FIT ICE denuncia conflictos de interés en la SUTEL

El día de hoy dimos a conocer al pueblo de Costa Rica hechos que de seguro provocarán profunda indignación en cada costarricense. De esta manera el FIT-ICE denunció ante el país que la SUTEL contrató a testigos de Telefónica de Costa Rica TC S.A. contra el ICE por 25 millones de colones, para que guiaran procedimiento de la SUTEL en multa exorbitante contra el ICE.

Repudiamos tal actuar del Consejo de SUTEL de permitir que jugadores de Telefónica se pusieran camisa de árbitro para resolver el partido contra el ICE.

Reclamamos la nulidad absoluta de la resolución RCS-088-2015 emitida por Consejo de SUTEL, exigimos la renuncia de los integrantes del Consejo de SUTEL, demandamos a la Asamblea Legislativa investigar de inmediato las actuaciones aquí denunciadas y llamamos a los costarricenses a apoyar las acciones que ya estamos preparando las y los trabajadores del ICE para combatir en las calles este nuevo Combo ICE.

A continuación la cronología de los graves e indignantes hechos denunciados:

• En el año 2011 Telefónica de Costa Rica TC S.A. interpuso ante la SUTEL denuncia contra el ICE.

• Que según consta en Resolución RCS-008-2015 de SUTEL (22 mayo de 2015, página 29), Telefónica de Costa Rica TC S.A. aportó como prueba de su denuncia en calidad de testigos a los peritos Diego Petrecolla (cuya declaración consta los folios 3151) y Pamela Sittenfeld (cuya declaración consta en los folios 3197).

• Que la prueba número no13 recabada por la SUTEL en la denuncia de Telefónica de Costa Rica TC S.A. contra el ICE, es el informe presentado por el testigo Diego Petrecolla el 10 de noviembre del 2013, titulado “Análisis Económico: Denuncia por Prácticas Monopolísticas Relativas” (folios 2356 a 2408). Así mismo la prueba número no19 recabada por SUTEL en dicha denuncia es el informe presentado por la testigo Pamela Petrecolla el 20 de noviembre del 2013, titulado “Análisis Legal: Derecho de la Competencia. Denuncia de Prácticas Monopolísticas Relativas de Telefónica de Costa Rica TC S.A. contra el Instituto Costarricense de Electricidad” (folios 2555 a 2659).

• Que según consta en publicación en La Gaceta (no138) del 18 de Julio del 2014, la SUTEL saca Licitación Abreviada (2014LA-000011) sobre “Contratación de Servicios Profesionales para la Consolidación del Área de Competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones”

• Que el alcance de la Licitación Abreviada (2014LA-000011) se refiere al tipo de procedimiento que estaba en curso contra el ICE a raíz de denuncia presentada por Telefónica de Costa Rica TC S.A. en 2011; pues según el Cartel de la Licitación, parte del objeto de la contratación de la SUTEL es la “elaboración de un Procedimiento Interno para la tramitación de procedimientos administrativos de investigación de prácticas monopolísticas absolutas y relativas”, el “diseño de un Manual de criterios relevantes para la tramitación de investigaciones por prácticas monopolísticas relativas y absolutas”.

• Que cerca de un mes después, según consta en publicación en La Gaceta (no161) del 22 de Agosto del 2014, la Licitación Abreviada (2014LA-000011) fue adjudicada a la empresa Consorcio Pamela Sittenfeld-Diego Petrocolla-Winstok Abogados S.A. por 25 millones de colones. Contratando la SUTEL de esta forma como asesores para elaborarle procedimientos administrativos de prácticas monopolísticas a los testigos presentados por Telefónica de Costa Rica TC S.A. contra el ICE quienes aportaron como prueba informes relacionados con Prácticas Monopolísticas Relativas.

• Que en Sesión Ordinaria no12-2015 el 25 de febrero del 2015, el Consejo de SUTEL recibe a los testigo de Telefónica de Costa Rica TC S.A. en calidad de Consultores de Sutel, para recibir reporte de resultados de la contratación de Licitación otorgada (2014LA-000011) , acusando conocimiento de guías recibidas y Aprobando de inmediato y por unanimidad la Guía de análisis de conductas anticompetitivas recién presentadas.{

• Que tres meses después, el 22 de mayo del 2015, el Consejo de la SUTEL aprueba por unanimidad la resolución que da por válida denuncia de Telefónica de Costa Rica TC S.A. contra el ICE imponiéndole de ésta manera SUTEL al ICE una multa de ¢2.157 millones.

