Coronavirus y medidas gubernamentales: los ₡900 mil millones para créditos podrían ser “alegrón de burro”

  • Bancos parecen objetar ya directriz del poder ejecutivo
  • 20 billones tendrían los bancos “guardados” al llegar la pandemia: Se podría cancelar toda la deuda del Estado con la Caja  y tal cantidad equivale a 7 préstamos del FMI

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), entidad del poder financiero del país que agrupa a los bancos públicos y privados, está indicando ya que tales entidades están muy reguladas por lo cual deberán comportarse con “prudencia” y con “responsabilidad”, al momento de procesar la directriz del Poder Ejecutivo para que se disponga de la enorme cantidad de 900 mil millones a fin de otorgar créditos altamente flexibles para la reactivación económica del país, en el marco de las graves consecuencias  de la pandemia del coronavirus covid-19; créditos que serían a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas.

El planteamiento de la ABC parece indicar una especie de “rebeldía” para con el mandato del Poder Ejecutivo, de forma tal que se estaría confirmando las preocupaciones que surgieron, al momento mismo del anuncio presidencial, en diversos sectores sociales y políticos de que, a efectos de disponer de esos 900 mil millones en poder de los banqueros, no será nada fácil accesar a esos dineros para  las miles de personas trabajadoras y emprendedoras afectadas por el covid-19, las cuales necesitan con urgencia apoyo económico-estatal para salir adelante.

Adicionalmente, ABC lo que está diciendo es que sin el aval del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como del propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 900 mil millones para crédito de emergencia será, repetimos, un “alegrón de burro”.

Así las cosas, pareciera que el anuncio gubernamental de los 900 mil millones para créditos productivos e inmediatos, corre el riesgo de convertirse en un “alegrón de burro”; expresión popular que define un anuncio positivo como algo, finalmente, inmaterializable.

A los banqueros, literalmente hablando, les sobra la plata. Datos en poder de ANEP, proporcionados por el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), indican que, a setiembre de 2018, la cifra total en cuanto a depósitos del público y tenencia de activos de los bancos en moneda extranjera, ascendía, ¡en dólares USA!, a 32 mil 820 millones; es decir, 18 billones 707 mil 400 millones; repetimos, a setiembre de 2018.

Ocho años antes, en el 2010, tal cantidad era de $17 mil 933 millones 900 mil; o sea, 10 billones 222 mil 323 millones. Es decir, en este período de 8 años, los banqueros incrementaron sus activos-depósitos en moneda extranjera es $14 mil 886.100 millones: a razón de $1.860 millones 762 mil 500.

Entonces, si a setiembre de 2018, los banqueros tenían $32 mil 820 millones en activos-depósitos en moneda extranjera (básicamente dólares); y si llegaron a esta cantidad a partir de $17 mil 933 millones 900 mil que tenían en el 2018, ese gigantesco crecimiento fue a razón de 1$.860 millones 762 mil 500 anuales (o, 109.456.617.647 dólares por mes).

Entre setiembre de 2018 y febrero de 2020, transcurrieron 17 meses, lo cual pudo haber incrementado las arcas de los banqueros (creciendo, promedialmente, a razón de 109.456.617.647, por mes), hasta llevarla a la cantidad de $35 mil millones 456 mil 80; nada más y nada menos que 20 billones 209 mil millones.

Los 900 mil millones ofrecidos por el Poder Ejecutivo para crédito urgente a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas, apenas representaría un 4.5 % del total de la plata que tienen los banqueros al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19.

Es más, es tan gigantesca la cantidad de plata que hay en el sistema bancario-financiero del país que se podría pagar toda la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acumulada al momento, unos $3 mil 500 millones, tan solo el 10 % del monto total que habría en las arcas banqueras hoy en día.

Igualmente, $35 mil millones en poder de los bancos equivale a 7 veces el monto del crédito que se pretende imponerle al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), teniendo Costa Rica que vender sus mejores activos públicos, esos que, precisamente, han destacado en el combate a la pandemia del covid-19.

Nótese que no hemos hablado de los $8 mil millones que tiene por concepto de reservas monetarias internacionales, el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto es completamente distinto de lo que hemos comentado aquí.

Definitivamente, el rumbo económico que le han impuesto al país las últimas administraciones gubernativas es una catástrofe para las mayorías ciudadanas; pero, a la vez, ha generado una concentración de poder financiero de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia republicana costarricense.

