Municipalidades en las calles este 12 de febrero

Este martes 12 de febrero de 2013, a partir de las 9 de la mañana, diversos grupos de trabajadores municipales se manifestarán, pacíficamente, en las afueras de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La idea es dejar un mensaje dirigido hacia los honorables jueces del máximo tribunal de la República, en el sentido de que no lleva razón la acción de inconstitucionalidad que presentó a finales del año pasado, de manera totalmente sorpresiva, la señora Contralora General de la República, Licda. Martha Acosta Zúñiga, en contra de la cesantía sin tope existente en las municipalidades de San José y de Turrialba, en el marco de sus respectivas convenciones colectivas de trabajo.

En las municipalidades existen gran preocupación y enorme agitación dado que se considera que la indicada acción de inconstitucionalidad es el preludio de otras por venir, también cuestionando cesantías municipales sin tope ó con tope mayor a ocho años; abriéndose paso a cuestionar otros derechos laborales conquistados en años de lucha y hasta la misma existencia de los indicados instrumentos del Derecho Colectivo de Trabajo.

El “tabú” de la cesantía sin tope fue roto en Costa Rica desde hace bastante tiempo, de diferentes maneras: a) mediante el sistema solidarista; b) muchas empresas privadas liquidan anualmente a su personal y lo vuelven a contratar; c) la Ley de Protección al Trabajador (LPT), así lo hizo, aunque parcialmente (3 %); d) vía negociación colectiva en el sector Público (topes de 12, de 15, de 20 años); e) en municipalidades sin tope, a través de la Convención Colectiva de Trabajo.

Por tanto, no lleva razón la señora Contralora General de la República, al calificar como “odioso privilegio” ante la Sala IV, que en las municipalidades de San José y de Turrialba, toda la vida la cesantía ha existido sin tope, como derecho real. Es más, en su propia entidad, la Contraloría General de la República, según tenemos entendido, la cesantía sin tope existe vía sistema solidarista. ¡Qué paradoja!

Para el personal municipal de Costa Rica, especialmente la gran mayoría del mismo que son trabajadores operativos, de campo, la cesantía sin tope es un pequeño “capitalito” al momento de pensionarse, pues la pensión les queda muy baja al ser, también, bajos sus salarios. Con ese “capitalito” podrán tener un nivel de vida en la tercera edad de más dignidad.

Valga indicar que el salario mensual de la señora Contralora General de la República, es de unos 5 millones 400 mil colones. En tres meses, su ingreso salarial total es de unos 16 millones 200 mil colones.

Para un trabajador municipal de campo, un recolector de basura (en las municipalidades de San José y de Turrialba), esa cantidad equivale a unos 40 años de trabajo continuo, si hablamos de un salario bajo de 400 mil colones por mes; lo que es similar a hablar de 40 de cesantía: unos 16 millones de colones; suma prácticamente igual a tres meses de salario de tan distinguida jerarca pública.

De ahí la profunda indignación que la acción de inconstitucionalidad de la señora Contralora haya causado tanto enojo. Esta es la razón de ser del evento de protesta de calle de este martes 12 de febrero y de los que luego seguirán.

Se esperan manifestantes provenientes de las municipalidades de San José, Turrialba, Goicoechea, Santa Ana, Moravia, Curridabat, Coronado, Montes de Oca, Limón, Nicoya, Guácimo, Aserrí (entre otras).

Los y las manifestantes entregarán un manifiesto ante la alta magistratura de la Sala IV, esperando que alguno de sus dignatarios les reciba.

Salarios médicos y gremios policiales

Este próximo miércoles 6 de febrero, a las 2 de la tarde y en la sede central de la ANEP, en calle 20, líderes gremiales policiales darán una conferencia de prensa para referirse al tema de la vinculación entre sus ajustes salariales y el salario del personal médico nacional.

Las personas participantes en esta conferencia, son líderes laborales de reconocida representatividad en la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía Especial de Migración y la Policía de Tránsito.

Además, se espera una representación del gremio de los agentes de seguridad que cuidan las instalaciones educativas (escuelas y colegios), del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El caso de los salarios de los profesionales cobijados por la ley 6836

El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE); ha venido analizando los distintos enfoques que sobre el tema han surgido y en este sentido considera:

1- En primera instancia dejamos claro que el SINAE no cuestiona los salarios de los Profesionales en Ciencias Médicas y los de otros gremios que se han venido adhiriendo a la ley 6836.

