A propósito de lo que ha venido pasando en el Hospital México

Profundamente consternados, y sin haber salido aún del asombro sobre las informaciones periodísticas expuestas en las últimas horas con relación a la situación particular denunciada en el Hospital México, nada menos que por la jefe de Cardiología de ese nosocomio, a raíz del deceso por falta de atención de ciudadanos con afecciones cardiacas;

y aún sin existir resultados claros sobre hechos similares sucedidos en el Hospital Calderón Guardia con las prótesis de ortopedia donde se inventaron datos (entre otras acciones gravísimas);

así como lo relativo a las cirugías cardiacas en el Hospital de Niños, otro hecho sin claridad sobre lo sucedido lo que podría dejar en la más absoluta impunidad a los responsables;

DECLARAMOS

Nuestra coalición sindical PATRIA JUSTA exige, una vez más, a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que brinden una explicación al pueblo costarricense y una solución a los problemas planteados en el menor plazo posible, sobre la ineficiencia en la gestión administrativa por parte de algunos de los más altos funcionarios de la institución, lo que afecta de manera directa la atención de la salud de los asegurados que dependen y acuden a la Caja en busca de alivio.

Particularmente, la denuncia efectuada por la Dra. Sofía Bogantes Ledezma, Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital México, que nos merece credibilidad, evidencia lo grave de esta situación que ha ocasionado un aumento en la tasa de mortalidad como producto de esta negligencia e inoperancia de esas cúpulas de alto nivel central y hospitalario, según se desprende de su acusación, dejando en duda y entredicho la gestión de altas autoridades institucionales.

PATRIA JUSTA denuncia que el faltante de médicos especialistas dentro de la institución agrava la atención del asegurado en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos; aumentando con ello las listas de espera de pacientes y convirtiendo a nuestro sistema de salud y a la Caja misma en un régimen indiferente al dolor humano; todo lo cual contribuye al fortalecimiento de la atención asistencial médica en clínicas y hospitales privados los cuales se ven beneficiados de este deterioro sistematizado de la Seguridad Social proporcionado por la CCSS.

Por tal razón apoyamos una urgente investigación de la Asamblea Legislativa en este problema de manera integral y, especialmente, en lo relativo a la formación de especialistas; para que se investigue de manera pronta y oportuna cuál es la verdadera causa de la inopia de especialistas médicos en la Caja, para buscar una verdadera solución al problema de salud para todos los costarricenses y proteger con ello el derecho constitucional a la vida y a la salud.

Hacia un histórico 1 de mayo

En esta ocasión, para este 1 de mayo resaltamos lo siguiente:

a) Es la primera celebración en el marco de la acción ejecutiva del presente gobierno.

b) Como nuestra corriente sindical se inspira en el pensamiento y en la obra del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, el Expresidente de la República don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, destacamos dos acontecimientos:

1- Fue un 1 de mayo (de 1857), cuando se rindió el invasor gringo William Walker.

2- En este 2015 se cumplen 160 años de la Primera Proclama de don Juanito Mora, alertando a los y a las costarricenses de entonces de la invasión gringa que ya se veía venir y pidiendo al pueblo prepararse para la guerra.

Por tanto, este 1 de mayo nos concentraremos, antes de desfilar, en la explanada del Correo Central, al pie del monumento a don Juanito Mora, a partir de las 8 de la mañana. Así es como debemos citar y convocar.

Desfilaremos, luego, hacia la Avenida Segunda para terminar al pie del Monumento Nacional, en el Parque Nacional, con un sencillo acto como Patria Justa, buscando con ello hacer algo diferente de lo tradicional.

Desde la Secretaría General de la ANEP hemos estado coordinando para la venida de unas 150 trabajadoras bananeras y piñeras de la zona atlántica del país, convocadas por el sindicato hermano SITRAP (integrante de PATRIA JUSTA).

En la marcha de este 1 de mayo contaremos con la grata presencia de personas trabajadoras desde Río Claro, convocadas por la Seccional ANEP-Exoreros del Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas. Además, estamos realizando el mayor esfuerzo para tener una importante presencia de personas trabajadoras migrantes, especialmente de las comunidades de La Carpio (San José), y Guararí (Heredia), convocadas por la Seccional ANEP-Trabajadores y trabajadoras migrantes.

