Carta Interinos by EugenioGuerrero on Scribd
Categoría: Acción Sindical
Posición de la Seccional ANEP-INCOFER ante la salida de Guillermo Santana
Ante la salida por renuncia del Ing. Guillermo Santana al cargo de Presidente Ejecutivo del INCOFER, en la Seccional ANEP- INCOFER, consideramos procedente fijar nuestra posición ante la opinión pública sobre el particular, dado que los costarricenses deben estar enterados de lo que ocurre y ha ocurrido durante la gestión del Ing. Santana.
En primer instancia debemos externar que la renuncia de Santana es lo mejor que puede haberle pasado a nuestra Institución, afirmación que procedemos a fundamentar:
1- Desde su llegada Santana provocó una disociación entre su despacho y los trabajadores más experimentados que cargaban con la operación de la institución. Esto puso en serio riesgo la continuidad del servicio que INCOFER presta a nivel nacional.
2- El Ing. Santana engaña a los costarricenses percibiendo un doble salario por tiempo completo en la Universidad de Costa Rica y en el INCOFER. Situación violenta la Ley de Enriquecimiento Ilícito, dejando su imagen sumamente deteriorada.
3- El nombramiento “a dedo” de un consultor de alto nivel, al extremo de alegar Inopia en el país y en la región en el tema ferroviario. Determinándose incluso, en la comparecencia que se realizó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que Santana faltó a la verdad, siendo tan convincente que hasta la Contraloría General de la República dio su aval, dado que se demostró que en el país existe el recurso humano debidamente capacitado a nivel profesional para realizar la consultoría que le fue contratada a un extranjero. Se privó la posibilidad a los profesionales nacionales de esta fuente de trabajo. En este aspecto existe desde hace tiempo denuncia ante el mismo ente contralor, de la cual, dicho sea de paso, no se tiene información del avance de esta denuncia.
4- Consideramos que la mala gestión de Santana, reflejada en su falta de interés, decidía y su poca identificación con la causa ferroviaria, mostrada a lo interno de nuestra institución, presagiaba un nuevo cierre técnico. Como consecuencia de esta percepción más de la mitad de los trabajadores del instituto decidimos conformar la Seccional ANEP – INCOFER, donde uno de nuestros objetivos es el de denunciar el inminente riesgo de un cierre técnico por la mala gestión de la Presidencia Ejecutiva y equilibrar fuerzas en pos de defender los derechos de los trabajadores, siendo uno de ellos el trabajo digno para todos.
5- El Ing. Santana promovió e impulsó la aprobación de una Ley de Fortalecimiento Institucional sin tomar en cuenta en ningún momento, salvo para asistir a las Barras de la Asamblea en señal de apoyo, el criterio de los trabajadores para ello. Siendo éste de gran importancia, dada la experiencia de los trabajadores de los diferentes niveles de la organización, con lo cual su gestión hubiese sido más expedita y clara. Cabe indicar que la ley aprobada cuenta con una serie de debilidades que esta seccional señaló en su oportunidad y que no fueron tomadas en cuenta.
6- En el contexto descrito, se instauró a lo interno de la institución un mal ambiente laboral reflejado en una falta de motivación, desconfianza e incertidumbre en la gran mayoría de los trabajadores. Aunado al hecho de que en un lapso de menos de dos años hubo cuatro Gerentes Administrativos, muestra clara de su pésima gestión y de las graves consecuencias que ello trajo para el INCOFER. Esta situación se repite en este momento con la Gerencia de Operaciones. Reiteramos que esto no permite una gestión continua para la buena marcha de la institución, ya que impacta negativamente sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales.
7- El Presidente Ejecutivo se dedicó a perseguir a los trabajadores. A cuartar la libertad de expresión de los mismos, incluso de esta organización laboral, donde se denunciaba la mala gestión de Santana en todos los ámbitos institucionales, al extremo de abrir un Órgano Director a nuestro Presidente de la Seccional por denunciar públicamente ante los medios de comunicación una serie de carencias y malos manejos de los recursos institucionales, incluyendo su personal.
