Condenamos enérgicamente el decretazo salarial

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical Patria Justa, deja expresión fuerte por esta vía de su más enérgica condena a la desafortunada e imprudente decisión del Gobierno de la República, de imponer el nuevo decretazo salarial del ofensivo, indignante y humillante “reajuste” de los 10 colones por cada 100 mil de salario en el caso de las personas trabajadoras del sector Público, aplicable en el segundo semestre de este año 2016.

Además, 75 colones por cada 100 mil, en el caso de quienes tengan un salario base de 442 mil colones o menos, es igualmente ofensivo, indignante y humillante. Esta “migaja” golpea, duramente, a quienes menos ganan en la Administración Pública, como los y las policías, las trabajadoras de los CEN-CINAI, quienes tienen laborales de vigilancia institucional, tareas administrativas, de oficina, secretariales y de servicios generales y hasta personal técnico de diversas especialidades.

La realidad es que son las personas trabajadoras asalariadas de este país las que están pagando el déficit fiscal, lo cual sigue profundizando la desigualdad y atizando la hoguera de la confrontación social.

Mientras que el trabajador sí paga puntualmente sus impuestos, en solamente un año fiscal, 335 importadores dejaron de pagar en Aduanas, la escandalosa cifra de 53 mil millones de colones. ¡Esto no puede continuar así!

Por otra parte, urge una transformación estructural para calcular, con verdadero realismo y sin maquillajes estadísticos, lo que sucede a diario con el costo de la vida. Las cifras oficiales de inflación se contradicen en el día a día con la realidad económica del bolsillo del trabajador.

El actual IPC (Índice de Precios al Consumidor) ha sido totalmente rebasado por las circunstancias económicas que han determinado a Costa Rica como el país más caro de la América Latina. El IPC, con sus contenidos mínimos y básicos de productos y servicios de la canasta básica alimentaria que le da sustento, no está midiendo la realidad del costo de la vida. Debe crearse en un nuevo indicador, un real ÍNDICE DE INFLACIÓN, que vaya más allá del IPC actual.

“¡Se le está jalando demasiado el rabo a la ternera!”. La ANEP, así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA venimos planteando, desde el mes de setiembre del año pasado 2015, la gran necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar con verdadera fuerza y contundencia el congelamiento salarial que ya es una realidad más que evidente y reforzada con este nuevo decretazo salarial; y por otro, las amenazas al Empleo Público que siguen plenamente vigentes con varios proyectos de ley en la corriente parlamentaria de la actual Asamblea Legislativa, no solamente el ya sumamente conocido y detestado expediente No. 19.506.

Precisamente, en el día de ayer, en día del decretazo salarial, jueves 4 de agosto de 2016, ANEP y Patria Justa reafirmamos un proceso de Unidad Sindical en la Acción, conjuntamente con relevantes organizaciones que firmamos un documento relevante titulado “Unidad en la acción en defensa de los servicios públicos y de la justicia tributaria”; documento cuyo acuerdo tercero plantea lo siguiente:

“Convocar en el corto plazo a una gran concentración de trabajadores y trabajadoras, en el marco de una jornada nacional de unidad en la acción en defensa de los derechos laborales y la justicia tributaria; en fecha que estaremos comunicando en el momento oportuno”.

Efectivamente, sólo resta acordar una fecha. El hartazgo, la indignación, la molestia, el enojo, el acoso y la agresión psicológica que invade prácticamente todos los diversos colectivos laborales del sector Público, exigen de las dirigencias sindicales, sin excepción alguna, grandes muestras de humildad para acatar el clamor de nuestras respectivas bases laborales: ¡unidad de los sindicatos! Ha quedado claro que a pesar de la importancia de movilizaciones y manifestaciones sectoriales, de carácter parcial, resultan insuficientes para parar tanta agresión.

En lo específico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), formula un vehemente llamado a nuestros socios y a nuestras socias, a nuestra honorable membrecía, a las organizaciones amigas y fraternas del sector Público para que intensifiquemos los preparativos de la necesaria movilización que nos imponen las actuales circunstancias. ¡A prepararse todo mundo! ¡Basta ya!