Seccional Huetar Caribe del Ministerio de Salud eligió nueva Junta Directiva

La Seccional-ANEP Región Huetar Caribe del Ministerio de Salud celebró, el viernes 6 de julio, en la ciudad de Guápiles, la Asamblea General donde eligió una nueva Junta Directiva, que luchará por velar por los derechos laborales de los trabajadores.

En la Asamblea estuvo presente el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, quien enfatizó en su discurso la necesidad de defender el empleo público ante el ataque que este ha sufrido por sectores políticos, la necesidad de defender el empleo en las calles, así como luchar contra la idea de responsabilizar al empleado público como el causante del déficit fiscal.

En la Asamblea el Presidente saliente de la Seccional, Carlos Cordero, presentó el informe de labores durante su gestión de 2 años, donde destacó los logros alcanzados como: la entrega de equipo y maquinaria para un mejor desempeño laboral, el reconocimiento de viáticos, así como la entrega de flotillas para el traslado del control de vectores en la zona Atlántica, mejoramiento del clima laboral, unificación de funcionarios de vectores con el área administrativa, entre otros.

Una vez finalizado el informe la Seccional eligió a su nueva Junta Directiva dándole la confianza nuevamente a Carlos Cordero, quien fungirá como presidente por dos años más, tal y como lo establecen los Estatutos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.

“Vamos a darle seguimiento a las luchas y propuestas que hemos llevado al Ministro de Salud, algunos puntos que no se han finiquitado. Otro de los objetivos es buscar un aumento en el salario de los trabajadores de Control de Vectores, trataremos con Hacienda para que se nos aumente el viático; tenemos 5 años de que es el mismo monto”, dijo Cordero.

El Presidente de la Seccional ANEP- Ministerio de Salud Región Huetar Caribe, destacó la gran presencia de afiliados a la Asamblea, ya que demuestra lo fuerte y unida que se encuentra la seccional, además de agradecimiento por los logros alcanzados

La Seccional ANEP-Ministerio de Salud-Región Huetar Caribe, mostró su voluntad de luchar en las calles y bajo el concepto de democracia de la calle, en contra del salario único, en contra de la eliminación de los pluses salariales; en contra del recorte presupuestario irracional y la austeridad inmisericorde y extremista; así como a favor de los proyectos de ley del Gobierno para castigar con mayor severidad el fraude fiscal y el robo de impuestos.

Los compañeros y las compañeras de la Seccional ANEP-Ministerio de Salud-Región Huetar Caribe hacen un llamado a sus iguales del Ministerio de Salud y demás instituciones que están bajo amenaza, para que salgamos en fecha próxima a las calles y por todo el país. ¡Felicitaciones a esta nueva directiva seccional-sindical de la ANEP!

Carta abierta a la Directora General del Archivo Nacional

29 de mayo de 2015

Honorable señora
Licda. Virginia Chacón Arias
Directora General del Archivo Nacional

Estimada señora:
La Junta Directiva de la ANEP-Archivo Nacional le extiende el más respetuoso y cordial saludo, y se permite manifestarle algunas inquietudes y reflexiones surgidas a la luz de la reunión de personal de la Dirección General del Archivo Nacional, celebrada el pasado martes 26 de mayo del 2015, convocada por su digna autoridad.

1. Como representantes de la organización sindical del Archivo Nacional le manifestamos nuestra preocupación por la crisis presupuestaria que enfrenta la institución. El respeto de la institucionalidad ha sido una bandera de lucha de la ANEP y nosotros como organización y como funcionarios y funcionarias, anhelamos de que el cumplimiento de la misión no se vea obstaculizado por este tipo de situaciones.

