Violan derecho al voto en la UIP

El día de hoy Sábado 05 de abril, recibimos llamadas de varios funcionarios de la Fuerza Pública, quienes nos informan se les estaría limitando su derecho al sufragio, este domingo 06 de abril.

Mediante circulares oficiales, así como solicitándoles cartas formales de “renuncia” al derecho al voto, se ha intentado coartar un derecho constitucional supuestamente inviolable. Todo patrono, incluído el Estado, debe permitir que, aun en tiempo laboral, sus empleados puedan tomar un tiempo para ejercer su derecho al sufragio.

Intentamos contactar al viceministro de Seguridad Publica, Walter Navarro Romero, pero no logramos localizarlo, se le paso uno de los casos al Comisario Mario Calderón, director del DUE, el cual manifestó ordenaría las correcciones del caso.

En ANEP estamos muy preocupados por esta situación. No es posible, que aun en caso de cumplir una función de importancia, se le suprima o se le intente violentar un derecho sagrado que tenemos todos los y las costarricenses.

Falsa preocupación del Ministro Zamora por los interinos

Con toda vehemencia, indignación y molestia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza lo que catalogamos como una espuria, falsa y manipuladora “preocupación” del ministro Lic. Mario Zamora Cordero, a cargo de la cartera de Gobernación y Policía, por la estabilidad laboral del personal interino de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME); a propósito de la sistemática lucha que la ANEP ha venido librando, desde hace siete años, para que este estratégico cuerpo de policía de la seguridad nacional, tenga su primer manual de puestos de toda la historia de este importante grupo de servidores públicos. ANEP rechaza esta pose del Ministro Zamora por su carácter “demagógico-obrerista”.

El tema de los interinos de la PPME, de la estabilidad en su empleo, ha estado claro desde hace ya bastante tiempo; y no tiene legitimidad alguna la “preocupación” del Ministro Zamora, misma que consideramos falsa y que, en realidad, lo que se pretende es conservar un “orden viejo” en la ahora PPME que, según la propia Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), del Ministerio de Hacienda, está contrario a la ley.

Resulta impresionante constatar cómo es que desde su propio adentro institucional proviene el argumento más sólido para dejar en evidente esta patraña del Ministro Zamora: El honorable señor MBA. Célimo Rodríguez Pagani, Gestor de Recursos Humanos de la propia Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

El Sr. Rodríguez Pagani, en comunicación electrónica intrainstitucional de semanas atrás, indicó que “Con la implementación del Manual de Puestos para dicho cuerpo policial, no cambiaría la condición de cada funcionario, es decir, por aplicar el Manual no se obtiene o pierde la condición de si el servidor está interino o en propiedad, solamente, lo que cambia es la clase de puesto y el correspondiente salario base de la nueva clase a la cual se estaría ubicando el servidor”…; “…el cese de nombramiento interino de un servidor policial, que labore en la DGME, debe hacerse siguiendo el debido proceso, por motivos de causas disciplinarias ante situaciones de haber cometido faltas graves, …”.

¡No, señor Ministro Zamora! Si usted no quiere el manual de puestos de la PPME, si usted no quiere que el personal de la misma mejore su ingreso salarial, si usted lo que quiere es defender al “grupo de los 8”; hágalo de frente; pero no manipule las conciencias obreras de los compañeros y de las compañeras que están en condición de interinato en la PPME y que usted lo que hace, señor Ministro es amenazarles, indirecta y subliminalmente, para que no se sumen a eventuales movimientos de protesta por esta situación; movimientos que se ven venir y que la ANEP alienta y respalda.

Si ahora, luego de que “le torcieran el brazo” a la Licda. Mayra Calvo Cascante, responsable de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), se afirma que son “otros” los requisitos se necesitan para superar la condición de intinerato dentro del eventual nuevo manual; pues, crece la manipulación, la mentira y la violación a la ley pues se estarían inventando requisitos que no existen.

A final de cuentas, el Ministro Zamora quiere condenar, para siempre, a los y a las integrantes de la Policía Profesional de Migración a que nunca tengan un manual; a que no puedan obtener nunca buenas remuneraciones salariales justas y dignas; tan justas y dignas como el “grupo de los 8” que él defiende y que, en promedio, supera, cada uno, los 2 millones de colones de salario mensual.

