Patria Justa presente en la marcha de los educadores

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa participó, este viernes 16 de octubre, en la marcha de los educadores como parte de la unidad sindical que busca luchar contra la campaña mediática contra el empleo público.

Durante la marcha los Secretarios Generales de las diversas organizaciones que integran Patria Justa le brindaron un saludo y apoyo a los educadores en la movilización, así como a la Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ana Doris Gonzáles.

Se espera que la Presidenta de APSE, junto a una pequeña delegación, se haga presente a la “Jornada Patriótica de Lucha en Defensa del Estado Social de Derecho y de las Garantías Sociales, por la apertura al Diálogo Nacional y por un Gobierno que resuelva” convocada por el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa para el próximo 26 de octubre.

Compartimos las fotografías del encuentro del 16 de octubre 2015:

alt_text

alt_text

alt_text

alt_text

alt_text

alt_text

Solicitamos intervención inmediata ante retención indebida de salarios de los funcionarios del Comité de Deportes y Recreación de Puntarenas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privado (ANEP), en representación de la Seccional ANEP- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas, hacemos un llamado a las autoridades y Concejo Municipal de Puntarenas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que realicen una intervención inmediata ante la retención indebida, por segunda vez, de salarios de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

Esto luego de que a nuestras oficinas llegará la denuncia de las personas funcionarias del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas, indicando que el miércoles 26 de agosto se les manifestó verbalmente que se les retendrán sus salarios, situación que se vuelve a presentar en el pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que cunde el pánico para estos padres y madres jefes de hogar, que laboran en el Comité, ante estas manifestaciones informales y temerarias.

“Aparentemente por recomendación de la Auditoria Municipal y ante las anomalías en la gestión de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas esta solicitó el cese de transferencia de recursos al Comité. Esto incluiría las partidas por pagos de salarios y honorarios de las personas trabajadoras del Comité”, manifestó el Secretario General de la ANEP

Según Vargas, por más de año y medio la ANEP y su Seccional Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas han venido denunciado, llamado al diálogo, y acudido a diversas instancias (Procuraduría de la Ética Pública, Ministerio de Trabajo, Medios de Comunicación, Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, etc.) denunciando la gravedad de las anomalías y el daño que se ha generado a la Hacienda Pública por parte de las sucesivas Juntas Directivas del Comité, de los atropellos y acoso sistemático hacia las personas funcionarias, de las violaciones a las libertades sindicales y de los millonarios compromisos económicos que por años el Comité ha acumulado en contra de sus funcionarios.

“Ahora, para cerrar con broche de oro, se retienen los salarios de las personas funcionarias del Comité sin perjuicio ni consecuencia para los verdaderos responsables por todos estos daños: La Junta Directiva del Comité. Hemos dicho vehementemente y repetidamente que en la administración pública se requieren personas honestas, con experiencia y carrera en la gestión y administración de los bienes públicos, que los cargos públicos no son trampolines para fines politiqueros ni arribistas”, dijo Vargas.

Ante esta situación la ANEP y su Seccional ANEP-Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas exigen la intervención directa, inmediata y sin dilación de las autoridades municipales de Puntarenas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que:

1. Se ordene ipso facto el desembolso de las partidas presupuestarias de salarios, servicios especiales y honorarios para el pago de los salarios de los funcionarios administrativos, instalaciones y entrenadores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

2. Que se ordene diligentemente ante las instancias correspondientes y conforme a derecho las denuncias y acciones civiles y penales que corresponda sobre el daño a la Hacienda Pública en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

3. Que se inhabilite de manera inmediata a todos los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas de los cargos que hoy ocupan y rindan cuentas de su gestión.

“La situación que hoy denunciamos, viola derechos constitucionales y derechos humanos fundamentales, las autoridades remitidas en la presente tienen todas las facultades para evitar que a los trabajadores y trabajadoras del Comité Cantonal de Deportes y Recreación se les retenga el salario”, finalizó el Secretario General de la ANEP.

Salarios mínimos en el sector privado ¡tema candente!

