La presencia de trabajadores y trabajadoras, organizados en la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Ana, se presentaron ante el Concejo municipal la noche del martes 28 de setiembre con el fin de tratar de lograr que las regidoras del PAC y del Sol dejaran de boicotear el incremento de la anualidad que no se hace desde hace más de 18 años.
Lydia Lacayo Mena, Presidenta de la Seccional y Directiva Nacional de ANEP, y Douglas Carrillo Azofeifa, dirigente sindical de ANEP y responsable de atender la Municipalidad, intervinieron ante el Concejo Municipal. En esta intervención fueron contundentes sobre la actitud mezquina de las representantes del PAC y del Sol de no reconocer el necesario y urgente aumento de anualidades, que es mínimo, a trabajadores que a los que no se les aumenta desde hace casi dos décadas.
“Hacemos un vehemente y respetuoso llamado, para que las regidoras reconsideren su posición con respecto a un acuerdo tomado por el Concejo Municipal anterior para que se incremente en un 2% la anualidad, que se aprobó en forma unánime.”, dijo Lacayo Mena.
Por su parte Douglas Carrillo manifestó que, _ “para no afectar presupuestos municipales y que la Contraloría General de la República no objetara un incremento que es justo, y que no se les hace desde hace 18 años, acordaron junto a regidores y regidoras que se hiciera en dos tractos. Se acordó que se pagara un 1% en el 2011 y el otro 1% en el 2012. Más justo y flexible no se puede ser, hemos negociado y llegado a acuerdos con todos los partidos políticos menos con el que se supone legisla para el pueblo.”_
Al respecto la regidora Norma Solís Gómez, del PAC manifestó que:”Justifico mi voto negativo porque se me arrojan dudas con respecto a la sesión ordinaria 197 celebrada el 20 de abril del 2010, en la cual el Concejo Municipal deja en firme el acuerdo de aprobar el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración en el cual establece aprobar un aumento al personal de la Municipalidad de Santa Ana un 2% de la anualidad a partir del 2011.”
Por su parte la regidora del Partido del Sol, Rosa María Múñoz Giró, sostiene, entre otros argumentos que “que la partida aprobada en este presupuesto relacionadas a las anualidades aprobadas por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 196 del 23 de abril del 2010 solo podrá ejecutarse si se respeta con un estudio técnico profesional.”
Para Douglas Carrillo este criterio de las regidoras es incorrecto ya que la negociación y el acuerdo del Concejo municipal anterior fue bien estudiado y aprobado por unanimidad, “a los trabajadores no les revisan la anualidad desde hace 18 años, eso quedó muy claro, por ello es que todos los partidos políticos, incluso con los que tenemos diferencias, lo aprobaron…solo el PAC no.”
_ “Creemos que esta lucha es justa y dejamos claro que en gran parte esta pelea la han sostenido los compañeros que laboran en las actividades de campo, siempre en su gran mayoría se han hecho presentes en todas las jornadas que se han realizado, por ello los felicitamos y los respaldamos para lograr esta importante reivindicación.”_, concluyó Carrillo Azofeifa.
Según los dirigentes sindicales de ANEP “en la Convención Colectiva se establece que cuando hay aumentos salariales en el Gobierno Central, inmediatamente se revisarán los salarios en la Municipalidad de Santa Ana, y han habido aumentos como por ejemplo el 9.81%, y presupuestariamente la Municipalidad no contaba con contenido para hacerlo efectivo, no se les aumentó y ahora les ponen trabas con un 2%, eso es inadmisible.”
Sr. Marco Vinicio Redondo Quirós Alcalde Municipal Municipalidad de Oreamuno
Por este medio, el suscrito Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, con el debido respeto manifiesto lo siguiente:
Que de conformidad con la Resolución Vinculante emitida por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social DAJ- AE- 186-2010, comunicada mediante oficio DVM- 0213-09-2010, en la cual se determinó técnicamente la improcedencia del despido sin responsabilidad patronal del señor Wilberth Zamora Fernández; solicito se sirva emitir acto administrativo en el cual se disponga la reinstalación del trabajador. Lo anterior, a efecto de ejecutar lo resuelto mediante el arbitraje, mecanismo de resolución de conflictos de carácter vinculante al cual ambas partes nos sometimos para dirimir el asunto.
