La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), da la bienvenida a su nueva seccional conformada por taxistas. La cual busca encontrar nuevas alternativas en defensa de su actividad.
Si desea contratar un servicio honesto y responsable puede comunicarse al número de WhatsApp 8369-9183 por medio de mensaje de texto o audio.
Representantes de los distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo, el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que, nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI y UNATEPROT
La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó al Ministro de Seguridad Pública, Michel Soto, investigar las situaciones descritas en un audio de la plataforma WhatsApp, que en apariencia fue producido por el Comisionado Randall Picado, donde se describen una serie de irregularidades en torno a la supervisión de personal en la Región Policial de San José e incluso que oficiales de policías estarían escoltando narcotraficantes.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que el día jueves 05 de setiembre, recibió en la plataforma WhatsApp decenas de mensajes con un audio que en apariencia fue producido por el Comisionado Randall Picado. En el mismo, se escucha una especie de llamado de atención para el mando de la Región Policial de San José, en torno con debilidades en la supervisión de personal. El aparente llamado de atención incluye también a las subdirecciones e inclusive direcciones.
En el audio se puede escuchar “Hemos detectado una serie de conductas, debilidades, anomalías, irregularidades, donde el mando de las delegaciones y el mando también superior, y me incluyo yo dentro de esos, por supuesto también los sub directores que tienen sus áreas de jurisdicción nos hemos vuelto pasivos, o nos hacemos de la vista gorda, o nos falta iniciativa, o nos falta liderazgo o capacidad de gestión para detectar esas irregularidades (…)”. Más adelante, se escucha decir que algunos policías están ingiriendo licor en las delegaciones, peor aún, que estarían “escoltando al narcotráfico”
Para Anchía, resulta alarmante escuchar en un audio, presuntamente producido por un director regional, en el que se indica que no existe ningún nivel de supervisión, que el mando medio y el alto mando es permisivo o se hacen de la vista gorda, que carece de iniciativa y de liderazgo, e inclusive, de capacidad para desempeñar sus funciones. Además, le preocupa escuchar en dicho audio que, se tienen denuncias de jefes jugando en las computadoras en tiempo laboral.
“Es inaceptable que se hable de corrupción y de debilidades en la supervisión, al mismo tiempo que se han incrementado las plazas de sub directores regionales, por ejemplo, San José pasó de una subdirección a tres subdirecciones regionales. Además, en la Fuerza Pública, el nivel de mando medio y el mando superior, disfruta de muy buenos salarios. Por estas situaciones, planteamos con carácter de urgencia ante el Ministro Soto que se proceda con una investigación con la finalidad de determinar la veracidad de las declaraciones”, manifestó Anchía.
Para la seccional ANEP-Fuerza Pública debe realizarse una valoración de las capacidades y competencias del mando superior de la Fuerza Pública, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, recuerdan que los puestos de dirección y de subdirección son puestos de confianza, siendo potestad del Ministro su nombramiento y la remoción de los mismos.
Solicitud de investigación de situaciones descritas en audio de Jefe Policial by EugenioGuerrero on Scribd
El Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, hicieron pública este día la carta (OL CRI 5/2019) que de manera conjunta remitieron el pasado 7 de los corrientes a diferentes autoridades costarricenses, en la que expresan su preocupación por la aprobación legislativa —en primer debate— del proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, por ocasión de las potenciales violaciones a los derechos humanos en las que incurriría, si dicho proyecto culminara con los contenidos actuales, los trámites legislativos.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta, identificada con el número OL CRI 5/2019.
Los Relatores de Naciones Unidas focalizan su preocupación por que en el proyecto de ley se establecen medidas de limitación al derecho de huelga que van más allá de lo que se puede considerar aceptable en una sociedad democrática. Desde el inicio de esta discusión, los sindicatos firmantes sentamos una posición en el sentido que esta medida prohijada por el proyecto de ley sólo pretendía neutralizar al movimiento sindical, al mismo tiempo que se impulsan medidas de política económica y social que perjudican las condiciones laborales, principalmente en el sector público.
En las palabras de los Relatores Especiales, “El proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones directas e indirectas a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su derecho a la asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a través del ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del ejercicio del derecho a la huelga. Además, consideramos que varias de las medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representarían restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar las libertades sindicales.”
