Prolongar la licencia de maternidad para mujeres policía, realizar alianzas estratégicas con sindicatos de la región son parte de los puntos a trabajar por parte del nuevo Presidente.
Categoría: Acción Sindical
ANEP pide ampliar pólizas a policías
ANEP rechaza, de manera contundente, proyecto de Empleo Público
De manera contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, con toda contundencia, el Expediente Legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, a punto de dictaminarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Esta decisión, unánime y firme, de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización, se adoptó en su sesión No. 2217, de este viernes 30 de octubre de 2020.
Luego de un profundo análisis de dicho proyecto de ley, en sus distintas versiones, todas surgidas de la más irresponsable improvisación gubernamental, los defectos y las aberraciones de naturaleza político-jurídica contenidas en ese proyecto, provocan el más fuerte rechazo de la ANEP, así como de todo el mundo obrero y gremial de la clase trabajadora asalariada del sector Público.
El Expediente Legislativo 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público constituye una “colección” de violaciones al orden constitucional todavía vigente en el país, surgido en 1949; atropella compromisos-país, mediando las correspondientes legislaciones, contraídos con el orden jurídico-legal global: tanto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de los sistemas continental y mundial en materia de Derechos Humanos (DD.HH.); los correspondientes al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tutela la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, la creación de una mega-ministerio, una súper-cartera ministerial, por encima de la división constitucional de poderes, convertiría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en una entidad de verticalista corte autoritario, al mejor estilo de estados totalitarios que sumieron a sus respectivos pueblos en vivencias de inenarrable dolor y sufrimiento. Esta circunstancia, quizás la más aberrante de este nefasto proyecto de ley, le desnuda en cuanto su carácter profundamente antidemocrático.
La desaparición, prácticamente explícita, del concepto filosófico-político que animó la estipulación constitucional de Servicio Civil, lleva a la Dirección General de Servicio Civil a un estadio peor que el que presenta en la actualidad: del control de la Casa Presidencial pasa a “departamentalizarse” dentro del ente totalitario del Mideplan. El retroceso aquí es inaceptable para las conciencias democráticas de verdad.
El confuso e incomprensible sistema de evaluación de desempeño que propone este proyecto 21.336, convierte a la persona trabajadora empleada pública, en “esclava” de la jefatura intermedia, dado que dos evaluaciones consecutivas negativas, inferiores al 70 % produce el despido, ipso facto, sin indemnización alguna.
Decimos “esclava” por cuanto la negativa de concesión de favores sexuales, la diferencia de color partidario, los celos subjetivos por capacidades, malas relaciones interpersonales no canalizadas y más bien acumuladas, rencillas, militancia sindical, etc.; pueden convertirse en factores de peso al momento de la evaluación anual, sin que los derechos a la debida defensa y al debido proceso, sean considerados de peso como para imponer la máxima objetividad posible en el proceso evaluativo. Prácticamente, será la indefensión, la característica fundamental en tal sentido.
Las consideraciones críticas presentadas por la ANEP ante la indicada comisión legislativa, jamás fueron tomadas en cuenta. Pese a ser elaboradas por prestigiosos profesionales en el Derecho Laboral, de sólida formación y experiencia más que sobrada, nos sentimos burlados en cuanto al magno esfuerzo que realizamos para demostrar la perversidad antijurídica y anticonstitucional de ese proyecto 21.336.
Es por ello que pensamos que el sensible tema del empleo público debe discutirse en un foro “descontaminado” de los prejuicios ideológico-políticos y mediáticos que han vulnerabilizado las posibilidades de una discusión objetiva y transparente. Además, es más que notorio cuál es el clima sociopolítico reinante en el país y la naturaleza ultra-sensible de la paz social en estos momentos. Ese proyecto 21.336. solamente significa más gasolina en el fuego ardiente de la disconformidad social, prácticamente, generalizada.
El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), ofrece la posibilidad de que una discusión sana se dé en materia de empleo público. ANEP aspira a que así sea.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
San José, viernes 30 de octubre de 2020.
Trabajadores solicitan garantías de salud ocupacional para ser trasladados a nuevas instalaciones
Trabajadores municipales de la Unidad de Construcción, Obras y Mantenimiento de Edificios de la Municipalidad de San José, solicitan al ayuntamiento josefino brindarles las condiciones de salud ocupacional optimas antes de realizar cualquier traslado de la unidad a una nueva sede.
