Lucha en dos escenarios: El Parlamento y la Calle

Con gran satisfacción y mucha esperanza, nos hemos enterado de que la honorable señora Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República, ha alzado su calificada voz, con la autoridad ética y moral que implica tal magistratura cívica legitimada por la institucionalidad republicana que nos rige como sociedad, advirtiendo contra los recortes que se asoman en el horizonte de cara al presupuesto general de la República para el 2016 y que se debatirá en los próximos meses en la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, hace ya bastantes semanas que la ANEP viene advirtiendo en contra de los recortes presupuestarios abusivos e irracionales, así como en contra de las políticas drásticas de austeridad que, como bien lo apunta la señora Defensora, atentan contra los mismos Derechos Humanos Fundamentales; algo inaudito para un país como Costa Rica que pregona, urbi et orbe, su adhesión incondicional a tales postulados universalmente reconocidos.

El oportunísimo señalamiento de la Defensoría nos da una gran autoridad moral y ética para las organizaciones sindicales y sociales que nos preparamos para enfrentar la tramitación legislativa venidera del presupuesto de la República, con el ejercicio de la Democracia de la Calle.

Las posiciones diputadiles fundamentalistas de corte neoliberal y extremista contra el presupuesto del 2016 ya, incluso sin conocer el detalle de ese proyecto de presupuesto, afinan sus criminales tijeras para recortes, a diestra y siniestra, por el orden de 600 millones de dólares; más de 300 mil millones de colones. La cantidad a recortar podría ser mucho mayor, llegándose al extremo de poder en peligro vidas humanas: ¡un verdadero crimen social!

Tal suma de recorte en perspectiva por parte de los saboteadores fiscalistas de la paz social y de la institucionalidad pública que tiene relación directa con la promoción y protección de los Derechos Humanos de gran parte de la población costarricense; incrementará el sufrimiento de la hoy atormentada ciudadanía obrera y laboral básicamente, por la alta carestía de la vida, las restricciones salariales, el desempleo y el trabajo precario, el alto endeudamiento y, en general, por el crecimiento de la desigualdad.

Organizaciones sindicales exigen rescindir contrato de estudio actuarial del IVM

Entre las organizaciones que denuncia se encuentran: Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de C.R. (SIFUPCR), Sindicato de Trabajadores de la Salud y Afines (SITHOSAJUDI), Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Puriscaleños tomaron el CTP por molestia en servicio de autobús y logran acuerdo

Cerca de 60 personas de diversas comunidades de Puriscal tomaron por espacio de cuatro horas la sede del Consejo de Transporte Público (CTP), solicitando una intervención inmediata al pésimo servicio de autobús que presta la empresa TRAMAYCA entre Puriscal y las zonas de Santa Marta, Cervatana, Jilgueral, La Palma, Salitrales y Bocana.

Tras las medidas de presión y prácticamente cerrar las oficinas del Consejo de Transporte Público, los vecinos fueron recibidos por Mario Zárate, Director del CTP y Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito para tratar de llegar a un acuerdo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que luego de varias horas de negociación las partes acordaron realizar tres inspecciones a las unidades de la empresa TRAMAYCA que prestan el servicio de autobús en las comunidades puriscaleñas.

“Se acordó realizar tres inspecciones en los próximos 45 días calendario. En estas inspecciones participaran personeros del Consejo de Transporte Público, oficiales de la Policía de Tránsito e integrantes del Comité de Transportes integrado por los vecinos de las diversas comunidades afectadas, la inclusión de estos últimos en busca de transparencia en los proceso de inspecciones”, manifestó Vargas.

Dentro de las molestias que elevaron los vecinos, este martes 26 de mayo, ante el CTP se encuentran: un aumento injustificado del 130% en la tarifa del servicio, incumplimiento de horarios, gran afectación a los usuarios, autobuses en mal estado; con goteras, puertas de emergencia amarradas con mecate, unidades que se varan con regularidad, otras incluso hasta se han quemado en pleno servicio.

Miguel Ángel Vega Marín, adulto mayor y vecino de la comunidad de Santa Marta, indicó que las unidades se encuentran en mal estado, y los vecinos temen que estas se queden sin frenos cuando circulen por las pendientes pronunciadas en el trayecto para llegar a Puriscal provocando un fatal accidente, incluso detalló que en una ocasión y en pleno viaje una de estas unidades se empezó a incendiar atentando contra la seguridad de los usuarios.

