Categoría: Acción Sindical
ANEP apoya a los conductores trabajadores de plataformas tecnológicas, no a las empresas transnacionales
Seccional presenta recurso de amparo contra el MSP por no brindar insumos a los oficiales para protegerse del covid-19
La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Michael Soto, en busca de que el ministerio brinde los insumos básicos a los policías para protegerse del virus covid-19.
El recurso de amparo fue presentado por infringir los artículos 21, 60 y 66 de la Constitución Política, los cuales buscan resguardar el derecho a la salud de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública expresó que pese a que se ha informado a las autoridades la necesidad de dotar equipo de higiene y limpieza para resguardar la salud de los funcionarios, siempre se le informa que están en proceso de adquisición, lo cual podría ser resultado del aumento de casos positivos en las delegaciones de la Fuerza Pública.
Anchía agregó que los cuerpos policiales forman parte de la primera línea de respuesta en la atención de la emergencia sanitaria nacional, ya que se encargan del resguardo de los puestos fronterizos, escolta de contenedores de ruta internacional, atención de incidencias por aglomeraciones, controlar actividades prohibidas por el Ministerio de Salud , así como mantener la función primaria de seguridad ciudadana.
El recurso de amparo fue admitido por la Sala Constitucional para estudio y se le otorgó al MSP tres días hábiles para responder.
Recurso de Amparo Contra El Msp by Yariela Novo on Scribd
Se avecinan cambios violentos en Régimen de Pensiones IVM: ANEP no legitimará con su firma nueva agresión a la clase trabajadora
•Mujeres tendrán que laborar 5 años más, hombres 3
•Monto de pensión quedaría en 40% del promedio salarial
Se espera para próximos días que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), imponga cambios violentos y modificaciones bruscas en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que representarán, sin la menor duda, una nueva agresión a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado; agresiones anti-obreras que se imponen aprovechando la crisis de la pandemia del covid-19.
De entrada, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si se es hombre, o de si se es mujer. En éste caso, las trabajadoras deberán laborar 5 años más del tope actual (59 años y 11 meses); los varones, pasarán de la fijación actual de 61 años y 11 meses, para tener que laborar 3 años más.
Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40 %, no ya el 60 % actual; y, ese 40 % sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen; ya no como en la actualidad que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo.
La posibilidad del retiro anticipado quedaría completamente descartada.
ANEP anuncia que con su firma no se legitimará una nueva agresión en contra de los derechos de la clase trabajadora; y, con vehemencia, exhorta al ciudadano Mario Devandas Brenes, integrante de la Junta Directiva de la CCSS, en representación de los sindicatos, para que no dé su voto en la sesión que está prevista para la adopción de estos cambios violentos y estas modificaciones bruscas en el régimen de pensiones más importantes del país.
La crisis financiera del IVM-CCSS tiene que tener un abordaje integral considerando las distintas causas que la generaron, ninguna de las cuales es atribuible a la parte cotizante obrera. Por ejemplo, las erráticas y riesgosas inversiones que habrían generado una considerable pérdida y que siguen un trámite en sede penal para determinar responsabilidades político-ejecutivas en la toma de esas deplorables decisiones. La impunidad se ha impuesto, lamentablemente.
Aprovecharse del ambiente sociopolítico y económico nacional contaminado por la pandemia del covid-19 para imponer tales cambios anti-obreros en el IVM, desborda toda lógica ética y moral, pues encubriría debajo de la alfombra, determinaciones puntuales de carácter fundamental que deberían emerger si se trata de una reestructuración de corto, de mediano y de largo plazo que le retornen la seguridad financiera a este régimen de pensiones, hoy severamente vulnerada por, repetimos, causas no obreras.
ANEP aboga por que tal decisión se postergue y que se abra la más transparente discusión, metodológicamente ordenada, multifactorialmente diversa, con suficiente base sociolaboral realmente legítima, con plazo definido para llegar o no llegar a acuerdos; y extra-muros institucionales.
ANEP alerta a las diversas organizaciones aglutinadoras del cuerpo obrero cotizante del régimen de pensiones IVM-CCSS para que se construya una única posición de perspectiva trabajadora, sin cálculos personalistas; a fin de brindarle a la clase trabajadora una posición férrea y sólida, sin demagogias legitimadoras para el fortalecimiento de las posiciones enemigas mismas de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
San José, miércoles 28 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
¿Cuáles son los planteamientos de los diversos grupos que participan en la manifestación vehicular?