2. En concordancia con la política gubernamental de defender e impulsar la transparencia en la función pública, creemos que como funcionarios públicos y como funcionarias públicas, estamos llamados a brindar cuentas de nuestro accionar, sin que esto genere molestia o indisposición, en cualquier circunstancia en que se nos pida, por parte de cualquier entidad política, social y cívica; e, incluso, por ciudadanía en general. De tal manera, y a propósito de su comentario de que esta directiva sindical se reunió en diferentes ocasiones con la exministra Elizabeth Fonseca Corrales para “difundir chismes”, queremos indicarle que estas reuniones se dieron dentro del marco de espacios formales de discusión que la exjerarca fomentó ante las diferentes seccionales sindicales de la ANEP del sector Cultura; espacios a los que acudimos previa invitación del indicado despacho ministerial.

3. Estamos sumamente sorprendidos, al igual que el resto del personal, de que en la reunión general del día 26 de mayo se hayan tratado temas inherentes a la organización sindical; y que de su parte usted intentara forzar a los directivos de esta seccional a pronunciarse sobre diversos asuntos que usted planteó a manera de catarsis, frente a todos los funcionarios y de todas las funcionarias de la institución. Los comentarios que hemos recibido posterior a dicha reunión, son de sorpresa toda vez que este asunto no se explicitó como punto de agenda del contenido de su convocatoria al personal.

4. Sus manifestaciones en contra de los miembros de nuestra organización sindical quedaron expuestas frente a todo el personal. Ante ello pensamos que podría ser importante y necesario que un tercero, con potestad legal para ello, pudiera ejercer sus buenos oficios mediadores a fin de armonizar las relaciones obrero-patronales; considerando que su digna autoridad pareciera evidenciar la molestia que la causa la existencia y el accionar de nuestra organización sindical.

5. Creemos que ventilar en una agenda encubierta la problemática existente, genera división en un momento en que todos los funcionarios y todas las funcionarias del Archivo Nacional debemos estar unidos en la lucha por solucionar el grave problema presupuestario que enfrenta la institución; recordando que con usted a la cabeza, el país nos ha confiado la preservación de una institución cultural, patrimonio nacional y memoria histórica de la nación; razón más que fundamental para presentar una posición unificada demandando que la sociedad honre su compromiso de preservar su propia historia en el seno del Archivo Nacional, honrando el pasado que nos fuera legado y preservándolo para las generaciones siguientes, dándonos los recursos presupuestarios suficientes para ello.

6. De esta reunión clave para discutir el tema de la crisis presupuestaria, el personal salió desmotivado pues esperaba una intervención asertiva de su parte. Sin embargo, la discusión planteada por usted generó incomodidad pues estuvo cargada de frases, exabruptos e incluso de un comentario que resultó indignante y de mal gusto para las funcionarias de la institución. La instamos, respetuosamente, a que en aras de su investidura y de la dignidad del honroso cargo que usted ostenta, se manifieste frente a sus colaboradores en términos de respeto y asertividad, pues le resta elegancia y decoro a un espacio tan importante como lo es una reunión general del personal.

7. En este momento de lo que se trata es de unir esfuerzos y de convocar a los funcionarios y a las funcionarias en su totalidad. Por por ello la instamos a cerrar filas con todo el personal en esta difícil coyuntura. Estamos seguros de que la ANEP, desde su accionar nacional, estará en disposición de contribuir con nuestra seccional si se generan líneas de acción compartidas y concertadas para solucionar la problemática que nos atañe en este momento con respecto a la situación del presupuesto.

8. Finalmente, queremos dejar en claro que tanto la ANEP como esta seccional en apego al marco jurídico y normativo del país, respeta la independencia de las auditorías internas y su importante papel en momentos en los cuales la ciudadanía es más celosa con respecto a la transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, dejamos constando que nos pareció muy perjudicial su comentario sobre la labor del ente contralor de la Administración Pública, respecto al resultado de la evaluación que obtuvo esta institución.
Nos ponemos a su disposición para lo que considere conveniente.
Junta Directiva Seccional ANEP-Archivo Nacional.

