La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.
Gerardo
Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015,
con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no
se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta
de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.
La
solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó
la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de
Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de
Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley
para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el
nombramiento de un sub director.
“Este
nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor
coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones
encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación.
Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los
diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el
escalafón policial” finalizó Mora.
Es el más
injusto de todos los impuestos y potencia más
desigualdad y exclusión
Hoy, 1 de
julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en
vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de
costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos
puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse
en próximos días.
La entrada en
vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares
del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario
nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de
julio.
Como bien
sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos
quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan
escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o
escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.
Efectivamente,
el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más
grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo,
sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón
de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas
(en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo
en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.
Los sectores
pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado
todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario
nacional.
Sobran las
alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las
golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo
costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.
Por el
contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias
de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos
PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que
nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa
injusticia tributaria.
Como si esto
no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad,
altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le
sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones
que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente
los del sector financiero.
Entre otras
razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario
(público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones
de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar
su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).
La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP / Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
Dicho grupo integrado por figuras políticas y sociales del país, tiene como objetivo la defensa del ICE y el modelo eléctrico nacional de los ataques del Gobierno y el poder económico que quiere privatizar y destruir el ICE.
Figuras como el expresidente, José Miguel Corrales; la exdiputada, Gloria Valerín, y el periodista, Manuel Delgado; entre otras ciudadanas y ciudadanos costarricenses provenientes de distintos lugares sociales y afines de diferentes corrientes de pensamiento económico, político e ideológico; conformaron un nuevo grupo de lucha denominado Unidos por el ICE, con el objetivo común de comprender la importancia que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha albergado y alberga en el desarrollo económico y social de nuestro país y entendiendo la importancia que tienen para los habitantes de la república las bondades del modelo eléctrico nacional; damos a conocer a la opinión pública costarricense que hemos decidido formar este espacio ciudadano para la defensa activa del ICE y del Modelo Eléctrico Nacional. A raíz de ello manifestamos:
En los
últimos meses, hemos estado dando seguimiento a noticias, de cuyo análisis se
desprende que una vez más se ha puesto en marcha una nueva ofensiva contra el
ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
Desde
nuestra perspectiva ciudadana, dicha ofensiva se motiva en intereses económicos
sectoriales, que desde hace mucho tiempo esperan el momento oportuno para ejecutar
lo que no pudieron hacer en el año 2000: cambiar el modelo histórico del ICE en
beneficio de pequeños grupos de poder que manejan la economía y la política del
país.
Por lo
anterior, al igual que a miles de compatriotas, nos genera suma preocupación lo
actuado por del Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, el
Ministro de Ambiente y Energía (MINAET) y el Ministro de Ciencia y Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) y parte de la Administración Superior del ICE, quienes,
a través de múltiples declaraciones, despliegan un discurso mediático que,
dibujando el supuesto estado crítico del ICE y sus empresas, crea el clima perfecto para que
los competidores y opositores del ICE avancen en su ofensiva
contra el Instituto y el Modelo Eléctrico Nacional en busca de la venta y/o la apertura del mercado
eléctrico costarricense.
Al igual que miles de compatriotas,
nos preguntamos si la posición de estos jerarcas se debe a que el Gobierno que
se allanó a la política de esos intereses económicos sectoriales, ajustando sus decisiones a los
grupos de presión que desde hace larga data promueven intereses económicos
contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
Igualmente
crea enorme preocupación ciudadana ver a la Alta Administración del ICE,
especialmente a su Presidenta Ejecutiva se encuentra en la misma sintonía de
dar declaraciones que facilitan el camino a los grupos de presión interesados
en hacer creer a la ciudadanía que el modelo del ICE está acabado, idea que
facilita su ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha desempeñado el
ICE en la sociedad costarricense.
Con tal
actuar, la presente Administración Superior del ICE contribuye al gran daño que
al Instituto le han hecho jerarcas de Administraciones pasadas, cuya deslucida
gestión afectó gravemente al Grupo ICE.
El
discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE, omite, no menciona, o
esconde, que el estado de resultados lo forzaron negativo producto de pasar la
inversión realizada del proyecto Diquís en libros a pérdidas, obviando que el
estado de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de la
empresa. Tal estado de resultados debe verse dentro de un contexto más amplio,
junto a los demás estados financieros de la Institución, incluyendo sobre todo
los flujos de efectivo proyectados que pueda tener el Instituto. Se debe
recordar que también que los estados financieros de una empresa son un síntoma
de varios factores internos y externos relacionados con una empresa y no la
causa verdadera de los problemas empresariales.