No omito indicar, que la resolución emitida es clara en establecer que no se configuraron jurídicamente las causales invocadas para el despido del funcionario, por lo que procede ordenar su reinstalación inmediata.
Sin otro particular, atentamente, a las siete horas del día veintinueve de setiembre del año dos mil diez.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
cc.: Honorable Concejo de Oreamuno. cc.: Honorable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. cc.: Honorable Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno. cc.: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
Como ya habíamos comunicado por este medio, en días pasados el Secretario General de SUNTRACS, señor Saúl Méndez, fue detenido en la terminal aérea del aeropuerto panameño indicándole que no podía abandonar el país.
Después de gestiones legales y presiones políticas dicha prohibición fue revocada ya que no tenía ningún asidero legal. Logramos entrevistar en tierras costarricenses a este dirigente sindical quien nos cuenta lo sucedido y nos hace una reflexión sobre la situación actual de los derechos humanos en Panamá.
El sindicalista panameño del gremio de la construcción y afines, junto con otros representantes sindicales también del SUNTRACS y de FRENADESO, visitaron la sesión de la Junta Directiva de la Central Social Juanito Mora Porras, donde expusieron la actualidad de sus luchas reivindicativas. Además, agradecieron toda la solidaridad mostrada por nuestras organizaciones sociales, principalmente por nuestro Sindicato ANEP. Como muestra de agradecimiento nos entregaron una placa que deja registrada la hermandad de nuestras organizaciones.
NUEVA INFORMACION29-09-10 ____________________________________________________
Por Martín Rodríguez Espinoza martinrodriguez@ anep.or.cr
Fallo de la Corte Suprema de Justicia confirma que existe una Gestapo al servicio de Martinelli
Se ha dado a conocer que el pleno de la Corte Suprema de Justicia de forma unánime advirtió al Ministerio Público (MP) que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona en un proceso no pueden convertirse en un “régimen preliminar de detención”.
El pronunciamiento del 23 de julio está contenido en un fallo que declaró no viable un recurso de hábeas corpus a favor de Saúl Méndez, Secretario General del SUNTRACS (para la fecha ya no existía orden de conduccioón ni de detención contra el dirigente popular), y señala que la orden de conducción “debe manejarse con prudencia”, de manera que sólo se aplique cuando “se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso”. (La Prensa)
Los medios de comunicación se han hecho eco de la información y diversos grupos de la sociedad civil, gremios profesionales y organizaciones del movimiento social se han pronunciado en concordancia con el hecho de que la forma de proceder del Ministerio Público viola la Constitución Nacional.
Pero la noticia ha obviado las denuncias previas de FRENADESO.
El 10 de julio pasado, cuando arreciaba la represión en Bocas del Toro y era cobardemente asesinado el hoy mártir Virgilio Castillo, unos 300 participantes del Encuentro de Dirigentes Populares convocado por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo y FRENADESO, eran arrestados por manifestarse pacíficamente en solidaridad con el pueblo bocatoreño.
El Hotel Soloy, que había sido sede del Encuentro, fue rodeado por unidades del Control de Multitudes, la Policía ingresó al edificio, allanó habitaciones, y presionó a los dirigentes allí presentes a entregarse sin presentar orden alguna ni los motivos del arresto.
Durante varias horas se mantuvo en vilo a los dirigentes, situación que se resolvió gracias a la oportuna intervención de representantes de la Iglesia Católica, grupos de abogados y de la sociedad civil.
Ese mismo día, luego de ser liberados los casi 300 manifestantes, el compañero Ronaldo Ortíz, dirigente kuna, del FER-29 y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO se le mantuvo en prisión sin que se le dieran a conocer los motivos.
Mientras tanto en David, Chiriquí, el compañero Jaime Caballero, Sub Secretario General del SUNTRACS y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO, era arrestado y su residencia allanada en presencia de su esposa e hija.