ANEP arranca su accionar sindical y sociopolítico para este 2017

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), arranca el inicio de sus actividades sociopolíticas del año 2017, destacando los principales 10 desafíos que marcarán su accionar en el nuevo año que inicia.

De esta forma continuamos nuestro caminar, ya histórico, de aporte para la defensa de los derechos económico-sociales y reivindicativo-gremiales de la clase trabajadora costarricense, tanto la del sector Público como la del Privado; teniendo como meta fundamental luchar, con pensamiento y con acción, para contribuir a una sociedad centrada en la promoción del bien común, en la integración social y en la reducción de las desigualdades.

1. Empleo Público: Derrota final y contundente del expediente legislativo No. 19.506, el que atenta contra la estabilidad sociolaboral y económico-familiar de quienes laboran para el Estado.

2. Convenciones Colectivas de Trabajo: Enfrentar con contundencia en planos jurídico-legal, sociopolítico y en el de la Democracia de la Calle y hasta en el internacional, el ataque antiobrero y antidemocrático en desarrollo por parte del “partido de los casinos” contra las convenciones colectivas de las municipalidades y de otros sectores asalariados cubiertos por este instituto laboral constitucional y pieza fundamental del Derecho Internacional del Trabajo.

3. IVM-CCSS: Enfrentar con argumentos y con movilización compartida y unitaria, la pretensión de elevar la edad para pensionarse a los 70 años y el monto de la cotización obrera, así como reducir al 40 por ciento la cuantía jubilatoria a recibir.

4. Impuestos: Renovar respaldo a los proyectos de ley que buscan la progresividad tributaria actualmente en trámite parlamentario; reiterando nuestra oposición a iniciativas que refuercen la regresividad impositiva como aumentar el impuesto sobre las ventas; y contra iniciativas de fundamentalismo fiscalista-neoliberal como la denominada “regla fiscal”.

5. Reforma Procesal Laboral (RPL): Adecuación de la acción jurídico-legal de corte obrero-sindical y la formación educativa al respecto, dada la entrada en vigencia de la RPL, el próximo 25 de julio de 2017; legislación por la cual ANEP luchó durante 17 años contando para ello con múltiples y diversos apoyos; legislación que es la más grande transformación del Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado en 1943.

6. Salarios: Daremos nuevos bríos para el establecimiento de una nueva concepción estratégica sobre el concepto de salario mínimo en la empresa privada, manteniendo esperanza en el fracaso en sede constitucional del cuestionamiento al referéndum previsto sobre el tema. En el caso del sector Público, la lucha contra el congelamiento salarial prácticamente implantado ya, ocupa de nuevos enfoques de abordaje técnico-político que implican grandes esfuerzos sindicalmente unitarios.

7. Unidad Sindical: Reafirmar nuestra apuesta a favor del proyecto de articulación sociopolítica con corte estratégico conocido como PATRIA JUSTA. 2- Fortalecer nuestro aporte de trabajo unitario con los agrupamientos socio-obreros a nivel de centrales sindicales en el marco de nuestra pertenencia a la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA). 3- Reiterar nuestro llamado para la más amplia unidad en la acción considerando la diversidad sindical nacional.

8. Articulación Multisectorial: Consideramos importante mantener lazos comunicacionales, de propuesta compartida, de lazos de trabajo concreto y operativo, así como de incidencia política conjunta en una diversidad de tópicos, con organizaciones de la sociedad civil más allá de la frontera sindical, lo que nos puede facilitar confrontar de mejor manera los intereses de las minorías hegemónico-políticas concentradoras de la riqueza y promotoras de la desigualdad. Por ejemplo, la lucha contra los TLC’s neoliberales de “segunda generación”, la defensa del agua, el combate a la informalidad, el cambio climático y otros.

9. Pensamiento Alternativo: Continuar nuestros esfuerzos de modestos aportes de corte intelectual-reflexivo en torno al tema de propuestas-país ya elaboradas pero que siguen plenamente vigentes; generar condiciones para la producción, reproducción y adaptación del prolífico flujo de pensamiento alternativo que dentro y fuera de nuestro país gira en torno al desafío para la construcción de una sociedad realmente inclusiva y democrática. Y, en lo específico, seguir lanzando ideas en torno a la tesis del Sindicalismo del Bicentenario; además de aprovechar la campaña electoral nacional de cara a los comicios del 2018 para confrontar con ideas nuestras las “ofertas del mercado electoral” contrarias al bien común y a los intereses obrero-sociales. Además, reforzaremos el vínculo de la ANEP con sus contrapartes internacionales y entidades de apoyo en la lucha global contra la hegemonía neoliberal planetaria, partiendo de la comunidad de pensamiento que nos une en tal sentido.

