Categoría: Institucional

El Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), tiene una importancia estratégica para el país. Para su funcionamiento, las personas trabajadoras asalariadas al servicio de esta entidad, son base fundamental para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento que se ofrece a personas con adicción a sustancias psicoactivas.

El personal trabajador asalariado del IAFA no es culpable de los conflictos personales o conflictos de interés que puedan desatarse entre autoridades de la institución; y, por tanto, nos parece una grosería, un irrespeto y un abuso usar, en el marco de tal controversia, a quienes con mística y dedicación trabajan en el tratamiento y rehabilitación en la institución, combatiendo día a día el flagelo de la adicción a las drogas, al alcoholismo y/o al consumo de sustancias psicoactivas.

El personal del IAFA labora con eficiencia, profesionalismo y mística y no es merecedor de la más mínima descalificación de su trabajo; menos si ello obedece a buscar justificar los errores, omisiones, intereses o malas prácticas de quienes en el ejercicio de sus cargos de dirección quieren distraer la atención.

Miente intencionalmente quien quiera señalar, sin pruebas, sin argumentos y atropellando derechos al personal del IAFA.

La ANEP, como representante oficial de los intereses del personal trabajador asalariado del IAFA, censura enérgicamente todo acto, sea de quien sea, que intente utilizar al colectivo laboral de esta entidad para sacar provecho propio.

Denunciaremos estas prácticas y estamos ofreciendo a tan digno personal trabajador, todo el acompañamiento que se requiera, incluyendo el apoyo jurídico. No vamos a permitir atropellos a la dignidad de los funcionarios y de las funcionarias de la institución.

La ANEP repudia, rechaza y condena los ataques infundados, carentes de toda prueba contra el personal asalariado del IAFA, mismos que podrían tener origen en otras intenciones.

Por tanto, exigimos a la más alta autoridad ministerial tomar medidas urgentes en la siguiente dirección

Dar inicio a una profunda investigación dentro del IAFA, en lo económico, en cuanto los programas y la administración de recursos. De encontrarse irregularidades, separar de inmediato a los presuntos responsables e iniciar los procesos pertinentes para que respondan por sus actuaciones.

Suspender todo acto, medida o similar intento tendiente a lesionar los derechos del conglomerado laboral del IAFA.

Ordenar el cumplimiento del estudio aprobado por el Consejo de Salud Ocupacional, respecto a las condiciones de trabajo, de riesgo y seguridad para los trabajadores de la institución.

Incorporar la representación de la Seccional ANEP-IAFA y al apoyo técnico profesional que la organización sindical considere, en aquellos temas de orden laboral tomando en cuenta acuerdos de partes previos suscritos.

Ordenar dar atención especial a la mesa solicitada por ANEP, para dirimir una agenda de temas bajo la mediación del MTSS, pendiente de resolver.

Realizar una actividad con el personal donde se brinde disculpas y se limpie clara y seriamente la imagen de quienes laboran en la institución, momento que puede ser aprovechado para que se exponga y se atienda las necesidades más sentidas y urgentes que tiene la población laboral del IAFA, en busca de mantener un clima de armonía y paz laboral, que devuelva la confianza perdida y ofrezca la paz laboral dentro del IAFA.

Nuestra organización será vigilante de las actuaciones al respecto y no descartamos otras medidas que valoraremos en su debido momento.

San José, lunes 20 de mayo de2019.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Seccional ANEP-IAFA

Cuando recibimos la noticia de la baja en la categoría asignada a Costa Rica, de parte de la Administración Federal de la Aviación (FAA), de aspectos de seguridad aplicados en Costa Rica, no nos sorprendimos, de antemano sabíamos que esto sucedería, y la cosa puede aún ser peor. Ya que se aproxima una Auditoria de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que con este precedente vendrá con una especial rigurosidad.

Nuestra organización sindical, cuenta con la digna representación de funcionarios que laboran en las distintas terminales aeroportuarias del país, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Profesional de Migración (PPME) y, por supuesto, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). Es por ello que, con conocimiento de causa se han cuestionado algunas de las decisiones, facilidades, convenios y administración que ha permitido y/ impulsado Aviación Civil, especialmente en materia de seguridad, donde ha quedado claro, carecen de un interés sobre el tema, o conocimiento real del mismo.

“En la Policía Aeroportuaria hemos participado activamente en las recomendaciones y confección de protocolos y procedimientos de atención de diferentes situaciones que se presentan, o previniendo, las que se podrían presentar. Hemos advertido también sobre el crecimiento de pasajeros que circulan en las terminales aéreas, y el desmejoramiento del personal ante esta situación, situaciones que se vuelven desventajosas para las diferentes Policías que se encuentran en estas terminales aéreas”, afirma el presidente de la Seccional ANEP-SVA, Tony Chavarría.