“Todas las unidades están en pésimo estado, en una ocasión venia en una de estos buses y se empezó a quemar, para poder apagar el incendio tuvieron que tirarle tierra mientras se esperaba la llegada de los bomberos, pese a esto la unidad siguió circulando. Otras tienen goteras, no se cumplen horarios, a esto se une el mal trato que recibimos por parte de los choferes, especialmente la población adulta mayor”, manifestó Vega.

El apoyo y asesoramiento de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a los vecinos de Puriscal, es parte del proyecto de Sindicalismo Ciudadano que está impulsando nuestra organización, para que las comunidades denuncien las anomalías y situaciones adversas que sufren diariamente.

“Lo que paso hoy en el Consejo de Transporte Público debe ser un ejemplo para todas las comunidades del país, especialmente las de zona rural que sienten que les toman el pelo a sus denuncias y necesidades ante diferentes instituciones. Esto es parte del Sindicalismo Ciudadano que pretendemos ejecutar en la ANEP con las diversas comunidades que así lo soliciten y necesiten”, finalizó Vargas.

Ahora la ANEP y los vecinos de las comunidades afectadas en la zona de Puriscal estarán garantes para que se cumpla a cabalidad el acuerdo firmado este martes en el Consejo de Transporte Público.

Emplazamiento público al Presidente de la Repùblica por procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias

Carta abierta: Emplazamiento público sobre procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias

Estimado señor Presidente:

Los serios problemas que experimenta nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no se solucionarán mientras quienes tienen el mandato de definir y ejecutar estas soluciones no vivan en pie de igualdad con el resto de la población, las consecuencias de no arreglarla.

Por eso y como señal concreta de que en este país en lo que atañe a la Seguridad Social y Salud todos somos iguales, consideramos que es su deber como máxima autoridad político-ejecutiva del país tomar en sus manos dos medidas.

La primera es destituir de su cargo al señor Oscar Fallas Camacho, delegado del Estado ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De acuerdo a lo denunciado en el marco de la comisión parlamentaria que investiga la crisis en el servicio de Cardiología del Hospital México, concretamente por parte de quien preside esta comisión, el señor diputado Jorge Rodríguez Araya, a don Oscar se le practicó un cateterismo sin que tuviera que hacer fila en la dramática lista de espera que, como ha sido denunciado, ya generó la muerte ingrata e injusta de ciudadanos costarricenses, precisamente, por la inoperancia de un sistema que les llevó a la muerte cuando podrían haberse salvado.

El Gobierno de la República que usted preside no debería correr el riesgo de aparecer como cómplice de una situación tan delicada: avalar que esta persona se mantenga en el puesto es avalar que las autoridades tengan un acceso de “primera clase”, mientras que el resto de la población tiene que contentarse con hacer filas y ver amenaza su vida en la “tercera clase”.

Antes de dedicarse a la carrera política, señor Presidente, usted unió esfuerzos con las organizaciones sindicales que los suscritos representamos y junto a otras prestigiosas entidades de diversos sectores sociales, generamos el proceso de “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”; destacándose el grave problema del “secuestro” en la formación de especialistas por parte de una alta élite médico-corporativa que tiene gran responsabilidad en la crisis del indicado servicio hospitalario en el ámbito de la Cardiología.

Ahora usted tiene la oportunidad de comenzar a tomar cartas en un asunto alarmante y caótico en el que hasta ahora ningún gobierno incluso el suyo, señor Presidente ha querido enfrentar abiertamente. Tal vez es porque se requiere controlar al poderoso “cártel” que controla la formación de “super especialistas” en este país.

Se trata de una situación oscura que el proceso “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja” dejó en evidencia (como a usted le constó de primera mano en la investigación que realizamos); y que ha sido denunciado de manera reciente y de manera valiente por el directivo laboral don Mario Devandas Brenes.

