Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, se desplazó a la zona en donde respaldó las gestiones que la Seccional venía realizando ante el Concejo municipal y el alcalde.
Ayer miércoles 16 de diciembre, viajamos hasta el cantón de Garabito (Jacó), para ser recibidos en audiencia por parte del Concejo Municipal de Garabito, con la finalidad de obtener la aprobación del mismo, y del señor Alcalde, a las modificaciones sugeridas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a la primera Convención Colectiva de Trabajo recientemente firmada con la ANEP.
Cerca de las 7:00 de la noche se nos dio el uso de la palabra, abogando por parte nuestra en tal sentido, lo cual fue reforzado por la opinión jurídica del asesor de dicho concejo, el Lic. José Miguel Villalobos, quien explicó que tales modificaciones son de forma, básicamente.
Analizado el punto, por cuatro votos favorables y uno en contra se votó las incorporaciones al texto original convencional y cuando toda auguraba el fin de este capítulo (dos años de negociaciones previas), de manera sorpresiva, el señor alcalde, don Marvin Elizondo, públicamente y en la indicada sesión, indicó que no firmaría la convención modificada porque no había tenido tiempo de hacerlo, indicando que ni con la policía ni con el ejército, se le obligaría a firmar esa noche, alegando necesitar, al menos, 24 horas para decidir sobre el particular.
Pedimos nuevamente la palabra, a sugerencia del propio Lic. Villalobos, expresando nuestra molestia, señalando la irresponsabilidad de dicho jerarca y aceptando las 24 horas, cumplidas las cuales nos veremos obligados a hacer lo que tengamos que hacer.
Entre los compañeros y las compañeras presentes, se generó una gran molestia y desde esa misma noche empezó a circular la consigna de hacer un movimiento de presión que tendría lugar en las próximas horas: probablemente el lunes 21 ó el martes 22 de diciembre; paro de labores que, seguramente, tendría que desembocar en una huelga para obligar a la firma del alcalde en el documento convencional ya corregido y votado, en firme, por el Concejo de Garabito. Si esta situación se da, obviamente, nos desplazaremos para estar al frente de tal acción.
La inversión que se ha hecho en este campo es de ¢150 millones.
Además de la labor para la impresión de las papeletas electorales, el retraso en el trabajo de la Imprenta Nacional implica las gacetas, en donde se publican decretos, alcances, reglamentos y procedimientos de contratación pública, así como edictos. Según se informó, el conflicto empezó hace casi 22 días a raíz de diferencias en cuanto al proceso de homologación de la convención colectiva por parte de autoridades del Ministerio de Trabajo. “El conflicto fundamental es que el Servicio Civil plantea que la convención colectiva roza con las normas que lo rigen, pero ellos no quieren entender que existe un derecho fundamental de los trabajadores a negociar.
Es un principio de libertad sindical que está por encima de las normas que alegan por ser tema de derechos humanos”, dijo Édgar Morales, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Justamente ayer los trabajadores esperaban una respuesta de solución por parte del gobierno, lo cual no ocurrió en una reunión donde participaron los ministerios de la Presidencia, Trabajo, Hacienda, el Servicio Civil y miembros de ANEP.
Se espera que hoy se responda una solicitud de los trabajadores en el sentido de que el gobierno firme un documento donde señale que respeta y aplicará en sus extremos la convención colectiva homologada hasta que la Comisión de Políticas Públicas para la Negociación de Convenciones Colectivas resuelva el conflicto y se cree otra comisión mixta que plantee un acuerdo entre las partes.
La nueva convención colectiva de la Imprenta consideraba, entre otros puntos, el rompimiento del derecho a prestación; es decir, reconocer más de los ocho años de trabajo, tal como sucede en municipalidades y otras entidades públicas.
También el rompimiento de la cesantía, un incentivo salarial del 5% a los trabajadores, así como el nombramiento del personal interino que ha cumplido idoneidad y tiene más de dos años de labor en el sitio, pues hay casos de personas que llevan hasta diez años esperando una plaza en propiedad. De no llegarse a una respuesta hoy, el movimiento de huelga continuará indefinidamente, no solo por lo que resta del año sino también a inicios de enero. Se espera que hoy el 90% del personal se una al movimiento.
