Categoría: Acción Sindical

SITAXI: Concesión de permisos para taxis debe responder a un estudio serio

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Ante dicho expediente, conocido como “Ley de Tránsito”, manifestamos nuestra rotunda oposición a que se otorguen más permisos de taxis, sin que medie un estudio serio, ante la necesidad no satisfecha y debidamente probada de servicio público modalidad Taxi.

Consideramos que una moción que pretenda abrir una ruta distinta a la que señala la ley Nº 7969, Ley de Taxis, en su artículo 7, inciso j, podría ser una razón de peso para que la nueva ley de tránsito, tan importante y necesaria para evitar tanto desorden e impunidad en nuestras carreteras, pudiera ser impugnada ante la Sala Constitucional.

El Consejo de Transporte Publico (CTP), mediante publicaciones constantes en diarios nacionales y por otros medios de amplia difusión, informó a los posibles participantes de la licitación del primer proceso abreviado de Taxi, los requisitos para poder participar y eventualmente calificar; por lo cual es totalmente innecesario e injustificable que se pretenda aprobar la moción que estamos cuestionando por esta vía.

Deseamos recordar a los señores diputados y a las señoras diputadas que, actualmente, se tramita bajo el expediente Nº 16136, una moción pretende modificar el artículo 323 del Código de Comercio, el cual significa en la actualidad una competencia más para el servicio de Taxi. Por lo tanto, un estudio de oferta y demanda no sería aceptable, como así lo manifestó la Sala Constitucional bajo el expediente Nº 03-006116-0007-CO, del 30 de abril del 2004, al indicar “si existe concurrencia de operadores en una cantidad mayor a la demanda, o de personas no autorizadas se presenta una competencia que puede ser ruinosa para los concesionarios” (el subrayado es nuestro).

Si lo que se pretende es contribuir en llevar al sector taxista a la quiebra, entonces seamos claros. Por lo tanto, reiteramos nuestra oposición rotunda al otorgamiento de más permisos para taxi.

San José, 18 de noviembre de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Junta Directiva Seccional ANEP-Taxistas (Sitaxi)

Lorenzo Hernández Suárez
Presidente

Rigoberto Aguilar Solís
Vicepresidente

Javier Cortés Montoya
Vocal

ANEP demanda participación laboral en proceso de reestructuración en el SINART

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San José, 17 de noviembre de 2008.
S.G. 07-09-0996-08

Licenciado
Alfonso Estevanovich González
Director General
Fax No. 2231 6604
Correo electrónico: aestevanovich@sinart.go.cr

Honorable Consejo Ejecutivo
Correo electrónico: consejoejecutivo@sinart.go.cr

Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART)
Su Despacho

Estimados señores:

De la manera más atenta y respetuosa, expresamos a vuestras autoridades, un atento saludo, de parte de esta organización sindical.

Con base en la legislación laboral vigente, nos corresponde velar por los intereses económico-sociales de las personas trabajadoras del SINART afiliadas a la ANEP. Es en función de este objetivo de nuestra competencia inobjetablemente, que estamos haciendo por esta vía una solicitud oficial para la inclusión de la legítima representación laboral acreditada ante tan dignas autoridades, en el inminente proceso de reestructuración institucional, anunciado a viva voz, pública y notoriamente ante el personal, por parte del señor Director General, el licenciado Alfonso Estevanovich González. Tal representación laboral no es otra que la ANEP y su Seccional ANEP-SINART, mismas que deberán considerarse para tal proceso con una representación activa.

Como indicamos, estamos sumamente preocupados por el futuro laboral de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas en el SINART y, si no velamos por la representación que estas personas trabajadoras nos han dado con su membresía a la ANEP, estaría esta organización misma deshonrando el mandato legal que la ley nos asigna en casos como este donde está en juego el sagrado derecho constitucional al empleo y a un salario digno.

Valga indicarles que, aunque estamos seguros ustedes tienen la suficiente claridad al respecto, diversos mandatos legales y sentencias jurisprudenciales, dan asidero de nuestra petición para una participación activa de la representación laboral en procesos de reestructuración institucional. Para muestra, los siguientes preceptos:

REESTRUCTURACIÓN

La Ley 7668, “Ley Marco para la transformación institucional y reformas a la ley de sociedades anónimas laborales”, establece en su artículo 3 que:

“Los procesos de transformación y modernización institucional deberán respetar siempre los siguientes principios y normas mínimos:

a)(…)
b)El proceso deberá ser gradual, programado y público.
*c)*La garantía del pago previo de las indemnizaciones laborales que correspondan de acuerdo con la ley, una convención colectiva o fallos dictados por los tribunales de justicia.
*d)*El objetivo central del proceso será mejorar la calidad del respectivo servicio y lograr que su precio sea razonable y justo,
*e)*El respeto al marco legal vigente y, en particular, de los derechos adquiridos por los trabajadores, basados en la legislación aplicable y en las convenciones colectivas.
f) Se realizará en consulta con los trabajadores del órgano o la institución y de las organizaciones sociales que representen sus derechos e intereses. Mientras el proceso esté en curso, no se aplicará la movilidad laboral forzosa ni inducida mediante procedimientos, acciones o artificios, de hecho o de derecho, que afecten los derechos adquiridos de los trabajadores. . .” (el subrayado es nuestro).

