Seccional ANEP-PANI compareció ante Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa

La Seccional ANEP- PANI expuso ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, la problemática interna institucional, entre ellas se encuentra la falta de personal, acoso laboral y hacinamiento.  

Una de las críticas más fuertes de la Seccional, es que las anteriores presidencias ejecutivas y la actual, tienen conocimiento del abordaje inadecuado que hacen las jefaturas con sus subalternos, lo que ocasiona no solo una violación de los derechos al funcionario sino también afecta el servicio que se debe dar a los menores de edad; al no existir un coordinador con habilidades de líder crea ambientes laborales insanos lo que lleva a toda una gestión institucional al declive en todas las áreas.

Actualmente, no existe una política de sensibilización o capacitación para el abordaje de funcionarios que denuncian ser víctimas de acoso laboral.  De hace muchos años lo que se estila en las personas que denuncian acoso laboral es la constante de que son revictimizados por la administración se le estigmatiza al punto de minarlos en todas las áreas físicas, emocional, social y profesionalmente al funcionario.

El Departamento de Recursos Humanos y de las autoridades en general, no promueven el autocuidado o la motivación de sus funcionarios y mucho menos promover políticas necesarias en las personas que trabajan con problemas de tanto impacto emocional como los que se atienden en la institución.

Hace dos años cuando fue instaurada la Comisión que veía las denuncias por acoso laboral, iniciaron con 12. Sin embargo, las denuncias han aumentado y muchas han sido elevadas a sede judicial, ya que en sede administrativa ninguna de las denuncias ha sido acogida como tal.  Esto se debe a un sin fín de omisiones que entraban los procesos, aunque existan pruebas contundentes que demuestran el acoso.

Uno de los aspectos importantes de mencionar es que el PANI no cuenta con directrices claras sobre niñez y adolescencia para que los trabajadores puedan orientar las funciones y decisiones en la búsqueda del interés superior de la persona menor de edad.  Desde el año 2008, la Seccional ANEP- PANI ha hecho del conocimiento a todas las Presidencias Ejecutivas sobre todas las problemáticas institucionales.

Por otra parte, los albergues del Patronato Nacional de la Infancia cuentan con capacidad máxima para 10 personas menores de edad cada uno. Sin embargo, datos al 1º de julio del 2019, demuestran que existen albergues que funcionan con hacinamiento, por ejemplo, los albergues de Estrellitas de Luz aloja a 18 personas menores de edad, Hogar del Sol con 13, Moravia Dos con 17 y el de Orquídeas con 14 personas menores de edad.

Los funcionarios de oficinas locales del PANI trabajan bajo presión y preocupación personal ante las posibilidades reales de evitar el maltrato y proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes, en medio de tantas limitaciones. Además, viven con incertidumbre, frustración, debido a que no pueden estar al día con el trabajo por la excesiva carga laboral y la falta de personal.

Trabajar en el PANI es sinónimo de laborar con estrés crónico y esta condición, predispone el desarrollo de múltiples problemas de salud física y psicológica de todos los funcionarios.

Pronunciamiento de la Seccional ANEP-Fonabe ante publicaciónes del periódico La Nación

-Las publicaciones del medio corresponden a las fechas del 12 de julio del 2019 y del 17 de julio del 2019 con referencia al Fondo Nacional de Becas

Por este medio, la Junta Directiva de la Seccional Anep- Fonabe, considera necesario aclarar el proceso de traslado de las plazas de los funcionarios y de los productos de beca a raíz del Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS, publicado en la Gaceta N°41 el 27 de febrero del 2019.