Fuente: Diario Extra Marcela Villalobos Ramírez/Marietta Espinoza
El día de hoy, nuestro compañero Secretario General, Albino Vargas Barrantes, Carlos Monterrey López y mi persona, sostuvimos una reunión con el Director General del Servicio Civil, Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, con respecto al tema de las nuevas plazas de rectoría, los “eventuales” e interinos, para lo cual comunicamos lo siguiente:
1. En cuanto a las “nuevas” plazas de rectoría (350 en las Áreas Rectoras y 219 en CEN-CINAI) se les estará haciendo examen extraordinario a este personal para que tenga la oportunidad real de optar por su puesto, así como ir al Ministerio de Salud a buscar la negociación política para aquellas personas que concluyen mañana por escogencia de terna. Para esto les esperamos a todas (os) en ANEP el próximo lunes 4 de enero a las 8:00 a.m. Necesitamos de ustedes, con el fin de agilizar este proceso contar con los siguientes datos:
Nombre completo, lugar de trabajo, número de cédula, números de teléfono y fax de como localizarlos (celular, trabajo, casa), así como dirección electrónica (si la posee).
2. En cuanto al tema de los “eventuales”, hay la mayor disposición de hacer la incorporación al Régimen del Servicio Civil, para lo cual requerimos nos brinden sus datos personales (Nombre completo, lugar de trabajo, número de cédula, números de teléfono y fax de como localizarlos (celular, trabajo, casa), así como dirección electrónica [si la posee]).
3. En cuanto a los interinos, se está trabajando un decreto con el gobierno para que aquellas personas que tengan dos o más años de servicio opten por su puesto en propiedad.
Debemos señalar que, estas negociaciones las está tramitando ANEP directamente con la Dirección General del Servicio Civil, quienes una vez recibida la información respectiva de cada persona de acuerdo a las listas que envíe ANEP, estará dando curso a las mismas para proceder conforme a los puntos 1 y 2 de este correo.
La ANEP tramitará y se hará responsable solamente de las personas que se encuentren afiliadas, si no estás afiliado, afiliate ya para que puedas formar parte de esta negociación tan importante de lograr estabilidad en el empleo.
Invitamos a retransmitir y comunicar este correo a todas las personas que están en esta condición, especialmente a nuestras seccionales para que comuniquen lo pertinente.
Aprovecho para desearles una muy felíz navidad y un venturoso año nuevo y que el año que viene podamos cumplir con nuestros objetivos planteados.
Un fraternal abrazo a todos y todas
Guillermo Murillo Castillo Dirigente Sindical de ANEP
Con sumo agrado la ANEP informa a todos los compañeros, agentes de seguridad del MEP, que el esfuerzo de años por lograr un reglamento que regule las relaciones laborales, por fin es una realidad.
Gracias al esfuerzo de la Seccional ANEP/MEP el decreto N° 35642 ya fue firmado por el presidente de la República y esperamos que la próxima semana aparezca en el diario oficial por todo lo anterior una feliz navidad y un próspero año nuevo.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÙBLICOS Y PRIVADOS Mensaje del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, en el acto de la firma del Acuerdo Marco sobre reivindicaciones laborales, salariales y profesionales en los cuerpos de seguridad ciudadana Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito y Policía de Migración y Extranjería.
Casa Presidencial, Presidencia de la República
Viernes 4 de diciembre de 2009
Sr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República Honorables señores y señoras del Gobierno de la República Colegas sindicalistas Compañeros y compañeras de la ANEP
Es la segunda vez, señor Presidente, que compartimos con usted un evento oficial en lo que va de su gobierno. Semanas atrás atendimos su invitación para un espacio de reflexión sobre el tema del empleo y la crisis, en el auditorio del INA. Nuestra vocación hacia el diálogo y hacia la negociación se manifestó en aquella ocasión, como lo hacemos ahora. La propuesta de los sectores sociales a los cuales nos debemos, “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, se la expusimos en aquel evento.
