Funcionarios de la Academia Nacional de Policía por
medio de la Seccional de ANEP en el Ministerio de Seguridad Pública presentaron
una apelación ante esta cartera debido a que se les aplicó un rebajo al
parecer, por sumas presuntamente acreditas de más por concepto de anualidades.
Dicho rebajo se dio en aplicación de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la cual vino a modificar lo
dispuesto en la Ley de Salarios de la Administración Pública (2166).
La problemática obedece a que la administración no
realizó las modificaciones pertinentes al sistema de pagos (integra). Los
trabajadores afectados no detectaron ninguna irregular en el salario mensual
por cuanto era el mismo que venían percibiendo antes de la Ley 9635. Sin embargo,
al aplicarse dicha ley los incentivos salarias como la anualidad se calculan con
un monto nominal y no porcentual.
Bajo este panorama, la administración postergó la
aplicación de la ley y omitió comunicar a los funcionarios de los cambios que
generaría la misma y por el contrario, quedó en evidencia que la ley afecta a
todos por igual.
Pese a que en menos anteriores y reiteradamente indicaron que no habría afectación para los trabajadores que ingresaron antes de la Ley.
Es importante destacar que dichos rebajos se están dando nivel general.
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
Cuando se trata de sanciones disciplinarias impuestas a los y las funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública, especialmente de quienes con orgullo visten la digna casaca policial, sin duda alguna, y modestia aparte, es ANEP la entidad con mayor conocimiento de causa de lo que ha acontecido y sigue sucediendo.
Aún en la retina de los oficiales rasos se encuentran situaciones como los aproximadamente 170 policías despedidos mediante el artículo 140.1 (por pérdida de confianza). Debido a que los mismos figuraban de alguna forma en alguna acusación penal (sin importar el estado de la misma), irónico en una función en la que, por su naturaleza, es usual ser parte de estos procesos. Además de eso, todos conocemos al menos un par de casos de compañeros sancionados con mano dura por asuntos como una publicación en redes sociales, pérdida de equipo, un altercado vecinal y consumo de alcohol, entre otros. Y ahora, recientemente, nos venimos enterando de numerosos casos de personal que, a pesar de la recomendación de sanción, del disciplinario legal, el Consejo de Personal se aparta y aplica despido.
Ah, pero ¿Existe igualdad en el tema sancionatorio? Definitivamente NO. Es un asunto histórico, sostenido en el tiempo y que, lamentablemente, pese a nuestras inocentes expectativas, no cambia con la presente Administración, a cargo del Ministro Soto.
Es sencillo, tenemos casos muy concretos, y estoy seguro que la “tropa” los recuerda todos: Un exdirector de Apellido Andrade que le robaron el radio en una actividad no laboral; una actual directora regional de apellido Chavarría, que se sometió a una suspensión del procedimiento a prueba, por peculado (si a nivel penal); un jefe de apoyo legal policial de apellido Arce que en medio de un siniestro natural fue encontrado completamente ebrio en tiempo laboral, otro jefe de apoyo legal de apellido Cordero, investigado por la Policía Fiscal; y recientemente el director de apellido Cubillo, acusado en sede penal por supuesta violación.
A estos casos hay que sumarle aquellas personas que han sido devueltas por mal comportamiento de becas dadas en el exterior, quienes han sido descubiertos utilizando los vehículos institucionales para fines personales (como un señor de SVA de apellido Pacheco), y otros que han sido parte de situaciones de violencia doméstica.
¿Qué tienen todos ellos en común? Dos cosas, que los implicados han tienen cercanía con la cúpula de turno y que ninguna de estas personas fue sancionada como lo dicta la normativa, a algunos ni siquiera se les abrió causa administrativa (como al señor Cubillo por ejemplo). Pero, de haber sido rasos fijo, fijo, los despiden. Esto nos demuestra que, si en el Ministerio de Seguridad Pública eres parte de esta “red de cuido” de altos mandos, con el contubernio del despacho ministerial, entonces se tiene la impunidad garantizada.