Con relación a la publicación del periódico La Nación del viernes 12 de julio del 2019, siendo que en la portada se indica el titular 69 empleados del Fonabe se niegan a pasar al IMAS: Instituto contrató a 75 en su lugar y MEP “reacomodó” a los otros en Ministerios y en la página 8 sección EL PAIS, titula IMAS contrata a 75 personas para tramitar las becas, se aclara:

  • El Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS, publicado en la Gaceta Nª41 el 27 de febrero del 2019, en su transitorio VIII establece que “el MEP coordinara con la Dirección General del Servicio Civil para gestionar el traslado oportuno y ordenado de las personas funcionarias del Fonabe que considere necesario para la correcta implementación del presente Decreto. Lo anterior en estricto apego a la normativa atinente a este proceso y garantizando todos los derechos adquiridos”.
  • Desde el inicio de las reuniones en el mes de febrero del 2019 por parte de los representantes de los funcionarios del Fonabe, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación Pública, este último manifestó el interés, compromiso y necesidad de que los funcionarios del Fonabe fueran trasladados al MEP, respetando los derechos laborales, estabilidad y que además contaban con los recursos económicos necesarios para tal compromiso. 
  • Es de conocimiento que el Instituto Mixto de Ayuda Social no forma parte del régimen del Servicio Civil, caso contrario al Fonabe y al MEP, por tal razón se nos indicó que las plazas no podrían trasladarse permanentemente al IMAS.
  • Mediante la Comisión Técnica para el traslado de las plazas (a través de los representantes asignados para dicho proceso), los funcionarios nunca recibieron una propuesta formal por parte del IMAS, donde se especificarán detalles como posibles puestos requeridos, ubicación geográfica, condiciones salariales, incentivos laborales, entre otros, los cuales permitieran a los funcionarios tomar una decisión informada sobre el traslado de su plaza.  Por tanto, no existió una negativa de los funcionarios para trasladarse al IMAS bajo los argumentos que indicó el Presidente Ejecutivo del IMAS, el señor Juan Luis Bermúdez en la nota publicada el viernes 12 de julio en el periódico La Nación. 

Con respecto a la publicación del periódico La Nación del miércoles 17 de julio del 2019, siendo que en la portada se indica el titular IMAS investiga si 53.000 beneficiarios de beca son pobres y en la Sección El País, página 4 y 5, se desarrolla la noticia, se aclara:

  • El Fondo Nacional de Becas y el Instituto Mixto de Ayuda Social cuentan con procesos y metodologías distintas para la recepción, valoración y aprobación de solicitudes para el otorgamiento de un beneficio económico: En el caso del Fondo Nacional de Becas el estudiante debía completar un formulario, el cual era evaluado mediante el Modelo Integrado de Calificación de Becas (MICB) y en casos especiales con la valoración de Trabajo Social. Dicho Modelo contempla variables para medir la situación socioeconómica del grupo familiar mediante el método de línea de pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y variables  para medir la vulnerabilidad educativa mediante el Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE), que permite identificar los factores de riesgo que llevarían a un estudiante a desertar del sistema educativo. La combinación de esas variables de forma automatizada permite identificar cual solicitante califica o no califica para ser beneficiario de uno de los programas de becas que se otorgan a través de la Institución y determina la prioridad en la que queda la solicitud analizada.

Es importante indicar que además a partir del año 2018 el Fonabe inició con la implementación del Módulo de Regionalización Digital (ReDi), herramienta que permite a los centros educativos solicitar becas de forma digital y con base en la información suministrada por el Sistema de Información y Registro Único de Beneficiarios de Estado (SINIRUBE) Ley N°9137, del año 2013.

Por otra parte, el IMAS registra la información de los solicitantes de los beneficios mediante la Ficha de Información Social (FIS), la cual se aplica desde una oficina o mediante visita domiciliaria y cuyas variables son distintas a las consideradas en el Modelo de Calificación de Becas del Fonabe, además utiliza el SIPO (Sistema de Información de la Población Objetivo), mediante el cual se verifica la línea de pobreza.

Debido a que los parámetros y variables que consideran los sistemas e instrumentos de ambas instituciones son distintos, genera que un estudiante pueda calificar para el beneficio en una institución y no en la otra, es decir, que para una institución se ubique en condición de pobreza y en la otra no.

