Un grupo de trabajadores de la empresa Transfeco vfueron despedidos luego de que se afiliaran al sindicato. Pero gracias a las acciones de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP tuvieron que ser reinstalados en el puesto.
Categoría: Acción Sindical
Se abre periodo de inscripciones para conformar Órgano fiscalizador
San José, 01 de noviembre del 2019.
Estimados (as)
Afiliados (as)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Honorables compañeros (as):
La Comisión Electoral de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundamentada en el art. 45 de sus estatutos, les informa que se estarán recibiendo hojas de vida de afiliados y afiliadas, que estén interesados (as) en postularse para participar como candidatos y candidatas para conformar el Órgano Fiscalizador.
Las elecciones se realizarán el día sábado 07 de diciembre del 2019, a partir de las 8:00 de la mañana en el Auditorio de la Conferencia Episcopal, en Calle 20 Norte.
Dichos postulantes deberán cumplir con los Artículos 21, 22, y 50 del Estatuto para su debida inscripción, el cual está conformado de la siguiente manera:
- -Órgano Fiscalizador
- -Fiscalía Adjunta Primera
- -Fiscalía Adjunta Segunda
Cada propuesta de equipo de candidatos (as) deberán de venir conformado según lo estipulado anteriormente.
Para tales efectos la Comisión Electoral de la ANEP, estará recibiendo dicha documentación el día viernes 22 de noviembre de 2019 a las 17:00 horas, en la sede central de la ANEP, ubicada en Calle 20 Norte, 300 metros Norte del Hospital de Niños.
Sr. Rolando Fonseca Gutiérrez
Presidente
Comisión Electoral ANEP
Tribunal Contencioso declara inadmisible denuncia contra Guardaparques por decomiso de madera ilegal
-Unidad Asesoría Jurídica de la ANEP asumió la defensa de los Guardaparques
El Tribunal Contencioso Administrativo dejó sin lugar la denuncia que se interpuso contra cuatro Guardaparques y el Estado, la cual buscaba pedido de daños y perjuicios consistentes en suma de dinero por el decomiso de madera, que en apariencia habría sido talada de forma ilegal en las inmediaciones del Área de Conservación Tempisque.
Los hechos se remontan al año 2007, cuando los guarda parques realizaron una inspección de rutina en la finca de un sujeto de apellidos Zúñiga Morales, quien habría solicitado el permiso para la tala de algunos árboles. Al realizar la inspección los guarda parques se percataron de que se había cortado un árbol de más a lo permitido por el Área de Conservación Tempisque, por lo que dispusieron realizar el decomiso de toda la madera.
Según indica el expediente N13-007631-1027-CA , Posterior al decomiso los guarda parques, siguiendo el procedimiento y lo estipulado por la ley interpusieron la denuncia ante la fiscalía de Nicoya, dejando a la orden de esta la madera decomisada. Ésta última nunca fue puesta en custodia ni trasladada por la Fiscalía, permaneciendo en el Área de Conservación Tempisque.
Posteriormente el caso contra Zúñiga Morales prescribió en junio del 2012, por lo que no se pudo comprobar la culpabilidad del denunciado, quien por consiguiente demando a los Guardaparques aduciendo “que le causaron daños y perjuicios con su actuación administrativa ilegal y negligente al decomisarle la madera arbitrariamente y haberla mantenido bajo su custodia en total estado de abandono por espacio de cuatro años, lo que ocasionó que la misma se destruyera en su totalidad”.
Sin embargo, para el Tribunal Contencioso Administrativo los guarda parques actuaron “conforme lo indica el artículo 54 de la Ley Forestal, los funcionarios denunciantes y aquí demandados, cumpliendo su deber legal, procediendo a emitir el “informe de policial” correspondiente, sea la denuncia y en ésta dejaron a la orden de la Fiscalía de Nicoya la madera decomisada, por lo que, a criterio de este Tribunal, una vez trasladado el asunto a la jurisdicción penal, en este caso a la Fiscalía de Nicoya, los bienes decomisados, quedaron precisamente a la orden de aquella autoridad, quien debía, como corresponde, a partir de ese momento tomar las disposiciones que fueran pertinentes respecto de los bienes decomisados”.
