Categoría: Acción Sindical

• Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria

Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:

Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.

Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!

“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.

Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…

“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.

No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.

Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.

Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.

Enojo obrero; desempleo, inestabilidad y amenaza al trabajo; inseguridad y violencia; clase gobernante viendo para otro lado; concentración de la riqueza en auge

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la próxima conmemoración histórica, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que es de carácter universal, en el caso de Costa Rica muestra una sumatoria de malestares nunca antes sentidos todos juntos, como en la presente circunstancia nacional.

Esa suma de malestares ha generado un acelerado deterioro de la convivencia armónica de la sociedad, poniendo en grave riesgo la misma estabilidad democrática del país que, sino fuera por la fortaleza de una institucionalidad heredada (aunque hoy en alto riesgo de ser pulverizada), hace tiempo habría colapsado.

Está en auge el deterioro de la convivencia social del país y es en tal marco de circunstancias que la clase trabajadora y sus distintas organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas se aprestan a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un marco global de total adversidad.

De acuerdo con el seguimiento cotidiano que hacemos en ANEP de cómo se mueve el comportamiento obrero-ciudadano y con base en nuestra perspectiva-país, destacamos algunas razones:

ENOJO OBRERO: El costo de la vida sigue alto, ya no hay incrementos salariales realmente compensatorios y, prácticamente, estamos en época de congelamiento salarial. Es cada vez más creciente la estrechez y apretazón económico-financiera en los hogares del pueblo trabajador, lo cual no solamente ponen en retroceso la calidad de vida de las familias, sino que aumenta la tensión y el estrés en el seno de las mismas, creando condiciones para golpear esta base fundamental de la vida en sociedad.

DESEMPLEO, INESTABILIDAD Y AMENAZA AL TRABAJO: La cifra oficial de la gente sin trabajo, del 12 % se queda corta ante el drama cotidiano de las personas que no encuentran trabajo, destacándose un gran segmento de jóvenes. Quienes tienen empleo con salario fijo, temen perderlo sintiéndolo en riesgo como nunca antes. Prácticamente, la famosa estabilidad laboral del empleo público está en proceso de desaparición.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA: La competencia feroz por la subsistencia, la exclusión social en ascenso y la indetenible desigualdad, están provocando un incremento tanto en la cantidad como en la calidad del delito; evidenciándose episodios de violencia entre las personas que no tenían tanta crudeza como, por ejemplo, las reacciones de furia entre los conductores de vehículos. La otra delincuencia, la del crimen organizado y la del narcotráfico, avanzan incrementando la sensación nacional de inseguridad.

CLASE GOBERNANTE VIENDO PARA OTRO LADO: Enormes segmentos de la ciudadanía se muestran hoy más distantes que nunca de los partidos políticos, especialmente los de la tríada gobernante (PLN, PUSC y PAC) y de los que gravitan y bailan el son que toca la misma. Las pocas excepciones, escasísimas, por cierto, solamente confirman ese gran divorcio entre el pueblo y su clase tradicional gobernante. Resulta emblemático de este fenómeno, contemplar la estructura-construcción del nuevo edificio legislativo: un verdadero bunker hacia lo alto y cerrado por todo lado.

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN AUGE: El pueblo fue “castigado” con un paquetazo de impuestos de profundo sesgo regresivo. Viene otro en camino. El fraude fiscal sigue sin control y la estructura tributaria vigente solamente facilita la concentración de la riqueza. No hay reactivación económica. La deuda pública impagable y su obscena amortización diaria de intereses estrangula lo poco que queda del aparato público destinado a procurar la inclusión social.

En ANEP formulamos el más vehemente llamado para una masiva participación obrero-ciudadana este PRIMERO DE MAYO.