Entrevista con Xinia Flores, trabajadora del Area de Salud de Aguirre.
En los documentos adjuntos puede encontrar el acta de levantamiento del movimiento de huelga.
Categoría: Acción Sindical
8 de mayo gran concentración de motociclistas
EL MARTES 8 DE MAYO ESTAREMOS FRENTE A LA ASAMBLEA A LAS 2PM
DENUNCIAMOS:
Que en el proyecto de Ley de Tránsito que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 18.032, se está variando profunda e ilegalmente el capítulo del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), cargando la prima de este seguro social con un porcentaje de hasta un 6% de utilidad, y además se está transformando este seguro social en un seguro comercial dándole la posibilidad de seleccionar riesgo dependiendo de la interpretación de la legislación nacional que determine cada compañía aseguradora.
Lo anterior se desprende de lo que establece el artículo No. 58 de dicho proyecto de ley que estipula lo siguiente:
“+ARTICULO 58.- Seguro obligatorio de vehículos+
Todo vehículo automotor deberá estar asegurado de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y su reglamento así como por lo que dispone la Ley N ° 8653 de 7 de agosto de 2008 y sus reformas, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, y demás sobre la materia.
Las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro obligatorio no podrán negarse a emitir el seguro, por la cobertura obligatoria establecida en esta ley, siempre que el vehículo cumpla con los requisitos exigidos por la legislación para circular en el país.
El reglamento definirá las pautas para la emisión de la póliza.
Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al seis por ciento (6%). La nota técnica que sustenta la tarifa deberá cumplir con las formalidades requeridas en la normativa que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero……”(el subrayado no es del original)
Lo propuesto pretende eliminar la Universalidad y la Solidaridad en este seguro, porque autoriza la creación de un margen de utilidad de hasta un 6% y a la vez implementa la selección de riesgo, al permitir que a un seguro netamente social se le dé carácter de seguro comercial, es decir, las empresas aseguradoras seleccionaran los mejores riesgos. Además, deja a la potestad reglamentaria aspectos sustantivos del SOA, que deberían fijarse por ley, sobre todo lo que tiene que ver con los parámetros de cobertura, costo, responsabilidad solidaria, servicio al costo, etc.
Millonaria remodelación en la presidencia del Banco Popular
San José, 10 de abril de 2012.
S.G. 11-13-0257-12
Licenciado
Gerardo Porras Sanabria
Gerente General
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)
Estimado señor:
Saludos respetuosos de nuestra parte. Acudimos ante su despacho solicitándole nos haga el gran favor de suministrarnos toda la información acerca de los gastos efectuados en la remodelación de las oficinas de la Presidencia del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; copias de facturas, firmas proveedoras, detalle del proceso que fundamentó todos estos servicios de remodelación y cualquiera otros detalles que nos permitan tener un panorama claro de lo invertido en esta situación.
Como usted comprenderá dado que toda nuestra membresía es socia del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, consideramos importante tener acceso a toda esta información.
Quedamos a la espera de la información solicitada.
Reiterándole nuestro respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Paro de Labores en la Municipalidad de Liberia
El personal de esta institución ha desplegado una inusitada paciencia, misma que parece que ya llegó al límite, ante una constante burla de las autoridades municipales liberianas responsables de tal situacion de injusticia salarial.
El paro laboral indicado, luego de muchísimos meses de gestiones frustradas basadas en el diálogo, daría pie a medidas de presión de mayor calibre si fuese del caso; situación que de darse alteraría en demasía la convivencia social en tan importante cantón guanacasteco; convivencia que de por sí presenta muchas alteraciones a raíz de una circunstancia de exclusión social y de crecimiento de la pobreza que se manifiesta en esta región del país.
La ANEP está respaldando, en toda su dimensión, este movimiento y hace un vehemente llamado tanto a la Alcadía Municipal como al mismo Concejo de Liberia para que de una vez por todas, cese la burla al personal de la Municipalidad de Liberia.
Para mayor información, se puede llamar al compañero trabajador don Fernando Mujica Solís, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia, al teléfono 26 65 21 67.
Seguro Solidario en la picota
El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) es un seguro de carácter social, por ser un seguro universal, forzoso y solidario. Por esto es un tipo de seguro que no puede generar ningún tipo de utilidad o ganancia y sus tarifas deben calcularse al costo y sin ningún tipo de utilidad.