La atmósfera sociopolítica nacional de los últimos meses ha sido enturbiada, malintencionadamente, con el tema salarial en el Empleo Público; opacando de manera sumamente sensible la real naturaleza del problema salarial nacional, centrado en la cuestión del salario mínimo aplicable al sector Privado de la economía; cuestión que muestras tres vertientes fundamentales si hubiese condiciones objetivas para un debate racional sobre el tema de los salarios en Costa Rica.

A) La real capacidad de compra y poder adquisitivo en las condiciones macroeconómicas de la actualidad, de los actuales niveles del salario mínimo.

B) El real potencial estratégico del salario mínimo como uno de los factores para atajar el crecimiento de la desigualdad.

C) La real disposición patronal del empresariado privado para respetar a plenitud su cumplimiento; y, colateralmente, la disposición de la política pública en su debida inspección y soporte para su cumplimiento en el caso del micro, de las pequeñas y de las medianas empresas.

Apuntamos lo anterior considerando que el Consejo Nacional de Salarios, por intermedio de su Secretaria a. í., la señora Martha Argüello Oviedo, informa que la audiencia a la parte sindical con ocasión de terminar el monto de reajuste por costo de vida para el primer semestre de octubre de 2016, será a las 4 horas con 15 minutos del próximo lunes 19 de octubre; convocatoria que tendrá lugar en el piso 7mo. de la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Salón de Exministros de Trabajo.

Al acercarse la economía nacional, según cifras gubernamentales una especie de “deflación” por el “casi cero” incremento en el costo de la vida, nada bueno se ve venir para la clase trabajadora asalariada del sector privado.

En el caso de la corriente sindical que representamos, el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, el tema del salario mínimo en el sector privado se ha convertido en un punto estratégico de nuestra lucha reivindicativo-salarial; al punto de que le hemos solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), abrir un proceso para consultar, vía referéndum, al pueblo costarricense sobre la elevación estratégica del actual nivel de los salarios mínimos en Costa Rica, para que se establezca el Salario Mínimo Vital, votándose en el parlamento el Expediente Legislativa No. 19.312.

En todo caso, en próximas horas, elaboraremos nuestras primeras cifras iniciales de propuesta sindical, a fin de conjuntarla con otras expresiones organizadas del mundo sindical costarricense y presentar ante el CNS, la más elaborada, unitaria y justa propuesta; recordando, eso sí, que no hay en el país ningún otro tipo de organización social, que no sean los sindicatos, las entidades que se preocupan, realmente, por el tema salarial en el sector Privado.

Caja toma errada, arbitraria e injusta decisión: eliminar el retiro anticipado de pensión

La decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de eliminar el retiro anticipado a los trabajadores adscritos al régimen de pensiones IVM, resulta perjudicial para miles de asalariados públicos y privados, cuyas cotizaciones son obligatorias.

Sin consulta alguna, la Junta Directiva de la CCSS revierte los acuerdos alcanzados con los actores sociales y productivos en el año 2005 y castiga, ¡otra vez!, a la clase trabajadora asalariada que es la que sostiene el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte IVM.

Quedan, nuevamente, en la más absoluta impunidad, los patronos evasores, morosos y los que subdeclaran. A estos ladrones de la Seguridad Social, los señores directivos de la Caja no los tocan y sólo se advierte “que le van a entrar al problema”. Pero, la verdad, no pasa nada. Son como intocables.

Debemos señalar, claramente, que las autoridades institucionales son deficientes en lo que se refiere a cobrar; y ni se diga de su política de inversiones que no cambia nunca y que ha provocado que los fondos de IVM, sean la “caja chica del Estado”.

Nada de inversión en obra pública para atraer recursos frescos que levanten las reservas del fondo de pensiones. Sigue en veremos el traslado de los superávits de las empresas públicas para remozar financieramente al IVM, a pesar de que mediante el artículo 78 de la LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, desde hace 10 años, debió cumplirse ¡Cuánta plata hubiese fortalecido al fondo de pensiones de IVM, si se cumpliera esa ley del año 2000?…

Eliminar el retiro anticipado es un retroceso

A partir del año 2018, dentro de tres años, ninguna persona trabajadora podrá retirarse jubilada.

