En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), respaldamos la iniciativa que ha formulado la diputada,
Franggi Nicolás Solano, al Gobierno de la República en favor de la situación
social y económica que desesperadamente están sufriendo miles de taxistas
costarricenses ante la emergencia sanitaria que vive el país.
Para la ANEP, la propuesta de cinco iniciativas
generada por la Diputada es completamente atinada, por lo que hace de conocimiento
público su apoyo, respaldo y felicitación.
“Felicitamos a la diputada Franggi Nicolás Solano
por esta atinada propuesta. Es importante reseñar, que la ANEP viene planteado
que se debe de considerar el establecimiento del Subsidio Social Solidario
(SSS), para más de las 375 mil familias, que inicialmente el Gobierno ha
definido como objeto de recibir ayuda solidaria mensual”, manifestó el Secretario
General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Para la ANEP, el subsidio también deberían
recibirlo estas familias taxistas en desesperación, ya sea que los abarque el
subsidio gubernamental en perspectiva o bien el Subsidio Social Solidario de
250 mil colones mensuales que propone la ANEP.
“Los taxistas son de los grupos sociales más
sufridos, en riesgo y más atormentados por la pandemia del Covid-19, a parte
fueron dejados en total indefensión por la llegada al país de otros sistemas de
transporte con plataforma digital, a lo cual el Gobierno nunca le dio la debida
atención”, dijo Vargas.
Ante este escenario, la ANEP solicita al Gobierno
de la República colocar como agenda prioritaria la propuesta de la diputada
Nicolás Solano, en favor del gremio de taxistas costarricenses.
La
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la intervención
de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
ante las constantes prácticas anti-sindicales y anti-obreras por parte de la
empresa autobusera TRACASA, está ultima encargada de prestar servicio en la zona
Caribe de nuestro país.
Según
la denuncia interpuesta por la ANEP ante la cartera de trabajo, la empresa
presenta un doble discurso mostrándose ante el MTSS respetuosa del Estado de
Derecho costarricense, sin embargo, en la practica la conducta es totalmente
opuesta.
“Dada
la valoración que hemos realizado, de último minuto, de la persistencia de
conductas anti-sindicales y anti-obreras en la empresa de buses TRACASA-Limón,
con antecedentes al respecto ante la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad
Social; precisamente porque en varias ocasiones la ANEP ha insistido en que
mediando el diálogo, se pueden resolver la controversia obrero-patronal
persistente en dicha empresa, la cual, lamentablemente, no parece o no quiere
trabajar con transparencia y buena fe en tal sentido, manteniendo un doble
discurso”, indica la denuncia dirigida a la Ministra de Trabajo, Geannina
Dinarte Romero.
Incluso
la ANEP, junto a su seccional en TRACASA, presentaron varios audios como prueba
que testimonian el grado de indignación por proceder de la empresa, donde se
escucha la voz de una trabajadora, que al parecer “tendría los días contados”.
Ante
esta situación, la ANEP, también dirigió la nota al Consejo de Transporte
Público (CTP) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a fin de que
ambas entidades y en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan lo
más rápidamente posible.
Con respecto a la solicitud ante el MTSS, la ANEP está solicitando que se convoque con urgencia a César López Solano y Luis Castillo Smith, personeros de la empresa en las oficinas centrales de la cartera de trabajo, al considerar que deben dar la cara ante esta circunstancia.
-Se debe cubrir, sin excepción, a todas las familias compatriotas en desventaja. -El Subsidio Social Subsidiario (SSS) propuesto por ANEP dará asistencia a 660 mil familias y con 250 mil colones mensuales.
La propuesta del Gobierno para otorgar un subsidio a 375 mil familias y por un monto de 200 mil colones mensuales, durante un trimestre, se queda cortísima. Están pensando en asistir, únicamente, a las personas trabajadoras que ya han perdido sus empleos producto de la pandemia del covid-19, o que han sido afectadas por reducción de jornada con rebaja salarial. ¡Esto está bien!, en principio.
