Manifiesto de la ANEP ante las Elecciones Municipales Nacionales

– A la comunidad laboral municipal de Costa Rica, a las comunidades cantonales del país

– Seguridad laboral, justicia social, autonomía municipal y sindicalismo ciudadano

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con la autoridad que nos da ser la organización laboral-sindical de más amplia trayectoria en el sector municipal costarricense, así como de tener el inmenso honor de representar y de defender los intereses económico-sociales y reivindicativo-laborales de la mayoría del personal municipal del país; ante las elecciones municipales nacionales del próximo domingo 2 de febrero de 2020, manifiesta:

PRIMERO: Hacer un vehemente llamado a cada persona trabajadora asalariada municipal para que se haga presente en la urna electoral correspondiente y ejerza, con vocación cívica y con alto espíritu crítico, el sagrado derecho al sufragio. Creemos que el poder del voto se debe ejercer de manera contundente y que no es responsable quedarse en la casa y abstenerse de votar.

SEGUNDO: El voto es un acto individualísimo, secreto y producto del ejercicio de un Derecho Humano fundamental: la elección del gobernante, en este caso, para el gobierno local. ANEP, que es independiente de toda agrupación política local, provincial y/o nacional, respeta, profundamente, la decisión personal de cada persona ciudadana votante municipal. Sin embargo, en cuanto integrantes de la clase trabajadora costarricense, la familia municipal laboral no puede dejar de considerar la agresión de que ha sido víctima en los últimos tiempos por parte de varias colectividades partidarias que le han quitado conquistas y derechos a la familia laboral municipal, al haber esos partidos renegado de sus principios filosóficos, especialmente los socialdemócratas y humanistas, traicionando el ideal obrero y los fundamentos que una vez animaron la formación de esos determinados partidos políticos.

TERCERO: El sagrado tesoro cívico que es el voto debe serle otorgado a aquellas personas candidatas de limpia trayectoria de servicio público, sin que pese sobre ella cuestionamientos fundamentados que podrían empañar o ya han empañado esa trayectoria; personas candidatas que por su capacidad demostrada logren un equilibrio armónico entre la aspiración de la comunidad por una mejora integral de sus condiciones de vida en el nivel local, la preservación de un clima de paz laboral a través del pleno respeto a la legislación obrera y el fomento real del Diálogo Social con el personal municipal; un sano y transparente manejo de los dineros institucionales como recursos públicos que son; un desvelo por la preservación del patrimonio ambiental-ecológico; así como una disposición permanente para tolerar el auscultamiento cívico de la ciudadanía electora y rendir cuentas en todo momento.

CUARTO: Independientemente de la persona que logre ganar la alcaldía, de las personas que logren escaños en cada uno de los 82 concejos municipales, en las regidurías y en las sindicaturas, y en otros puestos sometidos a esta elección; a partir del 3 de febrero la familia laboral municipal debe cerrar filas superando sus simpatías electorales circunstanciales, para consolidar la organización sindical que le defienda y le preserve sus derechos laborales, económicos y sociales; en un entorno totalmente adverso para quienes laboran en la función pública y en momentos históricos tan delicados como las actuales, pues son tiempos de democracia autoritaria y de flagrantes violaciones a y eliminación abusiva e inconstitucional de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas y Derechos Humanos, como el de la Huelga.

QUINTO:  A cada persona trabajadora municipal asociada a la ANEP, le garantizamos nuestro más férreo compromiso de estar de su lado ante los nuevos desafíos que implica su defensa laboral luego de un proceso electoral en el cual las pasiones y los cacicazgos, en no pocas ocasiones, pueden poner en peligro la estabilidad laboral por discrepancias de simpatías electoreras. Casi 62 años de historia dentro del sistema jurídico costarricense como leal organización pro-obrera, certifican la capacidad de la ANEP en este sensible ámbito de la defensa laboral, así como la más grande lealtad en pensamiento obrero-municipal sobradamente demostrado. Y a quien todavía no esté sindicalizado o sindicalizada en ANEP, le instamos para que lo haga, para que se prevenga y se dé su propia seguridad laboral-social estando en nuestras filas.

SEXTO: Es criterio de la ANEP que el Régimen Municipal costarricense está viviendo los tiempos más difíciles de su historia institucional republicana, al menos, desde la promulgación de la Constitución Política actualmente vigente, misma que entró a regir el 7 de noviembre de 1949. 69 años después, el 4 de diciembre de 2018, con la aprobación-imposición de la mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida como el combo fiscal, la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal fue violentada, fue mancillada y así, de facto, por medio una cuestionada ley ordinaria, se derogó esa autonomía constitucional. Desde un principio la ANEP lo alertó, con motivo del histórico movimiento sindical-social de la Huelga Cívica de tres meses de duración, en el año 2018. Sin embargo, hasta que entró en vigencia la indicada y detestada ley, toda la comunidad laboral, incluidas sus actuales y salientes autoridades, tomó plena conciencia de tal circunstancia adversa para las municipalidades costarricenses.

