Pronunciamiento de la seccional Anep-Minae ante la salida del ministro de Ambiente y Energia

La Seccional ANEP/MINAE, felicita al señor ministro, Carlos Manuel Rodriguez Echandi por su ultimo operativo en el mes de mayo en el Parque Nacional Corcovado, con el grupo denominado GOA (Grupo Operativo Ambiental), pero será este un grupo permanente para la conservación y cuido de los recursos naturales? ¿o se crearan más grupos como este? eso sí, sin dejar al descubierto y sin personal a las demás áreas silvestres del país, pues como se sabe por el momento este GOA se consolida con funcionarios de diferentes sitios naturales del país, lo que quiere decir que cuando se sacan guarda parques de uno de sus sitios de trabajo para reforzar labores en otro lugar del territorio nacional, se provoca dejar sin protección por varios días otras áreas naturales; o lo que popularmente llamamos, “desvestir un santo, para vestir a otro”.

Pero aparte de felicitar también criticamos con mucho malestar muchas de sus acciones y le preguntamos además, si ya le fueron canceladas las horas extraordinarias en su totalidad, a los muchachos que le acompañaron en tal operativo, y recalcamos “en su totalidad”, pues se tiene conocimiento que la entidad bajo su jerarquía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, no acepta pagar más de cuatro horas extraordinarias, pues estos y muy de la mano con la legislación laboral solo contempla pago de un máximo de cuatro horas extraordinarias, a pesar de saber que muchas y muchos guarda parques del sistema laboran extenuantes jornadas extraordinarias que van más allá de 4hrs extraordinarias, en el cuido de tortugas marinas, atención de incendios forestales, patrullajes marinos y terrestres, pero sin pago alguno de dicho tiempo extra; pero aquí les comprendemos, pues la frase “El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado” que se arraiga de nuestra Constitución Política en su artículo 58, no es de conocimiento en SINAC-MINAE, a pesar de que la historia de Costa Rica en el cuido y conservación de los recursos naturales y sus áreas silvestres, data ya de más de cuarenta años, y mal pagado, a sus verdaderos vigilantes, a pesar de los sacrificios de familia y demás vida social para quienes su trabajo les obliga a permanecer 24 horas en sus centros operativos, y con prolongadas jornadas mensuales acumulativas.

Don Carlos, le deseamos muchos logros desde su nueva jerarquía en el GEF (Global Environmental Facility), y no olvide ni deje atrás a sus amigas(os) guarda parques, que prácticamente lo pusieron en esa silla, esperamos que desde allí les recuerde, y no vaya a ser que solo les utilizo para su publicidad; pues de ser así, no quedará más que enlistarlo entre aquellas personas que solo han utilizado el tema ambiental para satisfacer intereses propios.

Aprovechando su nueva y valiosa posición internacional, deseamos que lleve en su agenda varios temas pendientes a mencionar desde su jerarquía y antecesores del SINAC-MINAE, mismos que aun y queriéndose indicar que son heredados de otras administraciones; lo cierto es que su persona lleva hoy el mismo compromiso a tales deudas a sus funcionarios y “al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica”, a saber:

CASO DE CRUCITAS:

Como representante de la Seccional ANEP/MINAE, considero que le quedo debiendo muchísimo al país respecto a los daños causados al Medio Ambiente.

RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES

1) Exp: 16-010216-0007-CO

Res. Nº 2017014907

Por tanto:

“Se declara parcialmente con lugar el recurso en contra del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena a Edgar Gutiérrez Espeleta, Helio Fallas Venegas y Mario Coto Hidalgo, por su orden Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del SINAC, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que coordinen lo pertinente a fin de que se evalúe la situación actual de las áreas de conservación y se tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, de tal forma que se atiendan de manera efectiva y razonable las áreas silvestres protegidas del país. Para lo anterior deberán elaborar y ejecutar, en el plazo de SESENTA MESES, un plan de control y protección de las áreas silvestres protegidas que garantice su vigilancia efectiva a fin de prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento. Asimismo, se ordena a Marta Eugenia Acosta Zúñiga, en su condición de Contralora General de la República, o a quien ocupe su cargo, girar las órdenes que estime pertinentes para que se actualice el estado de cumplimiento del informe DFOE-AE-IF-16-2014 y, de acuerdo con los medios que le otorga el ordenamiento jurídico, requiera al SINAC la efectiva atención a las recomendaciones brindadas, ante lo cual, Mario Coto Hidalgo, como Director Ejecutivo del SINAC, o quien ocupe su cargo, deberá gestionar su cumplimiento en los términos y plazos que disponga el requerimiento del órgano contralor. Finalmente se ordena al Director Ejecutivo del SINAC, o a quien ocupe su cargo, realizar un estudio sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable en las áreas de conservación contenidas en el oficio SITRA-0023-16 de 9 de febrero de 2016 dirigido al Director del SINAC presentado por SITRAMINAE el 11 febrero de 2016, a efectos de que se evalúe si las personas que se encuentran o visitan esas áreas de conservación requieren o no el servicio de agua potable, y si resulta procedente, gestione ante las autoridades competentes lo necesario a fin de que se determine si  desde el punto de vista técnico y material es posible proveer el servicio” (…).(subrayado no obedece al original)