Sin embargo, la gravedad de esta crisis obliga a pensar en todas las personas desempleadas que ya tenían tan grave condición social antes del estallido de la pandemia. ¿Cómo se van a quedar en casa con hambre? ¡Eso no es humano!
Hablamos de las 309 mil personas que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estaban ya desempleadas, el 12.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). ¿Qué pasará con estas personas?
Por el contrario, la propuesta formulada por la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, establece la posibilidad de cubrir hasta un total de 660 mil personas-familias sin ingreso alguno o muy reducido; y, aun así, de seguro, más compatriotas estarán entrando a la miseria producto de esta crisis de salud y de economía.
La propuesta de la ANEP para establecer el Subsidio Social Solidario (SSS), se financiaría con la declaratoria de una moratoria en el pago de intereses de la deuda pública, por un lapso igual de tiempo, tres meses, inicialmente; que permitiría emplear con ese fin social los 5.500 millones de colones diarios que el Ministerio de Hacienda está erogando para honrar esos intereses, considerados abusivos y obscenos.
Hablamos de que habría un monto mensual de unos 165 mil millones de colones volcados en la economía del mercado interno con lo cual se obtiene un doble efecto: solidaridad social y reactivación económica.
Creemos que hoy en día, dado los acontecimientos mundiales y el parón de la economía planetaria, una moratoria como la que plantemos tiene espacio político a raíz de que las rigideces fiscales, dogmáticas y fundamentalistas, inspiradas en el neoliberalismo, están siendo barridas por la lógica de los acontecimientos; y en los mismos países-cuna de tales políticas macroeconómicas y fiscales, las mismas están haciéndose añicos.
La propuesta de ANEP, incluida dentro del documento 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, mismas que -repetimos-, cuentan con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ya la conoce el Gobierno y estamos esperando, al menos, un “acuse de recibo”.
Es hora de que los dogmas macrofiscales se dejen a un lado.
Subsidio solidario propuesto es de 250 mil colones por persona o familia. Monto se financiaría con una moratoria del pago de intereses de la deuda pública
Con dolor y con enorme preocupación, y hasta gran
angustia, nos enteramos de la dramática denuncia pública formulada por la
Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), acerca del cierre de 7.980
establecimientos y de que ello ha implicado, dramáticamente, 109 mil despidos.
Anuncios parecidos se vienen escuchando por estos
días, vaticinando una grave crisis social, más allá de la de salud que ya
padecemos.
Para estas 109 mil personas trabajadoras de los
restaurantes (como para las demás en idéntica o parecida situación), acatar la
recomendación oficial de quedarse en casa, es una situación sumamente compleja,
de gran estrés y de sufrimiento familiar. Quedarse en casa bajo estas
condiciones no es humano.
Por eso queremos insistir en la propuesta de la
ANEP para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), por un monto
de 250 mil colones mensuales para personas trabajadoras desempleadas y/o en la
informalidad. Quienes han perdido su trabajo, según la denuncia de Cacore,
perfectamente califican para recibir tal subsidio.
Como se constata ya a nivel mundial, los países
están tomando decisiones impensadas hasta hace poco, en materia de políticas
públicas destinadas no solamente a combatir y detener la pandemia, que también
está afectando a Costa Rica; sino que ya están impulsando acciones estatales
fuertes para socorrer a las miles de personas trabajadoras que están perdiendo
sus empleos, así como a miles de empresas y negocios que necesitan apoyo
gubernamental directo para subsistir y reactivarse económicamente.
Los organismos multilaterales de crédito, como el
Fondo Monetario Internacional (FMI), como el Banco Mundial y como el Banco
Central Europeo, por ejemplo, están abandonando sus dogmas macrofiscales de
corte neoliberal, incluyendo la regla fiscal; y orientando la toma de
decisiones para la atención de la pandemia, por un lado; y, por otro, evitar al
colapso total de las economías.