2- Reivindicamos el esfuerzo humano y económico que hacen por el estudio los servidores/as del sector salud y en especial el de los médicos. Pero creemos fervientemente que la excelencia académica, la profesionalización y la continua actualización científica del recurso humano debe generar un mejoramiento y un impacto positivo real en los servicios de salud públicos que brinda la Caja al pueblo. Este es uno de los mecanismos ideales para rebatir la tesis de que los servicios públicos son malos y es una arma poderosa para la defensa de la seguridad Social, ya que la mirada del pueblo sobre la Caja se cargaría de positivismo.

3- Es sano transparentar ciertos aspectos que solo conocemos los que estamos adentro y nos atrevemos a decir la verdad, lo cual puede ser descalificado con calificativos poco decentes o expresiones fuertes y delicadas, pero grotescas en el fondo, que solo buscarán distraer a la gente del problema que nos atrevemos a plantear. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un microbiólogo, una nutricionista, un profesional en enfermería, un auxiliar de enfermería, un asistente de pacientes o en general de casi toda la planilla de la Caja, que otorgan su jornada laboral completa a la seguridad social y marcan religiosamente su entrada y salida. Situación que no sucede con el gremio médico en general y cuyos casos son un mal endémico mayor para un grupo pequeño y selecto de médicos especialistas, que nada, ni nadie los controla.

Este descontrol administrativo corroe los cimientos de nuestro sistema de salud y enturbia la mirada del pueblo para con la Caja cuando un paciente espera largo tiempo en la consulta externa y ha sido citado a una hora y es atendido dos horas después, cuando solicitan un examen de diagnóstico complejo o peor aún esperan una cirugía. Esto debe cambiar y además esto no es hablar de salarios o incentivos, es decir, el profesional debe ganar como tal, pero debe mejorar su trabajo para con el patrono (pueblo); que es el que financia con impuestos y el pago de sus cuotas el seguro de salud, que es de donde se financia su salario.

O sea, ganar bien no es el problema, el tema es que no se puede servir a dos amos, a la medicina privada y a la pública a la vez, eso debe empezar a cambiar y el cuerpo médico del país tiene la palabra en este tema, ya que más allá de tener engrosada la billetera, la chequera, la cuenta bancaria o muchas tarjetas, es un deber humano y cristiano servir con ética a la seguridad social entendiendo que esta es una manera de luchar contra las fuerzas mercantilistas que ven en la salud un sello de colones o dólares exclusivamente.

4- Más allá de los argumentos legales que hasta ahora han sido utilizados con suma astucia política y que establecen “que estamos en un Estado de derecho”; buscando sustentar la legalidad de la Ley que cubre al cuerpo médico y otros profesionales, debe quedar claro que este es solamente un eje por el cual inteligentemente se trata de manejar el actual debate, siendo lo cierto, que este manejo jurídico no debe servir de excusa para que la gran masa salarial del país haya realizado en los últimos 25 años luchas justas por salarios y estas hayan servido para que un grupo muy reducido de Profesionales respetables se haya beneficiado sin asolearse lo necesario. ASI NO SE VALE.

Ya que este grupo ha sorteado fácilmente todas las etapas más duras de crisis económicas por las que ha transitado el país en los últimos 25 años (las razones y los culpables de las crisis no están en debate ahora) pero dicho en sencillo, desde que se creo la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (a la cual nunca han asistido hasta donde conocemos, representación de los Médicos, ni otros profesionales adheridos a esta ley); casi todas, por no decir que todas las negociaciones surgidas de huelgas y movilizaciones o bien los decretos de Gobierno en el tema salarial han beneficiado a este grupo, sin que hayan tenido que salir a las calles a exigir justicia y aumentos salariales dignos. ESTO NO PUEDE, NI DEBE SEGUIR ASÍ.

5- Rechazamos de antemano cualquier intento que busque descalificar nuestra visión, tratando de hacerla ver como traición o renuncia a las elementales ideas que profesa el sindicalismo, puesto que decir, la verdad es un principio bíblico para millones de seres humanos y revolucionario para otro tanto. En razón de tal principio dejamos establecido que tenemos pleno conocimiento y claridad que el abordaje y posible solución de los salarios que surgen de la ley en cuestión no implica sanar los problemas estructurales generados por un enfoque de desarrollo neoliberal, ni solucionar el avance exponencial de la pobreza con su consecuente efecto de concentración de la riqueza y mucho menos aún reformar una estructura tributaria regresiva y antiobrera, solamente decimos que no es justo que casi todo la población económicamente activa, o por lo menos una buena parte de esta, siga llevando la peor carga en los peores momentos de vacas flacas solamente por el pecado de no ser profesionales.

