Categoría: Acción Sindical

ANEP evita despido de chofer de bus

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) mediante la intervención de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) evitó el despido de un chofer de autobús, el cual ha sufrido acoso sindical desde que se afilió al sindicato.

La empresa encargada de brindar el servicio de transporte público, Caribeños, pretendía despedir sin responsabilidad patronal al trabajador de apellido Mora, con la justificación de diferencias en las barras electrónicas o “faltantes”. Sin embargo, gracias a la implementación de la Reforma Procesal Laboral, el patrono que quiera proceder con el despido de un trabajador con «fuero sindical», éste debe solicitar la autorización ante el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio convocó a las partes (patrono-trabajador) para llevar a cabo el procedimiento denominado “gestión de despido” y es en esa etapa que la ANEP,  de manera contundente, demostró que al trabajador nunca se le respetó el derecho al debido proceso, exigido en el artículo 17 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas, el cual indica que a las empresas transportistas “se le prohíbe rebajar unilateralmente” del salario los supuestos faltantes, sin garantizarles el debido proceso y respetando lo dispuesto en el Código de Trabajo.

“El debido proceso que les tienen que dar, no es simplemente que les comunican, en estos casos las empresas tienen que demostrar que el chofer tomó esa plata”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.

La ANEP invita a todos los trabajadores choferes a formar parte de nuestra organización, solo de esa forma los empresarios respetarán los derechos laborales contemplados en la legislación nacional.

10 problemas para participar en el proceso «Costa Rica escucha, propone y dialoga»

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• Primeras impresiones sobre el proceso anunciado por el Gobierno. ¿Será un diálogo real o más de lo mismo?

1) Gobierno sin credibilidad y el Presidente, Carlos Alvarado Quesada ya no genera confianza.

2) Ya establecieron un acuerdo y una mesa aparte con el empresariado del alto corporativismo UCCAEP. Se desconocen lo que han pactado con Horizonte Positivo, el ala del real poder en Casa Presidencial.

3) La agenda legislativa, especialmente la de naturaleza anti-obrera y contraria al bien común, continuará. No se establece tregua alguna.

4) Proceso débil y de naturaleza unidireccional… no hay «cara a cara» entre contrarios determinantes. El verdadero Diálogo Social, ampliamente estudiado, es de otra naturaleza.

5) No se puntualizan las condiciones serias para determinar que es un proceso serio, y que tendrá real y efectiva incidencia.

6) Gobierno ya tiene posiciones político-ideológicas definidas como en materia de empleo público y en materia de eliminar la histórica jornada de 8 horas.

7) Los ámbitos definidos del «diálogo» son impuestos por el Poder Ejecutivo y presuponen ya un acuerdo con el macro-empresariado. Por ejemplo: no se visibiliza con toda claridad el tema tributario-fiscal. Ya tienen decidido el acuerdo con el FMI.

8) Temas ultrasensibles como pensiones IVM-CCSS y el futuro del ROP ni siquiera aparecen.

9) Metodología confusa y siempre bajo orientación vertical.

10) No hay garantes que generen la credibilidad suficiente.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Domingo 9 de agosto de 2020.

Pese a cuestionamientos y mala gestión, presidente Alvarado sigue protegiendo a Yamileth Astorga y a su red de cuido en A y A

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Por: seccional ANEP-A y A

La realidad de Acueductos y Alcantarillados

En conferencia de prensa del 31 de julio de 2020, el Presidente de la República dijo:

“Cuando dijimos tomar acciones en efecto las tomamos, las personas responsables de los departamentos de cobros fueron si no me equivoco suspendidos por la Junta Directiva en una investigación que está en curso porque eran las personas responsables de esa temática ahí fue en lo que yo dije actuar actuamos lo que yo instruí a doña Yamileth a hacerlo lo que se procedió de conformidad¨

Lo manifestado por el Presidente, fue un acuerdo que tomó la Junta Directiva de AyA, en la Sesión Extraordinaria 2020-39, en la cual se suspende con goce de salario por un mes a dos funcionarias de mandos medios mientras se realiza el período de investigación (Mismo que fue excluido del acta).

Lo que no indica el Presidente, no sabemos si es por desconocimiento o por seguir defendiendo la mala gestión de Astorga, es lo siguiente:

Mediante GG-2020-01125, el Ing. Manuel Salas Pereira, Gerente General de AyA, da la instrucción de que la facturación se realice en forma estimada a partir del 20 de marzo y hasta nuevo aviso.

Al respecto nos preguntamos:

¿Por qué razón no se suspende al Gerente General siendo quien provocó el problema y en su lugar investigan a dos funcionarias de mandos medios por cumplir su directriz?

