Categoría: Acción Sindical

Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida

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– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.

En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.

El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.

ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.

ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.

Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.

Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.

San José, jueves 10 de diciembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Denuncian al director del CTP por uso indebido de su vehículo institucional

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Joyce Bustillos Fonseca, Presidenta de la seccional ANEP- MOPT, Pol. Tránsito se encuentra recibiendo acoso laboral por parte de sus jefaturas ante las constantes denuncias públicas que ha realizado sobre acciones irregulares dentro de la institución.

ANEP llegará a las ultimas instancias para reinstalar trabajadores del Comité de Deportes San José

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A pesar de que un Juzgado de trabajo ordenó la reinstalación inmediata de al menos 23 trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de San José, la institución se ha negado a cumplir con la orden judicial

Condenan a la Municipalidad de Aserrí por violentar el derecho constitucional al salario

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La Sala Constitucional condenó a la Municipalidad de Aserrí por violentar el derecho constitucional al salario de una periodista de apellidos Solano Salas, luego de declarar con lugar un recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en defensa de la comunicadora afiliada a nuestra organización y quien desde el pasado mes de setiembre no recibe su salario.

Los hechos descritos en la resolución de la Sala Constitucional indican que la periodista fue despida de su cargo el 3 de julio de 2020, luego de casi dos años de laborar para el municipio. Sin embargo, una medida cautelar provisional del Juzgado de Trabajo ordenó su reinstalación a partir del 22 de setiembre del presente año, esto mientras se resuelve su proceso en instancias judiciales (expediente judicial N° 20- 0638-1550-LA). 

Pese a que la reinstalación fue aceptada por la Municipalidad de Aserrí, a la fecha la periodista no ha recibido el pago de salario, por lo que la Sala Constitucional dio con lugar el recurso de Amparo presentado por la ANEP, ordenado al municipio el pago correspondiente a la primera quincena de setiembre, así como la cancelación de millón de colones a la comunicadora por el daño moral subjetivo.

Es importante destacar que la presentación del recuso por parte de la ANEP se dio el 02 de noviembre del presente año, y ya se encuentra en desarrollo el reclamo por los otros salarios adeudados a la periodista.

“Se tuvo por constatado, que a la fecha la autoridad recurrida no ha cancelado el salario de la amparada correspondiente a la segunda quincena de setiembre, y a la primera y segunda quincena del mes de octubre, todos de 2020, por falta de contenido presupuestario. De manera que, la Sala considere que ha habido un plazo excesivo e irrazonable en el pago del salario de la tutelada, el cual no debe ser superior a dos quincenas”, indica el considerando del fallo.

Además, agrega en su conclusión “En virtud de lo expuesto, es responsabilidad de la Municipalidad recurrida, como patrono, pagar en forma oportuna y regular el salario a sus servidores, ya que de no hacerlo, deja sin protección a un trabajador constitucionalmente protegido. De modo, que la oportunidad del pago implica no sólo que se haga en tiempo y de forma regular, sino, además, que sea completo en relación con la labor realizada, ya que no hacerlo así lesiona de forma directa el derecho al salario. Por lo anterior, se considera de mérito declarar con lugar el recurso”.

La decisión de la Sala Constitucional se ampara en la Jurisprudencia existente (Sentencia N° 2019-008295, de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2019) donde  este Tribunal ha reconocido que el salario es un derecho de rango constitucional de la persona trabajadora y una obligación para el patrono; no obstante, ha considerado que solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente. Así, si se produce un retraso en el pago superior a las dos quincenas el retraso deviene amparable.

Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería dejaría en jaque las deportaciones y diversas funciones administrativas

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Las Seccionales ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y ANEP-Administrativa, denuncia ante la opinión pública qué el rebajo del Presupuesto Ordinario asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para el ejercicio 2021, aprobado por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, afecta al 100% los recursos como viáticos en el interior y exterior del país, impresión de material para información de usuarios sobre trámites y prevención de delitos, así como el seguimiento a proyectos administrativos de la institución.

Lo señalado anteriormente, no permite que la labor que se realiza sea efectiva, pues afecta a nivel operativo a la Policía Profesional de Migración y a los usuarios, ya que limita la labor policial y aumenta el desconocimiento de los alcances, reglamentos y leyes costarricenses; situación que vendría afectar la buena aplicación de las mismas, ya que afecta en gran parte las deportaciones de las personas extranjeras. 

La DGME, también debe velar por la seguridad nacional, y en los últimos días ha circulado una noticia en medios de comunicación ante la  encuesta sobre la percepción de la seguridad en Costa Rica durante el año 2019, realizada por el Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (PMCSI) del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), de la cual se obtuvo que un 69% de la población nacional se siente en un país inseguro, por lo que esto es una razón más por la cual apelamos a no realizar un recorte presupuestario de tal magnitud.