6- El SINAE aboga porque el Gobierno de la República y demás autoridades implicadas en este tema, concreten acciones que tengan por objetivo romper el vínculo legal entre la ley de los Profesionales y el resto de trabajadores/as NO PROFESIONALES. Y debe entender el gremio profesional y de igual forma la gran mayoría de la masa trabajadora no profesional que más allá del debate legal, este tema contiene elementos éticos, morales y de justicia social y cristiana.

Debe quedar claro que el hecho de haber planteado el tema nunca tuvo, ni tiene como fin crear enemistades sociales y humanas ya que entendemos claramente que la verdad es un ingrediente esencial para convivir en armonía y sentar las bases para mejorar la justicia y la equitativa distribución de los recursos es un acto que tiene absoluta coherencia y esta cargado de valentía.

7- Somos del criterio que los profesionales y en especial los médicos (que en su mayoría laboran para la CCSS); deben empezar a valorar seriamente dos temas: A) Acceder a marcar su tarjeta de entrada y salida al trabajo como lo hacen todos los mortales; B) plantearse seriamente empezar a laborar religiosamente los tres turnos hospitalarios como lo hacen la mayoría de los seres humanos que laboran para la CCSS. Esto puede conllevar a dar pasos efectivos en la eliminación de las listas de espera en cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas. Tema que requiere una revolución interna dentro de este gremio como señal de reanudar y robustecer su compromiso ético y moral con un pueblo que financia su sustento con impuestos y cuotas a la seguridad social y por otro lado implica que el Gobierno y las autoridades de la Caja asuman la cuota que les corresponde para promover UN NUEVO PACTO SOCIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

8- Para finalizar decimos que observamos tres salidas concretas en este tema:

A) La primera es que los representantes de los gremios médicos decidan de manera ética y moral iniciar conversaciones con las autoridades competentes (según lo mencionó el Presidente de la Unión Médica en la entrevista en Telenoticias), para lograr desenganchar la normas de los profesionales de los no profesionales.

B) La segunda sería una posición radical del gremio médico, que al verse atrincherado por las circunstancias de la coyuntura actual, decida hacer un llamado a un movimiento de huelga a sus agremiados/as, para lo cual de manera inteligente tratarían de involucrar a otros sectores para que les ayuden a enfrentar el momento y así repetir de nuevo la historia de los últimos 25 o más años, GANAR sin salir asolearse lo justo en la calle.

C) Y la tercera sería que los sindicatos en general promuevan una gran huelga nacional para que se aplique la fórmula de cálculo de los profesionales cobijados por la ley 6836 a todos/as los/as trabajadores/as del sector público y privado. Salida que al final sino cambian las reglas del juego actuales en lo jurídico, terminaría la dirigencia sindical llevando a un ejercito NO PROFESIONAL a una guerra que terminará ayudando a un sector profesional que muy pocas veces pone la carne en el asador.

En todos casos la decisión esta en manos del Gobierno, de los representantes de los gremios médicos y del resto de dirigentes sindicales del país.

DECIR LA VERDAD ES UN ACTO RIESGOZO, PERO SI TIENE COHERENCIA Y BUSCA PROTEGER A LAS MAYORÍAS, ES UN ACTO QUE TIENE EL VISTO BUENO DEL CREADOR.

Yolanda Tenorio González
Secretaria General SINAE

Juan Carlos Durán Castro
Representante Sindical SINAE/CTRN

Todo listo para manifestación en silla de ruedas

Realizando grandes sacrificios, venciendo no pocos obstáculos y en medio de grandes limitaciones, un importante número de costarricenses, ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y que usan silla de ruedas para su desplazamiento, se juntarán este lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en las afueras del edificio central de la Municipalidad de San José, en avenida 10 de esta ciudad, para llevar a cabo lo que podría ser un acontecimiento histórico en el marco de las protestas sociales de estos tiempos.

Otras personas con otro tipo de discapacidades se harán presentes. Todas ellas reclaman reiterados incumplimientos de entes públicos involucrados en la plena aplicación de los contenidos de la Ley No. 7600; especialmente, en cuanto a la construcción de rampas en autobuses y en aceras citadinas; ya no solamente para facilitar el desplazamiento de quienes deben usar silla de ruedas, sin también de quienes se ven obligados a usar muletas.

Estas personas, que cuentan con el respaldo político y logístico de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se han agrupado en lo que ellas mismas han denominado el Movimiento “Mefi-Boset”, nombre bíblico que hace alusión al rey Saúl, de Israel, uno de cuyos hijos era una persona con discapacidad.