SIPROCNP: Soberanía y Seguridad Alimentaria

La organización sindical socia y hermana de la ANEP, Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), realiza un aporte extraordinario sobre la soberanía y seguridad alimentaria en el país. Como costarricenses debemos preocuparnos por la alimentación de nuestras familias en estos tiempos de pandemia y considerando los grandes problemas que se anuncian a nivel global.

SIPROCNP-Soberanía y Seguri… by Yariela Novo on Scribd

Parte 2 Soberanía y Seguridad Alime… by EugenioGuerrero on Scribd

ANEP logra reinstalación de trabajadora municipal de Goicoechea tras despido injustificado

La ANEP, por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), logró la reinstalación de una trabajadora municipal de Goicoechea de apellido Herrera, luego de que fuese despedida de forma injustificada. Incluso su jefatura habría pasado por encima del reglamento interno de la institución para realizar el cese de funciones.

Así lo explicó Priscilla Castro, abogada de la UAJ de la ANEP, quien indicó que a la funcionaria se le abrió un Proceso Disciplinario producto de unas supuestas ausencias en el mes de octubre del 2019. El acto final de parte de la Alcaldía encabezada por Ana Lucía Madrigal, decidió desproporcionadamente aplicar el despido sin responsabilidad patronal.

Ante este acto, la abogada Castro presentó la apelación correspondiente ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito del San José, en su modalidad de Jerarquía Impropia.  

En la apelación, la abogada indicó que la municipalidad había pasado por encima a los lineamientos establecidos en los artículos 57 del Reglamento Interno de Organización y Servicio de la Municipalidad de Goicoechea y artículo 160 del Código de Trabajo, impidiéndolo a la funcionaria justificar su ausencia al trabajo los días 1 y 2 de octubre del año 2019. Ausencias que, incluso obedecían a una incapacidad por acoso laboral por parte de su jefatura directa.

Debido a los argumentos utilizados por la ANEP, el Juzgado de Trabajo falló en favor de la trabajadora y ordenó su reinstalación inmediata.

«De conformidad con lo expuesto, y normativa citada, SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO interpuesto por la servidora HERRERA CARPIO, se ANULA la resuelto por resolución administrativa MG-00765-2020 de las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del siete de febrero del año 2020 se ordena a la Municipalidad de Goicoechea proceder a justificar la ausencia de la señora Daniela Herrera Carpio de los días 01 y 02 de octubre del año 2019, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 57 del Reglamento Interno de Organización y Servicio de la Municipalidad de Goicoechea y artículo 160 del Código de Trabajo. Se da por agotada la vía administrativa. Tome nota la parte recurrente de lo indicado en el último párrafo del considerando. Es todo. Notifíquese. Msc. Patricia Quesada Alpizar, Jueza de Trabajo del II Circuito Judicial de San José en funciones de Jerarca Superior Impropio», indica el por tanto.

Municipio negó reinstalación

El 9 de marzo del 2020, la afectada en compañía de la abogada, Priscilla Castro y el vicepresidente de la seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, Melvin Montero se apersonaron ante la oficina de Recursos Humanos para realizar la debida reinstalación tal y como lo dispuso el Juzgado de Trabajo, sin embargo, se negaron a realizar la reinstalación; aduciendo que requerían necesitaban un oficio de la Alcaldía para ejecutar.

“Al no recibir ningún oficio por parte de la Alcaldía, se procedió a realizar el reporte al Juzgado sobre el incumplimiento. Esto evidenció otro error que cometió la Municipalidad, ya que cuando presentaron la apelación, no pusieron un medio de notificación. Así que la Alcaldía no ejecutaba porque no habían sido notificados, por un error de ellos mismos”, explicó Castro. 

Pese a que esta omisión fue evidenciada ante el Juzgado de Trabajo, no hubo respuesta rápida, por lo que la ANEP recurrió a presentar una queja en la Contraloría de Servicios y múltiples llamadas por el atraso.

Poco más de un mes de haberse presentado para ser reinstalada, precisamente el 16 de abril del año en curso, el Juzgado notificó de forma personal a la Municipalidad de Goicoechea para que la trabajadora fuese instalada nuevamente en su puesto.

Asesor Legal de ANEP logra exoneración de dos oficiales de la Fuerza Pública de procedimiento disciplinario

El abogado David Estrada, de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP logró ganar un procedimiento disciplinario que se le había establecido a dos afiliados de apellidos Castro y Céspedes, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.

