La Seccional ANEP-Bibliotecólogos y afines solicitó en
una reunión con representantes del Servicio Civil una recalificación de las
funciones en la profesión de bibliotecología.
Karla Torres Vargas, presidenta de la Seccional de ANEP explicó que en el encuentro se analizaron dos aspectos importantes; uno está relacionado con las funciones que se están dando bajo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI) y el otro, es de aquellos profesionales que también trabajan en educación para el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Torres agregó de que son varios factores los que influyeron para que se generara ese cambio de funciones en los bibliotecólogos, por lo tanto, solicitan un reajuste por el recargo adicional a las labores que anteriormente realizaban.
Además, lucharán para que se resuelva un nuevo problema con el cambio de funciones, ya que muchos debieron estudiar una segunda carrera para acoplarse a los cambios implementados, sin embargo, no reciben reconocimiento por ello.
El Ministerio de Educación Pública cuenta con alrededor de 960 bibliotecas en todo el territorio nacional y 389 Bibliocra (Centros de Recursos para el Aprendizaje).
La Unidad de Asesoría
Jurídica (UAJ) de la ANEP ganó el reclamo al Estado para que se reconozca el rubro
de peligrosidad a los gestores ambientales del Ministerio de Salud.
Fotografía del Ministerio de Salud
El reclamo se planteó
mediante una demanda al Estado por parte de un afiliado de apellido Rojas quien
labora en el ministerio y quien había dejado de percibir el pago de ese
incentivo salarial desde el año 2006, cuando fue suprimido.
Para nuestra organización sindical, la sentencia es un precedente ya que los Tribunales de Trabajo reconocieron el pago a favor del trabajador y, además, se obtuvo el pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2019-001524, en el cual se reconoce el incentivo salarial de peligrosidad de un 5% en favor del trabajador desde el momento en que se demostró que hacía funciones peligrosas.
Este caso ha sido pionero, pues le abre
las puertas a que más gestores ambientales del Ministerio de Salud se animen a
formular sus respectivos reclamos por el pago de dicho incentivo.
La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), compareció ante la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se apruebe y se envié al plenario legislativo el expediente Nº20.323, el cual busca dotar de un 5% de recursos provenientes del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La comparecencia de la Seccional estuvo liderada por su presidente Gerardo Mora Ordóñez, en compañía de la directiva Johana Fernández Sequeira y el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quienes brindaron sus argumentos que justifican la solicitud de inyectarle recursos económicos a la PPME, y que estos sean utilizados en la contratación de nuevo personal policial.
Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME
Actualmente la Policía Profesional de Migración y Extranjería cuenta con 510 funcionarios quienes deben de atender el incremento en la visitación turística en aeropuertos y puertos, problemas con el fenómeno de inmigrantes, narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados, la trata ilegal y el tráfico de personas, así como; falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas. A esto se suma la falta de infraestructura, el conflicto Crucitas y la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio.
Por estas y otras razones la Seccional ANEP-PPME ha venido solicitando
en la anterior y actual Asamblea Legislativa reformar el artículo 11 de la Ley
de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la
Dirección General de Migración y Extranjería, y estos sean destinados en fortalecer
la Policía Profesional de Migración.
Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las
Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen
al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el
restante 5% al Organismo de Investigación Judicial, dejando por fuera a la
Policía Profesional de Migración.
Durante la comparecencia de esta mañana, se barajó por parte de algunos legisladores la posibilidad de utilizar fideicomisos para dotar de nuevos recursos a la PPME, posibilidad que no es muy bien vista por la Seccional, debido a que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo, dejando de lado el avance que se ha logrado con el expediente legislativo Nº20.323
Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME
Es importante resaltar que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del Ministerio de Seguridad Pública
ANEP desplegará fuerte campaña de denuncia en las
bases del sector público
Sindicalistas firmantes legitimaron política de
empobrecimiento salarial
“Acuerdo” firmado es espurio, carente de legitimidad y
de representatividad
La Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su total rechazo al espurio
“acuerdo” firmado por el Gobierno con dirigentes sindicales de escasa
representatividad, por medio del cual se impuso una única fijación anual para
el sector Público a partir de este año 2020, mismo que fuera suscrito el pasado
17 de diciembre de 2019.
