La preocupante pasividad del Banco Central de Costa Rica ante la crisis

Documento elaborado por el grupo Economía Pluralista, que reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Por: Grupo Economía Pluralista

Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.

Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.

En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.

Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.

Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.

El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid- 19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.

No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.

Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.

Cubero le da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.

La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con

máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.

Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.

Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.

i El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial

La Seccional ANEP-INCOPESCA emitió su pronunciamiento en el cual comparte criterio con el Presidente Ejecutivo de la institución, Daniel Carrasca, al indicar el impacto económico-salarial de los trabajadores al dejar de percibir la anualidad correspondiente al presente año.

La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país

Una propuesta desde “la otra acera”

Documento compilado por César López Dávila para ANEP, ASDEICE,CONACOOP, FIT, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial.

El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.

Desde ya forma parte del cúmulo de propuestas de pensamiento, realizadas a través de planteamientos tales como “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”(2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012), “Agenda Patriótica para el bien común” (2015) y “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica –Propuesta Sindical Común” (2018).

Con preocupación, ante la magnitud que en el territorio nacional podrían alcanzar las repercusiones laborales, económicas y sociales, provocadas por la pandemia del COVID-19; en los últimos días, nuevamente una pluralidad de organizaciones y personas nos hemos sentido convocadas por dicha vocación propositiva y la responsabilidad ante el futuro.

La generalidad de lo aquí expuesto, propone una suerte de compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.

El presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo.

Debido a los actuales acontecimientos, y de cara a la estructura dirigente de la nación (conformada por quienes formalmente ocupan los puestos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Legislativo); es esta una iniciativa realizada desde quienes en apego al artículo 9 de nuestra Constitución Política1, entendemos que reside en la ciudadanía, la legitimidad de mandato de las grandes decisiones que le atañen, sobre situaciones nacionales de fuerza mayor que inciden directa o indirectamente en su diario vivir.

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Sala IV ordena a autoridades del BCR dar a conocer estudio en el que se basó para implementar cambios contemplados en la Ley 9635

La orden de la Sala se debe a un recurso de amparo interpuesto por la seccional ANEP-BCR

La Seccional ANEP-BCR, a través de un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional, logró que las máximas autoridades del Banco de Costa Rica entregarán e hicieran de conocimiento público el estudio con el cual, el banco se habría asesorado para implementar los cambios contemplados en la Ley de Fortalecimiento y Finanzas Públicas respecto a los pluses salariales.

Anteriormente, la Seccional ANEP-BCR había solicitado la documentación mencionada al Banco de Costa Rica, sin embargo, este último se negó a entregarla, aduciendo que se trataba de un documento confidencial y de un criterio no vinculante para el banco. Además, en su respuesta cuestionaron la legitimidad de ANEP como interesado en el documento, según estos por tener una representatividad mínima entre los trabajadores del banco, habiendo sólo 51 afiliados entre los más de 4000 empleados.

Esta situación, llevó a la ANEP a interponer un recurso de amparo contra el Banco de Costa Rica, aduciendo que esta postura del ente financiero atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores.   

Luego de analizar los argumentos de la ANEP y el BCR, La Sala resuelve indicando que los argumentos del banco no son válidos, pues indiferentemente de si se trata de uno o mil afiliados, como gremio sindical y como costarricenses, existe un interés real de los trabajadores en conocer el cómo y por qué se podrían afectar sus salarios, además de saber cómo se administran los recursos del banco.

Además, La Sala manifiesta, que a pesar de que el estudio no sea vinculante, eso no lo hace confidencial. Por esas razones acoge el recurso y ordena al banco que entregue el documento.

Análisis de pluses salariales a la luz de la Ley 9635 realizado por BDS para el BCR

Primeramente, cabe aclarar que se trata de un documento que sobretodo parece tener un fin didáctico, pues desarrolla una explicación de lo que son los incentivos salariales y como se pagan y como cada uno de ellos se vio afectado por la ley 9635.

Cabe señalar que no se observa una razón válida para considerarlo confidencial, pues en ningún momento elabora detalles sobre la estructura organizativa o funcional del banco, sino que se trata de un análisis general de la aplicación de los pluses salariales posterior a la publicación de la Ley de Fortalecimiento.

El documento comienza explicando la naturaleza jurídica de los distintos pluses salariales existentes en un salario compuesto, y los desarrolla individualmente en los casos más relevantes como prohibición, dedicación exclusiva y anualidades; mientras que deja en otro apartado al resto de pluses que depende de situaciones más casuísticas de cada institución. Posteriormente procede a explicar cómo cada uno de esos pluses se ve afectado por la Ley 9635.