Es de conocimiento, la necesidad de hacer recortes económicos por el bienestar del país; sin embargo, en el caso migratorio, se estaría también generando un problema a nivel de seguridad, por lo que sería un doble daño al país. Recortar el contenido presupuestario del Ministerio de Gobernación es afectar de forma directa a una de las instituciones de que ha cobrado en la contención de las fronteras, la cual ha tomado mayor relevancia durante la emergencia sanitaria por el COVID -19 en nuestro país.

La DGME cuenta con proyectos a nivel nacional que se verían afectados, cómo la administración de las Estaciones Migratorias del Bicentenario y la atención a poblaciones vulnerables a través de Migramóviles (visitas a las comunidades), Mantenimiento Preventivos y Correctivos de los equipos tecnológicos, Mantenimientos de edificios, solicitudes de refugio en fronteras según el estado de vulnerabilidad, apoyo administrativo y logístico en operativos policiales, atención medica de los funcionarios destacados en las regionales.

Ante este escenario las seccionales de la ANEP en la PPME y Administrativa apelamos a una revaloración de las medidas, ya que todos debemos trabajar por el bienestar de Costa Rica.

Gerardo Mora Ordóñez
Presidente de la Seccional ANEP-PPME
Directivo Nacional de ANEP.

Paolo Cascante Marín
Presidente de la Seccional ANEP ADMINISTRATIVA

Don Elián no tiene, ni tendrá, problemas para comprar la canasta básica por más alto sea el impuesto de ventas que le pongan

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  • Rotunda oposición de la ANEP a aumentar el i.v.a para la canasta básica
  • La canasta básica debe ser exonerada, totalmente, de pagar i.v.a
  • Gobierno de Alvarado legitima la democracia de la calle como mecanismo de defensa civil contra la violencia económica

Don Elián Valverde Villegas, Ministro de Hacienda, propuso en la mesa de diálogo gobiernista, aumentar el más que injusto Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la canasta básica, para elevarlo de su actual 1 % hasta el 13 %.

Don Elián, al igual que todas las personas jerarcas integrantes de la alta cúpula gubernativa de Alvarado, no ha tenido ni tendrá dificultad alguna en pagar el impuesto IVA a la canasta básica, por más alto que éste sea.

Es completamente censurable que don Elián no tuviera reparo alguno, ni un ápice de sensibilidad social, para lanzar semejante propuesta en medio de la actual crisis económico-fiscal y de salud pública que sufren las mayorías ciudadanas de nuestro país; especialmente quienes son integrantes de la clase trabajadora con empleo o sin él, sumidas en la informalidad y hasta en el hambre.

Bien se sabe que el impuesto al valor agregado, IVA, es el más injusto de todos los impuestos; y que aplicado a la canasta básica resulta doblemente injusto. El IVA por sí solo y cargado a la canasta básica, es propulsor de la creciente desigualdad que azota a la democracia costarricense; desigualdad que ya era torturante para la mayoría del pueblo costarricense desde antes de la llegada de la pandemia.

ANEP deja constancia pública de su rotunda oposición a que se aumente el IVA a la canasta básica en cualquier proporción. Por el contrario, a la canasta básica hay que exonerarla de pagar tal impuesto, como siempre ha sido nuestro planteamiento original. Fue un grave error político de la actual Asamblea Legislativa cuando la gravó con ocasión de la tramitación de la ley 9635, el “combo fiscal”.

A los sectores pudientes que tendrían la opción de favorecerse por una exoneración generalizada de carga IVA a la canasta básica, se les puede poner otro tipo de impuestos que gravan la acumulación y la riqueza misma; algo de lo cual carece el actual y perverso sistema tributario costarricense, injustamente regresivo.

Don Elián, Alvarado y todo el gobierno lo que hacen es, sin “proponérselo”, darle un espaldarazo a la necesidad de nuevos episodios de lucha social bajo el concepto de Democracia de la Calle; legitimando la necesidad de la autodefensa civil del pueblo costarricense contra esta forma de violencia: violencia económica.

¡Sí!, es violencia económica quitarle a una familia trabajadora desempleada, agobiada por el alto endeudamiento salarial, precarizada por la pérdida descendente del poder adquisitivo del salario cuando el costo de la vida sigue siendo altísimo, entre 7 mil y 25 mil colones por aumento del IVA a la canasta básica. ¡Eso es violencia económica!

Esta injusta y desequilibrada propuesta de impuestos a la canasta básica, es parte de la actual estrategia gubernativa de cara a un “nuevo” planteamiento para el Fondo Monetario Internacional (FMI); estrategia que se está implementando en la mesa de diálogo de Alvarado, ante la urgente necesidad que éste tiene de obtener algo de legitimidad social para ir de nuevo al indicado ente.

Hacemos votos y redoblamos nuestro compromiso y esfuerzo por una nueva y revitalizada expresión popular lo suficientemente contundente e impactante, para una defensa civil activa, por todo el país, contra esta violencia económica gubernativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP