Categoría: Institucional

La iniciativa de venta de la cartera del INS es la más sobresaliente estupidez de la que tengamos memoria en temas relacionados con nuestra nstitución. Los contratos de seguros no se pueden vender por dos razones obvias:

1. Son contratos personalísimos que al cambiar de empresa aseguradora automáticamente se resuelven o terminan.

2. Son contratos la gran mayoría a un año plazo, por lo que, al vencimiento del término, el asegurado queda liberado de irse a otra compañía. ¿Quién compraría una cartera así?

Además, los contratos de seguros son mitigaciones de riesgo que implican también pérdida. Caso distinto son las hipotecas bancarias, que son garantías y que obligan a un pago por años. La propuesta en realidad es una venta disfrazada del INS a un pésimo precio y con el engaño de no pasar por la reforma constitucional que da vida al INS.

No contentos con haber abierto el mercado, La Superintendencia de Seguros y los libertarios pretenden acabar con el INS por su permanencia como líder del mercado. Hemos demostrado que somos capaces de cambiar y competir a todo nivel. Tenemos solidez y cada día los trabajadores hacemos un gran esfuerzo por mejorar los servicios y productos. Como no pueden ganarnos en el ring de la llamada libre competencia, utilizan estas estupideces para pretender crear preocupación entre los funcionarios y los clientes. Los libertarios buscarán siempre para sus patrocinadores un Estado más débil, mayor desigualdad y más dinero para sus grandes capitalistas.

Los hechos se remontan al 14 de setiembre cuando el promotor de la ANEP, Javier Valerín solicita ante el INCODER información sobre los actos de sustitución temporal de la Directora Nacional, a través de la siguiente consulta: 1. ¿Existe conflicto de intereses al recargar en la Ministra un puesto subordinado y bajo su supervisión?. Sin embargo, al 20 de octubre, día en que se presentó el recurso de amparo, no había respuesta del ICODER ante la consulta.

Por lo tanto el fallo de la Sala constitucional indica:
_Se declara con lugar el recurso. Se ordena Alba Guiselle Quesada
Rodríguez, en su condición de Directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, o a quien en su lugar ejerza el cargo, girar las órdenes necesarias a fin de que se brinde una respuesta completa a la gestión presentada por el señorJavier Valerín Villegas, de la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados el 14 de setiembre de 2017. La respuesta deberá brindarse en un plazo no mayor de CINCO días, contado a partir de la notificación de esta respuesta. Se le advierte a la autoridad recurrida que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreaciónal pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Alba Guiselle Quesada Rodríguez, en su condición de Directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma personal._

Sala IV ordena al ICODER responder a la ANEP consulta por posible conflicto de interés by EugenioGuerrero on Scribd

Según la información que llegó a la Seccional, en el cronograma de actividades el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza Rocafort, visitaría la casa del directivo.

“El señor Vargas es directivo de INCOP desde el 2014, la Seccional, primero presentó la denuncia ante el Consejo de Gobierno, luego éste la transfirió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). No obstante, el sindicato le ha dado seguimiento a esta denuncia y el 6 de noviembre, recibimos una nota de la sub-inspectora electoral del TSE indicando de que continúan con la investigación preliminar. Sabemos que las investigaciones tardan un tiempo prudencial. Sin embargo, ya han transcurrido ocho meses y no se ve que avance en nada”, comentó Olger Pérez, presidente de la Seccional ANEP-Incop.

De acuerdo con el TSE, los altos cargos públicos tienen limitado su derecho a la participación política, es decir solo pueden emitir el sufragio en las elecciones nacionales.

Según el artículo 131 de la Ley Electoral de 1927: Primero, y como principio de garantía del sufragio libre, establecieron, en el artículo 95 de la Carta Magna, la “imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”; y luego, en el inciso 5) del artículo 102, encargaron al TSE la investigación y pronunciamiento sobre las denuncias por “parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”.