! Vaya noticia! Eso significa que se podrá adquirir el derecho a la pensión solamente a los 65 años de edad, lo que traerá como consecuencia una población laboral envejecida, si es que se logra llegar trabajando a esa edad.

Pongamos un ejemplo: supongamos que un trabajador empezó a laborar a los 20 años, tendrá entonces que trabajar 45 años para pensionarse.

La decisión de la Junta Directiva de la CCSS, tomada a hurtadillas y de manera inconsulta, lesiona principalmente a aquellas personas trabajadoras asalariadas que se encuentran cerca de su jubilación, ya que les modifica, unilateralmente, las reglas de pertenencia que ya les cubría, que habían adquirido, al momento de que empezaron a cotizar para el IVM-CCSS.

No obstante, los cambios graduales en las cotizaciones no se constituyen en un problema tan notable, debido a que en la gran mayoría de los casos se alcanza el número. Eliminar el retiro anticipado a todos por igual, es una medida arbitraria e injusta.

En ANEP, intermediando nuestra Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), reforzada por la consultoría experta y especializada en la materia que nos brinda calificado apoyo asesor, estamos ya explorando algunas acciones jurídicas.

Compromisos no cumplidos respecto a la reforma del año 2005

La Junta Directiva de la CCSS debió, desde hace 10 años, atender con seriedad las recomendaciones de la mesa de diálogo socioproductiva que había reformado el IVM en ese entonces; recomendaciones orientadas a castigar a los evasores, a los morosos y aquellos malos patronos que deducen del salario de los trabajadores las cuotas y las trasladan parcialmente, o simplemente no lo hacen, acto éste conocido como subdeclaración. Tampoco la Junta Directiva de la CCSS logró cumplir con diversificar la cartera de inversiones, acciones que sin duda ahora siguen siendo necesarias para fortalecer con mejores recursos la seguridad del régimen de pensiones de IVM.

Algunas interrogantes sin responder

¿Por qué la Junta Directiva de la CCSS es tan blandengue con quienes no honran sus obligaciones con el sistema de IVM?

¿Acaso existen intereses privados que amenazan los recursos propiedad de las personas asalariadas que sostienen con sus cuotas el sistema de IVM?

Nos aumentarán la cotización obrera

Se ha dado a conocer en las últimas horas que nos elevarán la cotización obrera para el IVM, del 2.84 % al 3.84 %, en un período de 12 meses: entre enero y diciembre del 2016.

La ANEP ha tenido acceso al documento “Valuación actuarial de largo plazo del IVM”, emitido con fecha 30 de julio de 2015.

Posición de ANEP

Nuestra organización sindical condena este acto apresurado de castigar el derecho de la población asalariada de disfrutar de su jubilación, conforme a sus derechos de pertenencia; y, como ya indicamos líneas arriba, estableceremos las acciones administrativas, jurídicas o de cualquier otra índole que conduzcan al respeto al retiro anticipado de aquellas personas que ganaron ese derecho con su trabajo durante su vida laboral; y, en virtud de que esta decisión que cuestionamos, no encuentra sustento en estudios actuariales.

Y, como vemos, “la cuerda se revienta por lo más delgado”

Este tipo de decisiones pretende eludir la demanda de responsabilidades directas e individuales, a una serie de jerarcas de la CCSS que siguen ocupando altos puestos institucionales pese a que están denunciados en la Fiscalía General de la República, por erradas decisiones que han llevado a la Caja a dificultades financieras. La impunidad es la que reina pero a quien nos obligan a pagar es, como suele suceder, “a los y a las de abajo”: la clase trabajadora.

¡Esto no lo podemos permitir y debemos movilizarnos!

Quedan advertidas las autoridades de la Junta Directiva de la CCSS, de que está decisión suya agrega un tema más al descontento ciudadano y, por ende, se constituye en otro eje de lucha de las organizaciones sindicales.

