Categoría: Acción Sindical

San José, 28 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1445-11

Licenciado
Jorge Gomes Mc. Carthy
Director Administrativo
Junta de Protección Social (JPS)
Su despacho

Muy estimado y respetado don Jorge:

Como siempre, para la organización que nos honramos en representar, es un gran gusto saludarle con el mayor respeto y consideración.

El pasado jueves 24 de marzo en curso, su autoridad hizo correr por la red institucional de la JPS un desafortunado comunicado electrónico, en el cual se da por un hecho cierto, real, las declaraciones vertidas por el máster en Derecho, Eric Briones Briones, Jefe del Departamento Legal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); en razón de que el alto endeudamiento de una persona trabajadora asalariada es causal para su despido justificado, conforme al inciso 1 del artículo 81 del Código de Trabajo; inciso que para los efectos del caso sentencia lo siguiente: “Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato“.

Le informamos que su correo causó mucha preocupación al honorable y respetado personal de la JPS, recibiéndose en la ANEP bastantes peticiones para que nos refiriésemos al punto, lo cual cumplimos por esta vía.

Es importante resaltar que nuestra organización sindical guarda gran respeto por las calidades personales y profesionales del MSc. Eric Briones Briones y en muchas ocasiones hemos compartido sus tesis sobre distintos ámbitos de la normativa que rige el Derecho de Trabajo; pero en el caso que nos ocupa discrepamos abismalmente del comentario que él le hiciera a un medio de comunicación, aseverando que el alto endeudamiento, conforme al inciso 1 del Art. 81 del Código de Trabajo, puede dar pie para la conformación de la falta “pérdida de confianza“ y, por tanto, configurarse la causal de despido de forma justificada.

Considérese, además, que el MSc. Briones Briones lo que hace es verter declaraciones, una opinión, su punto de vista sobre una pregunta que le hace un periodista. No se trata en este caso de una resolución del departamento que él dirige, o bien de un dictamen donde el MTSS, oficialmente, disponga que el alto endeudamiento es suficiente causal para configurar falta grave por pérdida de confianza como para, incluso, perder el empleo.

Adicionalmente, una disposición de este calibre se contrapondría de forma directa a lo estatuido en el primer párrafo del numeral 39 de nuestra Corta Fundamental, mismo que sentencia: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad“.

Respetuosamente, consideramos que es una barbaridad, una arbitrariedad, suponer y condenar a una persona trabajadora asalariada al despido, por pérdida de confianza, sólo por el hecho de estar altamente endeudada. Este sería un acto eminentemente subjetivo, que lesiona no solamente la Constitución Política, sino que la propia dignidad humana, pues supondría que el hecho de estar endeudado, ya sólo por eso, la persona se convierte en sospechosa de cometer delito y con ello hacerse acreedora de pérdida de confianza, como si las personas que no tienen deudas, no fueran también proclives a cometer delito o falta grave.

No solamente se prejuzga y condena a la persona endeudada, sino que además se le discrimina por esa condición, poniéndola como sospechosa, causando daño a su imagen y sentimientos personales.

Por otra parte, estimado don Jorge, la jurisprudencia en abundancia ha sentenciado que la pérdida de confianza no puede ser jamás una apreciación subjetiva, arbitraria, librada a juicio del patrono. No, don Jorge: la pérdida de confianza debe demostrarse, requiere de indicios, prueba y, por tanto, del debido proceso. Dejarle al patrono que él configure, subjetivamente, la causal de pérdida de confianza sería proporcionarle una carta en blanco, para que proceda a despedir cuando le venga en gana. Imagínese cuantos atropellos se cometerían. Por eso la jurisprudencia ha sido clara: la pérdida de confianza debe tener indicios, prueba, que lleven a demostrar los hechos que configuran el delito.

Por otra parte, en el caso que nos ocupa no tenemos norma que tipifique el alto endeudamiento como causal de despido. Ni el Código de Trabajo, ni el Reglamento Interno de Organización y Servicio, ni el Contrato de Trabajo de la Junta de Protección Social. De haberla, en todo caso sería una norma contraria al espíritu de la Constitución Política ya que estaría, prejuzgando, condenando y discriminando, subjetivamente, a las personas trabajadoras asalariadas altamente endeudadas.

Considérese, además que, lamentablemente, en nuestro país dada la precariedad de los salarios y la gran inequidad en la distribución de la riqueza, ha hecho que las personas trabajadoras tengan que recurrir al endeudamiento para sostener de alguna manera su nivel de vida y evitar caer en la pobreza ó en la pobreza extrema.

Como vemos, sostener que el alto endeudamiento es suficiente para configurar la causal de despido, no solamente sería un acto subjetivo, arbitrario y contrario a la ley y a la Constitución; sino que, además, y dado el alto endeudamiento a que ha tenido que recurrir la clase trabajadora para sostener su modo de vida, una carta en blanco para que patronos públicos y privados, despidan, injustificadamente, a miles y miles de personas trabajadoras asalariadas.

Finalmente, nos resistimos a pensar que de su parte, la indicada comunicación correspondiere a alguna aviesa intención cuyo propósito no nos queda claro.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Ing. Abundio Gutiérrez Matarrita, Presidente de la Junta Directiva, Junta de Protección Social (JPS).
cc.: MAE. Francisco Ibarra Arana, Gerente General, Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Señores y señoras, Honorable Junta Directiva, Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Lic. Álvaro Sojo Mendieta, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Lic. Eric Briones Briones, Jefe del Departamento Legal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Personal trabajador de la Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Honorable Junta Directiva Seccional ANEP-JPS.
cc.: Juntas directivas, seccionales de la ANEP.
cc.: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Archivo.

El movimiento sindical venezolano e internacional obtuvieron una importante victoria durante la Reunión del Consejo de Administración de la OIT que concluyó el día 24 de marzo en Ginebra.

Los trabajadores derrotaron la intención de Fedecámaras, la oligarquía patronal, de golpear a los trabajadores venezolanos con acusaciones infundadas contra el gobierno de Hugo Chávez.

Fedecámaras, más conocida en el mundo por su papel criminal en el golpe de Estado derrotado de 2002, cuenta con total apoyo de la UIE (Unión Internacional de Empresarios) que es el vocero de las más poderosas corporaciones dentro de la OIT.

“_Es una victoria muy importante para los trabajadores venezolanos y todo el grupo de los trabajadores que en la OIT luchan para garantizar los derechos y todas las conquistas alcanzadas que estos monopolios intentan liquidar en todo el mundo_” afirmó Maria Pimentel, secretaria de Relaciones Internacionales de la CGTB.

“Logramos derrotar los representantes del atraso en la OIT“ .

