Representantes sindicales de diversos cuerpos policiales del país, se reunieron el pasado 28 de mayo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el objetivo de finiquitar detalles de la marcha por la dignificación de los derechos laborales de los cuerpos policiales a realizarse el próximo 24 de junio.
En la reunión participaron representantes sindicales de Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Control Fiscal, Guardaparques, así como Policía Control de Drogas, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea y Guardacostas.
Dentro de las consignas de la manifestación se encuentra la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, ya que con la entrada en vigencia de esta ley, se le elimina a los funcionarios policiales el reconocimiento al rubro por carrera policial, los cuales están reconocidos por los requisitos académicos, como el noveno año, los cursos de carrera policial y especialización, así como las anualidades y los quinquenios.
Otras
de las consignas de la marcha de cuerpos policiales, es solicitar que no sean
incluidos en la Ley Marco de Empleo Público. Además, de que se coloque nuevamente
en agenda de la Asamblea Legislativa el expediente N° 17.695 Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales.
Es importate recordar, que la marcha de cuerpos policiales se realizará con funcionarios en su tiempo libre, acompañados por sus familiares. La misma tendrá como punto de salida la sede de la ANEP, ubicada en calle 20 norte, 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños a las 9 de la mañana.
Se trata de los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Cuatro oficiales de la Fuerza Pública interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), ente adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Según indican los expedientes penales número 19-179-619,19-295-619,
19-296-619, 19-294-619, los hechos denunciados se deben a la destrucción dolosa
de pruebas documentales por parte del CISED, las cuales serían claves en
juicios laborales contra el MSP. Esta acción por parte del CISED tendría como
objetivo afectar a los oficiales de la Fuerza Pública a fin de que sus reclamos
laborales no puedan prosperar
Milene Arroyo Sánchez, abogada penalista de los oficiales de la Fuerza
Pública que interpusieron la denuncia, explicó que durante los juicios
laborales y en virtud de la normativa, es a la parte patronal a quien le
corresponde aportar la prueba con la que se puede demostrar dichos extremos; ya
que es el MSP quien la tiene en su poder y custodia.
«El CISED ha estado ordenando la destrucción indiscriminada del
expediente personal del policía, registro de control de asistencia, registros
de control de entrega de armas, archivos, bitácoras de entradas y salidas,
tarjetas de marcas, constancias de planillas, contrato laboral, libros de
roles. En estos documentos se llevaba el control de los horarios y jornadas
laboradas para todos y cada uno de los servidores policiales y por ende de los
policías que demandaron laboralmente, haciendo nugatorios sus derechos, ya que
al no existir prueba que respalden sus reclamos se declaran sin lugar sus
demandas”, explicó la defensora perteneciente al bufete 4A
Según la denuncia, la destrucción de documentos también se estaría
presentando posterior a que el Juzgado de Trabajo previene al MSP de presentar
dicha documentación, lo que se convertiría en un desacato a los mandamientos
judiciales.
“Aún más grave es el hecho de que en varios de estos casos a pesar de
que el Juzgado de Trabajo le previno al Ministerio de Seguridad Publica,
representado por la Procuraduría General, que presentara la prueba, luego de
notificada de dicha prevención en forma dolosa, el CISED destruye
posteriormente dicha prueba, desacatando los mandamientos judiciales de
requerimiento de prueba y así consta en las actas de eliminación de documentos.
Unido a ello en varias de las actas de eliminación se consignan hechos falsos.
Lo cual evidencia que el Ministerio de Seguridad Pública busca evitar el pago
de extremos laborales e indemnizatorios a favor de los servidores policiales”,
indico la abogada penalista.
Para los denunciantes se podría estar ante el mayor fraude procesal de
la historia de Costa Rica, a la vez, que indicaron que esto será solo el
comienzo de una serie de denuncias, las cuales se incrementarán más
adelante.
“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral en la historia del país
y lo más alarmante es que ha sido realizado por el propio Estado, en este caso
por el Ministerio de Seguridad Publica y de lo cual ha tenido pleno con el
conocimiento, la Procuraduría General de la Republica. Sin embargo, en lugar de
denunciarlo, la Procuraduría ha avalado e incluso defendido este delito ante
los Tribunales de Trabajo”, finalizó la defensora.
Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, este tipo de casos
no deben quedar impunes y deben ser conocidos por la opinión pública, máxime
que se estaría afectando a 15.000 servidores pertenecientes a todas las
policías adscritas al MSP con la destrucción
sistemáticamente de toda la documentación que sirve de prueba en los
procesos laborales para demostrar las horas extras, jornadas, días feriados y
de asueto laborados.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública brindó una conferencia de prensa para dar su posición sobre el abordaje por parte del Ministerio de Seguridad Pública por la muerte de tres oficiales de la Policía de Fronteras.
Posición de la Seccional ANEP-Fuerza Pública sobre lo acontecido en la Zona de Pocosol, con el fallecimiento de tres compañeros de la Policía de Fronteras.
–Al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le corresponde diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin embargo desde el 2017 trabaja bajo el mismo documento.
La Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública cuestiona al Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD) por trabajar en un Plan Nacional sobre Drogas
desactualizado, pese a la incursión y a lo habilidoso de las redes del
narcotráfico y legitimación de capitales para lograr su cometido.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública enfatizó
que existe una preocupación ciudadana en torno a la incursión del narcotráfico
en el territorio nacional y que el último Plan Nacional sobre Drogas tenía una
vigencia hasta el año 2017.
Ante dichas observaciones, el ICD indicó que actualmente “el Plan
Nacional sobre Drogas está siendo sujeto a la actualización de su plan de
acción, debido a recientes aprobaciones de políticas vinculantes, como la
aprobación reciente del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la estructura
base, pilares de acción y principales referencias, se mantienen en vigencia.
Otra de las inquietudes de la seccional es que presuntamente, el
retraso en la elaboración del Plan Nacional de Drogas se debió que le delegaron
dicha tarea al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Sin
embargo, en el documento en manos de la ANEP denominado “Observaciones técnicas
y metodológicas al Plan Nacional Sobre Drogas, Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo 2018-2022”, trae una serie de correcciones, textos
que no citan su fuente, posible plagio y además, se omite realizar cuatro
ejercicios importantes que constituyen los pilares para el Plan Nacional.
Los cuales son: 1)Documental y participativo que permita conocer los
principales problemas que enfrenta el país en la materia, 2) documento de análisis conjunto de actores decisores
políticos para la identificación vía consenso de los principales desafíos como
país se tiene que abordar de manera
integral y equilibrada, 3) Uno en el
cual se definan las prioridades y se tomen las decisiones consensuadas a partir
de éstas, o sea, se precisen de los enunciados de política pública que
permitirá intervenir positivamente la
realidad nacional, 4) Uno final, meramente técnico, que operacionalice mediante
diversas iniciativas, intervenciones, programas o proyectos de índole intersectorial
e institucional, las políticas públicas definidas por los actores decisores
competentes.
“En ANEP, hemos recibido informaciones que indican un aparente
incumplimiento de deberes, así como el presunto pago a un ente externo para la
realización sobre el Plan Nacional de Drogas, pese a que la realización del
mismo es competencia única del ICD; según así lo establece la Ley 8204”, indicó
Anchía.
Anchía explicó que según fuentes cercanas a la ANEP, el pago
aparentemente fue realizado por medio de una donación de la Embajada de los
Estados Unidos y a pesar de que reiteradamente se ha solicitado la información
explícita al Director del ICD, Guillermo Araya, el mismo responde con evasivas
o de manera omisa.
“Mientras el narcotráfico evoluciona, no se detiene y sigue penetrando
nuestro territorio, a la fecha se trabaja en la elaboración de un plan que
debió estar listo a inicios del 2018, o sea, se trabaja con plan del periodo
2013-2017”, agregó.
Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales
Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y
Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y
realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como
Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público
que se discuta en la Asamblea Legislativa.
Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han
visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial.
“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo
15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas
trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos
mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores
policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía,
presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la
evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de
vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es
ineficiente y cuestionable.
“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar
en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están
dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las
jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.
Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de ley, éste afectará directamente el salario de
los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de
los pocos incentivos salariales que
tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas se eliminó el
quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado
académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los
cuerpos policiales.
Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública,
con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública
desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil.
Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En
el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo
periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial (ver cuadro
adjunto al final).