Pero esto está a punto de cambiar si se aprueba la nueva ley de tránsito, proyecto número 18.032, ya que ahí se está variando profunda e ilegalmente el capítulo que regula el SOA, cargando la prima de este seguro con un porcentaje de hasta un 6% de utilidad, transformando este seguro de ser de carácter social a comercial. Todo esto en el artículo 58 de dicha ley, que dice:
“Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al 6%…“
Además, el Comité Cívico Nacional de Motociclistas asegura que tampoco es cierto que dicho cambio en el SOA se esté dando por presión debido a la apertura del mercado de seguros incluida en el TLC con Estados Unidos, ya que el mismo TLC en su anexo 12.9.2 dice que “Costa Rica no está obligado a modificar su regulación del seguro obligatorio de vehículos y de seguros contra riesgos de trabajo“.
Por todo esto el Comité Cívico Nacional de Motociclistas y la ANEP están convocando a todos los motociclistas que dieron la lucha contra el aumento del marchamo en meses pasados para reunirse en los próximos días y planificar acciones de calle frente a la Asamblea Legislativa para presionar y que se de un cambio de redacción en el proyecto de ley para que no se transforme el SOA en un seguro comercial.
Solidaridad con personal perseguido en Hacienda
Al honorable personal del Ministerio de Hacienda:
A la opinión pública nacional:
A la ciudadanía indignada por tanta corrupción y tanto deterioro ético de la institucionalidad gobernante:
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de manera contundente y vehemente, expresa un público repudio por la acción vengativa, intimitadoria y, prácticamente, de un carácter totalitario, que se ha decidido emprender contra el grupo de servidores públicos de la Dirección General de Tributación, doce personas trabajadoras asalariadas de alta excelencia profesional (en principio pero podrían ser más, según se ha indicado); a las cuales se les está denunciando en sede administrativa y en sede penal, por haber revelado, supuestamente, las “intimidades“ tributarias del hoy Exministro de Hacienda, don Fernando Ferraro Acosta; y de don Francisco Villalobos Brenes, quien fungía como Director General de Tributación hasta que quedó en evidencia su morosidad tributaria. Al respecto, consideramos que:
Primero: Dados los escandalosos niveles de robo de impuestos en Costa Rica: la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas (en ropaje legal ó sin él), en ANEP conceptuamos que ello constituye un verdadero crimen social, un atentado contra la institucionalidad democrática y una agresión a la promoción del bien común y del bienestar del mayor número. Cada cólon que se deje de tributar por tal situación, resta efectividad a políticas públicas de diverso orden, como las de carácter social, afectando a los que menos tienen que es la mayoría de la población.
Segundo: ANEP ha estado insistiendo, desde que emergió el indicado escándalo tributario que obligó a renunciar a los dos mencionados jerarcas, de que la clase trabajadora no es la que roba impuestos. Ni la asalariada con empleo formal y salario fijo; ni la que labora en el mercado informal de la economía; ni la que está afectada por el desempleo. Quedó demostrado que el robo de impuestos ocurre en los niveles del gran empresariado (incluso algunos de carácter mediano), y en el seno de la clase política tradicional. Por ejemplo, la clase trabajadora paga el impuestos de ventas al momento de la compra y el de renta salarial, en los casos que corresponda, la rebaja de planilla es contundente.
Tercero: Si algún funcionario de la Dirección General de Tributación reveló información por la indicada vía y, supuestamente, contra la legalidad; merece ser felicitado por el pueblo. Lo que habría hecho no es más que dejar en evidencia el anacronismo de unas normas legales que favorecen la comisión de delitos tributarios, la comisión de esta especie de crimen social que es el robo de impuestos. Tal denuncia dejó en evidencia una contradicción entre el supuesto secreto tributario como norma legal y la obligatoriedad del funcionario público de denunciar corrupción según la norma legal reciente que habla del enriquecimiento ilícito. La primera es para beneficio particular; la segunda es en función del bien común. Por tanto, no deben tales servidores ser víctimas de procesos administrativos, legales; no deben ser perseguidos ni ser sujetos de venganza política sistemática.
Cuarto: La ANEP se ofrece para brindar todo el respaldo necesario a las personas víctimas de tal situación pues consideramos que actuaron en correspondencia con la amplia indignación ciudadana por el deterioro de la conducta ético-moral de nuestra clase gobernante tradicional tradicional que con episodios como los acontecidos provocan una sensación desmoralizante profunda y una afectación en la misma institucionalidad democrática que sale muy lesionada de toda esta situación.
Quinto: Hacemos un llamado a todas las juntas directivas seccionales de la ANEP, así como a todas nuestras organizaciones amigas y aliadas a pronunciarse en tal dirección; a solidarizarse con la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda; a expresar su repudio y condena contra esta persecución política y a fortalecer al honesto personal del Ministerio de Hacienda que sabe muchas más cosas que si la ciudadanía se diera cuenta, aquí habría acontecimientos insólitos en materia de rebelión ciudadana.