Desde Ginebra Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores – UNETE, informó a los asalariados venezolanos, “_que existe mucha satisfacción por las declaraciones de Leroy Trotman, el presidente del grupo de trabajadores, quien señaló que ya estaba bueno de utilizar el escenario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, un organismo de las Naciones Unidas_”. Es de recordar que se celebra un congreso internacional en Ginebra de la OIT que reúne a los líderes de los asalariados en todo el mundo, para hablar sobre reivindicaciones laborales.

“_Durante estos años, Fedecámaras ha venido a buscar a Ginebra, lo que no tiene en Venezuela, por esta razón señalamos que es un triunfo para el pueblo venezolano. Pretendía acabar con elementos fundamentales para los trabajadores, como es el tema de la solvencia laboral, una reivindicación que fue otorgada mediante decreto por el Presidente Chávez en 2006, que obliga a los patronos a cumplir con la libertad sindical y el pago de la seguridad social_”.

“_Fedecámaras dijo que el Gobierno perseguía a empleadores que invertían en el campo, refiriéndose a Eduardo Gómez Sigala, a quien todos conocemos como un terrateniente_”, denunció Marcela resaltando que la UNETE, ha conseguido el apoyo y la solidaridad de los países del mundo. “Logramos derrotar los representantes del atraso en la OIT“, dijo.

Máspero culminó ratificando su voluntad de continuar defendiendo a los asalariados venezolanos y de desmontar las mentiras mediáticas de la derecha tanto en Venezuela, como en el mundo y, de organismos al servicio del imperialismo, como Fedecámaras, que en realidad son indiferentes a las necesidades de los trabajadores. “_Hoy (miércoles) ha sido derrotado el chantaje de Fedecámaras, que desde el año 2004 viene gestando en el interior de la Organización Internacional de Trabajadores_” manifestó la coordinadora nacional de la UNETE. (Fuente: {Radio Mundial: www.radiomundial.gob.ve})

Carta abierta al Honorable y estimado señor Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta:

Primero: La defensa del empleo, del trabajo, es el objetivo número uno de la organización sindical que nos honramos en presidir. Como Derecho Humano fundamental, desde la perspectiva del Humanismo Cristiano, con base en los postulados constitucionales, haremos hasta lo imposible, y hasta el último minuto de nuestras responsabilidades, en defender el empleo de las personas trabajadoras que nos honran con su membresía a la ANEP y, en términos generales. No hay peor dolor en un hogar de clase trabajadora que no haya empleo. Es algo sumamente triste y por eso, como ejemplo, asumimos la bandera de la situación de las personas trabajadoras interinas, como usted bien sabe, reconociendo sin tapujos que en su Gobierno, don Fernando, encontramos espacio y voluntad políticas para actuar en este caso; caso que, por cierto, estamos apenas en un 30 % de cobertura y que deberíamos asumir lo concerniente para resolver el 70 % que sigue en la angustia, en la zozobra y en la incertidumbre de si mañana se tendrá empleo. No lleva usted razón, señor Ministro, en protestar porque horas antes de la manifestación del pasado 10 de marzo, en cuanto oportunidad mediática tuvimos, hicimos alusión a su comentario sobre lo que está pasando en la Unión Europea (UE), alertando a quienes en el sector Público nos hicieran el honor de escucharnos en nuestra defensa vehemente del empleo y en lo “simbólico” de su comparación entre el escenario fiscal actual y el de aquella región del planeta. Algo así, don Fernando, no podíamos dejarlo pasar desapercibido y rechazamos, tajantamente, que empleáramos información falsa, que mentimos, que manipulamos. Repetimos, en esto de la defensa del empleo, la ANEP será enérgica, contundente, consecuente y feroz.

Segundo: Nosotros, en ANEP, nos sentimos honrados de que su digna autoridad nos diese la oportunidad de ser la primera entidad gremial en conocer su propuesta de “Ley de Solidaridad Tributaria“. Usted sabe que asumimos esa función con muchísima seriedad y que, en la segunda oportunidad en que hablamos del tema, estuvimos en compañía de economistas muy serios y profesionales que, con distintas posiciones filosófico-políticas, le dieron el honor a la ANEP de acompañarnos en su despacho. Luego de esa presentación, hicimos muchas consultas y, en verdad, no quedamos convencidos de que su propuesta tuviese un fuerte componente tributario de carácter progresivo, si lo vemos en el marco del escenario actual que está completamente construido sobre bases regresivas que alimentan, perversamente, el crecimiento de la desigualdad y, por ende, la concentración abusiva de la riqueza.

Tercero: Si hay una organización sindical en este país dispuesta al diálogo con seriedad y con propuestas es la ANEP. Aquí que se nos dispense la vanidad y la inmodestia. Como bien usted reconoce, la experiencia de la Tercera República ha marcado gran parte de nuestro accionar de los últimos años, entendiendo que el desdibujamiento de una sociedad de clase media con relativa equidad y con oportunidades de movilidad social, nos está llevando al despeñadero, irremediablemente. No pocos costos políticos hemos tenido que asumir por lanzar propuestas pero, lamentablemente, los sectores hegemónicos del poder, que siguen siendo los mismos de siempre, están tan enceguecidos en su codicia concentradora y en su egoísmo suicida, que no podemos a estas alturas resolver el problema fiscal que usted tiene, don Fernando, sin una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, así en mayúscula, que incluya una verdadera ofensiva político-estratégico en el tema de la evasión en todas sus formas, desde las barbaridades que pasan en las Aduanas (de lo cual le ha hablado mucho a usted los compañeros de la Secciona ANEP-Hacienda), pasando por los 800 mil furgones al año que van y vienen sin siquiera ser escaneados, tal y como fue reseñado en una reciente columna periodística famosa en el país, del señor Julio Rodríguez. Aquí, don Fernando, si usted y su Gobierno se deciden “agarrar el toro por los cuernos“, usted encontrará un apoyo popular impresionante para poder enfrentar a esas poderosas fuerzas que por su capital acumulado, ilegalmente mucho de él, impiden que avancemos hacia la justicia tributaria necesaria que la democracia ocupa en estos momentos en que su institucionalidad parece deteriorarse todos los dias.

Cuarto: La ANEP se presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en la noche del martes 8 de febrero de 2011. Expusimos 13 planteamientos-propuestas, elaboradas modestamente pero con mucho esfuerzo de pensamiento conjuntado desde nuestra propia experiencia y con aportaciones constructivas de otras fuentes. Seguros estamos de que usted ya está enterado de ellas. Incluso, luego de esa presentación y ante lo que pasó en el parlamento europeo, el pasado 8 de marzo, hablamos públicamente del impuesto “Robin Hood“ (la Tasa Tobin), el impuesto a las transaciones financieras (ITF); impesto que, perfectamente, en nuestro país puede ser establecido con las adaptaciones de rigor.

Quinto: A estas alturas, seguramente ya usted tiene claro, don Fernando de que el proyecto “Ley de Solidaridad Tributaria“ está “muerto“ en el parlamento. Recientemente nos enteramos por la prensa electrónica de que la señora Presidenta Chinchilla “está dispuesta a revisar el plan fiscal“. Según ese medio, informa-tico.com, del pasado viernes, doña Laura habría dicho “Si es del caso, enviaremos un nuevo texto… aunque los diputados pueden avanzar por vía de mociones“. Es más, en esa misma información se indicó que el señor diputado presidente de Hacendarios, don Guillermo Zúñiga, indicó de que “hay que introducirle cambios, definitivamente, así como está no puede ser aprobada“. Nosotros pensamos de que ya no hay tiempo para cambios, de que ya no hay espacio político si no es aquel espacio que se puede generar a partir de elementos impositivos en la línea de la progresividad.

Sexto: No podemos dejar de pensar de que las fuerzas económico-financieras que impiden la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL que requiere nuestra querida Patria, está muy felices de que la misma no se dé porque la existencia del déficit fiscal, que a usted tanto le preocupa don Fernando, les permite reproducir sus excesivos capitales con la compra constante de los bonos que usted debe colocar en el mercado financiero para “pagarle a los empleados públicos“, como usted dice, incluso “algunos de los cuales están afiliados a ANEP“. Esa TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, que incluyera, por ejemplo, el control jamás visto de la evasión, podría acabar con las necesidades del Gobierno de estar pidiendo prestado y eso podría perjudicar el negocio de las rentas de los bonos de algunos cuantos porque, como sabemos, ni los ni las de abajo, ni la clase media altísimamente endeudada, hace compras de bonos en niveles tan grandes como los que se ocupan para las necesidades gubernamentales que a usted le agobian tanto, don Fernando.

Sétimo: Estamos seguros de que ANEP no está cerrada a seguir conversando con usted al respecto y no sería descabellado que usted considerara dialogar con nosotros al respecto, con la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación y con el “Consejo de Presidencias de Seccionales de la ANEP“; y, en general, con organizaciones del Movimiento Sindical Costarricense, amigas de la ANEP y con interés en el tema.

Octavo: En lo personal, creemos que en aras de esa TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, corresponde generar un proceso de acumulación de fuerzas para un ejercicio potente de nuestro concepto de Democracia de la Calle, con la movilización pacífica del pueblo trabajador y, por supuesto, de la gente trabajadora del sector Público, la cual ya fue “condenada“ al congelamiento salarial con imposiciones salariales sucesivas, si acaso, del 2 % semestral a partir de ahora, como usted lo anunció. Igualmente, esa severísima directriz de restricción del gasto público tiene consecuencias nefastas de deterioro profundo en diversos servicios públicos para, igualmente, castigar a la gente de abajo, esa misma que es castigada con la perpetuación tributaria regresiva que nos está llevando al precipicio. En función de ese objetivo por cambiar tal injusticia, los métodos de lucha pacíficos son diversos y no se extrañe si en fecha próxima tendremos que emplear algunos para lograr más impacto ciudadano buscando genera la suficiente conciencia popular acerca de la imperiosa necesidad de esa transformación.

Noveno: Lo que sí pareciera es que este tema es tan delicado que tal y como lo propuso el señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada, emerge la necesidad de un acuerdo nacional.

Una vez más, don Fernando, con sinceridad, le expresamos nuestro mayor respeto y consideración. Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Gracias a la convocatoria a paro de labores el día de hoy, jueves 24 de marzo, los trabajadores y trabajadoras de Adaptación Social que trabajan en la zona de San Rafael de Alajuela y el Zurquí lograron recuperar el sistema de transporte que les fue eliminado. Nuestro sindicato considera este transporte como un derecho adquirido y por supuesto parte del salario de los trabajadores y trabajadoras de estos centros penales.

Además, se logró el acuerdo para que el personal no sea trasladado, a falta de campo en el autobus, en “perreras”, que son vehículos exclusivos para el transporte de privados de libertad y no para funcionarios públicos.

El movimiento de presión se realizó en dos sedes, encontrándose una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras en las oficinas centrales de Adaptación Social en San José, y otra gran cantidad de personas en las instalaciones de La Reforma, en Alajuela.

A este encuentro asistieron la mayoría de las organizaciones del Movimiento Sindical costarricense y contó con uno exhaustivo análisis por parte del diputado José María Villalta Florez-Estrada del Partido Frente Amplio, quien junto a otros diputados y diputadas de otras fracciones legislativas defienden la libertad sindical y los derechos humanos laborales en esta reforma que modifica cerca del 70% del Código de Trabajo.

Representantes de las organizaciones sindicales presentes se mostraron optimistas con el reencuentro del Movimiento Sindical en un momento importante en la discusión de este Proyecto de Reforma Procesal Laboral, pero aún más porque se retoma la acción conjunta luego de la gran demostración de fuerza realizada el 10 de marzo anterior.

Para los presentes es “un paso más en la dirección de la ansiada unidad del Movimiento Sindical en todos los campos, respetando la diversidad organizativa e ideológica, pero con un objetivo claro y unitario como es la defensa de los derechos humanos laborales en Costa Rica”.

Este encuentro no terminó ahí, por el contrario continuará analizándose este y otros temas en los próximos días en las sedes de otras organizaciones sindicales, siempre en forma unitaria y a donde esperan la participación de aquellas que no pudieron hacerse presentes ese día.

Recordar que la acción original fue planteada por el diputado Villalta y que el RT está amenazado de muertes por el TLC-USA. El planteamiento jurídico lo formuló la compañera Susan Quirós Díaz, Coordinadora a.í de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la organización.
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Para intervenir como coadyuvante de la parte actora en el presente asunto, invoco el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual “las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa”.

Fundamento mi legitimación activa en lo establecido en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que reconoce la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad sin asunto base, en los casos en que por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. En cuanto a este último aspecto intereses colectivos ya la Sala ha precisado que, el legislador se refiere a la legitimación que ostenta una agrupación, cuando actúa como tal, en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su gremio, pero además de lo anterior, siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor gremial de la agrupación, actora, incluso cuando, en algunos casos, los efectos de tales normas pudieran repercutir de manera individualizada en cada uno de sus miembros.

Documento completo aquí o en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

San José, 15 de marzo de 2011.

S.G. 09-11-1418-11

Doctor
José María Tijerino Pacheco
Ministro

Licenciada
Xinia Montano Álvarez
Viceministra Administrativa de Seguridad Pública

Comisario
Walter Navarro Romero
Viceministro de Seguridad Pública

Máster
Francisco López Trejos
Oficial Mayor y Director General Administrativo-Financiero

Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
San José

ASUNTO: SITUACIÓN LABORAL DEL ALMACEN INSTITUCIONAL: DEBE SER ATENDIDA Y RESUELTA CON CARÁCTER DE URGENCIA.

RETROSPECTIVA DE UNA PROBLEMÁTICA:

Nuevamente, la ANEP se da a la tarea de asumir un conflicto laboral en ciernes que se viene gestando desde noviembre de 2009, fecha en que intervenimos a propósito del traslado de la Intendencia General a las antiguas bodegas del Concejo Nacional de Producción (CNP) en Pavas.

Valga mencionar que en aquella oportunidad fue necesaria nuestra intervención en razón de la urgencia manifestada por la otrora ministra, Licda. Janina Del Vecchio Ugalde, misma que ordenara el traslado sin que se hubiesen concluido las remodelaciones que efectuaba la empresa Varela Ramonense, la cual acondicionaba dichas bodegas acorde a las nuevas necesidades logísticas, siendo un cometido de primer orden, la generación de condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras.

Lo anterior nos llevó a formular el documento-oficio S.G. 09-11-0261-09, fechado 13 de noviembre del 2009, denominado “TRASLADO DEL ALMACEN INSTITUCIONAL Y SU RECURSO HUMANO A LAS ANTIGUAS BODEGAS DEL CONCEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)”, documento diagnóstico de once folios en el que argumentamos de manera pormenorizada las deficiencias que debían ser corregidas, tales como ampliación de pasillos, cantidad insuficiente de baños, red de alcantarillado sanitario inoperante, aguas negras, cantidad insuficiente de agua potable que no llegaba a los baños, problemas de goteras y filtrados en techo, inundaciones de la única exclusa o rampa, así como su estrechez, problemas con la cobertura de póliza de seguros; entre otras deficiencias que no lo hacían apto para tal propósito.

Oportuno mencionar que dentro de las argumentaciones técnicas esbozadas en dicho diagnóstico se destaca que dichas instalaciones tienen una vida de cincuenta años, con quince de permanecer cerradas, aunque a pesar de las inversiones millonarias realizadas no se resolverían problemas de fondo si no de orden estético, con lo cual cumpliría con los requerimientos o normas técnicas para albergar la Intendencia General, condiciones que sí reunía las instalaciones donde permanecían.

No obstante, ante la resistencia lógica del traslado a la nueva sede institucional, este colectivo laboral fue presionado, amenazado y hostigado con tal de que accedieran al cometido ordenado lo que finalmente, contra toda voluntad, ocurrió. Fue entonces cuando logramos una serie de acuerdos entre ANEP y el otrora Oficial Mayor Lic. Luis Antonio Román Hernández y la Arq. Irene Soto Urbina; acuerdos como el mejoramiento de las condiciones citadas, la ampliación de pasillos, la compra de dos nuevos montacargas pequeños, el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., así como el trasporte debido a la ubicación de la nueva sede de trabajo.

Con fecha 25 de marzo de 2010 en oficio S.G. 09-11-0513-10, nuestra representada vuelve a cuestionar los cumplimientos de los acuerdos, pero en esta ocasión se cuestiona el recibo satisfactorio del inmueble remodelado por la empresa Varela Ramonense por la suma de cien millones de colones, lo anterior por las sospechas de que dicha empresa no realizara algunos trabajos previstos en el contrato, se cuestionaba que la mano de obra la estaba cubriendo el ministerio así como la pintura del inmueble lo que generó la posición del entonces Oficial Mayor Lic. Luis Antonio Román Hernández, esbozada en el oficio DGA-0321-2010, fechado el 29 de abril del mismo año.

Con la llegada de la hoy Ex viceministra Administrativa, Licda. Flora María Calvo Abarca, el colectivo laboral continúa el diálogo, planteándose la propuesta de traslado de Pavas a otro lugar con mejores condiciones, lo que finalmente se trunca con la salida de esta jerarca; encontrándonos hoy con la misma problemática supra citada en nuestro primer diagnostico del 13 de noviembre del 2009, con la sumatoria de un efervescente clima laboral que de no atenderse satisfactoriamente derivará ineludiblemente en otras acciones.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL Y PROPUESTA:

Enfocamos el siguiente análisis de situación en tres aspectos fundamentales, a saber: a) Acciones ministeriales para el mejoramiento de las condiciones laborales. b) Interferencia entre acciones, decisiones y rangos de acción entre jerarcas. c) Clima organizacional e instigación laboral. d) Dudas en el cumplimiento del contrato por parte de la empresa Varela Ramonense S. A.

Cada apartado definido anteriormente será sustentado con base en el análisis documental tanto de informes como de gestión institucional, así como por visita e inspección a las instalaciones y entrevista con el personal.

a) Acciones ministeriales para el mejoramiento de las condiciones laborales:

Al respecto nos encontramos con cuatro informes que describen puntualmente las serias deficiencias en estas instalaciones. Nos encontramos con el informe de ANEP, oficio S.G 09-11-0261-09 fechado 13 de noviembre del 2009; Acta de Inspección del Instituto Nacional de Seguros (INS) de 15 de marzo del 2010; Informe del Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública, emitido el 6 de julio de 2010 y el Informe del Área Rectora Salud de Pavas del 7 de agosto del 2010. Importante es destacar que con excepción del acta de inspección del INS, los otros tres informes concluyen con el traslado o reubicación del Almacén Institucional a otro inmueble.

Oportuno hacer mención que los informes justifican, sustentan las violaciones a la Ley 5395, Ley General de Salud; Ley 6727; Reglamento General de Seguridad e Higiene; Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad; Reglamento sobre Higiene Industrial, Decreto 11492; Decreto 25986-MEIC-MTSS RTCR, Reglamento de Construcciones del INVU.

Así, por ejemplo, el haber pasado de 4 o más esclusas para carga y recarga a únicamente una ha generado contratiempos tanto en la entrega como en la recepción de mercaderías y avituallamiento, pues se manejan grandes volúmenes, la inundación de la misma y, por ende, del inmueble. Fue persistente en el reciente invierno y cada vez que llueve fuerte, lo anterior por la topografía y el desnivel de la edificación respecto a la carretera y edificaciones; aspectos señalados en nuestro primer informe.

En este orden de aspectos es oportuno mencionar que la Ing. Ana Luisa Segura García de la Sección de Diseño, en oficio 358-2010-DOC-DI, de 24 de noviembre del 2010, le informa a la arquitecta Irene Soto Urbina que realizado el estudio técnico para mejorar la esclusa tiene dos alternativas, pero ninguna resuelve el problema definitivamente y su costo es de dos millones y medio más un cincuenta por ciento adicional, si se realizara por contratación externa.

Otras consecuencias negativas denunciadas por el colectivo laboral plantean la generación de plagas de roedores (como ratones) y gatos, debido a la ubicación geográfica y topográfica del inmueble y su colindancia con la línea férrea; situación que llevó a una comisión ministerial a decidir que el Consejo Nacional de la Producción (CNP), se encargara de suplir directamente los alimentos a las regiones y los deltas; debido a las pérdidas económicas por tener que desechar alimentos y productos contaminados con orina y heces de ratas, que continúan hasta hoy causando destrozos en otros tipos de productos.

Con excepción del cambio de láminas del techo aislante colocado en el cielo raso y el aire acondicionado que todavía no está instalado, el restante de las deficiencias señalados en los informes, nada ha cambiado; hoy las condiciones laborales se han devaluado sustancialmente, pues se aguarda el próximo invierno y con él las cotidianas inundaciones del inmueble, la imposición y quebranto de un acuerdo de la jornada laboral estipulado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Siendo ahora adelantado en una hora, sustentado en las argumentando eficiencia y eficacia y apoyo al funcionario policial.

Si bien el fundamento actual se sustenta en el principio de eficiencia y eficacia lo cierto del caso es que a pesado en esta decisión algunas inconformidades subjetivas de oficiales y proveedores que conociendo la dinámica de trabajo del Almacén Institucional han querido ser atendidos con prontitud y de manera oportuna casi al cierre de la jornada laboral, cuando el personal dispone de un tiempo asignado para las labores propias de acomodo de mercancías y registros de asientos de ingresos y egresos.

La decisión de haber adelantado la jornada laboral, no es por sí misma sinónimo de mayor eficiencia y eficacia, pues de igual manera las y los oficiales y los proveedores seguirán llegando a cualesquier hora de la jornada laboral e incluso al filo del término de la misma, lo que sí resolverá el problema en definitiva es la plena coordinación biunívoca entre regiones, deltas del país para el retiro de mercaderías y avituallamiento, así como con proveedores externos, con lo cual se haga posible mejores niveles de eficacia y eficacia.

Un ejemplo que conocemos es el caso de un proveedor que llegó con un furgón o tráiler de mercadería a eso de las 3:00 p.m., sin personal para la descarga al preguntarse el tiempo estimado en la descarga, el responsable adujo que 6 horas, eso significaba que el personal del Almacén Institucional tenía que quedarse trabajando hasta las 8:00 p.m., razón por la cual le instruyeron volver al día siguiente con personal para descarga, siendo que llegó a las 7:30 a.m. con 5 hombres para la descarga, labor que concluyó a la 1:00 p.m.

Es de fundamental importancia recalcar que parte de la organización del trabajo a lo interno, es la disposición de la última hora laboral destinada para asuntos de orden administrativo, sea confección de asientos de ingresos y egresos, así como el respectivo acomodo de mercadería.

b) Interferencias entre acciones, decisiones y rangos de acción entre jerarcas:

En este particular son reiterativas en el análisis documental observar fuertes discrepancias de criterios técnicos y/o decisiones de superior jerárquicos directos, tal es el caso de la Licda. Josefina Montero Varela, Directora de la Proveeduría Institucional, o de forma indirecta cuyo caso lo ejemplificamos la comisión de profesionales integrada por la Comisionada Kattia Chavarría Valverde, Licda. Roxana Guzmán Bonilla y la Licda. Leticia Loría Gutiérrez quienes decidieron el traslado de la sección de alimentos del Almacén Institucional al Consejo Nacional de Producción (CNP), institución que además de proveedora se encararía de la entrega y repartición de los alimentos.

Lo anterior sin que se participara al MBA. Rogelio Wilson Wilson, en calidad de jefatura del Almacén Institucional, tal y como se comprueba en el documento denominado sesión de trabajo del 6 de agosto de 2010, documento de acuerdos donde no aparece la firma de dicha jefatura.

Al respecto es oportuno mencionar el oficio D.A.I. 00543-2010 fechado 1 de diciembre de 2010 suscrito por el MBA. Rogelio Wilson Wilson que enviara al Lic. Francisco López Trejos, Oficial Mayor y Director General Administrativo Financiero, documento en el cual expresa su posición y desacuerdo con la decisión de dicha comisión, sustentada en el informe emitido por la Unidad de Auditoría Interna AGSPA 01-D05-2010 del 12 de febrero del 2010, mismo que indica que toda mercadería o donación debe ser atendida por el Almacén Institucional, para efectos de confección de asientos contables de ingreso y egreso; violándose las normas y procedimientos existentes.

Similar criterio externó esta jefatura en oficio D.A.I. 001494-2010 fechado el 23 de diciembre de 2010 ante la decisión del Licda. Josefina Montero Varela de disponer que todos los materiales sean recibidos en la bodega detrás del Almacén Institucional, de igual manera disponer de un funcionario del Almacén Institucional para que coloque patrimonios de manera diaria para que los programas puedan extraer los materiales.

Finalmente hace referencia en la misiva de que es necesario que se cumpla a cabalidad con las normativas de la Controlaría General de la República y Ministerio de Hacienda para que los jefes de programas acaten la disposición de retiro de las mercaderías.

Importante destacar que en este mismo contexto de situación nos encontramos con el oficio 530-2010DV-WN fechado 2 de diciembre de 2010 del Coronel y Vice ministro de Seguridad, señor Wálter Navarro Romero indicándole al Comisario Juan José Andrade Morales, que tomando en cuenta que en el Almacén Institucional hay una gran existencia de uniformes y equipamiento policial y ante la escasez que sufren las regiones, solicita hacer las gestiones pertinentes para que se reparta de manera equitativa, utilizando los controles internos necesarios.

Si bien las decisiones que se atribuyera la comisión encargada de valorar la situación de los alimentos y en consecuencia el traslado al Consejo Nacional de Producción (CNP), para que realice la distribución; somos del criterio que privó el interés superior de proteger la salud e integridad de los trabajadores tanto de la sección como del personal policial, estamos ante una contradicción con las normativas, adicionalmente el hecho de que fuera visibilizada la participación de la jefatura del Almacén Institucional, dicho de otra forma, otros tomaron decisiones sobre un asunto sobre el cual la competencia directa la ejercía el señor Wilson Wilson.

Importante destacar el reclamo reiterativo y válido tanto de la jefatura como de su personal subalterno en el sentido de que las autoridades ministeriales no han mostrado voluntad política para tratar el problemática del Almacén Institucional de manera integral; considerando que si bien resolvieron de manera arbitraria un problema urgente, no ha existido interés en la solución definitiva de la problemática, cual es la búsqueda de otras alternativas mobiliarias para el albergue del Almacén Institucional.

Vista la situación anterior nos atrevemos a afirmar que estamos ante una situación de alta conflictividad producto de que jerarquías supriores imponen criterios y decisiones, el que no necesariamente están en estricto apego a las normativas establecidas, por otra parte determinamos que el jefe del Almacén Institucional a venido actuando de buena fe y en apego a las normas y en salvaguarda de las responsabilidades encomendadas.