“Los policías Castro y Céspedes se encontraban en su tiempo libre,  caminaban por San José centro, cuando fueron abordados por un grupo de 2 mujeres y 2 hombres, quienes trataron de asaltarlos y le sustrajeron una batería externa a uno de ellos. Los oficiales intentaron resistirse al asalto, lo que dio lugar a una discusión entre las personas presentes y el evento ocasionó la llegada de agentes de policía que estaban patrullando por la zona”, indicó el abogado.

Las mujeres sospechosas del asalto trataron de acusar a los señores Castro y Céspedes de haberlas agredido, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública les abrió un procedimiento disciplinario en su contra.

“No obstante, la UAJ-ANEP les brindó  el acompañamiento legal a los dos afiliados y eventualmente, se demostró la inocencia de los dos policías por lo que se les estaba  acusando y resultaron exonerados de toda responsabilidad disciplinaria” agregó.

El tren eléctrico puede esperar…¡La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no!

  • Costo total de este proyecto equivale casi la mitad de lo que el Estado le debe a la CCSS
  • Las reservas internacionales del país podrían financiar el aporte del país
  • Demasiadas cosas faltan de ser auscultadas en este proyecto multimillonario

El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!

El criterio oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en tal sentido, es que la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense, cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de ₡1 billón 900 mil millones… hasta este momento.

 Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará ₡703 mil 950 millones, por los 73 kilómetros que en un inicio se dijo que costaba construirlos. Esto es un promedio de ₡9 mil 643 millones por km.

 Se indica que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a ₡855 mil millones.

 Pasar de un costo total de ₡703 mil 950 millones a ₡855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de ₡151 mil 050 millones por esos 11 km. adicionales; es decir, ₡13.731 millones por cada uno de esos 11 km. adicionales. Algo no nos calza aquí…

 Nótese que los 74 km iniciales salían a un promedio de 10.178 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?

 Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de ₡1 billón 900 mil millones, los ₡855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50 % de esa deuda; para ser exactos, un 45%.

 Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que presta los $550 millones para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja.

Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad, considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales que superan los $8 mil millones: apenas un 6.8 % representan esos $550 millones que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares,  en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país ya era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que venían golpeando a la Democracia misma.

 Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie que ya han entrado en escena como suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario dejar al desnudo si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, construyendo desde ya una plataforma personal.

 En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. El tren eléctrico puede esperar, ¡la Caja, no!

La preocupante pasividad del Banco Central de Costa Rica ante la crisis

Documento elaborado por el grupo Economía Pluralista, que reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Por: Grupo Economía Pluralista

Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.

Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.

En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.

Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.

Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.

El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid- 19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.

No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.

Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.

Cubero le da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.

La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con

máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.

Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.

Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.

i El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Seccional ANEP-Fuerza Pública luchará por recuperar el salario de los policías

  • El reciente aumento salarial no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al ser incluidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
  • Policías reportan a la seccional que aún no les llega el ajuste salarial.

La Seccional ANEP-Fuerza Pública mantiene la consigna de luchar por mejores condiciones laborales para los policías, en este caso una de las principales acciones es la reivindicación salarial que, pese al reciente ajuste, éste no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al aprobarse la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para la seccional, aunque la noticia de que el incremento salarial se hizo efectivo la segunda quincena de abril es bien recibida, existe un malestar en la población policial por la inconsistencia en la información que brindó la administración.  

“El juego de palabras” del Ejecutivo creó confusión en los policías, ya que el aumento es nominal, con la Ley del “Combo Fiscal”, los incentivos salariales porcentuales desaparecieron por lo que un aumento a la base no tiene efecto sobre los otros rubros.

“Si bien en la Seccional ANEP Fuerza Pública entendemos la alegría que pueden sentir muchos de nuestros compañeros y compañeras, lo cierto es que dicho incremento sigue siendo ínfimo para alcanzar una verdadera reivindicación salarial. Por otro lado, se debe recordar que a nuestros cuerpos policiales se les incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que el porcentaje del incremento es inferior a lo rebajado por la aplicación de la Ley 9635”, agregó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

“Otro aspecto a considerar es que hemos atendido a varios funcionarios que nos indican haber quedado excluidos del incremento salarial, a pesar de que no ostentan un cargo de jefatura, sino que manejan plazas de agente de policía, aparentemente se trata de un tema de nomenclatura. En tal sentido, una vez más se provoca desilusión, división y rivalidades en lo interno de nuestra policía”, agregó Anchía.