Acuerdo sindical en el Archivo Nacional
La representación sindical de la ANEP en el Archivo Nacional tiene la vía libre para realizar su trabajo reivindicativo gremial.
El pasado 29 de marzo la representación laboral, junto a una delegación de la ANEP, firmó un acuerdo con las autoridades del Archivo Nacional para velar por las libertades sindicales en dicha institución. Todo esto en presencia, como mediadora, de la licenciada Emiliceth Ramírez Chinchilla, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Junta Directiva de la ANEP en el Archivo Nacional se podrá reunir dos veces al mes, se respetará el Convenio 135 de la OIT para licencias sindicales, siempre actuando de buena fe por las dos partes. Además, de un acuerdo para no presentar una querella por parte de los trabajadores contra una supuesta práctica laboral desleal que se prefirió, gracias a este acuerdo, no llegar a constatar.
Felicitamos a los compañeros y compañeras del Archivo Nacional y esperamos su trabajo constante e integrador en los diversos espacios de construcción colectiva de nuestra política sindical.
En los documentos adjuntos se encuentra el acuerdo firmado.
Conmoción ética en el Gobierno con la salida de Herrero
Las nuevas revelaciones periodísticas aparecidas en esta fecha, martes 3 de abril de 2012, acerca de que el ya Exministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta pudiera haber sido un evasor del impuesto sobre la renta a través de una empresa que ha estado ligado a él y a su señora esposa, la señora Flor Isabel Rodríguez, también alta funcionaria política de la Casa Presidencial como asesora en comunicación de la propia Presidenta Chinchilla; constituye una verdadera Conmoción Ética, así con mayúsculas, no solamente al interior del mismo Gobierno de la República, sino que impregna y golpea la legitimidad, en términos generales, del sistema político tradicional.
Esta nueva situación de una práctica evasión del impuesto sobre la renta de quien habíase convertido en la principal figura política gubernamental de nuevos tributos, aunada a la anterior donde no solamente el señor Herrero sino otros ministros de Estado habían estado subdeclarando sus propiedades para no pagar lo justo en materia de impuestos a los bienes inmuebles; pulveriza la credibilidad del Gobierno para seguir abogando a fin de que en el parlamento le aprueben su plan fiscal.
Es más, esta Conmoción Ética deja una gran deuda moral de parte de la señora Presidenta Chinchilla con el pueblo trabajador, con la clase trabajadora asalariada y con la que se desenvuelve en el sector informal, toda la cual tiene sobre sus espaldas el mayor peso de la carga tributaria existente en el país; deuda moral que debe ser saldada renunciando a la aprobación del plan fiscal, sacándolo de la corriente legislativa y en vez de ello, instalar una gran comisión nacional político-multisectorial para entrarle de lleno a las cuestiones de la evasión y de la elusión tributarias, de los sistemas de exenciones y de exoneraciones abusivos; todo lo cual, globalmente hablando, nos indican de que casi una cifra cercana al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), es potencialmente fuente de nuevos ingresos para el fisco sin necesidad de más paquetes de impuestos.
Estos impactantes, indignantes y desmoralizantes episodios de evasión fiscal y tributaria, con ropaje legal ó sin él, especialmente protagonizados en las más altas esferas del poder político y económico, nos llevan al convencimiento de que es urgente una amplia movilización de sectores sindicales, sociales y populares a favor de una Transformación Tributaria Estructural y, específicamente, contra el Plan Fiscal.
Además, queda a las claras que el inmoral sistema de las consultorías de carácter político con erogaciones enormes a favor de personas y empresas ligadas a las esferas del poder hegemónico dominante, son pagadas con dineros del pueblo trabajador, golpeando todavía más la confianza de la gente sus gobernantes.
San José, martes 3 de abril de 2012.
La renuncia de Fernando Herrero Acosta
Completamente lógica. La renuncia del hasta hoy Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta, era esperada por, prácticamente, toda la ciudadanía indignada al saberse que por más de una década sus propias responsabilidades en el campo tributario, fueron evadidas; específicamente en el caso del impuesto a los bienes inmuebles.
Su continuidad en el cargo, pese al clamor popular en su contra, profundizaría las dificultades del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda para seguir sosteniendo la necesidad del paquete fiscal que actualmente está en trámite parlamentario y en consulta constitucional. Es más, se puede afirmar que la prédica oficialista por más impuestos perdió enorme credibilidad, prácticamente irrecuperable pese a la salida del indicado ministro de Estado.