Son muchas cosas las que nos separan y sobre las cuales hemos expresado públicamente nuestro criterio. Nos separa la visión de país que queremos, nos separa el modelo económico por el cual luchamos. Permítame además, don Oscar, decirle que con la ANEP hemos sostenido una larga lucha contra la imposición de los valores del neoliberalismo abusivo, excluyente y concentrador de la riqueza. Y hemos demostrado que somos un sindicato de lucha y de propuesta, pero que no aceptamos un orden económico concentrador abusivo de la riqueza. No aceptamos vivir en una sociedad que ha hecho de la exclusión, en sus múltiples formas, una cultura de vida ajena al humanismo cristiano; y enarbolamos las banderas de la justicia social, de la entronización de la diversidad en todos sus órdenes y de la inclusión social sin excepciones.
También déjeme decirle don Oscar, que la ANEP es amiga de la actividad que realizan ciudadanos y ciudadanas honorables desde el ámbito empresarial, cuando su quehacer se despliega en condiciones tales que su respectiva población trabajadora es tratada con dignidad y protegida por el régimen sociolaboral establecido en la legislación, incluida, por supuesto, la Libertad Sindical. Es importante mencionarle que la ANEP cree en el Diálogo Social como proceso estratégico para un desafío-país, de cara a la generación de políticas públicas de inclusión y de equidad. Y en consonancia con este Diálogo Social, hemos llevado a cabo con su Gobierno este proceso, para reivindicar los derechos de nuestros agremiados y de nuestras agremiadas en los cuerpos policiales, lo cual no nos descalifica para seguir jugando nuestro papel en la consecución de un nuevo orden de sociedad inclusiva, solidaria, respetuosa de los derechos humanos.
Hoy, en este viernes 4 de diciembre de 2009, la realidad nos reúne para reivindicar los derechos salariales de los trabajadores y de las trabajadoras de los diferentes cuerpos policiales de nuestro país, en los cuales ANEP tiene una amplia representación. Ha sido una ardua lucha por casi dos años, con muchas reuniones, gestiones, conversaciones, en los más diversos despachos con intervención obligada en este proceso.
Dos elementos fueron vitales para el éxito de esta negociación.
1) Por un lado, la correcta decisión estratégica de la ANEP de vincular, en una sola acción reivindicativa, las largamente postergadas luchas reivindicativas de los mencionados cuerpos policiales, mostrando alta capacidad organizativa y ejerciendo abierta presión con manifestación de calle incluida, en particular la ocurrida el pasado 10 de agosto, frente a la sede del Ministerio de Hacienda, donde unos mil policías integrantes de los cuatro cuerpos policiales apoyaron las gestiones de la ANEP al respecto.
2) Por otro, la abierta voluntad política del Gobierno de la República al respecto, mostrando, en todo momento, la necesaria disposición y las correspondientes coordinaciones inter-institucionales de ley. Nosotros reconocemos el respeto y la sólida escucha a nuestros planteamientos por parte del señor Viceministro de la Presidencia, don Roberto Thompson Chacón; del señor Viceministro de Hacienda, don José Luis Araya Alpízar; del señor Viceministro de Justicia y Paz, don Fernando Ferraro Castro; de la señora Viceministra de Transportes, Rosaura Montero Chacón. Igualmente, de parte de la señora Janina Del Vecchio Ugalde, Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, a quien le reconocemos también que, por sí misma, ha tomado serias iniciativas para la dignificación laboral de la Fuerza Pública. El papel del señor Director General de Migración y Extranjería resulta necesario resaltar en toda esta coyuntura. Y, por supuesto, merece destacarse la apropiada intervención de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, pues los señores Álvaro González Alfaro y Eugenio Solano Calderón, Ministro y Viceministro del Área Laboral, respectivamente, también facilitaron mucho este proceso. Finalmente, confesamos que superamos nuestro prejuicio sobre el papel de la Autoridad Presupuestaria, comprendimos bien su delicada e incómoda misión en estos delicados asuntos y aprendimos a valorar el trabajo de doña Mayra Calvo Cascante y todo su equipo técnico.
Los y las integrantes de la Fuerza Pública, de la Policía Penitenciaria, de la Policía de Tránsito, de la Policía de Migración y Extranjería, arriesgan su vida diariamente en el cumplimiento de sus deberes y no han gozado de las mejores condiciones salarias. El derecho a un salario digno y a las condiciones laborales óptimas para el mejor desempeño de sus funciones, han sido el norte de nuestra lucha por ellos y por ellas. Hoy culmina positivamente en una primera fase con la firma de los acuerdos a que hemos llegado. El camino quedó abierto hacia una futura profesionalización total.
