Seccional ANEP-Fuerza Pública luchará por recuperar el salario de los policías

  • El reciente aumento salarial no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al ser incluidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
  • Policías reportan a la seccional que aún no les llega el ajuste salarial.

La Seccional ANEP-Fuerza Pública mantiene la consigna de luchar por mejores condiciones laborales para los policías, en este caso una de las principales acciones es la reivindicación salarial que, pese al reciente ajuste, éste no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al aprobarse la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para la seccional, aunque la noticia de que el incremento salarial se hizo efectivo la segunda quincena de abril es bien recibida, existe un malestar en la población policial por la inconsistencia en la información que brindó la administración.  

“El juego de palabras” del Ejecutivo creó confusión en los policías, ya que el aumento es nominal, con la Ley del “Combo Fiscal”, los incentivos salariales porcentuales desaparecieron por lo que un aumento a la base no tiene efecto sobre los otros rubros.

“Si bien en la Seccional ANEP Fuerza Pública entendemos la alegría que pueden sentir muchos de nuestros compañeros y compañeras, lo cierto es que dicho incremento sigue siendo ínfimo para alcanzar una verdadera reivindicación salarial. Por otro lado, se debe recordar que a nuestros cuerpos policiales se les incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que el porcentaje del incremento es inferior a lo rebajado por la aplicación de la Ley 9635”, agregó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

“Otro aspecto a considerar es que hemos atendido a varios funcionarios que nos indican haber quedado excluidos del incremento salarial, a pesar de que no ostentan un cargo de jefatura, sino que manejan plazas de agente de policía, aparentemente se trata de un tema de nomenclatura. En tal sentido, una vez más se provoca desilusión, división y rivalidades en lo interno de nuestra policía”, agregó Anchía.

Bajo ese panorama, la Seccional solicitará a la institución explicaciones para poder esclarecer el por qué algunos oficiales quedaron fuera o si existió algún fallo en los cálculos. Además, el sindicato pide a los afiliados afectados facilitar los datos para analizar caso por caso y de ser necesario establecer los procesos legales correspondientes.

Recordemos que, de acuerdo con algunas proyecciones, un Agente I con la aplicación de la Ley 9635 perdió aproximadamente ₡90 mil de su salario en un periodo de 6 años.

La Seccional considera paradójico, que el Poder Ejecutivo, primero haya incluido al gremio policial en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (combo fiscal) y después se quiera mostrar “benevolente” con la misma. Es un doble discurso porque pudo excluirlos de la Ley Fiscal dada su condición de excepcionalidad, lo cual habría representado un reconocimiento al valor, la entrega, la mística, la vocación y el sacrificio que conlleva la función policial.

¡Fuera las municipalidades de la regla fiscal! ANEP reitera respaldo al proyecto 21.922

  • Exhortamos al plenario legislativo a darle votación en primer debate este jueves 30 de abril
  • Solamente con servicios públicos fortalecidos la pandemia nos afectará menos
  • Proyecto ha unido a la familia municipal costarricense como en ninguna otra ocasión

De manera totalmente diáfana y contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia de su total respaldo, una vez más, al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; exhortando a los señores diputados y a las señoras diputadas para que en la sesión plenaria de mañana jueves 30 de abril, le den el voto favorable.

Sacar a las municipalidades de la cobertura de la nefasta regla fiscal, contaminada ésta muy ideológicamente más que representar una preocupación objetiva por la solidez de las finanzas públicas, siempre fue un objetivo fundamental de la ANEP en cuanto a su presencia sindical en las municipalidades del país; pues desde que se estaba tramitando la hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; cuando era el Expediente Legislativo No. 20.580, denunciamos la errática decisión política de someter a los gobiernos locales a tal normativa, considerando que -entro otros nefastos aspectos-, se violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal.

Hoy, que los profundos efectivos negativos, fundamentalmente económico-sociales, de la pandemia del coronavirus covid-19, hacen estragos en nuestro país (y en todo el mundo), la relevancia de los servicios públicos estatales está posicionándose con lógica fuerza para superar la crisis, de modo que resulta más que oportuno que tal proyecto 21.922 se convierta en ley de la República cuanto antes, lo cual satisface a la ANEP que ya había gestionado un proyecto propio en tal sentido, desde mayo de 2019.

Los servicios públicos municipales están en la primera línea de combate en cuanto a los efectos negativos socioeconómicos de la pandemia y mediando la ley derivada del Expediente Legislativo 21.922, se abre un abanico de posibilidades de intervención más dinámica y eficaz de la acción municipal.

Por supuesto que la ANEP y sus seccionales municipales, con presencia ya en un 75 por ciento de los gobiernos locales del país, estará vigilante de que ello sea así, denunciando cuando proceda si el objetivo perseguido se distorsionara.