La ANEP, en consecuencia, cataloga tal “acuerdo”
como espurio, carente de legitimidad dado que, por ejemplo, organizaciones
sindicales relevantes de importantes conglomerados laborales del Magisterio
Nacional, de la Caja, del ICE y de otras empresas públicas, así como de las
municipalidades, han estado rechazando tal “acuerdo”, desconociéndolo. Y,
por supuesto, jamás se les tomó parecer a las personas trabajadoras
correspondientes.
ANEP desplegará a partir de este momento y en
tal sentido, una fuerte campaña de denuncia en las bases laborales del sector
Público, para dejar en evidencia la perversa naturaleza de tal “acuerdo”; mismo
que legitima la política neoliberal de considerar a las personas trabajadoras
asalariadas del sector Público como las responsables del déficit fiscal,
aspecto éste que ya está más que demostrado que resultó ser completamente
falso.
Los dirigentes sindicales que le firmaron al
repudiado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada tal “acuerdo”, le otorgaron a
éste una legitimación que desde el lado obrero carecía y que le urgía exhibir;
considerando que la práctica totalidad de la clase trabajadora costarricense
rechaza su quehacer gubernativo, centrado éste en el empobrecimiento
generalizado de las personas asalariadas, luego de la imposición del combo
fiscal-Ley 9635.
En sentido, resulta
inconcebible e inaceptable que desde la parte sindical se avalen políticas de
precarización salarial como las que representa este «acuerdo; haciéndose
más que necesario denunciarlo y no guardar un silencio cómplice.
En tal sentido es preciso que la clase
trabajadora de este país comprenda que una organización del calibre de la ANEP
sigue estando de su lado y que preferimos que la legitimidad que se nos otorgue
es por nuestra consecuencia con los fundamentales principios de la lucha
sindical y obrera. En tal sentido, marcamos la necesaria
distancia del sindicalismo pro-oficialista y gobiernista.
La ANEP, aparte de la denuncia indicada, está
próxima a abrir un proceso en sede judicial con miras a una eventual nulidad de
tal acuerdo espurio y, por supuesto, impulsaremos la movilización necesaria que
permitan las condiciones actuales, para mostrar el gran rechazo y el enorme
repudio de las bases laborales del sector Público a ese acuerdo entreguista.
Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.
Está información ha
esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor
y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP,
la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las
condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa
una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental
labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más
bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se
adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder
adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que
sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco
mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases
Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el
ejecutivo lo paraliza.
Adoptar una posición pesimista
no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún
resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban
las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El
mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos
razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del
resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de
sacarlos de la Ley 9635”.
Si asuntos de más sencilla
subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por
revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido
resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición
salarial de los policías.
Esperemos que nuestros
gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción
preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos
servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que
demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido
incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos
hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy
claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los
cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las
Finanzas Públicas.
Esta posición de la ANEP, aplica para los
cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y
Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control
Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones
salariales.
También detallaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos el irrespeto y descalificación por parte del Gobierno de la República y actores políticos al pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU
A las 4 de la tarde de este martes 3 de diciembre de 2019, Michelle
Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos,
se reunió en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), con varios dirigentes sindicales
costarricenses, incluyendo a una delegación de representantes de las
organizaciones ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE quienes presentaron una denuncia
formal sobre las violaciones a los Derechos Humanos, libertad sindical y el
derecho a huelga en Costa Rica.
Dichas entidades sindicales entregaron en las propias manos de
Bachelet Jeria un vigoroso documento-estudio, profesionalmente elaborado a la
luz del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, destacando las
graves violaciones a los mismos contenidas en el Expediente Legislativo No.
21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus
procedimientos, que ya recibió primer debate y que, “inexplicablemente”, la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló.