Solicitamos a la Contraloría investigar presupuesto extraordinario del INAMU

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó el pasado martes 1 de abril, ante la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República investigar el presupuesto extraordinario con que cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el periodo 2014, ya que resaltan ciertas interrogantes de cómo este se está realizando.

Según explicó, Germán Hernández, Promotor Sindical de ANEP, la actual administración del INAMU planteó un proyecto para ejecutar el superávit institucional en el periodo 2014, pero es el acumulado de cuatro años de gestión y asciende a un alrededor de 3.200 millones de colones. “No estamos cuestionando la ejecución de ese superávit, si no la manera en que se está haciendo”.

Hernández indicó, que la ANEP junto a su Seccional ANEP-INAMU solicitaron a la Presidencia Ejecutiva de la Institución una aclaración sobre cómo se pretende ejecutar dicho presupuesto extraordinario, sin embargo aún no han recibido respuesta alguna.

“El 7 de marzo de este año, se le solicitó a la Presidencia Ejecutiva una aclaración sobre cómo con la capacidad instalada que tiene INAMU actualmente iba a ejecutar, a parte de su Plan Anual Operativo, 3.200 millones de colones. No se ha recibido por parte del INAMU ninguna aclaración o justificación de vialidad técnica, legal o administrativa para esos desembolsos. Esto a los funcionarios les preocupa, ya que temen no poder ejecutar adecuadamente ese presupuesto extraordinario y mucho más las consecuencias y sanciones que pueden derivar de la no ejecución o subejecución del mismo”, dijo Hernández.

Por su parte, Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, indicó que recientemente nuestra organización conoció las actas de la Junta Directiva del INAMU, 48 2013 y 1-2014, en las cuales la Presidenta Ejecutiva del INAMU presentó una propuesta inicial del plan de inversión del superávit, en la que se incluye el fortalecimiento de servicios externos.

“No se ha tomado en cuenta en las decisiones a las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, ni a sus coordinadoras y directoras en la definición y negociación de las transferencias o ejecución indirecta; es decir, los asuntos en la definición de la inversión han sido tratados con otras instituciones, organizaciones e instancias directamente por la Presidenta Ejecutiva, sin contar el personal con la información y herramientas necesarias ante una eventual ejecución de los presupuestos, colocando en un alto riesgo la posibilidad de control de los presupuestos públicos en manos de otras instituciones u organizaciones sociales”, dijo Vargas.

El Secretario General de la ANEP agregó “Las propuestas de inversión pública aprobada por la Junta Directiva del INAMU, tal y como se encuentra formulada, comprende, en su mayor parte, el traslado de recursos a otras instancias para que se compren equipo o construyan infraestructura, inversiones que no resultan coherentes con el ámbito de competencia de la institución, tal y como se puede constatar en el plan que se encuentra en el Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República para autorización”.

Una de las mayores preocupaciones de la ANEP es la situación de alto riesgo en la que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, que se verían involucrados en la ejecución presupuestaria y técnica de proyectos de inversión pública, que dejan las autoridades de la Junta Directiva y la Presidenta ejecutiva del INAMU como un mandato institucional. La ley del INAMU no autoriza para otorgar recursos a organizaciones o entidades públicas para hacer efectivas las transferencias de fondos, que a su vez son transferidos al INAMU por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En ese sentido, la denuncia de ANEP cuestiona si es adecuado el procedimiento mediante el cual se están presupuestando esas partidas y, si INAMU tiene la capacidad instalada para gestionarlas a terceros. Creemos que ese superávit debe ejecutarse a nivel institucional y dirigido directamente a la población de mujeres que requieren esa atención, por lo que se debe anular o rehacer de plano esa ejecución de dicho presupuesto extraordinario.

El Centro Murciélago le abrió las puertas a la ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP visitó las instalaciones del Centro de Formación Policial Murciélago, ubicado en la Cruz de Guanacaste, visita que fue muy bien percibida por los efectivos de la fuerza pública que allí se encontraban, realizando cursos de inspectores.