Por otra parte, estamos observando un consenso nunca antes manifestado en el seno de la institucionalidad municipal costarricense, pues las alcaldías entrantes y salientes, los concejos que terminan su período constitucional 2016-2020 y los que lo inician este viernes primero de mayo; la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI); así como las fuerza obrero-laboral municipal del país, organizada mayoritariamente bajo las banderas de la ANEP, hemos cerrado filas en favor de esta iniciativa de ley 21.922.

Bien hacen las actuales personas legisladoras en recoger esta expresión de fuerte sentimiento cívico-municipal para darle a los gobiernos locales más agilidad de gestión y disposición de sus propios recursos sacándoles de la regla fiscal del combo-ley 9635.

Un grupo muy representativo de la comunidad obrero-laboral municipal estará mañana jueves 30 de abril, en las afueras del Museo de los Niños (sede parlamentaria de urgencia), monitoreando la votación al interior del plenario legislativo; presencia física de apoyo que se dará observando la rigurosidad de las normas sanitarias dispuestas por la pandemia del covid-19, entre ellas el distanciamiento mínimo exigido entre personas.

Seccional ANEP-Policía Migración pide al Gobierno ser vigilante de la frontera sur ante aglomeración de migrantes en suelo panameño

Ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) hace un llamado al Gobierno de la República, para que no descuide y refuerce la seguridad en el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá, debido a la aglomeración de migrantes extracontinentales en suelo canalero, y quienes podrían intentar cruzar la frontera con la intención de continuar su camino hacia los Estados Unidos.

Lo anterior se debe a informaciones que ha circulado en algunos medios digitales de la zona conocida como El Darién, Panamá, quienes indican que hay poco más de 2 mil africanos varados en ese punto.

Incluso, el medio costarricense puroperiodismo.com informó, el pasado 18 de abril que “Panamá, azotada por pandemia, amenaza con expulsar casi 2 mil migrantes a Costa Rica”. Esto refuerza la solicitud de la seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería de reforzar la vigilancia en la zona fronteriza de Paso Canoas en resguardo de la salud pública costarricense, ante una posible llegada masiva de migrantes.

“Consideramos qué sí bien es cierto, en su momento Costa Rica ha recibido migrantes que se desplazan del sur al norte de la región, en estos momentos no se recomienda dicho tránsito, debido al riesgo en la atención de la emergencia COVID, ya que desconocemos el estado de salud de esas personas”, manifestó Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la seccional.

El pasado 25 de marzo nación.com informó que, las autoridades costarricenses solo permitieron el ingreso de 60 migrantes extracontinentales de los 2.600 que intentaron ingresar por la frontera sur, situación que se dio pese a que siete días antes se decretara el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas en el territorio nacional. Por lo que las personas que no lograron pasar aún están en territorio panameño.    

Para la seccional, es importantes recordar que el Ministro de Salud, Daniel Salas indicó el pasado lunes 20 de abril en Conferencia de Prensa, que las fronteras costarricenses permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Situación que se debe mantener sin excepciones con el objetivo de resguardar la seguridad del pueblo costarricense.   

Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial

La Seccional ANEP-INCOPESCA emitió su pronunciamiento en el cual comparte criterio con el Presidente Ejecutivo de la institución, Daniel Carrasca, al indicar el impacto económico-salarial de los trabajadores al dejar de percibir la anualidad correspondiente al presente año.

Seccional ANEP-Policía Penitenciaria crítica convocatoria a manifestarse por caso detectado de Covid-19 en un centro penitenciario

Ante la convocatoria de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias para manifestarse en las afueras de la cárcel La Reforma, la Seccional ANEP-Policía Penintenciaria considera desafortunado el llamado ya que que podría generar incertidumbre y alterar negativamente el funcionamiento de los centros penitenciarios del país.

Para la Seccional hacer una convocatoria cuando las recomendaciones del Ministerio de Salud son de distanciamiento social y de quedarse en casa, podría ser imprudente.

Más desafortunado aún, es pretender que no se realicen los cambios de escuadra. El personal de seguridad no puede brindar un servicio permanente sin su respectivo descanso. 

Es absurdo que se busque garantizar los derechos constitucionales de la población privada de libertad     violentando los derechos humanos y fundamentales del personal que labora en nuestros centros penitenciarios.

La mejor manera de ayudar es evitando comunicados e información que alteren los ánimos de la población. El principio de universalidad de los derechos humanos implica que se deben garantizar para todos las personas y en una cárcel no sólo la población privada de libertad cuenta, también las personas trabajadoras.