Se debe considerar además que el Fonabe únicamente otorga beneficios a los estudiantes que el Modelo determine que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad y según información difundida por el IMAS sobre el Programa Crecemos “La asignación de la transferencia será de acuerdo a los parámetros institucionales: En condición de pobreza y pobreza extrema.” Esto podría generar que los beneficiarios que para el Fonabe se encuentran en condición de vulnerables, para el IMAS se podrían considerar como “No Pobres”.

En este sentido, de acuerdo a datos suministrados por el IMAS a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), de los 196.466 beneficiarios del Fondo Nacional de Becas traslados en la base de datos del mes de abril por el Fonabe, un total de 6.395 se encontraban en condición de No Pobres según los parámetros del IMAS, mientras que un total de 45.487 beneficiarios del Fonabe trasladados en dicha base datos no cuentan con Ficha de Información Social (FIS), requisito fundamental para el IMAS pero no para el Fonabe, el cual no utiliza dicho instrumento para el registro de información de los solicitantes de las becas.

Si sumamos la cantidad de estudiantes que para el IMAS son No pobres y los estudiantes que no cuentan con FIS, tendríamos según la base de datos de abril, un total de 51.882 estudiantes beneficiarios a los cuales el IMAS deberá aplicar la FIS para corroborar si cumple con los parámetros de esa institución, que como reiteramos, son diferentes a los del Fonabe. A estos se suman un total de 7.000 estudiantes cuya información en el SIPO (Sistema de Información de la Población Objetivo) de uso exclusivo del IMAS, se encuentra desactualizada, según indicó el IMAS.

Para mayor referencia puede verificarse dicha información en la página 8, 9 y 10 del documento STAP-DE-190-2019 emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

  • Con respecto a la afirmación que se realiza en el periódico que indica “Esa ausencia de datos ocurrió pese a que para otorgar el subsidio  debe abrirse un expediente de cada alumno y hacer un estudio económico de cada hogar». El hecho de que 46.000 beneficiarios de beca de Fonabe no cuentan con FIS no significa que el Fonabe no haya solicitado un formulario a cada estudiante y por lo tanto no haya realizado el estudio socioeconómico, pues se reitera que el Fonabe solicitaba un formulario y no la FIS como lo hace el IMAS. Los formularios de los beneficiarios del Fonabe son custodiados por los centros educativos, en el archivo de Fonabe y debido al Decreto Ejecutivo una gran parte de los expedientes han sido trasladados, desde hace algunas semanas, al Archivo Central del Ministerio de Educación Pública, lo cual puede ser verificado por dichas instancias. Por lo tanto, el Fonabe no trasladó ni un solo expediente de los beneficiarios de beca al IMAS, lo que se trasladó fueron bases de datos con el listado de todos los beneficiarios de beca del Fonabe. Por lo tanto, es irresponsable y falto a la verdad  afirmar que el Fonabe brindó la beca sin contar con información socioeconómica pues el Fonabe no utiliza la FIS como instrumento de registro de información y los expedientes no fueron trasladados al IMAS, por lo que no se puede afirmar que los beneficiarios de Fonabe no contaban con un expediente.
  • Con respecto a la duplicidad de beneficios de secundaria: el Fonabe cuenta con becas para estudiantes de secundaria con una condición especial (Necesidades Educativas Especiales, Riesgo Social, Adolescente Madre o Padre, Indígena, Educación para Jóvenes y Adultos, Privados de Libertad), sin embargo, con base en la normativa institucional, no existe impedimento para que un estudiante cuente con un beneficio de Fonabe y además de Avancemos, siempre y cuando se encuentre en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Desconocemos si la normativa del IMAS no permite que un estudiante pueda contar con ambos beneficios y si es así, ignoramos por qué no procedieron con la suspensión de los beneficios desde el inicio del Programa Avancemos. Por otro lado, se debe resaltar que el IMAS ha indicado en reiteradas ocasiones que una beca (lo que otorga el Fonabe) y una transferencia monetaria condicionada (lo que otorga el IMAS) no son lo mismo, es decir, serían dos beneficios diferentes, partiendo de ese principio no se podría hablar de duplicidad.