Dicho centro cuenta con una capacidad de albergar a 270 estudiantes. En sus instalaciones se brindan capacitaciones de especialización en lo que es: patrullaje, armas, así como el restablecimiento y mantenimiento del orden público, además, en muchas ocasiones se brinda la preparación de básicos policiales. Incluso cuerpos especializados como la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) se preparan en murciélago.

Tal fue el agrado de los oficiales al tener contacto con la ANEP, que muchos se quedaron en el centro para exponer sus inquietudes e interrogantes sobre el manual de puestos y los cursos de ascenso, esto a pesar de que finalizaban su internamiento y estaban preparando maleta para partir hacia sus hogares.

Dentro de las interrogantes que más resaltaron por parte de los oficiales, fueron sobre su jornada laboral, los diversos horarios que se establecen en la fuerza pública, así como el pago de horas extras, otros de los cuestionamientos planteados fue el de los cursos de ascenso, los cuales fueron paralizados por el Viceministro de Seguridad, Walter Navarro, ya que estos presentaban una serie de irregularidades que dejaban en clara desventaja a una buena cantidad de oficiales de menor rango y beneficiaba a los de mayor rango.

Posterior a la fase de consultas, y al conocer de una forma más clara la lucha de ANEP para que se respeten los derechos de los y las policías de la Fuerza Pública, así como sus beneficios; cerca de 10 efectivos decidieron establecer lazos con la ANEP y se agremiaron a nuestra organización.

Bajo un intenso calor, que rondaba los 33 grados, los policías agradecía nuestra visita a Murciélago, ya que el encuentro según estos, les sirvió para esclarecer muchas dudas que los rodeaban acerca de sus derechos laborales.

Sin embargo, no podíamos marcharnos del Centro de Formación Policial Murciélago, sin antes conversar con su encargada, Ingrid Serrano, que muy amablemente nos recibió y a la vez nos contó lo que significa como mujer estar al mando de uno de los principales centros de formación policial del país.

Con la labor cumplida nos despidos de estos oficiales de policías y de murciélago, trayendo consigo una enorme responsabilidad, defender y hacer respetar los derechos de estos hombres y mujeres que lo dan todo por el país. Reto que ANEP está dispuesta a tomar y cumplir.

Rotas las negociaciones en Migración

Pese a la reiterada y tantas veces mostrada, voluntad de diálogo y de negociación, la legitima representación laboral-sindical de los intereses del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), se vio en la imperiosa necesidad de retirarse, en la tarde del día lunes 31 de marzo de 2014, de la mesa de negociación en la cual se ha venido desarrollando un delicado proceso para que en este cuerpo estratégico de seguridad de la política pública costarricense, se aplique a plenitud la Ley General de Policía, No. 7410; con la puesta en funcionamiento de un nuevo Manual de Puestos y la entrada en vigencia del reglamento correspondiente, así como la nueva estructura de la PPME; y guardando la conexidad correspondiente con la Ley General de Migración y Extranjería, No. 8764.

El retiro de la representación laboral indicada, formada por las seccionales de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME), y en la Dirección General de Migración y Extranjería (ANEP-DGME); se produce al constatarse que, nuevamente, la parte gubernamental deshonra su palabra y se incumple el compromiso adquirido el pasado jueves 27 de marzo, durante la última sesión negociadora de este largo y sinuoso proceso, acontecimiento ocurrido en el despacho del señor Viceministro de Gobernación y Policía, Lic. Freddy Montero; cuando ante la propia representación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), se quedó de que para este lunes 31 de marzo de 2014, la firma del propio ministro del ramo, el Lic. Mario Zamora Cordero, le garantizaría a la STAP y a todo el personal de la PPME, de que se harían las modificaciones exigidas por ley, a fin de que de ahora en adelante y con la entrada en vigencia del nuevo manual de puestos, la PPME se seguiría dirigiendo por policías y la estructura de la misma reflejaría este nuevo orden.

La firma del Ministro Zamora, comprometida (como indicamos), desde el pasado jueves 28 y que se constató que no se materializó, representaba una condición imprescindible para que la STAP continuara la tramitación del nuevo y primer manual en toda la historia de la PPME; colaborando esta entidad, de manera indulgente, para no generar más atrasos de lo que se ha sufrido por culpa de una especie de “boicot” de cierta cúpula institucional que ve cómo se le podría ir de las manos controles tradicionales sobre acciones migratorias bastante controversiales.

Lo que ya se veía venir, ha quedado constatado con plenitud y sin asomo de duda: NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA para implantar el Manual de Puestos de la PPME; y acusamos al Ministro Zamora de impedir esta gran necesidad de la política migratoria nacional de estos tiempos.

Para que se tenga una idea del daño que se está causando, 401 policías migratorios deben ser “sacrificados” en sus aspiraciones de mejoramiento laboral-profesional y salarial, para mantener un “status quo” a favor de 8 personas, mandos administrativos del viejo orden migratorio; mismo que debe ser sustituido porque así lo ordena la Ley General de Migración y Extranjería, No. 8764; la Ley General de Policía, No. 7410; y la propia Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Con la ley en la mano, el personal de la PPME deberá asumir, en próximas horas, el reto más grande de toda la historia desde que existe como servicio público estratégico de la seguridad del país. Alentado por la ANEP, se espera para próximas horas un sorpresivo, intenso e impactante movimiento de presión, mismo que tendrá como epicentro el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La ANEP hace responsable de lo que suceda, de ahora en adelante, al ministro Mario Zamora Cordero.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Gerardo Mora Ordóñez, Presidente ANEP-PPME (teléfono 86 38 83 17)
Cristina Fernández Borge, Presidenta ANEP-DGME
Gelvin Montes Medina, Vicepresidente ANEP-PPME (teléfono 84 31 55 03)
Carlos Estrada Luna, Seccional ANEP-DGME
Celina Vargas Acevedo, Seccional ANEP-PPME
Leidy Arguedas Arias, Seccional ANEP-DGME
Billy Martínez Fernández, Seccional ANEP-PPME
Edwin Hernández Mena, Seccional ANEP-DGME
Dayner Piedra Ureña, Seccional ANEP-PPME
Ruth Boulak Salazar, Delegada Seccional ANEP-PPME
Germán Hernández Mora, ANEP-DGME
Ivannia Espinoza Sandoval, ANEP-PPME

Condenamos las infames declaraciones del Viceministro de Gobernación

Al honorable cuerpo de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME)

A nuestros respetadísimos socios y socias de la ANEP en la PPME

A todo el honorable personal de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)

Saludos respetuosos para todos y para todas. Catalogamos de infames y de manipuladoras, las declaraciones que en la edición de Diario Extra de esta fecha, martes 1 de abril de 2014, da el señor Freddy Montero, Viceministro de Gobernación y Policía, refiriéndose a la circunstancia del rompimiento de las negociaciones que se venían dando con la ANEP, en torno al nuevo Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Tales declaraciones se pueden leer como parte de la nota de prensa titulada “Rotas negociaciones MSP-ANEP”, antecedidas del pretítulo “Sobre nuevo Manual de Puestos”, en la página 6 de prestigioso medio de comunicación Diario Extra.

Don Freddy, por encargo de su jefe máximo, el saliente Ministro Zamora, está protegiendo el “status quo” de 8 jefaturas administrativas, en contra de los intereses de 401 verdaderos policías migratorios.

Es repudiable que se intente manipular a la opinión pública y, particularmente, a los compañeros y a las compañeras de la PPME en condición de interinato; apareciendo ahora los jerarcas de gobierno mencionados, como los grandes “defensores” del personal interino de la PPME. Nada más falso.

En ninguna de todas las reuniones (y fueron muchas, por cierto), de todo el proceso negociador para el nuevo manual de la PPME, estas autoridades se “cortaron las venas” por el personal interino. No, señor Viceministro Montero; no, señor Ministro Zamora: no vengan ahora a “rasgarse las vestiduras”, pretendiendo manipular el miedo a perder el empleo del personal interino, solamente porque ustedes dos quieren mantener el viejo orden migratorio, a contrapelo de la ley que juraron cumplir, constitucionalmente hablando, cuando asumieron sus cargos.

