Categoría: Acción Sindical

Tal y como lo ha venido denunciando la ANEP, junto con sus secciónales de Trabajadores de la Junta de Protección Social y de Vendedores de Lotería, sobre los riesgos de haber privatizado y trasladado la venta de lotería electrónica a la transnacional de juegos de azar GTECH AND BOLD GAMMING; el Instituto Costarricense sobre Drogas )ICD), por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advierte sobre el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dólares), que conlleva la forma irregular en que la empresa GTECH opera con la venta de las loterías electrónicas de la JPS.

En su oficio O-UIF-037, del 12 de febrero de 2014, dirigido al Gerente General de la JPS, Lic. Milton Vargas y a la Junta Directiva de esa institución, la UIF, del ICD, indica lo siguiente:

• Que la actividad de loterías desarrolladas por la Junta de Protección Social, ha evidenciado el pago de sumas considerables en forma reiterada a un mismo apostador

• Que la perdida que representa para este apostador no supera el 50% de los recursos jugados o invertidos lo cual podría resultar atractivo para legitimadores de capitales bajo esquema de pagos de premios.

• Que uno de los aspectos fundamentales para lavar dinero es garantizar el anonimato de beneficiario final y distanciar los flujos de utilidades del delito precedente, siendo que actualmente se obvia la recaudación de datos importantes como la identificación del apostado.

• Que no existen controles que validen en forma efectiva los datos de identificación contra un documento válido conforme a los estándares de identificación establecidos en el país.

• Que por las funciones propias de la Junta de Protección Social, le corresponde, como regulador natural, aplicar los controles necesarios que reduzcan al mínimo los riesgos de lavado de dinero bajo los esquemas de los juegos que ofrece.

Indica además la UIF del ICD que desde el mes de febrero de 2013 viene trabajando con las autoridades de la JPS, una labor consultiva y no vinculante, referente a la prevención del lavado de dinero, pero que el proceso ha sido lento, es decir, la implementación de las recomendaciones; entonces se optó por la vía de emitir dichas recomendaciones, según lo que establece el artículo 126 de la Ley 8204, que dice lo siguiente:

“Artículo 126.—El acatamiento de las recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendrá prioridad en el sector público y, especialmente, en las entidades financieras o comerciales, a efecto de cumplir las políticas trazadas para combatir la legitimación de capitales y, con ello, incrementar la eficacia de las acciones estatales y privadas en esta materia.”

Pero también insiste la UIF del ICD en que la JPS tiene que realizar una serie de acciones que a pesar de que se han comentado bastante al parecer no se han cumplido como lo es Emitir y aprobar políticas y normativas preventivas del lavado de dinero.

Pero a esto se une lo externado por la misma procuraduría General de la República en su oficio OJ-001-2014 fechado 07 de enero de 2014, dirigido a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público (Comisión que investiga las actividades de la JPS y la lotería electrónica a cargo de la transnacional GTECH), y que en sus conclusiones, puntualmente en su puntos 4 y 6, indica lo siguiente:

“4- El dictamen C.060-2013 señala que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas dictar la normativa sobre registro y reporte de transacciones de los sujetos obligados conforme el artículo 15 bis de la Ley 8204. Reconocimiento que parte, precisamente, de que en el tanto en que la Junta de Protección Social organice, administre y lleve a cabo, directa o indirectamente, apuestas u otros juegos de azar distintos de la lotería quedará comprendida por lo dispuesto en dicha ley.

6- Por ello, si la UIF y el Instituto Costarricense sobre Drogas determinan que existe un riesgo de que la lotería sea utilizada para legitimar capitales o financiar el terrorismo puede incluirla entre las actividades que se sujetan a las disposiciones de la Ley y, por ende, respecto de las cuales regirán las distintas obligaciones que establecen la ley sobre Estupefacientes y su Reglamento.”(el resaltado no es del original)

Es por todo lo anterior, que la ANEP, y sus seccionales en la JPS, exigimos a la Junta Directiva y jerarcas de la Junta de Protección Social, prescindir y anular el contrato para la venta de sus loterías electrónicas que tiene con la transnacional GTECH AND BOLD GAMMING, pues ésta no cumple con lo exigido por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD; exigencias que con el equipo actual de venta de lotería electrónica que ha instalado dicha transnacional, resultan prácticamente imposibles de cumplir.