Como punto final deseo manifestarle a usted, don Oscar, a las y a los integrantes de su Gabinete y a los funcionarios de las instituciones involucradas en este proceso de negociación, nuestro reconocimiento por comprender esta justa lucha y aunque los alcances de los acuerdos todavía no son suficientes, son un paso fundamental para darle tranquilidad económica y laboral a este noble grupo de funcionarios públicos y de funcionarias públicas que dedican su esfuerzo diario a combatir el flagelo de la delincuencia, o a la lucha contra la violación de las normas de seguridad que implican hechos contra la propiedad o la vida humana.
No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a estos trabajadores y trabajadoras, a las personas lideres representantes y dirigentes sindicales de nuestra organización que nos han apoyado en esta lucha. Reconocemos su sacrificio y constancia en este proceso reivindicativo. A ellos y ellas es a quienes debemos, en la mayor parte, los resultados positivos de estos acuerdos. Les agradecemos la confianza depositada en la ANEP en esta larga jornada que hoy la culminamos con firma de estos acuerdos. De igual importancia es reconocer y agradecer el papel destacado de nuestras organizaciones fraternas SITECO y UNATEPROT.
Culmina así un período sistemático de negociaciones entre el Gobierno, particularmente el Ministerio de la Presidencia, representado por su Viceministro, el Lic. Roberto Thompson Chacón, con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual estuvo acompañada de las organizaciones gremiales SITECO (con representación en la Fuerza Pública) y UNATEPROT (gremio específico en la Policía de Tránsito).
Fue posible el acuerdo que se ha de firmar mañana viernes en la propia sede de la Presidencia de la República, a pesar de la amplia notoriedad pública de las profundas diferencias entre las posiciones sociopolíticas y económicas que existen sobre concepción de país y visión del desarrollo, entre las líneas estratégicas de la Administración Arias Sánchez, versus las sostenidas posiciones de principios radicalmente distintas a las mismas que ha defendido la ANEP (especialmente en torno a la estratégica lucha contra la imposición del TLC con los Estados Unidos). La ANEP cree en el diálogo, en el Diálogo Social y en materia de derechos laborales y de derechos de la clase trabajadora que representamos, tal diálogo es imprescindible.
Dos elementos fueron vitales para el éxito de esta negociación.
1) Por un lado, la correcta decisión estratégica de la ANEP de vincular, en una sola acción reivindicativa, las largamente postergadas luchas reivindicativas de los mencionados cuerpos policiales, mostrando alta capacidad organizativa y ejerciendo abierta presión con manifestación de calle incluida, en particular la ocurrida el pasado 10 de agosto, frente a la sede del Ministerio de Hacienda, donde unos mil policías integrantes de los cuatro cuerpos policiales apoyaron las gestiones de la ANEP al respecto. 2) Por otro, la abierta voluntad política del Gobierno de la República al respecto, mostrando, en todo momento, la necesaria disposición y las correspondientes coordinaciones inter-institucionales de ley.
Al menos 2 mil manifestantes pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se congregaron en las inmediaciones del Palacio Nacional mexicano (sede simbólica del Poder Ejecutivo), el fin de semana pasado, para repudiar el decreto de extinción de la Compañía.
La protesta, que fue dispersada con gas lacrimógeno por policías antimotines, se desarrollaba durante la ceremonia por el tercer aniversario del gobierno del presidente derechista Felipe Calderón.
Ya el viernes pasado al menos 400 efectivos antimotines equipados con armas de grueso calibre, instalaron un cerco a las mujeres electricistas que se mantienen en ayuno desde hace 8 días para exigir la devolución de sus fuentes de empleo.
La presencia policial se instaló cuando el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, asistió a una ceremonia oficial muy cerca de las oficinas de la Compañía Federal de Electricidad en la Ciudad de México, sede del campamento montado por las sindicalistas en huelga de hambre.
Al referirse al tema, el dirigente del SME, Martín Esparza, aseguró que la presencia de policías antimotines en la protesta es propio del Gobierno “fascista” y responsabilizó al Gobierno Federal de esta y futuras agresiones.
La Policía Federal ha actuado hasta en tres ocasiones en lo que va del mes, en operativo contra manifestantes del Sindicato Electricista.
