Categoría: Institucional

Este miércoles 4 de junio una representación importante de líderes sindicales de la ANEP en AyA, se reunieron con doña Yamileth Astorga, nueva Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, para darle a conocer nuestra visión, tanto gremial como política, del devenir de la institución.

De nuestra parte estuvieron presentes representantes sindicales de Buenos Aires, Golfito, Liberia, Nicoya, Guadalupe, Escazú, Coronado, entre otros, así como el promotor Alvaro Valverde Granados y nuestro Secretario General Albino Vargas Barrantes.

El principal logro de esta reunión, además de que la misma reunión que en sí es un hecho trascendental, fue la conformación de una comisión técnica que evaluará lo que sucede a nivel gremial en diversas áreas de AyA, sobretodo lo que tiene que ver con las condiciones del personal técnico de las plantas de tratamiento de aguas.

Joaquín Rojas, representante sindical, presentó un documento con más de 120 firmas, donde solicitan revisar temas como lo salarial, las jornadas laborales, la diferenciación en las vacaciones, así como la discriminación que sufren respecto a la remuneración por peligrosidad.

Además, cada representante compartió con la Presidencia Ejecutiva las problemáticas propias de cada región desde infraestructura, vehículos, falta de materiales, el poco desarrollo de los sistemas acuáticos y la relación que existe entre la institución con las Asadas.

Nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, exaltó la importancia política de la reunión con la Presidencia Ejecutiva, “estamos ante una relación de nuevo tipo, una gran apertura de doña Yamileth, ella ha comprendido la oferta de la ANEP de trabajar temas país, como en el ámbito de la desigualdad, en el ámbito del cambio climático relacionado al papel del sindicato en el seno del AyA, así como la eficiencia y la eficacia de los servicios prestados por la institución”.

Por su parte doña Yamileth Astorga valoró positivamente el encuentro, “la mayoría de planteamientos de los trabajadores ya los hemos venido identificando y hay que atenderlos, pero sobretodo involucrando a los trabajadores en la búsqueda de la solución de los problemas”.

Para esto la Comisión Técnica nombrada se reunirá el 9 de julio, y así iniciar el proceso conjunto de mejoramiento del AyA.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los problemas del derrame con diésel ocurridos en los tanques del Hospital Calderón Guardia aún se mantienen, debido a que las labores y acciones de mitigación, emprendidas por la administración, no han dado resultados satisfactorios, por lo que teme que tanto los pacientes y los trabajadores todavía estén consumiendo el vital líquido contaminado con ese hidrocarburo.

Geovanny Ramírez, directivo de la ANEP, manifestó que en la emergencia de abril lo que aprobó la administración médica fue cortar el tanque viejo de diésel a la mitad y poner otro de una capacidad menor, aspecto que no elimina el riesgo de contaminación, porque todavía se encuentra a la par del que suministra agua potable al establecimiento médico.

La alerta de la presencia del diésel en el agua del Calderón Guardia se dio a inicios de abril, lo cual motivó la suspensión de cirugías y se restringió el ingreso de visitantes, al tiempo que se pidió ayuda directa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para contar con agua para los pacientes y trabajadores.

“Todavía hay contaminación del tanque más pequeño, lo que complica más el asunto. Lo que hicieron fue un trabajo temporal, lo cual no está bien”, afirmó Ramírez, quien añadió que es un problema que tiene años y no se le ha dado la importancia que amerita.

En febrero del 2012, la Contraloría General de la República (CGR), ante ampliación de contratación tramitada por el entonces director del Calderón Guardia, Luis Paulino Hernández, para la realización de mejoras paliativas al tanque de diésel, contrató a la empresa Sistemas Electromecánicos Felipe y Felipe S.A., mismas que habían arrancado en el 2010 con la misma entidad.

570 A 760 LITROS

En un informe rendido el 21 de abril por el Departamento de Ingeniería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se indica: “Se estima que el volumen de contaminación con diésel es entre 570 a 760 litros”.

Añade el documento, del cual tiene copia DIARIO EXTRA, que los tanques de agua potable no cuentan con la impermeabilización de las paredes y están contaminados internamente. Sin embargo, debe considerarse que los productos impermeabilizantes son para evitar contaminación con agua, no con hidrocarburos. “Los componentes del sistema de almacenamiento y distribución de agua potable del hospital se debe reubicar a una distancia de protección mayor a 31 metros (100 pies), de tanque de combustibles, sistema de alcantarillado sanitario, tanques sépticos, estaciones de servicio y cualquier sitio de almacenamiento de químicos”, detalla el estudio de Recope, del 21 de abril.