Igualmente nos preguntamos:

¿Qué pasó con el Consejo Gerencial de AyA que se reunió para tomar decisiones?

Consideramos que el Ing. Salas Pereira es pieza fundamental dentro de la “red de cuido” de Astorga, en qué nos argumentamos para decirlo, en que su nombramiento es promovido por ella, y no solo eso, resulta que él es primo hermano de Ligia María Salas Pereira, esposa del Viceministro Jorge Gutiérrez Espeleta, primo hermano de doña Yamileth.

Cobros excesivos que afectaron a muchas familias en plena pandemia por una directriz que emitió el Ing. Salas Pereira sin recibir sanción alguna y, en su lugar, suspenden con goce salarial a dos funcionarias vendiéndole al colectivo la idea de que algo se hizo para “arreglar la torta”

Dos millones de dólares solo en honorarios por una contrademanda perdida, con la empresa Acciona Agua S.A. por errores de AyA que ahora deberá pagar los costarricenses, donde tanto la Presidenta Astorga Espeleta como el Gerente Salas Pereira tenían conocimiento según lo indica el Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga en sus declaraciones a la Prensa, pero ahora resulta que salen absueltos de toda culpa.

Una inversión multimillonaria en una plataforma tecnológica, por el monto de 45 millones de dólares con recursos propios.

Señor Presidente: Con semejante cantidad de dinero cuántos acueductos se pueden hacer o modernizar, cuántas zonas marginales se pueden atender, cuántos bonos proteger se podría entregar con ese dinero a familias costarricenses de bajos recursos o, en el
peor de los casos, que han perdido sus empleos y, mientras esto pasa, la población sigue siendo gravemente afectada por los razonamientos de agua.

Una ejecución presupuestaria de un 32% al 31 de mayo del 2020, que no llega ni al 50% de la ejecución estimada.

Señor Presidente los papeles hablan y no la inauguración de proyectos en Guanacaste o Limón que iniciaron hace muchísimo tiempo, inclusive, antes de que doña Yamileth entrara al AyA. ¿Conocía usted esta información?

También, tenemos pérdidas acumuladas a diciembre 2018 de 15 mil millones de colones y a 2019 de 14 mil millones de colones respectivamente, los cuadros no mienten y estas pérdidas suman 30 mil millones de colones.

Además, una lista enorme de informes de la Auditoría Interna de AyA donde advierten manejos administrativos irregulares y que la Subgerencia de AyA aún no ha entregado a la Seccional, entre ellos los siguientes: AU-2020-00109, AU-2020-00269, AU-2020-00282.

Pero ahí no termina la pesadilla para los costarricenses y principalmente para las trabajadoras y los trabajadores que tememos en algún momento perder AyA y quedarnos sin trabajo, veamos:

Mediante documento DM-784-2020, el Ministerio de la Presidencia, Sr. Marcelo Prieto Jiménez, solicita a doña Yamileth Astorga transferir recursos al Fondo Nacional de Emergencias.

Esto lo consultó vía correo electrónico la Junta Directiva de la Seccional a la Licda. Ana Cecilia Matamoros, Directora de Financiero, quien nos respondió lo siguiente:

“El estudio financiero que ustedes solicitan lo está trabajando directamente la Gerencia, yo todavía no tengo acceso a los resultados finales, de las sesiones en que he participado se ha concluido que AYA no tiene capacidad de aportar recursos a la CNE, sin embargo, se siguen haciendo valoraciones”

Realmente, a la Seccional ANEP-AyA, le preocupa que pese a la recomendación de la Dirección Financiera, se le quite más plata al AyA por compromisos políticos sin tener la capacidad, no porque no se quiera sino porque financieramente no se puede

Señor Presidente:

¿Qué más quiere que pase en AyA para que destituyan a Yamileth Astorga de su cargo?

Respetuosamente, no debería justificar su permanencia en proyectos viejos, pues con ello lo que hace es generar más indignación entre la población trabajadora y entre los clientes en general.

Por buena que sea una persona, por mucho que esta ayude a otras personas o por haber hecho buenas obras, si comete uno o varios errores, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, así funciona en todas las esferas políticas.

Nosotros no quisiéramos pensar que existe algún interés personal más allá del interés de la población que exige su salida.

Con igual respeto, condenamos y repudiamos lo manifestado en un medio de comunicación, por parte del Ministro de la Presidencia, el Señor Prieto Jiménez, quien dijo que los errores de la institución no requieren repercusiones políticas.