Por otra parte, según la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, un requisito sine qua non en un proceso de reestructuración, debe ser el estudio técnico justificativo, el cual debe contar con ciertas condiciones mínimas para que la actuación no sea arbitraria: debe diagnosticar la necesidad y contemplar la solución, de donde se deduzca la justificación de los movimientos que se realicen al amparo de la reestructuración. (Voto 3288-94).

Además, en caso de que del estudio técnico resulte la necesidad de aplicar despidos, deben quedar claros los criterios a emplear para seleccionar a los_ “sacrificados”_ y su aplicación. En ese sentido, el artículo 47, inciso 2, del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil contiene un sano principio de justicia, dado que establece como parámetros a valorar: la eficiencia, la antigüedad, el carácter, la conducta, las aptitudes y demás condiciones que resulten de la calificación de sus servicios.

Así las cosas, esperamos de vuestras autoridades una favorable acogida a esta respetuosa petición; a la vez que les indicamos que quedamos a sus gratas órdenes para dialogar, directamente, si así se considera pertinente.

En todo caso, esta petición la estamos planteando al amparo del artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, esperando una pronta respuesta favorable de parte de sus ilustres autoridades.

Reiterándoles nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax 2222 8085.
Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fax No. 2258 4094.
Junta Directiva Seccional ANEP-SINART S. A.
Personal afiliado a la ANEP en el SINART.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
Archivo.

Crisis económica: Sindicatos de todo el mundo presentan un plan de recuperación y reforma al G20

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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Bruselas, 13 de noviembre de 2008: La delegación sindical de alto nivel discutirá el plan con el Director Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, y jefes de gobierno de países del G20.

Los sindicatos de todo el mundo piden una serie de acciones urgentes para evitar la perspectiva de una profunda recesión global de larga duración, sumadas a cambios importantes en la gestión de la economía global a fin de dejar atrás décadas de políticas de desregulación que han ocasionado la actual crisis. Se requiere un nuevo impulso al desarrollo y el trabajo decente, así como un “Nuevo trato verde” para abordar de manera efectiva el cambio climático. Las detalladas propuestas sindicales quedan recogidas en un programa de recuperación y reforma titulado “Declaración de Washington”, adjunto.

“Se requiere una acción inmediata para impulsar la economía mundial e incitar la creación de empleo. Los gobiernos deben estar preparados para realizar, de manera coordinada, mayores reducciones en los tipos de interés y para incrementar la inversión en infraestructura, educación y sanidad a fin de estimular el crecimiento de la demanda y reforzar los servicios públicos. Esto debe ir acompañado de medidas fiscales y de gasto para apoyar el poder adquisitivo de los grupos con ingresos bajos y medios, y de medidas concretas para estimular la inversión en bienes y servicios verdes, con objeto de hacer frente al cambio climático”, indicó John Evans, Secretario General de la TUAC-OCDE.

La CSI y TUAC organizan conjuntamente la cumbre sindical que será acogida por la central sindical estadounidense AFL-CIO en su sede de Washington DC.

“El resultado de las elecciones en EE UU es fiel reflejo de un rechazo a escala mundial de la ideología fundamentalista de derechas que ha hecho que un puñado de personas sean increíblemente ricas, mientras crecen las desigualdades y la inseguridad económica, el desarrollo se ha paralizado, y el mundo se sitúa al borde de una calamidad económica. Decenas de millones de trabajadores y trabajadoras podrían perder sus empleos y más y más personas se encuentran sumidos en la pobreza, siendo las mujeres muchas veces las más afectadas”, comentó el Secretario General de la CSI, Guy Ryder. “Ha llegado el momento de dar un cambio radical de dirección, y presentaremos esta propuesta de cambio a los gobiernos, incluyendo la futura Administración Obama en EE UU”, añadió.

Además de las disposiciones inmediatas para estimular la economía mundial, los sindicatos presentan un paquete completo de medidas reguladoras encaminadas a garantizar la gobernanza global de la economía mundial, que acuerden un destacado papel a la OIT en línea con la nueva Declaración sobre

la Justicia Social de la OIT. Entre los elementos clave del paquete de medidas figuran:

Mejor rendición de cuentas por parte de los bancos centrales

1 Regulación de los fondos especulativos y el capital riesgo
2 Adecuada supervisión de bancos y conglomerados mundiales
3 Reforma y control de los salarios de ejecutivos y distribución de beneficios
4 Impuesto a las transacciones financieras internacionales
5 Reforma de las agencias de calificación crediticia
6 Terminar con los paraísos fiscales
7 Proteger frente a los préstamos abusivos
8 Políticas activas de vivienda y servicios financieros basados en la comunidad.

La Declaración de Washington llama igualmente la atención sobre la suerte de los países más pobres del mundo, donde el impacto de la crisis global se sentirá aún más. Pide a los países más ricos que se aseguren de que se cumplan las metas internacionales sobre ayuda al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e insta a actuar para garantizar que los artículos de primera necesidad, especialmente los alimentos, resulten abordables para los más pobres.