La Prohibición es el acápite que más llama la atención, pues el documento reconoce que la Ley 9635 no modificó expresamente las disposiciones de la Ley de Compensación por Prohibición y la Ley de Control Interno, por lo que en dichas normas se sigue manejando el porcentaje de 65% para lo profesionales con licenciatura o superior; lo cual ha generado un debate de cuál es el porcentaje a aplicar en casos como los auditores y subuditores. Y a pesar de que se podrían aplicar interpretaciones como la especialidad y la norma más favorable para justificar el pago el porcentaje de 65% por prohibición; el documento se decanta por recomendar la aplicación de los porcentajes de la Ley 9635 (15% y 30%) en todos los casos.

Sobre el plus de prohibición también expone que se calcula de forma porcentual sobre el salario base, y que se debe pagar según la 9635 en casos de funcionarios nuevos, o funcionarios que anteriormente no cumplían requisitos para recibirlo. Mientras que no aplica para los casos que tengan régimen especial, quienes anterior la ley lo estaban recibiendo, y quienes anteriormente los recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación.

De la Dedicación Exclusiva se dice que se calcula de forma porcentual, y que a partir de la ley 9635 se pagará un 10% para bachilleres y 25% para licenciados, excepto para quienes anteriormente contaban con dedicación exclusiva, quienes la recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, quienes la recibían en grado de bachiller y procedan a modificar esa condición al grado de licenciatura, quienes la reciban y suspendan el contrato de trabajo temporalmente, o quienes prorroguen contratos existentes de dedicación exclusiva.

De las Anualidades se dice que debe ser reconocido tomando como parámetro el resultado de la evaluación de desempeño que deberá ser al menos de muy bueno; además que se reconoce en forma nominal y permanecer invariable. Interesantemente, en este apartado el documento si aplica el principio de norma más favorable para decir que el cálculo de los porcentajes de 1.94% para profesionales y 2.54% para no profesionales se debe de hacer sobre el salario base de Julio de 2018 (como dice el decreto) y no sobre el de enero 2018 (como dice la Ley 9635).

Además, se dice que las anualidades ya recibidas previo a la Ley 9635 se deben conservar y mantener como montos nominales fijo, que no procede ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio y que los ascensos de personal no suponen un aumento en la anualidad en virtud de las anualidades reconocidas en el cargo anterior.

Sobre los demás pluses se indica sin profundizar en los demás tipos de incentivos, que se deben mantener como montos nominales fijos calculados a Julio de 2018 y que ante un ascenso de personal no pueden revalorizarse.

Compartimos el estudio realizado por BDS para el Banco de Costa Rica

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Custodios de cárceles del OIJ se muestran preocupados por medidas de higiene para controlar el COVID-19

Trabajadores solicitan que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y algunas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa, entre otros aspectos.

En las instalaciones ya se presenta desabastecimiento de implementos para la higiene

Debido al incremento de casos de personas con el virus COVID-19, el personal custodio de las cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se muestra preocupado por las pocas medidas de higiene implementadas para prevenir el contagio.

De acuerdo con los trabajadores, la posición del Poder Judicial genera molestia y preocupación, ya que están en contacto tanto con privados de libertad, como con aprehendidos por la Fuerza Pública.

«Muchas de estas personas son indigentes y/o extranjeros con hábitos de higiene preocupantes para la salud pública. A eso le debemos sumar que estos delincuentes muestran hostilidad y es común que escupan, rasguñen y ataquen directamente la integridad de los custodios», indicó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.

El dirigente sindical detalló una serie de peticiones, entre ellas que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y aquellas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa.

Además, solicitan que a los detenidos no se les traslade el día anterior para que no permanezcan tanto tiempo en las celdas y que se provea de equipos y todo lo relacionado de detenidos que representan ciertos síntomas gripales.

«Ya se han presentado situaciones con detenidos que vienen con síntomas que nos preocupan y no hay suficiente alcohol o alcohol en gel, mascarillas adecuadas, guantes y los implementos que son necesarios para mantener detenidos en celdas. Por ejemplo, solo el caso del juicio del «gringo» reúne en una sala a 47 o más personas, también requiere de la permanencia de una gran cantidad de custodios, en el comedor o área de celdas», agregó.

Poveda enfatizó en que no hay una claridad en los protocolos en cuanto reciben o hay permanencia de personas con síntomas sospechosos del coronavirus.