”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y las acciones ya tomadas por parte del Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
*Datos a Considerar
En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales, provocando una sobre carga laboral.
“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.
Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.
Conferencia de Prensa: cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Conferencia de Prensa cuerpos policiales afiliados a la ANEP
* Datos a considerar
-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo. -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.
Pese a denuncias ante Viceministra de Seguridad y oficial mayor del MSP
nada ha cambiado
Las malas condiciones de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no sólo se dan con los oficiales de la Fuerza Pública, ya que la Seccional ANEP-Administrativa del MSP denuncia que funcionarios trabajan bajo pésimas y peligrosas condiciones.
Según la
seccional, estas condiciones se presentan en su mayoría en delegaciones
policiales fuera del Área Metropolitana, donde los funcionarios administrativos
trabajan con carencia de equipo, hacinamiento, en infraestructuras con órdenes
sanitarias y con riesgo a su integridad física.
“Los funcionaros y funcionarias administrativas carecen de computadoras e Internet, esto imposibilita cumplir con solicitudes de envío de información y documentos a oficinas centrales del ministerio. También laboran en condiciones de hacinamiento en infraestructuras que incluso cuentan con órdenes sanitarias de clausura”, indicó Mainor Anchía, Directivo Nacional de ANEP.
Otra de las
problemáticas que denuncian los funcionarios, es el riesgo a su integridad
física, ya que por falta de espacio en las edificaciones deben laborar junto a
armerías y cajas de arena donde los oficiales manipulan las armas de fuego.
Además, deben de soportar insultos y acoso por parte de detenidos que son
trasladados a celdas de las delegaciones.
“Nos indican
que en una ocasión mientras un oficial se encontraba manipulando un arma de
fuego en la caja de arena, se escapó un tiro que por poco impacta a uno de los
compañeros. A esta situación se suman los insultos y el acoso verbal de las
personas detenidas principalmente hacia las mujeres. El problema se genera por
no tener las condiciones adecuadas de espacio en infraestructura en las
diversas delegaciones”, dijo Anchía.
La Seccional
ANEP-Administrativa del MSP también cuestiona el recargo de labores que no van
acorde a sus puestos y contratos; entre estas asignaciones se encuentran
trabajos de cocina, misceláneo, recepcionistas, papelería, avituallamiento,
entre otros.
“La molestia
es bastante grande, ya que muchas de las situaciones fueron denunciadas ante la
Viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar y el oficial mayor del MSP,
Randall Vega, en una reunión realizada a finales del año anterior, sin embargo,
a la fecha no han realizado ninguna acción para cambiar esta situación”,
detalló Anchía.
Para la
seccional es de vital importancia que las autoridades del Ministerio de
Seguridad Pública presten atención a esta situación, ya que repercute en la
seguridad ciudadana y la atención que se brinda a todos los costarricenses.
Representantes de la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP) y del Ministerio de Seguridad Pública (MSP),
iniciaron el proceso de solución de conflicto de carácter económico y social,
solicitado por la ANEP, ante una serie de dudas respecto a roles de servicio en
la Fuerza Pública, la no correcta aplicación de incapacidades, entre varios
temas.
Declaraciones de Mainor Anchía, Presidente Seccional ANEP-Fuerza Pública
Este viernes quedó conformado el tribunal conciliador, el
cual está formado por representación de los trabajadores (en este caso ANEP),
parte empleadora (MSP) y juzgado de trabajo.
Motivos de la
solicitud de solución de conflicto
Los cuerpos policiales suscritos al Ministerio de Seguridad
Publica, se encuentran sustentados jurídicamente en las siguientes normas: Ley
General de Policía, 7.410 del año 1994, Reglamento de Cuerpos Policiales
Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, 23880, Ley Orgánica del
Ministerio de Seguridad Pública, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio
de Seguridad Pública y Reglamento Organizacional del Ministerio de Seguridad
Pública, 36366-SP. Dichas normas regulan la naturaleza de la función realizada
por los miembros de la Fuerza Pública, estableciendo sus facultades, derechos y
deberes en nuestro ordenamiento jurídico.