SÉTIMO: Al respecto de esa nefasta Ley 9635, es importante anotar que, desde el 22 de marzo de 2019, la ANEP presentó una Acción de Inconstitucionalidad en favor de la protección de todos los derechos sociales, laborales y económico-salariales de todas las personas trabajadoras asalariadas municipales de Costa Rica; invocando diversos preceptos constitucionales y de jurisprudencia constitucional y ordinaria, como lo son el principio de irretroactividad de la ley, así como el que las abusivas disposiciones contra la persona trabajadora que contiene tal legislación nunca debieron afectar a quienes entraron a trabajar al sector público o a una municipalidad en fecha anterior al 4 de diciembre de 2018. Es decir, la ley debió regir para quien ingresó a la función pública del 5 de diciembre de 2018 en adelante (aunque esto también es cuestionable). La Sala IV todavía tiene en análisis la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP pues no fue rechazada ad portas.

OCTAVO: En tal sentido, a partir del 2 de febrero y con la claridad de los resultados electorales definitivos, la ANEP espera de las nuevas autoridades municipales y/o de las reelectas, una sana voluntad política para que aglutinemos a toda la comunidad institucional, a fin de relanzar la lucha por la recuperación estratégica de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal. Por un lado, para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dé la razón a varias acciones de constitucionalidad presentadas por autoridades salientes a favor de la recuperación de tal autonomía; y/o, el actual parlamento dé aprobación definitiva a los expedientes legislativos números 21.430 y 21.494 (el primero de ellos presentado con diverso apoyo diputadil mediando iniciativa de la ANEP), que buscan lo mismo. Aquí la lógica es que si una ley ordinaria, como la 9635, les quitó ilegalmente la Autonomía Constitucional a las municipalidades, otra ley ordinaria (como los indicados proyectos), se la puede retornar.

NOVENO: Adicionalmente, tengamos presente que la ANEP ha levantado la bandera para la preservación institucional de la estructura institucional bifronte que caracteriza al régimen municipal, por lo cual es preciso impedir la aprobación del expediente legislativo no. 20.968; mismo que variará el artículo 155 del Código Municipal; afectando, peligrosamente, el equilibrio de poder en el seno de la vida institucional de las municipalidades (concejo-alcaldía), para darle todo el poder a la figura política que se siente en la silla de la Alcaldía Municipal y, por ende, facilitando el proceso de despido abusivo y sustentado en retorcidas maniobras de “reestructuración” que, no solamente acabarían con la estabilidad institucional, sino que facilitaría profundizar la tercerización y privatización de toda clase de servicios públicos municipales.

DÉCIMO: ANEP agradece, de manera muy sincera a cada compañero y a cada compañera que integrando las diferentes directivas de las Seccionales Municipales de la ANEP, y/o fungiendo como personas Delegadas Sindicales, han levantado las banderas de la lucha social y laboral en las diferentes municipalidades del país con presencia anepista; no solamente para la defensa de su respectiva comunidad laboral, sino en defensa activa del Régimen Municipal, especialmente cuando éste ha sido atacado como lo es en los actuales momentos de democracia autoritaria en Costa Rica. ANEP reconoce su lealtad a los principios y valores que defendemos, su apego irrestricto a la defensa de los derechos laborales y sociales conquistados en las luchas y por las más diversas formas; su preferencia por sindicalizarse y ejercer la Libertad Sindical bajo las banderas de ANEP. Igualmente, agradecemos la confianza que nos han depositado en todos estos años, todas las personas trabajadoras municipales actualmente asociadas a la ANEP.

ONCEAVO: A cada comunidad de los 82 cantones de nuestro país, a cada agrupación cívico-social que en ellos actúe, la ANEP se pone a su disposición para colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a apoyar, a canalizar, a estimular todas aquellas acciones ciudadanas que tiendan al desarrollo democrático y social de los cantones, al imperio de la transparencia en la gestión municipal, al fomento del diálogo fructífero comunidad-organización sindical; en fin, a la consolidación del cuerpo municipal como el gobierno más cercano a la gente, así como a la defensa de su autonomía constitucional junto con la gente a la cual se debe ese gobierno local y su personal organizado en ANEP. ANEP, con su concepción de Sindicalismo Ciudadano, se abre a cada comunidad cantonal en este nuevo ejercicio constitucional que tendrá lugar el próximo domingo 2 de febrero y que culminará con la ascensión de las nuevas autoridades político-municipales el próximo 1 de mayo de 2020.