Para poner un ejemplo de lo grave de esta situación, en una reunión sostenida días atrás con el señor Gerente de la JPS, Lic. Milton Vargas y varios subgerentes de la institución, el mismo nos comentaba que tuvieron que intervenir un puesto de los administrados por GTECH, debido a que un comprador de lotería electrónica había llegado a comprar con tres millones de colones y le apostó a cada número (del 00 hasta el 99), treinta mil colones. Eso lo hizo en la mañana y en la tarde pasó a retirar la suma de dos millones cien mil colones (ya que la apuesta paga 70 veces lo invertido); es decir, aunque aparentemente perdió, en realidad lo que ocurrió es que se lavaron 2.100.000,00 colones.

Asimismo, solicitamos se intervenga por parte de las autoridades competentes la Junta de Protección Social (JPS), y se obligue a sus jerarcas al cumplimiento inmediato de las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Por último nos preguntamos: ¿Qué intereses hay detrás de defender a la transnacional de juegos de azar GTECH AND BOLD GAMMING?, y ¿quiénes en la junta la están defendiendo?…

El medio digital “navegalo.com”, publicó en su página web que el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue condenado por el jurado del Tribunal de la Florida, en el condado de Dade Miami, al pago de 9 millones de dólares a Hemispheric Reinsurance Group, es decir, aproximadamente unos 5 mil millones de colones por el manejo de la póliza U-500 del ICE.

Indica el medio digital que este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group por una supuesta estafa de 3 millones de dólares.

A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, indica la noticia, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares. Además, sigue diciendo la nota, el jurado condenó al INS a pagar 3 millones de dólares más por otros asuntos del litigio y un pago más, de 781 mil dólares, a la empresa Hemispheric Reinsurance Group.

Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República ordenó sancionar a varios ex funcionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el Presidente del INS en este asunto, pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo pendiente.

Para terminar, indica la nota de “navegalo.com”, que consultado sobre este grave asunto, Constenla indicó que no se referiría la mismo por encontrarse el fallo del Tribunal de Florida en un proceso de apelación por parte del INS.

En ANEP lamentamos muchísimo que, al parecer, una mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país tantos millones de dólares; juicio que, entendemos, el señor Constenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le puede salir costando todavía mucho más de los 9 millones de dólares que serían cobrados solo en la primera fase del proceso.

Por lo anterior, exigimos al Presidente Ejecutivo del INS, Guillermo Cónstenla Umaña que aclare urgentemente al país, el ¿por qué? de estas malas decisiones; y que, además, valore inmediatamente su dimisión como Presidente Ejecutivo de tan importante institución aseguradora del país.

El caso de los 108 estudiantes que fueron admitidos en la Universidad Nacional (UNA) de forma anómala, y a los cuales no se les anuló su matrícula debido a que caducó el plazo para hacerlo, retumba en la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

Carlos Cruz, director de la seccional de ANEP en la UNA, exige que la universidad revele los nombres de esos estudiantes.

“Lo que van a hacer es todo lo posible porque no salgan los nombres de los estudiantes que fueron admitidos irregularmente, pues cualquier periodista o investigador acucioso vería, y diría pero este es hijo del decano tal, del miembro universitario tal. Lo que pasó en la Universidad es que se abrió un portillo, la gente encontró que el muchacho y la muchacha que no ganó el examen de admisión lo metían por ahí”, sostuvo Cruz.

Francisco González, vicerrector Académico de la UNA, alegó que fue un error de interpretación el que llevó a admitirlos en condiciones irregulares.

“Se trató de alumnos que se sometieron de buena fe a los procedimientos que las instancias universitarias aplicaban, y que por error de interpretación de las distintas autoridades de las unidades académicas en los procedimientos administrativos y normativas aplicables, se tenían como válidos (no existiendo dolo alguno en estas actuaciones). En todos los casos determinados se detectó que ocurrieron con anterioridad al año 2009, y en muchos de ellos ya los jóvenes habían concluido sus estudios en apego a lo contemplado en los diferentes planes de estudio. Por lo que en aplicación de los tiempos de caducidad, según la normativa nacional vigente, no se podían iniciar procesos de nulidad contra los estudiantes, tomando en consideración además los daños colaterales que se les podía causar a los mismos.