Con esta primera acción, el Movimiento “Mefi-Boset” espera convertirse, a partir de ahora, en una verdadera alternativa de lucha social de esta importante población costarricense, aglutinando a todos sus sectores y grupos, para lograr una plena reivindicación de sus derechos, sin ninguna interferencia político-partidista. De hecho, en la manifestación de este lunes 28, asistirán otras representaciones que se han motivado a participar en esta cruzada.

Dentro del plan original previsto para esta acción habrá un cambio: El punto de llegada será la Asamblea Legislativa (no la Sala IV inicialmente se había pensado). Esto por cuanto se pretende la promoción de una ley que haga verdaderamente sancionatorio los imcumplimientos de las estipulaciones de la Ley No. 7600, especialmente en materia de construcción de rampas.

El Movimiento “Mefi-Boset”-ANEP; pretende que se introduzca en esa ley, vía una nueva ley, un artículo que penalice las diferentes negligencias e imcumplimientos reiterados, tanto por parte de los entes públicos involucrados en la atención de la problemática de las personas con discapacidad; así como como personalizar, individualizar esos incumplimientos, poniéndoles nombre y apellidos, llevándoseles a los tribunales que corresponda.

Esta idea-proyecto, será dejada por los y por las manifestantes en la Oficina de la Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, a fin de que sea acogida multipartidariamente y que se apruebe lo más rápidamente posible; pues, repetimos, no se quiere que se convierta en una iniciativa con tinte partidista específico.

El recorrido será, como indicamos, desde la sede central de la Municipalidad de San José, para doblar en la esquina de la iglesia católica de Las Ánimas, pasando frente a la Junta de Protección Social (JPS); llegando a la avenida segunda a la altura del Hospital Nacional de Niños, pasando luego por el San Juan de Dios. Finalmente, desde el parque La Merced hasta la sede del parlamento.

La ANEP solicitó el apoyo de la Cruz Roja Costarricense, entidad que gustosamente ayudará en asistencia para los y las manifestantes de ser necesario, lo cual agradecemos desde ya.

La ANEP no firmó acuerdo en la Municipalidad de San José

Los otros sindicatos de la municipalidad firmaron un acuerdo con Johnny Araya aceptando un tope de 25 años, lo cual ANEP y la Seccional ANEP – Municipalidad de San José rechazan, tajantemente. Además, el asunto es más grave porque incluyeron en ese acuerdo espurio (ilegal) un articulado que pone en peligro nuestra estabilidad laboral, nuestro propio empleo, variando la actual cláusula 16 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Nosotros nos mantenemos en la posición de que si debe haber tope de cesantía, éste debe de ser de 30 años para todo mundo. Y con un transitorio de cinco años para quienes estén cerca de pensionarse, de modo que pueden tener derecho a prestaciones sin tope como hasta ahora. En tal sentido, aclaramos:

PRIMERO: Ese acuerdo es ilegal, completamente ilegal al no incluir la firma de la ANEP que es sindicato firmante de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo; pero no cualquier sindicato: es el mayoritario.

SEGUNDO: Jurídicamente hablando ese ilegal acuerdo no puede ser inscrito por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ANEP lo impugnará porque no está nuestra firma.

TERCERO: La ANEP y su Seccional ANEP – Municipalidad de San José, mantenemos el acuerdo de nuestra asamblea: 30 años y ahora, repetimos, con un transitorio de 5 años para los que estén a punto de pensionarse.

CUARTO: Llamamos a una segunda movilización, en fecha próxima y hasta la Sala Cuarta, en defensa de nuestra propia Convención Colectiva de Trabajo y, particularmente, de la autonomía municipal que nos dio el derecho de cesantía como lo conocimos hasta hoy.

QUINTO: Esta segunda movilización será en coordinación con otros importantes municipios metropolitanos y del país, para hacer más grande el impacto de nuestra lucha.

¡¡¡MANTENGÁMONOS ALERTAS!!!
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San José, martes 22 de enero de 2013.
S.G. 11-13-0787-13

Ingeniero
Johnny Araya Monge
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

Estimado señor:

Luego de lo acontecido en los últimos días en cuanto a la lucha que vienen manteniendo los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de San José, para que se respete su derecho establecido en la Quinta Convención Colectiva de Trabajo vigente en relación a su cesantía; y con el ánimo de reflejar los deseos y las aspiraciones mínimas de los trabajadores y trabajadoras que representamos, procedemos a realizar la siguiente propuesta de modificación al indicado instrumento de negociación colectiva en cuanto al tema de cesantía se refiere:

ARTÍCULO 27: a- La Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones legales (cesantía) a los trabajadores que cesen funciones por:

1- Jubilación (o acogerse a cualquier régimen de pensiones).
2- fallecimiento.
3- Despido con responsabilidad patronal

El trabajador que cesare en sus funciones por cualesquiera de estas razones tendrá derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicios continuos prestados, con un límite máximo de 30 años.