Caballero fue trasladado a la ciudad capital en un avión junto a detenidos y heridos de la Masacre de Bocas del Toro. Nunca se le dieron a conocer las causas de su detención ni quien la ordenaba. Tampoco se le permitió la asistencia de un abogado.
Paralelamente, un bloque de búsqueda de la Policia Nacional montaba una feroz cacería y allanaba la residencia del compañero Saúl Méndez, miembro también de la Dirección Nacional de FRENADESO, así como también las de su madre y otros familiares.
Horas después se sabía que la casa de Genaro López y otros familiares también eran allanadas en persecución contra este reconocido dirigente nacional de CONUSI, SUNTRACS y FRENADESO.
Luego se conoció que el Fiscal Auxiliar, Angel Calderón, en base a la supuestas informaciones de un testigo sin nombre y sin rostro, identificado sólo por un número, había acusado a 17 dirigentes populares de participar de una reunión en la Universidad de Panamá donde se preparaba un complot contra el Canal. No se aportaba ninguna prueba al respecto.
La situación de arbitrariedad era tal que a la abogada que inicialmente asistió a Jaime Caballero, se le comunicó de parte de la Policía, que el caso del dirigente chiricano era de tal gravedad que no permitía siquiera que fuera atendido por un profesional del Derecho (sic).
Jaime Caballero, demostró que nunca estuvo en semejante reunión, pues el día y la hora en que el testigo fantasma señalaba que se había realizado, él se encontraba junto a su hermano moribundo, en el Hospital en Chiriquí donde luego éste lamentablemente fallecería.
Aún así el Fiscal Calderón persistió en su detención, por lo que el compañero Jaime Caballero inició de inmediato una huelga de hambre que se prolongó por casi 7 días.
Desde las mismas mazmorras se logró conocer que la intención de la Fiscalía era trasladar a Jaime Caballero, junto a los demás dirigentes que fueran detenidos, al Centro Penitenciario de La Joya y La Joyita, para allí exponerlos a la acción criminal de delincuentes comunes al servicio de los organismos de seguridad del Estado.
Estos aviesos y miserables propósitos de la Fiscalía se lograron frenar gracias a las denuncias, a la acción legal de los abogados, de los grupos de derechos humanos y a la solidaridad nacional e internacional.
Pero el expediente amañado contra 17 dirigentes sindicales y populares sigue abierto, pendiendo como una espada de Damocles sobre sus cabezas.
Por este hecho el Fiscal Auxiliar ha sido denunciado y demandado ante los tribunales por las organizaciones populares. Sin embargo, poca confianza tenemos que se haga justicia, pues aquí persiste el reino de la impunidad, tal como se demostró recientemente con el fallo absolutorio en favor de los policías que asesinaron en Isla Viveros al obrero de sólo 23 años, Luiyi Argüelles.
Lo más seguro es que se tendrá que buscar en otros tribunales y foros internacionales, la Justicia que en Panamá le es negada a los pobres, trabajadores y demás ciudadanos honestos.
Para esos mismos días, 28 trabajadores en Colón que se solidarizaban con sus compañeros de lucha en el proyecto de Ampliación del Canal eran detenidos por el Comisionado de la Policía Nacional, Mauricio Nelson, hoy separado de su cargo por su presunta relación con un caso de narcotráfico. Luego de que los trabajadores estuvieran más de una semana en prisión, los arrestos fueron declarados ilegales.
El Goberno autoritario de Ricardo Martinelli, no conforme con el baño de sangre causado al pueblo bocatoreño en su lucha contra la repudiada Ley 30 (Ley Chorizo), fomenta el terrorismo de Estado y la persecución selectiva contra los luchadores sociales.
El fallo unánime del pleno de la Corte Suprema de Justicia refleja el proceder de un Ministerio Público y de una Fiscalía Auxiliar que actúan al margen de la Ley y que se han convertido en una especie de Gestapo de Ricardo Martinelli que pincha teléfonos, promueve el terrorismo judicial y actúa políticamente contra la dirigencia sindical, popular y los opositores al régimen autoritario.
