccionales de la ANEP en Fuerza Pública, Policía Control de Drogas, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Cárceles-OIJ, así como Policía Penitenciaria y servicio de Vigilancia Aérea.
-Anuncio de reajuste salarial y pago retroactivo fue realizado por el propio Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada por frecuencia policial en diciembre del 2019.
-Oficiales de Migración y Extranjería tampoco recibieron pago
La seccional ANEP-Fuerza Pública, solicitó
explicaciones al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por el faltante del
pago retroactivo a los oficiales de la Fuerza Pública, correspondiente al
reajuste salarial de hasta del 6% en salarios más bajos, anunciado por el propio
presidente de la República en radio frecuencia policial, en compañía del
Ministro de la cartera Michael Soto, en diciembre anterior.
En aquel momento, el Presidente de la República
anunció vía frecuencia policial, que el reajuste salarial regiría a partir de
enero del presente año y se reflejaría de forma retroactiva a partir de febrero
del 2020, en las boletas de pago de los 15.900 oficiales del Ministerio de
Seguridad Pública y de la Policía de Migración y Extranjería del Ministerio de
Gobernación y Policía. Sin embargo, esto no fue así.
Mainor Anchía Angulo, Presidente de la seccional
ANEP-Fuerza Pública, manifestó que esta situación ha generado un gran malestar y
un “sin sabor” sobre sí realmente se da la importancia a la labor que realizan
los oficiales de policía.
“El incumplimiento de lo anunciado, ha motivado malestar, desilusión y una vez más, la sensación de que el Gobierno no toma en serio las necesidades de la población policial, así como que vuelve a dejar la impresión de minimizar la importantísima labor que desempeñan nuestros uniformados”, manifestó Anchía.
El representante sindical finalizó indicando, que por respeto a la labor que realizan los oficiales de policía es necesario aclarar a la brevedad posible, lo concerniente al pago efectivo del aumento salarial anunciado por el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Por su parte, Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería, confirmó que los agentes de Policía de Migración 1, incluidos en el reajuste salarial, tampoco recibieron pago alguno. Esto ante una consulta realizada por la seccional ante la oficina de Recursos Humanos de la Dirección General de Migración y Extranjería
luego de una consulta al Departamento de Recursos Humano del
Es importante aclarar que desde la ANEP se propuso
la exclusión de los Cuerpos Policiales de la aplicación de la Ley fiscal,
número 9.635, para evitar la rebaja salarial de los oficiales, lo cual fue
rechazado por el mismo Gobierno.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía Angulo
al 8432-2880
La Sala Constitucional ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública solventar las deficiencias sanitarias y estructurales que atentan contra la salud y dignidad de los funcionarios y usuarios de 27 Delegaciones Policiales, entre ellas las que se ubican en La Cruz (Guanacaste), Sixaola (Limón), el Roble (Puntarenas) y La Uruca (San José).
La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará un Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud por el mal estado de las delegaciones. Este recurso de ampro se une a varios de la misma índole que ha interpuesto la seccional, en busca de mejorar las condiciones laborales de los policías.
Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública sobre delegaciones
Dichas delegaciones cuentan actualmente con una o varias órdenes sanitarias las cuales no se han cumplido o solo se han cumplido parcialmente, pese a que algunas datan del 2016.
Entre las deficiencias que presentan los inmuebles sobresalen: pisos deteriorados, estructuras ruinosas e insalubres, deficiente tratamiento de aguas negras e incumplimiento con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), por ejemplo.
La resolución número 2019-21277,
que se origina en un recurso de amparo interpuesto por un directivo de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue votada por
unanimidad este viernes 1° de noviembre y emplaza a Seguridad para que en un
máximo de 18 meses ejecute las acciones y gire las instrucciones necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto por Salud en las órdenes sanitarias
emitidas.
“Evidentemente la protección de la salud de los trabajadores es indispensable
para garantizar el respeto a su dignidad…el trabajador tiene derecho a ejecutar
las funciones que le competen en un ambiente apropiado, cuyas condiciones
garanticen la protección de su derecho a la salud”, señala la sentencia.