Tal indemnización, a pagar contra la partida de prestaciones legales, la cancelará la Municipalidad a la mayor brevedad posible, cumpliendo los trámites correspondientes.

La Municipalidad se compromete a que los trámites internos al respecto, se efectuaran a un plazo no mayor de 15 días, salvo en lo relativo al pago de prestaciones por aplicación del inciso 2) de este Articulo, que serán depositadas según el trámite para ello, ante la autoridad judicial competente.

Los servidores que tengan tiempo anterior laborado con la Institución y que por razones voluntarias o por despido con responsabilidad patronal y que hubiesen cesado en sus funciones sin que la Municipalidad le hubiere pagado el beneficio de la cesantía, ese tiempo anterior les será reconocido como un solo récord y considerando para el pago de ese extremo, por aplicación de cualquiera de los incisos de este articulo.- Dicho reconocimiento será por una sola vez.

b- Con el fin de hacer del beneficio de la Cesantía un derecho real; cuando un trabajador sea despedido con fundamento en las causales del Artículo 81 del Código de trabajo, cumplidos los trámites que al efecto establece esta Convención, la de Junta de Relaciones Laborales podrá recomendar al ejecutivo Municipal el pago de cesantía que se calculará a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicio continuos, sin límite de años.-

Para que esta recomendación sea vinculante para el Ejecutivo, la misma deberá ser avalada por la mayoría simple de los miembros de la Junta de Relaciones Laborales presentes en la sesión en que la misma sea emitida.-

Si un trabajador despedido planteara juicio laboral contra la Municipalidad, impugnando el despido y el mismo le fuese resuelto favorablemente por los Tribunales y el trabajador decidiera reintegrarse a su puesto, en el caso de que ya hubiese cobrado el pago de la cesantía, deberá reintegrar a la Municipalidad la suma total percibida por ese concepto; caso contrario, entrará como empleado nuevo.-

En los despidos que se originen en hechos delictuosos, la Municipalidad se reserva el derecho de encausar las denuncias que considere pertinentes.

ARTICULO 28: a- El trabajador que, voluntariamente y por renuncio a su cargo, dé por concluido su contrato de trabajo con la Municipalidad recibirá como derecho por el extremo de cesantía, el 100% de prestaciones, a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicios continuos prestados, con un límite máximo de 30 años de servicio. El salario mensual a aplicar será el que determine el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en los últimos 6 meses de relación laboral.

Para acogerse a este beneficio, el trabajador deberá tener como mínimo un año al servicio continuo de la Municipalidad.

b- El trabajador que desee ingresar de nuevo a laborar para la Municipalidad, podrá hacerlo, si existiera plaza, después de haber transcurrido como mínimo un año de la finalización de su anterior relación laboral con la Municipalidad.-

c) A los trabajadores que se acojan a este beneficio y que tuviesen tiempo anterior laborado con la Municipalidad y que hubiesen cesado en sus funciones, por renuncia voluntaria o por despido con responsabilidad patronal, sin haber percibido el beneficio de la cesantía, la Municipalidad les reconocerá ese tiempo como un solo servicio continuo, para la liquidación de ese extremo. Dicho reconocimiento será por solo una vez.

Transitorio:

1- Para todos los trabajadores que a la fecha de suscripción de la presente reforma, laboran para la Municipalidad de San José, y adquieren su derecho de pensión a más tardar el 31 de diciembre del 2018, el pago de cesantía se calculará a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicio continuos sin límite de años.

No podemos dejar de lado y, por tanto, no debe ni puede desconocer la Alcaldía Municipal de San José que la ANEP es la organización sindical con mayor número de afiliados en esa municipalidad; y que, por tanto, nos cobija y nos protege lo que se establece en el artículo No. 56 del Código de Trabajo en materia de negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que esta propuesta se mantiene en la línea de la nota que se le hizo llegar a su estimable persona el día 17 de enero del 2012, y que iba firmada por todas las organizaciones sindicales de la municipalidad.

Trabajadores municipales luchan por sus cesantías

Cientos de trabajadores y trabajadoras de las municipalidades de San José, Heredia, Turrialba y Grecia se hicieron presentes hoy en el Edificio José Figueres Ferrer, y luego en la Contraloría de la República, para repudiar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contralora General, Marta Acosta, contra los articulados de la Convención Colectiva de estas municipalidades que quitaban el tope de cesantía, lo que resultaba en una verdadera justicia salarial para las personas que se pensionaban con más de 20 años de laborar.

Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la seccional ANEP – Municipalidad de San José, explicó que “los trabajadores no permitiremos que nos quiten, que nos roben nuestras cesantías”.

La lucha de la Contraloría contra las cesantías es parte de toda una estrategia de homologación para abajo de los salarios del sector público, en lugar de mejorar los salarios de las personas que laboran en el sector privado, y así hacer más “competitivo” el mercado costarricense, como bien lo ha explicado nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes.

Ricardo Salazar, quien formó parte de la representación de la ANEP en el gobierno local josefino que negoció la convención colectiva en los años 90, se hizo presente en el momento en que la manifestación se desplazó al edificio de la Contraloría, y recordó todos los años de lucha que tomó para poder acceder al derecho de una cesantía sin tope, y que con esta acción de la Contralora a quien se está perjudicando es a los trabajadores y trabajadoras más humildes de nuestra sociedad.

A la manifestación también se hicieron presentes compañeros y compañeras de otras municipalidades, como la de Grecia o la de Turrialba, donde están sufriendo la misma persecución a su convención colectiva de trabajo. Maricruz Durán Alfaro, Presidenta de nuestra seccional en la Municipalidad de Turrialba, cree que todo es una jugarreta de la Contraloría, tanto que los y las trabajadores tienen el apoyo de las autoridades municipales.

La alcaldía de San José ofreció a los trabajadores negociar el tope de cesantía a 25 años para los trabajadores y trabajadoras que ya están con plaza en propiedad en la municipalidad, con un transitorio de 3 años para que se puedan pensionar quienes así lo requieran sin tope en su cesantía. Además, la negociación estipulaba que para los nuevos trabajadores la cesantía quedará en 20 años. Esta oferta será analizada por la ANEP y su unidad de Asesoría Jurídica, junto con la seccional en la Municipalidad de San José, aunque la alcaldía estuvo presionando para que se firmara inmediatamente el acuerdo.

Ciudadanos con discapacidad motora, ¡a las calles!

Este martes 22 de enero, un grupo de costarricenses, personas con discapacidad, quienes para movilizarse deben utilizar una silla de ruedas, dieron una conferencia de prensa, para anunciar una protesta en las calles en próximos días; debido a serios incumplimientos por parte de varios entes institucionales que tienen que ver con la aplicación plena de la Ley 7600.

Para tales efectos, estas personas anunciarán la fundación de su movimiento al que han de llamar “Mefi-boset”, denominación bíblica en alusión al nombre del primer hijo (con discapacidad), del primer rey de Israel, Saúl.

La ANEP decidió cobijarles dentro de sus filas y les apoyará de ahora en adelante.

La manifestación convocada se realizará el próximo lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, convocando salida frente al edificio municipal José Figueres Ferrer, de la Municipalidad de San José, bajando por la Junta de Protección Social y luego hacia los Tribunales de Justicia tomando la Avenida Segunda.

Como lo explicó nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, lo que se quiere es generar visibilidad a través de la calle y los medios de comunicación, para poder pedirle al Gobierno de la República una comisión de alto nivel que elimine las faltas a la ley 7600 en todos los ámbitos (transporte público, infraestructura adecuada, trabajo, etc.).

Roberto Sánchez, de Mefi-boset, se ha contactado con cuanta institución está para velar por los derechos de los costarricenses, Sala IV, municipalidades, la misma Defensoría de los Habitantes, y no ha recibido una respuesta satisfactoria a las múltiples violaciones a los derechos de las personas que viven con una discapacidad.

La ANEP se compromete a apoyar a este grupo de personas con discapacidad, que cada día crece más. Poner en manos de las personas nuestras herramientas de trabajo es honrar la promesa de ejercer el Sindicalismo Ciudadano.

ANEP consternada por la injusta muerte de los dos oficiales de la Fuerza Pública

Dejamos constancia por esta vía del triste pesar que embarga a nuestra organización por la injusta muerte de los destacados servidores de la Fuerza Pública, ciudadanos trabajadores JESÚS PERAZA GARRO y JUAN CARLOS JIMÉNEZREZ, quienes en cumplimiento de su deber fueron víctimas del flagelo de la delincuencia criminal que conmueve a la ciudadanía honesta.

Nos solidarizamos con las familias dolientes a quienes les hacemos llegar el más sincero pesar, rogando a Dios, El Creador, que les brinde la fuerza suficiente para sobrellevar tan inmenso dolor.

