Jueves 24 de febrero de 2011
Honorables señores editorialistas de La Nación
Con todo respeto, debemos indicarles que a la ANEP no le han dado atolillo con el dedo, en este asunto de la “transferencia de competencias” del Gobierno Central a las municipalidades. Nos tocó hacer la denuncia pública de eventuales diez mil despidos, como ahora ustedes lo reconocen, y no nos tragamos el cuento ese de que serán unos pocos funcionarios los que se “trasladarían”. Muchas de las preocupaciones que ustedes externan ya la ANEP las formuló , e incluso, ustedes dieron cobertura a nuestro primer comunicado público al efecto.
Si ustedes lo tienen a bien, les enviamos dos documentos: La carta abierta que le enviamos a la Presidenta Chinchilla, antes de su desafortunado anuncio al respecto; además, un artículo de fondo sobre algunas ideas que tenemos sobre esta cuestión de la descentralización.
Es muy interesante que un medio de comunicación como el que ustedes representan, La Nación, coincida con nuestra tesis que denunciamos con la anticipación debida, de que en esto de la “descentralización” habrá despidos masivos.
Nosotros lo dijimos primero. Ahora ustedes lo reafirman. Ni a la ANEP, ni a La Nación, nos han dado atolillo con el dedo. Este tema ya está en nuestra agenda de lucha y deben esperarse acontecimientos.
Con todo respeto,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
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Leer también:
ANEP insiste sobre peligro de la Ley de Transferencia a Municipalidades
Descentralizar, ¿Para qué?
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Notas de La Nación S.A. a las que se refiere nuestra posición
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EDITORIAL-La Nación-jueves 24 de febrero de 2011
Un ejercicio de perfecta demagogia
La presidenta Laura Chinchilla echó a andar el proceso de traslado de recursos y competencias a las municipalidades
El Gobierno, con pleno conocimiento de causa, empeña el futuro y, de paso, adquiere una grave responsabilidad histórica
El martes, la presidenta Laura Chinchilla echó a andar el proceso de traslado de recursos y competencias a las municipalidades cuando firmó un proyecto de ley para traspasar a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Con el propósito de financiar el traslado, el Gobierno recurrió a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $200 millones.
El crédito alcanza para financiar el traspaso de una suma equivalente al 1,5% de los ingresos ordinarios del Presupuesto Nacional en los próximos dos años. Vencido ese plazo, el dinero deberá salir directamente del plan de gastos, con el problema adicional de que habrán transcurrido otros dos períodos presupuestarios y al inicio de cada uno de ellos el Gobierno deberá hacer traslado de otro 1,5% de los recursos y de las competencias correspondientes, hasta completar el 10% en unos siete años. Así lo dispone una mal concebida reforma constitucional.
El Gobierno, con pleno conocimiento de causa, empeña el futuro y, de paso, adquiere una grave responsabilidad histórica que el país no debe olvidar cuando, pasados los años, sufra las consecuencias. El cronograma gubernamental no puede ser más obvio:
Primera fase:El presupuesto del 2011 incluye el traslado a las municipalidades de una suma equivalente al 1,5% de los ingresos ordinarios, que se cubre con la mitad del préstamo del BID, de todas formas destinado a mejorar la infraestructura cantonal. El dinero no sale de los ingresos corrientes propiamente dichos y así no se afecta el presupuesto en demasía. A las municipalidades se les “traspasa” la función de mantener la red vial cantonal, cosa que de por sí hacían, pero con supervisión del MOPT y con un presupuesto, este año, de ¢5.000 millones. Además, los concejos ya reciben transferencias del Gobierno Central por unos ¢37.300 millones provenientes del impuesto a los combustibles y leyes similares.
Como por arte de magia, el Gobierno elevó en más de ¢40.000 millones el gasto público en el mismo instante en que gestiona la aprobación de una reforma tributaria para contrarrestar los efectos de tres años consecutivos de déficit fiscal y promete al país un plan de ahorro y austeridad para equilibrar las finanzas estatales. Pero la administración confía en que el golpe no se note, porque los recursos necesarios para este año se financian con apenas la mitad del préstamo ya contraído para los mismos fines.
Como resultado de la peripecia, el Gobierno logra congraciarse con el “municipalismo”, una entelequia muy lejana del pueblo y, en muchos casos, aficionada al escándalo, pero siempre enquistada en el engranaje de los partidos políticos como elemento necesario de las maquinarias generadoras de votos. La alianza con esa entelequia compromete su apoyo a la reforma tributaria, incluyendo el de diputados surgidos del “movimiento” municipal y otros, temerosos de enfrentársele.
A los sindicatos les dan atolillo con el dedo. Les aseguran que el recorte de la planilla del MOPT será mínimo y, además, no será recorte sino traslado. Así lo consignan en el comunicado de prensa emitido para anunciar el envío del proyecto a la Asamblea Legislativa. Nada les dicen sobre los despidos masivos que serán inevitables en las futuras fases del traspaso de competencias, salvo que pretendan transferir las funciones y conservar el personal del Gobierno Central en condición de “pensionados” con plaza fija, mientras multiplican el número de empleados municipales.