ANEP ha propuesto el establecimiento del Subsidio
Social Solidario (SSS), como parte de las 15
medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19;
propuestas que tienen el aval del Encuentro Social Multisectorial.
Se necesita, a efectos del establecimiento del
Subsidio Social Solidario (SSS), que el Gobierno de la República y la propia
Asamblea Legislativa adopten la decisión política de decretar, al menos, una
moratoria del pago de intereses de la deuda pública, inicialmente por tres
meses.
Hablamos que eso permitiría tener un fondo para el
Subsidio Social Solidario (SSS), de 165 mil millones de colones por mes;
cantidad que puede dar sustento económico-financiero a unas 660.000 personas
trabajadoras desempleadas, por ese monto de 250 mil colones mensuales,
incluyendo las 109 mil de los restaurantes que ya se han quedado en la calle.
Recordemos que esos 165 mil millones de colones al
mes, son porque se entra en moratoria en el pago de tales intereses que, al
día, representan 5.500 millones de colones. 660.000 familias en desamparo
ahora, podrían quedarse en casa sin padecer sufrimiento alguno; incluyendo las
309 mil personas desempleadas que ya se sabía de su existencia antes del
estallido de la pandemia del Covid-19.
ANEP ya entregó a Casa Presidencial documento
oficial de las 15 medidas para enfrentar
la crisis ante la emergencia del Covid-19, dentro de las cuales resalta la
propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS). Estamos en espera.
San José, jueves 26 de marzo de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General
Adjunto
Ante la emergencia sanitaria que vive el país por la
pandemia Covid-19 y las disipaciones emanadas desde Casa Presidencial para
restringir el acceso de extranjeros al país, ha quedado evidenciado el faltante
de personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta última
no da abasto para controlar los puntos ciegos fronterizos a lo largo de 300
kilómetros.
Luego de ochos días de ser aplicada la medida de cierre de
fronteras en el país, esta es la posición y análisis que realiza la Seccional
ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), quien destaca el esfuerzo diario para cumplir a
cabalidad con las disposiciones.
“Son más de 300 kilómetros de frontera y pocos los policías.
Sabemos del esfuerzo qué han realizado los oficiales de la Policía Profesional
de Migración en las Oficinas Policiales Regionales del Cordón Fronterizo de
lado norte de nuestro país, empezando por Limón, seguimos hacía Guápiles,
Sarapiquí, San Carlos, Los Chiles, Upala y Peñas Blancas, para evitar el
ingreso de personas por puntos no autorizados, esto en coordinación con otros
Cuerpos Policiales, pero es evidente el faltante de personal”, manifestó Gerardo
Mora Ordóñez, presidente de la Seccional
La seccional ANEP-PPME ha insistido ante diversas instancias
políticas de la necesidad de dotar de más personal y recursos a este cuerpo
policial, que desarrolla una estratégica función en el resguardo de la
seguridad del país.
“Esperamos una solución pronta a éste problema qué es de
varios años, instamos al Gobierno, a los diputados y las diputadas para qué se
le dé a la Policía Profesional de Migración los recursos qué se necesitan para
poder realizar el trabajo de campo y control migratorio en el territorio
nacional, principalmente en los puntos ciegos qué hemos detectado y qué son de
conocimiento de todas las autoridades policiales”, dijo Mora.
Para la seccional, es
importante hacer énfasis de que la medida implementada de control al día de
hoy, es debido al constante cambio en las conductas sociales de seguridad y salud
pandémica presentadas a la fecha, lo que evidencia que es un tema de constante
evolución y sorpresas; donde desde años antes se viene requiriendo o
arrastrando un gran faltante de oficiales de migración, bien sea para cubrir
funciones a lo largo de las fronteras costarricenses, aeropuertos, centros de aprehensiones,
así como en operativos en territorio nacional , entre otros.
Éstos son algunos de esos puntos ciegos qué no son de ahora,
tienen muchos años de existir.
Puntos ciegos en Limón: Matina (la barra de mahuanba), Batán, Siquirres (Barra de Parismina), Guácimo, Pocora, El Humo, Jiménez.
Puntos ciegos en Sarapiquí: Caño Las Marías, Caño La Tigra y Lomas de Boca Sarapiquí.
Puntos ciegos en San Carlos: Boca Tapada, Boca San Carlos, Cureña, Cureñita, Cureñón, Caño la Venada, El Castillo, Pital.
Puntos ciegos en Los Chiles: Todo el cordón de Las Tablillas (incliyendo Cevichito), el Empalme de Los Chiles, Cuatro Esquinas, Medio Queso, la Trocha, Palo Arco, Coopevega, San Humberto, Tiricias, Crucitas , entre otros.
Puntos ciegos en Upala: México de Upala, San Antonio, San Isidro, Berlín, Homuza, El Delirio, El Manzano, El Mojón (La Cruz), Nazareth.
Puntos ciegos en Peñas Blancas: Las Tecas/Macorì, Cabalceta por Cruz Blanca, Mauro, Los Castanos, Callejón/Managüita, Álvaro la Teca, Juan Bululo, Gavilán, Cabinas Las Guido, Tona, Esquina del Muro, El Guanacaste, El Papaturro, Esquina bar la Macha.
Otros lugares: Las Vueltas, Conventillos, Copalchi, El Valle, Las Pampas, Pueblo Nuevo, La Libertad, La Garita, Los Andes, IAFA (DEL ORO), Santa Cecilia, Santa Elena, El Caoba, Piedras Azules.
Hasta 660 mil personas trabajadoras sin empleo y/o en la informalidad estarían con condiciones dignas de enfrentar las duras circunstancias derivadas de la pandemia Covid-19, con el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), mismo que se fijaría en la cantidad mensual de 250 mil colones, durante los tres meses siguientes a su establecimiento, inicialmente, pero que podría prolongarse ante la extensión de la emergencia.
Hablamos de aquellas personas compatriotas que ya
estaban sin empleo antes del estallido de la pandemia, por ejemplo; como
también, estamos pensando en quienes producto de la misma, están ya perdiendo
el suyo.
La acertada recomendación de las autoridades nacionales
de quedarse en casa para reducir al mínimo los riesgos de contagio del
Covid-19, resultaría un infierno para personas sin trabajo, sin ingreso alguno,
en altísima vulnerabilidad total, con graves riesgos de que la convivencia
intrafamiliar se deteriore todavía más.
La propuesta para el establecimiento del Subsidio
Social Solidario (SSS), se puede financiar si el Gobierno toma la trascendental
decisión de decretar una moratoria del pago de los intereses, reconocidos como
obscenos, de la deuda pública; calculados para el presente año 2020 en unos 2
billones de colones, así consignados en el Presupuesto de la República
actualmente en ejecución.
Estamos hablando de una cantidad mensual de poco
más de 165 mil millones de colones; cantidad ésta que dividida entre 250.000,
arroja la posibilidad de que tal cantidad de colones lo reciban 660 mil
personas-familias.
Adicionalmente, esos 165 mil millones de colones
cumplirán otro objetivo, adicional al humanitario social: potencian la
reactivación económica del mercado interno que, como se constata ya, está
entrando en un período más severo de deterioro y hasta recesivo.
Es imposible que el país supere la crisis que
vivimos si seguimos, por una parte, con esquemas macro-fiscales ortodoxos,
carentes de humanismo e insensibles al dolor de los que menos tienen que son
los que más sufren.
Esta propuesta del establecimiento de un Subsidio
Social Solidario (SSS), está incluida dentro de las 15 medidas para enfrentar
la crisis ante la emergencia del Covid-19; propuestas con contenido solidario,
con inclusión social y en pro del bien común; pensadas, a la vez, para la
reactivación económica y para el fomento productivo. Tal documento, dado a
conocer este lunes 23 de marzo del 2020, será entregado al Gobierno de la República
en próximas horas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, desarrolló una propuesta ante la emergencia nacional que atraviesa el país; propuesta denominada “15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19”.
Esta propuesta tiene como objetivo enfrentar la pandemia del Covid-19 con solidaridad, con inclusión social y en pro del bien común; para la reactivación económica y el fomento productivo.
A continuación, presentamos la propuesta formulada por la ANEP con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial.
I- MEDIDAS PARA LLEVAR DINERO AL BOLSILLO DE QUIENES MÁS SUFREN LA CRISIS
01-Emitir legislación para otorgar un subsidio social solidario para la emergencia, de 250 mil colones mensuales, para personas
trabajadoras desempleadas (antes de la crisis y después de ella). Los dineros
saldrán de la moratoria de, al menos por tres meses, en el pago de intereses de
la deuda pública. Este pago, en la actualidad, es de 5.500 millones de colones
diarios, cada 24 horas, que da un total mensual de 165 mil millones de colones.
Esto permitirá cubrir hasta unas 660 mil personas; dentro de las cuales
estarían las 309 mil que no tenían trabajo antes de la crisis del covid-19. La
legislación debe incluir ambos aspectos: moratoria de la deuda y subsidio
social solidario. Legislación que debe complementarse con otra para el levantamiento
de la regla fiscal, que es contraria al desarrollo de programas sociales en
situaciones de emergencia; particularmente para habilitar a las municipalidades
a complementar una política de solidaridad con las personas vulnerables.
02-Acceso a dinero ahorrado pensiones individuales. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.309, ley para entregar los
fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
03-Acceso a dinero ahorrado fondos de capitalización laboral. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.856, para la entrega de los fondos de capitalización laboral (FCL), inicialmente previsto para los casos de reducción de jornada laboral por la crisis; sin embargo, debe ampliarse y generalizarlo para toda la clase trabajadora, pública y privada, que haya acumulado fondos al momento de la emisión de esta legislación, con el fin de relanzar la reactivación económica para el mercado interno.
II-MEDIDAS PARA REDUCIR COSTO DE LA VIDA
04-Regulación precios de medicamentos. Aprobación del Expediente Legislativo No.
21.368, que regula el alto y abusivo precio de los medicamentos en Costa Rica.
05-Moratoria de créditos. Aprobación del Expediente Legislativo No.
21.852, para declarar moratoria en el pago de créditos de 100 millones de
colones o menos, durante la emergencia y hasta el mes de agosto (o más allá); aunque,
en realidad, lo que corresponde es plantear la condonación total de créditos de
micro, de pequeños y de medianos emprendimientos, directamente golpeados por la
crisis del covid-19, que sean iguales o menores a dicha cantidad.
06-Condonación de deudas sector agropecuario. Aprobación del Expediente Legislativo 21.798 para condonación de deudas
del sector agropecuario (ya firmado por 35 personas diputadas), con miras a
garantizar soberanía seguridad alimentaria al pueblo costarricense en la
emergencia y más allá de ella.
07-Techo a tasas de interés. Aprobación del Expediente Legislativo No.
20.861, que regula el cobro excesivo en las tasas de usura, que las deja en un
máximo de 39 %, pero que aún es insuficiente comparado con los grandes
capitales ya acumulados por esta vía del cobro excesivo de intereses.
08-Moratoria de servicios públicos a población que perdió ingresos. Emitir moratoria, durante el período que dure la crisis en el pago de
los recibos de agua, de luz, de teléfono y de internet, para todos aquellos
hogares de personas desempleadas, subempleadas o recientemente despedidas por
la crisis del covid-19, especialmente; aunque debe generalizarse para que quien
tenga salario fijo pueda disponer de recursos para la solidaridad activa con
los que menos tienen o no tienen nada, especialmente sus familiares más
cercanos en condición de franca desventaja social.