“Durante la reunión se enfatizó en la necesidad de que intermediando
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le quede
bien determinado al país, a sus autoridades políticas y administrativas de
todos los ámbitos institucionales, así como a toda la sociedad civil, a toda la
prensa y al pueblo en general, de que las personas trabajadoras sindicalistas
somos defensores y defensoras de los Derechos Humanos; así como que éstos
contemplan, contienen, avalan y protegen la Libertad Sindical y el Derecho de
Huelga”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas comentó a las afueras de la CIDH, que la reunión también se
aprovechó para denunciar “como fueron maltratados en el país los señores
Relatores Expertos del Consejo de Derechos Humanos, por parte de autoridades
gubernativas (ejecutivas y judiciales), así como por insanos e ignorantes
comentarios de prensa, por lo que se entregó documento compilatorio de recortes
de prensa que, de diversas maneras, ofendieron y descalificaron la legitimidad
de las relatorías expertas del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales
Unidas”.
Las organizaciones sindicales, también confirmaron que han abierto un
litigio internacional en materia de Derechos Humanos, Libertad Sindical y
Derecho de Huelga, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y en el marco jurídico de los diversos tratados internacionales en la
materia que Costa Rica ha firmado y ratificado.
Al término de la reunión las organizaciones sindicales de ANEP,
ASDEICE, SIICE y UPINS presentaron siete petitorias que compartimos a
continuación.
-Que el honorable Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos ratifique la vinculancia de la Other Letter para el Gobierno
de Costa Rica, realizada por los Relatores Especiales sobre la Promoción y
Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre los Derechos
a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los
Defensores de Derechos Humanos, mediante comunicación OL CRI 5/2019 del 07 de
octubre del 2019.
-Que se solicite al Gobierno de Costa Rica la aplicación inmediata de
los ordenado por los Relatores Especiales y se detenga en el Congreso de la
República de Costa Rica, la aprobación del proyecto de Ley No. 21049, Ley para
Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, conocida por
nosotros como “Ley Anti-huelgas”.
-Que en virtud de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos que usted preside, honorable señora Michelle Bachelet
Jeria, realizará un seguimiento sobre nuestra denuncia, se instale una comisión
nacional de las partes que le dé seguimiento a lo planteado por los Relatores
Especiales en su Other Letter dirigida al Gobierno de Costa Rica.
-En virtud de la opinión consultiva al Gobierno de Colombia, se
aplique igual para nuestro país, la responsabilidad gubernamental de aportar
recursos para que los afectados por violación a Derechos Humanos sindicales
puedan defenderse.
-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos explicite a la población costarricense, a las autoridades políticas
nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad
periodística costarricense, mediando los medios que estime pertinente, que las
personas que dentro del marco de la ley, la nacional y la internacional,
practicamos la actividad sindical somos también personas defensoras de los
Derechos Humanos y merecemos la protección correspondiente de parte de los
mecanismos e instrumentos del Derecho Internacional al respecto.
-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos estimule y promueve, con urgencia, jornadas de capacitación con
relación a las obligaciones-país producto de su adhesión-ratificación de los
diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como con
relación al conocimiento y manejo de las instancias y de los procedimientos
paras su protección; congregando para ello a autoridades políticas ejecutivas,
legislativas y judiciales; a las organizaciones sindicales y empresariales; a
la comunidad mediática nacional, a agrupaciones de la sociedad civil, entre
otras.
-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos se analice el caso de la detención ilegal y encarcelamiento, igualmente
ilegal, de un trabajador que participó en la huelga nacional contra el proyecto
fiscal del año pasado 2018, quien sufrió presión durante 3 meses causándole
grave daño en distintos órdenes, pues estamos de cara a un cruel episodio y un
precedente nefasto de la criminalización de la protesta social en el marco de
un proceso de deterioro paulatino de las libertades democráticas y,
específicamente, las de orden sindical.
San José, martes 3 de diciembre de 2019.
-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
-Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
-Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y
la Energía (ASDEICE)
-Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de
Electricidad (SIICE)
• Desde ANEP hemos advertido, reiteradamente, que el pago de intereses la deuda pública está fuera de control
• ANEP ha planteado instalación de escáneres y fortalecimiento de la Policía Fiscal: son urgencias sin discusión
“La evasión de impuestos en Costa Rica es sustancial y ahí hay varios puntos del PIB…”, es el comentario más relevante que resaltamos de la presentación oficial que ha hecho el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al asumir el cargo.