10. Comunicación Alternativa-Redes Sociales: La modernización del sitio web de la ANEP, prevista para las primeras semanas de este año 2017, dará un intenso impulso al uso interactivo y cotidiano de las multifacéticas redes sociales por parte de la organización; incrementando la comunicación en línea mediante los correos electrónicos y el twitter, el WhatsAap masificado al máximo; el canal en YouTube ANEP-TV, así como la continuación de la comunicación radiofónica que ya ha venido consolidándose. Este tipo de comunicación alternativa es ya, incuestionablemente, una necesidad estratégica y fundamental del accionar de la ANEP de hoy, enrumbándonos ya hacia los 60 años de existencia de la agrupación, en el año venidero 2018.

11. Honrar a nuestra membrecía: Finalmente, renovamos el mayor compromiso de parte de quienes gestionamos en el día a día el funcionamiento de la ANEP, tanto de parte de su actual Junta Directiva Nacional (JDN), como del personal político-técnico de la agrupación, para honrar minuto a minuto la confianza que nos ha sido depositada por las miles de personas trabajadoras asalariadas, sus familias y las organizaciones amigas y fraternas de todo tipo; mediando de nuestra parte un trabajo tesonero y un sólido compromiso de clase, con base en los criterios que hemos venido elaborando y adoptando desde otras fuentes para el despliegue de un Sindicalismo Sociopolítico y de una acción con base en un Sindicalismo Ciudadano.

San José, domingo 1 de enero de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP.

ANEP estudia lanzamiento de campaña en el marco de las elecciones presidenciales de febrero del 2018

Con el lema “No votaré por ningún candidato presidencial que ponga en peligro mi empleo y la seguridad de mi familia” la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estudiar la promoción de una intensa campaña en el seno de toda la Administración Pública del Estado, de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero del 2018; con la finalidad de que todos los empleados valoren en su real dimensión el gran peso político de su voto, el poder que les da el mismo y no elijan a candidato presidencial alguno que nos les dé garantía de la preservación de su empleo, de su salario y, por ende, de la seguridad de su familia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que propondrán a las otras corrientes sindicales realizar de manera conjunta esta campaña, durante todo el año 2017, una vez que la misma pueda ser debidamente estructurada y tenga un financiamiento seguro que no implicará grandes sumas de dinero.

“En concreto, la ANEP recurrirá para el desarrollo de la campaña “No votaré por ningún candidato presidencial que ponga en peligro mi empleo y la seguridad de mi familia”, al Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, así como a las centrales sindicales costarricenses, afiliadas y fraternas, integrantes de la Confederación Sindical de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la más grande y representativa corriente sindical del Continente Americano”, detalló Vargas.

La ANEP, si bien es la que está lanzando la propuesta de esta campaña pretende la construcción sindical colectiva de la misma, lo más amplia posible para tener un mayor impacto sociopolítico en todos los ámbitos laborales estatales y en el seno de los hogares de las familias asalariadas del sector público.

“La ANEP, que con el fuerte respaldo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se encargó de demostrar, con la más rigurosa seriedad, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios de quienes laboran para el Estado, estima que esta campaña ha de constituir una reivindicación de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, luego de meses y meses de una intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que pretendió culpabilizarles del grave problema fiscal nacional”, manifestó el Secretario General de la ANEP.

Vargas agregó, que esta campaña pudiera ser adaptada a los niveles locales de manera tal que pudiera extenderse a candidaturas diputadiles en cada una de las 7 provincias del país.

