Categoría: Gobierno Central

Un constante acosos laboral y amenazas de todo tipo, incluso de despidos son las que tiene que soportar diariamente los trabajadores y agremiados de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante, propiedad ubicada en Guápiles dentro del Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología (INTA), ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según indicó Alex Vargas, Presidente de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante esta situación se viene presentando desde hace tres años, cuando asumió la dirección de la finca, Xinia Solano Fernández, situación que se agravó aún más, cuando los trabajadores decidieron agremiarse a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y establecer su seccional con el objetivo de proteger su integridad y derechos laborales.

“Actualmente tenemos una amenaza de despido de 10 compañeros del sindicato por tratar de defender nuestros derechos. Desde que ella (Xinia Solano) llegó constantemente se nos ha agredido verbalmente, nos humilla, nos ha dicho en varias ocasiones que tiene principios nacistas. Incluso hasta nos trata de retrasados, estúpidos, que no servimos para nada”, aseveró Vargas.

Vargas indicó, que de darse los despidos, el próximo lunes estarían realizando una manifestación, ya sea en el MAG o en la Ruta 32. Similar a la que realizaron meses atrás, cuando se dio el despido de dos de sus compañeros integrantes de la seccional.

“Tomamos la decisión de que si este sábado se despiden los compañeros, el lunes estaremos entrando a una huelga indefinida, Si tenemos que realizar huelga de hambre, vigilia, cerrar el MAG y la Ruta 32; lo vamos a hacer. Son nuestros empleos, la alimentación y estudios de nuestros hijos; es nuestra vida social que se está tocando. Vamos a luchar por eso, ya que también se dice que se quiere cerrar el laboratorio de tejidos”, manifestó el Presidente de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante.

De esa manifestación, realizada meses atrás, los trabajadores lograron firmar un acuerdo con los altos jerarcas del MAG para: integrar nuevamente a los compañeros despedidos, así como, el no despido de los trabajadores, la protección sindical y la libre predicación del sindicato dentro de la finca. “Acuerdo que ha sido irrespetado por Xinia Solano”.

Vargas agregó, que incluso manda a trabajadores a laborar solos a ciertas áreas de la finca, la cual tiene una gran extensión, lo que sería prohibido debido a que en la zona hay una fuerte presencia de culebras y de ser mordido por una de ellas, nadie podría darle asistencia al trabajador, por encontrarse solo, lo que incluso podría provocarle la muerte en el lugar.

“Varias ocasiones prácticamente ha atentado contra mi vida, me hace roles extensos, pese a que he cumplido mi hora laboral de 6:00 a.m. a 2:00, p.m. obligándome a regresar por la tarde. Incluso me ha mando a trabajar a pie en recorridos de 8 kilómetros. En uno de los recorridos me descompuse y debí ser atendido por la Cruz Roja, peso a esto ella (Alvarado) no quiso darme el documento para atención medica en el Instituto Nacional de Seguros”, detalló Vargas.

Ante estas situaciones, la única petición que realizan los trabajadores de la Finca Experimental Diamante, es respeto mutuo como persona, que se respeten sus derechos humanos y laborales y cesen los despidos de agremiados de la seccional.

ANEP informa y pone en conocimiento de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas de la Policía Profesional de Migración y Extranjería que desde el año 2009, la Autoridad Presupuestaria dio las recomendaciones para que el Manual de Puestos de nuestro cuerpo policial estuviese listo, y que las nuevas bases salariales fuesen aprobadas. Sin embargo, a la fecha ello no ha sucedido a pesar del compromiso que asumiera el señor Viceministro don Freddy Montero, durante reunión sostenida con la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP, sostenida el pasado 7 de agosto de 2013, indicándosenos que, aproximadamente, se tendría listo el 15 de setiembre anterior. Como vemos, se siguen dando falsas expectativas a todos los funcionarios y funcionarias de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Por esta razón estamos llamando a un movimiento de protesta para el Lunes 25 de noviembre pero de un verdadero movimiento en el amplio sentido del término.

Esperamos que todos nuestros compañeros y que todas nuestras compañeras que laboramos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería estemos de lleno en acción. Nos urge tener dicho manual ya aplicado en nuestras bases salariales pues esto nos garantizará una mejor calidad en nuestras vidas. Y, por supuesto, no “cualquier” manual, sino un manual realmente justo, sólidamente digno y realmente compensatorio.