Esperamos ver los mismos argumentos dados por la licenciada Raisa Bravo en el oficio 848-2019-DDL, utilizados para “justificar” la razón por la que no se abrió causa administrativa de oficio al señor Cubillo, en otros casos, y es curioso que no se utilizaran estos mismos alegatos para evitar darle el despido por el artículo 140, inciso 1, ( C.Pol); en los muchos casos que las vías de derecho les ha indicado al Ministerio que lo han utilizado mal.
Sin duda alguna, esta desigualdad, falta de transparencia y de ética, por parte de los responsables de estas circunstancias a nivel administrativo, son una causa más de la indignación que sufren los compañeros policías del Ministerio de Seguridad Pública, y, por ende, una razón más para invitarlos a ser escuchados, y que nos acompañen este 24 de junio a las 9 de la mañana en ANEP, en nuestra gran manifestación de cuerpos policiales. ¡Porque la gente que nos cuida lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
La solicitud fue dirigida a la Fiscal General, Emilia Navas, a la que también se le pide investigar el por qué la patrulla involucrada fue enviada al Comando de Los Chiles y no se le aplicó la cadena de custodia correspondiente.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública envió una nota dirigida a
la Fiscal General, Emilia Navas, solicitando la apertura de una investigación
contra el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, por el actuar de este
último, luego de que se diera a conocer la muerte de tres oficiales de la
Policía de Fronteras en la zona del Concho en Pocosol de San Carlos.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza
Pública, explicó que la solicitud de investigación se da por un audio, en apariencia,
emitido por el Ministro de Seguridad Pública, en un chat de WhatsApp, en el
cual estaría brindando criterio de lo sucedido sin conocer los resultados
finales de la investigación.
Del audio se extrae lo siguiente “Buenas tardes, para
aclararles ya un poquito más la situación, ya se procesó la escena del suceso,
este, definitivamente no es un ataque externo, pudo haber sido un conflicto
entre los mismos sujetos, los mismos oficiales, más o menos lo que ocurre es esto,
ellos van hacia Ciudad Quesada a atender una cuestión de flagrancia en los
tribunales, terminan a las siete de la noche y deben r egresarse aquí al sector
de Crucitas, ellos pasan a tomar licor a un bar con los uniformes y las
patrullas, una situación bastante lamentable que no debe ser, salen de ahí un
poco tomados y cuando van de camino ocurre el incidente (…) De acuerdo al análisis uno de ellos
tiene un, el que muere en el Hospital tiene un disparo de contacto en la cabeza
al lado derecho, parece que este se auto elimina, porque el arma de él, en
apariencia, la utilizaba, ya que los otros dos tienen las armas en el cinto,
entonces parece que esta es la que se utiliza, le dispara a los otros dos en la
cabeza y el posteriormente se auto elimina, no hay disparos externos todo
ocurre dentro de la cabina en apariencia y eso es lo que OIJ nos está dando de
momento (…)”.
Patrulla se ubica en Comando Los Chiles sin cadena de custodia
Para Anchía, llama poderosamente la atención que Michael
Soto da por acreditado que los oficiales “salen de ahí un poco tomados”,
cuando, en contraposición con esta afirmación existe la versión de la
administradora, o propietaria del bar, quien ha indicado en los medios de
comunicación, que los efectivos tomaron refrescos gaseosos. Además, dice el
Ministro:” cuando van de camino ocurre el incidente” ¿Quién ha testificado en
tal sentido?
“Es necesario aclarar que, el Ministro ha reconocido públicamente
que ese audio es suyo. Por lo que se solicita la investigación pertinente a la
Fiscal General ya que existen
varias cosas que, desde lo dicho por el Ministro de Seguridad, generan una
serie de incógnitas, tanto a nuestra organización sindical, como a muchos de
los funcionarios que portan el uniforme policial. Llama aún más nuestra
atención que lo dicho en el audio y lo realmente encontrado en el lugar sea
diferente en aspectos relevantes, como el número de armas, o los rastros de
aparente sangre dentro del automotor”, indicó Anchía.