Organizaciones sindicales exigen rescindir contrato de estudio actuarial del IVM

Entre las organizaciones que denuncia se encuentran: Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de C.R. (SIFUPCR), Sindicato de Trabajadores de la Salud y Afines (SITHOSAJUDI), Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Negocios millonarios que se esconden detrás del déficit fiscal

En nuestro artículo anterior nos manifestamos sobre la infame campaña que se ha orquestado en contra de los empleados públicos, queriendo hacer creer a la ciudadanía que por los salarios y los pluses que percibimos, somos los responsables directos del alto déficit fiscal que existe en el país. El sindicato ANEP-HACIENDA considera que estos ataques venenosos lo que pretenden es confundir y engañar a la opinión pública, desviando la atención de las verdaderas causas de este desajuste fiscal, como lo son, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones que alcanza la astronómica suma del 8 % del PIB, la regresividad del sistema tributario, salarios y pensiones millonarias para unos cuantos favorecidos, además, de algunos negocios muy lucrativos que se han creado para satisfacer algunas necesidades institucionales que implican cuantiosas sumas de dineros públicos, los cuales son transados con inversionistas muy acaudalados que gracias a estos contratos pactados con el estado han aumentado con creces sus espléndidas fortunas. Un negocio de este tipo es el de los alquileres de oficinas gubernativas, donde participan algunos empresarios privados que han financiado campañas políticas, además de algunos políticos con fuertes nexos en el sector empresarial.

Nuestro Ministerio de Hacienda tiene el deshonroso puesto de ser el inquilino más caro del sector público, por ejemplo a Hogares de Costa Rica a la cual se le alquilan oficinas desde el 2008 y que son ocupadas por la Administración Tributaria del Oeste y el Centro de Información de Formación Hacendaria ( CIFH) en Barrio Don Bosco, se le paga una suma mensual de ¢174.050.568 (Ciento Setenta y Cuatro Millones, Cincuenta Mil, Quinientos Sesenta y Ocho colones ), para un total anual convertido en dólares de aproximadamente $3.968.698.

A la sociedad Inmobiliaria Mira, con la cual se tienen varios contratos, por las oficinas que se alquilan en Zapote, se le paga un monto mensual de ¢79.822.430, lo cual representa una suma anual en dólares de $ 1.820.110. A la empresa COPPERMINE INC S A, por las oficinas del Edificio Fischel, se le cancela una suma mensual de ¢53.435.980, lo cual en dólares asciende al año a un monto aproximado de
$ 1.218.446.

También a la Compañía La Llacuna, empresa ligada al actual diputado por el partido Liberación Nacional el Sr. Antonio Álvarez Desanti y con la que se tiene contrato de alquiler desde hace muchos años, se le paga mensualmente ¢65.581.650, que al año llega a $ 1.495.392, por cierto el Sr. Álvarez Desanti es uno de los propulsores de la Ley de Empleo Público, que entre otras cosas, pretende eliminarnos los pluses salariales, que hemos logrado por medio de la lucha y en el transcurso de largo tiempo, a Inversiones Inmobiliarias por el edificio localizado en el Paseo Colón donde se encuentra Presupuesto Nacional se le paga al mes ¢51.255.115, que representa $ 1.168.718 y para no aburrirlos finalmente tenemos a Comercial Sol y Lluvia, propietaria del OUTLET MALL, donde se encuentra la Administración Tributaria del Este, cuyo dueño es el Sr. Donald Formal, ( ex suegro del diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario ) y otro de los diputados que quieren a capa y espada la imposición de la Ley de Empleo Público y eliminar todo lo que se relacione con el Estado y los sindicatos, a la cual se le paga por mes ¢50.362.490 y por año $ 1.148.365. Estos son sólo algunos casos de los descomunales montos en alquileres que cancela el Ministerio de Hacienda y cuyos inmuebles se ubican en el Área Metropolitana, dichas sociedades se reparten al año alrededor de $ 11.000.000, que representa casi Seis Mil millones de colones.

Por supuesto que detrás de este pujante negocio, de esta orgía de recursos públicos, hay sectores económicos muy poderosos, de gran capital e influencia política, que no quieren que se acabe esta piñata de fondos públicos, porque desde hace muchos años, están como vampiros prendidos de la yugular estatal, devorando los dineros que ha financiado nuestro sacrificado pueblo por medio del pago de impuestos.