No obstante, si esto lo dijera desde la perspectiva del consumidor, posiblemente diría:

Los errores de la Institución requieren repercusiones políticas pues van en detrimento del bolsillo de los consumidores y de la estabilidad económica de la Institución, por tanto, se debe de destituir de su cargo a la Presidenta Ejecutiva de AyA.

Son muchos los errores y contando, mismos que venimos denunciando a través de la Prensa que ella tanto alude al punto de solicitar que no se les brinde información, pero, lamentablemente estas acciones en el gobierno del PAC no generan destituciones.

(Adjuntamos cuadros comparativos)

TOMADO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE CAJA DEL A Y A
AL 31 DE MAYO DEL 2020
TOMADO DEL RESUMEN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL A Y A

ANEP cuestiona manejo de protocolos por covid-19 en Municipalidad de Turrubares

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona la falta de protocolos en la Municipalidad de Turrubares para prevenir el contagio y aumento de casos por el virus covid-19.

La organización sindical solicitó al alcalde del municipio, mediante una carta, dar de forma detallada cuales son las «las directrices tomadas en esa municipalidad por la pandemia que vivimos en cuanto al personal de esa municipalidad, cuantos funcionarios fueron enviados a hacer teletrabajo nombre y puestos de los mismos, si tienen las condiciones necesarias para realizar su labor (…)», entre otros aspectos.

La ANEP ha constatado la preocupación de los trabajadores, debido a que cuando se presentó el primer caso, no hubo ningún proceso de desinfección de las instalaciones, ni del equipo que utilizaba el funcionario contagiado; y estas mismas herramientas de trabajo se las otorgaron a otro compañero trabajador.

Asimismo, en los últimos días se presentó un nuevo caso positivo por covid-19 y otros funcionarios se encuentran aislados por tener contacto directo con la persona contagiada.

Conductores Trabajadores de Plataformas Tecnológicas presentaron documento en Casa Presidencial

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Representantes de la Asociación de Conductores Trabajadores de Plataformas Tecnológicas (Acoplatec), presentaron este miércoles un documento en Casa Presidencial solicitando que se convoque nuevamente en la corriente legislativa el expediente N°21.587 “Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas», para su respectiva discusión, análisis y modificación, con la intención de dejar de lado la informalidad laboral.

Incluso los representantes de Acoplatec indican que con la informalidad, no solo pierden ellos en materia de derechos y de estabilidad. También pierden instituciones como el sistema de salud (y la Caja) ante falta de cuotas de aporte obrero o patronal, que ayude a contrapesar, los múltiples huecos financieros de la seguridad social de todos los costarricenses.

Compartimos el documento presentado.

San José, miércoles 5 de agosto de 2020.
Sr. Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República
Sr. Marcelo Prieto Jiménez, Ministro de la Presidencia
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asunto: Solicitud urgente de Conductores de Plataformas Tecnológicas, integrados al Encuentro Multisectorial de Organizaciones.
Reciban formal y respetuoso saludo de nuestra parte.


Hoy miércoles 5 de agosto nuevamente nos dirigimos a ustedes. Hace una semana también lo hicimos, como una de las organizaciones firmantes del Oficio “Remisión oficial a sus dignas autoridades del Manifiesto de la Manifestación Vehicular Pacífica del lunes 27 de julio de 2020”, del cual todavía no recibimos de parte de Casa Presidencial ni acuse de recibo, ni formal respuesta.


Como organización de Conductores de Plataformas Tecnológicas, consideramos:


I. Que el desempleo, esa odiosa situación que enfrentamos las personas que en condición de trabajar, pero no tenemos acceso a fuentes de empleo (o lo hemos perdido); es un problema constante en nuestro país, el cual alcanzó cifras record antes del COVID -19, profundizándose dramáticamente estos meses de pandemia.

II. Que el subempleo, esa triste situación que enfrentamos las personas que no tenemos empleo por tiempo completo, cuyas jornadas no aprovechan completamente la capacidad del trabajador, y cuya retribución salarial, representa ingresos por debajo del mínimo, que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas; también es una realidad aumentada ante el COVID-19

III. Que si bien ambas condiciones (desempleo y subempleo) han aumentado durante la Pandemia del Covid-19, las mismas ya alcanzaban cifras alarmantes antes del inicio de esta emergencia nacional, como alarmante de igual forma era la cifra cercana al 50% de informalidad laboral en que se encontraba la población económicamente activa, antes de marzo anterior.