La ANEP tiene ya dentro de sus objetivos de trabajo para el 2017 la formulación pública de un emplazamiento integral sobre políticas públicas para la promoción del bien común y para la inclusión social, a todas las candidaturas presidenciales definitivas, una vez conocidas, para los comicios presidenciales y diputadiles del 2018; emplazamiento que ANEP espera compartir con las organizaciones de las otras corrientes sindicales mancomunadas en pensamiento, como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

El Sindicato de Traileros-Seccional ANEP firma ruta de trabajo con el Gobierno

La negociación entre las partes se dio luego de la caravana pacifica que realizaron los traileros desde el peaje de la autopista General Cañas, la Lima de Cartago y Ruta 32 hasta Casa Presidencial en Zapote donde se aglutinaron más de 100 cabezales.

El Sindicato Nacional de Traileros solicitaba un trato justo por parte de las empresas costarricenses, ya que estas últimas prefieren trasladar sus productos con traileros centroamericanos por cobrar una tarifa barata, dejando sin empleo a los costarricenses y sin considerar el costo de vida que se vive en Costa Rica, ya que los centroamericanos cobran pero ese dinero es utilizado en sus respectivos países donde el costo de vida es menor.

Esto son los acuerdos alcanzados entre las partes:

1. El Gobierno gestionó una audiencia con el señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos, para el próximo miércoles 3 de agosto a las 14:00 horas para avanzar sobre los temas que el Sindicato denuncia, como competencia desleal. El Sindicato aportará las pruebas que tengan disponibles ese día.

2. Revisar las estadísticas de “semáforos” en la aduana de Peñas Blancas, y realizar un estudio comparativo con las otras aduanas. Eso para mejorar y reafirmar la intención de este Gobierno de avanzar en la mejora y optimización de los servicios de control fronterizo.

3. Valorar la posibilidad de modificar el cambio de procedimiento de revisión de las cargas, después de que salga el “semáforo en rojo” en Peñas Blancas.

4. El Gobierno se muestra dispuesto a realizar el proceso de consultas de rigor para modificar el periodo máximo de permiso de permanencia en el país para los cabezales y remolques extranjeros a un mes y también analizar la unificación del permiso de importación temporal y de la renovación del permiso por la aduana de ingreso. Lo anterior, en un plazo de tres meses. Esta reforma sería impulsada vía Decreto Ejecutivo.

5. En las próximas dos semanas, las partes tendrán una reunión para revisar el avance para un plan de ruta de trabajo. Esto será el miércoles 16 de agosto. A partir de esta fecha se programarán reuniones periódicas para avanzar sobre los demás puntos solicitados por el Sindicato.

6. Dentro del mismo plazo de tres meses, se estudiará la propuesta realizada por el Sindicato para aplicar el cobro del 20% a los transportistas extranjeros y los demás puntos de agenda planteada.

7.Con relación al Sindicato de Camioneros de Limón, se acuerda reforzar los contenidos del acta del día primero de marzo de 2016, específicamente en los puntos de las condiciones de trabajo en las empresas de transporte, y del estudio del mercado de tarifas en esta actividad de transporte. El Gobierno gestionará una audiencia de este Sindicado con la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA para tratar la problemática de los portones de ingreso y salida de los puertos de Limón y Moín.

TRAILEROS-ANEP-Acuerdo Del Movimiento Del 29 de Julio by EugenioGuerrero on Scribd

Sindicatos rechazan propuesta salarial del Gobierno para el sector público

La Comisón Negociadora de Salarios del Sector Público acordó realizar dos reuniones posteriores a la de este martes con el propósito de finalizar la negociación salarial y estudiar los cambios en la fórmula utilizada para el ajuste salarial, que se llevarán a cabo el jueves 4 de agosto a las 2:30 p.m. en el Ministerio de Trabajo y jueves 18 de agosto a las 8 a.m. en Jupema, respectivamente.

Escuche las declaraciones de Wálter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP y Olman Chinchilla, de la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC).

No defendemos policías delincuentes

Primero: No estamos defendiendo a las 115 personas despedidas de la Fuerza Pública por presuntos homicidios, narcotráfico y violaciones. Lamentablemente ese es el manejo informativo, la matriz mediática que se ha venido imponiendo en las últimas horas sobre esta situación. Los casos que hemos asumido a la fecha, ¡son siete! Como podrán ver existe una diferencia abismal entre este número y el que aseguran algunos medios. Los casos que hemos asumido son porque consideramos que la valoración de la prueba es errónea por parte de las autoridades de Seguridad Pública; y, además, ninguno de los casos se vincula con narcotráfico, mucho menos con un homicidio.

