Categoría: Acción Sindical

San José, 10 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0802-10
¡¡¡URGENTE!!!

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Carta Abierta: La nueva carretera a Caldera debe cerrarse y darle prioridad a la vida humana

Estimada señora Ministra:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La situación delicadísima de la seguridad en la nueva carretera a Caldera, con nuevos elementos de consideración hechos públicos en las últimas horas, ameritan de la autoridad presidencial depositada en su persona, doña Laura, una acción contundente de su parte, a tono con sus manifestaciones periodísticas de que usted podría ordenar el cierre de tal si elementos técnicos así lo indicasen.

Las contundentes afirmaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), a través de su Presidente, el señor Olman Vargas, generan enorme preocupación y hasta alarma, indicando que el riesgo de deslizamientos sigue estando intacto, sin que se atendiesen por parte del concesionario las labores de recomendación emitidas por tan prestigiosa entidad técnico-profesional en la materia.

Igual de alarmante es la denuncia periodística de esta fecha, formulada por el Diario Extra, en el sentido de que la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), habría prohibido a uno de sus más experimentados geólogos, don Julio Madrigal, emitir informe alguno sobre los problemas que en visita profesional de inspección a esa carretera, él detecto, puntualizando los sectores más críticos y, por ende, de alta peligrosidad para las personas que transitan por tal carretera.

En ANEP somos conocedores de la alta estatura moral y ética y de su solidez profesional del distinguido servidor público de la CNE arriba mencionado; y todavía nos da mayor credibilidad su labor de inspección al estar acompañado por personeros de la igualmente prestigiosa entidad defensora de los habitantes de la República.

Así las cosas, señora Presidenta, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, le solicitamos,

· Ordenar el cierre de la nueva carretera a Caldera hasta que haya la más absoluta certeza de que se puede transitar por ella sin temor a perder la vida, sin riesgo alguno a la integridad física de los conductores de vehículos y sus acompañantes, sin riesgo de daños para esos vehículos y/o los bienes y mercancías que se transportan.

· Instaurar una comisión multisectorial, integrada por ejemplo, por entidades como el CFIA, la CNE, la Defensoría, el propio MOPT, la empresa concesionaria e instancias de reconocido prestigio e interlocución de la sociedad civil, para establecer todas las alternativas posibles a fin de garantizar el más supremo de todos los supremos valores que animan nuestra convivencia civilizada como país: la preservación de la vida humana, algo altísima superior a el afán de lucro privado de la lógica mercantil introducida en la prestación de los servicios públicos.

· Ordenar las investigaciones de rigor para determinar las actitudes permisivas, tolerantes, negligentes que permitieron la apertura de esa carretera en las condiciones de alto riesgo para las vidas humanas que por ella transitan; e, igualmente, ordenar investigar las razones para que en la CNE se impusiera una mordaza a un criterio eminentemente profesional sobre los riesgos que se presentan en la mencionada vía.

Por último, le indicamos que en correspondencia directa con nuestros postulados de Sindicalismo Ciudadano, exhortaremos a toda nuestra membresía, a las organizaciones amigas y fraternas, a los movimientos sociales en general, así como a la propia ciudadanía, para que no utilicen la nueva carretera a Caldera mientras ésta presente los altísimos riesgos de pérdida de vidas humanas como ya está técnica y científicamente constatado.

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Francisco Jiménez Reyes, Ministro, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General, Contraloría General de la República.
cc.: Sra. Vanessa Rosales, Presidenta, Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
cc.: Sr. Julio Madrigal, Geólogo, Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
cc.: Honorable Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
cc.: Señores empresa Autopistas del Sol.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
cc.: Juntas Directivas seccionales de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Manifestación Municipal en San José

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¡Trabajadores municipales a la calle!
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(Con videos explicativos sobre esta nefasta Ley)

Documentos:
En ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
Acción de Inconstitucionalidad de la Ley 8828
Proyecto de Ley de derogatoria de la Ley 8828

Cientos de trabajadores y de trabajadoras de las municipalidades costarricenses, realizaron una gran manifestación por las principales calles de San José, planteando ante la opinión pública nacional y ante la Sala IV, la demanda de inconstitucionalidad y/o de derogatoria de la ley No. 8828, denominada “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”, pero cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.