Esta Gestapo, tal como ya hemos advertido, actúa en combinación con la Policía Nacional, institución plagada por agentes corruptos, tumbadores de droga, narcotraficantes, coimeros, protectores de mafiosos, envueltos en escándalos de robos, violaciones carnales, violencia intrafamiliar, homicidios, abuso de la fuerza, que pisotean los derechos humanos y las garantías fundamentales de los ciudadanos; que fomentan el terrorismo de Estado y atropellan a los panameños pobres a quienes diariamente someten con el injusto sistema “pele-police” arrestando a cientos de trabajadores por delitos no comprobados y convirtiéndose con el mismo en una simple agencia recaudadora de un Gobierno autoritario sediento de ingresos y afanado en saquear los bolsillos de los panameños humildes.
A todo esto, mientras en México se anuncia el arresto de otras personas vinculadas a un banda que lavaba en Panamá dinero prodente del Narcotráfico, y de la que hacían parte el primo del Presidente y ex Tesorero de Cambio Democrático, Ramón Ricardo Martinelli Corro, preso en una cárcel de máxima seguridad en aquel país junto a otros copartidarios del mandatario panameño; en Panamá nadie conoce que el Ministerio Público esté realizando investigación alguna sobre este sonado caso.
Trabajadores y trabajadoras no profesionales de la CCSS recibirán un incremento salarial que superará en un 1.9% el 3.41% decretado por el gobierno en julio anterior.
Con este incremento el reajuste salarial será del 4.5% que, aunque no llena las espectativas debido al costo de vida, si representa un alivio para un sector laboral que se ve seriamente perjudicado con “los decretazos” del gobierno, los no profesionales.
La negociación se dió entre las organizaciones sindicales de ANEP y UNDECA, entre otras, y las autoridades institucionales de la Caja.
Al respecto de este acuerdo, que es retroactivo a julio y que será pagado a finales de octubre próximo, conversaron con Radio ANEP Ciudadana Giovanny Ramírez Guerrero, responsable de ANEP ante la CCSS y Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA.
Luis Chavarría Vega, UNDECA
Giovanny Ramírez Guerrero, ANEP
__________ Adjunto encontrarán el Acuerdo firmado entre los sindicatos y las autoridades de la Caja.
En el Foro de análisis de las Leyes que atentan contra los servicios municipales, realizado el pasado 23 de setiembre, dirigentes de diversas municipalidades se manifestaron sobre el tipo de persona que se requiere para que ocupe el cargo en la Alcaldía Municipal, esto de cara al proceso electoral del próximo 5 de diciembre.
La Asamblea de representantes de las organizaciones sindicales, independientes y conferederadas, de las 81 municipalidades del país, se realizó en San José con una nutrida asistencia y en la cual quedó conformada la dirección nacional de la COMUNA.
Por la clase trabajadora municipal y servicios públicos de calidad
la defensa de los intereses económico-sociales, gremiales-reinvindicativos de las personas trabajadoras de las municipalidades y la calidad y eficiencia de los servicios que prestan a las comunidades, son los principales objetivos que persiguen con la constitución de la COMUNA.
Amparándose en el Artículo 60 de nuestra Constitución Política, con el apoyo de las organizaciones sindicales a las cuales están afiliados y afiliadas, la Asamblea decidió unirse para defender de mejor manera las acciones que el sector económico financiero neoliberal viene impulsando para saquear los municipios y los recursos naturales.
“Queremos tener una vida digna, decente y con igualdad de oportunidades para todos y todas, esta unidad tiene como eje principal la preservación del carácter público del servicio municipal costarricense, en concordancia con la estratégica importancia de los mismos para preservación del sistema democrático”, dijeron los dirigentes que presidieron la mesa principal.
“Nos conformamos como Coordinadora intergremial, intersindical, interlaboral y con proyección comunal, para hacer frente a la Ley 8828, misma que fuera aprobada por la Asamblea Legislativa del Gobierno de Oscar Arias Sánchez y su hermano, de manera inconsulta, sin transparencia, en las sombras y de manera imprudentemente acelerada”, agregaron los dirigentes.