09-Precios de artículos de primera necesidad. Establecimiento de un severo control de precios de los artículos
imprescindibles para la emergencia sanitaria actualmente en desarrollo, con su
correspondiente inclusión en la canasta básica; así como para los artículos
necesarios de la canasta básica a fin de garantizar la sobrevivencia humana
mediando alimentación fundamental y nutritiva.
III. MEDIDAS PARA CONTAR CON DINERO PÚBLICO PARA FINANCIAR LA EMERGENCIA; ESPECÍFICAMENTE POR EL DEBILITAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA CAJAY POR LA MORATORIA EN PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
10-Impuesto temporario solidario a la riqueza. Emitir legislación para un impuesto transitorio de un 10 % al
patrimonio de las grandes fortunas (personales-familiares), y riquezas
corporativas; por ejemplo, aquellas firmas empresariales de renombre que han
venido declarando “cero” ganancias y/o “pérdidas” durante los últimos 5 años,
al menos.
11-Impuesto temporario solidario a las transacciones financieras grandes. Emitir legislación para establecer un impuesto, también transitorio, a
las transacciones financiero-bancarias superiores a los 30 mil dólares
(impuesto vigente ya en algunos países de la Unión Europea -UE-); considerando
que los bancos (públicos y privados) acumulaban al estallido de la crisis del
covid-19, una cantidad por encima de los 30 mil millones de dólares, según el
propio Banco Central de Costa Rica (BCCR).
12-Impuesto temporario solidario a los altos salarios y pensiones. Todo salario superior a la cantidad de 5 millones de colones debe
contribuir, obligatoriamente, con un impuesto solidario del 25 % sobre el
exceso de tal cantidad y durante el tiempo que dure esta crisis; impuesto que
debe pagar tanto la alta tecnocracia política del Estado, como la alta gerencia
del corporativismo privado-empresarial del país.
13-Secreto bancario. Emitir
legislación para la eliminación del secreto bancario propuesto desde la
Asamblea Legislativa anterior, en el informe de Los papeles de Panamá;y,
asunto retomado por el actual Ministro de Hacienda.
14-Gestión internacional de la deuda pública: Costa Rica, mediante su actual gobierno, debe alzar la voz ante la comunidad internacional y plantear la condonación de la deuda pública de todos los países como los nuestros; deuda que ha sido contraída con los diversos organismos financieros internacionales y que ahora será más impagable que nunca antes.
IV– MEDIDAS PARA APOYAR LA ACCIÓN FRENTE A LA EXPANSIÓNDE LA PANDEMIA COVID-19
15-Compra de medicamentos que se han estado produciendo para aumentar las defensas del sistema inmunológico ante la pandemia del
covid-19, como el Interferón Alfa 2B, producido en Cuba; así como otros
fármacos que con la misma finalidad ya está ofreciendo China.
Trabajadores solicitan que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y algunas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa, entre otros aspectos.
En las instalaciones ya se presenta desabastecimiento de implementos para la higiene
Debido al incremento de casos de personas con el virus COVID-19, el personal custodio de las cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se muestra preocupado por las pocas medidas de higiene implementadas para prevenir el contagio.
De acuerdo con los trabajadores, la posición del Poder Judicial genera molestia y preocupación, ya que están en contacto tanto con privados de libertad, como con aprehendidos por la Fuerza Pública.
«Muchas de estas personas son indigentes y/o extranjeros con hábitos de higiene preocupantes para la salud pública. A eso le debemos sumar que estos delincuentes muestran hostilidad y es común que escupan, rasguñen y ataquen directamente la integridad de los custodios», indicó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.
El dirigente sindical detalló una serie de peticiones, entre ellas que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y aquellas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa.
Además, solicitan que a los detenidos no se les traslade el día anterior para que no permanezcan tanto tiempo en las celdas y que se provea de equipos y todo lo relacionado de detenidos que representan ciertos síntomas gripales.