Bajo ese panorama, la Seccional solicitará a la institución explicaciones para poder esclarecer el por qué algunos oficiales quedaron fuera o si existió algún fallo en los cálculos. Además, el sindicato pide a los afiliados afectados facilitar los datos para analizar caso por caso y de ser necesario establecer los procesos legales correspondientes.

Recordemos que, de acuerdo con algunas proyecciones, un Agente I con la aplicación de la Ley 9635 perdió aproximadamente ₡90 mil de su salario en un periodo de 6 años.

La Seccional considera paradójico, que el Poder Ejecutivo, primero haya incluido al gremio policial en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (combo fiscal) y después se quiera mostrar “benevolente” con la misma. Es un doble discurso porque pudo excluirlos de la Ley Fiscal dada su condición de excepcionalidad, lo cual habría representado un reconocimiento al valor, la entrega, la mística, la vocación y el sacrificio que conlleva la función policial.

¡Fuera las municipalidades de la regla fiscal! ANEP reitera respaldo al proyecto 21.922

  • Exhortamos al plenario legislativo a darle votación en primer debate este jueves 30 de abril
  • Solamente con servicios públicos fortalecidos la pandemia nos afectará menos
  • Proyecto ha unido a la familia municipal costarricense como en ninguna otra ocasión

De manera totalmente diáfana y contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia de su total respaldo, una vez más, al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; exhortando a los señores diputados y a las señoras diputadas para que en la sesión plenaria de mañana jueves 30 de abril, le den el voto favorable.

Sacar a las municipalidades de la cobertura de la nefasta regla fiscal, contaminada ésta muy ideológicamente más que representar una preocupación objetiva por la solidez de las finanzas públicas, siempre fue un objetivo fundamental de la ANEP en cuanto a su presencia sindical en las municipalidades del país; pues desde que se estaba tramitando la hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; cuando era el Expediente Legislativo No. 20.580, denunciamos la errática decisión política de someter a los gobiernos locales a tal normativa, considerando que -entro otros nefastos aspectos-, se violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal.

Hoy, que los profundos efectivos negativos, fundamentalmente económico-sociales, de la pandemia del coronavirus covid-19, hacen estragos en nuestro país (y en todo el mundo), la relevancia de los servicios públicos estatales está posicionándose con lógica fuerza para superar la crisis, de modo que resulta más que oportuno que tal proyecto 21.922 se convierta en ley de la República cuanto antes, lo cual satisface a la ANEP que ya había gestionado un proyecto propio en tal sentido, desde mayo de 2019.

Los servicios públicos municipales están en la primera línea de combate en cuanto a los efectos negativos socioeconómicos de la pandemia y mediando la ley derivada del Expediente Legislativo 21.922, se abre un abanico de posibilidades de intervención más dinámica y eficaz de la acción municipal.

Por supuesto que la ANEP y sus seccionales municipales, con presencia ya en un 75 por ciento de los gobiernos locales del país, estará vigilante de que ello sea así, denunciando cuando proceda si el objetivo perseguido se distorsionara.

Por otra parte, estamos observando un consenso nunca antes manifestado en el seno de la institucionalidad municipal costarricense, pues las alcaldías entrantes y salientes, los concejos que terminan su período constitucional 2016-2020 y los que lo inician este viernes primero de mayo; la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI); así como las fuerza obrero-laboral municipal del país, organizada mayoritariamente bajo las banderas de la ANEP, hemos cerrado filas en favor de esta iniciativa de ley 21.922.

Bien hacen las actuales personas legisladoras en recoger esta expresión de fuerte sentimiento cívico-municipal para darle a los gobiernos locales más agilidad de gestión y disposición de sus propios recursos sacándoles de la regla fiscal del combo-ley 9635.

Un grupo muy representativo de la comunidad obrero-laboral municipal estará mañana jueves 30 de abril, en las afueras del Museo de los Niños (sede parlamentaria de urgencia), monitoreando la votación al interior del plenario legislativo; presencia física de apoyo que se dará observando la rigurosidad de las normas sanitarias dispuestas por la pandemia del covid-19, entre ellas el distanciamiento mínimo exigido entre personas.