Los objetivos de la COMUNA establece velar por la calidad y eficiencia de los servicios municipales y luchar en contra de la corrupción politiquera que ha provocado el arresto y eliminación de credenciales de autoridades municipales de alto rango y que son precisamente de los partidos políticos tradicionales. Las comunidades requieren de servicios de calidad que, pese al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras,_ “no se logran porque quienes están al frente de los municipios, esos politiqueros mentirosos y corruptos, no lo quieren. Maquinaria en mal estado, falta de equipo, falta de personal de campo y oficinas para brindar un buen servicio, transparencia en el manejo de los recursos económicos municipales, transparencia en la concesión de patentes y permisos municipales, pago de favores económicos en las campañas electorales, entrega de servicios municipales a empresas privadas de amigos y familiares, esos son solo algunos de los problemas que afectan los municipios y que no permiten un eficiente servicio.”_, dijeron los representantes sindicales.
Realizan Foro de análisis
Video de ANEPtv
El pasado 23 de setiembre de 2010, con el respaldo de la Fundación Friedrich Evert, se realizó el “Foro de análisis de las Leyes 8828 – 8839 – 8801”, en el cual la dirección de la COMUNA y representantes sindicales municipales analizaron los estudios realizados a las mencionadas Leyes y sus consecuencias inmediatas en la clase trabajadora y los servicios municipales. Los documentos analizados los adjuntamos (ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha) para que sean analizados por las dirigencias sindicales municipales, así como trabajadores, trabajadoras y la sociedad en general. De este importante Foro salieron las rutas de acción en contra de estas Leyes neoliberales que afectan a la clase trabajadora municipal y que pone en peligro los servicios municipales, amenaza con el aumento de tarifas e impuestos y pone en riesgo los recursos naturales de todas las zonas del país.
Las representaciones sindicales agradecieron a la Fundación Evert el respaldo para poder realizar este evento de análisis y organización.
En lo personal y con el apoyo de Javier, así como los y las compañeras de la Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP, siempre mantuve la tesis que era de aplicación estricta el artículo 69 antes citado, en el sentido que la administración debía dotarnos de repuestos y accesorios para nuestros instrumentos que están al servicio de la función pública y ahora mediante dictamen C-191-2010 del 6 de septiembre de 2010, la Procuraduría General de la República nos da la razón!!
En el resumen se pude ver claramente que como trabajadores teníamos la razón, no obstante las diferentes administraciones siempre nos negaron el derecho a contar con accesorios y repuestos, pero ahora la realidad es otra. Ahora bien que la Procuraduría General de la República dice que si es procedente el otorgamiento de los repuestos y accesorios, tenemos que plantear, bajo la misma línea de pensamiento todo lo relacionado con el mantenimiento y el seguro de nuestros instrumentos musicales, que están al servicio de la OSN.
Me siento muy complacido en comunicarles este importante acontecimiento, que una vez más, viene a reivindicar nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la cultura.
No obstante este dictamen toca algunas áreas importantes, que amerita un análisis, para lo cual pido desde ya a Javier Valerín, a los compañeros de la Seccional, a las y los compañeros de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, así como a los y las compañeras de la OSN que quieran apoyarnos en el estudio que merece este importante y trascendental dictamen.
Dictamen : 191 del 06/09/2010
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. CENTRONACIONAL DE LA MÚSICA. ORQUESTA SINFÓNICANACIONAL. INSTRUMENTOSMUSICALES. REPUESTOS
El Director General del Centro Nacional de la Música, nos plantea la siguiente consulta:
“Los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional mediante su representante en la Junta Directiva el Sr. Luis Carlos Amador, solicitan que la Administración les proporcione los repuestos y accesorios de los instrumentos que aportan de su propiedad para tocar con la OSN, esto debido a las características especiales que cada instrumento requiere para lograr el nivel de calidad que una Orquesta exige, todo lo anterior con base en el artículo 69 del Código de Trabajo.
Solicito el criterio de ese órgano jurídico con el fin de conocer si legalmente procede la dotación de repuestos y accesorios que se desgastan con el uso, como cuerdas, cañas, aceites entre otros; siendo que los instrumentos no son del Estado”.