“Sentimos que hubo algo irregular al contratar a una empresa que hace un mal trabajo, que desde el principio debió garantizar la seguridad en el uso del diésel y no contaminar el agua. Se le canceló $300 mil por un trabajo muy mal hecho y luego ¢80 millones por el lavado y secado de tanques. Hay que investigar qué hay detrás de las contrataciones”, aseguró Ramírez.

Según comentó, ninguna de las recomendaciones emitidas por Recope fueron acatadas por la administración del hospital, que en su momento estuvo al mando del grupo interventor.

Cuestionó además el hecho de que no se tomara en cuenta, en el momento de la emergencia, a los ingenieros y arquitectos del centro médico, que en más de una ocasión habían alertado sobre el problema de contaminación que podría darse al estar los dos tanques tan cerca.

Ramírez apuntó que el 5 de junio la ANEP tendrá una reunión con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, para exponerle varios temas, entre los que se encuentran los problemas y posibles actos de corrupción y de conflicto de intereses que se están dando en ese establecimiento, por lo que se le solicitará que de manera conjunta interpongan una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se sienten las responsabilidades del caso.

Este lunes 26 de mayo, después de varias cancelaciones por parte de la patronal, se dio un primer encuentro entre las autoridades de Correos de Costa Rica S.A., representados por su Gerente General don Alvaro Coghi, y la representación de la ANEP en la institución, quienes reclaman poder participar en la gestión del nuevo reglamento interno de trabajo y además respeto a la libertad sindical.

Ana Luisa Cinco, Claudio Sánchez y Gilberto Bell, en compañía de nuestro Secretario General, Albino Vargas, se hicieron presentes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fue garante de la negociación en la figura del funcionario Ronald Salazar.

La principal demanda sindical es relacionada a la participación en la redacción del reglamento interno de trabajo de Correos, el cual se hizo dejando por fuera a los sindicatos adrede, creando la figura ilegal en una institución pública de los comités permanentes, los cuales fueron fomentados por el señor Roberto Portela, para crearlos como figuras de consulta para así no involucrar a la ANEP.

Pedimos que Correos reconozca la representación legítima de nuestro sindicato. Tanto la institución como el sindicato estamos de acuerdo en la necesidad urgente de contar con dicho reglamento, pero no aceptamos el texto como está en este momento ya que encontramos, gracias a un recurso judicial que nos dio acceso al texto, al menos 4 choques entre el reglamento y la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual no lo hace procedente. Hay disposición de la patronal a revisar nuestros planteamientos y cambiar lo que tenga que ser cambiado, ya que reconocen que el reglamento no puede chocar con la Convención.

Ambas partes acordaron solicitarle al Ministerio de Trabajo agilizar el proceso en que se encuentra su oficina de jurídicos en el análisis por la forma y el fondo de la redacción de dicho reglamento.

Además, la reunión sirvió para que la ANEP solicitase de manera formal la extensión de la licencia sindical del compañero Claudio Sánchez, que está trabajando en el sindicato con un permiso sin goce de salario. Solicitamos que la licencia se extendiera 6 meses más pero con goce salarial, lo cual afianza la libertad sindical y es una figura que tenemos en varias instituciones.

Aunque no se llegaron a acuerdos sustantivos, rescatamos la renovación de la vocación de diálogo que se mostró en el encuentro, disposición fundamental para poder llegar a acuerdos en el futuro que beneficien el clima laboral y a la misma institución.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó el pasado martes 1 de abril, ante la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República investigar el presupuesto extraordinario con que cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el periodo 2014, ya que resaltan ciertas interrogantes de cómo este se está realizando.

Según explicó, Germán Hernández, Promotor Sindical de ANEP, la actual administración del INAMU planteó un proyecto para ejecutar el superávit institucional en el periodo 2014, pero es el acumulado de cuatro años de gestión y asciende a un alrededor de 3.200 millones de colones. “No estamos cuestionando la ejecución de ese superávit, si no la manera en que se está haciendo”.

Hernández indicó, que la ANEP junto a su Seccional ANEP-INAMU solicitaron a la Presidencia Ejecutiva de la Institución una aclaración sobre cómo se pretende ejecutar dicho presupuesto extraordinario, sin embargo aún no han recibido respuesta alguna.

“El 7 de marzo de este año, se le solicitó a la Presidencia Ejecutiva una aclaración sobre cómo con la capacidad instalada que tiene INAMU actualmente iba a ejecutar, a parte de su Plan Anual Operativo, 3.200 millones de colones. No se ha recibido por parte del INAMU ninguna aclaración o justificación de vialidad técnica, legal o administrativa para esos desembolsos. Esto a los funcionarios les preocupa, ya que temen no poder ejecutar adecuadamente ese presupuesto extraordinario y mucho más las consecuencias y sanciones que pueden derivar de la no ejecución o subejecución del mismo”, dijo Hernández.