La clase trabajadora municipal desfiló, desde diferentes puntos de la capital hacia la Sala IV para luego dirigirse hacia la Asamblea Legislativa donde fueron recibidos por señores diputados que ya están identificados con esta lucha.

La gran manifestación laboral de los y de las municipalistas de Costa Rica fue en repudio a la forma solapada, en la sombra y de espaldas a la gente, sin consultar a ninguna de las entidades y organizaciones relacionadas con los servicios públicos municipales, la manera en que se aprobó esta nefasta Ley, en los últimos días del desgobierno Arista.

Para los trabajadores municipales del país y sus organizaciones sindicales, con la Ley 8828 las comunidades, la ciudadanía, tendrá que pagar tarifas más altas por los servicios al introducirse la lógica del lucro mercantil en la prestación de los servicios municipales.

Además, habrán miles de despidos de trabajadores municipales en todos los campos, se precarizarán los mismos y las desigualdades laborales dentro de los mismos servicios, sin hablar de la pérdida de derechos y garantías convencionales.

El terreno para la corrupción, el tráfico de influencias, la mordida y el soborno quedará más que abonado con la “competencia” de empresas privadas por hacerse de los diferentes servicios municipales. Eso ya lo vemos al decir el nuevo y flamante “ministro” del MOPT, el mismo que sirvió para la privatización de JAPDEVA, que muchos bienes del MOPT pasarán a manos municipales, ¿están montando el negocio?, ¿para quiénes?

La unidad sindical de todos los grupos laborales que representan sus intereses, fue notoria durante la marcha, cientos de banderas multicolores, pancartas y demás reflejaron la lucha unitaria que representa. Han unido sus fuerzas al respecto, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Central General de Trabajadores (CGT), entre otras; amén de una gran gama de sindicatos municipales locales y destacadas seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP).

La visita de los y de las manifestantes a la Sala IV tuvo el propósito de respaldar la acción de inconstitucionalidad que contra la ley privatizadora de los servicios públicos municipales, presentó el legislador José María Flores Villalta, del Partido Frente Amplio.

Además, en la Asamblea Legislativa, en apoyo a este legislador se contó con el respaldo de la fracción parlamentaria del PASE y otros diputados de fracciones legislativas, para la presentación de un proyecto de Ley para derogar la Ley privatizadora de los servicios públicos municipales, 8828.

“Parada” estratégica

La marcha por la Avenida Juanito Mora Porras (Av. Segunda), frente al Parque Braulio Carrillo (La Merced) se detuvo unos minutos frente a la terminal de buses de TUASA para realizar una acción de solidaridad con los trabajadores choferes de buses despedidos y las acciones que han obligado a la empresa a aceptar la organización sindical de sus trabajadores.

La manifestación solidaria contó con los aplausos de usuarios que se encontraban en los autobuses o que se preparaban para subir.

Guillermo Keith, dirigente de ANEP en el sector privado aseguró que las acciones para lograr la reinstalación de los choferes despedidos continuará en estos días con más manifestaciones frente a las terminales en San José y Alajuela.

San José, 4 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0786-10
¡¡¡URGENTE!!!
Licenciado
Luis Gerardo Dobles Ramírez
Presidente
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Su despacho

Estimado señor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Como es de su pleno conocimiento, nuestra representación sindical agrupa a un amplio sector de personas trabajadoras del mar, propiamente del Golfo de Nicoya, que se encuentran constituidos en la Seccional ANEP-Pescadores y Pescadoras del Golfo de Nicoya.

Fue de nuestro conocimiento que el primer período de veda regía a partir de las 00:00 horas del día 1 de junio pasado, y que la misma fue suspendida a las 12:00 horas de ese mismo día.

Dada la precaria situación económica de una buena mayoría de pescadores y de pescadoras, tener plena certeza del tiempo en que se aplican los períodos de veda, es de fundamental importancia para la planificación de la subsistencia de estas familias.

Siendo la institución que usted dirige el ente rector en esta materia y dado que los cambios efectuados, de forma abrupta y sin ninguna información oportuna para los afectados, dado que estos pescadores ya habían tomado todas las previsiones para enfrentar la veda, nos vemos en la imperiosa necesidad de interpelarlo, respetuosamente, para solicitarle la aclaración respectiva.

