Categoría: Acción Sindical

Así se vivió el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP

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El pasado viernes 22 de marzo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró un exitoso Consejo Consultivo Nacional (CCN), con la presencia de más de 500 personas, en su mayoría dirigentes anepistas, así como invitados especiales, expositores, entre otros.

Auditorio de la Conferencia Episcopal a toda su capacidad

La actividad que se desarrolló en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica lució con un lleno total, abordando como tema central “El análisis sociopolítico del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica”.

Acciones Jurídicas contra Ley 9635

La ANEP ya inició con los mecanismos legales, para combatir la afectación que ya viven muchos trabajadores de diversas instituciones autónomas y municipales, así como las mismas instituciones, por lo que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.

En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.

Firma de la acción de inconstitucionalidad contra Ley 9635
ANEP presentó acción de inconstitucionalidad

Ley 9635: Impacto en el régimen municipal

Poco a poco va creciendo un sentimiento en el seno del conglomerado institucional municipal costarricense, de que su autonomía constitucional ya no lo es tanto. Es más, de que la misma ha sido eliminada al aprobarse la ahora Ley de la República No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas, aunque durante su confrontativa  tramitación político- parlamentaria, mediando una huelga de tres meses de duración, se le conoció popularmente como combo fiscal.

Aquí se evidencia la productiva campaña que las organizaciones sindicales desplegaron para tratar de que se comprendiera bien en el mundo municipal nacional, que la legislación del combo fiscal sería contraproducente para el devenir cualitativo de la figura de gobierno de la institucionalidad republicana que es más cercana a la gente: la municipalidad. Para la corriente sindical en la cual militamos resulta muy satisfactorio tener como resultado de la campaña cívica contraria al combo fiscal, que casi 60 concejos municipales del país se pronunciaran contra esta ley durante el tiempo de su tormentosa, tramposa y acelerada tramitación parlamentaria.

En este escenario, se presentó el libro “Ley 9635: Impacto del régimen municipal”, escrito por Edward Cortés García, abogado especialista en Derecho Constitucional quien se dirigió al Consejo Consultivo Nacional.

Consejo Consultivo Nacional de ANEP: Presentación de Edward Cortés García, especialista en Derecho Constitucional sobre la afectación de La Ley 9635 en el régimen municipal y las comunidades

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019

Presentación Edward Cortés García

Ataque sindical en sede parlamentaria

Otro de los temas analizados durante el CCN, fue el ataque antisindical que se desarrolla en la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical, esto luego de la huelga desarrollada contra el combo fiscal. En este punto el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo Rodríguez analizó el contenido de dichos proyectos de ley.

Esteban Calvo especialista en derecho laboral, analiza los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Estaban Calvo Rodríguez.

Aportes para una agenda fiscal patriótica

La preocupación por la actual situación fiscal del país es uno de los puntos principales en los que la ANEP ha puesto principal atención en los últimos años con propuestas concretas y claras, dando la voz de alerta de lo que se avecina si el país no implementa una verdadera justicia tributaria y un análisis a fondo de la deuda pública que mantiene el país. Esta última llegó a 34 mil millones de dólares, lo que significa el 40% del gasto anual del Gobierno Central (presupuesto público).

Ante eses escenario destaca la propuesta “Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica”. Además del acercamiento con el movimiento ciudadano denominado Grupo Transparencia Nacional (GTN), que busca impulsar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.

Para analizar el tema del déficit fiscal, el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP contó con la exposición del doctor en Economía, Luis Paulino Vargas Solís quien además funge como Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).

El economista Luis Paulino Vargas en el Consejo Consultivo Nacional de ANEP con la presentación "Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica"

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Luis Paulino Vargas Solís

También se contó con la destacada presencia de Ernani Goelzer, Director de ante proyecto del GTN quien detalló a la concurrida audiencia la necesidad de implementar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.

Presentación Auditoría ciudadana de trazabilidad de la deuda pública de Costa Rica en el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP a cargo de Ernani Goelzer, Director Anteproyecto.

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Ernani Goelzer

Aportes a la ANEP en la actual circunstancia

El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez fue otro de los invitados a este Consejo Consultivo Nacional donde tuvo la oportunidad de dirigirse a los anepistas para presentar una perspectiva constructiva sobre la actual situación de los derechos laborales en nuestro país y la necesidad de su defensa.