La Declaración establece una plataforma del movimiento sindical internacional para una nueva estructura de gobernanza de la economía mundial, que no debe limitarse a los mercados financieros y los flujos de divisas. La nueva estructura deberá superar los importantes fallos de que adolece el sistema actual, y garantizar que las economías emergentes y los países en desarrollo ocupen el lugar que les corresponde a la hora de tomar las decisiones políticas que se impongan. El trabajo decente ha de ocupar un lugar prioritario en el nuevo enfoque, con la creación de empleo, los derechos fundamentales de los trabajadores, la protección social y el diálogo social como elementos centrales para revertir las enormes desigualdades que han originado la presente crisis. Los sindicatos tienen una contribución importante que realizar en la elaboración de la reforma internacional necesaria, y la declaración pide a los gobiernos que se aseguren de implicarlos plenamente en dicho proceso.

“En las últimas tres décadas a los gobiernos les ha resultado muy fácil desentenderse de su propio papel en la regulación de los mercados y para asegurarse de que las compañías multinacionales cumplan las normas internacionales respecto a los derechos de los trabajadores. Volver a conseguir que las políticas gubernamentales tomen el mando será mucho más difícil, y ningún gobierno podrá lograrlo por sí solo. Ha llegado el momento de una acción coordinada para restaurar una regulación adecuada que haga que los mercados estén al servicio de la población”, afirmó Ryder.

La CSI representa a 168 millones de trabajadores de 155 países, y cuenta con 311 afiliadas. http://www.ituc-csi.org http://www.youtube.com/ITUCCSI

Para más información, póngase en contacto con el Servicio de Prensa de la CSI: +32 2 224 0204 ó +32 476 621 018.

CSI EnLínea
192/131108

ANEP apoya Proyecto de Ley sobre incremento a Agentes de Seguridad del MEP

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El pasado mes de setiembre un grupo de diputados y diputadas presentó un proyecto de ley para brindarle este beneficio del 18% sobre el salario base, a todos los agentes de seguridad y vigilancia del Ministerio de Educación Pública.

Todos sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia o algún ser querido lo ha sufrido, el terrible problema de seguridad ciudadana en que se encuentra nuestro país. No es sólo una “sensación” como nos quiso hacer creer la Ministra de Seguridad, es una realidad palpable en dolor y sangre. En los últimos tiempos el incremento de la criminalidad es algo más que datos estadísticos o notas rojas en la prensa. Como ciudadanos vivimos día a día con esta realidad: asaltos a mano armada, robos a nuestras casas, asesinatos por migajas de pan.

Por supuesto toda esta inseguridad no es ajena a las escuelas y colegios de nuestro sistema educativo. En los últimos tiempos tres asesinatos se han producido en instalaciones educativas. En dos de ellos, en Pococí y en Los Guido, quien falleció fue un compañero vigilante. Las nuevas tecnologías que se han ido instalando en los centros de enseñanza, computadoras, teléfonos y faxes más modernos, fotocopiadoras y todo esos aparatos electrónicos, hacen mucho más atractivo para el hampa asaltar un colegio o una escuela, y quien está expuesto en carne y hueso al peligro, a los golpes, a las balas, es el compañero vigilante.

¡SE ESTÁ EXPONIENDO LA VIDA DÍA A DÍA!

Los agentes de seguridad y vigilancia del MEP no cuentan con las herramientas necesarias para realizar con confianza su labor. Sin armas, sin chalecos, sin las condiciones mínimas de salubridad, sin siquiera un salario digno, una remuneración adecuada para la labor que realizan. Según datos del Ministerio de Educación Pública el salario base de los vigilantes es de ciento setenta mil cuatrocientos colones (¢170.400), uno de los salarios más bajos en el Sector Público.

Es por todo esto que celebramos la presentación de este proyecto de ley, que se encuentra bajo el expediente número 17.171 y se titula “_Ley para el reconocimiento de incentivo por peligrosidad a favor de agentes de seguridad y vigilancia del Ministerio de Educación Pública_”.

Este incentivo, del 18% al salario base, excluye a quienes ejercen una función exclusivamente administrativa. Y también está sujeto al cumplimiento de diversos puntos como el pasar una evaluación anual de desempeño, no estar sancionado con faltas graves y de tener mínimo un año de estar trabajando en el puesto.

Les invitamos a apoyar este proyecto de ley. Comuníquese con el diputado o diputada de su elección y pídale apoyar el proyecto de ley 17.171. O contacte a Ana Helena Chacón Echeverrría (achacon@asamblea.go.cr) y a Bienvenido Venegas Porras (bvenegas@asamblea.go.cr) diputados que presentaron el proyecto de ley.

AYUDAR AL QUE LO NECESITA NO SOLO ES PARTE DEL DEBER, SINO DE LA FELICIDAD.
José Martí.

Además, nos es grato informarles que actualmente se encuentra en procesos finales, mediante una comisión presidida por altos jerarcas del MEP y agrupaciones sindicales, un nuevo reglamento interior de trabajo, para dignificar y mejorar las condiciones laborales de los oficiales de seguridad y vigilancia del Ministerio de Educación Pública.