Son los mismos grupos que vestidos de ovejas, hipócritamente dicen defender a la población contra el aumento de impuestos, pero lo que hacen es disimular que lo que realmente están defendiendo y protegiendo es que las cosas se mantengan igual, que siga el robo de impuestos y por supuesto seguir ellos dándose la gran vida, continuar en sus posiciones de privilegio, acrecentando cada día más su patrimonio, alcahueteados por un sistema tributario injusto y altamente regresivo. En estos grupos se encuentran también los medios de comunicación que no quieren que se aumenten los montos ridículos que se pagan por los cánones del espectro radioeléctrico. Son los mismos que se han enriquecido con los servicios privados que alquila la Caja Costarricense del Seguro Social y que tampoco quieren que se terminen. Y entonces para perpetuar sus grandes negocios y tener intactas sus exageradas ganancias, tiran sus mortíferos dardos contra los empleados públicos, que pagamos nuestros impuestos de manera puntual, tanto el que nos rebajan mes a mes de nuestro devaluado salario, como el que pagamos cada vez que compramos en el comercio. Por estas razones y ocultando sus verdaderos propósitos que consisten en conservar su acomodada holgura financiera, es que estos sectores se oponen a algunos proyectos de reformas fiscales, que deben ser ampliamente discutidos y ojalá modificados en algunos de sus aspectos esenciales, como por ejemplo el aumento que se quiere hacer del IVA del 13 al 15 % y al cual nos oponemos, pero que deben ser concretados para cambiar la injusta situación fiscal que prevalece actualmente, donde lo que debe predominar es la progresividad de nuestro sistema tributario y que los individuos contribuyan con el sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo a su capacidad económica. Para ver con más detalle los alquileres cancelados por este Ministerio, pueden revisar el cuadro que se adjunta a este comunicado.

ANEP-HACIENDA QUE SE ACABE EL PERVERSO NEGOCIO DE LOS ALQUILERES QUE CAUSA MAS POBREZA Y DESIGUALDAD

SITRAPEQUIA demanda nacionalizar la distribución del gas

No es posible que un servicio público de primera necesidad en los hogares, el comercio y la industria esté en manos privadas y quede sujeto a pleitos y diferencias entre empresarios particulares, poniendo en riesgo el abastecimiento nacional y el interés público.

¿Cómo es posible que haya desabastecimiento? si RECOPE tiene disponible el gas que el país necesita, tal y como la ha hecho durante más de 50 años con el combustible que mueve al país.

Llamamos a los usuarios del gas, a las organizaciones comunitarias y al conjunto del movimiento sindical, a sumarse a esta lucha para que la distribución del gas esté en manos exclusivas del Estado costarricense y se garantice el abastecimiento continuo del combustible.

¡Los servicios públicos no se privatizan! ¡Debe prevalecer el interés público sobre cualquier otro!

Edificaciones aduaneras modernas o aduanas “transformer”

Nuestro sindicato ANEP-HACIENDA ha sido muy crítico en cuanto a las pésimas condiciones en que se encuentran las Aduanas fronterizas de nuestro país, las cuales con el transcurso de los años se han ido deteriorando progresivamente y adquiriendo cada vez un aspecto más indigente .

Esta situación nos llevó a presentar recursos ante la Sala Constitucional, que resolvió conceder un tiempo prudencial al Ministerio de Hacienda para que se realizaran los trabajos correspondientes. Por lo que en esa época se integró una Comisión interinstitucional, liderada por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Sra. Anabelle González, sin embargo, el tiempo pasó y las mejoras han sido mínimas, agravándose aún más el problema con el incendio en la Aduana de Peñas Blancas y en esa ocasión, en lugar de aprovechar esas difíciles circunstancias y revertirlas en el sabio refrán de “que no hay mal que por bien no venga“ y construir de una vez por todas una aduana moderna, de primer orden, las autoridades decidieron y manifestaron que por tratarse de una emergencia se iba a acondicionar el andén, para que funcionara sólo de manera temporal, pero éste todavía sigue operando, además de que presenta serios daños estructurales, con el peligro eminente de que se pueda derrumbar. Adicionalmente hay que comentar sobre los arreglos millonarios tipo parche que se realizan en esa Aduana..