Desde su
fundación en los orígenes de la Segunda República, el ICE ha sido motor de
desarrollo económico y social, catalizando la política económica, contribuyendo
activamente con la movilidad social ascendente de distintas capas de la
sociedad costarricense, pero, además, dinamizando el sector productivo
nacional. Es el ICE un bien estratégico del estado social que quieren
desmantelar, y del pueblo de Costa Rica que quieren empobrecer.
De la
mano del ICE y luego de 70 años de desarrollo eléctrico, nuestro país ha creado
un modelo eléctrico nacional que ha proporcionado bienestar al pueblo de Costa
Rica sin distingo de clase social, que ha sabido dinamizar la economía a través
de distintos encadenamientos productivos y que ha logrado una matriz eléctrica
renovable que alcanzando reconocimiento de talla mundial es hoy orgullo de la
identidad nacional costarricense. Esto alcanzando cobertura nacional bajo
principios de solidaridad sobre todo con los habitantes de las zonas más
alejadas y empobrecidas del país.
Debido a
lo expuesto, las personas abajo firmantes, creyentes de un modelo de Estado
Social y Solidario, nos conformamos como grupo que velará por el ICE y
cualquier intento de privatizar o desmejorar los servicios que deben seguir estando
al servicio de la sociedad. Lo anterior integrando esta iniciativa ciudadana
UNIDOS POR EL ICE. Son los objetivos del presente grupo:
Ejercer
vigilancia estricta y exigiremos el cumplimiento de las leyes 449 y sus
reformas, la ley 8660 del Fortalecimiento del ICE, así como las acciones
legales y políticas para defender la autonomía del ICE.
Dar
seguimiento a los proyectos legislativos que puedan afectar al ICE.
Vigilar
los lineamientos del Poder Ejecutivo y de sus ministerios rectores relacionados
con el ICE, así como de los órganos de control y supervisión del ICE.
Dar
seguimiento a los acuerdos, acciones y omisiones del Consejo Directivo y
Presidencia del ICE.
Promover
que los principales cargos del ICE se nombren sin injerencia política,
partidista, de amistad, afinidad o consanguinidad. Exigiremos respetar la
carrera administrativa en el ICE y el cumplimiento del artículo 192 de la
Constitución Política.
Vigilar para que el ICE se maneje
bajo una estrategia empresarial sostenible con amplia participación de
empleados y la sociedad civil.
Invitar a
todos los actores sociales, sin distingo de credo, posición política, económica
a unirse a la defensa ciudadana del ICE y el Modelo Eléctrico Nacional.
Cuando se trata de sanciones disciplinarias impuestas a los y las funcionarias del Ministerio de Seguridad Pública, especialmente de quienes con orgullo visten la digna casaca policial, sin duda alguna, y modestia aparte, es ANEP la entidad con mayor conocimiento de causa de lo que ha acontecido y sigue sucediendo.
Aún en la retina de los oficiales rasos se encuentran situaciones como los aproximadamente 170 policías despedidos mediante el artículo 140.1 (por pérdida de confianza). Debido a que los mismos figuraban de alguna forma en alguna acusación penal (sin importar el estado de la misma), irónico en una función en la que, por su naturaleza, es usual ser parte de estos procesos. Además de eso, todos conocemos al menos un par de casos de compañeros sancionados con mano dura por asuntos como una publicación en redes sociales, pérdida de equipo, un altercado vecinal y consumo de alcohol, entre otros. Y ahora, recientemente, nos venimos enterando de numerosos casos de personal que, a pesar de la recomendación de sanción, del disciplinario legal, el Consejo de Personal se aparta y aplica despido.
Ah, pero ¿Existe igualdad en el tema sancionatorio? Definitivamente NO. Es un asunto histórico, sostenido en el tiempo y que, lamentablemente, pese a nuestras inocentes expectativas, no cambia con la presente Administración, a cargo del Ministro Soto.