2) Exp: 15-011930-0007-CO

Res. Nº 2017000641

Por tanto:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a JULIO JURADO FERNÁNDEZ, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, a ÓLGER MÉNDEZ FALLAS, en su condición de Director del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a ÉDGAR E. GUTIÉRREZ ESPELETA, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, a HELIO FALLAS, en su condición de Ministro de Hacienda y a LUIS GUSTAVO MATA VEGA, en su condición de Ministro de Seguridad Pública; o a quienes ocupen sus cargos, que dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera” (…). (subrayado no obedece al original)

3) EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las nueve horas y cincuenta y dos minutos de diez de mayo de dos mil

dieciocho.

(…) “que consta en el expediente electrónico número 15-011930-0007-CO, en

el que se acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución

No.2017000641 de las 09:05 horas del 20 de enero de 2017” (…)

(*) Como puede observarse, este punto alude al punto 2) anterior, Recurso de Amparo con Resolución Nº 2017000641, para el cual ya se apunta desobediencia desde año 2018.

OTROS PENDIENTES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-15-2015 / 15 de diciembre, 2015 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio que deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo cual, su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.8 Elaborar y aprobar el procedimiento para el control y registro contable de las transacciones relativas a la adquisición de terrenos Patrimonio Natural del Estado. Dicho procedimiento debe considerar al menos:

a) Que estos terrenos no se registren como activos del SINAC.

b) Se resguarde apropiadamente la documentación que respalda los registros respectivos.

c) Se efectúen conciliaciones mensuales de la cuenta de Terrenos.

Remitir al Órgano Contralor copia del documento que evidencie la aprobación de este procedimiento, a más tardar el 29 de abril de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

LIC. MARCO TULIO CASTRO CHINCHILLA EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.9 Determinar la composición del saldo contable de la cuenta Terrenos y conciliar dicha cuenta con el respectivo auxiliar SIBINET. Este proceso debe dar de baja los terrenos que permanecen en el SIBINET y en la contabilidad, que son Patrimonio Natural del Estado, pues, son propiedad del MINAE. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite la conciliación y ajustes solicitados, a más tardar el 29 de julio de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

4.10 Analizar las causas por las cuales se presenta una diferencia entre el registro contable del gasto por salario escolar y el cálculo efectuado por la Contraloría General; con base en ello efectuar los ajustes pertinentes. Comunicar a la Contraloría General los ajustes realizados, a más tardar el 31 de marzo de 2016. Ver párrafos del 2.55 al 2.58 de este informe.

4.11 Revelar en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, el registro contable erróneo efectuado en el periodo 2014 en la cuenta de terrenos, relativo a la compra de la propiedad del INBIO. Además, registrar la porción circulante de deuda adquirida para realizar dicha compra. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 29 de febrero de 2016. Ver párrafos del 2.59 al 2.65 de este informe.

2) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-16-2014 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL SINAC EN LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DENTRO DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS CONTINENTALES

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4.3 Resolver acerca de la propuesta que le remita el Director Ejecutivo del SINAC relativa a los mecanismos de financiamiento, los criterios y ajustes de distribución de personal, el plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas, el mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y acciones de integración al Patrimonio Natural del Estado, el mecanismo de control y protección, y el de asignación y ejecución de recursos en la atención de desastres y emergencias ambientales. Remitir a la Contraloría General, en el transcurso de los dos meses calendario siguientes a recibir la propuesta de la Dirección Ejecutiva, copia de los acuerdos que resuelvan sobre cada asunto. Ver párrafos del 2.1 al 2.80 de este informe.

AL DR. JULIO JURADO FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL SINAC O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4 Establecer e implementar los mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad de la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir copia del oficio mediante el cual se someten tales mecanismos a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 31 de agosto de 2015, un primer informe de avance de la implementación de los mecanismos al 29 de enero de 2016 y un segundo informe al 30 de junio de 2016.  Ver párrafos del 2.4 al 2.12 de este informe.