Rechazamos y condenamos“trueque político” de los derechos de los empleados públicos

Una de las conclusiones de la reunión de este lunes 13 de abril de 2015, celebrada por todas las organizaciones sociolaborales integrantes de la coalición sindical latinoamericanista Patria Justa (mismas que se citan al final de este comunicado), es enviar, en fecha próxima, una carta abierta y pública a los señores diputados y a las señoras diputadas, integrantes de las todas las fracciones y de todas las minifracciones parlamentarias; carta en la cual se deje constancia explícita del más profundo rechazo y de la más fuerte condena, en caso de que las negociaciones políticas legislativas (las abiertas, pero especialmente las ocultas), pretendan generar todo tipo de “trueques políticos” con los derechos de todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; especialmente las de ingresos medios y bajos (quienes que no forman parte de las altas cúpulas político-tecnocráticas del Estado, las transitorias y las permanentes)

Los derechos sociales y laborales del personal del Sector Público tienen profundo asidero jurídico-constitucional y materializar, vía este tipo de pactos, su eliminación parcial y/o tal, gremial-sectorial, abre un espacio de abierta confrontación social que no se podrá evitar.

La presidencia del próximo directorio legislativo y los otros puestos del mismo no pueden obtenerse intercambiando política y “mercantilmente” hablando, la situación sociolaboral y económico-familiar de las 300 mil personas asalariadas que trabajan para el Estado, lo que representa 1 millón y medio de costarricenses, la tercera parte de la población actual del país.

Hablamos de personas que pagan puntualmente sus impuestos, que no los roban y que significan un gran peso en la economía nacional del cual nutren muchas de sus jugosas ganancias esos grupos corporativo-políticos de la hegemonía del capital que, precisamente, desarrollan una insana campaña mediática de “limpieza laboral” contra el empleo público.

Las organizaciones sindicales de Patria Justa destinaremos todo el próximo día lunes 20 de abril para diseñar, con más detalle, una estrategia integral de denuncia, de motivación, de concientización para que todo el conglomerado laboral representado por esta coalición sindical, más las organizaciones que compartan nuestra visión del punto; conjuntemos un todo único que facilite acciones coordinadas que, por supuesto, incluyen la movilización general bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle.

Líderes comunales de San Miguel y Los Guido denuncian orden de cierre de sus comisiones de seguridad

En ANEP apoyamos y acompañamos la preocupación de vecinos de comunidades de Desamparados, quienes forman parte de grupos organizados que fueron debidamente capacitados por el propio Ministerio de Seguridad Pública (MSP), como parte de los programas de Seguridad Comunitaria.

Líderes comunales que no solo reclaman el derecho de ser escuchados, sino de seguir participando activamente en pro de los problemas de sus comunidades.
En tiempos como los que se viven en la actualidad, nada mejor que trabajar juntos, en pro de la seguridad común, buscando espacios de diálogo franco, que permita limar asperezas y solventar diferencias que se puedan presentar en torno de algunos procesos.

Flaco favor se la hace a la Seguridad Ciudadana y a las comunidades, al ordenarse la eliminación de comités de seguridad comunitaria, que en teoría resultan los mejores aliados para el combate de la delincuencia. Además representa una contradicción de lo que se solicita constantemente por parte de las autoridades ministeriales “cuidémonos juntos.

También abogamos por procesos transparentes y claros en torno a los movimientos que se vienen realizando, nos referimos a traslados masivos, señalándose a algunos funcionarios, de “problemáticos, corruptos y perjudiciales para las delegaciones donde prestan sus servicios”, según consta en documentos en nuestro poder.

Respaldamos toda acción que tienda a favorecer la transparencia y la honestidad en la función pública, reprochamos todo acto que se aparte de los deberes de probidad y honestidad en el servicio que presta la Fuerza Pública, pero nos oponemos a que se lastime a las y los funcionarios sin que se aplique el debido proceso, si los señores jerarcas tienen pruebas de posibles actos de corrupción, que las presenten ante el Ministerio Publico, y si alguien resulta responsable de alguna situación, que asuma las consecuencias y si estas incluyen que deje sus funciones, así deberá ser, pero en observancia del debido proceso.