Como conclusión de lo expuesto tenemos:
1- Esta decisión nos llena de esperanza, y compromete sin duda a la Presidencia de la República a considerar a un Jerarca de mayor consenso, con mayor visión y dispuesto a conversar con los trabajadores de la Institución sobre la responsabilidad por el servicio que se debe prestar a los usuarios que confían en el ferrocarril como un medio de transporte limpio, efectivo y eficiente.
2- A lo largo de su permanencia en la Institución la tónica de su gestión ha sido la impericia para conducir procesos que son vitales para el replanteamiento del transporte público a nivel sectorial, generando enormes diferencias a nivel sectorial y un alejamiento claro de muchos sectores políticos y técnicos para apoyar al ferrocarril y su resurgimiento.
3- La Ley de Fortalecimiento impulsada por Santana, en la realidad práctica no permite a la Institución un verdadero financiamiento de las necesidades que el ferrocarril requiere para su mejoramiento inmediato y su relanzamiento en el mediano plazo, por lo que debemos hacer un llamado de atención para que las nuevas autoridades analicen con mucha responsabilidad y generando los consensos necesarios, aquellas decisiones que al tenor de dicha ley se tomen, a fin de no comprometer el patrimonio de los costarricenses y el trabajo de los funcionarios de INCOFER.
4- Hacemos un compromiso con los usuarios de los servicios ferroviarios de mantenernos en constante vigilancia para que su seguridad siga siendo la prioridad institucional y que la prestación de los servicios no se interrumpa.
¡Celebramos que el Gobierno no convocó empleo público a sesiones extraordinarias legislativas!
El Colectivo Sindical Patria Justa celebra que el Gobierno de la República no haya enviado a sesiones extraordinarias del parlamento que inician precisamente hoy, jueves 1 de diciembre de 2016, el expediente legislativo No. 19.506.
Albino Vargas Barrantes, Coordinador de Patria Justa indicó que la última versión del proyecto de ley 19.506, constituye un “experimento ideológico de la derecha del capital neoliberal” para acabar con los principios constitucionales que dan base jurídica a la existencia de las Convenciones Colectivas de Trabajo y, por ende, con los sindicatos mismos.
“Esto representaría una abrogación de facto de los tratados internacionales firmados por Costa Rica en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva, reconocidos universalmente como Derechos Humanos Fundamentales”, dijo Vargas.
Luego de la gran victoria política ideológica lograda por la corriente sindical Patria Justa en el sentido de demostrar con toda contundencia de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por la clase trabajadora del sector Público; el expediente 19.506 quedó completamente desenmascarado como una verdadera conjura contra principios sagrados del Derecho Laboral, nacional e internacionalmente establecidos.
“Esta es una iniciativa de ley altamente conflictiva, potencialmente confrontadora y que tiene connotaciones de una gran estafa política porque no es un problema de pluses salariales; ¡no!. Se trata de darle una estocada mortal a las organizaciones sindicales antes de que entre en vigencia la histórica legislación de la Reforma Procesal Laboral, el próximo 25 de julio de 2017; misma que, por el contrario, potencia la negociación colectiva (tanto la del sector Público como la del sector Privado)”, detalló el coordinador de Patria Justa.
Por otra parte, Patria Justa denuncia con toda vehemencia que la derecha del capital neoliberal y sus vocerías parlamentarias sigan insistiendo en chantajear el actual Gobierno.
“Están planteando la necesidad de hacer un vulgar trueque en contra de los intereses populares: cambiar empleo público por el aumento en el impuesto sobre las ventas, elevándolo del 13 al 15 %. Esto es un doble daño a la clase trabajadora que es la puntual pagadora de impuestos, la que no se los roba”, manifestó Vargas.
Para Patria Justa el proyecto 19.506 bajaría salarios (eliminación de pago bisemanal en la CCSS y otros, por ejemplo), precarizaría el empleo y elimina, políticamente, a los sindicatos. Además, eleva el impuesto de las ventas, pasándolo como impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo de 13 a 15 %, y mermará más la golpeada capacidad de compra de los congelados salarios, aumentando la desigualdad y la exclusión social.
“Una vez más, exhortamos con vehemencia respetuosa al Gobierno para que no ceda a este vulgar chantaje político en contra de los intereses sociales del pueblo trabajador”, finalizó el coordinador de Patria Justa.