La solicitud de los trabajadores se da luego de que este lunes autoridades municipales clausuran la bodega de esta unidad, luego de que un camión recolector de basura impactara la estructura, sin embargo, los trabajadores aducen que esta no sufrió daños mayores.
Representantes de la ANEP en la Municipalidad de San José indicaron que actualmente existe una solicitud al Ministerio de Salud para que evalué las condiciones con las que debe contar el nuevo inmueble para albergar las cuadrillas, además de un Recurso de Amparo presentado por otra organización sobre el mismo tema. Por lo que aducen que hasta que no se resuelva esta situación no realizarán el traslado
Conozca Nuestra afiliación: Ileana Barrantes
Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería suspendería operativos, deportaciones y servicios que brinda la institución
– La institución entraría prácticamente a un cierre técnico
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) envió una carta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, solicitando no realizar recortes al presupuesto 2021 destinado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ya que esto significaría un cierre técnico de la institución, afectando directamente los servicios que ofrece dentro y fuera del país, así como el trabajo operativo que realiza la Policía Profesional de Migración en todo el territorio nacional.
Incluso, la discusión del recorte presupuestario llega en el momento que también se discute el Expediente Legislativo No.20.323 Reforma del artículo 11 de la ley No. 9428 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, del 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de Policía Profesional de Migración.
Los recortes al presupuesto 2021 a la Dirección General de Migración y Extranjería, afectara de forma negativa la imagen de la institución y la del país, al no disponer de los recursos requeridos para brindar los servicios que por Ley y competencias le corresponde; lo anterior, sin obviar las consecuencias legales que se podrían presentar.
Servicios que se suspenderían:
• Envío de equipo a los consulados en todo el mundo para a emisión de pasaportes y atención a los costarricenses que radican fuera del país.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar deportaciones, con la afectación en viáticos y transporte al exterior, según el rebajo que plantean, la PPM se vería en la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 18 inciso 4 de la Ley N° 8764, el cual reza: ‘Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras, cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente Ley’, ello por cuanto a través del proyecto supra se financian las subpartidas de viáticos y transporte al exterior.
• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar operativos y apoyo en diferentes puestos a lo largo y ancho del país, con la afectación en viáticos y transporte dentro del país.
• El servicio en Aeropuertos se vería perjudicado ya que los viáticos no alcanzarían para desplazar Policías a reforzar, cómo lo hemos dicho el Cuerpo Policial de la Policía Profesional es pequeño hay un gran faltante de personal para la gran operación que se tiene que desplegar de frontera a frontera
• El servicio podría ser lento y nuevamente se verían esas largas filas en los puestos de Control Migratorio.
• No se dotaría a los oficiales de la PPM del equipo e insumos necesarios e indispensables para la ejecución de sus funciones, tales como: chalecos antibalas, armas, uniformes, entre otros. Debido a la peligrosidad a la que se encuentran expuestos los oficiales durante sus labores operativas, y de no contar con este tipo de equipo, prácticamente se estaría limitando el accionar policial, lo cual incurriría incluso en un debilitamiento de la seguridad nacional e incumplimientos de las competencias que por ley corresponden.
• Algunas Oficinas Regionales se podrían cerrar porque la administración no podría pagar alquileres, en los últimos años el presupuesto ha disminuido y no se ha podido realizar construcción de oficinas o edificios propios de la institución.
• La atención a las personas víctimas de trata y tráfico de personas no seguirían atendiendo de la misma forma y la Ley la 9095 nos obliga a cierta atención a estas personas.
• La atención en los Centros de Atención de Personas Migrantes podría llegar a cerrar.
En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta requiere de mayor cantidad de plazas policiales, para cumplir de forma más eficiente y oportuna, sus responsabilidades de control migratorio establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería (No. 8764).
En los años anteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha solicitado a la STAP, la creación de plazas policiales; sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias y directrices presidenciales, no ha sido posible la aprobación de mayor cantidad de plazas por parte del Ministerio de Hacienda. A la fecha se requieren 245 oficiales según oficio GRH-3760-08-2017 de fecha 22/08/2014 del Gestor de Recursos Humanos, Célimo Rodríguez Pagani
Otro de los señalamientos realizado por la seccional ANEP-PPME, son las dificultades que tienen para la capacitación en los cursos policiales a oficiales de nuevo ingreso; así como para la Carrera Policial a los que están de alta en la Policía Profesional de Migración.
MSP expuso a policías sin capacitación terminada a atender manifestaciones
• Documento confirma que orden fue dada por los jerarcas
• ANEP cuestiona la directriz debido a que los estudiantes no han concluido el plan de estudios y se omitió lo que establece la Ley de la Academia Nacional de Policía.