Ello lo vamos a logar pero en la calle, como lo hace la Fuerza Pública, como lo hace la Policía Penitenciaria y otros cuerpos policiales. Somos la policía más mal pagada de nuestro país. Por esta razón hay que prepararse para nuestro movimiento de nuestra Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Cinco directores regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería recibirán una indemnización de al menos ¢500 millones por haber sido nombrados en mayo del 2006, y desplazado a quienes tenían plazas en propiedad. Sin embargo, la cantidad seguirá subiendo cada mes, y muchos más alistan las demandas para que también les paguen, lo que sería un efecto dominó en esa institución.

La indemnización fue ordenada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por lo que ya no es posible, apelarla, sino que está en firme y es de acatamiento obligatorio para la ministra Gloria Abraham Peralta.

La denuncia se tramitó bajo el expediente 10-000381-0166-LA, según comentó Alexis Calderón de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en el MAG.

NOMBRAMIENTOS POLÍTICOS

Calderón explicó que cuando arrancó la administración Óscar Arias Sánchez, todos los directores regionales que tenían su plaza en propiedad fueron despojados de sus funciones y relegados a trabajos sin mayor importancia y responsabilidad, pero siguieron recibiendo el mismo salario.

Sus puestos fueron negociados políticamente y asumidos por otras personas afines al Partido Liberación Nacional que tenían otras plazas con salarios más bajos. Sin embargo, aceptaron los puestos por cuanto eso les dada otras ventajas, a sabiendas que estaban desplazando a personas que tenían su nombramiento consolidado por el Servicio Civil.

“Producto de una especie de componenda con los jerarcas, algunos servidores se aprovechan por años, de nombramientos irregulares que aunque no les favorecen en términos salariales, sí le genera una serie de privilegios que representan mayores ventajas, como la cercanía a las jefaturas, el uso de vehículo y chofer, secretaria y personal subordinado.

Sin embargo, como pasaron los años y nunca los nombraron en propiedad acudieron a la Justicia para que se les pagara las diferencias salariales que no se les pagó. A su criterio se les pagó su salario con plazas inferiores a las funciones de jefatura que están desempeñando.

Ante esto los magistrados de Sala Segunda confirmaron la sentencia del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea y ordena que se les paguen todas las diferencias salariales dejadas de percibir en el cargo que han venido desempeñando, sin importar la plaza que están ocupando. Esas diferencias no solo son en salario base, sino en aguinaldos, salario escolar y todos los pluses de todos estos 8 años.

DOS SALARIOS POR EL MISMO TRABAJO

De esta manera cada uno recibiría más de ¢100 millones.

“Por esa razón ahora en el MAG se está pagado dos salarios por la misma función. A quienes ocupan la plaza y a quienes tienen las jefaturas. Se están desperdiciando los recursos del Estado de esta manera”, manifestó Calderón.

Ante esta situación, la Procuraduría General de la República el abogado del Estado le envió una carta a la ministra de Agricultura, Gloria Abraham, el 2 de julio donde le indica que debe de darle una solución definitiva a este problema.

“Ahora bien la razón principal del presente oficio, radica en que la sentencia de casación en forma categórica estableció que esta situación irregular no puede continuar; en otras palabras, que las cosas deben de volver a su estado original, so pena de responsabilidad de la jerarquía del Ministerio Patrono”, se indica en carta enviada a la jerarca del MAG por el procurador Ricardo Vargas.

El procurador director del Área de Función Pública concluye: “Resta agregar que conforme vaya pasando el tiempo, el acumulado de las diferencias salariales a cubrir irá creciendo, lo cual se convierte en otra razón para la toma inmediata de la respectiva decisión de la jerarquía ministerial”.

DIARIO EXTRA intentó conocer la versión de la ministra Abrahams, sin embargo no atendió su celular ni respondió los mensajes que se le dejaron.