Esta Procuraduría, mediante su dictamen C-191-2010 del 6 de setiembre de 2010, suscrito por Julio César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda y por Alina Vargas Cañas, Abogada de Procuraduría, arribó a las siguientes conclusiones:
1. La normativa aplicable a la relación de empleo que une a los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional con el Estado, no regula a quién corresponde comprar los repuestos y accesorios para los instrumentos, propiedad de los músicos, que esos servidores aportan para el ejercicio de su cargo, por lo que para dilucidar el punto resulta necesario recurrir al Código de Trabajo, como normativa supletoria.
2. De conformidad con el artículo 69 inciso d) de dicho Código, el patrono está en la obligación de “dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerles tan luego como dejen de ser eficientes.”
3. Partiendo de lo anterior, lo ideal es que el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio del Centro Nacional de la Música, aporte la totalidad de los instrumentos necesarios para que los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional desarrollen su labor, en cuyo caso, no se presentaría el problema en consulta, pues siendo los instrumentos propiedad del Ministerio de Cultura, sería evidente que es a ese órgano a quien le corresponde suplir los repuestos y accesorios que tales instrumentos requieran.
4. Si por razones de oportunidad y conveniencia, la Administración consiente que los músicos sean quienes excepcional o permanentemente provean los instrumentos musicales necesarios para el funcionamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional (posibilidad que admite el artículo 69 inciso d- del Código de Trabajo), lo procedente es reglamentar lo relativo a la posibilidad de que el Centro Nacional de la Música adquiera y asigne los repuestos y accesorios requeridos para que tales instrumentos funcionen adecuadamente.
5. La normativa reglamentaria que se llegue a aprobar para la compra y suministro de los repuestos y accesorios mencionados, debe procurar establecer los mecanismos necesarios para evitar abusos relacionados con la posibilidad de que los músicos obtengan repuestos y accesorios de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Luis Carlos Amador Brenes Seccional ANEP – Orquesta Sinfónica Nacional Directivo Nacional de ANEP
Este viernes 17 de setiembre se llevó a cabo el acto de graduación del Primer Curso en Desarrollo de Habilidades Empresariales, capacitación que se dio gracias a un convenio de hecho entre la ANEP y el Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Micro Empresa (PRONAMYPE).
Unas 11 personas con las más diversas profesiones, entre ellas payasos, cantantes, muebleros, pulperos, electricista, servicios de comida y comerciantes de artículos, se graduaron en este primer curso de capacitación, que busca fortalecer las capacidades empresariales y de gestión de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.
Es la primera ocasión en el PRONAMYPE se vincula a un Sindicato para ofrecer sus servicios de capacitación. Esta experiencia potencia la proyección de este programa como nos lo cuenta Patricia Molina Espinoza, Gestora de Capacitación de PRONAMYPE:
Patricia Molina Espinoza, PRONAMYPE
Temas como estrategias de mercadeo, plan estratégico, misión y visión de una empresa, y contabilidad básica, fueron abordados en las 40 horas de duración de este curso. Para Roxana Steller Camacho, trabajadora independiente en el servicio de comidas, actividades como esta lo único que vienen es a potenciar sus capacidades para dar un mejor servicio y por supuesto mejorar su estilo de vida.
Roxana Steller Camacho, Participante
El curso se gestionó entre la Unidad de Desarrollo Organizacional del Sector Privado de la ANEP y la Seccional de Trabajadores y Trabajadoras de Cuenta Propia de nuestro Sindicato. Según la Marcela Sánchez Cortés, promotora de la ANEP en este sector, “hay posibilidades de volverlo a repetir, se están buscando los recursos, y se quiere replicar con otros afiliados y afiliadas de este sector en otras partes del país, como Puntarenas para el año entrante“. Además, se está en gestiones con PRONAMYPE para “lograr una profundización en temas estratégicos en una segunda fase con los participantes de este primer taller“.
Para la ANEP, el poder brindarle estas posibilidades, no sólo de capacitación, sino también de organización a una población trabajadora con tantas dificultades, y en situación de riesgo, como lo son las personas que trabajan por cuenta propia es fundamental para fortalecer su propuesta sindical. Nuestro sindicato presiente que es en estas áreas de la llamada “economía informal” donde está el futuro del sindicalismo en nuestro país, y nos sentimos muy orgullosos de poder aportarle al mejoramiento de la situación socio económica de nuestros afiliados y afiliadas con actividades como esta.
