La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Nacional de Auxiliares en Enfermería, presentó la denuncia formal ante la auditoria interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el desperdicio y destrucción de reactivos médicos, que le cuesta a la institución cerca de 1 500 millones de colones.
Al final de esta nota se adjunta la denuncia respectiva
Por todo lo expuesto, la Seccional ANEP-Fuerza Pública solicita ante la fiscalía de Fraudes:
1- Se realice la investigación de esta asociación, sus actividades y los fines que persigue, en aras de determinar la presunta administración engañosa y fraudulenta en detrimento del peculio de varios funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuales representamos sindicalmente.
2- Se establezcan las sanciones que corresponden, de conformidad con lo señalado por el Código Penal para casos como el presente, en caso de comprobarse la comisión de lo señalado.
3- Se investigue, si esta organización cuenta con la participación de algún funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, que le facilite datos de los funcionarios, para posteriormente aplicar los rebajos de salario por afiliaciones no autorizadas.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por una presunta actividad engañosa y de estafa en perjuicio de funcionarios de la Fuerza Pública.
La denuncia se formula, a efectos de que se inicie investigación por aparente estafa, y uso engañoso de siglas por parte de la Asociación Pro-funcionarios Públicos, Pensionados y Privados, siglas (AAEPP).
Según consta en acta constitutiva que se adjuntó a la denuncia, esta Asociación se constituye como: Sindicato PRO-FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PENSIONADOS Y PRIVADOS, el 12 de agosto del año 2004 (oficio DOS: 04 S: 08 819-SI).
“Esta Asociación, presuntamente sindical, viene realizando actividades de otra naturaleza, según se podrá observar en desgloses salariales que nos fueron entregados para las formalidades de esta denuncia, por parte de funcionarios a los cuales se les aplica rebaja de afiliación no autorizada y en otros casos, rebaja de préstamos, bajo la modalidad “afiliación”, actividad propia de una organización financiera”, manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Anchía indicó, que incluso se puede estar ante un uso de documento falso y falsedad ideológica, por parte de dicha asociación presuntamente sindical, ya que muchos efectivos de la Fuerza Pública desconocen de la existencia de dicha organización, sin embargo se les ha aplicado un rebajo en su salario por la supuesta afiliación y otros a la AAEPP.
“Además, información en nuestro poder, y que se adjunta en oficio DOS: 04 S: 08 819-SI. El actual representante legal y secretario General el Lic. Juan José Morales Rivera, cedula 1-655-873, tendría su personería jurídica vencida desde 31 de julio del 2014, es decir totalmente al margen de la ley”, dijo Anchía.
Pretensiones de la Denuncia
Por todo lo expuesto, la Seccional ANEP-Fuerza Pública solicita ante la fiscalía de Fraudes:
1- Se realice la investigación de esta asociación, sus actividades y los fines que persigue, en aras de determinar la presunta administración engañosa y fraudulenta en detrimento del peculio de varios funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuales representamos sindicalmente.
2- Se establezcan las sanciones que corresponden, de conformidad con lo señalado por el Código Penal para casos como el presente, en caso de comprobarse la comisión de lo señalado.
3- Se investigue, si esta organización cuenta con la participación de algún funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, que le facilite datos de los funcionarios, para posteriormente aplicar los rebajos de salario por afiliaciones no autorizadas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), insiste en la urgencia de que el Gobierno de la República convoque a los sindicatos para resolver, de manera definitiva, el monto del reajuste que por costo de vida debe aplicarse a los salarios de todas las personas trabajadoras del sector Público: unas 300 mil, aproximadamente; reajuste valedero para el primer semestre de este año 2015.
La ANEP demanda que el Gobierno convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), apenas terminada la III cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); considerando además que estamos por entrar al segundo mes del año y el reajuste pendiente no llega para esos trabajadores y esas trabajadoras, especialmente los de ingresos bajos y medios, por demás, por demás víctimas económicas del alto endeudamiento.
La ANEP, que en este proceso acompaña a las centrales sindicales, estima que la situación de quienes son policías, misceláneos, vigilantes de escuelas y colegios, secretarias, oficinistas, choferes, cocineros y cocineras, personal asistencial de los CEN-CINA y personal técnico (entre otros de similar naturaleza “no profesional”), deben recibir un reajuste mayor al de la inflación del período semestral anterior (0.94 %); pues ya debe entrar a operar, por primera vez, el “desenganche” que desvinculó los salarios de este tipo de puestos del sistema de Servicio Civil con relación a la ley salarial médica.