El sacrificio de las vidas de estos dos trabajadores de la Fuerza Pública de Costa Rica, especialmente por las circunstancias que mediaron para ello, debe abrir un profundo ejercicio de reflexión desde las esferas gubernamentales y desde la propia sociedad, acerca de cuáles son, hoy en día, las condiciones que se bridan a quienes deciden sumarse a dicho servicio público, sabiendo que sus vidas están en inminente peligro, a toda hora y todos los días.

Las jornadas extenuantes, el desarraigo familiar y social, el alto endeudamiento salarial, las agresiones psicoemocionales y físicas, la presión civil cotidiana entre otros factores, obligan a tomar decisiones estratégicas en materia de reivindicación salarial plena, en materia de salud ocupacional, así como también de posibilidades indemnizatorias realmente sustanciales por daños físicos y psicológicos y hasta por la pérdida de la vida como en estos dos tristes casos. Todo ello debe someterse a una profunda revisión.

De manera lamentable y censurable, el presente Gobierno no hizo un esfuerzo verdaderamente sincero y efectivo, para reivindicar en toda su dimensión, vía un reajuste salarial digno, a la inmensa mayoría del personal de la Fuerza Pública de Costa Rica, tal y como era la gran expectativa que a éste se le creó, de manera irresponsable.

Por el contrario, sí se dio una sustancial mejora, altamente significativa, para la estructura jerárquica de los mandos medios y superiores (lo cual vemos positivamente); pero que, conflictivamente, hace que hoy en día tengamos “dos” Fuerza Pública: la que gana bien, pero muy bien (que es la minoría); y la que gana mal, pero muy mal, la inmensa mayoría. Á esta pertenecían los servidores caídos en cumplimiento de su deber.

A fin de que las vidas de JESÚS PERAZA GARRO y JUAN CARLOS JIMÉNEZREZ no se perdieran en vano, como organización a la cual está afiliado un importante número de servidores y de servidoras de la Fuerza Pública, la ANEP renueva su compromiso para levantar las banderas de su plena e integral reivindicación, incluyendo la salarial, sin demagogias ni oportunismos.

San José, miércoles 9 de enero de 2013.

Máinor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP-Fuerza Pública
Celular No. 86 26 25 57

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

La Junta se convirtió en un jugador más de lotería

Ha llegado a nuestras manos el informe AI-748 del 1 de Octubre de 2012, de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social (JPS), confirmando que la Junta en los diferentes sorteos que realiza está actuando como un jugador más de sus propios sorteos. Quien firma este documento es la M.Sc. Doris María Chen Cheang, Auditora Interna de la JPS.

Esto, sin lugar a dudas, deja en una complicada situación a la JPS, pues se demuestra por parte de su propia auditoría que ha venido incurriendo en incompatibilidad de funciones, y no se estaría brindando al público consumidor una garantía razonable de éxito en los sorteos, al incluir en éstos series completas o semi-completas que fueron destruidas o que no fueron vendidas antes de los mismos.

Viene a fundamentar esta denuncia el hecho de que el gordo navideño de este año 2012 se quedó en la JPS, porque precisamente la Junta no hizo caso a las prevenciones de su propia auditoría; y estaría entonces, posiblemente, violentando con este actuar la Ley de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Es necesario señalar que en seis oportunidades distintas, la Auditoría Interna de la JPS ha señalado la irregularidad del procedimiento por medio del cual la JPS se está volviendo un jugador más; siendo la primera ocasión su oficio AI-795, fechado el 30 de noviembre de 2009.

En otra nota de dicho despacho, la AI-770 del 26 de noviembre de 2010, enviada al actual Gerente General de la JPS, señor Francisco Ibarra Arana, se le indicó:

“Por tanto, esta Auditoría cree que no se estaría brindando al público consumidor una Garantía Razonable al incluir la Administración Activa series completas en primera y segunda emisiones destruidas en su totalidad antes del sorteo. De tal manera no comparte la propuesta del señor Milton Vargas Mora, Director de Producción y Ventas, ya que consideramos que la Junta de Protección Social al darle curso a esta práctica pasaría de ser una institución que produce, distribuye, vende y realiza el sorteo de juegos de azar, a participar como un jugador más del sorteo de los juegos de lotería que ella promociona, teniendo en apariencia la Junta funciones incompatibles”.