No es posible que la crisis que estamos atravesando destruya el sentido común y la calidez humana que debe primar en tales circunstancias. Los servidores y las servidoras penitenciarias también tienen familia y se están sacrificando por la seguridad del país. 

El mensaje que ayuda a la población privada  de libertad es la que busca dignificar las condiciones de todas las personas y no las que están impregnadas de ocurrencias populistas.

Tasas de usura: 39% sigue siendo usura

  • Proyecto 20.861 se queda corto, pero debe aprobarse y queda mucho por hacer.
  • Sector bancario-financiero es multimillonario y lo seguirá siendo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa públicamente, un apoyo crítico al Expediente Legislativo No. 20.861 que pretende ponerle un tope al cobro abusivo en las tasas de interés que se cargan a las tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos, créditos bancarios y otras operaciones crediticias de carácter financiero; estableciéndose un cobro máximo de tasas de interés del 39% para créditos en colones y un 31.35% para créditos en dólares.

ANEP estima que tales montos siguen siendo de carácter usurero y deberían reducirse sustancialmente. Sin embargo, dicho proyecto de ley debe aprobarse quedando en evidencia que falta mucho camino por recorrer en tal sentido; así como que el tema debe seguir pendiente en una agenda socioeconómica que persiga la reducción de las desigualdades y mayor integración con justicia social.

 Información pública reiterada en esta fecha y que ya había sido dada a conocer tiempo atrás, indica que el sector bancario-financiero que lucra con todo tipo de tasas de interés, habría obtenido ganancias, en el año 2018, por el orden de los ₡2 billones 300 mil millones (₡2.300.000.000.000); cifra más que escandalosa e claramente indicativa de cómo se ha posicionado en el país la desigualdad y, a contraparte, se ha dado la concentración de la riqueza.

Para ese año 2018, el sector emisor de tarjetas de crédito habría obtenido, promediando un cobro de usura del orden del 50 %, unos 638 mil millones de colones. Por su parte, el negocio del empeño y de ciertos bufetes prestamistas, con tasas de hasta un 90%, se habría embolsado unos ₡610 mil millones. Para el caso de las ventas de electrodomésticos, con intereses de un 60 %, la suma de ganancia habría generado unos ₡883 mil millones.

Tales datos se basan en informes del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), del Proyecto Estado de la Nación; e, incluso, de la Academia de Centroamérica.

Por otra parte, no hay evidencia clara ni contundente que pueda sostener que tal nivel de ganancias ha sido correspondido con una contribución tributaria realmente justa y equitativa. Con la regulación de tasas de usura al 39%, para créditos en colones, como lo propone el indicado proyecto de ley, los sectores que nutren sus riquezas producto de este tipo de negocios, continuará siendo archimillonario.

Es un argumento sumamente pobre plantear que los sectores menos favorecidos económicamente serían los más afectados, vía exclusión, si tal proyecto se vuelve ley de la República en los próximos días.

Es más, es éste un sector al cual se le debe exigir un aporte tributario de carácter extraordinario-solidario, para la ayuda social necesaria a todos los sectores afectados por la pandemia del covid-19, incluyendo micro-pequeñas y medianas empresas.

ANEP apoya expediente legislativo 21.922, las municipalidades deben ser fortalecidas

Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal

El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales

De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir.

Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional.

La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras.

Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal.

La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social.

Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19.

Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país.

Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica.

Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes.

San José, jueves 16 de abril de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país

Una propuesta desde “la otra acera”

Documento compilado por César López Dávila para ANEP, ASDEICE,CONACOOP, FIT, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial.

El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.

Desde ya forma parte del cúmulo de propuestas de pensamiento, realizadas a través de planteamientos tales como “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”(2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012), “Agenda Patriótica para el bien común” (2015) y “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica –Propuesta Sindical Común” (2018).

Con preocupación, ante la magnitud que en el territorio nacional podrían alcanzar las repercusiones laborales, económicas y sociales, provocadas por la pandemia del COVID-19; en los últimos días, nuevamente una pluralidad de organizaciones y personas nos hemos sentido convocadas por dicha vocación propositiva y la responsabilidad ante el futuro.

La generalidad de lo aquí expuesto, propone una suerte de compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.

El presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo.

Debido a los actuales acontecimientos, y de cara a la estructura dirigente de la nación (conformada por quienes formalmente ocupan los puestos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Legislativo); es esta una iniciativa realizada desde quienes en apego al artículo 9 de nuestra Constitución Política1, entendemos que reside en la ciudadanía, la legitimidad de mandato de las grandes decisiones que le atañen, sobre situaciones nacionales de fuerza mayor que inciden directa o indirectamente en su diario vivir.

Compartimos el documento «La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país»

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