Analizando la documentación, es reiterativo encontrarnos con los criterios acertados en el sentido de que las mercaderías no deben de permanecer largos tiempos almacenados, sino que debe de repartirse acorde a los programas, sobre todo no es justificable que mientras las y los oficiales tengan grandes carencias en las regiones, permanezca mercaderías y avituallamiento por meses y años embodegados, pues no es el Almacén Institucional un edificio de bodegaje.

En tal sentido es inaudito que se tenga en inventario 33.464 camiseta, 7.811 gorras, 5.560 camisas, 4.345 pantalones, 2.837 chalecos antibalas y 1.154 capas para motorizados, 106 radios portátil 945; cuando nuestros de nuestros oficiales ni siquiera cuentan con chalecos antibalas.

Finalmente como ANEP apelamos a que exista una clara y contundente redefinición de las políticas, normas o lineamientos y sus rangos de competencia, importante la capacidad de dialogo para el entendimiento y el respeto a las discrepancias.

c) Clima organizacional e instigación laboral:

La necesaria paz laboral para el logro de la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio ha venido sufriendo un acelerado y progresivo deterioro, que se gestó justo cundo el personal manifestaba rechazo a la nueva sede laboral, fueron ejercidas presiones y amenazas con tal de que el traslado se efectuara con la mayor prontitud, amén de las condiciones laborales señaladas.

El clima laboral se volvió extremadamente adverso y se acentúa su deterioro, mismo que hoy se encuentra en su clímax más alto, como consecuencia de una acumulación de aspectos laborales aún no resueltos, pero sobre todo por un fenómeno que a nuestro criterio acontece; nos referimos a la reproducción de un estilo de liderazgo verticalista basado en la imposición y la prevalencia de criterios y decisiones, sobrepasando los principios de racionabilidad y proporcionalidad para desembocar en una abierta y solapada instigación laboral.

Cuando decimos reproducción de un liderazgo verticalista nos referimos a la impregnación de conceptos y estilos de mando muy propias en estructuras formales de cultura laboral policial, que al ser aplicados erróneamente al segmentos laborales administrativos conllevan a gran conflictividad, amén de las justificaciones generalistas que el personal administrativo debe estar siempre en función de lo policial; lo cierto del caso es que su cultura laboral es distinta al participio general de orden y mando del personal policial.

En este mismo orden de cosas, es importante mencionar que oficio DGAF-1259-2010 el Máster Francisco López Trejos, Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero le comunica al Jefe del Almacén Institucional que la semana próxima la sección de Psicología realizaría el solicitado estudio de clima organizacional, 4 meses después se desconoce los resultados de dicho estudio por parte del personal.

Los indicativos que sustentan nuestras anteriores apreciaciones respecto a lo que tipificamos como instigación laboral, las observamos de manera tacita en varios documentos clasificados y analizados sus contenidos textuales, su trasfondo y el contexto, los cuales utilizamos como referencia a continuación.

Caso Primero:
Oficio 0774-2010- SF-MSP Investigación preliminar por parte de la Inspectoría General caso 024-2010-IG-MSP, referido a las razones o denuncias de superiores por resistencia del personal del Almacén Institucional en el traslado a Pavas; lo que arribó a la apertura de un procedimiento administrativo.

Lo anterior es evidencia de las constantes acciones de presión dirigidas a este segmento laboral cuando se resistía al traslado, la instigación terminó en la apertura de un procedimiento administrativo.

Caso Segundo:
Oficio DPI 1.052-10 del 13 de abril de 2010, suscrito por la Licda. Josefina Montero Varela, en la que le indica al señor Rogelio Wilson Wilson, que ante la gravedad del caso se ve obligada a pasarlo al Departamento de Disciplinario Legal, lo anterior sustentado en una queja o inconformidad interpuesta por la Comisionada Kattia Chavarría Valverde respecto al retiro de 3 uniformes y 1 aceite para cocina por parte del Delta de Golfito.

Sin que medie una manera inteligente de diálogo proactivo para corroborar la objetividad de las quejas, se amenaza con pasarlo a la instancia del Departamento disciplinario.

Caso Tercero:
Oficio 4.236 10 del 25 de noviembre de 2010, suscrito por la Licda. Josefina Montero Varela, en el cual le indica al señor Rogelio Wilson Wilson que debe de disponer de uno o dos funcionarios para que en horas fuera de jornada laboral permanezcan en el Almacén Institucional y puedan abrir y cerrar al personal de una empresa contratista, así como el resguardo de los activos, de igual manera le instruye las previsiones de la protección del equipo, textiles y materiales del polvo que caerá con la eliminación de las lámina del techo.

Seguidamente le sentencia que no prestar la colaboración conllevará a las sanciones estipuladas en el Reglamento Autónomo, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley General de Control Interno y la Ley General de Administración Pública.

Importante adicionar que no se propició reunión alguna de sensibilización y negociación con el personal para que se quedasen las 2 personas posteriormente a la culminación de la jornada laboral, no pudiéndose obligar al personal, no obstante este colaboró y más aún contra toda lógica y violentándose las normas de salud ocupacional se mantuvo a todo el personal laborando en una nube de polvo ferroso, el interés manifiesto de la directora de la Proveeduría Institucional era la ejecución de la obra y la protección de los materiales y equipos, no así las condiciones en que laboraría el personal.

Si bien la obligación laboral del personal era de cumplimiento con su jornada laboral de 8 horas y siendo arbitraria la medida obligatoria de disponer del mismo para complacer los requerimientos de la empresa, el personal accedió en una señal de buena voluntad no valorada.

Adicionalmente se sentencia al señor Wilson Wilson que de no colaborar le será aplicado todo el bloque de legalidad descrito.

Caso Cuarto:
Oficio DPI 4351 2010, remitido por la Licda. Josefina Montero Varela al Jefe del Almacén Institucional, MBA. Wilson Wilson, en el cual le indica que está subutilizando los recursos institucionales y ocasionando desperdicios de los mismos; manifiesta su criterio personal subjetivo, lo que provoca roces y desavenencias.

Caso Quinto:
Oficio DAI 1610 2010 de Rogelio Wilson Wilson, jefe Almacén Institucional, dirigido al oficial Mayor y Director General Administrativo Financiero, Máster Francisco López Trejos, indicándole que le de visto bueno para tomar un día de vacaciones para diligencias personales, solicitud que en 2 ocasiones formulara a la Lida. Josefina Montero Varela, quien le indicara que no estaba concediendo vacaciones ni disfrute de tiempo libre; lo anterior a pesar de que el señor Wilson Wilson cuenta con varios períodos acumulados de vacaciones.