IV. Que ante el aumento ambas condiciones (desempleo y subempleo),la informalidad laboral, es una de las opciones que nos recuerda que la necesidad tiene triste cara. La informalidad, esa creatividad de reinventarnos ante el desempleo y el subempleo, es la única opción que hemos encontrado miles de personas, para llevar alimentos a nuestras familias, ejerciendo o desarrollando ocupaciones, cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. Lo anterior como alternativa a las ineficaces soluciones que en materia de desempleo y subempleo, han gestionado quienes a lo largo de los últimos años, han postulado sus nombres para integrar dos de los principales Poderes de la República (Ejecutivo y Legislativo).

V. Que como trabajadores de plataformas tecnológicas, somos parte de esa informalidad laboral, de esa triste realidad de buscar ingresos en actividades que por no estar reguladas, carecen de un marco legal que nos proteja como ciudadanos de injusticias, que nos de derechos, derecho de trabajo digno, de empleo decente.

VI. Que con la informalidad, no solo perdemos nosotros en materia de derechos y de estabilidad. También pierden instituciones como el sistema de salud (y la Caja) ante falta de cuotas de aporte obrero o patronal, que ayude a contrapesar, los múltiples huecos financieros de la seguridad social de todos los costarricenses.

VII. Que para nosotros regulación significa ser sujeto de derechos y no más ciudadanos de segunda categoría. Pero para el país, la regulación de nuestra actividad económica, significa ingresos frescos a la Seguridad Social (con aporte obrero y aporte patronal), así como nuevos ingresos para Hacienda, en materia de impuestos.

VIII. El Gobierno, no sólo ha sido incapaz de solucionarnos el tema del desempleo o subempleo (lo hicimos nosotros a como pudimos, con mucho esfuerzo de por medio), sino que además, y peor aún, el gobierno cuando decimos que queremos contribuir a la seguridad social de todo el país, cuando decimos que queremos contribuir con impuestos que sean invertidos en programas sociales.

IX. Que debido a lo anterior, no nos parece un abordaje responsable para con nuestras familias, que el Gobierno de la República en días recientes, haya convocado y de forma inmediata desconvocado, de la agenda del actual periodo de sesiones extraordinarias iniciado el pasado 1 de agosto; los expedientes legislativos relacionados con regular y dar una solución estructural que proteja de la informalidad a las 16 mil familias de personas conductoras de plataformas tecnológicas, quienes somos una realidad laboral vigente en el país (especialmente el Expediente 21.587 “LEY REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR
MEDIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS”).

X. Que en los últimos días, a pesar de la recesión en la economía, de la caída den los ingresos, de la dificultad que representa para miles de familias de conductores de plataformas tecnológicas, que formamos parte de la informalidad laboral, ganarnos con trabajo el ingreso para costear el pan y techo de cada día; hemos visto encrudecida la fiscalización de nuestra actividad económica la cual si bien es no regulada, no ha sido declarada formalmente ilegal por parte de las instancias pertinentes.

XI. Por lo mencionado en el punto anterior, nos resulta difícil de comprender, como a actual Administración(Ejecutivo) y las Legislaturas en ejercicio (Diputados), durante la actual Administración han promovido, aprobado y ejecutado; Amnistías Tributarias para los grandes deudores del Estado, otorgando condonación totales de intereses y rebajos parciales de penalizaciones… pero en contraste con lo anterior, no muestra la misma diligencia para aprobar en tiempos de pandemia, una Amnistía para la actividad económica que ejercemos los choferes de plataformas tecnológicas, en materia de lo dispuesto por la DIRECTRIZ N° 082 – P, emitida por el Poder Ejecutivo, y publicada en el ALCANCE DIGITAL N° 194, específicamente en La Gaceta N° 150 del 09 de agosto de 2017.
Debido a lo hasta aquí expuesto, formalmente solicitamos.
A. La convocatoria en la agenda del actual periodo de sesiones extraordinarias, para trámite, discusión y aprobación, de los proyectos de ley que regulen nuestra actividad económica (especialmente el expediente 21.587 “LEY REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR MEDIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS).

B. El establecimiento para la actividad de transporte que ejercemos los choferes de plataformas tecnológicas, a través de los mecanismos que correspondan a la competencia del Poder Ejecutivo; de una Amnistía en tiempos de Pandemia, con respecto a la vigilancia y sanciones en las vías públicas terrestres del país, sobre lo dispuesto en la DIRECTRIZ N° 082 – P (publicada en La Gaceta N° 150 del 09 de agosto de 2017).

C. La respuesta al Oficio del miércoles 29 de julio de 2020 (supracitado) y la creación de una mesa única de atención a la crisis, entre el Gobierno y las Organizaciones públicas y privadas que impulsamos como primera actividad el manifiesto y la caravana vehicular del 27 de julio.