Hemos de decirle que rechazamos lo estipulado en el artículo 36 de la Ley 8436, por cuanto a las personas trabajadoras del mar se les da un carácter de indigencia, sabiendo todos que son trabajadores; y si bien es cierto la veda se establece conforme al artículos 34 y 35 de la mencionada ley, es que los instamos respetuosamente a que busquemos mecanismos en conjunto para así tratar de eliminar esta odiosa discriminación para un grupo importante de personas trabajadoras costarricenses, y en su mayoría de la zona del Pacifico Central. Consideramos que a estos trabajadores en período de veda no se les debe dar un subsidio, si no una indemnización económica, razonada y proporcional, a los a los montos que perciben en los períodos de pesca.

Ahora se nos ha informado que la veda se iba aplicar a partir del 1º de mayo del presente, cosa que no sucedió; y ahora cuando se iba aplicar para el 1 de junio (acuerdos que fueron tomados por la junta directiva de su representada), se suspende en términos realmente inaceptables ya que consideramos que no se aplicó en su totalidad lo que se regula en el artículo 35 de la mencionada ley. Es más, consideramos que se incumple con lo que establece el artículo 34, debido a que la medida de suspensión no se difundió apropiadamente por su representada, violentando por tanto el boque de legalidad que su representada y funcionarios están obligados a respetar.
Ha de saber que las personas trabajadoras del mar, cuando se va decretar el tiempo veda, éstas, en su carácter artesanal de planificación, toman las medidas correspondientes, porque es de su conocimiento que en la mayoría de las ocasiones la “ayuda” que les suministra el IMAS, siempre llega meses después que se ha levantado el período de veda; y, es más, el monto asignado corresponde a ¢225.000.oo, por dos meses de veda, y para colmos de males se les entrega en tres tractos.

Como organización seria, responsable y transparente, sentimos que a nuestros representados y a todas las personas trabajadoras del mar que se someten a la veda, no son tratadas en igualdad de la clase trabajadora costarricense.

Estamos de acuerdo en proteger y defender el recurso marino; también estamos conscientes de que se debe respetar los criterios para la toma de las decisiones con respecto a la veda; pero la gente que vive del mar debe tener seguridad sobre los períodos de veda, para su propia sobrevivencia y los últimos acontecimientos dejan mucho que desear y ponen en serios aprietos a nuestros representados.

En razón de lo anterior y conforme a las normas indicadas, le rogamos se nos faciliten copias de las motivaciones y estudios técnico-científicos, económicos y sociales que llevaron a su representada a tomar estas decisiones.

Mucho le agradeceríamos se nos brindara una audiencia, con su autoridad y las señoras y señores de la junta directiva para exponerle con más detalle nuestras consideraciones.

Sin más y agradeciendo su atención, le reiteramos nuestra mayor consideración, quedando en espera de su pronta respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Ministerio de la Presidencia de La República.
cc.: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Ministerio de Hacienda.
cc.: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
cc.: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
cc.: Honorable Junta Directiva INCOPESCA.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional Trabajadores y Trabajadoras de Nicoya.
cc.: IMAS.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva
cc.: Personas Trabajadoras del Mar – Golfo de Nicoya.
cc.: Archivo.

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Video de ANEPtv

Gran unidad sindical a nivel municipal.

Nuevos legisladores apoyan lucha.

El próximo martes 8 de junio, cientos de trabajadores y de trabajadoras de las municipalidades costarricenses, realizarán una gran manifestación por las principales vías josefinas, planteando ante la opinión pública nacional y ante las autoridades políticas respectivas, demandas de inconstitucionalidad y/o de derogatoria de la ley No. 8288, eufemísticamente denominada“Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”, pero cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.

Los y las manifestantes municipalistas desfilarán, primero, hacia la Sala IV partiendo de dos puntos: desde el parque de San Pedro de Montes de Oca y desde la sede central de la Municipalidad de San José (edificio José Figueres Ferrer), en la Avenida 10. Una vez unificada la manifestación, se irá hacia la Asamblea Legislativa donde serán recibidos por señores diputados que ya están identificados con esta lucha.