La ANEP considera que es hora de que quienes laboran para la Administración Pública en tales labores, inicien un camino de recuperación salarial, toda vez que bien sabemos los reajustes salariales semestrales de esta naturaleza, son únicamente para “compensar” el alza en el costo de la vida según las cifras oficiales de inflación; pero no representan ampliación del poder de compra del salario ni incremento en el poder adquisitivo de las familias respectivas, afectadas seriamente en su nivel de vida.
La ANEP cree, además, que es preciso abrir un diálogo constructivo para el diseño de una nueva fórmula de cálculo del incremento semestral por costo de vida; que es necesario valorar la propiedad con que actualmente se miden las variaciones en el costo de la vida acordes con alto nivel que tiene la sobrevivencia obrera en un país tan caro como Costa Rica; y, además, abrir un proceso integral de reestructuración de las bases salariales de tales puestos, así como lo que corresponde en los salarios mínimos aplicables al sector privado de la economía.
La ANEP señala que en cuanto al sector profesional del Gobierno Central y entes adscritos que se guían por el sistema de Servicio Civil, la preservación de este tipo de puestos en su condición vinculante con la ley salarial médica, podría incrementar el deterioro del poder de compra de sus salarios, lo cual debe llevar a mantener la discusión sobre esta situación; especialmente ahora que ya quedó demostrado que la tesis de ANEP sobre el “desenganche” fue real y verdadera en todo momento.
Finalmente, es bueno señalar que si bien es cierto las bajas en el precio de la gasolina y los combustibles, por la dramática caída internacional del precio del petróleo, representa un “alivio” para la economía (aunque pudiera ser temporal); es notorio que en nada se refleja en el alto costo de los artículos y servicios básicos de consumo vital y básico que necesitan las familias de la clase trabajadora, especialmente las de ingresos medios y bajos.
Quienes ganan con la rebaja en los precios de los combustibles no son, por ende, las mayorías populares. Gana (entre otros pocos), el gran empresariado autobusero pues no se ve venir una rebaja en el pasaje. Esto debería discutirse también.
La cuestión de una nueva política salarial emerge con gran fuerza, tanto en el sector privado como contra el sector público, considerando que la propia Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), refuerza la triste dolorosa realidad nacional de que en el país la pobreza y la desigualdad siguen creciendo.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), brindar explicaciones e información que sea totalmente real y veraz, con relación al grave problema de cientos de personas trabajadoras asalariadas que laboran para La Caja, en condición de interinas y que han sido burladas por la institución.
Lo anterior debido a que se anunció por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, la apertura de los concursos de rigor, para que los trabajadores interinos optaran por una plaza en propiedad. Sin embargo, en las últimas horas se ha decidido cancelar dichos concursos.
“En las últimas horas, la ANEP ha recibido numerosas exhortaciones por diversas vías a fin de que traslademos hasta las autoridades respectivas y la opinión pública, las grandes preocupaciones y molestias sobre el tema, ya que en primera instancia el anuncio oficial primero y luego su cancelación, de la apertura de los concursos de rigor, con lo cual se ha venido incrementando la zozobra del personal afectado”, dijo Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Vargas agregó, que muchas de estas personas en condición de interinos “acumulan varios años en una situación de gran incertidumbre e inseguridad, pese a que en la prolongación del tiempo en tal situación laboral, han demostrado idoneidad en el cargo, han servido con eficiencia y con eficacia y, no menos importante, se han desempeñado con gran honestidad y con gran dedicación a la población usuaria de los servicios que proveen”.
Ante esta situación, en ANEP aflora la imperiosa necesidad de que las máximas autoridades de la CCSS y el despacho de Recursos Humanos de la institución planteen con toda claridad, de una vez por todas, una contundente directriz que no dé lugar a dudas de que ahora sí, la situación “va en serio”.
Ambas organizaciones, integrantes de Patria Justa, solicitan explicaciones a la Regencia de Microbiología y las Comisiones de Laboratorio Clínico de la CCSS, así como a la Junta Directiva y a la regente del Área de Microbiología del almacén donde se guardan los reactivos químicos, brindar explicaciones y acciones sobre lo sucedido.
Tal y como en su momento lo advirtió la ANEP, se confirmó en tribunales estadounidenses fallo contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), elevándose así el costo del proceso judicial por la “terca” apelación institucional, a una suma superior a los 10 millones de dólares, unos 5.500 millones de colones; juicio que ganaron las firmas reaseguradoras HRG y HOWDEN.
Tanto el señor Guillermo Constenla Umaña, expresidente ejecutivo del INS, como los jerarcas y funcionarios involucrados deben responder por este catastrófico fallo en contra de las finanzas de la institución aseguradora y del país
Según el actual y máximo jerarca institucional, el Lic. Sergio Alfaro Salas, la condena y el pago a las reaseguradoras HRG y HOWDEN será de $4.4 millones de dólares y los costos de todo el proceso fueron de alrededor de $ 6 millones de dólares, por lo que todo el costo del mismo supera los $10.4 millones de dólares, es decir, unos ¢5.500 millones de colones.