Honorable señor Olman Segura Bonilla, Ministro,
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral,
Honorable señor Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Asuntos Laborales
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Honorable señor Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General,
Dirección General de Servicio Civil
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Estimados y respetados señores: Oficialmente y por esta vía, así habilitada la misma por disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), como opción legítima para interpelar a la Administración; acudimos ante vuestros despachos en protección de los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de nuestro asociado, el señor ROY CASTILLO LÓPEZ, funcionario en calidad de interino del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien ostenga el cargo de Delegado Sindical Oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) para el MTSS, así debidamente acreditado ante el Departamento de Organizaciones Sociales del propio MTSS; a quien se la adelantó que no será nombrado en propiedad, precisamente por su actividad sindical en nombre de la ANEP, tal y como se lo indicó a las 8 horas y 25 minutos de la mañana del pasado viernes 9 de agosto, cuando ante su propio escritorio se apersonó la señora Eugenia Segura, Subdirectora de Asuntos Laborales del MTSS, para indicarle a nuestro dirigente sindical lo siguiente: “Roy, necesito decirle que el viernes pasado (viernes 9 de agosto de 2013, aclaración nuestra)… llegó la terna suya, y usted no venía en ella, y las tres personas que se presentaron aceptaron el puesto, por lo que se se escogió a uno de ellos… ve Roy lo que pasa por ser sindicalista, no lo enviaron en la terna…”. (la negrita es nuestra).

El Delegado Sindical Oficial de la ANEP para el MTSS, don Roy Castillo López, nos relató que la mencionada señora Segura se presentó ese viernes 9 a la oficina por él ocupabada en momentos en los cuales él atendía a la ciudadana Mayra Chavarría Benavidez, pidiéndole ella un campo antes de ésta salir y que se quedara afuera de la oficina para poder conversar con don Roy, a quien le espetó el comentario que hemos subrayado en el párrafo anterior. Don Roy percibió que tal comentario, la señora Segura lo pronunció en “forma sarcástica, mordiente y humillante, con un rostro que reflejaba la satisfacción de lo que iba a decir…”. Son las palabras que don Roy emplea en su denuncia ante esta Secretaría General de la ANEP.

Para esta Secretaría General de la ANEP la denuncia de don Roy Castillo López nos merece toda credibilidad, constantando la naturaleza de su desempeño ético como servidor público y su afán de compromiso reiterado y probado con la causa sindical defendida por la ANEP al amparo del amplio espacio del Derecho y de los Derechos Humanos para ejercer actividad sindical en este país.

Para la ANEP causa estupor que en el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de forma tan flagrante, se manifiesten conductas antisindicales y que se utilice vilmente el Derecho Constitucional al Trabajo para “cobrarle” a uno de sus servidores su militancia sindical institucional y, su militancia sindical bajo la bandera de la ANEP. Esto inadmisible desde cualquier punto de vista y la ANEP lo rechaza contundentemente, con toda la fuerza moral, ética y política que nos asiste al respecto.

Dada la gravedad de esta situación, jamás vivida por la ANEP en sus relaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), solicitamos, con suma urgencia: PRIMERO: Una audiencia con el señor Ministro y con el señor Viceministro del Área Laboral, del MTSS en el menor plazo posible. SEGUNDO: Que la Dirección General de Servicio Civil anule la terna que dejará sin empleo a nuestro Delegado Sindical don Roy Castillo López. TERCERO: Que se abra un expediente administrativo a la señora Eugenia Segura, por la comisión de Prácticas Laborales Desleales en contra de la ANEP en el MTSS. CUARTO: Que se investigue para determinar cuáles otros funcionarios, junto a la señora Segura, pudieron discutir este asunto a propósito de la terna que envió la Dirección General de Servicio Civil y si hubo algún tipo de incidencia para dejar por fuera de la misma a nuestro Delegado Sindical don Roy Castillo López.

Esta es nuestra primera comunicación oficial al efecto, sin perjuicio de abrir otras instancias y procesos, institucionales y extrainstitucionales, porque semejante barbaridad antisindical es inconcebible que suceda al interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Con todo respeto y vehemencia, servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Una importante sentencia judicial, la número 2013-000391, fechada 12 de abril de 2013, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, le ordenó al Estado, vía Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pagar importantes sumas salariales a altos jerarcas actuales, con rango de Director Regional, desde que tales funcionarios fueron impuestos en esos puestos en la Administración Arias Sánchez, pese a que ya había servidores públicos ocupando los mismos, bajo el Régimen de Servicio Civil y con la estabilidad en los cargos que él mismo presupone.