La gran manifestación laboral de los y de las municipalistas de Costa Rica es un repudio a la forma escondida, en la sombra, de espaldas a la gente y sin consultar a ninguna de las entidades y/organizaciones relacionadas con los servicios públicos municipales, la manera en que se aprobó esta nefasta ley, en los últimos días del parlamento anterior 2006-2010.

Consideran los trabajadores municipales del país y sus organizaciones, de que con la Ley 8828 las comunidades, la ciudadanía, tendrá que pagar tarifas más altas al introducirse la lógica del lucro mercantil en la prestación de los servicios municipales. Además, se dará pérdida de empleos, precarización de los mismos y desigualdades laborales dentro de los mismos servicios, sin hablar de la pérdida de derechos y garantías convencionales. El terreno para la corrupción, el tráfico de influencias, la mordida y el soborno quedará más que abonado con la “competencia” de empresas privadas por hacerse de los diferentes servicios municipales.

La clase trabajadora municipal de Costa Rica arranca esta lucha apoyada en gran unidad sindical de todos los grupos laborales que representan sus intereses. Han unido sus fuerzas al respecto, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Central General de Trabajadores (CGT), entre otras; amén de una gran gama de sindicatos municipales locales y destacadas seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP).

La visita de los y de las manifestantes a la Sala IV tiene el propósito de respaldar la acción de inconstitucionalidad que contra la ley privatizadora de los servicios públicos municipales, presentará el legislador José María Flores Villalta. Además, en la Asamblea Legislativa, con el apoyo de este legislador, con el respaldo de la fracción parlamentaria del PASE y, eventualmente, otros diputados, se presentará un proyecto de ley para derogar la ley privatizadora de los servicios públicos municipales, 8828.

San José, jueves 3 de junio de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

San José, 1 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0770-10

Licenciado
Oscar Núñez Calvo
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su despacho

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Con sumo agrado recibimos la noticia de su designación como jerarca del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por su amplia trayectoria en el sector Público. Estamos seguros de que usted realizará, como siempre, su mejor esfuerzo para llevar adelante al A y A por la senda de la eficiencia y de la eficacia. Además, es de nuestro conocimiento su interés por defender y mantener la rectoría del Recurso Hídrico para A y A, lo cual es una política que aplaudimos y esté seguro de que apoyaremos. En ese sentido le auguramos solamente éxitos en su gestión.

Consideramos también que es nuestro deber realizar un diagnóstico, que si bien no es lo exhaustivo que debería ser, es una aproximación para entender el estado actual del A y A, según nuestra perspectiva como organización sociopolítica de carácter sindical a la cual está afiliada una importante cantidad de servidores y de servidoras de A y A. En tal sentido le anotamos lo siguiente.

Defensa de la institucionalidad del A y A

En diferentes ocasiones, en el pasado, se han llevado adelante procesos de privatización de servicios que brinda la institución o de labores para el buen desempeño del A y A; entre ellos podríamos citar: conexión y desconexión de medidores (cortas), vigilancia y seguridad, limpieza y aseo, etc. Inclusive, el año anterior se planteó la idea de privatizar el servicio de distribución de recibos.

Ante este panorama es fundamental para la ANEP defender al A y A como institución que beneficia a todos los habitantes de nuestro país. No omitimos indicarle que en estos momentos las trabajadoras y los trabajadores temen por acciones que eventualmente puedan privatizar la distribución de recibos o alguna otra dependencia del A y A.

2- Jornales

La institución cuenta con una cantidad considerables de trabajadores en esa condición. Tal y como legalmente se encuentra establecido, la condición de jornal ocasional se cumple siempre y cuando, él o los trabajadores se ocupen de una labor de carácter “ocasional”. Lo anterior implica “no permanente”, situación que no es la que encontramos en los trabajadores mal llamados “jornales ocasionales”, en donde encontramos compañeros con años de prestar sus servicios en el A y A bajo esa modalidad laboral. Por otra parte, los jornales ocasionales no pueden cumplir con actividades sustantivas de la institución, situación que no es cierta en vista que realizan acciones que van desde catastro, lectura, recibos hasta peones. Nótese, además, que representan al A y A en la medida de que hasta se les han asignados uniformes.