4.5 Establecer los criterios de asignación de personal en las Áreas Silvestres Protegidas, y con base en dichos criterios ajustar su distribución en lo procedente. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se someten los criterios de distribución y los ajustes a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un informe de avance en la implementación de los ajustes, a más tardar el 29 de febrero de 2016 y un segundo informe a más tardar el 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.13 al 2.18 de este informe.

4.6 Establecer e implementar un plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas prioritarias de las Áreas Silvestres Protegidas, considerando entre las variables técnicas al menos las necesidades de control y protección, investigación y monitoreo. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete el plan a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un primer informe de implementación al 27 de abril de 2016 y un segundo informe al 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.19 al 2.21 de este informe.

4.7 Priorizar las Áreas Silvestres Protegidas que requieren la elaboración o actualización del Plan General de Manejo. Remitir a la Contraloría General, un oficio en el cual conste esta priorización, a más tardar el 30 de junio de 2015. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe.

4.8 Establecer e implementar el mecanismo de seguimiento a la implementación de los planes generales de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir a la Contraloría General, copia del documento que evidencie la instauración del mecanismo, a más tardar el 31 de agosto de 2015; además, un primer informe de seguimiento al 30 de noviembre de 2015 y un segundo informe al 30 de junio de 2016. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe. 

4.9 Establecer e implementar un mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos ubicados dentro de los límites de cada Área Silvestre Protegida y priorizar las acciones para su integración al Patrimonio Natural del Estado, su demarcación y señalización, según proceda. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete esa estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de noviembre de 2015; además, un primer informe de implementación a más tardar el 30 de junio de 2016, y un segundo informe a más tardar el 30 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.28 al 2.37 de este informe.

4.10 Establecer e implementar un mecanismo de control y protección aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país, la cual, deberá establecer al menos los objetivos y metas en la materia, la capacitación de los funcionarios destacados en esas labores, los mecanismos formales de coordinación con actores relevantes involucrados, de conformidad con las amenazas y presiones a la biodiversidad identificadas dentro de estos territorios. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete esta estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de octubre de 2015, un primer informe de implementación a más tardar el 31 de marzo de 2016, y un segundo informe a más tardar el 31 de octubre de 2016. Ver párrafos del 2.38 al 2.42 de este informe.

4.11 Establecer un mecanismo para asignar y ejecutar recursos con la oportunidad requerida en la prevención y atención de desastres y emergencias ambientales, aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete el mecanismo a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2016. Ver párrafos del 2.43 al 2.45 de este informe. 

4.12 Establecer los ámbitos de la gestión del SINAC en los que se deba fomentar la cooperación interinstitucional, con organizaciones no gubernamentales y con las comunidades locales y los pueblos indígenas; ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas continentales. Remitir a la Contraloría General, una certificación que haga constar lo actuado, a más tardar el 31 de julio de 2015. Ver párrafos del 2.46 al 2.53 de este informe.

4.13 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso público que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras. Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.70 al 2.75 de este informe.

4.14 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso sostenible de la biodiversidad que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras.  Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.76 al 2.80 de este informe.

LEGISLACION NO ATENDIDA COMO CORRESPONDE

1) *LEY DE BIODIVERSIDAD 7788

ARTÍCULO 11.-Criterios para aplicar esta ley

Son criterios para aplicar esta ley:

1.-Criterio preventivo:  Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

(*) Una ley de la cual la institucionalidad SINAC-MINAE, a cargo del señor Carlos Manuel Rodríguez nos queda en una amplísima deuda, pues es notorio a nivel país, que el faltante de funcionarios que atienden la conservación y uso racional de los recursos naturales, se encuentra en números rojos, provocando una altísima suma de delitos contra el ambiente: lo que refleja que no existe la debida prevención ante tales delitos.

2) *LEY ORGANICA DEL AMBIENTE 7554

ARTÍCULO 36.- Requisitos para crear nuevas áreas.

Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:

a) Estudios preliminares físico geográficos, de diversidad biológica y socioeconómica, que la justifiquen.

b)  Definición de objetivos y ubicación del área.

c)  Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra.

d)  Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla.

e)  Confección de planos.

f)  Emisión de la ley o el decreto respectivo.