Sin embargo, existe falta de regulación en cuanto los roles
y jornadas de servicio, para los oficiales de Fuerza Pública. Esto pese a que
el artículo 76 de la Ley General de Policía, establece en el inciso c) como un
deber de los miembros de las fuerzas de policía, ajustarse a los horarios
definidos por reglamento. No obstante, esta normativa no ha sido decretada por
parte del Ministerio de Seguridad Pública, incumpliéndose así con esta norma.
Al efecto, las partes, Ministerio de Seguridad Pública, y ANEP, a través de su
Seccional ANEP Fuerza Pública, acordaron solicitar estudio de jornadas y roles
de trabajo por turnos de la Policía del Ministerio de Seguridad Pública, a la
Secretaria Técnica del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS). Lo anterior a efectos de contemplar las repercusiones
que para la salud de las personas resultan de la actividad policial; siendo que
fue emitido y notificado el informe técnico Nº DE-ST-ITE-3-2017.
Así mismo, se presenta ambigüedad y falta de claridad en
disposiciones internas que vienen de alguna manera transgrediendo normas de
trabajo, pero fundamentalmente, perjudicando a nuestros compañeros y
compañeras. Frecuentemente se obliga a las personas trabajadoras de los cuerpos
policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, a laborar en sus días
libres por reposición de días de incapacidad médica, se les ordena laborar
media jornada (media guardia), luego de un día de ausencia justificada,
inclusive, se ordena laborar un día de reposición, tras el disfrute de una
licencia con goce de salario por deceso de un familiar.
Ante la falta de normativa interna en lo que refiere a los
roles, jornadas, uso correcto del criterio de disponibilidad y algunas
prohibiciones expresas sobre las obligaciones que se le deben inculcar a los
funcionarios policiales, frecuentemente conoce este sindicato de abusos
cometidos por mandos medios, quienes se escudan en el estribillo de su potestad
de mando.
Aunado a lo anterior, lamentablemente se han identificado
situaciones que configuran una clara actividad anti sindical y, algunas
prácticas laborales desleales, contra afiliados caracterizados por una activa
participación en la estructura sindical.
La Seccional de la Fuerza Pública y Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) han denunciado y solicitado la clausura de delegaciones insalubres para los trabajadores.
El Ministerio de Salud ordenó la clausura del puesto policial Mata Redonda en la Uruca debido a que presenta insalubridad y que pone en riesgo la salud de las personas, ni cuenta con las condiciones físico sanitarias adecuadas para su operación.
Acta de clausura del Ministerio de Salud
Además, el Ministerio de Salud estableció un plazo de 24 horas para que retiren del local los implementos personales, laborales y de funcionamiento de la delegación.
Por su parte, la Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública estará vigilante para que los trabajadores trasladados tengan las condiciones adecuadas y que la delegación sea reparada lo más pronto posible
Modificación se pretende realizar mediante proyecto de ley, el cual ya cuenta con el apoyo de la diputada Franggi Nicolás. Además, beneficiaría a todos los cuerpos policiales del país.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública busca impulsar la modificación de tres artículos incluidos en la recién aprobada ley 9635, conocida como combo fiscal, ya que consideran que la actual redacción afectará la operatividad de la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales, y con ello la seguridad ciudadana. Además, de afectar el salario de los oficiales.
Se trata de los artículos 6, 35 y 36 ubicado en el titulo
cuarto de la citada ley, los cuales a futuro podrían provocar una afectación
directa a la operatividad de la fuerza pública y otros cuerpos policías.
Otro de los artículos en cuestión es el 26 ubicado en capítulo
tercero, el cual se refiere al ordenamiento del sistema remunerativo y de
auxilio de cesantía el cual afectaría el salario de los oficiales que
ingresaron a partir del 1 de enero del 2019, reduciéndolo hasta en 42 mil
colones, según estimaciones de la Seccional.
Esta iniciativa de la Seccional ANEP-Fuerza Pública se
realizaría mediante un proyecto ley denominado “Reforma de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el cual cuenta con el apoyo de la
diputada, Franggi Nicolás quien ha estado en reuniones con representantes de la
seccional, con el objetivo de afinar detalles de dicho documento.
Para la legisladora es de vital importancia mejorar las
condiciones laborales de los cuerpos policías, así como la mejora en la
dotación de recursos, ya que esto se traduce en una mejor seguridad
ciudadana.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