Segundo: Para citar un par de ejemplos. Uno de los casos que tenemos es un presunto abuso de autoridad. Otro es un despido por presuntamente haber utilizado una patrulla para llevar unos medicamentos a casa de un particular, lo cual se conoció en sede administrativa y se archivó y está pendiente de lo que se resuelva en el Ministerio Público. En otros dos casos nos parece que, en efecto, se presentó alguna situación ilícita, pero no necesariamente por parte las personas presuntamente implicadas, sino que como decimos policialmente “se las cuadraron”. Es por ello que deberían dejar que la investigación finalice.

Tercero: También hemos rechazado ejercer la defensa de algunos casos. Por ejemplo, los oficiales que fueron captados sustrayendo celulares en una tienda. A éstos, a pesar de ser afiliados a la ANEP se les dijo que su caso deberían defenderlo con un abogado externo, por cuanto su deber era proteger los bienes, no sustraerlos. Las imágenes fueron elocuentes y no dejaban lugar a dudas.

Cuarto: Estamos de acuerdo con la política de “cero tolerancia” a la corrupción, lo hemos afirmado y reiterado desde siempre. Ese es un pilar fundamental de nuestro trabajo. Resulta inaceptable que un funcionario de cualquier cuerpo policial se vincule con el crimen organizado, con narcotráfico y/o con la comisión de algún hecho delictivo. Si en verdad se tiene certeza de la comisión de tales delitos, deberían entonces hacerse los procesos correspondientes y las coordinaciones pertinentes con la policía judicial, a efectos de que sean cesados sin responsabilidad patronal.

Quinto: Nosotros hemos levantado la voz, en favor de una población históricamente estigmatizada. Contamos con la ventaja de conocer desde su interior al Ministerio de Seguridad Pública. Conocemos la historia de compadrazgos, de nombramientos a dedo, de impunidad para los casos en que algún jerarca comete alguna infracción disciplinaria. Tenemos constancia de directores sin requisitos, de personas que al momento de las pruebas psicológicas para ocupar un mando y un rango, las perdieron pero les permitieron seguir. ¿Eso no es corrupción?

Finalmente, para dejar patente nuestra posición, resulta de especial interés extraer el siguiente párrafo del Manual de Derecho Constitucional del Poder Judicial que cita textualmente:

“El principio de culpabilidad constituye otro límite al ejercicio del poder punitivo y se encuentra previsto en los artículos 39 de la Constitución Política; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 30 del Código Penal. Dichas normas, por su orden indican: A nadie se hará sufrir pena sino por delito…y la necesaria demostración de culpabilidad” (artículo 39 CP). Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (artículo 8.2 CADH). Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (artículo 14.2 PIDCP). Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintencional (artículo 30 Código Penal)”.

Una nota de prensa por estos días titulaba así: “ABSUELVEN A EX DE LYNDA DÍAZ”. Nos preguntamos: ¿Qué habría pasado si le niegan la posibilidad de defenderse?… Los recientes reportes de prensa extranjero nos indican de que en China “…exculpan a hombre 20 años después de su ejecución”, esto luego de que apareciera el verdadero responsable del crimen que motivo su ejecución.

Así las cosas, debemos decidir si seguimos siendo un Estado de Derecho, o pasamos a ser una anarquía en donde primero se lincha y después se pregunta.

Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP

Reunión del Consejo General de la CSI en Viena

Bruselas, 8 de diciembre de 2016 (CSI EnLínea): Centrales sindicales afiliadas de seis países y del departamento francés de ultramar de La Reunión, se convirtieron en nuevas afiliadas de la CSI durante la reunión de su Consejo General la semana pasada, con lo que la membresía total de la CSI asciende ahora a 181 millones de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a 340 organizaciones afiliadas en 162 países y territorios.