LA UNION HACE LA FUERZA

Salario Escolar: Debe exonerarse del pago de impuesto

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San José, 6 de noviembre de 2008.
S.G. 07-09-0980-08
¡¡¡URGENTE!!!

Licenciado
Guillermo Zúñiga Chaves
Ministro
Ministerio de Hacienda
Su Despacho

Estimado señor Ministro:

Con gran respeto le hacemos llegar el más atento saludo de parte de esta organización.

Hemos tomado nota del oficio dirigido a su digna autoridad, por parte del señor diputado don José Luis Vásquez Mora, fechado el pasado día 4; nota en la cual hace mención a la decisión que ha tomado la Dirección de Tributación para aplicar deducción por pago de renta, al pago del Salario Escolar que han de recibidos los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública nacional, en enero próximo; pese a la emisión de la Ley No. 8665 que, precisamente, exonera a tal derecho del pago del mencionado impuesto.

Al respecto, es sumamente importante expresarle las siguientes consideraciones:

La exoneración de pago de impuesto de renta para el Salario Escolar, ha sido una reiterada demanda sindical planteada a los sucesivos gobiernos, luego de su instauración en la Administración Figueres Olsen, en 1994. En las correspondientes negociaciones salariales (cuando las hubo), desde aquel momento hasta la llegada del presente Gobierno, tal petición fue reiterada una y otra vez (como lo fue, por ejemplo, el tema del rompimiento del tope de las anualidades, recientemente sentenciado por el tribunal constitucional de la República).

Sorpresiva aunque atinadamente, esta añeja aspiración se convirtió en ley de la República y como bien le indica a su digna autoridad el señor diputado don José Luis Vásquez Mora, en su nota JLVM-501, fechada el día 4 del presente, “ese fue el espíritu del legislador y esa fue la expectativa de los empleados públicos”; es decir, que la exoneración entrara en vigencia en enero del 2009.

Como es bien sabido, el Salario Escolar en el Sector Público es un proceso sostenido de renuncia a una parte del incremento salarial semestral que se hizo necesario durante todo el tiempo de su conformación, o sea, aporte estricto de la persona trabajadora: ni dádiva ni privilegio.

Por otra parte, bien sabemos que las políticas salariales de las últimas administraciones han tenido un marcado sesgo_ “restrictivo”_ para decirlo elegantemente y que las personas asalariadas se han venido empobreciendo sistemáticamente, dado el proceso sostenido y en ascenso de la concentración de la riqueza que vive nuestro país en beneficio de unos pocos. Y “tras de cuernos, palos”, pues con la alza inflacionaria de los últimos tiempos, tal proceso de empobrecimiento se ha profundizado.

Vistas así las cosas, respetuosamente, ANEP estima que hay que apegarse al espíritu del legislador ya apuntado, como en tantas ocasiones se ha dado y proceder a esa exoneración de pago de renta sobre el importe de Salario Escolar que ha de pagarse en enero próximo. No ha de “empobrecerse” el Estado por aplicar esta justa aspiración de proteger el deterioro del salario, aspecto éste que nosotros reconocemos que ha sido preocupación honesta de su digna autoridad.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c. – Sr. Diputado José Luis Vásquez Mora. – Clase trabajadora del Sector Público. – Seccionales ANEP-Sector Público. – Movimiento Sindical – Junta Directiva Nacional de ANEP. – Archivo.

ANEP-Hacienda: Por la transparencia y contra la corrupción

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Posición oficial de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda en cuanto a la transparencia en el ejercicio de la función pública y el combate a todas formas de corrupción institucional

A propósito del caso del Lic. Ronald Solórzano Vega

Primero: El surgimiento de la una estructura sindical de la ANEP en el Ministerio de Hacienda, bajo la denominación Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, representa para nosotros un gran desafío en cuanto al desarrollo de un nuevo estilo de hacer sindicalismo en el Ministerio de Hacienda.

Segundo: Ese nuevo estilo de hacer sindicalismo indica, aparte de la natural actividad gremial y reivindicativa de los sindicatos; un compromiso militante en cuanto a la demanda de transparencia en el ejercicio de la función pública; acción frontal de combate a todas formas de corrupción institucional; y, coadyuvar para la implementación total de una cultura ética en todos los ámbitos y niveles de la actividad del Ministerio de Hacienda.

Tercero: Es en ese marco de condiciones que procedemos a analizar el caso que involucró al estimable servidor Lic. Ronald Solórzano Vega, actual Gerente a.í. de la Administración Tributaria de San José, por considerar que había diversos elementos para potenciar una denuncia por presuntas prácticas incorrectas en el ejercicio de su cargo. En lo más mínimo mediaron en nuestro accionar, cuestiones subjetivas o de índole personal.

Cuarto: Nuestra denuncia encontró el asidero debido y conforme a los procedimientos del caso, se determinó la culpabilidad del citado servidor en la irregularidad previamente denunciada por la ANEP.