Ante la situación descrita anteriormente y preocupados por la misma, le externamos nuestras inquietudes a don Max Gutiérrez, Director de Capital Humano de A y A, quien ante nuestra consulta admitió lo irregular de la forma de contratación y prometió buscar soluciones a corto plazo, en el entendido de que si la ANEP interponía acción legal afectaría seriamente las labores del A y A; además de dejar sin opción laboral en la institución a los trabajadores que se encuentran en esa condición, en otras palabras atemorizándonos con el asunto de la estabilidad laboral de tan “humildes trabajadores”, según su decir.

Días después y ante nuestra consulta, don Max nos informó de que según gestión realizada ante él, se dispuso realizar un estudio en las dependencias del A y A, en la Gran Área Metropolitana (GAM), acerca de las necesidades de plazas existentes, entiéndase, de las personas que se encuentran en la modalidad de “jornales ocasionales”, ello con la intención de presentar ante las autoridades correspondientes (la Autoridad Presupuestaria –AP-, entendemos nosotros), el estudio que justificaría la adjudicación de las plazas en propiedad necesarias en la institución. La mencionada promesa ya lleva más de un año pero aún no suceda nada pese a nuestras reiteradas consultas.

Adicionalmente, la no contratación de jornales en labores de lectura y distribución ha generado que en muchos sectores se “estime” las lecturas, es decir, se calculen a “ojo de buen cubero”. Lo anterior ya causa molestias entre los usuarios y eventualmente podría generar demandas al A y A.

Por último, profunda preocupación mantienen estos trabajadores al encontrarse con la situación de la incertidumbre de la estabilidad laboral, situación que en muchos casos sobrepasa de los dos años en esa condición; preocupación que en la práctica no es otra más que pensar en el sustento de sus familias, sobre todo que no existe un método científico que califique la labor realizada de manera objetiva, ya que la evaluación del trabajo se basa en los criterios subjetivos de la jefatura inmediata, lo que podría prestarse para confusiones e injusticias. Recordemos que por su estatus no los cobija el principio del “debido proceso”.

3- Incoherencias y/o aislamientos de las diferentes dependencias del A y A

Al día de hoy hemos notado que existe falta de comunicación y acciones coordinadas entre las diferentes dependencias del A y A, lo que genera desgaste, desmotivación, duplicación de esfuerzos, gastos innecesarios de recursos, entre otros. Las causas de este fenómeno son variadas pero pareciera ser que se basan en un accionar en donde las mencionadas dependencias de dirigen como pequeños feudos. Ese accionar no es únicamente típico de la sede central pues en las sedes regionales la situación es similar. Un ejemplo de ello es la Regional de Limón en donde, inclusive, los esfuerzos para que Salud Ocupacional actúe atendiendo su labor se ven en ocasiones entorpecidos por disposiciones locales.

4- La problemática del FARG

El Fondo de Ahorro Retiro y Garantía (FARG) es una dependencia del A y A que, hasta el día de hoy, no tiene la cobertura legal necesaria para su desempeño, Esta debilidad podría generar que en cualquier momento una acción legal genere una serie de repercusiones que afectaría la imagen del A y A y, por supuesto, de los trabajadores y de las trabajadoras. Aunado a lo anterior, el manejo hermético de políticas e informes han causado una especie de isla en el A y A; y, como era de esperarse, un ambiente de desconfianza general es la consecuencia.

5- Injusta aplicación del Estudio Integral

En ese sentido nos parece totalmente injusto que el aumento salarial para los trabajadores más humildes de A y A fuese de apenas ocho mil colones por mes, sobre todo recordando que parte de las directrices para la aplicación del Estudio requería que sus salarios se equipararan a la de los trabajadores que en otras instituciones estatales que realizaban labores similares. Por otra parte, se presentaron alrededor de 700 apelaciones a las nuevas clasificaciones de puesto y de éstas solamente se resolvieron a favor únicamente 7.

6- Políticas de trato sindical desigual

En la institución subsisten cuatro diferentes sindicatos y tenemos conocimiento de que se les ha accionado para el trabajo sindical, al menos, a dos sindicatos, uno o dos trabajadores con licencia sindical con goce salarial, además de locales en diferentes lugares del A y A. ANEP ha insistido en un trato igualitario, no obstante se nos ha denegado esos derechos. En ese sentido creemos que es totalmente justo que los sindicatos mantengamos, para la eficiencia de nuestra labor, los derechos anteriormente mencionados, y no creemos justo que se les atribuya a unos en detrimento de otros.