Inclusive si un funcionario es nocivo, si se apartó de los valores que deben prevalecer en un oficial de la Fuerza Pública, ¿Qué se resuelve con trasladarlo de un lugar a otro? Si verdaderamente fuera un problema, se traslada el problema, pero en verdad resulta sumamente grave, que algunas veces se trasladan funcionarios, bajo el “dicho” de alguien que los considero “corruptos” sin prueba alguna, y luego esa etiqueta les acompaña por donde quiere que pasen.

Igual la historia nos muestra, en el pasado se dieron casos donde se implicó a un oficial en alguna situación, siendo que luego se logró determinar que se trató de un “montaje”. Pero el daño fue hecho y de manera irreparable.

Es por ello, que hacemos un llamado al dialogo, al respeto y al trabajo conjunto, sin condicionamientos de ninguna especie.

Trabajadores municipales de Santa Bárbara levantan paro de labores

Cerca de 60 trabajadores de la Municipalidad de Santa Bárbara y afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), levantaron hace pocos minutos el paro de labores, que mantenían desde esta mañana, al alcanzar un acuerdo satisfactorio con la Alcandía del cantón herediano.

Según explicó Cristian Arias Santamaría, Presidente de la seccional ANEP-Municipalidad de Santa Bárbara el acuerdo alcanzado le quita toda potestad de administración sobre los empleados a la Vice alcaldesa.

“Logramos acordar con el Alcalde, Melvin Salas, quitarle la administración sobre los empleados a la Vice Alcaldesa, Cindy Bravo, ya que esta y un grupo de amigos se estaban repartiendo puestos de trabajo y haciendo lo que querían con los trabajadores”, dijo Arias.

El presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Bárbara manifestó que el reglamento autónomo realizado por la Vice Alcaldesa, y que detonó el paro de labores por realizarlo sin la aprobación del Concejo Municipal de la localidad y a espaldas de los trabajadores, quedó completamente anulado.

“El reglamento quedó anulado en su totalidad, ya que el compañero que lo realizó por orden de la Vice alcaldesa no está facultado para realizar este tipo de funciones, lo único que hace es ser inspector de construcción. No podíamos permitir que eso se diera”, dijo Porras.
El paro de labores que inicio este miércoles por la mañana provocó la paralización de todos los servicios del municipio de Santa Bárbara.

Los trabajadores se integraran a sus labores normales a partir de este jueves 9 de abril.

¡No más alzas en las tarifas de bus!

De manera contundente, una vez más, debemos expresar nuestra más fuerte crítica a la alianza que, ahora de manera descarada, se da entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el empresariado autobusero; una alianza de corte corporativo en contra de las miles de personas trabajadoras usuarias obligadas del transporte público modalidad autobús. No podemos de otra forma interpretar la nueva alza tarifaria en los buses que se está anunciando.

Sinceramente nos parece escandaloso que la Aresep les apruebe a sus “socios” del empresariado autobusero una nueva alza en las tarifas de los buses, cuando éstas jamás reflejaron las siete u ocho bajas consecutivas que en los últimos meses tuvieron los precios de los combustibles, dada la caída de los precios internacionales del petróleo.

Enfatizamos en la imperiosa necesidad de que la Aresep se cierre para dar paso a otro tipo de institucionalidad en la materia que actúe con más justicia y con más transparencia.

El proceso de audiencias de la Aresep al respecto está totalmente desacreditado. Es pura “operación cosmética” de una casi que burlesca “participación ciudadana”.

Las personas usuarias del servicio de autobús y sus organizaciones a nivel local, regional y comunal, deberían cuestionarse seguir participando en este tipo de consultas espurias y dejar de legitimar con su presencia un proceso que termina siendo una tomadura de pelo. Aresep siempre le concederá al autobusero el alza que éste le está pidiendo.

El contubernio entre la Aresep y los empresarios autobuseros, ahora todavía mucho más evidente, empobrece al pueblo trabajador de ingresos salarios medios y bajos, ya de por sí en bastantes aprietos económicos por cuanto seguimos con una política de salarios mínimos en constante deterioro al no incrementarse el poder de compra de los mismos.