Criterio de ANEP sobre Proyecto de Ley que pretende eliminar anualidades

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó su criterio a los diputados de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de Ley 21.917 que pretende eliminar las anualidades en el sector público.

Anep: Proyecto de Ley Anualidad 21.917 by Yariela Novo on Scribd

ANEP-ANUALIDADES-COMENTARIOS-PROYECTO-DE-LEY-ANUALIDAD-PROYECTO-21.917Descarga

Seccional de ANEP en Migración constató condiciones laborales de funcionarios en zona fronteriza

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La seccional de ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) constató en una gira por la zona fronteriza de Peñas Blancas, las condiciones en las que trabajan los funcionarios de este cuerpo policial y la situación de los extranjeros varados en la frontera.

“Queremos agradecer a la administración los esfuerzos realizados ya que pudimos verificar que los oficiales cuentan con los insumos necesarios para laborar de forma segura, cuentan con uniformes completos, chaleco antibalas, mascarillas, guantes y los implementos de aseo e hidratación”, detalló Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la Seccional ANEP-PPME.

Otros de los aspectos importantes a destacar es que los horarios de los oficiales son adecuados, cumplen en jornadas de 12 horas con el mismo tiempo de descanso y en rol de 6×6. La oficina de Peñas Blancas cuenta con 40 oficiales activos, quienes se dividen en tres jornadas para atender las 24 horas, además existen 32 oficiales de refuerzo de otras oficinas como Nicoya, Puntarenas, Liberia, Los Lagos, entre otras.

“Conociendo la situación actual y venidera instamos nuevamente a las autoridades para que apoyen el proyecto Ley 20.323, ya que la cantidad de oficiales no dan abasto para atender la situación migratoria del país. Hemos visto este problema en varias oficinas como por ejemplo la de Nicoya que se encuentra cerrada desde marzo debido a que los oficiales destacados se encuentran de refuerzo en la frontera norte. Una situación parecida se presenta en el Centro de Atención para Migrantes el cual cuenta sólo con dos oficiales los cuales  laboran de 8:00 a.m. a 4 p.m.  de lunes a viernes,  dejando  sin presencia  policial  las noches  y los fines  de semana. Alrededor de 32 oficiales deberán volver paulatinamente a sus oficinas, esto dejaría   poco personal  para el resguardo  de la Frontera Norte”, agregó Mora.

En cuanto  a los extranjeros varados en la frontera, constatamos  que se encuentran  en territorio  nicaragüense, custodiados  por la policía  de Nicaragua quienes  les impiden continuar  hacia  sus hogares. A ellos se les exige presentar la  prueba COVID y ante  esto nuestras autoridades tuvieron  muchas  limitaciones  para la toma de decisiones.

«Nos encontramos  con el Ministro de Seguridad, Michael Soto y el Viceministro de Gobernación, Carlos Torres y la Directora General  de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert, quienes  en un acto  responsable  de humanidad realizaron  diferentes  articulaciones para poder  buscar  una salida  ante  la difícil  situación de las personas que se encuentran en la frontera», indicó Mora.

Gerardo Mora Ordóñez 

Presidente de la Seccional ANEP PPME – Directivo Nacional de ANEP.

Lecturas recomendadas: Pandemia (propuesta sindical), jornada de 8 horas y empleo público

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP ) comparte con usted tres temas de actualidad: Pandemia y la propuesta sindical, jornada de 8 horas y empleo público.

  1. Propuesta sindical-social para los tiempos de pandemia. 

La institucionalidad al rescate de los sectores laborales y productivos ante los efectos del covid-19 en el país- Una propuesta “desde la otra acera”. Entregada al Gobierno de la República desde el 14 de abril de 2020. Al 31 de julio de 2020 seguiremos esperando, al menos, acuse de recibo.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd

2. Jornada de 8 horas-«Flexibilización laboral»

Nuestro planteamiento de fondo con relación a la eliminación de la histórica jornada de 8 horas: «Posición de ANEP entregada el 24 de enero de 2020, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, con relación al Expediente Legislativo No. 21.182.

ANEP cuestiona proyecto de … by EugenioGuerrero on Scribd

3. Empleo público-Memorandum de comentarios técnicos sobre proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su sede en Ginebra, Suiza. Interesante análisis.  No necesariamente debe ser considerado como la posición oficial de la ANEP. Ésta se dará a conocer cuando se nos cite por parte de la Asamblea Legislativa. 