Quinto: No nos corresponde a nosotros juzgar si la sanción inicialmente impuesta al Lic. Solórzano Vega y que él luego apeló, es la correcta. Todavía no hay resolución definitiva en este caso a nivel ministerial. Sin embargo, lo que está sucediendo en esta situación, nos deja la gran incógnita de cuál hubiese sido el desenvolvimiento de un caso de similares en condiciones, en el cual la persona involucrada no tuviera tan alto nivel de jerarquía.

Sexto: La incógnita anterior coge más peso, al saber que, pese a la constatación de la irregularidad cometida por el citado servidor, éste fue “premiado” con una beca al exterior, concretamente a Sudáfrica, para asuntos relacionados con su cargo de gestión tributaria. A todos sorprendió tal designación, especialmente cuando fuentes autorizadas nos informaron que al momento de la designación, hubo un “olvido” de la cuestionada situación del citado servidor.

Sétimo: Esta compleja situación manda un mensaje completamente negativo para todo el personal que se esfuerza, día con día, para sacar adelante las cada vez más crecientes y complejas responsabilidades de la gestión tributaria. La enorme cantidad de compañeros y de compañeras que dan su denodado esfuerzo, en condiciones de total honestidad y trasparencia, amerita que casos de este tipo, aún en los niveles más altos, se aborden integralmente, desde el punto de vista del impacto en el personal subordinado, en el carácter de la gestión y en la credibilidad de la justicia administrativa.

Octavo: La Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda exhorta a que se formulen todas las denuncias que, en la dirección apuntada, nos den elementos para posicionar en las instancias correspondientes, lo que haya que señalar como presuntamente incorrecto. La ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública y el combate a todas formas de corrupción institucional (tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro), es un deber de servicio público que todos y de todas cuantos trabajamos con honestidad, abnegación, compromiso y solidaridad con el pueblo costarricense, altamente castigado por una estructura tributaria sumamente injusta.

Décimo: Nuestra posición como Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda tiene el total respaldo de la ANEP-Nacional y es congruente con las posiciones que en la materia, nuestra organización ha venido sosteniendo ante la ciudadanía costarricense, a lo largos de estos cincuenta años de vida de la ANEP, de lo cual la opinión pública del país tiene sobrados ejemplos.

San José, 23 de octubre de 2008.

Junta Directiva Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda
José Manuel Gómez Sánchez
Jorge Fonseca Fonseca
Hernán Caamaño Raven
Esperanza Moraga Espinales
Emma Chacón Alvarado
Bernardita Sáncho Gómez

ANEP por preservación de joya histórica

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San José, 4 de noviembre de 2008.
S.G. 07-09-0968-08

Directora
Jody Steiger Goodman
Teatro Nacional de Costa Rica
Ministerio de Cultura y Juventud
Su despacho

Estimada señora:

Sirva la presente para saludarle muy cordialmente de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En primer lugar manifestamos a su apreciable autoridad nuestra más sincera felicitación por las gestiones que durante el presente tiempo ha venido desarrollando en tan importante institución cultural de la democracia costarricense como lo es el Teatro Nacional.

A continuación deseamos trasmitir una serie de inquietudes que de conformidad con los criterios de los funcionarios será importante se puedan abordar y ser resueltos para la buena marcha de la prestigiosa institución dignamente representada por su autoridad.

– Externamos que es una buena medida, el poner en práctica el funcionamiento de un sistema preventivo contra incendios que abarque tanto a la población usuaria como la laboral. Entendemos que no se ha puesto en ejecución y deseamos que se agilice lo más pronto posible.

– Los botiquines actuales presentan una situación anómala puesto que contienen productos que están vencidos, como pastillas y otros. No hay tijeras dentro de dicho botiquín y esto dificulta el romper los productos cuando vienen sellados. Lo que se ha hecho para solventar esta situación es la de utilizar cuchilla pero no deja de ser peligroso el manipular estos objetos. Sumado a la dificultad anterior, es básicos solicitar se imparta un pequeño cursillo sobre cómo se debe manejar las camilla y el cuello ortopédico.

– Sería importante entregar a cada visitante un documento, o bien “brochur”, que contenga información de la historia del Teatro Nacional; de igual forma, sobre los escultores y pintores cuyas obras son exhibidas en esta institución, a fin de que la población visitante tenga conocimiento de la trayectoria de creación de tales autores y qué hicieron en sus respectivas vidas. En este apartado, se debe dejar claro en dicho manual que no debe utilizarse luz intensa pues deterioran las obras. Dichos manuales deben estar impresos en inglés y español.

– Hacer cambios en las gradas de la Galería que presentan un deterioro avanzado. De paso no esta de más indicar que las alturas de las gradas que llevan a los asientos, representa un peligro y una incomodidad para los adultos mayores, razón por la cual habría que buscar una solución que resuelva tal inconveniente.

– Sobre el piso del escenario se detuvo su restauración y esto ha generado que se multiplique aun más el deterioro de la madera puesto que las termitas continúan trabajando sin cesar.

– Recientemente su autoridad, mediante memorándum, indicó que deberían de realizare reuniones en cada departamento y tenemos entendido que nunca se llevaron a cabo, no entendemos la razón de la medida.