Este lunes 27 de julio, grupos con diversas consignas se unieron en la manifestación vehicular para demostrar la realidad que enfrentan en medio de la emergencia sanitaria.
La ANEP comparte el manifiesto el cual contiene las reivindicaciones o planteamientos de los grupos participantes, quienes han visto la agudización de la crisis fiscal y las repercusiones sociales y económicas agravadas con la pandemia del covid-19.
Son muchas las familias desempleadas producto de la pandemia y muchas otras ya lo venían sufriendo desde antes.
Temas de Manifetación Vehíc… by Yariela Novo on Scribd
Manifestacion Vehicular
Gepostet von ANEP am Montag, 27. Juli 2020
Galeria
ANEP-PPME cuestiona Vicepresidenta de la República ante faltante de personal en Policía de Migración
Diputados llaman a comparecer a Presidenta Ejecutiva de AyA tras denuncia de Seccional de ANEP
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamarían a comparecer a la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, tras la denuncia de la Seccional ANEP-AyA en la que se demostró que la jerarca habría solicitado en una reunión con otra organización sindical no dar declaraciones a Diario Extra debido a los cuestionamientos que realiza, este medio de comunicación, en contra de acciones de la institución.
El diputado de Nueva República, Jonathan Prensas, indicó que presentará una moción, para llamar a comparecer a Astorga por también ordenar no dar más pauta a Diario Extra, ni a CRHoy.com.
La moción incluye que se llame también a Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del SITRAA. Así como también a Silvia Ulloa, directora de CRHoy.com, e Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra.
Con la moción se pretende investigar sobre la toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del AyA y con ello garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.
La intención de la jerarca del AyA quedó plasmada en la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio del año en curso, en una reunión en la que participaron la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Comunicación, Salud Ocupacional, Gerencia General y personal afiliado al Sindicato de Trabajadores de AyA (Sitraa).
Derecho de respuesta al periódico La Nación
San José, sábado 18 de julio de 2020.
S.G. 17-21-2191-20
Honorable señor
Armando González Rodicio, Director PERIÓDICO LA NACIÓN
Por esta vía solicitó al medio de comunicación que usted representa un Derecho de Respuesta o Rectificación sobre la publicación realizada el miércoles 15 de julio del 2020 en el sitio web de La Nación, en la sección No coma cuento, así como en las redes sociales de su organización, con el titular #NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos, debido a que dicho titular presenta un claro agraviante hacia mi persona.
La solicitud de Derechos de Respuesta o Rectificación la realizo amparado en lo que establece la Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 29; así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Título III, Capitulo III, en los artículos 66, 67 y 69, perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional, además, ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Como lo indicamos supra, la Honorable Sala Constitucional, ha fundamentado la sustentación del “Derecho de Respuesta o Rectificación”, de la siguiente manera:
«IIo.- Si lo pretendido por el recurrente es ejercer el derecho de rectificación y respuesta, cabe aclarar que los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan ese derecho, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y por ende, para efectuar por el mismo órgano de difusión su respuesta de conformidad con las reglas que establece el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De esta manera, el interesado deberá formular por escrito la correspondiente solicitud, ante el dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a que se publiquen o transmitan las manifestaciones que se proponga contestar, y se acompañará el texto de su respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Ese texto deberá publicarse o difundirse -y tendrá que destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva-, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria y en los demás casos cuando se dé el próximo tiraje o transmisión que se hiciere después de ese plazo (…)» (Sentencia No. 7086-94, de las 13:24 hrs. del 2 de diciembre de 1994).
LOS INFUNDIOS A LOS QUE NOS REFERIMOS:
En la nota publicada por los periodistas Silvia Artavia y Aarón Sequeira se manifiesta que mi persona difunde información falsa sobre el proyecto que impulsa el Gobierno. con relación a la reducción de la jornada laboral y el salario en el sector público, al indicar en mi cuenta de Twitter lo siguiente “¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Dizque ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman “dietas”. ¿Será posible tal cinismo político?” (Subrayado mío).
Sin embargo, mi aseveración en redes sociales, con fundamento, quedó completamente respaldada durante la comparecencia de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), señora Pilar Garrido Gonzalo, en la sesión de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, del 14 de julio del 2020, al ser esta última cuestionada por el diputado José María Villalta Florez- Estrada sobre como el proyecto no tocaba el salario de los diputados y diputadas, además ampliado a otras jerarquías del Gobierno.