Ante este escenario, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la Falta de Legitimación Pasiva, declarando inadmisible la demanda de Zúñiga Morales contra las Guardaparques.
El caso fue llevado por la abogada Rosa Rivera Bejarano, integrante de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
Seccional ANEP-PPME compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), compareció ante la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se apruebe y se envié al plenario legislativo el expediente Nº20.323, el cual busca dotar de un 5% de recursos provenientes del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La comparecencia de la Seccional estuvo liderada por su presidente Gerardo Mora Ordóñez, en compañía de la directiva Johana Fernández Sequeira y el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quienes brindaron sus argumentos que justifican la solicitud de inyectarle recursos económicos a la PPME, y que estos sean utilizados en la contratación de nuevo personal policial.
Actualmente la Policía Profesional de Migración y Extranjería cuenta con 510 funcionarios quienes deben de atender el incremento en la visitación turística en aeropuertos y puertos, problemas con el fenómeno de inmigrantes, narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados, la trata ilegal y el tráfico de personas, así como; falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas. A esto se suma la falta de infraestructura, el conflicto Crucitas y la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio.
Por estas y otras razones la Seccional ANEP-PPME ha venido solicitando en la anterior y actual Asamblea Legislativa reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, y estos sean destinados en fortalecer la Policía Profesional de Migración.
Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al Organismo de Investigación Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.
Durante la comparecencia de esta mañana, se barajó por parte de algunos legisladores la posibilidad de utilizar fideicomisos para dotar de nuevos recursos a la PPME, posibilidad que no es muy bien vista por la Seccional, debido a que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo, dejando de lado el avance que se ha logrado con el expediente legislativo Nº20.323
Es importante resaltar que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del Ministerio de Seguridad Pública
Combo fiscal-ley 9635: miles a la expectativa sobre cruciales fallos constitucionales
–Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la contraloría
Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional
de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de
Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la
denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635,
popularmente conocida como combo fiscal.
Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el
cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías
institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de
noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo
ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea
Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en
la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.
Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).
En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector Público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.
Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.
A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.
A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.
En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Sala IV.
Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.
Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas
presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones
inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza
independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.
Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.
O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.
Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿ó, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…
San José, 22 de diciembre de 2019.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…!
Por: Albino Vargas Barrante, Secretario General de la ANEP
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, nos resistimos a ser sometidos a un orden económico que pretende la instauración en nuestra sociedad democrática de un sistema político de corte autoritario-totalitario. No creemos que la Democracia deba ser reducida a una mera formalidad electorera cuatrienal, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, al punto de dejar al desnudo estafas políticas recurrentes, pues a la gente se le toma el pelo, considerando la distancia entre lo prometido en campaña y lo ejecutado en la acción gubernativa concreta.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, logramos posicionar, con fuerte asidero argumental, que el déficit fiscal no se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras del empleo público, ni aún en los casos de sueldos considerados abusivos (como los hay), pues constituyen situaciones de excepción que pueden ser corregidas. Hoy, esta tesis es reconocida por todos los detractores del empleo público, con razones ideológicas para serlo o desde perspectivas demagógico-mediáticas cargadas de odio.