Caso Sexto:
Oficio D.A.I. 00218 2011, del 7 de enero de 2011, suscrito por el MBA. Rogelio Wilson Wilson y dirigido a la Lida. Josefina Montero Varela. Directora de la Proveeduría Institucional; documento en el cual deja presentada su inconformidad cuando el día vieres 4 de enero del año en curso se apersonó al Almacén Institucional para retiro de unas computadoras y en presencia de otras personas le indicó el cansancio por los contantes oficios que remite a la entidad, que la misma manifestó que contaba en su poder con documentos para atender varias solicitudes de personas para que le trasladen del puesto, entre otras afirmaciones.

Lo anterior es fiel reflejo de la sistemática instigación laboral que ha sido objeto el señor Wilson Wilson en su condición de jefatura.

Caso Sétimo:
Oficio DPI 238 10 del 31 de enero del 2011, suscrito por la Lida. Josefina Montero Varela y dirigido al MBA. Rogelio Wilson Wilson, Jefe del Alcen Institucional en el cual le hace llamado de atención ya que supuestamente por desacato a una orden verbal respecto a la entrega de una mercadería a una funcionaria de la Comandancia de Limón.

Lo anterior, no obstante, de que ese día el señor Wilson Wilson se encontraba fuera del Almacén Institucional en una reunión a la que le había citado el Máster Francisco López Trejos, Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero, reunión que fue suspendida a última hora; importante mencionar que la mercadería sería recibida a las 10:00 a.m., sin embargo, se apersonaron al retiro a las 2:15 p.m. minutos.

Caso Octavo:
Oficio D.A.I 1570-2010, del 6 de diciembre de 2010, suscrito por el señor Wilson Wilson, jefe del Almacén Institucional dirigido a la Licda. Josefina Montero Vareta, Directora de Proveeduría Institucional en el cual le hace de su conocimiento su molestia al escuchar términos despectivos, en apariencia hacia él por parte de la indicada funcionaria, tales como: “ ¡Son más tontos las personas que consideran que Rogelio Wilson Wilson es tonto!; ¡Rogelio Wilson lo que se está buscando es que lo traslade de puesto por pertinaz!

Criterios subjetivos, sesgados, descalificadores, amenazantes y apriorísticos propiciado desde posiciones de poder, dirigidos al menoscabo del honor y prestigio y el desequilibrio emocional –laboral del personal del Almacén Institucional.

d)Dudas en el cumplimiento del contrato de remodelación por la Empresa Constructora Varela Ramonense S.A.:

Como se constata en el oficio 001-2010 DOC-CM del 9 de febrero de 2010, el inmueble es oficialmente entregado en supuestas condiciones óptimas al MBA. Rogelio Wilson Wilson, documento firmado por el señor Oscar Villavicencio Monge en representación de la empresa y el visto bueno por parte de la Arq. Irene Soto Urbina, jefa de Obras Civiles del Ministerio de Seguridad.

No obstante, se aprecian en el mismo documento las observaciones que realizar el señor Wilson Wilson sobre el inmueble tales como serios problemas en el techo, pisos dañados faltas de seguridad en sub secciones que se encuentran al descubierto así como otros serios problemas detectados a posteriori como el funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario.

Ante las sospechas de que la mencionada empresa no culminara a cabalidad con el contrato, nos dimos a la tarea de solicitar el documento de los términos contractuales de dicha licitación, cuestionamientos que dejáramos sustentados en el oficio S.G. 09-11-0513-10 fechado el 25 de marzo de 2010; lo anterior por cuanto interpretábamos que en los términos del contrato se describe el cambio de láminas del techo, canoas y bajantes lo que no realizó la empresa, pues recientemente fue instalado el techo y especie de un aislante.

No obstante, de la descripción del Ítem 10 del contrato referido que reza “todo el sistema de aguas negras y jabonosas”; existen fuertes presunciones en el sentido de que los servicios sanitarios nuevos fueron instalados sobre una red antigua de alcantarillado sanitario que data más de 50 años, lo que en teoría pudiese explicar el problema actual. Cuestionándose también el abastecimiento o cantidad de suministro de agua potable.

Cuestionamientos válidos pues la inversión millonaria cancelada a la empresa que realizara la remodelación de las antiguas bodegas del Consejo Nacional de Producción (CNP) fue por la suma de 100 millones de colones.

Valga la oportunidad para solicitar a las autoridades ministeriales la suma invertida en el mejoramiento de dichas instalaciones hasta el día de hoy.

CONCLUSIONES FINALES:

Primero:
Las y los trabajadores del Almacén Institucional y nuestra organización laboral en su representación solicitamos dar un término de 8 días calendario a partir de la entrega de este documento, para que se restablezca la jornada laboral de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., acuerdo que tiene más de 1 año en vigencia, de tal manera que se deje sin efecto el oficio DGAF-379-2011 del 21 de febrero de 2011.

Segundo:
Se restablezca el acuerdo servicio de trasporte brindado por el ministerio, tanto en la mañana como en la tarde, acuerdo logrado con el otrora Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero Lic. Luis Antonio Román Hernández.

Tercero:
Dar un tiempo prudencial de 15 días calendario para el planteamiento de la solución integral, sea la búsqueda de un nuevo inmueble que se ajuste a las condiciones y necesidades idóneas que requiere el Almacén Institucional, siendo una alternativa el regreso a las oficinas centrales del ministerio.

Lo anterior por cuanto consideramos un derroche de recursos la continuación de millonarias inversiones en un inmueble con los problemas ya descritos.

Así como el cese definitivo de la instigación laboral propiciada de jefaturas superiores hacia el personal que labora en el Almacén Institucional, y se instruya a la Inspectoría General a abrir un procedimiento administrativo al respecto.

Nos disponemos y estamos prestos a las negaciones al respecto; quedando de nuestra parte el derecho a valorar otro tipo de acciones.

Con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Luis Diego Alfaro Méndez
Responsable ANEP-MSP

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-MSP

C.c.
Licda. Josefina Montero Varela, Proveedora Institucional, MSP.
Comisionado Juan José Andrade, Director General de la Fuerza Pública.
Comisionada Kattia Chavarría Valverde, Sub Directora de la Fuerza Pública.
Lic. Juan de Dios Araya Navarro, Auditor Interno, MSP.
MSc. Ana Cecilia Arias Vizcayno, Directora, Inspectoría General, MSP.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Personal del Almacén Institucional, MSP.
Archivo.

Video de ANEPtv

Esa es la situación que viven más de 130 trabajadores de la empresa Durpanel S.A. de la firma Pujol –Martí que tiene otras empresas y que además construye modernas bodegas en una nueva “Zona Industrial”.

Con una manifestarán en las afueras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, trabajadores y trabajadoras de Durpanel S.A. exigen el pago de su aguinaldo del 2010 y los salarios atrasados, como primera medida de presión.