Como ya apuntamos, el análisis es muy general y nos quedarán por fuera, otros aspectos importantes a resolver que con gusto estaremos vinculando en una futura conversación y/o posterior documento, más de carácter estratégico, especialmente el tema de la posibilidad de que A y A pueda entrar en el mercado del agua embotellada, en los tiempos de “apertura” comercial y sin monopolios (¿?).

Ahora bien, A y A se mantiene como una institución fundamental para la salud pública y es vanguardia en América. También es cierto que las conquistas logradas en este campo deben fortalecerse y acentuarse. En ese sentido para la ANEP es prioridad el tema del Recurso Hídrico y, por ello, es nuestro deber patriótico defender al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Entendemos también que el recurso humano de la institución es la base sobre la cual se cimenta todo el desarrollo del A y A. Trabajadoras y trabajadores motivados son garantía de excelencia y ello lo lograremos con la defensa y la ampliación de los derechos laborales.

Reiterándole nuestro sincero deseo del mejor de los éxitos en su nuevo reto en la dirección del A y A nos despedimos reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Carlos Monterrey López
Responsable ANEP-A y A

cc.: Juntas directivas Seccionales ANEP-A y A.
cc.: Delegados y delegados de ANEP-A y A.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Archivo.

San José, 1 de junio de 2010.
S.G. 07-09-0776-10

Honorable señor
Master Fernando Bogantes Cruz
Presidente
Comisión de Conformación
Universidad Técnica Nacional (UTN)
Su despacho

Estimado señor:

Sirva la presente para saludarle muy cordial y respetuosamente, mente de parte de nuestra organización sindical la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En marzo del 2010, el señor Rector de la UTN, Lic. Marcelo Prieto Jiménez, presentó la propuesta de Estatuto Orgánico a la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional, para ser consultada a la comunidad universitaria.

En el mes de abril, las observaciones a dicha propuesta de Estatuto Orgánico de parte de las diferentes juntas directivas de las seccionales de la ANEP, legalmente establecidas en la UTN fueron presentadas a esa honorable comisión sin que hasta la fecha sepamos de cuál fue el tratamiento que a tales observaciones se les ha dado; es decir, si fueron analizadas, cuáles fueron consideradas, cuáles fueron desechadas, etc. Es en tal sentido que, respetuosamente, solicitamos a vuestras dignas autoridades una explicación sobre este particular.

Adicionalmente, aparte debe resaltar que desde hace ya mes y medio de que fuesen presentadas las observaciones de la ANEP, deseamos información acerca de la fecha del acuerdo en firme que se tiene previsto emitir y su posterior publicación del Estatuto Orgánico en La Gaceta, de forma tal que las personas generadoras de tales observaciones pueden constatar por sí mismas el destino final de sus propios aportes; situación que preocupa considerando que se nos exhortó a proponer alegando necesidad de aligerar la emisión oficial de tal Estatuto.

Esta preocupación nuestra se profundiza considerando que, según tenemos entendido, no se han vuelto a publicar las actas de sesión de esa honorable comisión y/o que la misma ha estado enfrentando problemas de quórum estructural para sesionar.

Les agradeceríamos considerar de manera positiva el contenido de esta respetuosa misiva, valorando que la estabilidad institucional definitiva de la UTN está relacionada directamente con la emisión de su Estatuto Orgánico; situación ésta que en su momento la propia Contraloría General de la República señaló en cuanto a definiciones estratégicas sobre el rumbo y sobre el devenir de la dinámica institucional, algo que vendría a ser solventado si tal instrumento jurídico se emite con prontitud.

Aprovechamos para reiterarles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Lic. Marcelo Prieto Jiménez, Rector, Universidad Técnica Nacional (UTN).
cc.: Honorables decanos de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
cc.: MSc. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro, Ministerio de Educación Pública.
cc.: Juntas directivas seccionales ANEP-UTN.
cc.: Honorable comunidad universitaria (UTN).
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Archivo.