Lastimosamente, el actual Gobierno de la República parece “mirar para otro lado” en estos de la alianza corporativa ARESEP-empresariado autobusero, pues no le conocemos ninguna iniciativa político-administrativa, y mucho menos legal, a favor del usuario del transporte por autobús; usuario que, por cierto, también se encuentra indefenso ante el control que este mismo sector empresarial tiene sobre el Consejo de Transporte Público (CTP).

Gestores Ambientales envían propuesta al Ministerio de Salud

1. Que se nombre a un funcionario de recursos humanos del Nivel Central de éste Ministerio para que se revise y se proponga un Manual de Puestos en coordinación con la Seccional de Gestores Ambientales, los cuales pueden colaborar en la orientación con respecto a la competencia y perfil técnico y profesional de las personas destacadas en éstos puestos. Se solicita dicha persona tenga designada esta tarea dentro de sus funciones ordinarias, con la finalidad que participe activamente en las reuniones correspondientes.

2. Que se elimine la práctica inadecuada de delegar funciones de gestión ambiental a personas con carencia de conocimiento en el campo, así como que no se asignen labores ajenas a la competencia técnica y profesional de los gestores y gestoras ambientales, con la finalidad de garantizar un servicio de calidad a los usuarios.

3. Que se brinden los insumos necesarios para la realización de las labores cotidianas, teniendo prioridad sobre los aspectos de equipo de protección personal y que esto sea informado a las direcciones tanto regionales como de áreas rectoras de salud, con respecto a la necesidad de dotación de bloqueador solar(salidas a campo, especialmente en zonas costeras), capas(época lluviosa), botas(inspección en zonas boscosas), zapatos de seguridad, casco de seguridad, lentes de seguridad, mascarillas, tapones de seguridad (inspecciones en industrias y construcciones) , jackets (supervisión de eventos de pólvora), repelente (atención de denuncias por vectores como mosquitos o visitas a zonas con brotes de dengue o chiconkunya), entre otros.

4. Que se priorice la contratación de personal en plazas de saneamiento ambiental según estudio previo de la oficina de Recursos Humanos del Nivel Central, de la carga de trabajo y cantidad de establecimientos industriales y comerciales así como viviendas de cada una de las Áreas Rectoras de Salud.

5. Revisión y análisis de las guías existentes de manera conjunta por parte de la Dirección de Protección al Ambiente Humano con la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales, en donde se garantice la participación del personal de campo con el conocimiento suficiente para garantizar un uso efectivo y eficiente de los recursos disponibles (papel, tinta, tiempo, personal, vehículos, entre otros). Y se logre un consenso con respecto a la información pertinente a recabar en las inspecciones.

6. Coordinación prioritaria con el Consultorio Médico del Nivel Central para vacunación del personal de saneamiento ambiental (programado anualmente por el médico), con respecto a vacunación, así como refuerzos de vacunas especialmente en el acompañamiento a la atención de brotes (de hepatitis, A1N1, Sarampión, Varicela, entre otros).

7. Que se coordinen capacitaciones de calidad impartidas por Universidades Estatales u otras entidades para los funcionarios en temas relacionados a la regulación de la salud, por ejemplo, supervisión de eventos con explosivos, inocuidad alimentaria, sustancias peligrosas, ruido, salud ocupacional, aguas residuales, contaminación del aire, manejo de residuos especiales, entre otros, en los que se garantice la participación de todo el personal de saneamiento ambiental de las áreas rectoras de salud, así como se gestione certificados con reconocimiento ante el servicio civil.

8. Que se efectúen concursos internos para la asignación de plazas vacantes en el Ministerio, antes de contratación de personal nuevo, garantizando mantener la experiencia del personal tanto interino como en plaza existente en el Ministerio.

9. Que se mejoren las condiciones físico-sanitarias de los puestos de trabajo.

10. Que se reconozca el pago de rubro de peligrosidad a los gestores y gestoras ambientales según lo solicitado con anterioridad ante la Dirección General de Salud.

11. Que se resuelva la recalificación de los puestos de asistentes de servicio civil para aquellas personas que cumplan con los requisitos legales.

12. Que se coordine por parte de las Unidades de Rectoría de la Salud Regionales reuniones mensuales o bimensuales para abordar temas técnicos y legales del trabajo desarrollado por los gestores y gestoras ambientales de manera cotidiana, esto como por ejemplo sucede con la realización de las reuniones de médicos directores. Dichas reuniones solicitamos sean autorizadas mediante directriz Ministerial.