Los trabajadores solicitaron la ayuda de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, para organizarse y luchar por sus derechos. Mismos que no tienes una respuesta de la administración, de la empresa de Pujol-Martí, sobre las razones de los incumplimientos y atrasos.

Aunque algunos trabajadores acudieron de manera independiente al Ministerio de Trabajo en busca de ayuda no obtuvieron respuesta al respecto, realizaron una “inspección de cinco minutos, entraron a la Administración y salieron sin consultar a ningún trabajador de planta” dijeron los trabajadores.

Aparte de eso la acción del Ministerio de Trabajo ha sido nula y les han manifestado que “no pueden hacer más”.

Pero la cosa no acaba ahí, la empresa adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, más de 231 millones de colones, pese a que a los trabajadores y trabajadoras de la empresa se les deduce la cuota respectiva.

A eso hay que agregar la póliza de riesgos del trabajo del INS, y el dinero ahorrado en la Asociación Solidarista que al parecer “la limpiaron” porque no tienen ni mil colones para prestar pese a que muchos trabajadores tienen los ahorros de sus vidas en la misma.

ANEP ya ha realizado varias reuniones con los trabajadores, la manifestación frente al MTSS y la visita a medios de comunicación han sido las primeras acciones, mismas que continuarán en las semanas siguientes si no hay solución de Pujol-Martí a las deudas que mantiene con los trabajadores, la CCSS, el INS y la Asociación Solidarista.

A continuación una de las denuncias contra Durpanel S.A., entre otras empresas, ante la CCSS por morosidad con el pago de la seguridad social, deducción que se hace del salario de los y las trabajadoras de la empresa.
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Empresas solidarias con Abonos Agro adeudan a la CCSS más de ¢231 millones

Estimado señor Sebastián Tena Pujol, presidente de Abonos Agro.

Después de un cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a Usted con el propósito de comentarle lo siguiente:

He realizado estudio de algunas de sus empresas y como siempre, se demuestra la responsabilidad del grupo de empresas de Abonos Agro para con nuestra Seguridad Social.

Me imagino que por razones fuera de su control, dos de sus empresas DURPANEL, S.A. cédula jurídica N° 3-101-027803 y E A EUROAMERICA, S.A (antigua Laminadora Costarricense) cédula jurídica N°3-101-029738 se encuentran morosas por ȼ212.734.367,00 la primera y la segunda con ȼ18.435.174.00, o sea entre ambas adeudan la suma de ȼ231.169.541.00 a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales.El 1 de Diciembre del 2006, ante un recurso de amparo interpuesto por un servidor, la Sala Cuarta resuelve:

“17511-06.INFORMACIÓN DESACTUALIZADA EN LA CCSS. Indica el recurrente que la Caja Costarricense de Seguro Social, no actualiza la información que brinda en su página web respecto a los patronos morosos, lo cual le puede perjudicar al denunciar a alguno de esos patronos por una información imprecisa. La Sala delimitó el derecho de acceso a la información pública establecido en el artículo 30 de la Constitución Política en la sentencia 2120-03. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que proceda de forma inmediata a girar las órdenes respectivas, a fin de que la información contenida respecto a los patronos morosos en la página web de esta institución, se mantenga actualizada.”

Ante los registros proporcionados por la página web de la Caja Costarricense de Seguro Social, sus representadas aparecen con los siguientes montos morosos:

Cédula jurídica, nombre, razón social, sucursal de la CCSS, estado ante la CCSS y monto adeudado

3-101-027803
DURPANEL, S.A.
OFICINAS CENTRALES
PATRONO ACTIVO
MOROSO
ȼ212.734.367,00

3-101-029738
E A EUROAMERICA, S.A
OFICINAS CENTRALES
PATRONO ACTIVO
MOROSO
ȼ18.435.174.00

TOTALES ȼ231.169.541.00

3-101-002749
ABONOS AGRO, S.A.
OFICINAS CENTRALES
PATRONO ACTIVO
AL DIA
ȼ0,00

3-101-008162
ARCELORMITTAL COSTA RICA, S.A.
LAMINADORA COSTARRICENSE, S.A.
OFICINAS CENTRALES
PATRONO ACTIVO
AL DIA
ȼ0,00

3-101-011788
TUBOTICO, S.A.
OFICINAS CENTRALES
PATRONO INACTIVO
AL DIA
ȼ0,00

3-101-008292
GALVATICA, S.A.
OFICINAS CENTRALES
PATRONO INACTIVO
AL DIAȼ0,00

3-101-005435
TREFILERIA COLIMA, S.A.
OFICINAS CENTRALES
PATRONO INACTIVO
AL DIA
ȼ0,00

La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dice:
Artículo 30.- Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que estos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva.

El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas. (…)
En caso del traspaso o arrendamiento de una empresa de cualquier índole, el adquiriente o arrendatario responderá solidariamente con el trasmitente o arrendante, por el pago de las cuotas obreras o patronales que estos últimos fueren en deber a la Caja en el momento del traspaso o arrendamiento. Para que la Caja recupere las cuotas que se adeuden, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 53 de esta ley.

Artículo 48.- La Caja podrá ordenar, administrativamente, el cierre del establecimiento, local o centro donde se realiza la actividad cuando: a. La persona responsable o su representante se nieguen, injustificada y reiteradamente, a suministrar la información que los inspectores de la Caja Costarricense de Seguro Social le soliciten dentro de sus atribuciones legales. No se aplicará dicha medida si la información requerida se entrega dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución en que se ordena el cierre. b. Cuando exista mora por más de dos meses en el pago de las cuotas correspondientes, siempre y cuando no medie ningún proceso de arreglo de pago o declaratorio de derechos entre el patrono y la Caja.

El cierre del establecimiento, local o centro donde se realiza la actividad se hará mediante la colocación de sellos oficiales en puertas, ventanas y otros lugares de acceso al establecimiento. La destrucción de estos sellos acarreará la responsabilidad penal correspondiente. El cierre podrá ordenarse por un período máximo de cinco días, prorrogable por otro igual cuando se mantengan los motivos por los que se dictó. Para la imposición de esta medida y antes de su resolución y ejecución, la Caja deberá garantizarle al afectado el respeto de su derecho al debido proceso administrativo, conforme al artículo 55 de esta ley, que será normado mediante el reglamento respectivo

Artículo 51.- Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones.Por las razones antes expuestas señor Tena Pujol, de la manera más atenta y respetuosa lo insto a que ponga a derecho con nuestra seguridad social a la mayor brevedad posible éste adeudo para evitarse situaciones engorrosas y desagradables.

(Adjunto archivo con documentos de la página web de la CCSS que demuestran lo dicho.)

Atentamente;
Roberto Mora Salazar
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