La segunda medida tiene que ver con el directivo patronal, el señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, quien es representante corporativo en la directiva de la Caja por parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

Se trata este caso de un directivo que, al culminar su mandato, habrá estado como directivo de la institución durante 12 años. Se trata también de un directivo al que la misma denuncia legislativa apunta se le habría llevado a cabo vía tráfico de influencias no solo un cateterismo, sino ¡dos!

¿Qué incentivo personal puede tener este directivo para solucionar las listas de espera siendo que la Caja le resuelve a él este problema, tomando una medida hecha para su propia necesidad personal? ¿Y qué podría pasar cuando esta misma persona maneja licitaciones o contratos?

La dirección de la UCCAEP tiene una gran oportunidad: separar “paja de trigo” y mostrar su apego a criterios éticos claros. Esta oportunidad debería expresarse en la separación inmediata del cargo de este directivo.

El que usted le plantee esta oportunidad al órgano patronal es también en su propio interés: el cansancio ciudadano frente a las situaciones de injusticia es grande y la crispación también. Más aún porque las altas esferas de la Caja están repletas de personas denunciadas ante el Ministerio Público que sólo premios por estas acciones incorrectas reciben. La impunidad genera frustración y la frustración cuando menos se la espera, genera explosión. Los conatos al respecto de queja ciudadana contra la Caja, en expresión de calle, ya los estamos viendo.

Para empeorar aún más la magnitud del tráfico de influencias y la discriminación en la aplicación de procedimientos cruciales para la vida entre quienes tienen “amigos” y/o “nombre” y quiénes no, ahora resulta que el propio director médico del Hospital México, el doctor Douglas Montero, ¡también recibió una intervención de cateterismo sin tener que sufrir el calvario de la listas de espera!, según la denuncia diputadil.

Señor Presidente: Usted bien sabe que la Caja está en peligro. Lo que ha sido denunciado con relación a la crisis del servicio de Cardiología del Hospital México debería servir para decretar una especie de “estado de emergencia” para la institución. En un caso como este, no inmiscuirse es ser cómplice… ¿De qué lado queda usted?

Seccional Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas denuncia anomalías en administración del Comité

La Seccional de ANEP-Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas se reunión, este viernes 22 de mayo, con el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, con el fin de exponerle una serie de anomalías que se vienen presentando en dicho cómite.

Durante la reunión, Vargas escuchó las diversas molestias de los integrantes de la seccional quienes manifestaron situaciones de abuso laboral, mala administracóin en la preparación de los atletas rumbo a Juegos Deportivos Nacionales, así como mala administración financiera, el no pago de Salario Escolar y mala utilización de los recursos por parte de altos cargos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

“Hemos detectado una serie de anomalías en la dirección del Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas que atentan contra el desarrollo deportivo de la comunidad, por lo que solicitamos el acompañamiento de la ANEP para solicitar ser recibidos por el Concejo Municipal de Puntarenas para denunciar estas irregularidades, y la violacion a los derechos laboralesde trabajadores de este comite”, manifestó Viviana Azofeifa, Presidenta de la Seccional.

En la reunión que se sostuvo en la sede de la Universidad Técnica Nacional en Puntarenas, se detectó que incluso el Comité Cantonal de Deportes de la zona le debe sumas de millones de colones a dos trabajadores por concepto de horas extras laboradas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó a los afiliados a la Seccional ANEP-Comite Cantonal de Deportes de Puntarenas y Recreación, que hay situaciones que incluso se deben elevar ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, mientras que las de carácter laboral serán antendidas por ANEP, solicitando audienas ante el Concejo Municipal y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

“Nos sorprende lo mal administrado que se encuentra el Comité de Deportes de Putarenas, esto por lo que nos cuentan nuestros afiliados en esa institucion. Incluso podríamos estar ante casos de tráfico de influencias y corrupción que deben ser investigados por el Ministerio Público y de conocimiento del Concejo Municipal”, dijo Vargas.

A la reunión también asistió un auditor de la Municipalidad de Puntarenas para conversar sobre las situaciones detectadas y los auditajes levantados.

Viene la fijación salarial para el sector Privado

El Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha convocado a la parte laboral para las 4 de la tarde del próximo lunes 1 de junio, a fin de que exprese sus consideraciones, argumentos y propuestas con relación al reajuste que deben sufrir los salarios mínimos que se deben aplicar para la clase trabajadora del sector Privado.