Semanas atrás se manejaron días convulsos en diversos puntos del territorio nacional, en donde protestantes y policías tuvieron fuertes enfrentamientos, generados por las malas decisiones del Gobierno.
Como parte de este tipo de hechos se ha tenido que generar un reacomodo en cuanto a la distribución de los policías para atender cada uno de los lugares en donde la ciudadanía se ha manifestado con firmeza para poder hacer sentir su malestar con el gobierno Alvarado Quesada, que tiene como única «estrategia» imponer más impuestos.
Lastimosamente, el Ministerio de Seguridad Pública envió oficiales que estaban en proceso de formación a atender las manifestaciones, algunas de las cuales se fueron saliendo de control y requerían ser abordadas con personal capacitado.
Esto fue confirmado por parte de Randall Vega Blanco, Viceministro Administrativo del Ministerio de Seguridad Pública vía correo electrónico. “La disposición de utilizar a los funcionarios que se encuentran en proceso de capacitación en la Academia Nacional de Policía, la tomó el jerarca institucional, conforme a sus potestades.”
Esto genera una gran preocupación en cuanto a la diferencia con la que un oficial capacitado aborda alguna provocación, confrontación o manejo de situaciones tensas a una persona que se encuentra en fase de aprendizaje.
Mainor Anchia, Directivo Nacional de ANEP fue el encargado de consultar al Ministerio sobre este tan importante, máxime sobre lo complejo de enviar a la calle a personal sin capacitación, sumado al propio riesgo para el funcionario en caso de sufrir alguna lesión. De esta forma respondió Blanco
“En el caso de que algún servidor que se encuentra en proceso de formación resultare lesionado durante la atención de disturbios, habiéndosele requerido para prestar ese servicio policial, tal y como sería en corresponder, se le debe dar la oportunidad de que concluya su proceso de formación una vez que se haya recuperado de su lesión”.
Las potestades que tiene el jerarca institucional, no le permiten la omisión de lo que la misma Ley establece. Por otro lado, tenemos constancia de que cuando una persona en proceso de formación sufre una lesión física que le imposibilita realizar las rutinas de acondicionamiento físico, la administración por lo general prescinde de sus servicios. Señaló Mainor Anchía.
ANEP solicita votar negativamente proyecto de Empleo Público por estar cargado de vicios de inconstitucionalidad y por no ser producto de un proceso participativo
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa formulando una exhortación pública a fin de que el Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, no reciba voto afirmativo según se tiene previsto dictaminar mañana martes 20 de octubre, en esa comisión parlamentaria.
La solicitud de la ANEP radica en que serios especialistas de las ciencias jurídicas, con énfasis en los campos del Derecho Laboral y del Derecho Constitucional, han estado advirtiendo que este proyecto está plagado de vicios de inconstitucionalidad, lo que augura que será la Sala Constitucionalidad, la entidad institucional que, en última instancia, determinará la suerte final de este proyecto.
“El proyecto original ha sufrido transformaciones en su caminar por el seno de esa comisión parlamentaria, de suerte que las tres versiones del mismo, han imposibilitado tener una idea lo más razonable y concreta de las pretensiones del Poder Ejecutivo con el impulso a esta iniciativa; destacando de nuestra parte que es la ocurrencia circunstancial-coyuntural la que ha venido determinando contenidos centrales del mismo. Media, en consecuencia, gran inseguridad jurídica con relación a su texto final, pronosticándose importantes señalamientos de violación a la carta magna de 1949.”, indica el documento enviado a la comisión.
Para la ANEP no puede dejarse impune, desde el punto de vista del señalamiento público y crítico, la circunstancia de que el Poder Ejecutivo pretenda la instauración de un mega-ministerio, una institución todopoderosa y centralista en materia de Empleo Público y todos los factores asociados al mismo.
“Este tipo de entidades “totales” han sido frecuentes en regímenes autoritario-dictatoriales de diferente signo ideológico, pero en todos los casos, han generado grandes sufrimientos a los pueblos que las han padecido. En tal sentido, el quebranto al espíritu central de la Constitución Política de 1949, la que aún rige la vida social en la Costa Rica actual, es de extrema gravedad si tal pretensión se impone”, indicó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Proyecto no fue consultado
Otro de los argumentos plasmados por la ANEP, es que no puede argumentarse que este proyecto cuente con el beneplácito, en todo o en parte, de las entidades sindicales y profesionales aglutinadoras de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.