Es sencillo, tenemos casos muy concretos, y estoy seguro que la “tropa” los recuerda todos: Un exdirector de Apellido Andrade que le robaron el radio en una actividad no laboral; una actual directora regional de apellido Chavarría, que se sometió a una suspensión del procedimiento a prueba, por peculado (si a nivel penal); un jefe de apoyo legal policial de apellido Arce que en medio de un siniestro natural fue encontrado completamente ebrio en tiempo laboral, otro jefe de apoyo legal de apellido Cordero, investigado por la Policía Fiscal; y recientemente el director de apellido Cubillo, acusado en sede penal por supuesta violación.
A estos casos hay que sumarle aquellas personas que han sido devueltas por mal comportamiento de becas dadas en el exterior, quienes han sido descubiertos utilizando los vehículos institucionales para fines personales (como un señor de SVA de apellido Pacheco), y otros que han sido parte de situaciones de violencia doméstica.
¿Qué tienen todos ellos en común? Dos cosas, que los implicados han tienen cercanía con la cúpula de turno y que ninguna de estas personas fue sancionada como lo dicta la normativa, a algunos ni siquiera se les abrió causa administrativa (como al señor Cubillo por ejemplo). Pero, de haber sido rasos fijo, fijo, los despiden. Esto nos demuestra que, si en el Ministerio de Seguridad Pública eres parte de esta “red de cuido” de altos mandos, con el contubernio del despacho ministerial, entonces se tiene la impunidad garantizada.
Esperamos ver los mismos argumentos dados por la licenciada Raisa Bravo en el oficio 848-2019-DDL, utilizados para “justificar” la razón por la que no se abrió causa administrativa de oficio al señor Cubillo, en otros casos, y es curioso que no se utilizaran estos mismos alegatos para evitar darle el despido por el artículo 140, inciso 1, ( C.Pol); en los muchos casos que las vías de derecho les ha indicado al Ministerio que lo han utilizado mal.
Sin duda alguna, esta desigualdad, falta de transparencia y de ética, por parte de los responsables de estas circunstancias a nivel administrativo, son una causa más de la indignación que sufren los compañeros policías del Ministerio de Seguridad Pública, y, por ende, una razón más para invitarlos a ser escuchados, y que nos acompañen este 24 de junio a las 9 de la mañana en ANEP, en nuestra gran manifestación de cuerpos policiales. ¡Porque la gente que nos cuida lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
La Seccional de la ANEP- Policía Profesional de Migración y
Extranjería deberá exponer ante los diputados las razones por las que requieren
mayor inyección de recursos para este cuerpo policial especializado.
Así lo determinó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de
la Asamblea Legislativa mediante una moción que fue aprobada para que la
seccional se refiera al proyecto de ley bajo el expediente 20.323.
La moción fue presentada por los diputados Marulin Azofeifa
Trejos y Harllan Hoepelman, la cual fue aprobada por unanimidad.
La Seccional ha insistido en que la Dirección General de
Migración y Extranjería requiere la contratación de personal, cursos
policiales, inclusión en cursos de escalas jerárquicas del Estatuto Policial,
muchos de los cuales podrían ser solventados con el apoyo y aprobación al
proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de
Migración.
El proyecto de Ley pretende que un 5% de los ingresos que
recibe el Ministerio de Seguridad Pública del impuesto a las personas jurídicas
se traslade a migración.
Una gran problemática por la falta de recursos se vive en los aeropuertos Juan Santamaría en Alajuela y el Daniel Oduber en Liberia, principalmente, en donde se requiere la contratación de 250 oficiales para poder dar abasto con las necesidades del país.
La Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba realizó su Asamblea
Ordinaria con el objetivo de presentar a sus afiliados un informe de labores sobre
las diversas acciones que realiza la seccional en pro de los derechos laborales
de los trabajadores.
Durante la Asamblea, que contó con la presencia de 90
anepistas, también se realizó una exposición sobre el escenario político-social
del país, los proyectos de ley contra el empleo público y la afectación y
consecuencias que sufre la autonomía del régimen municipal con la entrada en vigencia
del combo fiscal.
Otro de los puntos abordados, es el ambiente laboral de la
Municipalidad de Turrialba, luego de la finalización de la huelga general
contra el combo fiscal del año anterior, ya que se estaría presentando
persecución sindical en contra de los afiliados a los sindicatos del municipio.
En la actividad, también se le rindió homenaje a Felipe
Villachica por su laboral con la seccional y el apoyo incondicional brindado a
sus compañeros y compañeras de trabajo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