En tal sentido, y al llegar la tercera fijación en la Administración Solís Rivera, en este aspecto del salario mínimo el “cambio” no se ha visto por ningún lado.

Probablemente habrá, como es usual, una fuerte resistencia del empresariado corporativo neoliberal que es el que tiene la representación patronal en el CNS, intentando esgrimir el problema del desempleo como la excusa perfecta para que no haya un reajuste ni siquiera “medianamente” digno. Al respecto, es de esperar una agria discusión.

Costa Rica, pomposo aspirante para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene en esta cuestión de los salarios mínimos, un grave escollo dado que debería emular lo que, al menos en el papel, reconocen los países ya miembros de tal entidad que, por término medio, superan el salario mínimo costarricense.

Todas las opiniones expertas que están coincidiendo en la gravedad del problema del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica, también coinciden en que se necesitan políticas salariales de otro tipo para atenuar la velocidad que tal problema manifiesta en su desarrollo.

Pero además, existen muchos patronos inescrupulosos que argumentan que su personal ya está por encima del salario mínimo (aunque sea 100 colones de más), para escamotear al reconocimiento que por costo de vida semestralmente debe sufrir el salario mínimo, aunque tal reajuste resulte muy insignificante; tal y como se ve venir para el semestre entrante, dado el índice oficial de inflación del semestre que está transcurriendo.

En todo caso, tanto la ANEP como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), está ya preparando sus argumentos, más integrales, sobre el tema del reajuste por venir a los salarios mínimos.

SITRAP continúa cosechando triunfos y logra reinstalación laboral de trabajador

Desde el 28 de agosto de 2010 fue despedido por una clara persecución sindical en la empresa Piña Frut, S.A. Empresa representada por Jorge Acón Sánchez, uno de los más experimentados dirigentes de Base Sindical, el compañero Pablo López Gracia.
Como ya es norma en este País, casi 5 años se duró el proceso para que se hiciera justicia, pero como ya lo esperábamos la ley nos dio la razón.

Después de una gran lucha legal mediante resolución de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veinte de marzo de dos mil quince, confirma el fallo recurrido del Tribunal del segundo circuito judicial de la zona atlántica, en instancias anteriores, en donde dispuso: Se condena a la empresa a pagar los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del cese 28 de agosto del 2010 y hasta su efectiva reinstalación; así como los aguinaldos que correspondan a ese periodo, tomando en cuenta los ajustes de salario que se den por parte del Consejo Nacional de Salarios.- Además, la accionada tendrá que cubrir las cuotas obreros patronales omitidas a la Caja Costarricense de Seguro Social durante el periodo indicado sobre los respectivos salarios a pagar.- Asimismo, sobre las sumas que conciernen, se impone el pago de los intereses al tipo otorgado por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a plazo por seis meses; desde que se hizo exigible cada obligación y hasta su efectivo pago. Ahora sigue la etapa de ejecución de sentencia, para que se haga efectiva reinstalación y el pago de los dineros según la condena.

El compañero Pablo está muy satisfecho con este triunfo ya que debido a este despido habían pasado por situaciones muy difíciles, porque durante vario tiempo se había dificultado encontrar un trabajo, y cuando encontraba no era estable, y algunas fincas las empresas conocían de su participación sindical, por lo que lo despedían o no le daban empleo lo que les causaba grandes dificultades para sacar su familia adelante.

Pero hoy da las gracias a SITRAP y al compañero Lic. Jorge Barboza encargado del Depto. Legal de SITRAP por el gran esfuerzo que han hecho para que se diera este triunfo, también dan las gracias a los compañeros testigos que tuvieron el valor de presentarse a los tribunales a dar el testimonio de las acciones anti-sindicales que practica esta empresa.