(*) Para resaltar este artículo de ley, haremos recordatorio de la creación del Parque Nacional Miravalles Jorge Manuel Dengo, el 5 junio 2019, mismo que con tanta alegría y bullicio nos anunciara el señor ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez y la Presidencia de la República. Pero ¿está cumpliendo este parque nacional con todo lo que establece la ley y articulo de cita? O fue otra reacción emocional y ambiental de este jerarca y presidencia.

Se estima que la deuda de tierras privadas que fueron afectadas por la ampliación o creación de algún área silvestre en Costa Rica supera los 100.000 millones de colones, e imaginamos que, con este nuevo parque nacional, que igualmente ha afectado tierras privadas, dicha deuda económica se ha ampliado. Además de la afectación que ha cientos de personas de escasos recursos en zonas rurales han causado tales iniciativas, pues se realizan al margen de lo que la legislación para la creación de áreas silvestre establece, sin economía para adquirirlas, funcionarios para su cuido, estudios científicos actualizados, tenencia de la tierra y demás, que no afecte a los más vulnerables.

Entonces ¿Podría determinarse estas creaciones de áreas silvestres o parques nacionales tipo exprés, como un prevaricato?

 Aunado a todas estas anomalías tenemos que agregar en su mala administración, toda la cantidad de órganos directores interpuestos en puestos políticos y de confianza como lo son los casos de Alberto Bravo exdirector de Hidrocarburos, Alfonso Pérez exgerente de Comcure, Juan Carlos Fallas exdirector del IMN, Ileana Boschini Directora de Geología y Minas.

Solo esperamos señor Ministro  Carlos Manuel Rodríguez, que  desde su nueva trinchera, no olvide los pendientes que ha dejado en este país, y sus promesas a los funcionarios, pues ahora posee el insumo económico para dar un respiro a nuestra materia ambiental, si es que desde su nuevo puesto, se acordara de aquellos que aun caminaron entre charcos, ríos y bajo la lluvia cuidando el Patrimonio Natural del Estado, igualmente del humilde campesino y sus familias, que hace años esperan se resuelva el que si la tierra que heredaron es aún suya o de algún parque nacional estilo exprés.

Atentamente:

William Arias Soto

Presidente Seccional ANEP-MINAE

Entrevista Diario Extra: “El futuro del país no puede ser a raíz de un pandemia”

ANEP en conversación sobre empleo público.

El proyecto de empleo público sigue siendo criticado por distintos sectores, debido a una serie de inconsistencias que incluyen en su redacción.

Por ejemplo, el irrespeto a la Constitución Política pues el plan le da al Poder Ejecutivo la potestad de interferir con el Poder Judicial y con instituciones autónomas.

Pero también las supuestas mentiras de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, cuando dijo que el texto era de consenso nacional, ya que había conversado con distintos sectores, incluyendo los sindicatos.

Sobre este tema DIARIO EXTRA conversó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el secretario general adjunto Walter Quesada y el director jurídico Rafael Mora. 

A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Qué opina del Proyecto de Empleo Público?

-Ese proyecto es una aberración jurídica, es un proyecto inconstitucional de entrada y es muy demagógico, porque está diciendo ella (la ministra Pilar Garrido) que le va a economizar al erario público ¢70 mil millones, pero en diez años, ¢7 mil millones por año, eso no es nada, si se trata de dizque economizar a las finanzas públicas, ese proyecto no aporta nada. Es muy mentiroso decir que, por ejemplo, en el Gobierno Central los que entren van a ganar mucho mejor y uno se pregunta, es que en el Gobierno Central es donde está el famoso déficit fiscal, o sea no hay plata para pagárseles mejor, entonces cómo se le ocurre a ella decir que los que van a entrar al Gobierno Central van a ganar mejor.

¿Se oponen a conversar de empleo público?

-Lo que hemos planteado es que este no era el momento político para presentar ese proyecto, pero nosotros nunca nos hemos opuesto a hablar del tema de empleo público, siempre hemos estado dispuestos a ir a los espacios de diálogo. Cuál es el problema que hay, que no existen los espacios de diálogo.

¿Cuándo será el momento de hablar?

-Lo que nosotros hemos dicho es que usted no puede coger empleo público solito, tiene que agarrar empleo público y analizarlo con el sistema tributario y analizarlo con el endeudamiento.

¿Cómo hacerlo si Tributación indicó que hay desorden y archivos perdidos?

-Eso es otra cosa gravísima, hay que señalar con el dedo acusador a los últimos gobiernos y al actual de las barbaridades que han hecho con el departamento de Cobro Judicial, lo tienen debilitado, precarizado, no tienen suficiente personal. Ha sido una estrategia desde hace mucho tiempo dejar que prescriban los casos.