13. Que se convoque a la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales cuando se trabaje en instrumentos o normativa que va a ser aplicable por parte de dichos funcionarios, con la finalidad que exista una retroalimentación con la experiencia del personal existente.

14. Que se priorice la salud pública antes que los intereses políticos, eliminando directrices que contravienen la normativa vigente y minimizan el criterio técnico y profesional, por ejemplo el procedimiento de valoración de clausura de cierto tipo de establecimientos.

15. Que se indique mediante directriz que la Ley N°9028 puede ser aplicada por cualquier funcionario del Ministerio de Salud y que no es responsabilidad exclusiva de los gestores y gestoras ambientales, para lo que deseamos destacar que consideramos importante que las mismas sean priorizadas en asignación al personal de vigilancia de la salud, quienes tienen el conocimiento suficiente con respecto a las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco, los cuales al atender este tipo de denuncias pueden tener mayor injerencia en la concientización acerca de la problemática del consumo de dicha sustancia.

16. Que se efectúe un análisis de labores desempeñadas por los funcionarios de las distintas Áreas Rectoras de Salud, en las que se evidencia la carga de trabajo asignada a los mismos, y la capacidad de resolución del trabajo asignado, sin tomar como criterio definitivo el emitido por los y las directoras de las Áreas rectoras de Salud, sino más bien el trabajo desempeñado según la carga de trabajo asignado y disponibilidad de recursos, y a partir de esto se tomen las decisiones pertinentes. Garantizando que los puestos de trabajo que se asignan hagan un uso efectivo y eficaz de los recursos y se considere la reubicación de personal que no desempeñe de manera adecuada las funciones para las que fue contratado. Mejorando la imagen del Ministerio ante la sociedad costarricense.

17. Revisión y análisis de los distintos puestos de jefaturas (jefaturas y coordinadores), en los cuales se realice una apertura para los profesionales de saneamiento ambiental, puesto que la regulación de la salud está relacionada directamente con las funciones y conocimiento técnico y profesional de dichos funcionarios y que no sólo se limite a los profesionales en medicina.

18. Que se efectúe el análisis y respectivas aclaraciones mediante informe con respecto al reconocimiento de incentivo de zonaje a varios funcionarios y a otros no, en áreas rectoras de salud alejadas del área metropolitana.

19. Que exista un funcionario de las oficinas de asuntos jurídicos de las diversas regiones del país que brinde soporte legal a los gestores y gestoras que se encuentren inmerso en un proceso contencioso administrativo, siendo el asesor legal de dicho funcionario.

Nos oponemos a que oficiales de migración realicen cobros de multas a extranjeros

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPM), se oponen rotundamente a que oficiales de Migración y Extranjería, destacados en diferentes puestos de control migratorio, realicen el cobro de multas a personas extranjeras que salgan del país y hayan permanecido en suelo nacional más del tiempo establecido.

Ante esta situación la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración envió una nota dirigida a la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz Quesada, para que den marcha atrás con dicha directriz que empezaría a regir a partir del 15 de abril del año en curso.

Según Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, existen muchos riesgos para el cobro de las multas pues los y las oficiales se estarían convirtiendo en “cajeros bancarios, siendo esto muy peligroso”, ya que la multa equivale a $100 por cada mes irregular en el país.

“Existen oficinas donde no hay sedes bancarias para realizar los depósitos y no hay cajas de seguridad donde resguardar el dinero recaudado. Se da así un gran riesgo para que dicho dinero se pierda ya sea por asalto u otra forma. El personal no está capacitado para realizar dicho cobro y se le estarían variando las funciones”, explicó el Presidente de la Seccional.

Ordoñez indicó que existen ejemplos de cobros similares asignados a cuerpos policiales en el pasado, los cuales no han dado resultado y se ha prestado para situaciones irregulares.

“Si vemos la historia tenemos que en la Fuerza Pública, se comenzó a “perder” el dinero cuando eran los propios policías los que cobraban las pensiones alimentarias, y por ese motivo es que ahora los interesados deben depositar al banco dicho pago. De la misma manera sucedía cuando se pagaban los derechos de salida con timbres fiscales, éstos eran escaneados y falsificados. Las multas por infracciones a la ley de tránsito se tienen que pagar en los bancos estatales, también”, manifestó Mora.