Dentro de algunas de las objeciones que causan preocupación a los Relatores Especiales se encuentran:
a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos”;
b) El establecimiento del requisito según el cual para que una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos para acordar la huelga;
c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición;
d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado;
e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos indeterminados;
f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal;
g) La ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga.
Esta gestión sin precedentes que hacen los Relatores Especiales es sumamente oportuna en un doble sentido; por una parte porque reconoce que la huelga es un mecanismo del sector laboral para hacer valer sus derechos, razón por la cual su restricción debe ser especialmente justificada tanto en su idoneidad, necesidad como en la proporcionalidad de la medida de restricción; por otra parte porque le da a Costa Rica una oportunidad para corregir y evitar una situación en la que pueda comprometer su responsabilidad internacionales por violación a los derechos humanos.
Los sindicatos firmantes consideramos que “Costa Rica tiene un proyecto constitucional que descansa en el respeto de los derechos humanos y la justicia social, así lo trazaron los Padres Fundadores de la Segunda República, y así lo hemos mantenido durante casi 70 años; no existe un motivo por el cual desviar ese gran pacto que nos da identidad nacional y singularidad en el mundo”.
Los Relatores Kaye, Voule y Forst hacen una conclusión muy puntual: “Consideramos que el proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso.” Al respecto, los sindicatos firmantes consideramos que, “en momentos donde se tienen que tomar medidas complicadas, la solución no es neutralizar a la voz que se considera opositora; lo que hace un sistema democrático es abrir canales de diálogo social, donde sea posible encontrar soluciones creativas a los problemas sin afectar los derechos humanos, sin desfigurar nuestro gran proyecto constitucional. Por esto consideramos que esta comunicación de los Relatores Especiales debe ser emocional e inteligentemente aprovechada. Hacemos al respecto un llamado a la Sala Constitucional, para que tenga presente estas consideraciones al resolver la consulta de constitucionalidad, que trace las ‘líneas rojas’, los límites que en una sociedad democrática no se deben traspasar, y que, con dichos límites muy claros, la Asamblea Legislativa sirva de escenario para el diálogo social que nunca debió de descontinuarse.”
En el documento que remitieron los Relatores se pusieron a disposición de Costa Rica en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas, y solicitaron que se les mantenga informados sobre los progresos que se desarrollen en esta materia.
Los Relatores Especiales son un procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a cuya membresía Costa Rica está aspirando, y que nosotros apoyaríamos, siempre que mantenga un decidido compromiso con los derechos humanos, por ejemplo, cumpliendo con las recomendaciones de esta OL que es parte de aquel mandato. No hacerlo, sería un contrasentido. El texto de la OL puede encontrarse en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24888
San José, jueves 10 de octubre de 2019.
Proyecto de Ley para regular las huelgas no es compatible con los tratados de Derechos Humanos para Costa R… by EugenioGuerrero on Scribd
En reiteradas ocasiones la ANEP ha solicitado que se declare el Sistema Penitenciario en estado de emergencia nacional. No sólo por las condiciones de hacinamiento, sino por las deficiencias en infraestructura. Hoy, sabemos que hay motivos más fuertes que justifican una declaratoria de esta naturaleza.
La crisis que vive el Sistema Penitenciario Nacional, por las condiciones insalubres, por el surgimiento de enfermedades infectocontagiosas, como tuberculosis, parotiditis (paperas), entre otras, requiere un esfuerzo mayor por parte del Gobierno. El Ministerio de Salud debe atender a la población penitenciaria como corresponde, con programas de prevención y de vacunación. Debe, además, hacer una inspección en todos los centros penitenciarios del país y determinar cuáles no cumplen con las condiciones de higiene e infraestructura adecuadas y tomar medidas inmediatas.
Los miembros de la Policía Penitenciaria y el personal de cárceles en su totalidad deben conocer cuáles son los protocolos a seguir, las medidas de prevención. En caso que un compañero o compañera resulte infectado, cuál debe ser el procedimiento a seguir. Nuestro criterio al respecto, es que se le debe trasladar al Instituto Nacional de Seguros, pues la enfermedad se contrajo producto de la actividad laboral que realiza; y, el caso debe comprenderse como riesgo de trabajo, al amparo de la normativa laboral.