Patria Justa hace llamado a la unidad sindical y compromiso de Diputados
PATRIA JUSTA hace un vehemente llamado a todas sus bases dirigentes para mantenernos en alerta laboral permanente, completamente expectantes y en total disposición de acudir al legítimo instrumento cívico de la Democracia de la Calle en el momento políticamente correcto para golpear con la contundencia necesaria en contra de tal proyecto 19.506.
PATRIA JUSTA hace un vehemente llamado a los diputados y a las diputadas que se comprometieron ante las bases de la ANEP, el pasado viernes 18 de noviembre, y con las organizaciones de este colectivo sindical que fueron testigos de ello, para honrar el compromiso de acudir a todas las herramientas parlamentarias a fin de que, por un lado, impedir que se le aplique la vía rápida a tan nefasto proyecto; y, por otro, por supuesto, para que se le dé un real entierro.
PATRIA JUSTA solicita, públicamente y por esta vía, con todo respeto, al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; así como a su Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Quesada una reunión urgente, en la Casa Presidencial, para abordar el presente tema con la urgencia que el caso amerita.
PATRIA JUSTA, finalmente, tal y como lo viene planteando desde el mes de setiembre del 2015, hace un llamado a las otras corrientes sindicales para construir una unidad en la acción de forma tal que nos aseguremos, mediando la movilización compartida, la derrota definitiva del expediente 19.506.
Corrientes sindicales dan un histórico e importante paso hacia la Unidad Sindical en la Acción
Durante la actividad denominada “Encuentro Exploratorio de Unidad en Acción”, las diversas corrientes sindicales concordaron que la coyuntura político-social que atraviesa el país es el escenario idóneo para una histórica unión, con tres objetivos claros: la defensa del empleo público, una justicia tributaria y la defensa de derechos laborales.
Manual de puestos de la Policía Penitenciaria ya está nuevamente en Mideplan
Dirección de Migración y Extranjería avala el pago de horas extraordinarias
La resolución D.JUR-108-06-2016-MRV del Departamento Jurídico de la Dirección General de Migración y Extranjería indica que “Se deberá reconocer el derecho de las personas servidoras de devengar el pago de la jornada extraordinaria, cuando viajen en giras o fuera del país fuera de su jornada laboral ordinaria, tomando en cuenta el tiempo utilizado para el traslado (tanto de ida como de regreso). Sobre este particular, deberá la jefatura correspondiente, poner especial atención en la autorización del pago de jornada extraordinaria. Únicamente la jefatura podrá dar su aval para ese pago, cuando quede totalmente demostrado que el traslado obedeció a una situación especial que obliga a la persona servidora a trasladarse fuera de su jornada ordinaria, no así cuando por comodidad u otras razones se realiza intencionalmente una gira o viaje en jornada extraordinaria, para generar el pago correspondiente.
Además el por tanto ordena al Departamento de Recursos Humanos realizar una nueva circular donde se indique que se mantendrá el pago de la jornada ordinaria.
Conversamos con Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración sobre el reclamo y la resolución.
Resolución de Reclamo Administrativo de Horas Extra en La Polic by EugenioGuerrero on Scribd
ANEP condena la aprobación de recortes en el presupuesto de la República 2017
- Ahora queda certificado: el rompimiento del quórum legislativo está legitimado como herramienta política
Lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa este domingo 27 de noviembre, con ocasión de la aprobación abrupta en primer debate del mal llamado presupuesto de la República para el año 2017, merece la más enérgica condena por parte de las organizaciones sindicales, civiles y sociales que venimos denunciando el crecimiento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos de carácter social y el grave declive de la política pública en materia de seguridad ciudadana.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la política de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables “es suicida”, socialmente hablando. Y más grave todavía es poner a pelear a la policía precarizada y debilitada con la niñez y la adolescencia en estado de abandono y/o en riesgo social, cuando se trata de financiamiento para los delicados programas de política pública que se necesitan en ambos casos.
La desigualdad demanda que tanto los diferentes cuerpos de policía a cargo de la seguridad ciudadana tengan todos los recursos financieros-presupuestarios necesarios para enfrentar el crecimiento delincuencial y el aumento del poder corrupto del crimen organizado y del narcotráfico.