Durante la primera agresión, ocurrida el pasado 11 de noviembre, los efectivos policiales lanzaron disparos al aire y causaron daños a los autos de los sindicalistas cuando realizaban un corte de ruta en la autopista México-Queretaro.
El operativo dejó al menos 11 detenidos que fueron liberados días después.
El conflicto por la extinción de la Compañía eléctrica mexicana Luz y Fuerza, dejó sin empleo a 44 mil electricistas.
Oficina de Iniciativa Popular
Asamblea Legislativa
San José
Reciban un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP.
La participación ciudadana se fortalece con la presentación y solicitud de realizar cambios a las leyes que se pretenden mejorar.
Los nuevos esquemas democráticos nos permiten este tipo de oportunidades, las cuales no podemos dejar pasar, y por eso es que en este acto nos permitimos presentar este proyecto de ley que hoy les entregamos y que hemos denominado “Reforma del articulo 7 de la Ley de Correos, ley Nº 7768, de 24 de abril de 1998.”
Sin otro particular,
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
Cc Junta Nacional Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados Seccional Anep Correos Archivo
Ramón Cardona, Secretario de la Federación Sindical Mundial __________________________________________________________
Comunidad de Birrí, Heredia, Costa Rica Viernes 27 de noviembre de 2009.
Encuentro Centroamericano, del Caribe y México de organizaciones afiliadas y fraternas de la Federación Sindical Mundial (FSM)
“El Sindicalismo Clasista: Retos y Estrategias”
Jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2009
Llamamiento a la comunidad internacional: Centroamérica debe ser declarada “ZONA DE EMERGENCIA SINDICAL”
1- Demandamos de la comunidad internacional, de los gobiernos del orbe, de las instituciones globales, de las organizaciones no gubernamentales (ong’s), de las organizaciones sociales y sindicales, de las demás autoridades y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos fundamentales, se proceda de forma urgente a declarar a Centroamérica, Zona de Emergencia Sindical. Nuestro vehemente llamado al mundo se fundamenta en lo siguiente:
2- En toda la región de la América Central, conforme avanza y se consolida el modelo neoliberal, las oligarquías, aliadas al capital financiero transnacional, han procedido a satanizar y criminalizar la acción de lucha desplegada por las organizaciones sindicales y sociales. Esta criminalización se manifiesta de dos formas:
3- La primera consiste en el despliegue articulado de una costosa campaña de ataque desde los grandes medios de comunicación convertidos en verdaderos latifundios mediáticos, desde los grupos de poder económico y desde el propio Estado (en algunos casos), contra la dirigencia sindical y sus organizaciones; desprestigiándolas, calumniándolas, para presentarlos ante la opinión pública como integradas por personas haraganas, vagas, corruptas, defensoras de gollerías, enemigas del progreso, conspiradoras y traidoras de la Patria; y, desde luego, cerrando a los sindicatos todo espacio para hacer llegar a la opinión pública, sus acciones, posiciones y propuestas. Se trata, en el “mejor” de los casos, de denigrar a los sindicatos y a sus dirigencias, hasta hacerlos aparecer como delincuentes y personas despreciables ante la opinión pública y, peor aún, ante la propia clase trabajadora.
4- La segunda consiste en pasar de las palabras a los hechos. Desde los estados y gobiernos controlados por grupos de poder político-empresarial, se despliega toda una campaña reaccionaria contra la organización sindical y su dirigencia que se plasma en la persecución abierta: amenaza, enjuiciamiento, encarcelación, creación de sindicatos patronales y otras organizaciones pseudolaborales (como las asociaciones solidaristas y los comités de empresa para negociar los famosos “arreglos directos”), buscando constreñir con ello toda posibilidad de organizar sindicatos. En este camino han llegado al extremo de encarcelar y de asesinar a la dirigencia sindical. Además, para protegerse y asegurarse una actuación conforme a la ley, estos violadores de las libertades sindicales han procedido a dictar leyes donde se criminaliza, y por tanto se penaliza, la acción sindical, dándole rostro de legalidad a sus criminales acciones.