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, pues tenemos cualquier cantidad de años, meses y semanas insistiendo mil unas veces más en que la evasión fiscal y la elusión tributarias no son ejercidas por las personas trabajadoras de los sectores privado y público; sino que, por el contrario, están en conglomerados corporativos altamente beneficiados con amnistías, al punto de que nosotros acuñamos desde nuestras filas de la lucha social, el término “empresaurio”: conjunción de los términos sustantivos empresario y dinosaurio, para emblematizar el gran daño que le hacen a la sociedad las personas de negocios que le roban impuestos a esta.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos! Efectivamente, nos hemos atrevido a formular propuestas de políticas públicas que van en la dirección contraria a las de corte neoliberal, pues estas son de profundo contenido concentrador de riqueza, extensión de la pobreza, pauperización de las capas medias y de reversión de conquistas obrero-sociales logradas por generaciones anteriores a la nuestra, que siempre procuraron el bien común y la integración social.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Haber asumido una posición crítica de cara a ciertas matrices mediáticas dominantes, mismas que, sin haber sido elegidas para gobernar, pretenden dirigir las políticas públicas desde estudios de televisión y desde salas de redacción; ejerciendo una acción periodística sin equilibrios, totalmente subjetivizada, editorializando la nota noticiosa, manipulando gravemente a la sociedad para que esta se confronte a sí misma, causando divisiones perversas para la misma supervivencia del sistema democrático.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, nos hemos atrevido a levantar las banderas cuestionadoras de una deuda pública imposible de pagar y del cobro abusivo de intereses que la misma obliga a la sociedad, especialmente la de corte trabajador; llegándose al punto de que nuestros detractores mediáticos ya están haciendo cálculos de la exacción que la misma implica por segundo, por minuto, por hora, por día, por semana, por mes…; tal y como nosotros lo veníamos señalando desde hacía tiempo atrás. Solo falta que ahora nos “sigan” indicando la urgente necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda pública, como lo venimos planteando, junto a una comunidad de costarricenses preocupadísimos porque esto va a llevarnos a tormentos como sociedad que nadie todavía se imagina de su naturaleza intrínsecamente perversa.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, nos salimos del molde clásico de la acción sindical reivindicativo-gremial, para acercarnos a otros sectores de la sociedad que sienten la amenaza de la exclusión, de la aniquilación, del exterminio; y así, juntos, descubrir las potencialidades de una acción de desafío a un orden en desarrollo destinado a imponerse para beneficio de minorías económicas ávidas de concentrar más riqueza y más poder a expensas de la Democracia misma; descubriendo que juntos somos más y más fuertes y que solamente aspiramos a construir una democracia más real y más verdadera.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, haber logrado demostrar el poder de la Democracia de la Calle, como una forma legítima de hacer política luego que se incluyera el concepto de “participativa” para llevar a la democracia institucional a un nuevo estadio de desarrollo; pues ellos mismos, nuestros acusadores, se han asustado de que la acción cívica de la gente, en movilización pacífica y constante, se encuentra en perspectiva de desafiarles su propio orden que no es de la inclusión social para beneficio de la colectividad y del bien común.
¿Qué es lo que nos cobran? ¡Ser insumisos…! Efectivamente, si hay un precio que pagar, sea cual sea, estamos dispuestos a pagarlo. ¡No nos callarán! La lucha por la real Democracia vale cualquier sacrificio.
* Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
ANEP reafirma su rechazo a fijación salarial anual para sector público
- ANEP desplegará fuerte campaña de denuncia en las bases del sector público
- Sindicalistas firmantes legitimaron política de empobrecimiento salarial
- “Acuerdo” firmado es espurio, carente de legitimidad y de representatividad
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su total rechazo al espurio “acuerdo” firmado por el Gobierno con dirigentes sindicales de escasa representatividad, por medio del cual se impuso una única fijación anual para el sector Público a partir de este año 2020, mismo que fuera suscrito el pasado 17 de diciembre de 2019.
La ANEP, en consecuencia, cataloga tal “acuerdo” como espurio, carente de legitimidad dado que, por ejemplo, organizaciones sindicales relevantes de importantes conglomerados laborales del Magisterio Nacional, de la Caja, del ICE y de otras empresas públicas, así como de las municipalidades, han estado rechazando tal “acuerdo”, desconociéndolo. Y, por supuesto, jamás se les tomó parecer a las personas trabajadoras correspondientes.
ANEP desplegará a partir de este momento y en tal sentido, una fuerte campaña de denuncia en las bases laborales del sector Público, para dejar en evidencia la perversa naturaleza de tal “acuerdo”; mismo que legitima la política neoliberal de considerar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público como las responsables del déficit fiscal, aspecto éste que ya está más que demostrado que resultó ser completamente falso.