Empleo Público Memorandum de Oit by Yariela Novo on Scribd

Presentan recurso de Amparo contra Ministerio de Justicia y Paz por protocolos COVID-19 en cárceles

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La secciona ANEP-Sistema Penitenciario de Occidente presentó ante la Sala Constitucional un Recurso de Amparo por presunta desobediencia, desacato y presentación de información ambigua que aparentemente tiende a desmentir aspectos operacionales y funcionales ofrecidos como respuesta del Ministerio de Justicia y Paz, en la presentación del Protocolo Operativo para el abordaje masivo de personas privadas de libertad con COVID-19.

A continuación compartimos el Recurso de Amparo

Antecedente

Que, en enero 2020, como consta en el Informe de Estado de la Nación, el índice de sobrepoblación penitenciaria ascendía a 30,8%, incluso por encima de los estándares internacionales de hacinamiento crítico (Voto Sala 021465-18), propiciándose con este tipo de acciones la violación de derechos humanos (llamadas de atención, Ministerio Justicia- Votos 020497-19 y 10511-18- Sala Constitucional–( El país.cr-UCR- Sección Opinión 27-05-2020).

Que el elevado hacinamiento dificulta las respuestas en materia de salud pública para combatir la Pandemia COVID-19, en el Sistema Penitenciario Nacional, y los posibles peligros de expansión en funcionarios y familiares a lo externo del entorno laboral.

Que la transmisión masiva atenta contra las capacidades hospitalarias del país y ante ello la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) cita textualmente: “Se debe asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúan las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión”  (Resolución 01-2020 Pandemia y derechos humanos de las Américas. Washington-CIDH.       Pág 16.)  

Que la resolución de la Sala IV nace en respuesta al habeas corpus presentado por un privado de libertad quien hace mención de la lesión del derecho a la salud dado que en su momento esa honorable sala como garante de la atención de la salud (Artículo 21 de la Constitución Política) de los privados de libertad, solicita un Protocolo Operativo para manejo de Abordajes masivos de personas Privadas de Libertad con COVID 19.

Que el 17 de Julio 2020, el Ministerio de Justicia y Paz, difunde el Protocolo Operativo, que consta de 27 páginas y anexos complementarios.

Que como bien lo solicitó esa honorable sala, entre los aspectos a considerar se planteaban entre otros: capacidad de camas clínicas de los centros penales, espacios físicos dispuestos para atención de casos sospechosos o bien positivos COVID-19, capacidad de atención médica de dichos pacientes, plan de acción en caso de ser necesaria la construcción de infraestructura, posibilidad de implementación de hospitales campaña, y finalmente una propuesta concreta en términos de seguridad y salud ocupacional en cuanto a programas de desinfección, protección (dotación de mascarillas, guantes, respiradores, medicamentos personal médico de atención entre otros.

Detalle de Hechos

  1. Incumplimiento parcial del objetivo específico b, del Protocolo Operativo para el abordaje masivo de personas privadas de libertad con COVID 19. Pág 03 que cita textualmente “Establecer acciones para la atención de los casos según la clasificación de estos por gravedad del cuadro”

1.A-) Que a efectos de dar respuesta a este objetivo planteado se definieron 07 escenarios ante brote de COVID-19 (pág. 4 -7 inclusive), donde inicialmente se plantea, que en el escenario 01 para todos los centros penitenciarios se deberá disponer de la capacidad instalada de espacios existentes.

A fin de responder en detalle esta capacidad de espacios, el Protocolo operativo presentado en la página 14, claramente especifica que se proyectan 3.045 espacios de aislamiento, donde se cuenta con 57,4 % de espacios listos que constituyen un total de 1.748 locaciones,  distribuidos en 19 Centros de Atención institucional y Unidades de Atención Integral.

1.B-) Que en pág. 07 del protocolo operativo presentado a esta honorable sala se detalla, en el punto 06, la clasificación de los pacientes según gravedad de la sintomatología (Pacientes leves, moderados, graves y críticos) y detallándose la diferenciación de las categorías entre cada patología.

1.C–) Que en pág. 15 del protocolo operativo presentado a esta honorable sala se detalla en el punto 10 (Tabla 03), los espacios de aislamiento por Centro Penal para atención de pacientes con grado de salud moderado e incluso se plantea claramente que requeriría su acondicionamiento como Sitio Alternativo de Atención Médica (SAAM), en tres centros penales específicos a saber: CAI Jorge Arturo Montero Castro, CAI Vilma Curling, UAI Reynaldo Villalobos, ante riesgo de colapso de servicios de salud de la CCSS, -Escenario 07-pág 7, inciso xi .