El Decreto Ejecutivo N°41569 MEP-MTSS-MDHIS establece que los estudiantes en dicha situación únicamente podrán contar con el beneficio de Avancemos.

Por tanto, recomendamos que para futuras investigaciones y publicaciones relacionadas al Fondo Nacional de Becas, se consulten a todas las partes involucradas, a fin de brindar información completa a los ciudadanos y a la vez no causar perjuicio a los funcionarios.  

                                                     Junta Directiva Seccional Anep- Fonabe

CCSS “se lava las manos” y deja la responsabilidad de reajuste salarial al Servicio Civil

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)  se desligó del reajuste salarial del 2019 a trabajadores de la institución y “tiró” la bola  a la Dirección General de Servicio Civil.

 Así consta en el oficio DAGP – 0611-2019, en respuesta a las consultas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Desde hace varios meses nuestra organización sindical ha solicitado respuestas sobre ¿qué ha pasado con el aumento salarial de los trabajadores? Sin embargo, hasta la fecha tanto la Junta Directiva como la Gerencia General de la Caja han ido dándole largas al asunto sin dar mayor explicación.

“En virtud de lo anterior, se informa a esa estimable Asociación que la Dirección de Administración y Gestión de Personal se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Dirección General de Servicio Civil; así como de las resoluciones emitidas por ese órgano rector, con la finalidad de efectuar el costo correspondiente de la propuesta del aumento general de salarios para todos los puestos de la Institución y así implementar el incremento salarial según lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 41167-MTSS-H”, indica el documento.

CCSS – Primer Aumento Salarial # DAGP-0611-2019 (1) by Yariela Novo on Scribd

Presidencia de la República se olvida de la agencia del SINART

Los trabajadores del SINART S.A. empresa pública de comunicaciones quedaron estupefactos al observar las astronómicas cifras con las que la Presidencia de la República, pretende contratar a una agencia privada de publicidad para que maneje su imagen.

Desde el año 2003, el SINART cuenta oficialmente con una agencia de publicidad que da servicios relacionados con la comunicación y el mercadeo de bienes y servicios a diferentes instituciones del país, entre las que destacan: Cosevi, Correos de Costa Rica, Inamu, entidades bancarias y muchas más.

La sorpresa de los funcionarios se debe a que el Gobierno recortó su presupuesto extraordinario, que tiene en vilo a los trabajadores, pues constantemente se les dice que no hay plata ni para pagar sus salarios. Por si fuera poco, los Sinaristas tienen más de 5 años de no recibir aumentos de ley.

“Que bien nos hubiera caído esa platica, con eso podríamos mejorar, ya que últimamente no se produce lo suficiente porque no hay plata para invertir en escenografías, talento o recorrer el país conversando con la gente como siempre lo hicimos. La esencia del SINART es su pueblo” indicó un funcionario que prefirió no ser identificado, por temor a represalias.

Los miembros de la Seccional ANEP-SINART advirtieron que esto ya es el colmo, “la Ley del Sinart faculta a la institución a firmar contratos directos para la elaboración de proyectos con el Gobierno, sin necesidad de participar en licitaciones públicas. El presidente prometió en campaña que iba a fortalecer al SINART, pero hasta ahora lo que ha hecho es recortarle recursos para tenerlo apenas encendido, pero no para competir”.

Por si fuera poco, indicaron que la institución inició procesos de cobro administrativo a las instituciones que no están apoyando con el 10 % que le corresponde girar a los medios del Estado por Ley mientras Casa Presidencial, en lugar de apoyar la gestión, trató de frenar los trámites.

La Junta de Accionistas del Sinart la conforman los miembros del Consejo de Gobierno (Ministros, Presidente y Vice Presidentes) quienes deberían de velar por los intereses de la institución. Bajo este panorama nos preguntamos ¿Quién defenderá al Sinart?.

ANEP presentó dos opciones de modificación al proyecto de ley Nº20.968

Representantes del Sector Municipal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregaron a los asesores legislativos de la diputada Aracelly Salas, dos propuestas de redacción para modificar el proyecto de ley Nº20.968.