Exigimos que se abra de inmediato el diálogo social prometido por la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, doctora María del Rocío Sáenz Madrigal, respecto al presente y futuro del régimen de pensiones de los trabajadores adscritos al sistema de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Ante posibilidad de que oficiales de la Fuerza Pública realicen funciones de la Policía de Tránsito

Con respecto al reportaje de un medio de comunicación escrito, titulado “Oficiales de la Fuerza Pública podrán multar a conductores”, debemos señalar que es evidente la carencia de recurso humano existente en materia de tránsito. La misma dirección de la Policía de Tránsito, ha señalado el faltante de al menos 1.100 efectivos para atender las situaciones que se presentan en carretera.

Esto podría ser considerado como una problemática de interés público; sin embargo, este interés debe ser solventado de conformidad con el bloque de legalidad, que debe regir los actos de la administración y de los entes públicos que le componen.

El Director General de la Fuerza Pública, Lic. Juan José Andrade, manifestó en dicho medio que: “luego de la firma, Transito capacitará a un primero grupo de 1.000 efectivos.” Agregando que: “Los primeros a los que queremos capacitar son los grupos más operativos como la Unidad de Intervención Policial (UIP)”.

A todo esto, es importante señalar que no se contempla una mejora salarial para los oficiales de policía porque, según Andrade: “es ya de por sí una labor que la Fuerza Pública ha hecho junto con Transito”.

Esta lamentable manifestación, deja en evidencia un menosprecio por parte del señor Director General Comisario Andrade, con respecto al valor del personal de la Fuerza Pública; además, deja ver su desconocimiento de lo que al efecto establece la legalidad, por cuanto no es lo mismo hacer trabajos coordinados, en conjunto con la policía de tránsito; lo cual se hace además con otros cuerpos policiales, como Policía Profesional de Migración, Policía Control de Drogas (PCD), y la Policía Penitenciaria, ha pasar a hacerlas de manera directa como parte de las funciones, como se pretende en este caso.

¿Será acaso, que dentro de poco se nos encomiende la atención de situaciones por faltante de policías en los centros penitenciarios, de migración y de otros cuerpos policiales?. Nos parece que este asunto amerita un abordaje con seriedad y desde la misma Casa Presidencial.

Igualmente existe faltante de oficiales de la Fuerza Pública, para atender, desordenes al orden público, notificaciones, apremios por pensión alimentaria, prevención de delitos contra la propiedad, eventos masivos, el narcomenudeo, custodia de residencias de expresidentes, embajadas, etc.

En el ámbito de la legalidad. La Ley Nº 7410, Ley General de Policía, artículo Nº 7, establece la creación de competencias policiales, las cuales constituyen reserva de ley, esta última entendida como aquel: “Conjunto de materias, que de manera exclusiva, la constitución entrega al ámbito de potestades del legislador, excluyendo de su ámbito la intervención de otros poderes del estado”.

Esta representación finalmente, considera oportuno señalar, en caso de que legalmente fuera factible encomendar un recargo de funciones, como se pretende en este caso, se debe compensar salarialmente a los funcionarios de la Fuerza Pública.

La huelga durárá tanto como el Gobierno quiera que dure

“Jornada Patriótica de Lucha en Defensa del Estado Social de Derecho y de las Garantías Sociales, por la apertura al Diálogo Nacional y por un Gobierno que resuelva”, de esta forma el colectivo sindical Latinoamericanista Patria Justa a denominado la huelga que realizará el próximo 26 de octubre, la cual se desarrollará en al menos 15 puntos en todo el país. – See more at: http://anep.cr/article/patria-justa-convoca-a-huelga-el-proximo-26-de-oct/#sthash.XToFwpsT.dpuf

Patria Justa convoca a huelga el próximo 26 de octubre

“Jornada Patriótica de Lucha en Defensa del Estado Social de Derecho y de las Garantías Sociales, por la apertura al Diálogo Nacional y por un Gobierno que resuelva”, de esta forma el colectivo sindical Latinoamericanista Patria Justa a denominado la huelga que realizará el próximo 26 de octubre, la cual se desarrollará en al menos 15 puntos en todo el país.