– En varias oportunidades, en varios espectáculos, congresos, etc.; no se arranca a la hora exacta de inicio. Esto hace que tengamos que correr para hacer nuestros cambios personales y que la limpieza nadie la pueda cubrir. Lo lógico es coordinar estos detalles para hacer con tiempo las cosas.

– Analizar la alternativa de cambiar los “locker”, puesto que los actuales están muy deteriorados y no es posible dejar nada, porque no hay seguridad alguna.

– Solicitamos muy respetuosamente estudiar la posibilidad de confeccionar una escultura a nombre de la señora Graciela Moreno Cañas. Ella tuvo una intervención importante en la vida de nuestro Teatro Nacional y merece que las generaciones presente y futuras le recordemos su aporte y su dedicación a nuestra máxima obra cultural.

Finalmente, quisiéramos que su digna autoridad nos reciba en audiencia próximamente, con la finalidad de intercambiar pareceres sobre los contenidos de la presente y otra temática anexa.

Sin otro particular se despiden de usted muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Rafael Rivera Mora
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Teatro Nacional

C.c. – Junta Directiva Seccional ANEP-Teatro Nacional – Personal del Teatro Nacional. – Junta Directiva Nacional de ANEP. – Archivo.

PSCC construye concepto teórico de género para el área

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Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ever, la PSCC realiza hoy lunes, y mañana martes, un taller en cual hombres y mujeres de todos los países centroamericanos trabajan una política de género que contribuya a la construcción de un Proyecto Alternativo de Desarrollo.

Entre los objetivos que buscan los representantes sindicales del área se encuentran:
1. Construir un concepto teórico-metodológico de género y propiciar su apropiación.
2. Construir una agenda regional de género de la PSCC
3. Formular y clarificar el abordaje, el estudio y desarrollo de un concepto de trabajo de la Comisión de Género de la PSCC.

El producto de esta actividad se entregará a todas las organizaciones sindicales que conforman la PSCC para su estudio y realimentación a fin de construir una agenda regional que asuma el tema de género como un eje transversal fundamental, de primera línea en todas las acciones que se generen en la región.

Nota:__________________________________
En los próximos días estaremos agregando a esta información, los audios con entrevistas a varias de las representantes del área sobre este tema.

Representación laboral de la Universidad Técnica Nacional (UTN) reclama definiciones

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San José, 3 de noviembre de 2008.

Oficio 001-Comisión de Representación Laboral-2008
ANEP-UTN

Señores
Comisión Conformadora de la
Universidad Técnica Nacional (UTN)
Presente

Honorables señores:

Con el debido respeto, expresamos a ustedes nuestro atento saludo.

En este nuevo proyecto de Universidad pública, la necesidad de manejar distintos criterios, ampliar la visión, identificar la necesidad de la sociedad, de los trabajadores y de las trabajadoras, de los estudiantes, de las empresas y del pueblo en general, sólo puede lograrse tomando en cuenta las opiniones de los diferentes sectores involucrados.

El papel de la Universidad en este tránsito, es fortalecer y consolidar estos vínculos democráticos, abriendo espacios verdaderos para generar una construcción de un nuevo modelo de educación superior.

Las cuatro seccionales sindicales de ANEP constituidas en la nueva Universidad Técnica Nacional, al amparo del Estado Social de Derecho que rige en nuestro país: seccionales Sede Central Alajuela, Sede Atenas, Sede Guanacaste y Sede Pacífico y que representamos a más de 200 afiliados y afiliadas, así como la comisión designada para defender a los trabajadores y a las trabajadoras, nos hemos reunido con mucha preocupación, pues necesitamos tener el conocimiento y la información del rumbo que está tomando este proceso de transición.

Vistas así las cosas, nos permitimos reflexionar sobre lo siguiente:

Primero: Si bien la Comisión de Conformación ha desarrollado un trabajo importante al asumir sus funciones, consideramos que la ausencia del nombramiento del rector (a), está incidiendo en la no unificación de todos los diferentes actores de este proyecto, al no recibir información fidedigna y estandarizada para el adecuado desarrollo como universidad.

Esto ha generado mucha incertidumbre y confusión en la población laboral pues se necesita un líder. Además, no se está cumpliendo con el Transitorio I, inciso b) de la ley de creación de la UTN. Por otra parte, la representación laboral de la UTN estima que, al menos, el perfil de la primera persona que ocupará la rectoría de esta nueva Universidad pública, debe reunir, al menos, las siguientes características:

• Costarricense
• Mayor de 35 años
• De comprobada conducta moral y ética
• 7 años de experiencia académica universitaria y/o administrativa
• Grado mínimo de licenciatura
• Incorporado al colegio respectivo.
• Apolítico.
• Con visión social
• Persona emprendedora, con liderazgo
• Con conocimiento en instituciones de educación técnica.
• Con vasto conocimiento de las instituciones fusionadas
• Miembro de la comunidad universitaria de esta institución

Por tanto solicitamos: Que se nombre, en un plazo no mayor a un mes, al rector o rectora de esta Universidad Técnica Nacional, según la ley existente en el país para ejercer dicho cargo.