¿Cuál es la naturaleza del poderoso vínculo que les lleva a defender a esas 8 jefaturas administrativas, como para persistir en continuar violando la ley que indica, en esencia, que la policía migratoria costarricense debe ser dirigida por reales policías migratorios?…

Rechazamos, a nombre de la ANEP, las declaraciones del indicado jerarca; declaraciones que, reiteramos, son infames y manipuladores. Le restamos a los indicados jerarcas ministeriales de Gobernación, autoridad moral y ética para venir ahora, al final del proceso negociador que ellos mismos han venido boicoteando y saboteando, a abogar, con “lágrimas de cocodrilo”, por la estabilidad laboral de la policía migratoria en condición de interina.

Haremos en próximas horas una extensión sobre este particular. Por ahora, solamente nos resta hacer un llamado a la movilización en los términos en que lo venimos planteando.

Tras denuncia de ANEP: Rector de la UCR pide explicaciones al CICAP por asesoría a la CNE

Luego de una denuncia elevada desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, ha solicitado al Centro de Investigación en Administración Pública (CICAP) dar explicaciones sobre la asesoría brindada a la CNE, sobre el denominado “Fortalecimiento Institucional”.

Según detalló, Leonardo Méndez, Presidente de la Seccional ANEP-CNE, están tratando primero de decirle a la UCR que desde el 2011 a la fecha el CICAP ha realizado unas consultorías, donde lo que han propuesto “es un mal llamado fortalecimiento institucional”, pero en el fondo es una reestructuración.

“Lo que nos ha preocupado, es que en ese transcurso de tiempo, tan corto, se han pagado 120 mil dólares, además, con un documento elaborado también por la Escuela de Administración Pública de la UCR, dan fe que desde el año 2003 a la fecha han tenido un ligamen directo con la CNE en este tema del supuesto fortalecimiento.

Hacemos estimaciones que si son 120 mil dólares en dos años, imagínese los números exorbitantes que se han pagado. Ahora bien, dónde están los resultados concretos o productos que tienen que dar por esta consultoría”, manifestó Méndez.

Precisamente, ese último punto, sobre los resultados de la consultoría, es el segundo cuestionamiento que formula la Seccional ANEP-CNE, ya que según estos; lo que ha provocado el supuesto “fortalecimiento institucional” es realmente una “restructuración total” en la CNE.

“Se han modificado unidades, se han nombrado jefaturas, se han variado puestos, compañeras y compañeros que no están en sus funciones como corresponde según su profesión o grado técnico. Además, han venido a violentarse derechos adquiridos por los trabajadores con base a supuestos criterios y recomendaciones que emiten esas consultorías”, dijo el Presidente de la Seccional ANEP-CNE.

Debido a estos cuestionamientos, la ANEP y su Seccional en la CNE, le piden al Concejo Universitario y al Rector de la UCR, Henning Jensen, aclarar si avalan y tiene conocimiento de este tipo de consultorías que gastan millones de colones del erario público y que caen en las arcas de la UCR, además si solicitan cuentas a los funcionarios de la Escuela de Administración Pública.

Méndez finalizó indicando, que ya han enviado documentos cuestionando dichas consultorías a instituciones como: la Contraloría General de la República y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), he incluso dijo; que este último ente les indicó que la CNE está fuera de plazo para aplicar dicha consultoría y que no solicitaron una prórroga, por lo que MIDEPLAN le solicita a la CNE brindar los resultados de la misma.

En manos del Ministro el Manual de Puestos

Este jueves en la sede del Viceministerio de Gobernación en Barrio Escalante, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración llegaron a un acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería y, la Autoridad Presupuestaria respecto a una serie de puntos que afectaba la continuidad del manual de puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería, entre estos el Decreto 38173-G.