¿Por qué empleo público debe analizarse con tributación y endeudamiento?

-Tiene que poner los tres naipes en la mesa. Evasión y elusión y exenciones y exoneraciones suman prácticamente 15 puntos del Producto Interno Bruto al año, ya hubiéramos pagado todo, la Caja estaría libre, entonces cómo vas a discutir empleo público si vas a dejar eso sin tocar. Entonces nosotros quisiéramos una mesa nacional con plazos determinados con la participación de las universidades públicas, las cámaras empresariales, las corrientes sindicales y buscar un acuerdo nacional sobre el tema fiscal, sobre empleo público, exenciones, exoneraciones, endeudamiento público.

¿Pero por qué cuesta tanto cobrar los impuestos?

-Yo creo que hay mucho tagarote que ha acumulado plata excesivamente evadiendo impuestos, con las exenciones y las exoneraciones y no quieren que se les acabe esa buchaquita, porque habría que entrarles de lleno a las aduanas, por ejemplo. 

¿Es un tema cultural?

-Cuando muchos estaban pequeños les enseñaban que era más vivo el que se colaba en la fila, que era más audaz el que copiaba, que era más inteligente el que se saltaba alguna norma, alguna responsabilidad, alguna regla y eso empezó a promocionarse más en los 80 cuando nos empezaron a enseñar que la solidaridad no podía prevalecer sobre el individualismo y sobre mi capacidad de imponerme ante los demás. A mí me parece que son parte de ese esquema y engranaje individualista, que es yo genero mi riqueza y los demás que vean a ver qué hacen.

¿Cómo lograr que eso pare?

-La ANEP a través de DIARIO EXTRA le hace una fuerte invitación a la Unión de Cámaras, Uccaep, sentémonos, sentémonos cara a cara, dejemos de volarnos pedradas, dejémonos de chinitas, por el bien del país sentémonos cara a cara y hablemos de empleo público, de pensiones, de exoneraciones, porque yo no creo que Uccaep tutele a los empresarios evasores, porque eso es tutelar la competencia desleal.

¿Cuál es la importancia del diálogo social?

-El verdadero diálogo social lo podemos llevar a cabo siempre y cuando haya transparencia de las partes, haya real disposición de que los acuerdos que se vayan a tomar sean parte de un diálogo efectivo. En el proyecto de ley que está presentando la ministra de empleo público dice “yo hablé con los sectores” e involucra específicamente el sindicalismo, pero no dice con quién o cuándo se reunió. Nosotros le mandamos a preguntar a doña Pilar si podía mandar la minuta de las reuniones y nos manda a decir que no hubo minuta, entonces le mandamos una segunda carta para pedir la lista de asistentes a la reunión y mandó a decir “no recogíamos lista de asistencia”. Ella dijo que habló con varios sectores, ¡qué mentirosa!, vende la idea de que es un consenso nacional y que quede claro que no hay un consenso en ese tema. Pilar miente.

¿Tienen temor de que se apruebe Empleo Público con rapidez?

-Nosotros estamos alertando a los empleados públicos, los sindicatos, todos los gremios que cerremos filas porque definir el futuro del país no puede ser a raíz de una pandemia y mucho menos con este tipo de trampa, porque es una trampa, decir que usted habló con todo mundo y no poder demostrarlo es una trampa, Pilar miente.

¿Qué situaciones graves cree que pueden ocurrir aprovechando la pandemia?

-Por dicha la pandemia en Costa Rica llega con una institucionalidad fuerte, de una manera u otra, porque si había plata escondida quiere decir que había una institucionalidad fuerte, entonces a uno le preocupa que con el tema de empleo público se debilite esa institucionalidad, la deje completamente precaria y se la entregue a esos tagarotes que andan detrás de la Caja y otras.

¿Es riesgoso el proyecto?

-Los expertos nos han alertado de que este proyecto de empleo público colisiona radicalmente con los valores de la Constitución Política de 1949, que pensó en que había que descentralizar el Estado. Constitucionalmente hay una regla muy clara y es que los poderes son autónomos, un Poder no puede meterse en otro. Esta ley de empleo público está transgrediendo esa norma y está dando la autoridad al Ejecutivo de tomar decisiones hasta en instituciones autónomas y en municipios.

¿Cómo pagan las plazas que congelaron gobiernos anteriores y ahora reactivan?

-Ahí es donde se encuentra el montón de superávits acumulados, pienso que a nosotros no nos han dicho toda la verdad del real estado de las finanzas públicas, a nosotros los ciudadanos no nos han dicho la verdad, porque ahora resulta que con la pandemia se descubrieron superávits por todo lado.