La reunión estuvo precedida de una ceremonia, el 29 de noviembre, para conmemorar el 10º aniversario de la CSI en la misma ciudad en que se fundara, Viena. La ceremonia contó con intervenciones del Canciller austríaco Christian Kern, el Primer Ministro sueco, Stefan Löfven y el Director General de la OIT, Guy Ryder, además del Presidente de la OeGB Austria, Erich Foglar, y el Presidente de la CSI, João Felicio, y su Secretaria General, Sharan Burrow. Los Presidentes Adjuntos de la CSI, Maria Fernanda Carvalho y Karl-Petter Thorwaldsson, y el Secretario General de la CES, Luca Visentini, participaron igualmente en la ceremonia.

El Consejo revisó los progresos relativos a la implementación de las decisiones del Congreso Mundial de la CSI celebrado en Berlín en 2014, y adoptó un programa de acción para 2017 Se aprobaron las campañas Nuevos Frentes sobre poner fin a la codicia corporativa en las cadenas de suministros, combatir la esclavitud moderna, y acción climática con una transición justa. El Consejo aprobó asimismo el trabajo en curso respecto a las prioridades de la CSI: acciones sobre los derechos de los trabajadores en países en situación de riesgo, organización, el programa de igualdad de género “¡Cuente con nosotras!”, la economía mundial y el desarrollo, y la migración y los refugiados.

El aumento del populismo de extrema derecha y los peligros que amenazan la libertad, la paz y la democracia, constituyeron uno de los puntos clave del orden del día en el Consejo General, con delegados de Japón, Senegal, el Reino Unido y EE.UU. liderando las discusiones. Se aprobó la organización de una conferencia internacional de la CSI sobre estos temas en el transcurso de 2017.

Otro punto en el orden del día fue el debate sobre el futuro del trabajo, cuestión que está siendo analizada por la Organización Internacional del Trabajo en el marco de los preparativos para su Centenario en 2019. Los miembros del Consejo informaron sobre sus actividades para organizar a los trabajadores y trabajadoras en la denominada “economía de plataformas”, y para convencer a los Gobiernos respecto a la necesidad de regular ese tipo de negocios, que intentan eludir sus responsabilidades en tanto que empleadores, así como sus obligaciones fiscales. La necesidad de formalizar otras formas de actividad económica informal, garantizar protección social y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se consideraría tan esencial como el futuro del empleo, y varias organizaciones expusieron sus iniciativas para asegurar el diálogo social y negociaciones en relación con la ola de innovación tecnológica que está teniendo repercusiones en todos los sectores de la economía. El Consejo solicitó un proceso de consultas, con la implicación de todas las afiliadas, las Organizaciones Regionales de la CSI y sus distintos comités, respecto al futuro del trabajo, para reforzar el marco político y de actividades de los sindicatos a nivel nacional e internacional. Este proceso servirá también como aporte en los preparativos para el Congreso de la CSI que tendrá lugar en diciembre de 2018 en Copenhague. Los preparativos formales para el Congreso se adelantarán, iniciándose a principios de 2018, en lugar de limitarse a los seis meses mínimos establecidos.

El Consejo adoptó además una declaración instando a las autoridades argelinas a cesar la creciente represión de la actividad sindical independiente, particularmente contra la central nacional CGATT, afiliada a la CSI, y reclamando la inmediata liberación de Yamina Meghraoui, Presidenta del Comité de mujeres de CGATA y coordinadora de la Red de Mujeres de la Confederación Sindical Internacional Árabe.

Otros puntos destacados en el orden del día del Consejo incluyen un resumen sobre el estado de la economía mundial, actividades en la OIT, la Agenda 2030, y progresos en la implementación de prioridades sindicales a través de las inversiones del capital de los trabajadores. El punto del orden del día relativo a la asociación de la CSI con las Federaciones Sindicales Internacionales se centró en los últimos acontecimientos y los desafíos que plantea el comercio internacional, con un análisis detallado del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) propuesto. El Consejo adoptó informes de las Organizaciones Regionales, así como de su Comité de Mujeres.

Las nuevas organizaciones afiliadas son CSPIB Benín, CSJMP Costa Rica, CSH Côte d’Ivoire, CGTR Réunion, CNTUK Kazajstán, KSS Macedonia y UGSL Togo.

La CSI representa a 181 millones de trabajadoras y trabajadores en 162 países y territorios, y cuenta con 340 organizaciones afiliadas nacionales.