Los dirigentes sindicales que le firmaron al repudiado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada tal “acuerdo”, le otorgaron a éste una legitimación que desde el lado obrero carecía y que le urgía exhibir; considerando que la práctica totalidad de la clase trabajadora costarricense rechaza su quehacer gubernativo, centrado éste en el empobrecimiento generalizado de las personas asalariadas, luego de la imposición del combo fiscal-Ley 9635.
En sentido, resulta inconcebible e inaceptable que desde la parte sindical se avalen políticas de precarización salarial como las que representa este «acuerdo; haciéndose más que necesario denunciarlo y no guardar un silencio cómplice.
En tal sentido es preciso que la clase trabajadora de este país comprenda que una organización del calibre de la ANEP sigue estando de su lado y que preferimos que la legitimidad que se nos otorgue es por nuestra consecuencia con los fundamentales principios de la lucha sindical y obrera. En tal sentido, marcamos la necesaria distancia del sindicalismo pro-oficialista y gobiernista.
La ANEP, aparte de la denuncia indicada, está próxima a abrir un proceso en sede judicial con miras a una eventual nulidad de tal acuerdo espurio y, por supuesto, impulsaremos la movilización necesaria que permitan las condiciones actuales, para mostrar el gran rechazo y el enorme repudio de las bases laborales del sector Público a ese acuerdo entreguista.
ANEP solicita al Gobierno incluir a la Policía Penitenciaria en reajuste salarial
Mediante su seccional en la Policía Penitenciaria, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregó un documento en Casa Presidencial en Zapote, solicitando al Gobierno de la República incluir a los miembros de la Policía Penitenciaria en la mejora salarial propuesta para Seguridad Pública.
El documento entregado en Casa Presidencial indica “Es importante señalar que, la función de los miembros de la Policía Penitenciaria es una de las más peligrosas y desgastantes en materia de seguridad. Además, el salario de estos compañeros y de estas compañeras no compensa justamente el alto riesgo y los niveles de responsabilidad que enfrentan diariamente”.
Además, agrega que los cuerpos policiales del país cumplen una función extraordinaria en materia de seguridad, y que justamente, están incluidos en una misma ley.
Actualmente el salario base de un Agente de Policía Penitenciario ronda los 328 mil colones.
El pasado miércoles 10 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo anunció un ajuste técnico de hasta un 6% en los salarios más bajos, el cual se aplicará a puestos correspondientes a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Academia Nacional de Policía, Policía de Control de Drogas y Policía de Migración y Extranjería, dejando por fuera a la Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fiscal y Guardaparques.
Seccional ANEP-Taxistas solicita ante Consejo de Gobierno pagar en tractos el canon de ARESEP
La Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas), solicitó al Consejo de Gobierno que el pago del canon de ARESEP con un costo de ¢113.000.oo, incluido en el cobro del marchamo, sea pagado por tractos o bien, sólo se cobre la mitad del monto, tal y como se realizó el año anterior.
La solicitud realizada por la seccional, se une a la que presentaron el pasado 5 de diciembre ante el mismo ente, solicitando que se les exima o se les permita pagar en tractos el pago del marcho del año 2020. Esto debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.
“La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta entregada el pasado 5 de diciembre.
La propuesta de la Seccional sobre el canon de la ARESEP, se debe a que hace una semana, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el gremio de taxistas, acordaron pagar en tractos el canon del CTP el cual tiene un costo de ¢92 mil 411. Ese monto lo podrán cancelar de la siguiente forma: un primer pago de ¢55 mil 447, un segundo pago de ¢23 mil 103 y el último de ¢13 mil 861.
Compartimos el documento presentado por la Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas)
Carta al Consejo de Gobierno-Seccional ANEP-Taxistas by EugenioGuerrero on Scribd
Entrevista con representantes de la Seccional ANEP-Taxistas
Posición de la ANEP ante posibilidad de aumento de salario a los policías de Fuerza Pública
Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.
Está información ha esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP, la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el ejecutivo lo paraliza.
Adoptar una posición pesimista no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de sacarlos de la Ley 9635”.
Si asuntos de más sencilla subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición salarial de los policías.
Esperemos que nuestros gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las Finanzas Públicas.
Esta posición de la ANEP, aplica para los cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones salariales.