¿Qué piensa del traslado de recursos de las instituciones?

-Cuando nosotros estuvimos discutiendo el tema del déficit fiscal, planteamos que se tomaran recursos del INS que tenía mucho dinero para atender el problema fiscal y no se podía, pero ahora sí se podía trasladar recursos del INS para atender de la pandemia.

¿Qué dice de dar plata a la organización no gubernamental Obras del Espíritu Santo?

-Nosotros creemos que ahí debe haber algún interés político.

EMPLEO PÚBLICO EN 

11 PUNTOS SEGÚN ANEP

-Viola las autonomías que dispone la Constitución de 1949.

-Viola la independencia de poderes.

-Establece dos tipos de empleados públicos.

-Tiene una evaluación del desempeño diseñada para despedir al empleado público con dos calificaciones negativas.

-Es engañoso en materia de que los empleados públicos nuevos van a ganar mejor que los que están actualmente más mal pagados.

-Elimina la negociación colectiva que es un derecho humano fundamental.

-Flexibiliza las jornadas laborales, establece tres tipos de jornadas. El Código de Trabajo establece mixta, diurna y nocturna, el Proyecto de Empleo Público permite mezclarlas.

-Es falso que sea producto de un gran consenso.

-Pretende concentrar todo el régimen de empleo público en uno solo.

-Pretenden convertir a Mideplan en un superministerio, rector del empleo público, violentando la Constitución Política.

-Prohíbe capacitaciones con contenidos que se salgan de la línea de Gobierno.

Periodista: Sharon Cascante Lizano

CRÉDITOS: Fotos: Johanfred Bonilla

EMAIL: sharon.cascante@diarioextra.com

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/420448/-el-futuro-del-pa-s-no-puede-ser-a-ra-z-de-una-pandemia-

Pronunciamiento de la Seccional ANEP-MINAE ante pandemia por Covid-19

Entre varias de las inquietudes recibidas se encuentra la entrega continua del equipo idóneo a las personas funcionarias que laboran en estas áreas naturales, y que en sus deberes esta la atención no solo de visitación que ingresa por un día, sino también a sitios donde se ofrece el hospedaje, además de la recepción de personas ajenas que participan en la actividad de voluntariado (nacionales y extranjeros) y con permanencia prolongada por varios días en las instalaciones de los funcionarios y funcionarias.

S.G. 17-21-2062-20-Pronunci… by Yariela Novo on Scribd

Señor Presidente: Usted no debe vetar el Proyecto de Ley 21.922

Rechazamos y condenamos la solicitud del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, Ministro de Hacienda quien, en nota dirigida al Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, le solicita el “veto parcial” de la que acaba de ser aprobada Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, Expediente Legislativo No. 21.922

Como es del conocimiento de la opinión pública, el pasado martes 19 de mayo dicho expediente fue votado en segundo debate legislativo, con el respaldo de una amplia mayoría de diputadas y de diputados; a pesar de las presiones político-mediáticas y empresauriales de parte de personas y entidades ya sumamente reconocidas por sus posiciones ideológicas contrarias al papel de las instituciones estatales de servicio público en el desarrollo de la sociedad, como lo son las municipalidades.

Argumenta el ministro Chaves Robles que debe cumplirse, a rajatabla, con lo que establece la dañina Ley No. 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, más conocida como el “paquetazo fiscal”; misma que con su sola aplicación y antes de la pandemia del coronavirus covid-19, ya había logrado, con la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), que muchos pequeños y medianos empresarios cerraran sus negocios y que quedaran muchas personas trabajadoras sin empleo.

La regla fiscal que impone la Ley 9635 es una norma fiscalista de corte ideológico y con fines determinados a limitar y disminuir la inversión social desde la esfera pública (como los gobiernos locales), con el último afán de debilitar la institucionalidad pública. Pero, además, es una norma que nunca debió aplicarse a las municipalidades puesto que como lo hemos dicho hasta la saciedad desde la ANEP, éstas entidades no son ni serán parte responsable del déficit fiscal; como tampoco, por cierto, lo es el empleo público responsable de ese déficit.

Y es que no se puede meter dentro de una regla fiscal al sector municipal por cuanto los ingresos de este sector, no dependen de la hacienda pública. Bien lo sabe el señor ministro Chaves Robles: las municipalidades generan sus propios ingresos y no dependen de los impuestos e ingresos que recibe el Ministerio de Hacienda.