Por su parte, Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, indicó que recientemente nuestra organización conoció las actas de la Junta Directiva del INAMU, 48 2013 y 1-2014, en las cuales la Presidenta Ejecutiva del INAMU presentó una propuesta inicial del plan de inversión del superávit, en la que se incluye el fortalecimiento de servicios externos.

“No se ha tomado en cuenta en las decisiones a las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, ni a sus coordinadoras y directoras en la definición y negociación de las transferencias o ejecución indirecta; es decir, los asuntos en la definición de la inversión han sido tratados con otras instituciones, organizaciones e instancias directamente por la Presidenta Ejecutiva, sin contar el personal con la información y herramientas necesarias ante una eventual ejecución de los presupuestos, colocando en un alto riesgo la posibilidad de control de los presupuestos públicos en manos de otras instituciones u organizaciones sociales”, dijo Vargas.

El Secretario General de la ANEP agregó “Las propuestas de inversión pública aprobada por la Junta Directiva del INAMU, tal y como se encuentra formulada, comprende, en su mayor parte, el traslado de recursos a otras instancias para que se compren equipo o construyan infraestructura, inversiones que no resultan coherentes con el ámbito de competencia de la institución, tal y como se puede constatar en el plan que se encuentra en el Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República para autorización”.

Una de las mayores preocupaciones de la ANEP es la situación de alto riesgo en la que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, que se verían involucrados en la ejecución presupuestaria y técnica de proyectos de inversión pública, que dejan las autoridades de la Junta Directiva y la Presidenta ejecutiva del INAMU como un mandato institucional. La ley del INAMU no autoriza para otorgar recursos a organizaciones o entidades públicas para hacer efectivas las transferencias de fondos, que a su vez son transferidos al INAMU por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En ese sentido, la denuncia de ANEP cuestiona si es adecuado el procedimiento mediante el cual se están presupuestando esas partidas y, si INAMU tiene la capacidad instalada para gestionarlas a terceros. Creemos que ese superávit debe ejecutarse a nivel institucional y dirigido directamente a la población de mujeres que requieren esa atención, por lo que se debe anular o rehacer de plano esa ejecución de dicho presupuesto extraordinario.

Este jueves en la sede del Viceministerio de Gobernación en Barrio Escalante, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración llegaron a un acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería y, la Autoridad Presupuestaria respecto a una serie de puntos que afectaba la continuidad del manual de puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería, entre estos el Decreto 38173-G.

En dicha reunión se logró establecer tres acuerdos de vital importancia, el primero de ellos es la derogación del Decreto 38173-G, que afectaba considerablemente la marcha del manual de puestos. Ahora ese decreto deberá ser sustituido por el Decreto 31999, el cual contienen una serie de modificaciones solicitadas por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Así las cosas, ahora toda la responsabilidad política y con los trabajadores queda en manos del Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ya que este será el encargado de realizar la firma y el trámite correspondiente a más tardar el próximo lunes 31 de marzo, para que el Decreto 31999 sea enviado a la Autoridad Presupuestaria y sea puesto en ejecución, para así darle marcha al manual de puestos. Con lo que, además el Ministro Zamora evitará una huelga de los trabajadores de la Policía Profesional de Migración.

Dicho movimiento de huelga amenaza no sólo con generar tortuguismo en puestos fronterizos clave, en el norte y sur del país, sino un paro total de labores en el aeropuerto Juan Santamaría, lo que generaría un caos total para la salida y entrada de personas al país.

Según explicó Gerardo Mora, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, el segundo acuerdo tomado este jueves por la Comisión fue, aprobar una propuesta realizada por la Directora de Migración y Extranjería, Katthya Rodríguez, en cuanto a la estructura organizativa de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, ya que también se ajusta a lo solicitado por la Autoridad Presupuestaria. Esto fue presentado formalmente al Viceministro Administrativo de Seguridad Pública el pasado 20 de marzo para su aval.

Mora indico, tras finalizada la reunión, que dichos acuerdos tomados por la Comisión hacen prever un mejor escenario para el manual de puestos de este cuerpo policial, por lo que la firma del Ministro Zamora es más que necesaria, además indicó que con la aprobación de este nuevo decreto La Policía Profesional de Migración quedará al mando de policías y no de funcionarios civiles como actualmente sucede.

El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, también indicó que el Decreto 31999 deberá ser enviado a Leyes y Decretos para su publicación el Diario Oficial La Gaceta.

En la reunión estuvieron presentes varios representantes de nuestra organización, así como representantes de la Dirección General de Migración y Extranjería, entre ellos la directora de dicha institución Katthya Rodríguez; además de delegados del Ministerio de Gobernación y de la Unidad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, esta última encabezada por Mayra Calvo. Entes que conforman la Comisión encargada de analizar el manual de puesto para la Policía Profesional de Migración.