Por otra parte, la desigualdad exige un fortalecimiento estratégico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues la precariedad salarial, el desempleo, el narcomenudeo y los antivalores producto de la promoción del consumismo extremista, están golpeando los hogares de la pobreza extrema, de la pobreza y hasta de sectores medios; crisis de la convivencia sociofamiliar que tienen a una gran cantidad de niños, de niñas y de adolescentes en riesgo social.
Aunque resulte sumamente doloroso mencionarlo es contraproducente esta política de recorte presupuestario, si consideramos la gravedad de la situación presente y futura que se deriva del paso del huracán Otto por nuestro país.
“ANEP hace un vehemente llamado a cada una de las organizaciones sociolaborales, sindicales y profesionales que funcionan al interior del PANI para que se apresten a una urgente acción colectiva de protesta y de repudio por estos recortes que golpearán, duramente, la operatividad de la institución y la ampliación de la cobertura de sus servicios según el escenario que acabamos de describir”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Asimismo, la ANEP hace un llamado a los otros sectores institucionales afectados por la irracional, irreflexiva e irresponsable política de los recortes presupuestarios para que se dispongan a luchar en defensa de los servicios públicos que tienen a cargo.
“Dice el refrán popular que “no hay mal que por bien no venga” y dado que se utilizó la herramienta política del rompimiento del quórum legislativo a fin de imponer esos recortes irracionales; hay que “celebrar” de que tal herramienta en el ámbito del debate parlamentario ha quedado más que legitimada, lista para emplearse en situaciones por venir contra proyectos contrarios al bien común, a los derechos laborales y a la integración social”, agregó Vargas.
ANEP insta a los diputados y las diputadas que están a favor del recorte presupuestario de algunas instituciones públicas para que rectifiquen su errática conducta política en esta delicada situación; rectificación que políticamente es procedente antes de que sea demasiado tarde y peligrosamente irreversible.
Ante despidos en el MSP que omiten el debido proceso
En primera instancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Seccional ANEP-Fuerza Pública, dejan constancia de nuestro más contundente apoyo para que se establezca una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP); política que debe incluir a todos los niveles de la institución. Estamos convencidos de que esta política es para proteger a los buenos funcionarios y a las buenas funcionarias, así como depurar y fortalecer la institución en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.
No obstante, en esa búsqueda de la excelencia y la depuración se debe observar y respetar la Constitución Política y la Ley, en razón de que somos un país de derecho, un Estado democrático que promulga y garantiza el respeto de los Derechos Humanos.
En los últimos días hemos visto con preocupación la premura con que el Ministerio de Seguridad Pública viene aplicando el despido de algunos de sus funcionarios, mediante el artículo 140, inciso 1 de la Constitución Política, el cual reza:
“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
“Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil”.
Sin embargo, podríamos entrar en un choque de normas, por cuanto encontramos en la misma Constitución Política, en su artículo número 39, el Principio de Inocencia, el cual garantiza el derecho de defensa y reza lo siguiente:
“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionada por ley anterior y en virtud de sentencia firma dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa”.
Si bien es cierto algunos de los últimos eventos dan cuenta de funcionarios sospechosos de participar en actividades delictivas, lo cual resulta absolutamente reprochable, es incompatible la función policial, con el narcotráfico y/o el crimen organizado, eso lo entendemos. Sin embargo, es necesario que a estas personas también se les haga el debido proceso, en aras de que se pueda comprobar la responsabilidad que asegure que luego no regresen a la institución por un defecto procesal.
En el párrafo anterior, dejamos patentado que tenemos claridad en la necesidad de buscar la probidad y la excelencia en quienes servimos desde cualquier cuerpo policial. No obstante, hemos detectado al analizar objetivamente la prueba, que algunos funcionarios afectados con la aplicación del artículo 140 de la CP, se deberían presumir inocentes. Esto en razón de que algunos procesos que sirven de base para el despido, son causas de presunto abuso de autoridad, que están inclusive en etapa de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante lo cual se debe considerar lo que al efecto señala el artículo número 39 de la CP y el número 9 del Código Procesal Penal, Estado de inocencia.
La aplicación del artículo 140 constitucional implica el pago de extremos laborales, o sea, prestaciones de ley, y antes las omisiones legales que se vienen presentando, debemos sumar posibles salarios caídos, costas procesales y daños y perjuicios. Todo a costa del erario público, por no aplicar lo que se establece en la Constitución y la Ley.