Es muy importante decir que ya hay otros casos de esta misma empresa Piñera, y de otras empresas que tienen sentencia en firme con los mismos resultados, y además hay otros casos presentados que van por el mismo camino.
Este otro triunfo se debe a la ardua lucha que ha venido dando SITRAP en la defensa de los y las trabajadoras en las plantaciones, el trabajo de concientización que se ha hecho para que los trabajadores pierdan el miedo, y animen a demandar a los patronos que violentan los derechos laborales, asunto que se está logrando. Cada día avanzamos más en materia de la libertad sindical, con cada uno de estos fallos, además que se hace justicia, también el sindicato va ganando espacio en su lucha, pero algo muy importante, es que se deja un gran precedente, y se demuestra una vez más lo que hemos diacho durante muchos años sobre la persecución sindical en las plantaciones en Costa Rica, poniendo en evidencia al Gobierno, a las cámaras empresariales como La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña – CANAPEP, que han dicho que las empresas respetan la libertad sindical y los derechos laborales, también dejamos en evidencia la farsa de la gran cantidad certificaciones que tienen todas estas empresas, con estos fallos podemos decir con toda la seguridad que estas certificaciones e incluso algunos supermercados han estado engañando a los consumidores en sostener y certificar que hay libertad sindical.

Algo muy importante los patronos perseguidores del sindicato van a tener que tener mucho cuidado para despedir y perseguir a nuestros afiliados y afiliadas, ya que estar afiliado a un sindicato es un derecho que la legislación les da a los y las trabajadoras, también la legislación le prohíbe a los patronos despedir o perjudicar de cualquier forma a los trabajadoras por pertenecer a un sindicato, estas sentencias de la sala segunda y muchas más que se han logrado, lo confirman, y vamos a seguir defendiendo y exigiendo que los derechos de nuestra gente se respeten.

Tenemos que continuar y fortalecer nuestro trabajo, mantenernos en pie de lucha para recoger los frutos del sacrificio hecho durante todos los años anteriores, pero para eso ocupamos que los y las trabajadoras se afilien a SITRAP, también ocupamos el apoyo de hermanos y hermanas sindicalistas, y otras organizaciones que luchan por los derechos humanos.
También damos las gracias a las organizaciones y amigos, nacionales e internacionales que nos han tendido su mano para que SITRAP continúe en lucha por los derechos de la clase trabadora en las
plantaciones agrícolas en Costa Rica, sus aportes no han sido en vano, esto es parte de los resultados.

Damos las gracias y felicitamos a todas y todos los trabajadores que componemos el honorable sindicato SITRAP que cada día se hace más grande, este triunfo es de todos y todas, ¡ADELANTE SITRAP!

Directora Regional de la Fuerza Pública acepta cargos por peculado, paga un millón y se mantiene en el cargo.

La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicita al Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, tomar cartas en el asunto en el caso de la Directora Regional, Kattia Chavarría quien aceptó los cargos por peculado en una investigación en su contra con sentencia en el año 2014. Sin embargo, pese a esto se encuentra laborando en un puesto de confianza en el MSP.

Según explicó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, la funcionaria de apellido Chavarría, que administrativamente había resultado exonerada por aplicación del principio “Nos bis in Idem” en razón de haber sido trasladada, (considerado esto por el órgano disciplinario como un castigo) acepto los cargos ante el Juzgado Penal de Hacienda, y para evitar el juicio se acogió a la modalidad de suspensión del proceso a prueba, el cual vence en el 2016.

“No obstante para obtener este beneficio, debió cancelar un millón de colones a favor de un Cen-Cinai de Heredia y hacer 100 horas de trabajo comunal, además de presentarse a la oficina del Ministerio de Justicia para los efectos correspondientes de cumplimiento”, explicó Anchía.

El Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que si bien es cierto, esta figura jurídica de suspensión del proceso a prueba evita el juicio, en la Seccional ANEP- Fuerza Pública, consideran que la funcionaria debió ser separada del cargo de Directora.

“Estamos ante un incumplimiento de deberes en la función pública, lo cual debería ser suficiente para que no ostente un cargo de confianza, como el de administrar bienes del Estado en una Dirección Regional. Al efecto es importante traer a colación lo señalado por la Ley 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Artículo 4.- “Violación al deber de probidad. (*) Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal”, aseveró Anchía.

Además agregó que, “En este caso, al darse la aceptación de cargos, es claro que se incumple el deber de probidad, elemento suficiente para retirar del cargo de confianza que conlleva de conformidad con la ley, los nombramientos de directores en la Fuerza Pública, los cuales son de libre nombramiento y remoción”.