En ANEP llevamos muchísimo tiempo estudiando, analizando y denunciando que el robo de impuestos en Costa Rica, en todas sus manifestaciones y con ropaje legal o sin él, oscila entre los 6 y los 8.5 % puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB); lo cual ha sido cohonestado, tácitamente tolerado y hasta ha contado con complicidad abierta y favorecimiento político de alto nivel por parte las últimas administraciones gubernativas, incluso por la gestión de la persona antecesora a la cabeza de la cartera ministerial de Hacienda.
Reiteradamente hemos sostenido que la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado, así como la que tiene empleo formal o está fuera del mismo, no evade impuestos y honra los que le corresponden; sin embargo, viene siendo la más sacrificada por el desastre fiscal de los últimos tiempos y que es responsabilidad directa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.
En el último año, tras de cuernos, palos: la imposición del plan fiscal, Ley de la República 9635, oficialmente denominada Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vino a agravar la situación económico-financiera de las clases trabajadoras, así como la de las micro-pequeñas y medianas empresas, también sometidas a un ajuste fiscal duro e injusto y ya, de por sí, condenadas por años a sufrir las injusticias de un sistema tributario totalmente regresivo.
Dice Rodrigo Chaves Robles que hay que instalar el sistema de escáneres y resaltamos la urgencia de ello, lo cual fue planteado como una propuesta sindical de la ANEP con ocasión del conflicto social-fiscal del año pasado 2018.
Nuevo ministro de Hacienda le da la razón a la ANEP
¡En hora buena! Pero se necesita gran voluntad política y firmeza para enfrentar un desafío a las mafias evasoras de impuestos de tal calibre, como lo supone instalar-imponer los escáneres.
Por otra parte, la Policía Fiscal ocupa de un real fortalecimiento estratégico de carácter integral, en tecnología, en equipamiento sofisticado de última generación y, especialmente, en más recurso humano.
La carencia de personal en este cuerpo policial no puede interpretarse como algo distinto a la ausencia de voluntad política para entrarle duro a la evasión fiscal; o bien, casi como una actitud complaciente y cómplice con ésta de parte de los últimos gobiernos.
El nuevo jerarca de Hacienda debe entrarle, también con fuerza, al sistema de exenciones-exoneraciones, el cual arroja hasta 6 puntos del PIB, con unas 440 leyes que fortalecen la desigualdad y la exclusión socioeconómica.
Otro tema candente pendiente de abordaje político decidido tiene que ver con los dineros sucios productos de la actividad ilícita del narcotráfico y del crimen organizado que, a juicio de entendidos, ya representa varios puntos del PIB.
La gravedad de esta circunstancia tiene impactos en todos los órdenes y bien podría ser el momento de activar la discusión del establecimiento en Costa Rica del impuesto Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones bancario-financieras de cierto alto monto hacia arriba.
Finalmente vamos a reiterar con mucha fuerza ante el nuevo ministro de Hacienda la imperiosa necesidad de que en Costa Rica se efectúe una auditoría ciudadana de la deuda pública. Chaves Robles plantea que el país debe buscar “endeudamiento barato” para aliviar la carga pesadísima de intereses que golpea los servicios públicos y a las mayorías ciudadanas; cerrando así el paso a la construcción de nueva infraestructura, precarizando más los servicios sociales que deben estar dedicados a reducir el crecimiento de la desigualdad.
ANEP considera que es una verdadera locura el manejo que se le ha venido dando a la deuda pública y, especialmente, la irracionalidad y la obscenidad que representará pagar hasta 5 puntos del PIB el pago de intereses como ya se está perfilando.
En este tema hay oculto un jugoso negocio con el cual se han venido beneficiando grupos financiero-económicos que, a la vez, son también evasores de impuestos.
San José, miércoles 27 de noviembre de 2019.