Sin cadena de
custodia
Otro de los hechos denunciados por la seccional ANEP-Fuerza
Pública es el manejo que le han dado a la patrulla involucrada en la fatídica
escena, ya que esta fue trasladada al Comando Policial de Los Chiles, donde se
encuentra sin ninguna custodia.
Lo más grave del asunto, situación que solicitamos se investigue, son las razones por las cuales la patrulla involucrada en el suceso fue enviada el día de los hechos al Comando de los Chiles, según imágenes fotográficas que nos han enviado, sin que medien los procesos jurídicos, técnicos, criminalísticos, y demás, que requieren la cadena de custodia propia de un objeto que es, sin ninguna duda, objeto de posibles hallazgos probatorios que puedan dilucidar la verdad real de los hechos. Preocupa que ante este panorama, elementos importantes y reveladores que se pueden encontrar dentro de la patrulla, puedan perder su veracidad, para ser utilizados en la investigación”, cuestionó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Mainor Anchía sobre solicitud de investigación
Compartimos solicitud enviada a la Fiscal General Emilia Navas.
Representantes sindicales de diversos cuerpos policiales del país, se reunieron el pasado 28 de mayo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el objetivo de finiquitar detalles de la marcha por la dignificación de los derechos laborales de los cuerpos policiales a realizarse el próximo 24 de junio.
En la reunión participaron representantes sindicales de Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Control Fiscal, Guardaparques, así como Policía Control de Drogas, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea y Guardacostas.
Dentro de las consignas de la manifestación se encuentra la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, ya que con la entrada en vigencia de esta ley, se le elimina a los funcionarios policiales el reconocimiento al rubro por carrera policial, los cuales están reconocidos por los requisitos académicos, como el noveno año, los cursos de carrera policial y especialización, así como las anualidades y los quinquenios.
Otras
de las consignas de la marcha de cuerpos policiales, es solicitar que no sean
incluidos en la Ley Marco de Empleo Público. Además, de que se coloque nuevamente
en agenda de la Asamblea Legislativa el expediente N° 17.695 Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales.
Es importate recordar, que la marcha de cuerpos policiales se realizará con funcionarios en su tiempo libre, acompañados por sus familiares. La misma tendrá como punto de salida la sede de la ANEP, ubicada en calle 20 norte, 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños a las 9 de la mañana.
Se trata de los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Cuatro oficiales de la Fuerza Pública interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), ente adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Según indican los expedientes penales número 19-179-619,19-295-619,
19-296-619, 19-294-619, los hechos denunciados se deben a la destrucción dolosa
de pruebas documentales por parte del CISED, las cuales serían claves en
juicios laborales contra el MSP. Esta acción por parte del CISED tendría como
objetivo afectar a los oficiales de la Fuerza Pública a fin de que sus reclamos
laborales no puedan prosperar
Milene Arroyo Sánchez, abogada penalista de los oficiales de la Fuerza
Pública que interpusieron la denuncia, explicó que durante los juicios
laborales y en virtud de la normativa, es a la parte patronal a quien le
corresponde aportar la prueba con la que se puede demostrar dichos extremos; ya
que es el MSP quien la tiene en su poder y custodia.
«El CISED ha estado ordenando la destrucción indiscriminada del
expediente personal del policía, registro de control de asistencia, registros
de control de entrega de armas, archivos, bitácoras de entradas y salidas,
tarjetas de marcas, constancias de planillas, contrato laboral, libros de
roles. En estos documentos se llevaba el control de los horarios y jornadas
laboradas para todos y cada uno de los servidores policiales y por ende de los
policías que demandaron laboralmente, haciendo nugatorios sus derechos, ya que
al no existir prueba que respalden sus reclamos se declaran sin lugar sus
demandas”, explicó la defensora perteneciente al bufete 4A
Según la denuncia, la destrucción de documentos también se estaría
presentando posterior a que el Juzgado de Trabajo previene al MSP de presentar
dicha documentación, lo que se convertiría en un desacato a los mandamientos
judiciales.