Entre los principales ejes de lucha destacan: en contra de la precarización y empobrecimiento salarial en el sector privado, en contra las tropelías y acciones antijurídicas de entes reguladores, Gobierno Central: Déficit Fiscal y Empleo Público, así como un abordaje social e integral del problema de las finanzas públicas y la Situación socio-laboral y de operación en los muelles del Atlántico, en rechazo a la cláusula 9.1 con APM Terminals.

Albino Vargas Barrantes, Coordinador de Patria Justa, indicó en Conferencia de Prensa que la duración de la huelga durará tanto como el Gobierno quiera que dure.

“Nos hemos venido preparando y organizando con muchas reuniones y coordinaciones, por lo que las organizaciones integrantes de Patria Justa, vamos a iniciar una huelga el próximo lunes 26 de octubre desde las 6:00 a.m., según los diversos ámbitos institucionales y comunales involucrados”, dijo Vargas.

El Coordinador de Patria Justa detalló que el movimiento prácticamente tiene asegurado un arranque simultáneo en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), en los muelles de Limón y a lo largo y ancho del país con el Instituto Costarricense de Electricidad, además manifestó que se hará un gran esfuerzo para que el sector municipal y otros ministerios del Gobierno Central se sumen.

“Trabajamos con una visón y plan país que hace tiempo venimos diseñando con función en lo que nosotros llamamos una Costa Rica inclusiva y Solidaria, como por ejemplo el documento que se presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar la recolección de firmas que permita un referéndum para la elevación del salario mínimo en el sector privado, pensamos en la clase trabajadora.”, dijo el Coordinador de Patria Justa.

Las organizaciones que participarán en la huelga son: Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPRO-CNP), Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) y el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, también está en contra de los recortes presupuestarios irresponsables e irreflexivos, que afectaran programas de salud y seguridad ciudadana entre otros, así como el salario único.

“Rechazamos tajante y radicalmente el salario único. Creemos que el tema fiscal lo están abordando por el lado equivocado por lo que rechazamos que se le cobre al sector público dicha situación”, indicó Vargas.

Respecto a la calificación del desempeño de los trabajadores en el sector público, el Coordinador de Patria Justa dijo que han propuesto nuevos manuales de evaluación del desempeño.

“Hemos insistido en una mesa de diálogo para institucionalizar la eficiencia, la eficacia; para desterrar la institucionalización de la mediocridad con sistemas de calificación arcaicos, pero queremos discutirlos. En dichos manuales que proponemos el usuario del servicio podrá calificar la atención que recibe”, finalizó Vargas.

Puede escuchar la conferencia completa el audio adjunto al final de esta nota.

Patria Justa presentó solicitud que busca un referéndum para aumentar el salario mínimo en el sector privado

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa presentó esta tarde ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una solicitud para la recolección de firmas que permita la realización de un referéndum con el objetivo de que la Asamblea Legislativa someta a discusión y a eventual aprobación el expediente legislativo N° 19312 que busca aumentar el salario mínimo en el sector privado.

Dicho expediente llamado “Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación del Artículo 16 BIS de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley No. 832, de 4 de noviembre de 1949”, es vital para mejorar la calidad de vida de muchos empleados del sector privado.

Albino Vargas Barrantes, Coordinador de Patria Justa, indicó que Patria Justa y otras entidades socio-sindicales con interés en el tema, tienen la suficiente estructura organizativa para recolectar las 160 mil firmas de ciudadanos y de ciudadanas que se requieren para realizar este referéndum.

“Patria Justa, por ejemplo, pondría en el proceso de recolección de firmas a la gran cantidad de dirigentes sindicales que integran cada una de sus organizaciones, facilitando la recolección de firmas en los centros de trabajo del sector Público (antes de entrar y luego de salir de las labores cotidianas); en las comunidades donde viven los mismos y sus familias y que comparten espacios residenciales con personas trabajadoras en el sector privado; en las ferias del agricultor y en los parques a la salida de misa”, dijo Vargas.