Las opciones, presentadas el día de ayer, buscan resguardar la institucionalidad y su equilibrio interadministrativo en la relación de competencias y responsabilidades tanto de la Alcaldía como de los Concejos Municipales. 

La primera propuesta de modificación al texto por parte de la ANEP indica: “La municipalidad por acuerdo de mayoría calificada de su Concejo Municipal podrá: finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

La segunda propuesta establece:La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico con aprobación del Concejo Municipal podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

 “Lo que buscamos es que los Concejos Municipales mantengan su capacidad en la toma de decisiones siendo el ente que apruebe o desapruebe las modificaciones que generen cambios significativos en el orden municipal”, indico Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP.

Actualmente la redacción del proyecto indica “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

La ANEP ha advertido que, de mantenerse el texto como esta, se daría a la figura de la alcaldía un poder absoluto por sobre el propio Concejo Municipal pues darían la posibilidad de que sea el Alcalde o la Alcaldesa quien apruebe o desaprueba dichos cambios al orden y estructura municipal, dándose así la posibilidad también de despidos selectivos y hasta políticos de previo a elecciones municipales.

Luego de presentar la propuesta los asesores de la diputada Aracelly Salas, se comprometieron a valorarlas y a comunicar la decisión final sobre este proyecto que representa una amenaza a la estabilidad en el empleo de las y los funcionarios municipales y con esto se pone en riesgo los servicios que brindan las municipalidades a los usuarios de los diversos cantones.

Pese a reunión con diputada persisten dudas con el proyecto Nº20.968

Partes definen establecer un equipo de trabajo para corregir redacción del artículo que se reformaría en el Código Municipal.

Representantes municipales de 17 seccionales de ANEP, se reunieron con las diputadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Aracelly Salas Eduarte y María Inés Solís Quirós, para aclarar dudas sobre el proyecto de ley 20.968. Sin embargo, las dudas siguen rondando dicho proyecto de ley.

Así lo manifestaron los diversos representantes municipales de la ANEP quienes en la reunión cuestionan las potestades que tendrían los alcaldes para generar despidos con este proyecto de ley.

Ante este escenario, las partes acordaron definir en próximas horas un equipo de análisis del proyecto de ley para corregir la redacción del artículo que se reformaría en el código municipal. Dicho equipo estaría conformado por dos asesores municipales de la ANEP y dos asesores de la diputada Aracelly Salas.

El artículo en cuestión indica: “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP, agradeció el espacio otorgado, sin embargo, recalcó los cuestionamientos que continúan sobre el proyecto de ley.

“Quedamos insatisfechos con las respuestas que nos dieron, argumentamos que el proyecto de ley facilita y otorga poderes a los alcaldes facilitando y flexibilizando los despidos masivos, basándose en un supuesto criterio técnico. Nosotros que venimos del sector municipal sabemos que la buena voluntad no se siempre se aplica en los municipios.”, dijo Chaverri.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, la conformación del equipo de trabajo será esencial para corregir “el error que se habría cometido con dicho proyecto de ley”

“Se debe corregir en función para darle tranquilidad y estabilidad laboral a los trabajadores municipales, en atención a eventuales restructuraciones que podrían darse incluso hasta en elecciones municipales”, dijo Vargas.

Durante la reunión los representantes de la ANEP, también solicitaron el apoyo al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.

En la manifestación del día de hoy en San José   participaron trabajadores municipalidades de   Heredia, Alajuela, San Isidro (Heredia), Escazú, Santa Ana, Curridabat, Tibás, San José, Belén, Moravia, Goicoechea, Aserrí, Flores, San Rafael (Heredia) y Coronado.

Iceístas irán a las calles para frenar iniciativas de debilitamiento y privatización del modelo eléctrico nacional

La Asociación Sindical de Empleados/as Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anuncia que las y los trabajadores del ICE se manifestarán el próximo lunes 15 de julio en defensa del ICE, en busca de frenar las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional promovidas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con conocimiento de la Presidencia Ejecutiva y la Administración Superior del ICE.