“Aún más grave es el hecho de que en varios de estos casos a pesar de
que el Juzgado de Trabajo le previno al Ministerio de Seguridad Publica,
representado por la Procuraduría General, que presentara la prueba, luego de
notificada de dicha prevención en forma dolosa, el CISED destruye
posteriormente dicha prueba, desacatando los mandamientos judiciales de
requerimiento de prueba y así consta en las actas de eliminación de documentos.
Unido a ello en varias de las actas de eliminación se consignan hechos falsos.
Lo cual evidencia que el Ministerio de Seguridad Pública busca evitar el pago
de extremos laborales e indemnizatorios a favor de los servidores policiales”,
indico la abogada penalista.
Para los denunciantes se podría estar ante el mayor fraude procesal de
la historia de Costa Rica, a la vez, que indicaron que esto será solo el
comienzo de una serie de denuncias, las cuales se incrementarán más
adelante.
“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral en la historia del país
y lo más alarmante es que ha sido realizado por el propio Estado, en este caso
por el Ministerio de Seguridad Publica y de lo cual ha tenido pleno con el
conocimiento, la Procuraduría General de la Republica. Sin embargo, en lugar de
denunciarlo, la Procuraduría ha avalado e incluso defendido este delito ante
los Tribunales de Trabajo”, finalizó la defensora.
Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, este tipo de casos
no deben quedar impunes y deben ser conocidos por la opinión pública, máxime
que se estaría afectando a 15.000 servidores pertenecientes a todas las
policías adscritas al MSP con la destrucción
sistemáticamente de toda la documentación que sirve de prueba en los
procesos laborales para demostrar las horas extras, jornadas, días feriados y
de asueto laborados.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública brindó una conferencia de prensa para dar su posición sobre el abordaje por parte del Ministerio de Seguridad Pública por la muerte de tres oficiales de la Policía de Fronteras.
Posición de la Seccional ANEP-Fuerza Pública sobre lo acontecido en la Zona de Pocosol, con el fallecimiento de tres compañeros de la Policía de Fronteras.
–Al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le corresponde diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin embargo desde el 2017 trabaja bajo el mismo documento.
La Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública cuestiona al Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD) por trabajar en un Plan Nacional sobre Drogas
desactualizado, pese a la incursión y a lo habilidoso de las redes del
narcotráfico y legitimación de capitales para lograr su cometido.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública enfatizó
que existe una preocupación ciudadana en torno a la incursión del narcotráfico
en el territorio nacional y que el último Plan Nacional sobre Drogas tenía una
vigencia hasta el año 2017.
Ante dichas observaciones, el ICD indicó que actualmente “el Plan
Nacional sobre Drogas está siendo sujeto a la actualización de su plan de
acción, debido a recientes aprobaciones de políticas vinculantes, como la
aprobación reciente del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la estructura
base, pilares de acción y principales referencias, se mantienen en vigencia.
Otra de las inquietudes de la seccional es que presuntamente, el
retraso en la elaboración del Plan Nacional de Drogas se debió que le delegaron
dicha tarea al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Sin
embargo, en el documento en manos de la ANEP denominado “Observaciones técnicas
y metodológicas al Plan Nacional Sobre Drogas, Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo 2018-2022”, trae una serie de correcciones, textos
que no citan su fuente, posible plagio y además, se omite realizar cuatro
ejercicios importantes que constituyen los pilares para el Plan Nacional.
Los cuales son: 1)Documental y participativo que permita conocer los
principales problemas que enfrenta el país en la materia, 2) documento de análisis conjunto de actores decisores
políticos para la identificación vía consenso de los principales desafíos como
país se tiene que abordar de manera
integral y equilibrada, 3) Uno en el
cual se definan las prioridades y se tomen las decisiones consensuadas a partir
de éstas, o sea, se precisen de los enunciados de política pública que
permitirá intervenir positivamente la
realidad nacional, 4) Uno final, meramente técnico, que operacionalice mediante
diversas iniciativas, intervenciones, programas o proyectos de índole intersectorial
e institucional, las políticas públicas definidas por los actores decisores
competentes.
“En ANEP, hemos recibido informaciones que indican un aparente
incumplimiento de deberes, así como el presunto pago a un ente externo para la
realización sobre el Plan Nacional de Drogas, pese a que la realización del
mismo es competencia única del ICD; según así lo establece la Ley 8204”, indicó
Anchía.