En dicha reunión se logró establecer tres acuerdos de vital importancia, el primero de ellos es la derogación del Decreto 38173-G, que afectaba considerablemente la marcha del manual de puestos. Ahora ese decreto deberá ser sustituido por el Decreto 31999, el cual contienen una serie de modificaciones solicitadas por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Así las cosas, ahora toda la responsabilidad política y con los trabajadores queda en manos del Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ya que este será el encargado de realizar la firma y el trámite correspondiente a más tardar el próximo lunes 31 de marzo, para que el Decreto 31999 sea enviado a la Autoridad Presupuestaria y sea puesto en ejecución, para así darle marcha al manual de puestos. Con lo que, además el Ministro Zamora evitará una huelga de los trabajadores de la Policía Profesional de Migración.

Dicho movimiento de huelga amenaza no sólo con generar tortuguismo en puestos fronterizos clave, en el norte y sur del país, sino un paro total de labores en el aeropuerto Juan Santamaría, lo que generaría un caos total para la salida y entrada de personas al país.

Según explicó Gerardo Mora, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, el segundo acuerdo tomado este jueves por la Comisión fue, aprobar una propuesta realizada por la Directora de Migración y Extranjería, Katthya Rodríguez, en cuanto a la estructura organizativa de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, ya que también se ajusta a lo solicitado por la Autoridad Presupuestaria. Esto fue presentado formalmente al Viceministro Administrativo de Seguridad Pública el pasado 20 de marzo para su aval.

Mora indico, tras finalizada la reunión, que dichos acuerdos tomados por la Comisión hacen prever un mejor escenario para el manual de puestos de este cuerpo policial, por lo que la firma del Ministro Zamora es más que necesaria, además indicó que con la aprobación de este nuevo decreto La Policía Profesional de Migración quedará al mando de policías y no de funcionarios civiles como actualmente sucede.

El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, también indicó que el Decreto 31999 deberá ser enviado a Leyes y Decretos para su publicación el Diario Oficial La Gaceta.

En la reunión estuvieron presentes varios representantes de nuestra organización, así como representantes de la Dirección General de Migración y Extranjería, entre ellos la directora de dicha institución Katthya Rodríguez; además de delegados del Ministerio de Gobernación y de la Unidad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, esta última encabezada por Mayra Calvo. Entes que conforman la Comisión encargada de analizar el manual de puesto para la Policía Profesional de Migración.

ANEP lo alertó: continúan irregularidades en el INDER

Tal y como lo ha venido denunciado la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el mal manejo de dineros del erario público continúa en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), antes IDA, con la compra de terrenos que no reúnen las condiciones mínimas para la producción agrícola y agropecuaria, así como presuntos pagos indebidos por parte de dicho ente.

En su momento Walter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP y Presidente de la Seccional ANEP-INDER alertó de la compra de dos fincas por parte del INDER, en el sector de Guanacaste, las cuales adolecían de condiciones para el desarrollo de proyectos productivos (agrícola y agropecuario), terrenos que, además fueron adquiridos sin el consentimiento de la Comisión de Compra de Fincas, órgano técnico del INDER. Dicha situación fue denunciada por nuestra organización ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para sentar responsabilidades.

Ahora una serie de reportajes de la Unidad de Investigación de Telenoticias viene a reforzar aún más la tesis sostenida por la ANEP y las grandes irregularidades que se dan el Instituto Nacional de Desarrollo Rural.

Para Walter Quesada, Secretario Adjunto de la ANEP, la compra de estas fincas hacen sospechar que algunas personas se están beneficiando de esas compras, por lo que se presentó la denuncia ante los entes correspondientes para que sean estos los encargados de definir si existe algún ilícito.

Respecto a pagos indebidos que se realizan en la institución, Quesada indicó que el más reciente fue la contratación de un chofer para la Gerente General del INDER. “Dicho chofer recientemente se había pensionado con un salario aproximado de 400 mil colones y fue recontratado ganando 1.100.00 colones, lo que nos parece fuera de toda lógica. Incluso las instancias encargadas de aprobar la contratación se acogieron al artículo 109 Ley de obediencia, porque rechazaron la contratación en dos ocasiones, pero finalmente les vino una orden de la misma Gerencia para aprobar el contrato”.