1- Todas las personas trabajadoras de la Municipalidad de Mora: personal operativo y administrativo, bajo la dirección de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Mora, realizaron un paro de labores de las 13:00 a las 16:00 horas, en demanda de respeto a la institucionalidad de la Municipalidad de Mora, y a la integridad socio laboral de todos y todas, por la coadministración, y la persecusión de brujas que ha venido realizando el Sr. Ronald Serrano Mena: Auditor General de dicho Municipio.
2- A las 18:00 horas, con pancartas y mantas, los trabajadores y trabajadoras se hicieron presentes en la sesión del Concejo Municipal, para entregarles a los miembros del Concejo un documento y exigir el acuerdo para que se relice las investigaciones pertinentes, ante las denuncias presentadas por un amplio número de personas trabajadoras, contra el Auditor General.
3- El Concejo Municipal, procedio a establecer el organo director del proceso, que su director es el Lic. Heiner Ugalde, que en un término de dos meses deberá cumplir con dicha investigación y entregar las recomendaciones respectivas.
4- El Concejo Municipal, ante moción presentada por las personas regidores: Martha Monge Hernández y Roy Flores Quiros, del PLN, en forma unanime y por acuerdo en firme, se le ordeno al Sr. Ronald Serrano Mena, el acogimiento por 60 días hábiles de vacaciones, que tiene un acumulado de las mismas por 116 días habiles, a partir del día 07 de los corrientes.
5- Hoy sorpresivamente nos enteramos de la renuncia irrevocable como Presidente del Concejo Municipal, y como Regidor del Cantón de Mora del Lic. Johnny Mejía Avila, desconocemos sus razones, pero no creemos que se deba por las medidas de presión que se tomaron ayer, en respeto a la institucionalidad Municipal, e integridad socio laboral de las personas trabajadoras de la Municipalidad de Mora y las asociaciones comunales de dicho Cantón.
6- El día 13 de los corrientes a las 14:00 horas una delegación compuesta por representantes de las comunidades del Cantón de Mora, como de también de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Mora y dirección Nacional de ANEP, serán atendidos por la Licda. Rocio Aguilar Montoya – Contralora General de La República, que en audiencia que nos concedio para entregarle denuncias y manifestarle a viva voz, toda la incoformidad por el accionar del Sr. Ronald Serrano Mena. Auditor General Municipalidad de Mora.
Douglas Carrillo Azofeifa Promotor de la ANEP en el Sector Municipal
Honorables señores y señoras Diputados y diputadas Fracción parlamentaria PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC)
De la manera más respetuosa y atenta les saludamos, expresando ante ustedes, como dignas autoridades parlamentarias del PAC, nuestra más enérgica protesta por la irresponsable actitud de burla a la institucionalidad en la materia, en que incurre un partidario de vuestro partido, el señor Marco Vinicio Redondo Quirós, actual Alcalde de la Municipalidad de Oreamuno y quien aspira a ser reelecto en ese cargo; pues son ya varias las oportunidades en que se burla de nuestra seriedad, de nuestra responsabilidad, de nuestra transparencia, en cuanto a un proceso de negociación de lo que será la primera Convención Colectiva de Trabajo a suscribirse en esa entidad y con la ANEP, como organización sindical representativa de una mayoría de la población trabajadora de la misma y con base en nuestro ordenamiento jurdico-laboral, tanto interno como internacional.
Llega a tal nivel la burla y la falta de seriedad de la mencionada autoridad que, incluso, minimiza, ridiculiza, invisibiliza el propio papel que al efecto debe jugar en una sociedad democrática el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a tal punto que en nada valora la intervención de altísimo nivel que hemos tenido que gestionar con la participación del propio señor Álvaro Sojo Mendieta, actual Viceministro del Área Laboral de tal cartera gubernamental, a fin de que éste alcalde entendiera que, todavía y pese a que a él no parece gustarle, Costa Rica vive un Estado Social de Derecho que norma nuestra convivencia civilizada como nación.