¡Esclavitud laboral!, eso es lo que viven diversos choferes de autobús de la empresa Biusa, luego de que la Dirección Nacional de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comprobara mediante una inspección a la empresa de transportes ante diversas denuncias de explotación laboral, que algunos choferes deben de laborar hasta 19 horas diarias.
Así lo muestra el Acta Adicional de Inspección y Prevención del 6 de noviembre del 2019, código #SJ-IF06988-19, en poder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), donde se determina la violación al Código de Trabajo por parte de la empresa autobusera que presta el servicio en diversas rutas del país.
“Se logró demostrar en las entrevistas y en los comprobantes de pago facilitado por el patrono que los horarios cumplidos por los choferes superan las doce horas diarias, iniciando con horarios desde las 4:00 a.m. y teniendo una hora de salida incierta, laborando hasta 19 horas diarias en algunos de los casos”, indica el acta de inspección.
Según el documento, la empresa estaría violentando el Artículo 140 del Código de Trabajo, ya que la legislación laboral nacional establece que la máxima jornada laboral es de doce horas, sumando la jornada ordinaria y la extraordinaria; por lo que se debe de eliminar la práctica de hacer a los trabajadores y trabajadoras laborar jornadas superiores a las doce horas diarias.
Para la ANEP esta situación no puede pasar desapercibida, ya que resulta intolerable desde cualquier punto de vista y no tiene otro nombre que esclavitud laboral.
“Se requiere una intervención política al más alto nivel de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, porque se tiene que sentar las responsabilidades del caso. Sabemos que el empresariado de autobús tiene muchísimo poder en este país, pero ello no los hace inmunes para irrespetar la legislación laboral, incluso los mismos principios de los derechos humanos”, expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas agregó que “hay un doble riesgo, no sólo la salud laboral del chofer si no también la seguridad de los usuarios del autobús, por eso hay que denunciar fuertemente, no basta con una inspección, el Ministerio de Trabajo debe sentar un precedente”.
Pago de horas extraordinarias
Asimismo, la inspección realizada por la Dirección Regional determinó que la empresa no realizó el pago correspondiente por las jornadas extraordinarias laboradas por los choferes de autobús, violentado los Artículos 136 y 139 del Código de Trabajo, por lo que los inspectores fueron tajantes al recordarle a la empresa lo establecido por la ley sobre la remuneración por tiempo extraordinario.
Debido a esto la Dirección Nacional de Inspección previno a la compañía Biusa para que, en el plazo de 10 días a partir de la notificación, corrija las infracciones registradas, cuyo cumplimiento quedará sujeto a una nueva inspección. En caso de incumplimiento y de mantenerse las violaciones al Código de Trabajo detectadas el caso se elevará a instancias judiciales.
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS by EugenioGuerrero on Scribd
San José, martes 12 de noviembre de 2019.
01- Históricamente, nuestro país se ha proyectado hacia el mundo como una nación democrática, amante de la paz, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas; y, con un sólido compromiso en materia ambiental.
02- En esta misma dirección, ha presentado conductas casi competitivas, respecto de la inmediatez para firmar y ratificar tratados, convenios y pactos internacionales que versan en favor de los Derechos Humanos.
03- Costa Rica no escatima en matices de elegancia, en la retórica internacional, con la que se promociona como un país verde, sin ejército y con vocación de diálogo, mismo que, incluso ofrece como instrumento apaciguador para conflictos acaecidos fuera de sus fronteras.
04- Ante tal contexto y antecedentes, prácticamente cualquier sociedad civilizada, que busque solucionar sus problemas por medio de la madurez que demanda el entendimiento bilateral a través de mecanismos pacíficos, podría figurarse que, Costa Rica tiene sobrada autoridad moral para hacer recomendaciones y observaciones, en materia de Derechos Humanos.
05-Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dado nuestro orgulloso e incesante papel dentro de la historia de Costa Rica, referente a la lucha social, sostenemos con categórica propiedad una perspectiva distinta.