Quesada indicó, que también han venido investigando el pago de una prohibición a dos directores de la institución que se realiza desde hace muchos años, al cual no tendrían derecho y ya se les habría girado un monto superior a 50 millones de colones.

“Diferentes instancias como: la Contraloría, un asesor de la Presidencia Ejecutiva, así como la Proveeduría de la Ética han indicado que no tienen derecho a esos pagos, incluso el caso ya está en el Ministerio Público para la debida investigación”, indicó Quesada.

El Secretario General Adjunto de la ANEP, finalizó indicando que el INDER es una institución que debido al tipo de población que atiende es muy propensa a desviar sus objetivos y facilitar actos de corrupción. “Se ha venido denunciado este tipo de actos desde los años 90”.

Exoreros bloquearán la carretera Interamericana Sur

Una nueva manifestación que contempla el bloqueo de la carretera Interamericana Sur a la altura del puente sobre el Río Lagarto (entrada a Río Claro) preparan los Exoreros de la Zona Sur con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lo anterior debido a la negativa de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) de aprobar el pago correspondiente a la indemnización de estos trabajadores por el desalojo del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas.

Luego de 28 años de ser desalojados del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas en la Península de Osa, los ex oreros de la Zona Sur continúan luchando para que JUDEUR apruebe dicho pago, y que esto a la vez permita la aprobación del expediente N 18.912 Ley para la calificación de condición y autorización a JUDESUR para pagar a las personas ex oreros desalojados de los Parques Nacionales Corcovado y Piedras Blancas de la Península de Osa no indemnizados.

Navid Sobrado, Presidente de la Seccional ANEP-Exoreros de Golfito, indicó que dicho proyecto, incluso ya está firmado por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla y por el Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, además de que este ya se encuentra con “prácticamente el 100% de avance” en la Asamblea Legislativa.

“El panorama es un poco difícil, pero tampoco agobiante, ahora queda la parte que se ha pegado un poco que es el presupuesto, sobre el cual JUDESUR no ha contestado y tiene tiempo hasta el próximo jueves. Ahora lo que nos queda es bloquear la carretera, por lo que el próximo 13 de abril y amanecer del 14 cerraremos la Interamericana Sur a la altura del Río Lagarto, hasta que lleguemos aún acuerdo; en el cual veamos el presupuesto, ya que venimos varias veces a San José realizamos reuniones y no se llega a nada”, manifestó Sobrado.

Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, indicó que en nuestra organización compartimos la protección del Parque Nacional Corcovado, ya que es un patrimonio de la humanidad, pero aquí hay problema social que debe ser atendido y que ha sido postergado por mucho tiempo.

“La fórmula que encontramos es ese proyecto de ley, esperamos que esta manifestación pues sirva para agilizar el proceso que se les ha prometido reiteradamente a los exoreros, pero cuya concreción se ha retasado demasiado. Trabajamos bastante en el manejo del asunto, lo posicionamos a nivel de Gobierno de la República, se consiguió un acuerdo, se convirtió en un proyecto de ley; pero ahora parce que el ente encargado de financiar esto no quiere hacerlo, argumenta diversas razones que no son convincentes”, manifestó Vargas.

Vargas agregó. “Ellos (exoreros) deben de hacer bien visible la gran paciencia que han tenido en esperar y esperar la mencionada indemnización. El movimiento que están realizando con el total respaldo de la ANEP puede ayudar, ya que en la zona no hay fuentes de empleo, ni una mano social de la política pública; lo que podría provocar un desplazamiento masivo hacia el Parque Corcovado”.

Esta situación de poco oferta laboral en la Zona Sur ha obligado a los exoreros a buscar diversas formas de conseguir el sustento diario para sus familias, al punto que viajan al Depósito Libre de Golfito a ofrecer sus cédulas por seis mil u ocho mil colones, para que los visitantes puedan adquirir una tarjeta de compra del depósito, otros deben de esperar días para ser llamados de un empleo, el cual sin embargo es de forma temporal.

Actualmente cerca de 400 ex oreros aún no han sido indemnizados por el desalojo del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas, por increíble que parezca eso sucedió hace 28 años.