1.D-) Que en el punto 18 página 21, punto b, inciso iv, claramente se le indicó a la sala textualmente “Los pacientes que sean clasificados como leves al aplicar la tabla de Escala temprana de Alerta (ver punto 6) se mantendrán en aislamiento dentro del centro penal”. Así mismo el inciso v, expresa: “Los pacientes que sean clasificados como moderados o severos al aplicar la tabla de Escala Temprana de Alerta serán internados en servicios de la CCSS para recibir tratamiento de acuerdo a su gravedad”.

1.E-) Que en el punto 14 página 19, puntos a, b, c, d, e, f, g, y h inclusive se indica claramente que cada centro penitenciario debe designar y adecuar zonas para la atención de las personas privadas de libertad COVID-19 positivos (según las instalaciones actuales y las áreas de aislamiento previstas). Entre ellas Zona Triage, Zona Descanso, Zona 0, Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5.

2. Riesgos en transporte extrahospitalario del paciente COVID-19.

2.A-) Que en el punto 18 página 21, punto b, inciso iii, claramente se le indicó a la sala textualmente “El traslados de los pacientes es realizado en vehículos del centro penal acompañados de los respectivos custodios para efectos de su seguridad”

2.B-) Que en el punto 15 página 21, punto b, inciso iii, claramente se le indicó a la sala textualmente “El traslados de los pacientes es realizado en vehículos del centro penal acompañados de los respectivos custodios para efectos de su seguridad”

2.C-) Que los lineamientos generales para el traslado extrahospitalario (Vía terrestre y aérea) de personas con enfermedad respiratoria en el marco de la alerta sanitaria por Conoravirus (COVID-19), versión 6 del 02 de abril del 2020, por parte del Ministerio de Salud, citas en algunos de sus incisos:

a- Cuando sea necesario realizar el transporte de la persona con enfermedad respiratoria, se realizará en una ambulancia, que tenga preferiblemente la cabina del conductor físicamente separada del módulo de transporte del paciente.

c- El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente y utilizar equipo de protección individual.

i-En caso de que el traslado se efectúe a la Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el despacho del servicio extrahospitalario deberá informar al centro de Comunicaciones institucional de la CCSS y debe indicar el traslado al área de salud más cercano. 

k-) Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo, equipo médico y a la gestión de los residuos ordinarios y/o bioinfecciosos producidos.

l-) El personal que atienda casos de enfermedad respiratoria debe llevar un equipo de protección personal que incluya: guantes, bata, mascarillas quirúrgicas, protección ocular. Requiere higiene de manos. El uso de otros equipos adicionales de protección personal requiere de la evaluación de riesgos relacionada a las actividades o procedimientos de salud a realizar.  

o-) Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el paciente y sus secreciones. La limpieza y desinfección se realizará con el desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección del establecimiento de salud o con una solución de hipoclorito de sodio que contenga 0,1% (1000 ppm) de cloro activo. El personal de limpieza utilizará equipo de protección personal que incluya mascarilla quirúrgica, guantes de hule y botas. El uso de otros equipos adicionales de protección personal, requiere de la evaluación del riesgo relaciona a las actividades o procedimientos a realizar. 

Aspectos funcionales y operacionales recurridos.

Que las acciones concretas presentadas a la honorable Sala, en cuanto a la forma de atención de los casos según la clasificación de estos por gravedad del cuadro clínico presentado se incumple dado que se indica que al menos en el desarrollo de los tres primeros escenarios, cada centro penitenciario cuenta con capacidad para recibir casos leves que no impliquen hospitalización médica (1.B ), sin embargo una vez que se dio el primer caso COVID 19 positivo, durante los primeros días de julio del año en curso se da traslado de 05 privados de libertad positivos -patología leve- de diferentes centros penitenciarios entre ellos: CAI Carlos Luis Fallas- Pococí, Gerardo Rodríguez Echeverría y Luis Paulino Mora, siendo que primeramente no se emplean los espacios ofrecidos a la Sala constitucional como garantes de atención de cada centro penitenciario y que en la redacción del documento se indicó contar con espacios de aislamiento listos de 74 ubicaciones, 139 espacios y 88 sitios respectivamente (1.A).

Que esta medida pone el riesgo tanto la seguridad institucional ante un posible contagio masivo dado que se expone personal de seguridad, privados de libertad y funcionarios de servicios esenciales (servicios de alimentación, logística, transportes entre otros) y la población general, dado que podría existir epidemiológicamente posibilidad de brote ante tal exposición, por ser traslados desde otros centros penitenciarios a la UAIRV, e incluso en condiciones que no cumplen requerimientos mínimos pero que en los sucesivo se ampliará este detalle.