Delegaciones cuya situación sanitarias debe remediarse según la sentencia
Cuatro Cruces de Miramar, Miramar, Costa de Pájaros, Naranjo de Laurel, Paquera, Barranca de Puntarenas, El Roble de Puntarenas, San Mateo de Orotina, Chacarita de Puntarenas, Fray Casiano de Puntarenas, Potrero Grande de Buenos Aires, La Cruz, Sixaola, Isla Calero, Agua Dulce, San Jorge de Paso Canoas, Sierpe de Osa, Zona Americana Palmar Sur (La Casona), Drake de Osa, Hatillo Delta 11, Santa Ana de San José, Tirrases, San Isidro de Alajuela y La Uruca-Mata Redonda, así como los Puestos Policiales en Delta, Santa Cecilia de La Cruz y Conventillos.
Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.
Está información ha
esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor
y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP,
la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las
condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa
una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental
labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más
bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se
adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder
adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que
sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco
mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases
Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el
ejecutivo lo paraliza.
Adoptar una posición pesimista
no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún
resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban
las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El
mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos
razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del
resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de
sacarlos de la Ley 9635”.
Si asuntos de más sencilla
subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por
revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido
resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición
salarial de los policías.
Esperemos que nuestros
gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción
preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos
servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que
demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido
incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos
hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy
claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los
cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las
Finanzas Públicas.
Esta posición de la ANEP, aplica para los
cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y
Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control
Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones
salariales.
Atribuir a las huelgas el incremento en los homicidios e inclusive en
la actividad delictiva, no es más que una excusa “mediática” por parte del
Ministro de Seguridad, Michael Soto, para encubrir las falencias en materia de
seguridad pública, que se han agudizado en los gobiernos del Partido Acción
Ciudadana (PAC).
No podemos olvidar que los cuatro años de gobierno de Luis Guillermo
Solís, fueron un desastre, que se superaron las cifras históricas en materia de
homicidios, llegando nuestro país al nivel de pandemia, según lo que establece
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sería oportuno que nos muestre el ministro Soto, los datos que dan
sustento a su aseveración. Es sabido por nosotros, que, para cubrir eventos
masivos como partidos de fútbol, se destinan entre trescientos y quinientos
efectivos por partido, o sea que, si al mismo tiempo se dan tres eventos
masivos, se requiere entre 900 y 1.500 funcionarios policiales.
Lo que debe hacer el ministro Soto, es asumir con seriedad el cargo
que le fue encomendado, dejar los “berrinches”, atender a los medios de
comunicación, así como a quienes somos parte del contrapeso, cuando se le
cuestiona por alguna situación institucional, no solamente cuando tiene algo
que favorece la imagen del Gobierno.
Lo que se espera de un Ministro de Seguridad, es que tenga claro el rumbo que se debe seguir para mejorar en materia de prevención y de contención de los delitos, sean estos comunes o producto del crimen organizado. Un ministro que se disponga en trabajar en un modelo de seguridad, en una política de Estado que deje de lado la política electoral. Lo anterior se fundamenta, en que desde hace años se ha visto la seguridad ciudadana como un “botín” político, se anuncian contrataciones, se usa la compra de vehículos para fines políticos, se anuncian las acciones policiales (megaoperativos), como una estrategia de marketing, es común mirar al viceministro Solano, en medio de megaoperativo subiendo selfies en sus redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja.
Es claro que las cosas no van bien. Hace unos días fuimos enterados de
un audio que salió del Director Regional de San José, el cual fue dirigido al
mando medio policial, señalándose ausencia de liderazgo, desidia, incapacidad
de gestión, corrupción e inclusive, que algunos altos mandos se hacen de la
vista gorda ante hechos que se presumen graves. Ante lo cual, tanto el ministro
como sus viceministros han guardado un total y absoluto silencio.
Así las cosas, es posible, que conociendo el ministro la situación actual en torno con las huelgas, le haya parecido sumamente atractivo, acreditar a las mismas el incremento en la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las más de cien delegaciones con orden sanitaria, la falta de planificación, los problemas para dotar a nuestros policías de uniformes, botas, capas, radios de comunicación, así como otros accesorios, no tienen nada que ver con las huelgas.
ANEP-Fuerza Pública ha solicitado capacitación constante, inversión en armas menos letales y reformas legales
En las redes
sociales, así como en los medios de comunicación, se ha difundido un video en
el cual se observa una situación en Uvita de Osa, que en principio parece
controlada por la Fuerza Pública, la cual se torna en violenta con un
enfrentamiento entre civiles y los uniformados.