Otros colegas de gabinete de la Presidenta Chinchilla, en idéntica situación a la del señor Herrero deben proceder, de inmediato, a valorar sus propias permanencias en el seno de su gobierno, toda vez que la defensa del paquete de impuestos indicado, ha sido una tesis compartida como Poder Ejecutivo.
Valga la oportunidad para indicar que la solución al problema de las finanzas públicas y el supuesto déficit fiscal, pasa por una radical transformación de la política pública en materia de control de la evasión y la morosidad tributarias. Para ello hemos dado una gran cantidad de propuestas que hacen innecesario una nuevo paquete de impuestos; por demás, para ser cargado sobre las espaldas de los que menos tienen.
Aprobada ley para saldar deuda salarial con la Policía Penitenciaria
A las compañeras y a los compañeras integrantes de la POLICÍA PENITENCIARIA de Costa Rica, Dirección General de Adaptación Social-Ministerio de Justicia y Paz:
Respetuosos saludos. La ANEP y la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, con gran júbilo, enorme emoción y alegría, informamos de que ayer, martes 27 de abril de 2012, cerca de las 6 de la tarde, el plenario de la Asamblea Legislativa votó, en segundo debate, el proyecto, expediente legislativo No. 18.242, “Ley para el reconocimiento de derechos salariales de los agentes de la Policía Penitenciaria de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz“; recibiendo el mismo el voto favorable de los y de las 47 personas legisladoras presentes al momento de la votación, de todas las fracciones parlamentarias; es decir, se votó unánimemente, tal y como ocurrió la semana pasada en primer debate.
Culminó así un extraordinario esfuerzo de gestión política, de incidencia, de promoción del contenido de justicia de esta ley, realizado desde la Secretaría General de la ANEP y desde la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria. Fueron muchos meses, semanas y días de una labor persistente, sistemática, respetuosa y convincente hasta lograr, como pocas veces se da en la Asamblea Legislativa con relación a un proyecto de ley, una unanimidad inter-fracciones de manera positiva hacia una legislación en particular.
Como hemos indicado, este proyecto de ley se hacía necesario para que el Gobierno-Ministerio de Justicia y Paz honrara una deuda salarial contraída con poco más de 3 mil compañeros y compañeras de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, equivalente a los primeros nueves meses del año 2009, a raíz de una Revaloración Salarial Extraordinaria que la ANEP había planteado y que generó modificaciones en el Manual de Puestos de este cuerpo policial; pero surgiendo el escollo legal, según determinación de la Procuraduría General de la República, de que se necesitaba una ley específica que autorizara el pago de esa deuda salarial.
Como se recordará, cientos y cientos de integrantes de la Policía Penitenciaria pelearon en la calle esta lucha, hasta bloqueando la autopista a Caldera, allá por los primeros meses del año pasado 2011, logrando un acuerdo con el Gobierno de la Presidenta Chinchilla que se firmó en la Casa Presidencial a mediados del año pasado.
Desde tal momento, como indicamos, iniciamos una “labor de hormiga“ por los pasillos del parlamento costarricense, manteniendo, a la vez, contacto directo con las autoridades involucradas de la Casa Presidencial para el pleno respeto del acuerdo firmado en tal sentido de promoción de tal legislación. Aquí reconocemos sin ambages, que el Gobierno de la República cumplió con su parte, honrando lo firmado.
En próxima fecha haremos explícito agradecimiento a importantes figuras legislativas que tuvieron un papel relevante y colaborar en este duro proceso de convencimiento a los señores diputados y a las señoras diputadas de que se debía aprobar esta ley. También hubo personas asesoras parlamentarias que siempre nos dieron su acertado consejo en torno a la complejidad reglamentaria que tiene que observar cualquier proyecto de ley.
Estamos tan conmovidos que no estamos diciendo en este primer comunicado todo lo que quisiéramos decir. Pero por ahora, infinitas gracias para todos aquellos compañeros y para todas aquellas compañeras de la Policía Penitenciaria que nunca dudaron de que saldríamos adelante en esta lucha; que siempre confiaron en la ANEP pese a voces de odio enceguecidas por su sectarismo y extremismo, que intentaron desprestigiar a la organización por la forma en que se condujo esta lucha; a esos compañeros y a esas compañeras fieles anepistas de la Policía Penitenciaria que son testigos de primera línea de la larga lucha de la ANEP a favor de los derechos de este importante pero invisibilizado personal de servicio público. En verdad, gracias por confiar en ANEP pese a toda adversidad.
Ahora biene la publicación en el diario oficial “La Gaceta“ y luego los trámites administrativos intrainstitucionales para que la plata llegue al bolsillo de quienes tienen derecho a recibirla.
Con emoción y con respeto,
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, Presidente y Vicepresidente, respectivamente hablando de la
Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