Consejo Consultivo Nacional: Mauricio Castro Méndez, Especialista en Derecho Laboral sobre la situación sindical en la coyuntura nacional

Gepostet von ANEP am Freitag, 22. März 2019
Presentación Mauricio Castro Méndez

60 Aniversario ANEP

Como parte de las actividades de celebración de los 60 años de la organización se dio la presentación de la memoria histórica de la ANEP a cargo del historiador Adalberto Fonseca Esquivel, quién también presentó la portada de lo que será el libro “ANEP: 60 Aniversario”. Este podrá adquirirse dentro de poco.

Historia de la ANEP

Uno de los momentos emotivos de la actividad se dio al final del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, cuando los presentes celebraron los 60 años de nuestra querida organización.

Celebración 60 años

Compartimos el documento completo del Consejo Consultivo Nacional, el cual puede descargar en el siguiente enlace

Documento Consejo Consultivo NacionalDescargar

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Representantes sindicales de Bomberos, Cruz Roja y Cuerpos policiales de ANEP crean alianza en busca de mejores condiciones laborales

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La intención de los trabajadores en emergencias de primera respuesta, es decir; bomberos, cruzrojistas y cuerpos policiales es que se les mejoren las condiciones laborales debido al desgaste que sufren con la atención de cada emergencia.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP explica más detalles de la reunión.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP

¿Cuáles son algunas de las iniciativas que se discutieron durante este encuentro?

Eduardo Soto, Comisión Consultiva de Bomberos

ANEP reunirá a su dirigencia de base de los sectores público y privado mañana viernes

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• Al menos, 500 dirigentes sindicales de los actualmente 151 gremios aglutinados bajo la bandera de ANEP estarán mañana en el Auditorio de la Conferencia Episcopal

•El Combo Fiscal- Ley 9635: eje central del debate

Una cantidad de 500, o más, líderes y liderezas de los 151 gremios sindicales (seccionales), que hoy día se aglutinan bajo la bandera de la ANEP, estarán congregados este viernes, a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), para deliberar sobre las consecuencias negativas que tiene para la población trabajadora de este país la aplicación de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como Combo Fiscal.

Aspectos como rebajas salariales, reversión de derechos laborales, impuestos a la canasta básica, ausencia de reajustes salariales reales por costo de vida, deterioro del poder de compra del salario a partir de la entrada en vigencia del IVA, déficit fiscal, eurobonos, deuda pública y sus intereses fuera de control, la necesidad de una auditoria ciudadana de la deuda pública; estarán considerándose durante esta magna reunión, la primera de su nivel luego de la huelga del año pasado.

Se contará con relevantes intervenciones de prestigiosos especialistas, amigos de la ANEP, quienes darán valiosos insumos para la toma de decisiones sobre el accionar inmediato y mediato debe tener nuestra organización y sus aliados en las próximas semanas.

Se destacará la presentación de la acción de inconstitucionalidad elaborada por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, contra la indicada legislación, en sus más diversos aspectos de reversión de derechos laborales, así como la derogatoria que hubo de la autonomía constitucional del régimen municipal.

ANEP solicita separación de funcionarios de la CCSS investigados por la Fiscalía

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•  ANEP respaldó y apoyó denuncia presentada en el 2012

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado a las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que separe de sus cargos a los funcionarios de la institución acusados por parte de la Fiscalía por influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

La solicitud de la ANEP nace del apoyo y respaldo brindado a la denuncia presentada en el 2012 por el ciudadano Daniel Muñoz Corea, economista y trabajador de la CCSS, la cual se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.

Incluso el 23 de diciembre del 2017, la ANEP envió una carta a la entonces Fiscal General a.í. Emilia Navas, solicitando  que se investigara con prioridad los graves hechos de presunta corrupción interpuestos contra altas autoridades de la CCSS.

En la carta enviada a la ahora Fiscal General le indicamos que “…la crisis de liquidez del Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y el estado de salud de un significativo número de asegurados”.

En otro párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la rentabilidad de este régimen de pensiones”.

Las personas imputadas son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.

Declaraciones brindadas por Daniel Muñoz Corea a la ANEP, en febrero de 2016, luego de comparecencia ante la Asamblea Legislativa por la misma denuncia.

ANEP responsabiliza el accionar de estas personas con la crisis financiera de la CCSS, así como el aumento del 1% en el aporte del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que impactó el bolsillo de los trabajadores.

En junio 7 del 2017, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó ante la opinión pública que 6 de esos 18 funcionarios denunciados aún ostentaban altos cargos en la institución.

1) López Vargas estaba en ese puesto y que sigue siendo, el director actuarial de la Caja.