San José, lunes 27 de enero de 2020.


Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Solidaridad de la ANEP con el pueblo trabajador de Chile

La Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), visitó esta tarde la sede de la embajada de la República de Chile, ubicada en nuestro país, para solicitar al Gobierno chileno cesar la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra su pueblo, ya que está situación recuerda, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Compartimos la carta presentada por la ANEP ante la Embajada de la República de Chile

San José, 6 de noviembre de 2019.

S.G. 17-21-1688-19

Señor

Oscar Alcaman Riffo

Embajador de Chile en Costa Rica

Presente:

¡El Movimiento Sindical y Social quiere respuestas!

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos – ISP, organización global que representa a 20 millones de trabajadores/as públicos/as en el mundo y que en Chile aglutina a las Federaciones y Confederaciones del sector Público más importantes como ANEF, ANEJUD, AJUNJI, ASEMUCH, AFIICH, ANEIICH, CONFUSAM. CONFEMUCH, FENPRUSS, y del sector privado como FENATRAOS; viene por medio de la presente, a solicitar que el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera cese la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra el pueblo de Chile, que sin duda nos recuerdan, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Por otro lado, sabemos que la actual Crisis Social que desde el 18 de octubre ha tenido al pueblo chileno bajo el lema “Chile despertó” en las calles de Arica a Punta Arenas, es la expresión espontánea que sintetiza las diversas demandas del país por acabar con un sistema que oprime y abusa sistemáticamente contra derechos humanos como el agua, la salud, la educación, la seguridad social y que la actual Constitución no contempla. Al contrario, ha permitido que se privaticen y mercantilicen durante más de 40 años.

El movimiento sindical y social en Chile viene denunciando hace décadas esta situación, y en estas casi dos semanas se ha sumado como actor a la principal demanda de la gente “una nueva Constitución” y ha planteado -al alero de “Unidad Social” que congrega a más de 200 organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles-, un pliego con 10 demandas  laborales y sociales, y que no se continúe con la tramitación de los proyectos de Ley que van en contra de los derechos del pueblo, incluido el llamado a no ratificar por parte del Senado el TPP 11.

En tal sentido, creemos fundamental, avanzar hacia un cambio de la Constitución Política, cambio que necesariamente debe ser efectuado mediante una Asamblea Constituyente que ha comenzado con los cabildos que se están realizando desde el 24 de octubre autónomamente del poder y que en forma deliberativa debaten sobre el país que quieren tener.

Sala Constitucional ordena solucionar deficiencias físico-sanitarias de 27 delegaciones policiales

La Sala Constitucional ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública solventar las deficiencias sanitarias y estructurales que atentan contra la salud y dignidad de los funcionarios y usuarios de 27 Delegaciones Policiales, entre ellas las que se ubican en La Cruz (Guanacaste), Sixaola (Limón), el Roble (Puntarenas) y La Uruca (San José).

Lea: Sala Cuarta ordena intervención de siete delegaciones policiales en mal estado

La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará un Recurso de Amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud por el mal estado de las delegaciones. Este recurso de ampro se une a varios de la misma índole que ha interpuesto la seccional, en busca de mejorar las condiciones laborales de los policías.  

Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública sobre delegaciones

Dichas delegaciones cuentan actualmente con una o varias órdenes sanitarias las cuales no se han cumplido o solo se han cumplido parcialmente, pese a que algunas datan del 2016.

Lea: Sala IV da cinco días al Ministerio de Salud para presentar informe por mal estado de 13 delegaciones

Entre las deficiencias que presentan los inmuebles sobresalen: pisos deteriorados, estructuras ruinosas e insalubres, deficiente tratamiento de aguas negras e incumplimiento con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), por ejemplo.

La resolución número 2019-21277, que se origina en un recurso de amparo interpuesto por un directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue votada por unanimidad este viernes 1° de noviembre y emplaza a Seguridad para que en un máximo de 18 meses ejecute las acciones y gire las instrucciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por Salud en las órdenes sanitarias emitidas.
“Evidentemente la protección de la salud de los trabajadores es indispensable para garantizar el respeto a su dignidad…el trabajador tiene derecho a ejecutar las funciones que le competen en un ambiente apropiado, cuyas condiciones garanticen la protección de su derecho a la salud”, señala la sentencia.