En tal sentido, en
la Seccional de ANEP en la Fuerza Pública, hemos abogado por una capacitación
constante de nuestros policías, que incluya una mayor capacitación en defensa
personal, liderazgo y resolución alterna de conflictos. Además, hemos insistido
en la necesidad de que se invierta en armas menos letales para equipar a
nuestros policías.
Es evidente que el
uniforme y la figura de autoridad pública, no representan ninguna contención
para quienes alteran el orden público, participan en riñas o en general
transgreden las normas de convivencia social; por ello, también hemos abogado
por reformas legales, que vengan a fortalecer la figura de autoridad, así como
a disminuir la impunidad que se produce en función de que las faltas a la
autoridad se contemplan en su mayoría como contravenciones.
Nuestros Cuerpos Policiales enfrentan cada día situaciones
más complejas, el riesgo se ha incrementado, a partir de una sociedad más
violenta, la penetración del crimen organizado, lo cual se ve fortalecido con
la incerteza jurídica que se viene generando en torno con la actuación
policial. Así las cosas, si no
fortalecemos las destrezas, sino dotamos de mejores herramientas y reformamos
algunas leyes, estaremos muy pronto todos a expensas de los antisociales, que
un día sí y otro también, desprecian las normas de convivencia en sociedad e
irrespetan a nuestras autoridades.
Representantes de los
distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y
laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos
Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el
análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo,
el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que
se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen
los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población
costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales
alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la
especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las
instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los
derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa
a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una
cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con
la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y
dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución
significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias
especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita
en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre
otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las
policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del
año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia
y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un
llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que,
nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de
operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de
transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias
violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los
funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin
dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer
el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que
se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar
en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan
la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a
la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal
policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones
necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración
familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones
laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se
vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo
desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica
en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida
lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque
Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado
por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza
Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI
y UNATEPROT
La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó al Ministro de
Seguridad Pública, Michel Soto, investigar las situaciones descritas en un audio
de la plataforma WhatsApp, que en apariencia fue producido por el Comisionado
Randall Picado, donde se describen una serie de irregularidades en torno a la
supervisión de personal en la Región Policial de San José e incluso que
oficiales de policías estarían escoltando narcotraficantes.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza
Pública indicó que el día jueves 05 de setiembre, recibió en la plataforma
WhatsApp decenas de mensajes con un audio que en apariencia fue producido por
el Comisionado Randall Picado. En el mismo, se escucha una especie de llamado
de atención para el mando de la Región Policial de San José, en torno con
debilidades en la supervisión de personal. El aparente llamado de atención
incluye también a las subdirecciones e inclusive direcciones.
En el audio se puede escuchar “Hemos detectado una serie de
conductas, debilidades, anomalías, irregularidades, donde el mando de las
delegaciones y el mando también superior, y me incluyo yo dentro de esos, por
supuesto también los sub directores que tienen sus áreas de jurisdicción nos
hemos vuelto pasivos, o nos hacemos de la vista gorda, o nos falta iniciativa,
o nos falta liderazgo o capacidad de gestión para detectar esas irregularidades
(…)”. Más adelante, se escucha decir que algunos policías están ingiriendo
licor en las delegaciones, peor aún, que estarían “escoltando al narcotráfico”
Para Anchía, resulta alarmante escuchar en un audio,
presuntamente producido por un director regional, en el que se indica que no
existe ningún nivel de supervisión, que el mando medio y el alto mando es
permisivo o se hacen de la vista gorda, que carece de iniciativa y de
liderazgo, e inclusive, de capacidad para desempeñar sus funciones. Además, le preocupa
escuchar en dicho audio que, se tienen denuncias de jefes jugando en las computadoras
en tiempo laboral.
“Es inaceptable que se hable de corrupción y de debilidades
en la supervisión, al mismo tiempo que se han incrementado las plazas de sub
directores regionales, por ejemplo, San José pasó de una subdirección a tres
subdirecciones regionales. Además, en la Fuerza Pública, el nivel de mando medio
y el mando superior, disfruta de muy buenos salarios. Por estas situaciones,
planteamos con carácter de urgencia ante el Ministro Soto que se proceda con
una investigación con la finalidad de determinar la veracidad de las
declaraciones”, manifestó Anchía.
Para la seccional ANEP-Fuerza Pública debe realizarse una valoración de las capacidades y competencias del mando superior de la Fuerza Pública, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, recuerdan que los puestos de dirección y de subdirección son puestos de confianza, siendo potestad del Ministro su nombramiento y la remoción de los mismos.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