«No hay un protocolo bien establecido de las personas que son trasladados por otras dependencias como Fuerza Pública, Tránsito, Policía Municipal y hasta los mismos compañeros de investigación del OIJ, sobre las personas detenidas que ellos nos llevan a celdas. Se siguen programando las diligencias a gran escala, ya hay desabastecimiento de implementos para la higiene, los vehículos de transporte de detenidos algunos no reúnen ninguna seguridad en contener el contagio ya que en el caso de los microbuses el aire acondicionado que se les activa a la parte de dónde van los detenidos, circula por todos lados inclusive a la parte de la cabina o sector donde viajan los custodios», explicó Poveda.

Para la ANEP y su Seccional en cárceles del OIJ es preocupante que los magistrados obvien las medidas para el personal trabajador siendo este un tema de salud pública.

Seccional ANEP- IMAS solicita la suspensión de visitas programadas a los hogares de familias beneficiadas ante medidas de contingencia por el Covid-19

La Gerencia General del IMAS está obviando que dentro de la población beneficiada se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19.

La Seccional ANEP-IMAS solicitó a la administración superior del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), posponer las visitas programadas de las Personas Cogestoras Sociales (PCGS), o cualquier otro personal que realiza trabajo de campo a fin de evitar exponer a las familias beneficiarias en su domicilio y a las personas funcionarias de la institución, debido a la emergencia sanitaria que presenta el país por el COVID-19.

La solicitud de la seccional nace luego de conocer la directriz IMAS-GG-667-2020, del 17 de marzo del 2020. Donde se establece que:

“(…) Que se instruye a las Jefaturas de Áreas Regionales de Desarrollo Social y de las Unidades Locales de Desarrollo Social a coordinar con las personas funcionarias que desempeñan funciones de cogestores sociales, a mantener las visitas programadas, mientras que se analiza la utilización de tecnologías de información. Asimismo, se mantiene la atención a la población preferencial como lo son las personas adultas mayores, discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas según se registre en SIPO, así como la presencia de violencia intrafamiliar según SIPO o por alguna referencia, o desalojos inmediatos.”

Sin embargo, para la seccional llevar a cabo esta instrucción girada desde la Gerencia General, no solo pone en riesgo a la persona trabajadora del IMAS, sino también al total de personas que se encuentran en la vivienda o las viviendas donde se realizan las atenciones (seguimientos, supervisiones, aplicación de FIS).

“Exigimos a la administración analizar una estrategia de atención para la población preferencial, que no implique que estás deban trasladarse a la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS), para ser valoradas. La Gerencia General está obviando que dentro de esta población se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19”, indica la solicitud de la seccional enviada al IMAS

Para la seccional ANEP-IMAS se debe considerar las recomendaciones emitidas por las autoridades en salud, máxime que, en el país ya se registra 89 casos confirmados de COVID-19.

“No es aceptable que se les comunique a las jefaturas de Personas Cogestoras Sociales que lleven a cabo estas visitas en campo ante un llamado al pueblo de Costa Rica de mantenerse en sus hogares en la medida de lo posible, y ante la recomendación de que las personas trabajadoras con puestos de teletrabajo permanezcan en sus hogares”, indica la solicitud. 

Acciones que podría realizar la administración del IMAS

Para la seccional ANEP-IMAS,  la Gerencia General y Subgerencias de Desarrollo Social debe analizar lo que implicaría para esta población trasladarse hasta las ULDS en el contexto actual (transporte, contacto cercano con otras personas) y gire instrucción para que por medio de la revisión de los expedientes y de la revisión de  información contenida en los sitios web de diferentes instituciones o sistemas (como lo son la CCSS, el SINIRUBE, el Registro Nacional de la Propiedad, entre otras que permita la institucional) se corrobore que se mantiene la situación socioeconómica de la familia.

Lo anterior puede ser complementado con el uso del recurso telefónico. De modo que se corrobore la información del expediente, y los documentos obtenidos, y con ello actualizar la FIS para que se puedan tramitar los beneficios. Es decir, se solicita tomar medidas afirmativas y particularizadas ante las personas con factores de riesgo.

“Solicitamos que la administración brinde opciones puntuales para discernir sobre qué priorizar y qué puede esperar o buscar otras alternativas de atención. Todo esto, sin poner en riesgo a ambas poblaciones ante la declaratoria de emergencia como la que estamos viviendo”, finaliza la solicitud de la seccional ANEP-IMAS.