  1. La jornada se realizará de forma regionalizada el próximo lunes 15 de julio:

Las y los trabajadores del ICE se manifestarán en diferentes regiones del país, en el caso de  San José iniciarán la concentración a las 7:00 de la mañana frente a la sede central del ICE en Sabana Norte. Lo anterior para denunciar y detener las iniciativas de debilitamiento y privatización del Modelo Eléctrico Nacional. Lo anterior incluye planes para sacar el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) y la CNFL del ICE.

Además de lo anterior el 15 de julio los Iceístas impulsarán la apertura de espacios de diálogo social orientado a resultados con el Gobierno de la República, a través de la cual ASDEICE y las organizaciones denunciantes, planteamos hablar cara a cara con el Gobierno en busca de clarificar posiciones sobre el tema y llegar a acuerdos que queremos todos los costarricenses.

Para ello se le pide al Gobierno agilizar las gestiones de diálogo con el encuentro multisectorial o entre tanto se busca una metodología conjunta, convocar a una primera reunión sobre el tema.

Por tal razón dentro del ICE la jornada será regionalizada en distintos puntos del país donde nuestros compañeros Iceístas articularán con diferentes actores sociales, como estudiantes (MEDSE) y trabajadores municipales en varias regiones del país que se están comunicando en su momento oportuno.

  • La jornada será contra el desmantelamiento del CENCE y de la CNFL: Pese a los intentos de la Administración Superior del ICE, de bajarle el perfil a los graves hechos denunciados y comprobados; desde ASDEICE reiteramos que existe un plan A puesto en marcha para sacar el CENCE del ICE. Inclusive ante las denuncias, valoran un plan B que consistiría en pasar el CENCE a la Gerencia General de dónde sería más fácil, en un segundo momento separarlo del ICE. Ambos planes (desconcentración máxima y desconcentración mínima) son promovidos por el Ejecutivo a través del MINAE con participación del Ministro del ramo y conocimiento de la Presidencia Ejecutiva Irene Cañas.

Con respecto a la CNFL, publica el alcance 142 de La Gaceta del 25 de junio de 2019, un proyecto de ley para desvincular a la CNFL del ICE. Esto con el agravante de las plantas de generación y su inmensa deuda financiera, se les trasladan al ICE, aumentando con esto el déficit institucional.

  • En un Estado Social de Derecho con División de Poderes, la Sala Constitucional ha sido clara: Desde ASDEICE, coincidimos con lo planteado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de la resolución 2000-03444 (Exp: 00-002877-0007-CO) en la cual este Tribunal Constitucional sentencia:

«el derecho a disentir no puede reducirse a un sentimiento íntimo que no pueda trascender o hacerse manifiesto […] pues eso sería prácticamente dejar sin contenido un derecho a expresarse en público y sin violencia sobre los asuntos más importantes, aquellos que tienen que ver sobre lo que entendemos como un futuro mejor o más feliz para nuestra sociedad. Como corolario de lo anterior, ha de tolerarse en estos casos, el mal menor de una protesta y no el mal mayor de un disturbio, por una apresurada y desmedida actuación de la autoridad»

La mejor forma de volver al país a sanos niveles de convivencia es sin duda agilizar por parte del Gobierno de la República, el diálogo social orientado a resultados. Insistir en la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal desde el Ejecutivo y el Legislativo solo ahondarán la distancia entre gobernantes y gobernados, profundizarán la desigualdad social y aumentarán el estado de crispación nacional que experimenta nuestra sociedad.

Sector municipal de la ANEP a huelga contra política pública este lunes 15 de julio

Huelga se dará contra el proyecto de ley 20.968 por atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores municipales

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), anuncia que el sector municipal se unirá a las manifestaciones del próximo lunes 15 de julio, en protesta al proyecto de ley Nº20.968, el cual busca crear una desestabilización laboral en las municipalidades.