Anchía explicó que según fuentes cercanas a la ANEP, el pago
aparentemente fue realizado por medio de una donación de la Embajada de los
Estados Unidos y a pesar de que reiteradamente se ha solicitado la información
explícita al Director del ICD, Guillermo Araya, el mismo responde con evasivas
o de manera omisa.
“Mientras el narcotráfico evoluciona, no se detiene y sigue penetrando
nuestro territorio, a la fecha se trabaja en la elaboración de un plan que
debió estar listo a inicios del 2018, o sea, se trabaja con plan del periodo
2013-2017”, agregó.
Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales
Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y
Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y
realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como
Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público
que se discuta en la Asamblea Legislativa.
Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han
visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial.
“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo
15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas
trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos
mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores
policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía,
presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la
evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de
vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es
ineficiente y cuestionable.
“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar
en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están
dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las
jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.
Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de ley, éste afectará directamente el salario de
los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de
los pocos incentivos salariales que
tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas se eliminó el
quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado
académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los
cuerpos policiales.
Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública,
con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública
desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil.
Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En
el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo
periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial (ver cuadro
adjunto al final).
”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y las acciones ya tomadas por parte del Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
*Datos a Considerar
En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales, provocando una sobre carga laboral.
“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.
Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.
Conferencia de Prensa: cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Conferencia de Prensa cuerpos policiales afiliados a la ANEP
* Datos a considerar
-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo. -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.
Pese a denuncias ante Viceministra de Seguridad y oficial mayor del MSP
nada ha cambiado
Las malas condiciones de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no sólo se dan con los oficiales de la Fuerza Pública, ya que la Seccional ANEP-Administrativa del MSP denuncia que funcionarios trabajan bajo pésimas y peligrosas condiciones.
Según la
seccional, estas condiciones se presentan en su mayoría en delegaciones
policiales fuera del Área Metropolitana, donde los funcionarios administrativos
trabajan con carencia de equipo, hacinamiento, en infraestructuras con órdenes
sanitarias y con riesgo a su integridad física.
“Los funcionaros y funcionarias administrativas carecen de computadoras e Internet, esto imposibilita cumplir con solicitudes de envío de información y documentos a oficinas centrales del ministerio. También laboran en condiciones de hacinamiento en infraestructuras que incluso cuentan con órdenes sanitarias de clausura”, indicó Mainor Anchía, Directivo Nacional de ANEP.
Otra de las
problemáticas que denuncian los funcionarios, es el riesgo a su integridad
física, ya que por falta de espacio en las edificaciones deben laborar junto a
armerías y cajas de arena donde los oficiales manipulan las armas de fuego.
Además, deben de soportar insultos y acoso por parte de detenidos que son
trasladados a celdas de las delegaciones.
“Nos indican
que en una ocasión mientras un oficial se encontraba manipulando un arma de
fuego en la caja de arena, se escapó un tiro que por poco impacta a uno de los
compañeros. A esta situación se suman los insultos y el acoso verbal de las
personas detenidas principalmente hacia las mujeres. El problema se genera por
no tener las condiciones adecuadas de espacio en infraestructura en las
diversas delegaciones”, dijo Anchía.
La Seccional
ANEP-Administrativa del MSP también cuestiona el recargo de labores que no van
acorde a sus puestos y contratos; entre estas asignaciones se encuentran
trabajos de cocina, misceláneo, recepcionistas, papelería, avituallamiento,
entre otros.
“La molestia
es bastante grande, ya que muchas de las situaciones fueron denunciadas ante la
Viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar y el oficial mayor del MSP,
Randall Vega, en una reunión realizada a finales del año anterior, sin embargo,
a la fecha no han realizado ninguna acción para cambiar esta situación”,
detalló Anchía.
Para la
seccional es de vital importancia que las autoridades del Ministerio de
Seguridad Pública presten atención a esta situación, ya que repercute en la
seguridad ciudadana y la atención que se brinda a todos los costarricenses.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