Nuestro país afronta un crecimiento en la demanda del servicio aeroportuario, pero lamentablemente, de forma paralela la región entera experimenta un incremento de las actividades delictivas, sin mencionar la posibilidad de que llegue el momento en que nuestra patria observe actos de terrorismo. Por ello, desde ANEP abogamos a diario por establecimiento de verdaderas políticas criminales y de seguridad ciudadana. Pero de forma contraproducente (y posiblemente por un interés económico de particulares) en Aviación Civil, lejos de fortalecer el tema de la seguridad, lo debilita al imponer seguridad privada en la mayor puerta de ingreso y egreso de personas del país, la terminal de Juan Santamaría. Y eso se da ante el silencio cómplice y reprochable del Poder Ejecutivo.

Por ello reiteramos, no es sorpresa esta categoría asignada, es solo el primer reflejo de las pésimas decisiones tomadas por Aviación Civil en materia de seguridad aeroportuaria, en confabulación con el gobierno, que demuestra cada vez que puede, que sus intereses no son los mismos del pueblo, sino que comulga con las preocupaciones del gran capital neoliberal; y bueno, la seguridad no es tema prioritario.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentra finalizada la acusación en contra de 18 personas funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptar una medida cautelar que busca la reubicación de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes figuran como imputadas por presuntamente cometer delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

La pretensión de nuestra organización sindical es que a los funcionarios investigados se les reubique en otras unidades idealmente, fuera de las oficinas centrales de la institución.

“Que, de manera perentoria, esa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adopte una medida cautelar tendiente a la reubicación de los funcionarios acusados en otras unidades fuera –idealmente-, de las oficinas centrales de la institución. Ello hasta que se adopte en firme la sentencia que eventualmente emitiría el Tribunal Penal de Hacienda”, indica el documento.

La solicitud de la ANEP, toma mucho más peso, al considerar que actualmente varios de los imputados continúan laborando en los puestos desde donde se tomaron las decisiones investigadas por la Fiscalía y, que a la vez son claves en la toma de decisiones en la CCSS.

“Ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre los acusados de marras, resulta razonable suponer que su interés personal incidirá en sus criterios y decisiones en detrimento del interés supremo de los asegurados. Es decir, existe riesgo que, de manera individual o conjunta, estas personas manipulen bases de datos y/o documentos para generar probanzas ficticias a su favor o eliminar evidencias”, manifiesta la carta dirigida a la Junta Directva de la CCSS.

Otro de los argumentos de la ANEP para solicitar la separación del cargo “es que los imputados podrían ser propensos a intimidar a funcionarios de las direcciones Actuarial y Económica, Financiero Contable, Inversiones y Financiero Administrativa que fungirían como testigos en el presente caso; toda vez que en tales instancias se habrían gestado los presuntos fraudes endilgados por el Ministerio Público”.

Los funcionarios que debe ser separados de sus cargos son:  

Funcionario	Puesto
Luis Guillermo López Vargas	Director Actuarial y Económico
Gustavo Picado Chacón	Jefe del Área de Investigación Económica
José Luis Quesada Martínez	Jefe del Área de Riesgos de los Fondos Institucionales
Iván Guardia Rodríguez	Director Financiero Contable
Carlos Montoya Murillo	Jefe del Área de Tesorería General
Christian Hernández Chacón	Jefe del Área de Colocación de Valores
Yorleny Madrigal Mora	Analista de Inversiones
José Alberto Acuña Ulate	Director Financiero Administrativo
Roy Retana Mora	Jefe del Área de Crédito y Cobro

Cabe destacar que en razón de sus cargos José Luis Quesada Martínez es miembro del Comité de Inversiones de IVM; mientras que Carlos Montoya Murillo lo es del Comité de Inversiones del Seguro de Salud. Por su parte, José Alberto Acuña Ulate, Iván Guardia Rodríguez y Roy Retana Mora son integrantes del Comité de Crédito de IVM.

Recordemos que la investigación realizada por la Fiscalía determinó que los imputados, en apariencia, habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, esto entre el 2006 y 2010. El caso fue abierto en el 2012, a raíz de una denuncia interpuesta por el economista Daniel Muñoz Corea con el apoyo de la ANEP.

Este caso fue uno de los expedientes que ordenó revisar la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, a su ingreso como jefa del Ministerio Público. Tras la revisión, por parte de la FAPTA, el expediente se reactivó, se amplió la investigación y se logró acusar.