5- Las políticas neoliberales, con la hambruna que genera y con las pérdidas de puestos de empleo intrínsecas a las mismas, han propiciado que los trabajadores y las trabajadoras, y así lo proclaman los empleadores inescrupulosos, vean como una bendición contar con un empleo aunque sea de forma precaria y mal pagado. La resignación es tal que, constantemente, se escucha decir la frase lapidaria, “peor es nada”. Considérese que en la región centroamericana, globalmente comprendida, el desempleo alcanza al 60% de la población. Esta cruda realidad, aunada a la criminalización de la organización sindical y de su dirigencia, hacen que los trabajadores y las trabajadoras ven como una amenaza al sindicato, pues en lugar de garantizar seguridad en el empleo, el reclamo del sindicato por el respeto y el fomento de los derechos laborales, se torna en amenazante y es usado por el empleador para chantajear a la clase trabajadora. El arma es, si quiere empleo, aléjese o renuncie del sindicato.
6- Violación del Derecho Humano fundamental de organizarse en sindicatos. En toda la región las constituciones, los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las diferentes declaraciones universales y regionales sobre Derechos Humanos, las leyes y los reglamentos nacionales, establecen el derecho de las personas trabajadoras a organizarse en sindicatos. Pero no hay tal. Los gobiernos, los empresarios hacen caso omiso a estas normas y los ministerios de Trabajo, instituciones encargadas de tutelar estos derechos, se apegan a las orientaciones de los gobiernos y patrones; y, en el mejor de los casos, aunque tengan alguna voluntad de hacer respetar la ley sindical, en la práctica no cuentan con posibilidades materiales y reales para fiscalizar su cumplimiento y, mucho menos, propiciar sanciones por ello.
7- Los gobiernos se niegan a cumplir con los convenios y tratados internacionales de la OIT, ratificados por los estados de la región, haciendo caso omiso de las recomendaciones y resoluciones de este organismo. Ante ello, la OIT permanece impávida.
8- En el TLC con los Estados Unidos de América (CAFTA, por sus siglas en inglés), impuesto a los pequeños países de la región centroamericana (incluyendo a Panamá), así como a la República Dominicana, se establece un capítulo de normas mínimas en materia laboral que deben cumplir los estados y gobiernos firmantes. Las organizaciones sindicales de Guatemala, ante situaciones tan graves como los asesinatos de sus dirigentes, invocaron tal capítulo de lo expuesto en ese TLC y el resultado fue negativo. La norma no funciona, tratándose de derechos laborales.
9- La Unión Europea (UE), que tanto se engalana con su discurso de cooperación y de diálogo político, establece en su Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP plus), una serie de sanciones comerciales para aquellos países beneficiados con las mismas pero que se nieguen a cumplir con los derechos humanos laborales universalmente reconocidos (como el de formar sindicatos sin perder el empleo por ello).
10- La realidad es una. Las oligarquías exportadoras, importadoras y financieras de la región centroamericana, coordinadas entre sí por asuntos de negocios en común, incumplen, hasta el colmo, esta normativa, incluso ensangrentando y violentando las instituciones democráticas como lo son los casos extremos de Guatemala y de Honduras. La famosa UE permanece, también, impávida.
11- Situaciones alarmantes. Las diferentes formas de violación a la Libertad Sindical en cada uno de los seis países de la región centroamericana, merece que, de una manera demasiado general, destaquemos un pequeñísimo detalle por país. Veamos:
12- Guatemala. En lo que va del año 2009, el suelo de Guatemala se ha regado con la sangre de 11 dirigentes sindicales asesinados. Esto sin contar los asesinatos, las amenazas y los secuestros de dirigencia comunal, campesina, indígena, juvenil y de mujeres. En este país, la oligarquía asesina, sin asco alguno y al amparo de una impunidad degenerada, actúa abominablemente.
13- Honduras. 26 asesinatos de dirigentes sindicales y de otras organizaciones populares; cientos de torturados y encarcelados. Sindicatos proscritos, cerrados y una dirigencia perseguida por las fuerzas políticas y policíacas del régimen de facto.
14- Panamá. Tres asesinatos de militantes sindicales, 100 enjuiciados por acciones sindicales en defensa de derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Creación de sindicatos amarillos, vicariato y amenaza permanente a la dirigencia sindical y de nuevo, la impunidad reina.
15- Nicaragua. Si bien el actual gobierno de este país, reconoce y auspicia el ejercicio de la libertad sindical, lo cierto es que quienes ostentan el poder real en esa hermana nación (el capital oligárquico, financiero, exportador e importador), obligan a la dirigencia sindical a enfrentar, a diario, las arbitrariedades a las que acude esta oligarquía cuando la clase trabajadora acude a su de derecho de sindicalización.