Por lo consiguiente la Seccional ANEP-Fuerza Pública ha solicitado al Ministro de Seguridad Publica, tomar cartas en el asunto.

Negocios millonarios que se esconden detrás del déficit fiscal

En nuestro artículo anterior nos manifestamos sobre la infame campaña que se ha orquestado en contra de los empleados públicos, queriendo hacer creer a la ciudadanía que por los salarios y los pluses que percibimos, somos los responsables directos del alto déficit fiscal que existe en el país. El sindicato ANEP-HACIENDA considera que estos ataques venenosos lo que pretenden es confundir y engañar a la opinión pública, desviando la atención de las verdaderas causas de este desajuste fiscal, como lo son, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones que alcanza la astronómica suma del 8 % del PIB, la regresividad del sistema tributario, salarios y pensiones millonarias para unos cuantos favorecidos, además, de algunos negocios muy lucrativos que se han creado para satisfacer algunas necesidades institucionales que implican cuantiosas sumas de dineros públicos, los cuales son transados con inversionistas muy acaudalados que gracias a estos contratos pactados con el estado han aumentado con creces sus espléndidas fortunas. Un negocio de este tipo es el de los alquileres de oficinas gubernativas, donde participan algunos empresarios privados que han financiado campañas políticas, además de algunos políticos con fuertes nexos en el sector empresarial.

Nuestro Ministerio de Hacienda tiene el deshonroso puesto de ser el inquilino más caro del sector público, por ejemplo a Hogares de Costa Rica a la cual se le alquilan oficinas desde el 2008 y que son ocupadas por la Administración Tributaria del Oeste y el Centro de Información de Formación Hacendaria ( CIFH) en Barrio Don Bosco, se le paga una suma mensual de ¢174.050.568 (Ciento Setenta y Cuatro Millones, Cincuenta Mil, Quinientos Sesenta y Ocho colones ), para un total anual convertido en dólares de aproximadamente $3.968.698.

A la sociedad Inmobiliaria Mira, con la cual se tienen varios contratos, por las oficinas que se alquilan en Zapote, se le paga un monto mensual de ¢79.822.430, lo cual representa una suma anual en dólares de $ 1.820.110. A la empresa COPPERMINE INC S A, por las oficinas del Edificio Fischel, se le cancela una suma mensual de ¢53.435.980, lo cual en dólares asciende al año a un monto aproximado de
$ 1.218.446.

También a la Compañía La Llacuna, empresa ligada al actual diputado por el partido Liberación Nacional el Sr. Antonio Álvarez Desanti y con la que se tiene contrato de alquiler desde hace muchos años, se le paga mensualmente ¢65.581.650, que al año llega a $ 1.495.392, por cierto el Sr. Álvarez Desanti es uno de los propulsores de la Ley de Empleo Público, que entre otras cosas, pretende eliminarnos los pluses salariales, que hemos logrado por medio de la lucha y en el transcurso de largo tiempo, a Inversiones Inmobiliarias por el edificio localizado en el Paseo Colón donde se encuentra Presupuesto Nacional se le paga al mes ¢51.255.115, que representa $ 1.168.718 y para no aburrirlos finalmente tenemos a Comercial Sol y Lluvia, propietaria del OUTLET MALL, donde se encuentra la Administración Tributaria del Este, cuyo dueño es el Sr. Donald Formal, ( ex suegro del diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario ) y otro de los diputados que quieren a capa y espada la imposición de la Ley de Empleo Público y eliminar todo lo que se relacione con el Estado y los sindicatos, a la cual se le paga por mes ¢50.362.490 y por año $ 1.148.365. Estos son sólo algunos casos de los descomunales montos en alquileres que cancela el Ministerio de Hacienda y cuyos inmuebles se ubican en el Área Metropolitana, dichas sociedades se reparten al año alrededor de $ 11.000.000, que representa casi Seis Mil millones de colones.

Por supuesto que detrás de este pujante negocio, de esta orgía de recursos públicos, hay sectores económicos muy poderosos, de gran capital e influencia política, que no quieren que se acabe esta piñata de fondos públicos, porque desde hace muchos años, están como vampiros prendidos de la yugular estatal, devorando los dineros que ha financiado nuestro sacrificado pueblo por medio del pago de impuestos.