“En el caso de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, esta situación es mucho más grave pues no fuimos consultados en forma directa, es decir, con participación activa en formato de audiencia; y, con relación al documento oficial que entregamos conteniendo nuestro análisis y las fundamentadas razones que oposición a este proyecto, no tenemos la más mínima idea de cómo fue tratado nuestro planteamiento”, detalló Vargas.
Para la organización sindical que aglutina a cientos de trabajadores del sector público, quedan muchos argumentos por puntualizar sobre el proyecto, los cuales no pudieron exponer ante la Comisión de Gobierno y Administración, junto al ejercicio reflexivo de los especialistas que colaboraron al respecto.
La situación sociopolítica del país es de alta tensión, como se ha podido constatar en los últimos días; multiplicándose los llamados al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de acuerdos en los distintos ámbitos en que estamos conflictuados y confrontados como costarricenses. El empleo público es uno de esos ámbitos. Bien ha hecho el diputado Pedro Muñoz Fonseca en formular un llamado a la sensatez y a la prudencia al respecto, llamado que compartimos”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.
Bajo estos argumentos, la ANEP plantea la necesidad de votar negativamente el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, someter la cuestión a un verdadero diálogo social con negociación efectiva, tal y como a gritos lo está reclamando la sociedad en muchísimos ámbitos de nuestra convivencia como nación, determinantes de la calidad de vida tanto para la generación actual como para las venideras.
San José, miércoles 14 de octubre de 2020.
ANEP no se prestará a la nueva maniobra gubernamental en cuanto al diálogo social
Grave error político desconocer la existencia del Movimiento Rescate Nacional.
Proyecto Estado de la Nación arriesga su prestigio y su propia credibilidad
Tema fiscal está sobradamente estudiado y sobran propuestas, entre ellas las de ANEP
Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor, Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.
La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.
Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.
Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa una grave error político.
Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.
Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.
Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.
Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.
Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.
San José, miércoles 14 de octubre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Tras doce años de lucha auxiliares del CEAAM del INAMU recibirán pago de horas extra
|Pago debe realizarse a treinta funcionarias de forma retroactiva a partir del 2007 a la primera quincena de setiembre del 2020
Luego de un largo esfuerzo y doce años de lucha, la seccional ANEP-INAMU logró que el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) reconociera el pago retroactivo de horas extra laboradas en jornada mixta y nocturna de las auxiliares de los Centros Especializados de Atención y Albergue de Mujeres Víctimas de Violencia sus hijas e hijos (CEAAM).
El pago que será efectivo desde el año 2007 al mes de setiembre del 2020, se estableció en la resolución PE-0158-2020 del INAMU, de acuerdo con la información recabada donde se comprobó que las auxiliares aplican un promedio de 157 horas mensuales de trabajo en los dos turnos (mixto y nocturno): De 2.p.m. a 10 p.m. y de 10 p.m. a 6 a.m. respectivamente, acumulando 78.5 horas de labor mensual por cada turno, de las cuales 41.5 horas representan la ejecución de las tareas por cada auxiliar en el respectivo turno al mes.
“En el caso de las Auxiliares, se verifica un promedio de 41.5 horas mensuales por turno que requieren la presencia ejecutando las tareas, lo cual no encuadra necesariamente en lo que se ha llamado una función intermitente, según el criterio del Ministerio de Trabajo precitado y por eso ser consideradas como guardas dormilonas”, indica la resolución.
Además agrega “por lo anterior y de acuerdo con el estudio de Cargas de Trabajo, donde se verifica las funciones, frecuencia y tiempo de duración de cada una de ellas; asimismo de las funciones establecidas en el Manual Institucional de Cargos para el puesto de Auxiliar de CEAAM, esta comisión considera que existen elementos de hecho y de derecho para valorar por parte de la Presidencia Ejecutiva el reconocimiento de las jornadas mixtas y nocturnas, así como el respectivo pago a las funcionarias Auxiliares de los CEAAM, como está establecido en el Código de Trabajo, en los artículos 135 a 138”.
Con esta resolución, el INAMU deberá realizar el pago retroactivo a 30 auxiliares que laboran en la institución desde el 2007 a la fecha en los CEAAM de Occidente, Caribe y Área Metropolitana.
Los CEAAM tienen como objetivo principal brindar un espacio seguro a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia y que se encuentran en riesgo de muerte.Dada su naturaleza, por tratarse de un recurso de alojamiento, este servicio se brinda durante las 24 horas del día y los 365 días del año.