Así lo confirmó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, quien indicó que la convocatoria a huelga contra política pública ya se comunicó a las 61 seccionales de la ANEP en municipios de todo el país, para que se sumen al movimiento.  

“Esta protesta tiene como finalidad principal cuestionar la política pública que se deriva de dicho proyecto de ley 20.968; pues dicha política varía radicalmente los principios de estabilidad laboral en el empleo público municipal”, dijo Vargas.  

La convocatoria de la ANEP para trabajadores municipales del Área Metropolita tiene como punto de inicio el Ministerio de Hacienda en Avenida Segunda, a partir de las 8 de la mañana, para luego trasladarse hacia la Asamblea Legislativa. En el caso de los trabajadores municipales fuera del Área Metropolitana, se realizarán manifestaciones en sus regiones junto a trabajadores iceístas y estudiantes, que ese día también se estarán manifestando.

Vargas indicó que el proyecto de ley Nº20.968, denominado “Reforma del artículo 155 inciso b) del código municipal, ley n.° 7794, de 30 de abril 1998 y sus reformas” impulsado por la diputada Aracelly Salas, atenta contra la estabilidad laboral en las municipalidades.

“Nunca como antes la autonomía constitucional del régimen municipal había estado en tanto peligro. En ANEP estamos alarmados, lo último que estamos viendo es un proyecto para flexibilizar despidos, para convertir a la figura del alcalde en todopoderosa en materia de nombramientos y despidos de personal; con restructuraciones muy cuestionables y estudios técnicos que no garantizan ninguna objetividad”, indicó el Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, este proyecto de ley es una grave amenaza al empleo municipal y curiosamente se promueve en las postrimerías de la próxima elección de alcaldes, por lo que cuestionan si será una estrategia política para “limpiar las municipalidades con el objetivo de colocar pega banderas”.

Impulso a proyecto de ley

Otra de las razones que llevará a los trabajadores municipales a las calles, es darle impulso en la corriente legislativa al proyecto de ley N21.430 “Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal”, presentado por la ANEP con el respaldo del diputado Walter Muñoz y otros diputados.

“Queremos reforzar la importancia de que se apruebe el expediente legislativo Nº21430 presentado por la ANEP el 29 de mayo para devolver de manera integral la autonomía de régimen municipal, la cual se perdió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública”, finalizó Vargas.

De esta forma la ANEP con sus seccionales en el sector municipal se unen a la familia Iceísta y a los estudiantes de secundaria (MEDSE) en una jornada de lucha social.

ANEP defiende el derecho de acceso a la información pública

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) seguirá defendiendo el derecho al acceso a la información pública, esto luego de que el sindicato solicitara, el pasado 11 de enero del 2019, información al Ministerio de Hacienda sobre la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones, la cual fue negada por la Dirección de Tributación.

Debido a la negativa, la ANEP interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual se encuentra suspendido, ya que la Sala considera que la actuación del Ministerio se apega a lo establecido en el artículo 18 bis del Código Tributario, por lo que solo se puede dar la información que se encuentre firme en sede administrativa y que no haya sido impugnado en sede judicial.

Bajo este panorama, la Sala Constitucional concedió plazo a la ANEP para que interpusiera acción de inconstitucionalidad contra ese artículo 18 bis, donde se solicita información relativa al nombre de los contribuyentes y los responsables al monto que pagan por concepto de tributos, así como a su morosidad, estos aspectos tienen un marco interés público y constituye información pública por lo que debe ser accesible.

Para la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, si las deudas tributarias son ejecutivas para el Ministerio de Hacienda, es decir, surten efectos jurídicos, es improcedente que se limite el acceso a dicha información.

Actualmente la Sala ha admitido dicha acción de inconstitucionalidad para estudio y ha solicitado a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda que le rindan informe al respecto.

Seccional Policía Profesional de Migración insta a Ministro de Seguridad nombrar Director en la Policía de Migración

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.

Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015, con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.    

La solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el nombramiento de un sub director.

“Este nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación. Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el escalafón policial” finalizó Mora.