*Como se había informado en los primeros meses del año 2014*, este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado en ese momento por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla Umaña, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group y contra el corredor de seguros Howden, por una supuesta estafa de 3 millones de dólares, en el cobro de primas por reaseguro de la póliza U500 del ICE.
A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares; más otros gastos de atención del proceso, entre ellos varios viajes a Estados Unidos del Sr. Constenla y el grupo de funcionarios del INS encargados del mismo, rondaron los $ 6 millones de dólares.
Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República (CGR), ordenó sancionar a varios exfuncionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el entonces presidente ejecutivo del INS en este asunto. Pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo “pendiente”.
En ANEP le advertimos en ese momento al Sr. Constenla y a su administración que no debía seguir adelante con este proceso en contra de las reaseguradoras mencionadas; y que, por tanto, no debía apelar el mismo pues los costos en caso de una ratificación de condena se duplicarían, cosa que al final sucedió. Sin embargo, él insistió sin mayor argumentación y dijo públicamente que en ANEP no sabíamos de que hablábamos. Al final tuvimos razón.
En ANEP denunciamos la mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla Umaña y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país, tantos millones de dólares; juicio que entendemos el señor Cónstenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le salió costando mucho más de los 10 millones de dólares.
Por lo anterior, exigimos al actual Presidente Ejecutivo del INS, Lic. Sergio Alfaro Salas, al cual también en su momento le advertimos de los riesgos de este proceso, que actúe en forma inmediata y sin dilaciones políticas contra Guillermo Cónstenla Umaña y contra el grupo de funcionarios involucrados en este asunto, para que los mismos sean responsabilizados por esta terrible pérdida financiera para el INS y para el Estado costarricense.
Asimismo, exigimos a la Contraloría General de la República (CGR), y al propio Ministerio Público actuar de oficio en este asunto; y, ante la posible inacción de la actual administración del INS, también ejercer las medidas correspondientes de cara a evitar otro “sonado caso de impunidad” en el manejo y la administración de fondos públicos.
La intención de los manifestantes era reunirse con la Junta Directiva del Colegio para entablar un diálogo respecto a la decisión del colegio de no extender el permiso de trabajo a auxiliares de enfermería que no cuentan con el grado de licenciatura, situación que no solo afectaría a 700 de estos trabajadores si no que impactaría drásticamente en los servicios de salud de diversos hospitales y clínicas de la Caja Costarricenses del Seguros Social.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Municipalidad de San José, solicitaron, este 07 de enero, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una urgentísima acción de inspección en el servicio de recolección de basura a cargo de la Municipalidad de San José, concretamente en la zona de Lomas, distrito de Pavas.
Dicha solicitud es formulada ante denuncias recibidas por parte de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José de que la empresa privada PASA, a la cual se le ha dado un controversial y cuestionado contrato para recolección de basura, está, en estos momentos, contratando mano de obra informal en condición de desempleo, al margen de toda seguridad social y laboral, a cambio de la cantidad de 10 mil colones diarios.
Esta situación, aparte de lo que podría ser flagrantes violaciones a las leyes laborales y sociales, estaría generando gran molestia en la comunidad, pues por la condición de gran marginalidad y de exclusión social de las personas que se estarían contratando para tal labor, se estaría dando situaciones de alto riesgo para la propia convivencia en estas localidades.
Valga indicar que la ANEP, denunció, en su momento, la muerte de una persona trabajadora contratada en similares condiciones de precariedad laboral; denuncia que está en trámite ante instancias como la Defensoría de los Habitantes de la República y el propio MTSS.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, a la vez, y como una segunda acción de intervención de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, queremos que la misma proceda a convocar, con la debida urgencia, a la alcaldesa de San José, Sandra García Pérez, a fin de que abordemos el siguiente punto:
Calidad actual de la prestación del servicio de recolección de basura que brinda a la comunidad capitalina la Municipalidad de San José, ante la carencia de personal y ante los debidos requerimientos que al respecto, con sustentación técnica, han venido planteando diversas jefaturas involucradas en el tema, las cuales, de manera responsable, han estado insistiendo en el deterioro de dicho servicio, con las consecuencias tan graves como su prestación en condiciones de tanta precariedad, con grave riesgo social y violentándose la legislación laboral del país. A las calificaciones peticiones de suplir personal como se indica, la señora Alcaldesa de San José presta oídos sordos.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