«Ya se han presentado situaciones con detenidos que vienen con síntomas que nos preocupan y no hay suficiente alcohol o alcohol en gel, mascarillas adecuadas, guantes y los implementos que son necesarios para mantener detenidos en celdas. Por ejemplo, solo el caso del juicio del «gringo» reúne en una sala a 47 o más personas, también requiere de la permanencia de una gran cantidad de custodios, en el comedor o área de celdas», agregó.
Poveda enfatizó en que no hay una claridad en los protocolos en cuanto reciben o hay permanencia de personas con síntomas sospechosos del coronavirus.
«No hay un protocolo bien establecido de las personas que son trasladados por otras dependencias como Fuerza Pública, Tránsito, Policía Municipal y hasta los mismos compañeros de investigación del OIJ, sobre las personas detenidas que ellos nos llevan a celdas. Se siguen programando las diligencias a gran escala, ya hay desabastecimiento de implementos para la higiene, los vehículos de transporte de detenidos algunos no reúnen ninguna seguridad en contener el contagio ya que en el caso de los microbuses el aire acondicionado que se les activa a la parte de dónde van los detenidos, circula por todos lados inclusive a la parte de la cabina o sector donde viajan los custodios», explicó Poveda.
Para la ANEP y su Seccional en cárceles del OIJ es preocupante que los magistrados obvien las medidas para el personal trabajador siendo este un tema de salud pública.
La Gerencia General del IMAS está obviando que dentro de la población beneficiada se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19.
La Seccional ANEP-IMAS solicitó a la administración
superior del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), posponer las visitas
programadas de las Personas Cogestoras Sociales (PCGS), o cualquier otro
personal que realiza trabajo de campo a fin de evitar exponer a las familias
beneficiarias en su domicilio y a las personas funcionarias de la institución,
debido a la emergencia sanitaria que presenta el país por el COVID-19.
La solicitud de la seccional nace luego de conocer
la directriz IMAS-GG-667-2020, del 17 de marzo del 2020. Donde se establece
que:
“(…)
Que se instruye a las Jefaturas de Áreas Regionales de Desarrollo Social y de
las Unidades Locales de Desarrollo Social a coordinar con las personas
funcionarias que desempeñan funciones de cogestores sociales, a mantener las
visitas programadas, mientras que se analiza la utilización de tecnologías de
información. Asimismo, se mantiene la atención a la población preferencial como
lo son las personas adultas mayores, discapacidad, mujeres embarazadas,
personas con enfermedades crónicas según se registre en SIPO, así como la
presencia de violencia intrafamiliar según SIPO o por alguna referencia, o
desalojos inmediatos.”
Sin embargo, para la seccional llevar a cabo esta
instrucción girada desde la Gerencia General, no solo pone en riesgo a la
persona trabajadora del IMAS, sino también al total de personas que se
encuentran en la vivienda o las viviendas donde se realizan las atenciones
(seguimientos, supervisiones, aplicación de FIS).
“Exigimos a la administración analizar una
estrategia de atención para la población preferencial, que no implique que estás
deban trasladarse a la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS), para ser
valoradas. La Gerencia General está obviando que dentro de esta población se
encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19”, indica la
solicitud de la seccional enviada al IMAS
Para la seccional ANEP-IMAS se debe considerar las
recomendaciones emitidas por las autoridades en salud, máxime que, en el país
ya se registra 89 casos confirmados de COVID-19.
“No es aceptable que se les comunique a las
jefaturas de Personas Cogestoras Sociales que lleven a cabo estas visitas en
campo ante un llamado al pueblo de Costa Rica de mantenerse en sus hogares en
la medida de lo posible, y ante la recomendación de que las personas
trabajadoras con puestos de teletrabajo permanezcan en sus hogares”, indica la
solicitud.