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto
Representantes de los
distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y
laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos
Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el
análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo,
el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que
se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen
los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población
costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales
alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la
especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las
instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los
derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa
a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una
cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con
la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y
dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución
significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias
especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita
en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre
otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las
policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del
año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia
y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un
llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que,
nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de
operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de
transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias
violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los
funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin
dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer
el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que
se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar
en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan
la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a
la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal
policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones
necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración
familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones
laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se
vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo
desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica
en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida
lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque
Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado
por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza
Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI
y UNATEPROT
Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República, este martes 20 de agosto, dio inició la mesa de negociación entre los representantes sindicales de los cuerpos policiales y el Poder Ejecutivo
La reunión que tiene como sede el Salón Asturias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cuenta con la participación de representantes de las seccionales de la ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Municipal, Policía Fiscal, Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, así como representación de otras organizaciones sindicales de Policía de Tránsito y Guardapaques. Por parte del gobierno estan presentes Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia; Fiorella Salazar, Viceministra de Seguridad; Daniel Soto, Viceministro de Planificación; Ricardo Marín, Viceministro de Trabajo y Diana Posada, Viceministra de Justicia y Paz
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indico que estas reuniones permitirá poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales impactan directamente en su labor y la seguridad ciudadana.
“Es importante que den inicio las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas; la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la Ley 9635, delegaciones en mal estado, falta de equipo, recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento, que se entregó desde el pasado 24 de junio, con motivo de la manifestación de cuerpos policiales”, dijo Anchía.
Un ejemplo de lo anterior, son las 114 delegaciones de Fuerza Pública que cuentan con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto luego de una denuncia presentada por la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Por su parte Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, resaltó la importancia de la reunión, ya que permitirá llevar directamente a los jerarcas de las instituciones y al Gobierno, las inquietudes y afectaciones que han sufrido los cuerpos policiales durante años.
“En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería tenemos la falta de recursos económicos, personal, infraestructura y capacitación. Incluso, en este último punto la Escuela Nacional de Policía cobra casi 5 millones de colones por capacitar a un solo oficial de Migración y Extranjería, esto pese a ser un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, manifestó Ordóñez.
Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria la unión de los gremios de los cuerpos policiales demostró la similitud de carencias en todas las policías del país, siendo la seguridad ciudadana la principal afectada.
“Como cuerpos de policía compartimos problemáticas puntuales que deben de llamar la atención del Poder Ejecutivo, ya que también está en juego la seguridad del país”, manifestó Benjamín Sevilla García, representante de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
La agenda que han planteado los Cuerpos Policiales es la
siguiente:
1- Reformar
la Ley 9635, de manera tal que se excluya a los Cuerpos Policiales de la
aplicación de la misma.
2- Excluir a los Cuerpos Policiales de la Ley Marco de Empleo Público, por su carácter excepcional.
3- Iniciar
un proceso, para la equiparación salarial de los Cuerpos Policiales del Poder
Ejecutivo, con los del Poder Judicial.
4- Retomar y
replantear un proyecto de Ley de Pensión para todos los Cuerpos Policiales.
5- Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales, que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura.
6- Presupuestar
la compra de equipo policial y tecnológico, para dotar al personal policial y
Administrativo, de las herramientas necesarias.
7- Presentar
reformas legales, a efectos de que las faltas a la autoridad, dejen de ser una
contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar.
8- Respaldar
el proyecto de Ley, Póliza 24/7 para la población policial, presentando por el
Diputado HARLLAN HOEPELMAN PAÉZ.
9- La
Contratación de personal, en donde se ha demostrado que es necesario.
10- Que se deje
sin efecto, la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de
Policía, después ver disminuida su capacidad física, producto de sus funciones.
11- Que la
Escuela Nacional de Policía, brinde refrescamiento todos los años en manejo de
armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación
policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales.
12- Que el
Ministerio de Seguridad Pública, facilite transporte a los funcionarios en
proceso de adiestramiento, o de capacitación en el centro de formación policial
“Murciélago” y en la Escuela Nacional de Policía en Pococí. Entendiendo que
dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir
en la Fuerza Pública.
13- Equipo de
protección personal, adquisición de armas “no letales” (Taser). En lo que
refiere a la salud del funcionario; uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros,
guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial
especial para las zonas de alto factor térmico (zonas costeras).
14- Que, siendo
nuestro país firmante de los Convenios Internacionales en materia de libertad
sindical, se conceda un día pleno por cada Curso Básico Policial, tanto en la
sede de Guápiles, como en el centro de formación Murciélago, así como en las
Escuelas de los demás Cuerpos Policiales, efectos de brindar información en
torno al ejercicio democrático de la organización sindical.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