Esta iniciativa de un referéndum para cambiar el actual sistema de salarios mínimos vigentes en el sector privado de la economía y, por tanto, establecer la “Ley del Salario Mínimo Vital”, no tendría problemas de legalidad, en el tanto y de acuerdo con la ley del referéndum, no se está consultando al pueblo temas fiscales-presupuestarios, mismos que como bien sabemos, tienen impedimento jurídico-legal para ser sometidos a referéndum.

Cabe destacar que la iniciativa para impulsar la “Ley del Salario Mínimo Vital” forma parte de los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común” (punto 3.4), suscritos entre el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA); acuerdos firmados ante todo el país, de manera transparente, el pasado 26 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar.

“La iniciativa que estamos anunciando es de exclusiva responsabilidad del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa y no está contemplando ningún involucramiento de ambos partidos, a los cuales sí se les informará de la misma”, dijo Vargas .

El Coordinador de Patria Justa finalizó indicando que “la lucha por los salarios, por los salarios decentes, en contra de la precarización de los mismos y contra la reversión de aquellos sistemas salariales que no están sufriendo la explotación actual por la concepción prevaleciente en materia de salarios mínimos en el sector Privado, es una función de naturaleza sindical, esencialmente”

Diputado Desanti exige a Ministro de Trabajo detener investigación laboral en una de sus empresas

La Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), junto a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), denuncian ante la opinión pública, que el diputado-empresario bananero, Antonio Álvarez Desanti, utiliza su investidura política para exigir el cese de investigación de Prácticas Laborales Desleales y persecución sindical que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra una de las empresas bananeras propiedad de su familia y que él preside.

Así lo detalló Rafael Mora Solano, Dirigente de la CSJMP, quien indicó que tienen en su poder la carta que el diputado Antonio Álvarez Desanti, con fecha 12 de agosto 2015, envió al Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, solicitando la suspensión de la investigación, contra la empresa Bananera CORCEGA S.A. asegurando en su carta que existe una “persecución política” en su contra.

“Según sabemos, a raíz de esta denuncia de parte del diputado Álvarez Desanti, El Ministro de Trabajo (Víctor Morales) requirió para revisión el expediente administrativo original mediante el cual la Dirección de Inspección de Trabajo de la Región Huetar Caribe tramita la investigación por Prácticas Laborales Desleales y Persecución Sindical contra la citada empresa. Además, tenemos en nuestras manos copia del oficio DMT-889- 2015, de fecha 28 de agosto de 2015, mediante el cual la Directora del Despacho, siguiendo instrucciones del Ministro, remite dicho expediente a la Directora de Asuntos Jurídicos del MTSS”, explicó Mora.

Para la CSJMP, ANEP y SITRAP, el manejo que el Ministro de Trabajo le brinde a este proceso debido a la solicitud del diputado Álvarez Desanti es preocupante, ya que atentaría contra la transparencia del proceso, máxime cuando ya existe un oficio (PO-PD-09095-15) por parte de la Inspección de Trabajo del MTSS-Región Huetar, que dejó constancia de la comisión de Prácticas Laborales Desleales en el caso de la empresa Bananera CORCEGA S.A.

“Vemos con preocupación esta intervención del Ministro de Trabajo, no sólo porque la denuncia interpuesta por el diputado mencionado no cuestiona las actuaciones de la Inspección de Trabajo, sino también porque en su nota de denuncia, el señor legislador Álvarez Desanti solicita, expresamente, al Ministro la suspensión del procedimiento que se encontraba en pleno desarrollo”, detalló Mora

Ante esta situación la CSJMP, la ANEP y SITRAP enviaron una carta al Ministro de Trabajo, Víctor Morales, para que no ceda ante las presiones del diputado-empresario bananero y no se comprometa con su actuar la objetivad e imparcialidad de la cartera de trabajo.

Adjuntamos carta enviada por el Diputado Desanti al Ministro de Trabajo solicitando la suspensión del proceso de denuncia laboral contra la Bananera CORCEGA S.A.

Carta de Alvarez Desanti