DIARIO EXTRA solicitó la lista de los estudiantes a la UNA, pero la entidad no las envió pese a la petición.

IRREGULARIDADES

Las anomalías en las matrículas quedaron comprobadas desde el 2009, cuando en un informe de la Controlaría Universitaria se verificó la denuncia de la jefa de admisión Sonia Salazar, quien señala que se estaba utilizando la figura de estudiante extraordinario para saltarse los requisitos.

Cuatro años después, el Consejo Universitario resolvió que las matrículas no podían anularse porque había caducado el periodo para ello, y también resolvió que ningún funcionario de la entidad, incluida la actual rectora Sandra León, tenía responsabilidad de los hechos.

“Siguiendo el debido proceso fueron los diferentes superiores jerárquicos los cuales realizaron las investigaciones, y tomaron las correspondientes resoluciones, mismas que constan en cada expediente, incluyendo la de la señora Rectora, en donde se nombró un órgano director competente”, alegó González.

Para Cruz es inaceptable que “a la Controlaría Universitaria le tomó nada más dos meses para hacer una investigación y decir que todas las irregularidades que denunció la jefe de admisión son ciertas”, mientras al Consejo Universitario cuatro años, en donde todos los casos prescribieron. Además asegura que todos los funcionarios quedaron libres porque están involucrados en la misma investigación.

Para el representante de la ANEP aparte de las anomalías, es inaceptable que a la jefa de Admisión que denunció los hechos la Universidad la someta a un proceso de acoso laboral, que ya fue dictaminado así por un juez. Sobre la condena por acoso la UNA confirmó que ya apeló el fallo, y por el momento no se va a referir al estar en los tribunales.

El pasado viernes representantes de la Seccional ANEP-SINART, junto a nuestro Secretario General, Albino Vargas, se reunieron con el Presidente Ejecutivo del Sistema Nacional de radio y Televisión (SINART), Rodrigo Arias para tratar diversos temas; entre ellos el tema salarial y diferencias de interpretación de la convención colectiva, que rige en la institución desde agosto del 2013.

Alejandra Marín, Presidenta de la Seccional ANEP-SINART, indicó que respecto a la convención colectiva aún existen muchos puntos en el aire, los cuales deben de aclararse. “Existen cosas que se van aplicando, se van resolviendo, pero otras no”.

“Con la convención colectiva aún existen muchas dudas, además de cosas en las que no nos ponemos de acuerdo; estamos en ese aprendizaje, vamos avanzando “, dijo Marín.

Otro de los temas tratados en la reunión del viernes anterior, en la sala de sesiones del SINART, fue sobre el percentil 25, el cual consiste en un aumento salarial para los trabajadores que son remunerados mediante el salario compuesto.

“En el año 2013, habíamos firmado La Ley del SINART, donde se decía que los salarios iban a aumentar, ahí se habló del percentil 25, sin embargo hasta que no se definiera una escala salarial ese percentil 25 no se podía aplicar. Pero resulta que desde el 2011 se firmó lo del estudio salarial y todavía la mayoría de trabajadores que están en el salario compuesto aún no se le aplica ese aumento, mientras que a los trabajadores que tiene salario único sí”, dijo Marín.

En este último tema, y debido a que en apariencia el SINART no cuenta con la capacidad económica para cubrir el percentil 25, según indicó su Presidente Ejecutivo, Rodrigo Arias se podría negociar un nuevo percentil.

“Debido a esa situación, vamos a reunirnos en abril para tratar de llegar a establecer un nuevo percentil, para que el salario de los trabajadores que no están gozando de ese beneficio aumente”, dijo la Presidenta de la Seccional ANEP-SINART.

Actualmente la Seccional ANEP-SINART está compuesta por unos 100 agremiados, lo que representa casi el 50% de trabajadores que laboran en el Sistema Nacional de Radio y Televisión