La administración del Expresidente Oscar Arias Sánchez, nombró a sus incondicionales en esos importantes puestos, que son la cabeza de las nueve direcciones regionales del MAG; y relegó a los legítimos jerarcas de carrera, generándose así un “paralelismo” en cada una de estas divisiones institucionales: la jefatura legal vs. la jefatura política… más bien, politiquera, la de los “partidarios incondicionales”.

Cuatro de los jerarcas regionales del MAG, impuestos por la Administración Arias Sánchez, recibirán sumas millonarias aún por cuantificar en cada caso, pues alegaron haber desempeñado tales cargos sin el salario correspondiente; dado que el salario correspondiente lo siguieron recibiendo los jerarcas desplazados, los que estaban en plena legalidad en esos puestos.

Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de que la indicada sentencia ordena el pago de esas “deudas” salariales, le ordena a la Administración la restauración en sus puestos originales-legales a los directores regionales desplazados por la politiquería.

Efectivamente, en el fallo judicial se habla, nada más y nada menos, en estos términos, de “botín político”; indicando que “…lo pretendido realmente era realizar nombramientos con fraude de ley”; y, además, “se estaría cohonestando unos nombramientos irregulares, producto de la decisión política aceptada con satisfacción por los accionantes”.

La sentencia judicial es tan ejemplarizante y de tanta contundencia como para afirmar que “…en esta situación se ha presentado un enriquecimiento injusto…, ya que la Administración se vio obligada a seguir cancelando los salarios a las personas que legítimamente ocupaban los puestos de mayor jerarquía y que se vieron desplazados con el cambio de gobierno”.

Lo peor de todo es que la presente administración gubernativa, de la Presidenta Chinchilla, por ser de la misma línea neoliberal que tenía su antecesor, el hoy Expresidente Arias, dejó que la situación continuara, cohonestó políticamente semejante barbaridad y con ello aumentó el daño económico para el Estado, que es decir, para el pueblo costarricense.

La ANEP ha enviado ya a la señora Ministra del MAG, doña Gloria Abraham Peralta, petición expresa para que proceda a restablecer la legalidad y el ordenamiento jurídico violentado en el caso de las direcciones regionales del MAG, a fin de detener el deterioro económico del patrimonio público ya erosionado por la conducta de “pegabanderas” tan esencial para la politiquería tradicional.

Todavía está por saberse a cuánto asciende el daño al erario generado por la administración gubernativa anterior y profundizado en la presente.
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Licenciada
Gloria Abraham Peralta
Ministra
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANANDERÍA (MAG)

Estimada señora ministra:

La presente es para saludarla, respetuosamente; así como para transmitirle nuestra preocupación, llamando su atención sobre el alcance de la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Número 2013-000391, de fecha 12 de abril de 2013, en la que se condena al Estado al pago de una cantidad de dinero a sus funcionarios Alberto Javier Ávila Vega, Dagoberto Elizondo Valverde, Francisco Brenes Brenes y Juan Carlos Moya Lobo, ocupantes del puesto de directores regionales interinos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), producto de decisiones políticas equivocadas con grave efecto económico y administrativo para la institución. A continuación le desglosamos un resumen de dicha sentencia:

1- “…por el cambio de Gobierno, y a manera de botín político, el jerarca repartió entre los accionantes, las direcciones regionales y desplazó al personal titular de sus cargos, causando graves consecuencias económicas que esa situación acarrea al Estado y a los fondos públicos, todo por una decisión política”.

Como usted podrá observar, la Administración Arias Sánchez, 2006-2010, desplazó por razones políticas a funcionarios que ocupaban el puesto de Director Regional reconocido por la Dirección General de Servicio Civil; decisión que se mantuvo bajo su mandato, en la presente Administración Chinchilla 2010-2014, ocasionando un mayor perjuicio económico y daño del erario público.

Esta acción de desplazar a los titulares en propiedad conllevó, como resultado de esta sentencia de la Sala Segunda, que debemos de pagar los y las costarricenses a dos funcionarios de diferentes tipos (plazas), el mismo salario por ejecutar en teoría la misma función: director regional titular y director regional interino. Agregamos que adicionalmente debería su despacho evaluar el impacto de esta sentencia en los otros directores interinos (Nils Solórzano, Luis Fernando González, Nelson Kooper, Ana Gabriela Zúñiga y Eduardo Artavia), mismos que usted mantiene hasta la fecha y que podrían transformarse en potenciales demandantes al Estado, con la jurisprudencia de esta sentencia y de otras, ocasionando otra pérdida millonaria para el Estado si quisieran ejercer su derecho (igual trabajo igual paga).