A los grupos preocupados por el equilibrio económico, no les cuentan que los “traslados” solo serán posibles, de conformidad con la ley vigente, si el funcionario consiente. Si no, el Estatuto de Servicio Civil exige indemnizar el despido por “reducción forzosa de servicios” con un mes de salario por año laborado, sin tope máximo. No muchos empleados del Gobierno Central destacados en San José estarán dispuestos a desperdigarse por todo el país, sobre todo cuando tienen la opción de cobrar sus prestaciones. Habrá que prever muchos miles de colones para el pago de las indemnizaciones, costo no contemplado en la ley. De nuevo, la única alternativa a este escenario es la figura del “pensionado” con plaza fija en el Gobierno Central, un lujo incosteable.
Hechos los pagos y despidos, la planilla estatal será idéntica o habrá crecido, porque los recortes efectuados en el Gobierno se repondrán en las municipalidades, que perderán las economías de escala propias de la administración central. Además, el Estado como un todo perderá la experiencia acumulada de los funcionarios despedidos. Por suerte, podemos confiar en que las municipalidades los repondrán con personal idóneo y no con amigos y parientes. ¿O no? En fin, a los sindicatos les hablarán de un número reducido de “traslados” y a los grupos preocupados por la estabilidad de las finanzas públicas les contarán sobre los “recortes” en el Gobierno Central, sin enfatizar lo del número reducido y su reposición en las municipalidades, quizá con exceso.
Segunda fase: En el 2013 se presentan algunos problemas, pero nada inmanejable. Hay que transferir, nuevamente, el 1,5% de los ingresos para mantener el financiamiento de la competencia trasladada el año anterior; es decir, las vías cantonales. El presupuesto de ¢5.000 millones dispuesto para ese fin en el 2011 pasó a ¢45.000 millones en el 2012, y allí se mantiene en el 2013 (más el porcentaje en que hayan crecido los ingresos ordinarios). No se va a notar demasiado, porque está disponible la segunda mitad del préstamo del BID.
Sin embargo, echado a andar el año anterior el proceso de traspaso de recursos y competencias, el Gobierno debe añadir otro 1,5% de los ingresos ordinarios a los fondos trasladados y debe encontrar las competencias equivalentes en el Gobierno Central para pasárselas a las municipalidades. Son otros ¢45.000 millones, y mucho más en virtud del aumento esperable en el monto del presupuesto total, sobre todo si la Asamblea Legislativa aprueba la reforma tributaria. En ese caso, de ahí saldrán los recursos adicionales, aunque el Gobierno ha prometido destinar esos fondos a tareas prioritarias, como seguridad, educación y equilibrio de las finanzas públicas. Si la reforma fracasa, habrá que sumar, quizá, un punto y medio al desde ahora preocupante déficit fiscal, pero el Gobierno, al parecer, prefiere no contemplar ese escenario.
Igual de complicado será identificar las competencias por trasladar. No son muchas si se toma en cuenta que la ley excluye educación y salud. Tampoco están en discusión las funciones asignadas a las instituciones autónomas, y muchos ministerios, como el de Relaciones Exteriores, tienen competencias no susceptibles de municipalización. Pero habrá que encontrar suficientes, donde haya, para justificar el dinero cuyo monto está prefijado. También se puede recurrir, como en el caso de los caminos vecinales, a inflar el presupuesto, trasladando funciones a las cuales hoy se les destinan menos recursos, hasta completar una justificación para el 1,5%.
Como se trata de la primera vez, con un poco de empeño el Gobierno logrará encontrar funciones trasladables, arrancando pedacitos aquí y allá: un poquito de Cultura, algo de Ambiente y una pizca de Agricultura. Así, sin ton ni son, sin plan ni propósito determinado, juntará funciones que las municipalidades deberán asumir casi de inmediato, el primero de enero del año siguiente.
Solo faltará decidir si se incurre en el costo adicional de “trasladar” a todo el personal ocioso o si se aquieta a los sindicatos con un número reducido de “traslados”, igualmente con grave daño para las finanzas públicas. Es muy pronto para especular sobre la decisión definitiva.
Tercera fase: Estamos en el 2014, se acabó el préstamo del BID y el asunto se pone serio. Ahora sí, los ¢45.000 millones (más el porcentaje de crecimiento de los ingresos en los dos años precedentes) deben salir del Presupuesto Nacional. Es necesario, además, trasladar una suma idéntica para financiar las competencias adicionales trasladadas el año anterior y, como si fuera poco, vence el plazo para el nuevo tracto de 1,5%. De nuevo, a buscar competencias transferibles donde las haya y a ver de dónde sale un 4,5% de los ingresos totales del Presupuesto Nacional.
Si hay recursos de la reforma tributaria, todavía alcanzará la cobija, aunque con detrimento de las promesas formuladas en los campos de seguridad, educación y saneamiento fiscal. Ese ya no será problema de doña Laura, quien entregará la Presidencia el 8 de mayo.