Otro de los puntos en que enfatiza Mora, es que la normativa actual no indica en ningún apartado que sean los oficiales de la Policía Profesional de Migración los que realicen este tipo de cobro.

“Consideramos que el Gobierno debe buscar un mecanismo seguro donde el oficial no tenga que tocar dinero en efectivo por dicho cobro y así prevenir cualquier situación anómala y/o de infortunio que se pueda presentar; solamente verificar que el pago se haya efectuado en los lugares autorizados”, finalizó el Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.

Exoreros avanzan en negociaciones para indemnización

En el acuerdo firmado en Casa Presidencial, el 19 de agosto del año anterior, se estableció la conformación de una subcomisión, que se encargará de analizar caso por caso la situación actual de los exoreros; para así determinar el tipo de indemnización que pueden recibir.

El acuerdo suscrito en Casa Presidencial, contó con la participación del Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez Marín; así como el Ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez Espeleta, además, de los jerarcas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS.

Saloneros presentaron nueva ley del 10%

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Saloneros, celebran la aprobación del reglamento a La Ley para “Proteger el empleo de los saloneros y meseros” conocida como “la ley de las propinas”, que viene a establecer diversas normas en beneficio de las y los saloneros del país.

Dicho reglamento está a la espera de ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, luego de que el mandatario Luis Guillermo Solís, lo firmara el pasado jueves 19 de marzo. Entre las principales disposiciones aclara la naturaleza no salarial de la propina, a la vez que determina como esa propina debe de ser distribuida equitativamente entre los empleados del establecimiento, en aquellos casos donde el servicio de mesa sea brindado por más de un colaborador (salonero o mesero).

Además, la normativa establece que el monto total de la propina debe ser entregado y puesto a disposición de los saloneros, por lo que el patrono no puede imponer o hacer uso de ese dinero.

Otra de las aclaraciones que registra el nuevo reglamento es que el patrono o dueño del establecimiento no puede realizar ninguna deducción ni carga económica a la propina.

Ricardo Moreno Niño, Presidente de la Seccional ANEP –Saloneros, indicó que están muy satisfechos y celebrando este logro de una lucha que arrancó desde el 2012, y que ahora beneficiará a más de 115 mil personas en todo el territorio nacional que dependen de esta actividad.

“Las cámaras intentaron realmente quitarnos nuestro salario y dejarnos solo el 10% (propinas) como salario, pero en ningún momento eso se establece en ninguna ley. Nos quisieron enredar y abusaron por nuestro desconocimiento a la ley, Junto a la ANEP hemos defendido lo que muchos no se atrevieron, porque los empresarios han utilizado artimañas muy bajas humillando, presionando e intimidando a la gente por la falta de necesidades de trabajo”, manifestó Moreno.

Moreno agregó, que el cambio es radical, ya que ahora la ley con el nuevo reglamento está completamente a favor de los y las saloneros del país. “Aquí no hay vuelta de hoja, La Ley es concisa es únicamente para saloneros y saloneros en la defensa de ese 10% que ahora es intocable. Según nuestros cálculos este genera por mes a nivel nacional entre 8 a 10 millones de dólares y se lo estaban quedando los empresarios de este país, pero ahora va ser distribuido como se debe y equitativamente”.

Dentro de las nuevas disposiciones, también destaca los plazos durante los cuales se deben de cancelar los dineros por concepto de propinas, lo que dependerá de la forma de pago del cliente. Por ejemplo de ser en dinero en efectivo este deberá ser entregado en un plazo de una semana, si el pago es realizado con tarjeta de débito o crédito el plazo para entregar el 10% al salonero será de un mes.

Así mismo, es importante destacar que el nuevo reglamento ordena a los patronos a establecer de común acuerdo con sus empleados (saloneros), un sistema de control de las propinas que se generen a favor de cada trabajador, llamado bitácora Además los saloneros y saloneras, así como las autoridades respectivas podrán solicitar al empleador un informe de dicho control.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados invitamos a todos los y las saloneras de este país a denunciar en nuestras instalaciones si sus patronos no estén cumpliendo con esta nueva normativa, que entró en vigencia desde el pasado 6 de mayo del 2014.