Señora Ministra: Con el mayor de los respetos usted debe determinar las consecuencias de permitir que esta situación continúe, ya que con esto su distinguida persona tiene ya conocimiento de causa y podría ser acusada por la Ley de Enriquecimiento Ilícito de permitir este hecho y obligada a cancelar de su propio peculio dichas anomalías.

Como usted podría concordar con ANEP, al leer dicha sentencia, lo realizado por los demandantes tenía un trasfondo de desplazar de manera permanente a los propietarios de los cargos, al solicitar en dicho juicio la reasignación y la concesión de la propiedad como director regional permanente, y establecer con ello un mal precedente que el tribunal rechazó por ser claramente violatorio de la normativa, en este caso la Ley del Servicio Civil y los derechos de los trabajadores propietarios.

Permitir tales propósitos es legitimar una acción de “botín político”, tal como lo expresa la Honorable Sala Segunda al indicar: “ya que lo pretendido realmente era realizar nombramientos con fraude de ley”; y agrega: “se estaría cohonestando unos nombramientos irregulares, producto de la decisión política, aceptada con satisfacción por los accionantes”.

Lo indicado es muy serio y grave, que pone entredicho la gestión administrativa pública, ya que la acción de la demanda buscaba cohonestar un acto antijurídico por lo que dicha sentencia se encarga de dimensionar dicho hecho en su real dimensión al indicar: “en esta situación se ha presentado un enriquecimiento injusto…, ya que la Administración se vio obligada a seguir cancelando los salarios a las personas que legítimamente ocupaban los puestos de mayor jerarquía y que se vieron desplazados con el cambio de gobierno”.

El daño económico al Estado es grave; suma las diferencias salariales, salario escolar, aguinaldo, ajustes de ley, pluses como indemnización, pago de horas extras, para cuatro profesionales desde mayo del 2006 (el mes que entró la administración Arias Sánchez) a hoy; además sumar 20% de costos sobre el total. Preguntamos: ¿Es justo que el pueblo pague esto? ¿Quién es el responsable de este gasto extraordinario y evitable?

2- Menciona la sentencia de la Sala Segunda que “la representación del Estado ya se inició las gestiones necesarias para que se restablezca la situación de legalidad en el Ministerio de Agricultura”, y agrega nuevamente esta sala judicial: “este órgano ha advertido sobre la responsabilidad que recae sobre el personal jerárquico que ha promovido o tolerado este tipo de anomalías”.

Le consultamos si usted, como jerarca máxima del Ministerio de Agricultura y Ganadería ya ejecutó lo antes mencionado. Si fue así, apreciaríamos tener el documento donde dio inicio del proceso de restablecimiento de la situación laboral de los profesionales que ocupaban la condición de directores regionales propietarios reconocidos por el Servicio Civil.

Concordamos con los señores magistrados que dicha sentencia no es un mero acto de justicia a los demandantes, sino además un acto de llamado de atención a los responsables de instituciones públicas, a evitar los vaivenes o botines políticos para sus correligionarios; es un llamado a una administración sana y justa para el pueblo.

Se extiende de la misma que debe de cumplirse con lo dispuesto en la normativa del Servicio Civil respetando los derechos laborales de los funcionarios con propiedad al cargo de director. También en la defensa de una administración responsable y saludable en lo financiero para la hacienda pública.

Nuestra organización estará pendiente que la justicia sea cumplida y el derecho al trabajo sea respetado, en beneficio de una saludable, eficiente e importante función del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el logro de los nobles y estratégicos objetivos asignados a esta institución según la ley que define su rol en la sociedad costarricense.

3- Relacionado con el trabajo ejecutado por esos directores interinos, nos causa mucha sorpresa que se mantengan en sus cargos, más conociendo los informes de la Contraloría General de la República, a saber: INFORME DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS (PNA), INFORME No. DFOE-EC-IF-11-2011, 12 de diciembre, 2011; Informe Evaluativo del Sector Agropecuario, Informe NºDFOE-PGAA-IF-22-2010, 31 de agosto 2010.; INFORME SOBRE RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MIINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), INFORME No. DFOE-EC-IIF—07-2012, 29 de junio 2012, mismos que señalan grandes pérdidas económicas, falta de comprobantes de los desembolsos de las ayudas dadas; debilidades en el sistema de Planificación y en la ejecución del Plan de Alimentos; debilidades en la Integración Sectorial.