La nueva administración recibirá el Gobierno en esas condiciones y sobre ella pesará el compromiso de repetir el ciclo cuatro veces más, hasta alcanzar el traslado de al menos un 10% de los ingresos contemplados en el Presupuesto Nacional, aunque no haya funciones que trasladar. Para entonces, si la locura se mantiene, las vías cantonales estarán en vísperas de ser techadas.
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EDITORIAL-La Nación-miércoles 23 de febrero de 2011
“Descentralización” sin planificación
El traslado de recursos y competencias a las municipalidades es un proyecto caro y mal concebido
El plan es trasladar lo que se pueda para justificar los fondos ya definidos por el legislador y hacerlo sin examen previo del resultado probable
Hace diez años, la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda al artículo 170 de la Constitución Política para trasladar a las municipalidades una suma no inferior al 10% de los ingresos ordinarios calculados por el Gobierno para el año económico correspondiente. Con el traslado de recursos, el Estado debe traspasar también un conjunto de competencias o funciones equivalentes en costo. Un transitorio destinado a disminuir el impacto del traslado dispone ejecutarlo de manera paulatina, al ritmo de un 1,5% de los ingresos presupuestados por año.
Cada año, a partir del primero en que se ponga el plan en práctica, el Gobierno quedará comprometido a trasladar ese 1,5% de sus ingresos –y las competencias equivalentes– hasta que, en el curso de unos siete años, el mandato constitucional quede satisfecho.
La reforma se aprobó alegremente, con la confianza de que pasarían años antes de su primera aplicación, y nadie hizo los números o examinó las consecuencias. La hora de las decisiones prácticas se acerca y, a finales de la administración pasada, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley general de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades”. La ley tiene el propósito de desarrollar el texto constitucional y guiar su concreción en la práctica.
El plan, alentado por inobjetables y etéreos principios, apenas ha experimentado oposición. ¿Cómo enfrentarse a propósitos tan nobles como la “descentralización territorial del Estado”, la “democratización” de los servicios y el “fortalecimiento de los gobiernos locales”? Pero examinado en concreto, con independencia de los prejuicios introducidos por la demagogia y los intereses políticos, en el proyecto hay mucho que objetar.
La transferencia de funciones y recursos es cuestionable desde lo más básico: sus postulados. El país ya tiene un alto grado de descentralización, como lo demuestra la disponibilidad de servicios esenciales en casi todo el territorio nacional, incluidas las áreas de salud, educación, banca, electrificación y comunicaciones, entre otras. El amplio alcance de esos servicios se consiguió, en su mayor parte, mediante la creación de instituciones autónomas cuyo éxito es evidente.
Las competencias de esas instituciones no son transferibles a las municipalidades, así que la extensión de sus servicios en nada se verá afectada por el proceso establecido en la ley. El desarrollo de esos servicios responderá, única y exclusivamente, a los programas y ejecutoria de cada institución. La ley también excluye el traspaso de competencias en materia de salud y educación. Además, existen muchas funciones no transferibles en otros ministerios. La cartera de Obras Públicas y Transportes, por ejemplo, puede quitarse del medio en lo tocante a caminos vecinales, pero la red vial nacional es evidente competencia del Gobierno.
En consecuencia, la ley no define las competencias a trasladar. Se limita a indicar que cada año serán definidas por la misma ley que autorice el traspaso del siguiente monto de recursos presupuestarios. Las competencias trasladadas serán las susceptibles de ejercerse localmente y que no estén asignadas al Poder Ejecutivo por la Constitución Política, salvo lo concerniente a salud y educación. En otras palabras, a las municipalidades se les traspasará lo que se pueda, no lo que convenga.
Lo mismo da si el régimen municipal tiene la vocación, las destrezas o la capacidad de ejecución necesarias para asumir una función determinada. La recibirá de todas formas porque esa es la única manera de justificar el traslado de los fondos. Tampoco importan las diferencias entre unas municipalidades y otras en cuanto a capacidad para manejar los fondos y conseguir los objetivos deseados. El Gobierno no puede condicionar el traslado del dinero, y la ley asume la habilidad de los 81 cantones para lograr, con las mismas sumas, iguales resultados que el Gobierno central, pese a la evidente pérdida de economías de escala.
Además, las competencias deberán trasladarse por completo, porque no puede haber concurrencia de las municipalidades y el Gobierno central en la prestación del mismo servicio, y el cambio debe darse de manera inmediata, porque entra en vigencia el primero de enero del año para el que se contemple el traslado de los recursos. De esa manera instantánea y absoluta, las municipalidades asumirán las funciones bajo su completa responsabilidad.
Así queda, pues, “planificada” una “descentralización” de cuestionable utilidad. El plan es trasladar lo que se pueda para justificar los fondos ya definidos por el legislador y hacerlo de manera precipitada, sin examen previo del resultado probable.
Sí son probables, sin embargo, otros efectos nada deseables: ampliación del déficit fiscal, masivo despido de funcionarios públicos sin ahorro para el Estado y, en la mayoría de casos, deterioro de los servicios recibidos por la población. Esos serán temas de un próximo editorial.