16- El Salvador. El nuevo gobierno, de corte progresista, ha tomado medidas para asegurar el derecho a sindicalizarse y formar sindicatos en el sector Público, legalizando en lo que va de su administración, unas dieciséis organizaciones sindicales. No obstante lo anterior, en el sector Privado, al igual que en toda la región, se persigue y se niega el derecho de sindicalización de los trabajadores y de las trabajadoras. Tal y como lo dijimos, a pesar de la voluntad política gubernamental, el Ministerio de Trabajo no cuenta con los recursos ni con los instrumentos jurídicos apropiados para tutelar, con oportunidad, el derecho de sindicalización.
17- Costa Rica. Por tratarse de una democracia centenaria, como lo pregona a diario la oligarquía nacional, en este país debería respetarse, para ser consecuentes, el derecho de la clase trabajadora a organizarse en sindicatos, “pero del dicho al hecho hay mucho trecho”. Tenemos que en este país, en el sector Público, si bien se permite la sindicalización, se niega a la clase trabajadora de este sector, el derecho fundamental de negociar convenciones colectivas de trabajo, violentando con ello los tratados internacionales en materia de Negociación Colectiva. Por otra parte, en el sector Privado, aunque la ley lo permite, el derecho de sindicalización es una quimera, dado que en la práctica este derecho está vedado a los trabajadores y las trabajadoras de este sector.
18- En las empresas privadas, la palabra “sindicato” es sinónimo de despido. Se tiene que el Estado y el Gobierno de Costa Rica, están sentados en el banquillo de los 25 países acusados, en estos momentos y en el seno de la OIT, de violentar las libertades sindicales. Resulta impresionante constatar que el actual mandatario costarricense, Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, haya tenido la desfachatez de deshonrar su propia palabra empeñada en el mismísimo seno de la sede mundial de la OIT, cuando, en el 2006, le mintió a esta organismo internacional sobre la puesta al día de Costa Rica en cuanto a sus compromisos pendientes de Libertad Sindical en el Sector Privado y de Negociación Colectiva en el sector Público. A la fecha, ya terminando su gobierno, Costa Rica no ha cumplido con nada, burlándose, nuevamente, de la OIT, exponiendo al país a ser condenado en la próxima conferencia, de junio de 2010. Súmese, además, que en este país se está ensayando una nueva moda para amedrentar a la dirigencia sindical: enjuiciarlos en los tribunales de justicia. Y en los dos últimos años y para vergüenza de esta democracia, ya se procede a amenazar y atentar contra la vida de los y las dirigentes sindicales.
19- Por tanto, solicitamos a las autoridades y Gobiernos del mundo y a los organismos internacionales tutelantes de los derechos humanos fundamentales, especialmente a la OIT; a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa y promoción de los Derechos Humanos; a las organizaciones sindicales hermanas y fraternas de todas las corrientes del sindicalismo internacional, así como a todas las personas comprometidas con la causa de los Derechos Humanos, manifestarse y exigir de la comunidad internacional que la Región Centroamericana sea declarada, Zona de Emergencia Sindical.
20- Con su esfuerzo y aporte, esperamos cese la violencia, cese el derrame de sangre obrera en las tierras centroamericanas y el ejercicio abierto del Derecho Humanos a la libre sindicalización sea una hermosa realidad para el establecimiento de una real convivencia democrática civilizada.
¡Que vivan las Trabajadoras y los Trabajadores del mundo!
1.- Pronunciamiento de las organizaciones sindicales y la Federación Sindical Mundial sobre la situación de Honduras.
2.- Pronunciamiento del Encuentro Sindical de Centroamérica, el Caribe y México sobre la no aprobación del Proyecto de Libertades Sindicales en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
El espectáculo circense que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa, el pasado miércoles 1 de mayo, con ocasión de la presentación del informe presidencial fue, sencillamente, deprimente, desalentador y nada beneficioso para la misma democracia; la representativa, por supuesto, la cual, ya de por sí, está sumamente deteriorada. Siguen echándole leña al fuego…
Nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social parte de las formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo que hemos planteado en los últimos años; las cuales se entrecruzan con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