06- La ciudadanía completa ha atestiguado variados escenarios que, con una mirada vidriosa, nos obligan a comprender que en la actualidad la fama de nuestra nación constituye un simple espejismo. Índices de homicidios que alcanzan valores de pandemias, deshonrosas cifras récord en importaciones de cocaína hacia Europa (¿país de paz?), reincidentes condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una regresión y desigualdad que se incrementan día a día (¿Derechos Humanos?); así como grandes áreas del paisaje natural que se destrozan a vista y paciencia del gobierno de turno (parques nacionales y áreas protegidas, Crucitas -¿medio ambiente?-); son solo algunos ejemplos de circunstancias en las que nos basamos para observar con recelo la proyección discursiva del país.
07- Innecesario es señalar que nuestro criterio no pretende infundir una rotunda oposición a la pretensión de Costa Rica de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Empero, bajo el contexto actual que se vive-sufre en el país, adjetivamos esta acción como cargada de un tinte hipócrita. Cabe destacar, por aquello de las conjeturas ficticias de mentes morbosas, que imaginan quimeras donde no las hay, que tampoco nuestro mensaje pretende apoyar a ningún otro competidor, para el cargo en tan distinguido Consejo.
08- Y es que, sin duda alguna, Costa Rica necesita volver a legitimar su discurso con acciones, hacia y desde adentro; reconociendo que los Derechos Humanos deben ser promovidos y garantizados para todas las personas. No es posible pretenderse abanderados en este estadio, cuando se camina al lado de un solo grupo exclusivo, mientras se propicia un ataque desmesurado contra otros sectores, cuyas consignas también tienen sus basamentos en Derechos Humanos. Se debe ser consecuente con la oratoria que se ofrece al exterior y aplicarlo internamente.
09- Previo a entablar una sana competencia por un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, debe el país explicarle al mundo, y a su propia población, las razones que impulsan el comportamiento estructural y organizado, que provocan escenarios como: una permanente agresión mediática, política y jurídica, que tiene como víctimas a los seres humanos que componen la clase trabajadora del sector público; la discriminación, difamación y ataque constante hacia las organizaciones sindicales y las personas que fungen como sus representantes.
10- Además, debe referirse, con honestidad, a los proyectos de ley que se promueven en la Asamblea Legislativa, que constituyen una regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes en nuestra legislación laboral. ¿Olvidan acaso que la libertad de expresión, trabajo, salario y libertad sindical también son Derechos Humanos?
11- No es posible obviar tampoco, dentro de esa explicación pendiente, la relevancia del debate nacional que se ha despertado, a partir de que la clase política del país, promovida por intereses que obedecen a los grupos neoliberales más radicales, han despotricado e intentado, por todos los medios, desacreditar las relatorías de especialistas internacionales, que forman parte del mismo mecanismo mundial pro defensa de los Derechos Humanos.
12- En palabras más simples, Costa Rica entra en negación y busca la forma de no acatar las recomendaciones en Derechos Humanos, emanadas por un órgano que pertenece al mismo Consejo al que aspira ser integrante; una curiosa y paradójica circunstancia cuya explicación es menester escuchar.
13- Finalmente, sobre la línea democrática y de protección a derechos de los ciudadanos, el pueblo necesita escuchar las razones por las que, el poder político elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin contar con parámetros claros que garanticen la independencia y la objetividad del Poder Judicial. Lo que, por las heridas de la experiencia, nos aventuramos a decir que ha dado como resultado la resolución de fallos en los que se ignoran los derechos fundamentales y se exaltan los criterios (o favores) políticos.
14- Es en virtud de las razones antes expuestas que, ANEP, abiertamente comprende la importancia de integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; sin embargo, este sería un triunfo que aplaudiremos, hasta el día en que veamos que los preceptos que abundan en las líneas discursivas que proyectan a nuestro país como una nación democrática, pacífica, verde y respetuosa de los Derechos Humanos, se apliquen realmente en la vida interna de Costa Rica.
15- En tal estado de situación, en los tensos momentos actuales que vive la sociedad costarricense, Costa Rica no merece integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Acuerdo Unánime y firme de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), adoptado en su Sesión No. 2152, de carácter ordinario, celebrada el día viernes 11 de octubre de 2019.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