Acciones
que podría realizar la administración del IMAS
Para la seccional ANEP-IMAS, la Gerencia General y Subgerencias de
Desarrollo Social debe analizar lo que implicaría para esta población
trasladarse hasta las ULDS en el contexto actual (transporte, contacto cercano
con otras personas) y gire instrucción para que por medio de la revisión de los
expedientes y de la revisión de
información contenida en los sitios web de diferentes instituciones o
sistemas (como lo son la CCSS, el SINIRUBE, el Registro Nacional de la Propiedad,
entre otras que permita la institucional) se corrobore que se mantiene la
situación socioeconómica de la familia.
Lo anterior puede ser complementado con el uso del
recurso telefónico. De modo que se corrobore la información del expediente, y
los documentos obtenidos, y con ello actualizar la FIS para que se puedan
tramitar los beneficios. Es decir, se solicita tomar medidas afirmativas y
particularizadas ante las personas con factores de riesgo.
“Solicitamos que la administración brinde opciones
puntuales para discernir sobre qué priorizar y qué puede esperar o buscar otras
alternativas de atención. Todo esto, sin poner en riesgo a ambas poblaciones
ante la declaratoria de emergencia como la que estamos viviendo”, finaliza la
solicitud de la seccional ANEP-IMAS.
La seccional ANEP-Fuerza Pública solicita se detenga la exposición de los funcionarios policiales al contagio y, por ende, la propagación del Covid-19, por la insistencia de dar mayor importancia a las estadísticas, antes que la salud y la vida de los uniformados.
La ANEP y su seccional en la Fuerza Pública hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), así como al Ministerio de Salud, para que tomen las medidas respectivas respecto a la exposición de los diversos cuerpos policiales del país, ante un posible contagio del Covid-19.
Para la seccional ANEP-Fuerza Pública las declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, ante los medios de comunicación respecto al estado de emergencia que vive el país, distan mucho de lo que se vive a lo interno de la Fuerza Pública, y un claro ejemplo de esto, es lo que se presenta en la Escuela Nacional de Policía, ubicada en Guápiles donde al día de hoy se mantienen cerca de 600 personas en adiestramiento policial.
En fotografías tomadas el día de hoy en poder de la ANEP, se puede observar como en las áreas comunes no se cumple las medidas de seguridad solicitadas por las autoridades de salud, respecto al distanciamiento de personas, ante la presencia del Covid-19 en el país y se observa una aglomeración de personas.
A esta situación, se une las condiciones de insalubridad y hacinamiento que presentan muchas delegaciones policiales en todo el territorio nacional, en las cuales, según la seccional, se ha podido constatar el faltante de jabón líquido, alcohol líquido y en gel, así como guantes de látex.
“Es irónico, mirar al ministro Soto en las conferencias de prensa al lado del presidente de la República y del Ministro de Salud, solicitando evitar contacto físico y extremar las medidas de higiene, pero en la Fuerza Pública se sigue manejando la operación policial como si nuestros policías estuvieran vacunados contra el Coronavirus”, manifestó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Otro de los llamados de la seccional ANEP-Fuerza Pública hacia el MSP, es plantear una nueva estrategia de abordaje a los delitos por parte de los oficiales, ya que por su labor diaria están expuesto al contagio del Covid-19.
“Ciertamente, los Cuerpos Policiales están dentro de la primera línea de respuesta, sin embargo, se debería trabajar en prevención de delitos, mediante patrullajes estratégicos orientados y no mantener la constante de “cacheos”, consultas de personas, traslado de habitantes de la calle y otras acciones, que podrían resultar de alto riesgo para la salud del personal, así como para la salud pública”, dijo Anchía.
Ante estos escenarios descritos, la seccional ANEP-Fuerza Pública solicita se detenga la exposición de los funcionarios policiales al contagio y, por ende, la propagación del Covid-19, por la insistencia de dar mayor importancia a las estadísticas, antes que la salud y la vida de los uniformados
“Solicitamos con el mayor respeto, congruencia entre las acciones desplegadas por el Ministerio de Seguridad Pública, con las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo, en torno con las medidas de prevención por el Coronavirus”, finalizó Anchía.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