2) Acuña Ulate: era el gerente administrativo de la Caja al momento de la crisis y ahora está a cargo de la Dirección Administrativo-Financiera de esa Gerencia de Pensiones.

3) Picado Chacón: Era el director de Gestión y Administración de Personal de la Caja y actualmente, se desempeña como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial.

4) Ugarte Brenes: Era el gerente financiero al momento de los hechos y hoy está pensionado.

5) Balmaceda Arias: era la presidenta ejecutiva de la Caja cuando se tomaron esas decisiones financieras sobre IVM y hoy está a cargo de la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios.

6) Garro Herrera: gerente de Pensiones en aquel momento y hoy se desempeña en un puesto administrativo en el Hospital San Juan de Dios.

El 12 de febrero del 2016 el denunciante Daniel Muñoz Corea, brindó una entrevista a la ANEP, luego de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa donde detalló todo lo sucedido en la institución.

“Esto es un espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso de defender la institucionalidad. Es una forma de que el Estado escuche a los que defienden al Estado; los trabajadores públicos que denuncian actos irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Desde la ANEP hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que este caso no quede impune y los responsables asuman las consecuencias del daño realizado a la seguridad social de nuestro país.

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ANEP presentará acción de inconstitucionalidad contra ley del combo fiscal, no. 9635

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Gobierno Alvarado-Piza más aislado que nunca, ciudadanía rechaza combo fiscal

En esta semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la detestada legislación oficialmente denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley de la República No. 9635, bautizada por el pueblo que la enfrentó mediando el ejercicio legítimo de la Democracia de la Calle, como combo fiscal.

A menos de tres meses de su cuestionada aprobación parlamentaria y de su imposición mediando el fallo constitucional de compadre hablado, la ley 9635 genera amplio rechazo de gran diversidad, incluso en la propia institucionalidad pública.

Empezando por el anuncio de las universidades públicas de que acudirán a la vía contencioso-administrativa en contra de su abusiva inclusión en esa ley, pasando por el acuerdo rebelde entre los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con la Presidencia Ejecutiva de la institución, y llegando al sector municipal donde sus concejos, alcaldías y personal preparan diversas acciones; el combo fiscal concita el más amplio rechazo, repudio y cuestionamientos.

Recientemente, la propia Sala IV admitió una acción de inconstitucionalidad planteada por el Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (SEBANA), que abarcó los aspectos más sensibles de todo el ataque de dicha legislación contra derechos laborales ya conceptuados como situaciones jurídicas consolidadas en el empleo público.

A nivel municipal, la ANEP tiene conocimiento que el grave problema generado por esta ley en contra de la autonomía constitucional del régimen municipal, ha estado debatiéndose a lo interno de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI). Hay gran esperanza en la clase trabajadora de este importante sector del empleo público de que tales entidades se pronuncien, próximamente y de manera pública en defensa de la autonomía del régimen municipal, abogando por su restauración.

La preocupación popular se acreciente ante la inminencia de la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), que entrará a regir a mitad del presente año y que, ante el real congelamiento de los salarios, generará más congoja y estrechez económico-financiera en los hogares obreros tanto del sector público como del privado.

Lo que sí queda constando es que al acercarse el primer año de gestión gubernativa de Alvarado-Piza, la base social del mismo es, prácticamente inexistente, mostrando gran aislamiento de amplios sectores populares y ciudadanos. Al presente gobierno, que es el del tripartidismo PLUSC-PAC, solamente le queda un abierto respaldo del alto corporativismo empresarial, gran parte del cual está cuestionado en cuanto a la honra plena de sus responsabilidades tributarias.

Finalmente, este viernes 22 de marzo las bases dirigentes de la ANEP se reunirán, en el marco del Consejo Consultivo Nacional de la agrupación, para analizar toda esta problemática que, sin duda alguna, tiene relación directa con la gravedad fiscal del país.

Seccional de ANEP en el Ministerio de Salud pedirá explicaciones a ministro por concurso de interinos

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Debido a la falta de respuesta y al tiempo de espera, la Seccional ANEP-Ministerio de Salud pidió una reunión al ministro de esta cartera, Daniel Salas para conocer a detalle ¿qué está pasando con los concursos para el nombramiento de los interinos en el Ministerio de Salud a nivel nacional?

Además, la seccional presentará la necesidad de agilizar la creación del Manual de Puestos dentro del Ministerio de Salud.

¿Cuánto ha avanzado el proceso de concursos internos en el Ministerio de Salud?