Al respecto el señor diputado Villalta, manifestó lo siguiente en el plenario legislativo:
“El proyecto de ley está tan mal planteado que podría generar una nueva y más grave desigualdad: se les rebaja los salarios a las y los trabajadores del sector público, pero no a los altos jerarcas del Gobierno -con salarios más altos- que no están sujetos a una relación laboral con el Estado.
El proyecto de ley plantea reducir en un 15% la jornada laboral del personal de la Administración Pública. Pero nuestra jurisprudencia constitucional y laboral ha establecido de forma reiterada que los jerarcas como ministros de gobierno no están sujetos por una relación laboral y, por lo tanto, no tienen una jornada laboral que reducir. Así lo dejó claro la Sala IV, en el voto N.°369- 2009, donde afirman que ‘las labores que desempeñan los funcionarios públicos “gobernantes” son de naturaleza política, nombrados por el Presidente en atención, principalmente, a su afiliación partidaria, de manera que su relación con el Estado -como se indicó- no es laboral ni estatutaria’.»
Algo similar ocurre con los directivos de instituciones autónomas que ganan jugosas dietas. No están sujetos a jornadas laborales, por lo tanto, a ellos no se les aplicaría el rebajo salarial, sólo a sus subalternos. Pasa lo mismo con los diputados y diputadas. No hay una relación laboral con el Estado ni aplica una ‘jornada laboral’. La remuneración se rige por una ley especial y se paga por dietas.
Cabe mencionar y llama poderosamente la atención, que estos hechos noticiosos suscitados en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios un día antes de publicada la noticia “NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”, (subrayado mío), ni siquiera fueron tomados en cuenta por los periodistas para elaborar la nota que me ataca, a pesar de que incluso se volvió un hecho noticioso nacional y tendencia en redes sociales. Sólo se avocaron a tomar en cuenta las manifestaciones de la ministra Garrido Gonzalo, misma que fue puesta en evidencia al suministrar datos inexactos y, posiblemente falsos, ante la opinión pública y en la misma Asamblea Legislativa sobre los alcances de la propuesta de Gobierno.
Entonces queda claro que no ha sido la ANEP, ni mi persona, las que hemos difundido información falsa. Queda clarísimo para nosotros y para la opinión pública que ha sido el Gobierno de la Republica, presidido por Carlos Alvarado Quesada y la indicada ministra de Estado, quienes con tal de afectar a la clase trabajadora y, especialmente, a los trabajadores del sector público, quienes han aportado en el mismísimo Congreso de la Republica, información incorrecta, inexacta y posiblemente falsa; la cual no sólo ustedes no han verificado y, al parecer, más bien se regocijan en hacer eco y propalar tales inexactitudes. ¡Claro!, es entendible: ustedes les fascina vilipendiar la lucha sindical y, por supuesto, a quien suscribe este derecho de respuesta y rectificación.
Por estos motivos, reitero en nombre, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, organización sindical que dignamente represento, la solicitud inicial del derecho de respuesta o rectificación bajo las mismas condiciones en las que fue publicada la nota que atenta contra mi imagen.
Saludos.
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Impuesto al aguinaldo: el acabose de la agresión a la clase trabajadora
- Furia obrera será indetenible.
- Promotores de ingreso a la OCDE siempre lo ocultaron.
- Una hora de evasión fiscal recuperada significa más de dos veces lo que pretenden recaudar con el impuesto a los aguinaldos.
De la manera más enfática y fuertemente vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su más fuerte rechazo a la descabellada idea que, presuntamente, estaría proponiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mentado “club de los países ricos” que ahora admite en su seno a “convidados pobres” como Costa Rica.
Decimos “presuntamente” porque no podemos descartar que sean elementos político-“empresauriales” nacionales los que hayan ido al seno de la OCDE con esa nefasta idea, considerando que si ellos mismos lo hicieran el costo político les resultaría catastrófico, dado ya están pagando muy alto la factura por la cadena de medidas anti-obreras que vienen tomando en el marco de la pandemia y antes de la misma.
Es más, la “tímida” y pública inicial reacción gubernamental ante la propuesta de la OCDE, incrementa nuestra sospecha de que a ésta le “vendieron” la idea de que sea ella la que realice el trabajo sucio de formularla.