Por eso, las señoras diputadas y los señores diputados que durante la aprobación del paquete fiscal, fueron secuestrados y obligados a aprobar tan nefasta ley para los y para las costarricenses, cayeron en razón; y, entendieron que lo prudente no sólo para enfrentar la pandemia del covid-19 y sus efectos después de que pase la misma, en las diferentes regiones del país y en todos los cantones, era liberar a las municipalidades de una anacrónica y desfasada regla fiscal que nunca debió aplicarse a los municipios.

Ahora sí, las municipalidades serán, a lo ancho y largo del país, ese brazo potente que fuera de la regla fiscal, se convertirá en la plataforma cantonal para el relanzamiento de los esfuerzos del sector productivo nacional y, por supuesto, ayudarán a generar alternativas de desarrollo y empleo en comunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Grave error cometería el Presidente de la República si desoye el clamor de los señores alcaldes y de las señoras alcaldesas, de los concejos de los 82 cantones de la República; así como de la comunidad civil, laborar y obrera de las municipalidades.

No menos grave es el desconocimiento político por parte de un ministro de Estado de la decisión “mayoritaria” de diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa que impulsaron y aprobaron el proyecto de Ley No. 21.922.

Desde la ANEP estaremos vigilantes y no claudicaremos en la defensa del sector municipal, del empleo público y de la inclusión social y productiva que demandan las micro-pequeñas y medianas empresas potenciales receptoras de soporte municipal en esta grave crisis social y económica que ya vivimos.

San José, miércoles 20 de mayo de 2020.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Empleo público y negociación con sindicatos: ¿mintió Mideplan?

En el artículo semanal de Diario Extra «Empleo Público» https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/419410/empleo-p-blico se mencionan documentos en cuanto a la supuesta consulta a sectores para llegar a la redacción del proyecto presentado a la opinión pública.

La ANEP comparte un «cruce» de cartas entre la Ministra Pilar Garrido Gonzalo y el sindicato.

EMPLEO PÚBLICO-MAYO-Midepla… by Yariela Novo on Scribd

¿Es bibliotecólogo del MEP? Seccional de ANEP detalla resultados de reunión con Directora de Recursos Humanos

El pasado 14 de mayo, la Seccional ANEP-Bibliotecólogos y Afines del MEP tuvieron la primera reunión con la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), Yaxinia Díaz Mendoza en la expusieron varias de sus inquietudes laborales.

Algunos de los temas .abarcados fueron la actualización de funciones, trabajadores con títulos con enfoque en tecnologías y el enfoque a la docencia. Además, se sumó el horario de las labores.

¿Cuá fue la respuesta para cada una de esas inquietudes?

Actualización de funciones de los bibliotecólogos que laboran en el MEP: Se acordó realizar una propuestas de las funciones actualizadas, las cuales deberán presentar en un mes en una reunión junto con la directora de Recursos Humanos.

Bachillerato en Tecnologías de la Información y la Comunicación y Licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza en el área de bibliotecología: Con respecto a este tema se estará enviando la consulta a la Unidad de Análisis Ocupacional.

Nombramientos en propiedad y por inopia: Para el próximo año habrá un concurso y con las inopias se irá solucionando con los puestos que se ofrecen en la página de Recursos Humanos y que se les envía a los correos del MEP.

Diferenciación entre Bibliotecólogo de Centro Educativo 1 y el Bibliotecólogo de Centro Educativo: Esta es una clasificación hecha por la Dirección General de Servicio Civil, el cual se ampara en su principio, de la Ley de Carrera Docente. Sin embargo, es importante presentar una propuesta a Servicio Civil para buscar una equiparación en ambas clases de puestos, por lo que será una lucha a futuro.

Horario laboral y el período de vacaciones: En torno a este tema se hará el planteamiento para que se incluya el tema de la jornada laboral de las 40 horas semanales en la Convención Colectiva próxima, ya que la actual vence en este mes.

En cuanto  a las vacaciones, se puede presentar una reforma a la Ley  de Carrera Docente, donde se nos agregue como docentes, sin embargo se perdería la dedicación exclusiva. Nuestro parecer y el de muchos, es contraproducente al profesional de bibliotecología. Por lo que por nuestra parte no se continuará con tal consulta.