Segundo: La Universidad, si bien en su ley de creación presenta sus fines y objetivos, consideramos que debe emitirse un documento que defina el modelo filosófico, epistemológico y académico que sustentará el accionar de esta casa de educación superior (misión, visión, objetivos estratégicos, valores, política, entre otros); dado que se realizó un enorme esfuerzo para la apertura de las futuras carreras de la Universidad, sin un marco de desarrollo en Educación Técnica Superior.

Hoy más que nunca se requieren instituciones de educación superior que produzcan profesionales y no únicamente gente con títulos. En otras palabras, hoy más que nunca se requieren centros de educación superior que basen su formación tanto en conocimientos como en habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes.

Podríamos mencionar muchas de estas cualidades: aprender a aprender, trabajo en equipo, espíritu emprendedor y crítico, capacidad de resolver problemas, liderazgo, capacidad de comprender el entorno, etc. Pero entre todas esas cualidades que determinan que un titulado llegue a ser un profesional destaca una: la toma de consciencia de que amén de que seamos informáticos, administradores de empresas, biólogos o sociólogos, nuestro trabajo tiene un fin social: servir a nuestros semejantes.

Esta es la meta que nos debemos proponer todos los que laboramos en el sector universitario: formar gente competente con sensibilidad social; nuestra meta debe ser formar profesionales cuya carta de presentación sea no el título sino la manera en que hace las cosas. Para ello requerimos diseñar y ofrecer planes de estudios que más que conocimientos transmitan a los estudiantes habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, en contenidos curriculares tan trascendentales para la democratización económica de la sociedad, como lo es, por ejemplo, las formas organizativas de empresas bajo la filosofía de la Economía Social.

Por tanto solicitamos: Que la comisión de conformación de la universidad proyecte sus esfuerzos a desarrollar este marco filosófico, epistemológico, académico que debe y debió ser la guía para emprender cualquier toma de decisión para la Universidad.

Tercero: Si bien la ley de creación de la Universidad Técnica Nacional, en su transitorio VII dispone de un presupuesto de dos mil millones de colones para contribuir en la conformación de la Universidad, y otros recursos para su adecuado y solvente desarrollo, nos preocupa si este presupuesto estará disponible y qué gestiones se están realizando para tal efecto; máxime si para el próximo año iniciamos diplomados universitarios. Paralelamente con lo anterior, es imperioso la obtención de la respectiva personería jurídica, documento de imprescindible necesidad en todas las tramitaciones inherentes al proceso de institucionalización de la UTN.

Por tanto solicitamos: Se nos informe sobre las gestiones que se han realizado y se realizarán para garantizar estos fondos tan necesarios; de la misma forma en que solicitamos se nos indiqué cuál es el proceso de trámite en marcha para la obtención de la personería jurídica.

Cuarto: La concepción de universidad pública con que nace la UTN, conlleva el debate libre y participativo que anima la filosofía de la educación superior universitaria en nuestro país. Particularmente, en cuanto a la formulación de su Estatuto, es necesario que sea producto de un proceso democrático, donde se participe a los actores (sindicato, docentes, administrativos, estudiantes, otros funcionarios de la nueva universidad). Particularmente, el organigrama debe derivarse del Estatuto orgánico con la misma filosofía democrática con que éste se realice, garantizando a los funcionarios de la universidad la estabilidad laboral.

Por tanto: Solicitamos ser tomados en cuenta, en nuestra condición de representantes laborales legítimamente designados y acreditados, en el proceso de elaboración definitiva del Estado de la Universidad en su conjunto, con una participación real, efectiva y democrática. Al respecto, adjuntamos una serie de criterios elaborados, con visión jurídica, desde una perspectiva laboral. Esta participación que se está legítimamente demandando por esta vía, debe incluir la comisión AD HOC (por supuesto) y otras tales como Jurídica, Académica, Recursos Humanos, Administración y Finanzas, así como cualquier otra que se cree, en todas las cuales aspiramos a tener derecho a voz.

Quinto: Sobre la autonomía de las sedes regionales. Es nuestro criterio que en torno a este punto, la mejor redacción que puede tener el propuesto articulo 34 del Estatuto, debería decir lo siguiente:_ “Artículo 34.- Naturaleza jurídica. Las Sedes Regionales son órganos universitarios desconcentrados, por medio de los cuales la UTN promueve, coordina y desarrolla programas en una región específica en atención a las demandas y necesidades del desarrollo nacional y regional”_.

Nos preocupa que se reste poder de decisión a las sedes en currícula académica, la inversión del presupuesto y el nombramiento del personal, entre otros aspectos. Por otra parte, se debería modificar en cuanto a este tópico, el artículo 8 de la ley, para que dijese lo siguiente:

“Traslado patrimonial. Los recursos, los bienes, los activos y el patrimonio de las instituciones que se transforman en sedes regionales, serán administrados por cada una de las sedes y serán utilizados, exclusivamente, en los programas, los proyectos y las acciones académicas que la Universidad realice en la región respectiva”.