Delegaciones cuya situación sanitarias debe remediarse según la sentencia

Cuatro Cruces de Miramar, Miramar, Costa de Pájaros, Naranjo de Laurel, Paquera, Barranca de Puntarenas, El Roble de Puntarenas, San Mateo de Orotina, Chacarita de Puntarenas, Fray Casiano de Puntarenas, Potrero Grande de Buenos Aires, La Cruz, Sixaola, Isla Calero, Agua Dulce, San Jorge de Paso Canoas, Sierpe de Osa, Zona Americana Palmar Sur (La Casona), Drake de Osa, Hatillo Delta 11, Santa Ana de San José, Tirrases, San Isidro de Alajuela y La Uruca-Mata Redonda, así como los Puestos Policiales en Delta, Santa Cecilia de La Cruz y Conventillos.

Foto Ministerio de Salud

ANEP logra reconocimiento de la peligrosidad para Gestores Ambientales en el Ministerio de Salud

La Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP ganó el reclamo al Estado para que se reconozca el rubro de peligrosidad a los gestores ambientales del Ministerio de Salud.

Fotografía del Ministerio de Salud

El reclamo se planteó mediante una demanda al Estado por parte de un afiliado de apellido Rojas quien labora en el ministerio y quien había dejado de percibir el pago de ese incentivo salarial desde el año 2006, cuando fue suprimido.

Para nuestra organización sindical, la sentencia es un precedente ya que los Tribunales de Trabajo reconocieron el pago a favor del trabajador y, además, se obtuvo el pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2019-001524, en el cual se reconoce el incentivo salarial de peligrosidad de un 5% en favor del trabajador desde el momento en que se demostró que hacía funciones peligrosas.

Este caso ha sido pionero, pues le abre las puertas a que más gestores ambientales del Ministerio de Salud se animen a formular sus respectivos reclamos por el pago de dicho incentivo.

(Video) La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicita que se les exonere del pago del marchamo 2020

La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicitó, este martes, al Consejo de Gobierno, que se les exima o exonere del pago del marcho del año 2020, debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.

Para este grupo de taxistas, las congojas económicas de los taxistas no ha sido culpa de los concesionarios, sino más bien del Gobierno por no hacer cumplir la ley.

 “La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta.

Algunas de las justificaciones para que se les exonere del pago del marchamo es que desde el año 2009, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), no ha actualizado los datos que alimentan la tarifa ordinaria de taxis, siendo omisa en realizar sus funciones básicas y obligando a los taxistas a cobrar tarifas mal calculadas.

Y aunque, se supone, que los servicios ilegales de porteadores se mantuvieron en el 2011, año en el que se aprobó la Ley 8955, para ponerle fin a los porteadores del transporte público. Actualmente, pese a contar con esa ley, se sigue practicando el “porteo” y el ministro de Transportes, haciendo poco o nada por detener este servicio ilegal.

En el año 2015, aparece el servicio de transporte ilegal Uber y pese a las solicitudes de los taxistas, el propio Gobierno, así como las diferentes entidades involucradas en el tema, así como el mismísimo Presidente de la República, se niegan a cumplir las leyes vigentes.

“Entre el 2015 y el 2017, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR) contratado por la ARESEP , mediante contratación numero: 12-ARESEP-2015, realizó el estudio de actualización y determinación de los valores de los parámetros operativos e indicadores de rendimiento de los servicios de transporte remunerado de personas modalidad taxi, (…) con dos años de estar operando ilegalmente en el país realiza muchos de los viajes que deberían de realizar los taxistas  provocando un  perjuicio económico a los  taxistas”, agrega la carta.

“De no poder o tener voluntad el Gobierno de eliminar este pago para los concesionarios, les solicitamos que se autorice una línea de crédito en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, únicamente para los concesionarios de taxis, con cero requisitos, y con cero tasas de interés y a un plazo de seis meses contados a partir del mes de enero del 2020; pudiendo hacer abonos sin un monto mínimo”, finaliza el documento entregado al Consejo de Gobierno.

Carta entregada al Consejo de Gobierno

Carta de ANEP-Taxistas a Consejo Gobierno by EugenioGuerrero on Scribd

San José, martes 05 de noviembre de 2019.

ANEP logra reinstalación de trabajador en la Municipalidad de Upala

La ANEP, por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica, logró la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Upala de apellidos Madriz Ordóñez, luego de que se declarara nulo todo el proceso de despido en su contra.

Así lo determinó el Juzgado de Trabajo de Upala, luego de que la abogada Priscilla Castro de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP presentara un recurso por jerarquía impropia, ya que los hechos por los que se despidió al trabajador no eran claros y concisos, violentando el principio de defensa. El recurso fue declarado con lugar, declarando la reinstalación inmediata del trabajador

Ahora la Municipalidad de Upala deberá hacer frente a los salarios dejados de percibir por parte del trabajador desde el día de su despido a la fecha. Además, deberá hacer frente a las costas.