Pronunciamiento de la Seccional ANEP-Fonabe ante publicaciones por traslado de becas al IMAS

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A raíz de los comentarios, artículos de periódico e información que consideramos difamatoria relacionada con los funcionarios y funcionarias del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y surgida en las últimas semanas a partir de la decisión de trasladar las becas de primaria y secundaria del Fonabe hacia el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los funcionarios y funcionarias del Fondo desean manifestar lo siguiente:

1.         El Fondo Nacional de Becas es una institución creada por medio de la Ley 7658, del 27 de febrero del 1997, cuya rectoría corresponde al Ministerio de Educación Pública. Es decir, el otorgamiento de becas y el presupuesto asignado para que el Fonabe atienda a su población, se encuentra amparado en el marco de una ley y su respectivo reglamento, ambos aprobados y vigentes.

2.         El pasado lunes 18 de febrero, mediante conferencia de prensa, el Gobierno de la República anunció oficialmente que mediante el Decreto Ejecutivo Nº41569 MEP-MTSS-MDHIS se crea el Programa CRECEMOS que trasladará los beneficios del FONABE (primera infancia, primaria y secundaria) al IMAS a partir de julio 2019.

3.         A partir de la firma del Decreto y la comunicación del mismo, se ha desatado una serie de notas y artículos por parte de la prensa, así como comentarios de la ciudadanía en donde se asegura la ineficiencia de la institución y sus funcionarios, haciendo comentarios despectivos y solicitando incluso el despido de estos sin tomar en consideración que las funciones son ejecutadas conforme las directrices que se emiten a nivel jerárquico. Consideramos además, que dichas afirmaciones se fundamentan en información, desactualizada acerca del Fonabe, sin considerar los resultados de la gestión que se ha realizado en los últimos años y emitiendo juicios hacia los funcionarios y funcionarias sin el debido sustento.

4.         Fonabe por iniciativa propia y también en atención a diversas disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores, ha ejecutado a largo de los años, una serie de acciones tendientes a impulsar la mejora en la prestación de servicios del Fonabe y su funcionamiento interno, dentro de los cuales podemos mencionar la implementación del Módulo de Regionalización Digital para el trámite de becas mediante la página web del Fonabe y el establecimiento de  Servicios en Línea (“Módulo de Postulantes”, “Módulo de Prórrogas”, “Módulo de Traslados y Corroboración en Línea”), facilitando la gestión de beneficiarios, directores y encargados de becas de los centros educativos que ya no deben trasladarse hasta el Fonabe a realizar dichos trámites. Por otro lado, es importante considerar que el Fonabe es la primera institución que se integró exitosamente al Sinirube, en abril del 2018, conforme lo exige la Ley 9137, lo cual favorece el control de las filtraciones, además fue una de las primeras instituciones que implementó el Índice de Pobreza Multidimensional para la focalización de los beneficios. Estos y otros esfuerzos por mejorar los servicios que brinda la institución se encuentran documentados y a disposición de quien desee consultarlos.

5.         Por otro lado, podemos demostrar que hemos trabajado durante años en una institución pequeña, con poco apoyo político, con un reducido personal que debe atender a todo el territorio nacional (69 funcionarios/as), con un presupuesto limitado, sin sedes regionales y sin los recursos materiales con los que cuentan otras instituciones, y que a pesar de ello ha logrado cumplir con la asignación de los beneficios, tal y como sucedió el año anterior cuando el Fonabe tuvo la capacidad de gestión de asignar las 210 mil becas programadas en el mes de mayo.

6.         Creemos firmemente en la necesidad de reorganización del Estado en búsqueda de su máxima eficiencia, y que como en toda empresa o institución pública, se necesitan mejoras e implementar acciones que corrijan las carencias, sin embargo, consideramos que para lograrlo no es necesario denigrar la labor de los funcionarios y funcionarias que hemos trabajado por tantos años con dedicación y pese a las limitaciones antes señaladas, por lo que demandamos respeto de los medios de comunicación y a quienes se han referido de forma despectiva hacia los funcionarios y funcionarias y les solicitamos de forma respetuosa informarse antes de emitir un criterio sobre la institución y sus funcionarios de forma que no se emitan juicios de valor parcializados y subjetivos.

7.         Por último solicitamos a las autoridades correspondientes realizar todas las acciones que sean necesarias para garantizar que los beneficiarios de becas del Fonabe no sean afectados durante este proceso, de forma que continúen recibiendo la beca asignada por la institución tal y como lo requieren, considerando a los que dependen en gran medida de esta para mantenerse en el sistema educativo.