Coronavirus y medidas gubernamentales: los ₡900 mil millones para créditos podrían ser “alegrón de burro”

  • Bancos parecen objetar ya directriz del poder ejecutivo
  • 20 billones tendrían los bancos “guardados” al llegar la pandemia: Se podría cancelar toda la deuda del Estado con la Caja  y tal cantidad equivale a 7 préstamos del FMI

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), entidad del poder financiero del país que agrupa a los bancos públicos y privados, está indicando ya que tales entidades están muy reguladas por lo cual deberán comportarse con “prudencia” y con “responsabilidad”, al momento de procesar la directriz del Poder Ejecutivo para que se disponga de la enorme cantidad de 900 mil millones a fin de otorgar créditos altamente flexibles para la reactivación económica del país, en el marco de las graves consecuencias  de la pandemia del coronavirus covid-19; créditos que serían a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas.

El planteamiento de la ABC parece indicar una especie de “rebeldía” para con el mandato del Poder Ejecutivo, de forma tal que se estaría confirmando las preocupaciones que surgieron, al momento mismo del anuncio presidencial, en diversos sectores sociales y políticos de que, a efectos de disponer de esos 900 mil millones en poder de los banqueros, no será nada fácil accesar a esos dineros para  las miles de personas trabajadoras y emprendedoras afectadas por el covid-19, las cuales necesitan con urgencia apoyo económico-estatal para salir adelante.

Adicionalmente, ABC lo que está diciendo es que sin el aval del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como del propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 900 mil millones para crédito de emergencia será, repetimos, un “alegrón de burro”.

Así las cosas, pareciera que el anuncio gubernamental de los 900 mil millones para créditos productivos e inmediatos, corre el riesgo de convertirse en un “alegrón de burro”; expresión popular que define un anuncio positivo como algo, finalmente, inmaterializable.

A los banqueros, literalmente hablando, les sobra la plata. Datos en poder de ANEP, proporcionados por el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), indican que, a setiembre de 2018, la cifra total en cuanto a depósitos del público y tenencia de activos de los bancos en moneda extranjera, ascendía, ¡en dólares USA!, a 32 mil 820 millones; es decir, 18 billones 707 mil 400 millones; repetimos, a setiembre de 2018.

Ocho años antes, en el 2010, tal cantidad era de $17 mil 933 millones 900 mil; o sea, 10 billones 222 mil 323 millones. Es decir, en este período de 8 años, los banqueros incrementaron sus activos-depósitos en moneda extranjera es $14 mil 886.100 millones: a razón de $1.860 millones 762 mil 500.

Entonces, si a setiembre de 2018, los banqueros tenían $32 mil 820 millones en activos-depósitos en moneda extranjera (básicamente dólares); y si llegaron a esta cantidad a partir de $17 mil 933 millones 900 mil que tenían en el 2018, ese gigantesco crecimiento fue a razón de 1$.860 millones 762 mil 500 anuales (o, 109.456.617.647 dólares por mes).

Entre setiembre de 2018 y febrero de 2020, transcurrieron 17 meses, lo cual pudo haber incrementado las arcas de los banqueros (creciendo, promedialmente, a razón de 109.456.617.647, por mes), hasta llevarla a la cantidad de $35 mil millones 456 mil 80; nada más y nada menos que 20 billones 209 mil millones.

Los 900 mil millones ofrecidos por el Poder Ejecutivo para crédito urgente a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas, apenas representaría un 4.5 % del total de la plata que tienen los banqueros al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19.

Es más, es tan gigantesca la cantidad de plata que hay en el sistema bancario-financiero del país que se podría pagar toda la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acumulada al momento, unos $3 mil 500 millones, tan solo el 10 % del monto total que habría en las arcas banqueras hoy en día.

Igualmente, $35 mil millones en poder de los bancos equivale a 7 veces el monto del crédito que se pretende imponerle al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), teniendo Costa Rica que vender sus mejores activos públicos, esos que, precisamente, han destacado en el combate a la pandemia del covid-19.

Nótese que no hemos hablado de los $8 mil millones que tiene por concepto de reservas monetarias internacionales, el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto es completamente distinto de lo que hemos comentado aquí.

Definitivamente, el rumbo económico que le han impuesto al país las últimas administraciones gubernativas es una catástrofe para las mayorías ciudadanas; pero, a la vez, ha generado una concentración de poder financiero de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia republicana costarricense.

SIPROCNP: Soberanía y Seguridad Alimentaria

La organización sindical socia y hermana de la ANEP, Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), realiza un aporte extraordinario sobre la soberanía y seguridad alimentaria en el país. Como costarricenses debemos preocuparnos por la alimentación de nuestras familias en estos tiempos de pandemia y considerando los grandes problemas que se anuncian a nivel global.

SIPROCNP-Soberanía y Seguri… by Yariela Novo on Scribd

Parte 2 Soberanía y Seguridad Alime… by EugenioGuerrero on Scribd