Así mismo, el citado protocolo no le indica a esa honorable sala que se centralizaría la acción de respuesta primaria en materia de salud, en el Centro Penal denominado Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos, ubicada en la Región de Alajuela, como campo de acción de casos positivos covid 19 en todo el país, lo que además contraviene las indicaciones del servicio de vigilancia de la CCSS, por la violación parcial de ordenes sanitarias emitidas y que implican un resguardo aislado y no de exposición como ocurre con los traslados.

Que, a la fecha, de la presentación de este recurso ningún caso se determina como de atención medica moderada con necesidad de servicios hospitalarios, y por lo cuál debería permanecer en cada espacio de asilamiento presentado a esa sala como listo y preparado para tales fines (1.D).

Que la inexistencia o bien incumplimiento actualmente de los centros penales en cuanto a las zonas de atención de casos COVID-19, pone en riesgo la salud pública y la seguridad penitenciaria dado que la aparente accionabilidad de las autoridades en materia de infraestructura nos expone a todos.

 Que como bien se citó en el punto 1.D, cada centro debería realizar las coordinaciones con los hospitales médicos de su jurisdicción, siendo que ante la centralización de las actividades en materia de Salud se expone y arriesga la capacidad de respuesta oportuna del Hospital San Rafael de Alajuela como centro de atención regional.

Que no existe un plan de capacitación general para atención de los casos COVID 19, como consecuencia de acciones propias de un plan de la salud y seguridad ocupacional del personal de Seguridad, salud y servicios esenciales que permitan el desarrollo de acciones concretas para sus funciones en respuesta inmediata como personal de primera línea para combatir la pandemia.

Que el equipo de protección personal apropiado pareciese no es suficiente en cantidad ni calidad con los estándares y lineamientos  indicados por el Ministerio de Salud y CCSS como entes rectores en esta materia.

Finalmente, mediante la emisión de lineamientos de atención médica el 08 de julio de los corrientes se promulga la cuarta versión, donde se varia lo indicado a la sala al emitirse criterios contrarios como la preparación y acondicionamiento de espacios para pacientes con síntomas moderados en UAIRV y Vilma Curling, (Pág 37), lo que contradice con lo plasmado a la sala en el protocolo operativo punto 6, inciso b donde claramente se indicó que los pacientes moderados deben ser manejados de manera hospitalaria como lo indica la norma nacional de salud, exponiedo a todas luces el riesgo de la salud de la población privada de libertad y personal.

Petitoria

Se le solicita a la honorable Sala la viabilidad de que se aporten actas de reuniones, minutas, visitas de campo y autorización del ente rector en materia de salud, donde se avaló el uso del espacio de aislamiento de visitas conyugales en el Centro Penal denominado Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos, como ente centralizado y único para recepción de casos COVID 19 positivos y se certifique la existencia de los 1748 espacios de aislamiento listos y el porque ante una situación de emergencia nacional no se han empleado o bien cual uso se le ha dado, y ante ello se ha procedido al traslado de otros centros penales de privados de libertad con patologías de salud leves de COVID 19- positivos, siendo que con ello incluso se viola parcialmente la orden sanitaria de aislamiento en cada caso.     

Por otra parte, se solicita se le solicita a esta Sala, gestionar la remisión de las actas de visitas realizadas por parte del Área Rectora de Alajuela 2 del Ministerio de Salud donde se valorara el sitio empleado en la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos, y se autorizara la habilitación de consultorios para atención de pacientes COVID 19, recomendaciones recibidas, sin exponer al resto de la población penal y funcionarios. 

Que se aporten minutas, textos con la temática desarrollada, listas de personal participante de las capacitaciones ofrecidas para el personal de seguridad, servicios esenciales (alimenticios, transporte) y personal de salud.

Que se aporten documentos donde conste la asignación de equipo de salud y seguridad ocupacional para el personal esencial de primera línea (policía penitencia, servicios de alimentación, servicios de transporte) y así se de constancia que cumplen con las especificaciones técnicas mínimas establecidas por los entes regentes en materia de Salud, CCSS y Ministerio de Salud.

Que se considere la viabilidad real de cobertura por parte del CEACO con 83 camas que se indica serían para atención casos COVID 19, más sin embargo dichas espacios deben considerarse para atención de población civil lo que implica desarrollar otros escenarios de respuesta ante una posible propagación.   

Jonathan Fonseca Castro

Céd: 1-1070-0089

Delegado Sindical

ANEP-Ministerio de Justicia y Paz

Seccional Occidental