Distinguidísimos señores y señoras representantes populares: Acudimos a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes a fin de que realicen una sólida intervención política ante su copartidario quien con tales comportamientos debería situarse en otro tipo de tiendas partidarias y no en la del PAC, si juzgamos a éste por sus postulados en diversos ámbitos que incluyen el respeto a los derechos sindicales y laborales.
Respetuosa pero vehementemente, queremos que ustedes nos colaboran ante ese mismo personaje y también ante las máximas autoridades políticas del PAC, porque esta situación, de continuar, nos obligará a una gigantesca ofensiva ciudadana en la comunidad de Oreamuno para denunciar públicamente a don Marco Vinicio Redondo Quirós, ayudando a la ciudadanía oreamunense a que valore la real oportunidad de que el PAC, en la persona de este señor, continúe al frente de la alcaldía de ese cantón cartaginés en el próximo período de su gobierno local.
Luego de un durísimo, desgastante y controversial proceso para que él entendiera que debe negociar con la ANEP, suponíamos con la intervención oportuna y eficaz del citado jerarca de gobierno, este señor, ¡por fin!, había entendido lo que es un Estado de Derecho en materia laboral. Hasta nuestro compañero Presidente de la Junta Drectiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno, don Wilberth Zamora Fernández, ha sufrido en carne propia sus desmanes pues nos lo despidió con argucias deplorables que se están definiendo, precisamente, con un arbitraje del MTSS.
Ahora, nuevamente, nos toma el pelo como decíamos. Van ya dos ocasiones en que nos deja planteados en la nueva ronda negociadora y en esta segunda vez, ocurrida el pasado día viernes 10 de setiembre, dejó planteadas a las dos personas negociadores oficiales de la ANEP, las compañeras Susan Quirós Díaz (de la Unidad de Asesoría Jurídica) e Iris Cervantes Paniagua (de la Unidad de Desarrollo Organizacional); pero, además, a la propia representante mediadora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la licenciada Grettel Vega Sánchez.
Independientemente de las medidas que debemos tomar y a la que nos obliga la actitud prepotente, irresponsable y burlesca del señor alcalde de Oreamuno, tanto en los espacios administrativos, judiciales (e incluso, ante la misma OIT, a sabiendas de los no pocos problemas que el país tiene al efecto), acudimos a ustedes, como autoridades políticas del PAC para que, por favor, realicen una intervención política urgente y eficiente con su co-partidario, el señor alcalde de Oreamuno, don Marco Vinicio Redondo Quirós.
Sumamente agradecido por la urgencia de atención a este llamado, aprovechamos para externarles nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Se nos ha informado que unas 300 familias campesinas ingresaron en horas de la madrugada a unos terrenos del IDA, situados en Bahía Ballena. Indican los y las ocupantes, que supuestamente, estas tierras fueron entregadas por el IDA a una organización conocida como APRONVIDA.
Se nos informa que las familias ocupantes tienen más de dos años de tocar las puertas del IDA en busca de una solución a sus necesidades de tierra, sin que hasta la fecha, sus voces hayan escuchado eco en las autoridades de esta institución. Incluso, exhiben documentos de hace dos años, firmados por personeros del IDA, donde se compromente a dar solución al conflicto, pero nunca se resolvió nada.
Las y los campesinos manifiestan que ocuparan esas fincas hasta tener una solución real a sus requerimientos de tierra. Pretenden por tanto, con la toma de las tierras, llamar la atención en primer lugar de las autoridades del IDA y en segundo lugar, de la opinión pública, para que se enteren de la tragedia que viven cientos de campesinos y campesinas de esta zona, sin que las autoridades responsables se conmuevan de su situación.
Piden a las autoridades del IDA actuar de inmediato, a fin de que se les dote, de forma definitiva, de un pedazo de tierra donde sembrar y llevar alimento y bienestar a sus familias.
Los y las interesadas, para mayor información pueden comunicarse con la señora Edith Salamanca al teléfono 88 17 64 74.
Señores y señoras periodistas: si su medio informa de este hecho, de seguro estarán contribuyendo a que el IDA ponga atención al planteamiento y reclamo de estas humildes familias campesinas.
Agradeciendo su atención, — Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.