Lo que se quiere es que cada una de las sedes goce de autonomía en los diferentes procesos que debe de realizar, donde no se dependa de una sede central, para tomar decisiones que se necesitan para impulsar el desarrollo de cada una de las regiones donde ellas se encuentran.

Por tanto solicitamos: Una indicación lo suficientemente explícita en el Estado definitivo, sobre el tema de las autonomías de las sedes, mientras en el corto plazo, impulsemos la necesaria reforma de ley que haga de tales autonomías un mandato jurídico incuestionable.

Sexto: La transparencia en la gestión pública es esencial y con mucho mayor necesidad en este particular caso, de una gestión histórica para la institucionalización de esta nuevo centro de enseñanza superior de carácter público, como lo es la Universidad Técnica Nacional.

Por tanto solicitamos que todos los acuerdos tomados en la comisión AD HOC sean de carácter público para que todo el personal institucional, el estudiantado y terceros conozcan de las decisiones referentes a la organización, lo cual ha de garantizar una efectiva democratización a través de la información transparente, veraz, real y oportuna.

Sétimo: Sobre interinatos y sobre personal pagado a través de fundaciones.

Por tanto: Es necesario conocer qué disposiciones se están tomando con las personas trabajadoras que se desempañan en estos momentos con carácter interino. De la misma forma, es imprescindible conocer qué se está pensando con relación a compañeros y a compañeras que trabajan con fundaciones.

Octavo: La institucionalización de la Universidad Técnica Nacional lanza el reto de la planificación académica como parte de su proceso de consolidación.

Por tanto, Es necesario conocer qué disposiciones se están tomando para establecer los requerimientos en cuanto a plazas para el desarrollo de los nuevos planes de diplomado universitario en las diferentes sedes, donde no se contaba con la disponibilidad de profesores en planta y que, por tanto, habían siendo venido pagados por las fundaciones.

Respetuosamente invocamos el derecho constitucional de respuesta que nos asiste (artículo 27 de la nuestra Carta Magna), así como lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Oficio 001-Comisión de Representación Laboral-2008
ANEP-UTN

Emmanuel González Alvarado
Sede Alajuela

Patricia Ugalde Rojas
Sede Alajuela

Mauricio Rojas Méndez
Sede Guanacaste

Cynthia Gardela Berrocal
Sede Pacífico

Marisol Díaz Enríquez
Sede Pacífico

Mónica Murillo Segura
Sede Guanacaste

Viviana Fernández Vizcaíno
Sede Pacífico

Lisbeth Víquez Madriz
Sede Atenas

Daniel Tobías Melgar
Sede Atenas

Gustavo Adolfo Herrera Solano
Sede Alajuela

Roberto Jiménez Gutiérrez
Sede Guanacaste

Johanna Castro Hernández
Sede Atenas

Ileana Morera Azofeifa
Sede Atenas

C.c.
Dr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública.
Personal Docente y Administrativo, Universidad Técnica Nacional (UTN).
Junta Directiva Seccional ANEP-Sede UTN-Alajuela.
Junta Directiva Seccional ANEP-Sede Guanacaste.
Junta Directiva Seccional ANEP-Sede Pacífico.
Junta Directiva Seccional ANEP-Sede Atenas.
Decanaturas de las sedes de la UTN.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Taxistas demandarán al Estado y piden indemnización

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Lea la Posición oficial de la Seccional SITAXI

Un grupo de taxistas, afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), demandará al Estado y pedirá que los indemnice por la falta de acciones contra el servicio ilegal.

“El Gobierno no ha cumplido con el contrato de concesión al ser cómplice de la competencia desleal con los piratas, nuestras expectativas financieras al momento de recibir la concesión se han reducido, pese a que se nos exigen una serie de requisitos”, explicó Lorenzo Hernández presidente de la seccional Sitaxi, durante su visita a DIARIO EXTRA.

NO MÁS NEGOCIACIÓN

Para estos adjudicatarios, ya no tiene sentido seguir negociando, “nos van a seguir engañando, ya se acabó esto, porque nosotros que vemos que el tiempo corre y corre y la cosa se nos pone más fea”, agregó.

Y es que este grupo asegura estar cansado de promesas que llegan en cada negociación, pero que no se cumplen “yo tengo un cuarto de siglo de manejar como taxista y todo el tiempo son promesas y promesas del Gobierno que no se cumplen, con el Consejo de Transporte Público, con la Policía de Transito y esto es lo que nos tiene en la ruina”, dijo. La demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, se presentará en un mes o mes y medio, según calculan.

Estos concesionarios acusan al Gobierno de incumplir hasta disposiciones de la misma Sala Cuarta, como el dictado en 2004 que establece que “el Estado debe garantizar al concesionario el equilibrio entre la oferta y demanda, con la ecuación financiera del contrato y una tarifa justa que permita su operatividad. Si existe concurrencia de operadores en una cantidad mayor a la demanda, o de personas no autorizadas, se presenta una competencia que puede ser ruinosa para los concesionarios; el Estado responderá por ello si se tolera tal competencia”, indicaron los magistrados en 2004.

Fuente: Diario Extra
mespinoza@ diarioextra.com
Foto: Rándall Sandoval