La Ley General de Policía, número 7410, señala:
Artículo 88- El despido Justificado. Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:
a) Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según los dispuestos en la presente Ley. Nos preguntamos: ¿Cómo se establece este instituto, sin la realización de un debido proceso?
b) Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Nos preguntamos: ¿cómo se comprueba la comisión de unos de esas causales?
c) Por ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto. Nos preguntamos: ¿Cómo se comprueba sin debido proceso?
Así las cosas, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se observe la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, el Principio de Inocencia, el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, el Principio de Objetividad y la búsqueda de la verdad real de los hechos.
Resulta sumamente peligroso, que se despida a un funcionario por enfrentar una acusación, provoca esta situación un ambiente de inestabilidad e incertidumbre en los oficiales a la hora de realizar cualquier intervención, por cuanto resultaría fácil para quien delinque, y/o para quien se quiera vengar de una actuación policial, simplemente interpone una denuncia penal y el policial quedara desempleado!!!
¿Qué sucede si luego resultare exonerado?
San José, 30 de noviembre del año 2016
Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP
Cesan del cargo a Gerente General de PIMA-CENADA
Carlos Feoli Escalante quien fungía como Gerente General PIMA-Cenada fue destituido de su cargo el pasado lunes 11 de julio, luego de que la Seccional ANEP-PIMA-Cenada presentara una denuncia contra el funcionario por el uso indebido de recursos públicos.
Así fue confirmado por Roberto Monestel, Presidente de la Seccional PIMA-CENADA quien indicó que ya recibieron un primer contacto “informal” del nuevo Gerente General solicitando una reunión con el sindicato.
“La salida de Carlos Feoli va a cambiar la forma en que se administraba Pima-Cenda. El nuevo Gerente va tener la sapiencia de escuchar a los grupos organizados dentro de la Institución, aparte de que es una persona que conoce la problemática agroalimentaria y tiene experiencia”, dijo Monestel.
Para el Presidente de la Seccional ningún funcionario público está por encima de la Ley y en este caso en específico “Feoli creyó que estaba por encima de la misma utilizando recursos de la institución para su beneficio, cuando nosotros debemos velar por el buen uso de estos recursos”.
La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.
De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.
Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.
“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.
Posteriormente la Procuraduría de la Ética remitió la denuncia al Ministerio Público para su respectiva investigación.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Roberto Monestel Flores, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional Anep-Pima Cenada 8350-0087.
Viceministra de Transportes debe renunciar
Nos pronunciamos de manera pública y contundente en el sentido de que Liza Castillo, renuncie a su cargo de Viceministra de Transportes; cargo al que llegó impuesta por el gran empresariado corporativo autobusero,
Ya era un secreto a voces que el Gobierno de la República se había “entregado” al gran empresariado corporativo autobusero con la destitución del antecesor en ese cargo, el señor Urbina; y, ahora, se hace público que la señora Castillo fungía, prácticamente, como secretaria y/o asistente ejecutiva del dicho sector empresarial.
La población usuaria del transporte público modalidad autobús, especialmente la clase trabajadora asalariada y no asalariada que se ve obligada a utilizarlo, sigue en total estado de indefensión y, por el contrario, la llegada de la señora Castillo, profundiza tal indefensión.
Por otra parte, si ahora la nueva dirección política de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) está decidida a proteger al usuario con el nuevo modelo tarifario para el cobro de pasajes de autobús, no se debe ceder al chantaje del “paro” autobusero.
Por el contrario, debe apelar a las organizaciones de la sociedad civil con vocación social para pedir soporte y respaldo a la nueva metodología que podría generar un alto al expolio que sufre, especialmente, el pasajero trabajador, cada día, cuando se sube a un autobús de ciertas empresas de ese gran corporativismo autobusero que han venido, sin escrúpulo alguno, operando con tarifas infladas.
De manera pública dejamos constancia de que le estamos pidiendo una audiencia urgente al Regulador General de la Aresep, Roberto Jiménez Gómez, para tratar esta situación; solicitud que oficializaremos en próximas horas por los canales formales. Para esta situación pediremos el respaldo de organizaciones sindicales colegas como las integrantes del Colectivo Sindical Patria Justa.