Son los mismos grupos que vestidos de ovejas, hipócritamente dicen defender a la población contra el aumento de impuestos, pero lo que hacen es disimular que lo que realmente están defendiendo y protegiendo es que las cosas se mantengan igual, que siga el robo de impuestos y por supuesto seguir ellos dándose la gran vida, continuar en sus posiciones de privilegio, acrecentando cada día más su patrimonio, alcahueteados por un sistema tributario injusto y altamente regresivo. En estos grupos se encuentran también los medios de comunicación que no quieren que se aumenten los montos ridículos que se pagan por los cánones del espectro radioeléctrico. Son los mismos que se han enriquecido con los servicios privados que alquila la Caja Costarricense del Seguro Social y que tampoco quieren que se terminen. Y entonces para perpetuar sus grandes negocios y tener intactas sus exageradas ganancias, tiran sus mortíferos dardos contra los empleados públicos, que pagamos nuestros impuestos de manera puntual, tanto el que nos rebajan mes a mes de nuestro devaluado salario, como el que pagamos cada vez que compramos en el comercio. Por estas razones y ocultando sus verdaderos propósitos que consisten en conservar su acomodada holgura financiera, es que estos sectores se oponen a algunos proyectos de reformas fiscales, que deben ser ampliamente discutidos y ojalá modificados en algunos de sus aspectos esenciales, como por ejemplo el aumento que se quiere hacer del IVA del 13 al 15 % y al cual nos oponemos, pero que deben ser concretados para cambiar la injusta situación fiscal que prevalece actualmente, donde lo que debe predominar es la progresividad de nuestro sistema tributario y que los individuos contribuyan con el sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo a su capacidad económica. Para ver con más detalle los alquileres cancelados por este Ministerio, pueden revisar el cuadro que se adjunta a este comunicado.

ANEP-HACIENDA QUE SE ACABE EL PERVERSO NEGOCIO DE LOS ALQUILERES QUE CAUSA MAS POBREZA Y DESIGUALDAD

Acuerdo entre trabajadores y Alcaldía pone fin a paro de labores en la Municipalidad de San José

La Seccional de la ANEP-Municipalidad San José logró, la tarde de este jueves 07 de mayo, un acuerdo con la Alcaldía de San José respecto a diversas molestias que aquejaban los trabajadores del municipio josefino respecto al faltante de equipo para cumplir sus labores diarias.

En las negociaciones que se extendieron por espacio de seis horas las partes llegaron al acuerdo de la compra de equipo entre las que destacan: la adquisición de cinco camiones recolectores de basura, tres para el aseo de vías, así como la compra de un escáner para el equipo especial; que permitirá al municipio ahorrar una importante suma de dinero, ya que los trabajadores destacados en el área del taller podrán realizar los diagnósticos de los vehículos sin necesidad de que sea trasladados a un taller ajeno al municipio.

Otro de los acuerdos alcanzados esta tarde establece el nombramientos de trabajadores que hasta a la fecha se encontraban en condición de interinos, así como la reposición de plazas que se hallaban vacantes debido a que varios trabajadores se acogieron a su pensión.

Respecto al contrato que mantiene la Municipalidad de San José con la empresa PASA, para la recolección de basura, se acordó realizar la consulta en conjunto a la Contraloría General de la Republica con el objetivo de que se analice la posibilidad de no continuar con la contratación de dicha empresa y que a la vez el municipio realice una compra directa de equipo para asumir el servicio totalmente.

Por su parte, Bolívar Sánchez, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, destacó el compromiso de la Alcaldesa, Sandra García de no realizar una privatización de servicios en el municipio, a la vez recalcó que los más beneficiados con los acuerdos son los contribuyentes.

En los acuerdos también se garantizó que ninguno de los trabajadores municipales que participaron del paro de labores, que inició a las 6:00 de la mañana de este jueves y se extendió por espacio de 10 horas, serán objeto de algún tipo de sanción.

Cabe resaltar la participación y mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que se llegara a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, así como la participación del Concejo Municipal de San José.

De esta forma los más de 1000 trabajadores que decretaron el paro de labores reanudaran sus funciones de manera normal desde este viernes 8 de mayo.