Por eso nos preocupa la apertura del nuevo puesto fronterizo de Tablillas en el cantón de Los Chiles, Alajuela, pues mientras nuestro vecino Nicaragua, desde hace bastante tiempo, tiene prácticamente habilitadas sus instalaciones aduaneras y vías de acceso, las jerarquías costarricenses optaron por abrir dicho puesto montando oficinas móviles en base de contenedores, se argumenta que éstas son provisionales y que se utilizarán hasta tanto se construyan las edificaciones definitivas. No se crea que por tratarse de esta clase de oficinas, las mismas resultan baratas, por el contrario se han tenido que invertir sumas millonarias, que rondan alrededor de los 4 millones de dólares. Consideramos que aunque se haya manifestado por parte de algunos altos funcionarios del ICE ,que es la dependencia responsable de la parte constructiva, además de otras autoridades de COMEX, que en el puesto de Tablillas se instalará un “moderno complejo de oficinas “, creemos que éstas deben operar únicamente en un período muy reducido de tiempo, transitoriamente, para luego dar paso a una infraestructura aduanera fronteriza permanente, innovadora y vanguardista, acorde con las exigencias de las aduanas de avanzada, en cuanto a la facilitación del comercio, la prevención del contrabando y el tráfico de mercancías ilegales.

Por eso en relación con la idea de provisionalidad de estas oficinas, ojalá que esta vez si tenga ese carácter y no como en el pasado donde se ha manoseado demagógicamente dicha condición, esperamos que ahora no se queden operando a perpetuidad, como sucedió en Peñas Blancas y Paso Canoas , pues nuestro país debe ambicionar y también merece contar con aduanas, que contengan los principales aspectos y requerimientos de las aduanas más desarrolladas de los países líderes en esta materia.

Seccional AyA inauguró local en la sede central de Acueductos y Alcantarillados

Este nuevo local, que se encuentra en la entrada principal de Acueductos y Alcantarillados, permitirá a la Junta Directiva de la Seccional estar más cerca de los trabajadores, para brindarles ayuda ante cualquier situación laboral y permitirá un mejor trabajo de la seccional de ANEP-AyA.

A propósito de lo que ha venido pasando en el Hospital México

Profundamente consternados, y sin haber salido aún del asombro sobre las informaciones periodísticas expuestas en las últimas horas con relación a la situación particular denunciada en el Hospital México, nada menos que por la jefe de Cardiología de ese nosocomio, a raíz del deceso por falta de atención de ciudadanos con afecciones cardiacas;

y aún sin existir resultados claros sobre hechos similares sucedidos en el Hospital Calderón Guardia con las prótesis de ortopedia donde se inventaron datos (entre otras acciones gravísimas);

así como lo relativo a las cirugías cardiacas en el Hospital de Niños, otro hecho sin claridad sobre lo sucedido lo que podría dejar en la más absoluta impunidad a los responsables;

DECLARAMOS

Nuestra coalición sindical PATRIA JUSTA exige, una vez más, a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que brinden una explicación al pueblo costarricense y una solución a los problemas planteados en el menor plazo posible, sobre la ineficiencia en la gestión administrativa por parte de algunos de los más altos funcionarios de la institución, lo que afecta de manera directa la atención de la salud de los asegurados que dependen y acuden a la Caja en busca de alivio.

Particularmente, la denuncia efectuada por la Dra. Sofía Bogantes Ledezma, Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital México, que nos merece credibilidad, evidencia lo grave de esta situación que ha ocasionado un aumento en la tasa de mortalidad como producto de esta negligencia e inoperancia de esas cúpulas de alto nivel central y hospitalario, según se desprende de su acusación, dejando en duda y entredicho la gestión de altas autoridades institucionales.

PATRIA JUSTA denuncia que el faltante de médicos especialistas dentro de la institución agrava la atención del asegurado en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos; aumentando con ello las listas de espera de pacientes y convirtiendo a nuestro sistema de salud y a la Caja misma en un régimen indiferente al dolor humano; todo lo cual contribuye al fortalecimiento de la atención asistencial médica en clínicas y hospitales privados los cuales se ven beneficiados de este deterioro sistematizado de la Seguridad Social proporcionado por la CCSS.

Por tal razón apoyamos una urgente investigación de la Asamblea Legislativa en este problema de manera integral y, especialmente, en lo relativo a la formación de especialistas; para que se investigue de manera pronta y oportuna cuál es la verdadera causa de la inopia de especialistas médicos en la Caja, para buscar una verdadera solución al problema de salud para todos los costarricenses y proteger con ello el derecho constitucional a la vida y a la salud.