Específicamente, la jerarca ministerial de Mideplan, Pilar Garrido Gonzalo y su homólogo de Hacienda, Elián Villegas Valverde dijeron que el Gobierno “analizaría” la propuesta, cuando lo que correspondía era haber formulado un fuerte rechazo gubernativo, de primera entrada, a tan descabellada idea.
Pronosticamos que, si semejante idea empieza a tomar cuerpo y, peor aún, es puesta a trámite parlamentario, la ira socio-laboral sería incontenible, indetenible, pues el aguinaldo no solamente es considerado como una sagrada conquista obrera, por lo tanto, intocable (y hasta ahora intocada); sino que, los comerciantes, de manera especial, saben lo vital que para sus negocios resultan los miles de millones de colones puestos a circular en la economía en el mes de diciembre.
Nos atrevemos a decir que la reacción de repudio y rechazo sería espontánea y no costaría mayor esfuerzo una convocatoria a las calles.
Los ¢117 mil millones que generaría ponerle un impuesto al aguinaldo, significan menos de la mitad de lo que se evade en impuestos en una sólo hora, pues con base en la estimación (muy bajita, por cierto), del anterior exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que anualmente en Costa Rica el fraude fiscal-tributario es del orden de los $3 mil 800 millones, a la hora de hacer la conversión a colones, el robo de impuestos alcanza, ¡por hora!, casi ¢253 mil millones.
O sea, una hora de evasión fiscal recuperada, equivaldría a poco más de dos veces lo que quieren arrancarle por impuesto de renta a los aguinaldos.
Dejamos alertada a las conciencias obreras de los sectores privado y público para que se alisten a movilizarse, con las previsiones sanitarias de rigor, si resulta necesario la defensa del aguinaldo. Primero es el impuesto… luego se atreverían hasta plantear su eliminación.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Oficiales de la Fuerza Pública no perderán sus vacaciones profilácticas
Así quedó establecido luego de la gestión realizada por la seccional ANEP-Fuerza Pública, quien solicitó al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, modificar el decreto existente referente a las vacaciones profilácticas, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
“En vista del panorama descrito, en ANEP queremos extenderle la respetuosa solicitud de que, desde su despacho ministerial se coordine con la Presidencia de la República. Lo anterior a fin de analizar la firma de un decreto ejecutivo que modifique el decreto previo, que dio origen a las vacaciones profilácticas. Y, de esta manera, por esta única oportunidad (o solo ante emergencias nacionales) se pueda permitir que los oficiales acumulen las vacaciones profilácticas, y así no pierdan estos días”, indica la solicitud de la ANEP.
Lo anterior quedó dispuesto en la resolución 2251-2020 DM publicada el 1 de julio del presente año, donde se indica que debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde el 6 de marzo del 2020 se “procede a suspender temporalmente hasta nuevo aviso el disfrute de las vacaciones profilácticas”
El mismo documento aclara, que las vacaciones profilácticas podrán ser acumuladas, y por ende disfrutadas por los oficiales de la Fuerza Pública una vez se levante la alerta de emergencia sanitaria existente en el país.
“Mientras se mantenga vigente la presente disposición y por esta única ocasión, los periodos de vacaciones profilácticas podrán ser acumuladas hasta que puedan ser disfrutados efectivamente y en su totalidad por los servidores policiales beneficiarios de este derecho, indica la resolución firmada por el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.
Además, agrega “Una vez levantada la presente medida, el disfrute de las vacaciones profilácticas será otorgado a cada uno de los funcionarios beneficiarios del mismo, en forma programada y paulatina, de tal manera que no todos disfruten el derecho al mismo tiempo, y no se afecte la operatividad de la unidad policial a la que pertenecen ni la continuidad del servicio que esta presta”.
Una vez más la seccional ANEP-Fuerza Pública trabaja en beneficio de nuestros oficiales de policías que trabajan arduamente en pro del país y la ciudadanía.
Es importantes recordar que las vacaciones profilácticas fueron establecidas en el Decreto Ejecutivo N 23880 “Reglamento de servicio de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública del 6 de diciembre de 1994 y publicada en La Gaceta N9 del 12 de enero de 1995.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública también consultó si esta medida aplica para los oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la cual se está a la espera de una respuesta.