Este escenario coincide con el mismo período en que fueron reemplazados los directores titulares y de carrera por otros. Esta transición fundamentada en criterios político-partidistas podría ser una de las principales razones de la carencia de visión del desarrollo agropecuario, de implantar un sistema gerencial verticalista, de escaso acceso, nulo trabajo en equipo y pobre integración tanto multidisciplinaria como interdisciplinaria; escasa o nula integración de los niveles nacionales con los regionales y locales.

Finalmente, solicitamos a su despacho un informe financiero-contable en el que se detalle, mes a mes y desde que se cometió la ilegalidad mencionada, las cifras pagadas dobles por los mismos cargos, de forma tal que podamos establecer a cuánto asciende la pérdida en el erario y, eventualmente, poder determinar a quién hay que demandarle los correspondientes resarcimientos.

Al dirigirnos a su digna autoridad por este medio, hemos invocado de principio a fin el contenido del artículo 27 Constitucional, así como el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Licenciado
René Castro Salazar
Ministro
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte.

Nuestra organización se ha enterado por diferentes medios de comunicación de la iniciativa promovida por el despacho ministerial a su digno cargo, en cuanto a trasladar una serie de unidades productivas a un edificio común, buscando una reducción de gastos operativos y una mejor gestión institucional.

Preocupa a nuestra organización que el edificio propuesto para hacer el traslado de unidades muy importantes de ese Ministerio sean las instalaciones que actualmente ocupa el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), el cual se encuentra ubicado en la provincia de Heredia.

Y es que unidades tan importantes como lo son las relacionadas con el Viceministerio de Agua y Mares, como lo es la Dirección de Agua (la cual atiende una importante cantidad de usuarios por día y que siempre ha estado brindando sus servicios en San José), pareciera no ser la mejor opción que sean trasladadas a una provincia; máxime si tomamos en cuenta lo que establece el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Reglamento de Organización de la Dirección de Agua que dispone que la oficina central de esta dirección deberá estar en San José como capital del país. A las dos unidades institucionales indicadas, se adicionarían según se nos ha indicado, el propio Instituto Meteorológico Nacional (IMN), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Pensamos que lo mejor es obtener de su parte una versión oficial antes de emitir criterios definitivos. Al respecto, sí parece prudente que se considere lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los estudios que fundamentan un traslado de dependencias del MINAE a la sede del INBIO?

2. ¿Por qué el INBIO?

3. ¿Cuánto dinero “economizaría” el MINAE?

4. ¿Cuánto hay que pagarle al INBIO por concepto de alquiler u otros?

5. ¿Qué contiene, integralmente hablando, un eventual contrato con el INBIO?

6. ¿Cuáles son las dependencias del MINAE que, definitivamente, se han de instalar en la sede del INBIO?

7. ¿Cómo se ha previsto el traslado del personal trabajador asalariado de cada entidad sujeta a cambiar de sede?

8. ¿Se les dará transporte colectivo institucional?; ¿se les dará el dinero, contante y sonante, por un desembolso adicional para el pasaje de autobús cotidiano al aumentar las distancias del desplazamiento?

9. ¿Se ha previsto algún riesgo de tipo jurídico en cuanto a que algunas de las entidades a trasladarse, por ser de naturaleza “nacional”, tengan su sede en otra ciudad que no es la capital de la República?

10. ¿Cómo se hará con la población usuaria de las diferentes dependencias para que se enteren de tales traslados?

11. ¿Cuáles serán las facilidades de desplazamientos de la población usuaria de los servicios de las dependencias a trasladarse?

12. ¿Se ha considerado las dificultades de tránsito, de tiempo, de costos de transporte para estas poblaciones usuarias?

13. Cualesquiera otra información adicional que permita tener una mayor comprensión de lo que estamos planteando.

Como verá usted, señor Ministro Castro, son bastantes las interrogantes que han surgido al respecto y que es sumamente importante que sean respondidas en el menor plazo posible. En todo caso, oficialmente y por esta vía, nos urge ser atendidos por su digna autoridad al respecto.

Quedando en espera de su importante respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General