Ante esta grave situación la ANEP procederá, en forma inmediata, a denunciar ante los órganos de control y fiscalización del Estado, el posible actuar irregular de la máxima jerarquía político-tecnocrática de la JPS; asimismo, estaremos procediendo por la vía judicial a presentar las acciones que consideramos necesarias en el ánimo de salvaguardar los intereses de los y de las costarricenses, tanto como de los inherentes a la institucionalidad de la Junta de Protección Social.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Debe la Junta de Protección Social repetir el sorteo? ¿Hay un “engaño” tácito para con los jugadores de lotería?… Creemos que se le debe dar la palabra a la ciudadanía.

Igualmente, aprovechamos para denunciar, públicamente, el acoso antisindical que ya se está manifestando en la JPS, contra la institucionalidad sindical de la ANEP; acoso que se materializa en la apertura irracional de procesos en contra del Lic. Rolando Rodríguez Aguirre, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS; así como en contra de la ciudadana Cinthya Cortés Marín, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS-Vendedores de Lotería, causándole a ella un grave perjuicio económico porque le cerraron su puesto de venta de lotería electrónica, siendo la única a la que han impuesto tan arbitraria decisión. En ambos casos, la ANEP está solicitando la intervención urgente de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Motociclistas y saloneros: Leyes generadas por la “Democracia de la Calle”

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebramos la aprobación parlamentaria, de manera abrumadora, de las leyes para bajar el monto del pago del marchamo en el caso de los y de las motociclistas; y para empezar a hacer verdadera justicia laboral en el caso de los saloneros y de las saloneras.

Nos sentimos profundamente honrados de que representaciones calificadísimas de estos grupos sociales-gremiales hayan confiado en la ANEP, como la organización sindical orientadora y conductora de los procesos de lucha en la calle y en la negociación; que, bajo las respectivas circunstancias y especificidades, han obligado al sistema político (Gobierno y Asamblea Legislativa), a escuchar el correspondiente clamor popular y ciudadano, que en estos dos casos ha culminado en la promulgación de leyes de la República para llevar un poco de justicia y para contribuir al combate de la desigualdad social creciente que asola a nuestro país.

Precisamente, los casos de estos dos grupos sociales son muestras típicas de lo que en ANEP conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.

Los y las motociclistas venían siendo objeto de una odiosa discriminación bastante prolongada, año con año, cobrándoseles los más altos costos de una siniestralidad de accidentes en carretera de la cual se les venía señalando como los más responsables de la misma; situación ésta totalmente falsa que jamás el INS pudo demostrar como cierta. Por tanto, de alguna manera, este grupo social venía siendo víctima de desigualdad y de exclusión sociales.

Adicionalmente, este segundo episodio del Movimiento de Motociclistas, liderado por la ANEP, dejó al descubierto la triquiñuela del cobro indebido del aporte del 33% que en el marchamo se presenta como un rubro para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi); situación ésta que fue la que nos permitió encontrar el camino para lograr una negociación efectiva, misma que, al final, posibilitó el acuerdo político, materializado luego en la ley ya, definitivamente, aprobada por el parlamento.

El caso de los y de las saloneras reviste características más dramáticas, toda vez que producto de un desatinado fallo constitucional y un subsecuente “error” de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, este importante grupo laboral sufrió una abrupta flexibilización laboral, al mejor estilo neoliberal, quedando por fuera del Código de Trabajo; generándose despidos que todavía no han sido exactamente cuantificados pero que, sin duda alguna, incrementan los niveles de explotación laboral que ya de por sí se daban en esta actividad.

La ley aprobada en primer debate y próxima a recibir el segundo, permite, estratégicamente hablando dos cosas; por un lado, evita la consumación de nuevos despidos arbitrarios, restaura el concepto de salario mínimo y establece que la propina no es parte del salario. Por otro, le queda prohibido al patrono “jinetear” el dinero de la propina en su propio beneficio, corriendo el riesgo de incurrir en delito penal si lo hiciere; y, adicionalmente, quedan debidamente reguladas las formas de entrega al trabajador de esa propina de forma tal que no queda posibilidad alguna de retenérsela.

Difícilmente en una legislación como la aprobada, se podía resolver el caso de los saloneros injusta e ilegalmente despedidos antes de su emisión, lo que nos lleva a presionar tanto a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como a nivel judicial mismo, tanto individual como grupalmente. En esto estriba nuestro compromiso como organización sindical en lo inmediato.

Ambos casos, motociclistas y saloneros, muestran a las claras la efectividad del ejercicio de la Democracia de la Calle, como uso legítimo de la presión social para que los gobernantes adopten políticas y leyes en pro del bien común. La ANEP se siente más que complacida de que se ha demostrado, nuevamente, cómo la organización seria con movilización responsable, puede generar importantes transformaciones en pro de la justicia social.