ANEPdenuncia acoso laboral en el CNP y pide cuentas del cierre institucional

San José, 7 de agosto de 2006.
S.G. 05-07-0723-06

Señores

Lic. Alfredo Volio Pérez, Ministro de Agricultura y Ganadería
Ing. Agr. Marco Vinicio Cordero Quesada, IDA
Ing. Agr. Bernal Soto Zúñiga, SENARA
Br. Guido Vega Molina, PIMA
Lic. Fernando Campos González, Representante de Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Sr. Carlos Alberto Solís Blanco, UPANACIONAL
Ing. Agr. Carlos Alberto Chávez Fallas, Sector Agrícola Industrial
Agr. Carlos Zamora Martínez, Federación Nacional de Centros Agrícolas Cantonales
Sr. Hernán Ramírez Alfaro, Organización de Pequeños Productores Agropecuarios.
Ing. Carlos Villalobos Arias, Viceministro MAG

Junta Directiva
Consejo Nacional de Producción (CNP)

Presente

Estimados señores:

Ha llegado a nuestro poder copia del oficio suscrito por la Presidencia Ejecutiva de la institución, No. PE 463-2006, con fecha 19 de julio próximo pasado, que esa dependencia dirigió como carta pública a las trabajadoras y trabajadores de esa institución.

Del contenido del referido documento, entre otras cosas, se desprende que en criterio de tal Presidencia Ejecutiva, la situación financiera del CNP es insostenible, que la institución ha perdido su orientación y que su actuación en el ámbito nacional no tiene un verdadero impacto en el sector productivo del país.

Más aún, manifiesta la Presidencia Ejecutiva haber tomado contacto con casi todos los diputados actuales de nuestra Asamblea Legislativa habiendo concluido que “no existe un partido político dispuesto a incrementar el gasto público para salvar una Institución que no supo en su debido momento modernizarse y que olvidó que su razón primordial de ser era el pequeño y mediano productor agropecuario”.

Durante los dos últimos meses han sido reiterativamente cubiertas informaciones de entrevistas realizadas por periodistas de diferentes medios, tanto al Presidente Ejecutivo, como al Ministro de Agricultura y Ganadería – quien ha dado en denominarse Ministro de la Producción, cargo actualmente inexistente en la Administración Pública-, en las cuales se repite una y otra vez que se planea el cierre de la institución que ambos dirigen actualmente.

No puede nuestra agrupación pasar por desapercibido que está en juego la estabilidad del personal del CNP y, consecuentemente, de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), con las serias implicaciones que decisiones en ese sentido pudieren tener para el agro costarricense, especialmente los pequeños y medianos productores, grupos que sin duda alguna serán seriamente afectados por el Tratado de Libre Comercio (si es que algún día las fuerzas que lo propulsan lograran su deleznable propósito), que está en discusión en nuestro parlamento.

Además, estamos muy preocupados por los informes que hemos recibido y documentos que hemos leído en donde la Administración Superior del CNP pareciera ser ha presionado a los funcionarios y funcionarias, para prácticamente obligarlos a la fuerza a que se trasladen a otras Instituciones del Estado sin seguir aparentemente el complicado y complejo debido proceso de una movilidad horizontal. Esta situación pareciera ser ha afectado principalmente a las funcionarias a las que, aparentemente, se les ha irrespetado su condición de mujer presionándolas especialmente.

Que les quede claro que nuestra organización (y las demás organizaciones sindicales del país), está y estará vigilante de que el personal del CNP no sea acosado laboralmente y menos las mujeres que ha la luz de la nueva legislación contra el acoso de la mujer en el empleo, y conforme a los mecanismos que ha diseñado el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en episodios de relaciones hombre-mujer, que ésta tiene la de perder.

Es por todo lo anterior que solicitamos, amparados a los artículos 27 y 30 de nuestra Carta Magna y al artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la siguiente información, debidamente certificada y timbrada (adjuntamos a tales efectos los timbres de ley).

A. Copia del documento de diagnóstico y del estudio técnico realizado sobre el desempeño funcional del CNP, mediante el cual se demuestra que dicha institución perdió su orientación y carece de verdadero impacto en el sector agropecuario del país.

B. Copia del estudio técnico y financiero mediante el cual se analiza la situación financiera del CNP. y se determinan las opciones de financiamiento consideradas para establecer la inviabilidad financiera de esa institución.

C. Copia del análisis y de la propuesta de cierre del CNP, el traslado de los programas y de los funcionarios a otras instituciones, la venta de los inmuebles y de los activos, las proyecciones y viabilidad de los funcionarios a que se estará obligando a optar por una pensión y las diferentes opciones de movilización de trabajadoras y trabajadores.

D. Copia de las actas y de los acuerdos de la Junta Directiva de la institución, en los cuales se han conocido y discutido los estudios técnicos solicitados en los tres párrafos anteriores, así como de aquellos en los cuales se han tomado decisiones sobre las acciones para el cierre del CNP.

E. Copia de los convenios de traslado horizontal que se han realizado o se van a realizar con otras instituciones, así como el listado de las instituciones que están anuentes a coger personal del CNP, con los respectivos servicios de soporte de los jerarcas de dichas Instituciones en los que dan la venia de recibir personal del CNP.

F. Copia del acta 2624 del 8 de febrero del 2006.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Señores Junta Directiva SIPROCNP.
cc.: Señores Junta Directiva SINCONAPRO.
cc.: Señores y señoras Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

ANEP denuncia despidos en el SINART

Siembran angustia y zozobra

El Consejo Ejecutivo aprobó hace algunas semanas un llamado “plan de contingencia” que pretende reestructurar la institución, mediante despidos masivos. A una ilegal reestructuración sólo le cambiaron el nombre con el afán de despedir personal en una plazo no mayor de siete meses. En otras palabras, nos quieren liquidar en diciembre o enero del año entrante.

El problema no es que nos liquiden, sino, que no se asegura la recontratación, de eso nadie habla, ni el Consejo Ejecutivo toma acuerdo alguno. Además, para tales propósitos nos aplicarían el Código de Trabajo, lo que significa que si una persona tiene más de ocho años de laborar para el SINART, solo le cancelarían ocho años de cesantía.

Tratan de esa forma de modificar las relaciones de trabajo, por lo que suponemos, podrían eliminar el régimen de vacaciones, el salario escolar, las anualidades, dedicación exclusiva y prohibición, entre otros beneficios que tenemos actualmente.

Un Consejo Ejecutivo ilegal

Las sesiones del Consejo se están realizando sin el representante de los trabajadores tal y como lo establece la Ley del SINART S.A.. A nuestro criterio, está funcionando al margen de la ley. Se trata de un órgano colegiado, por lo tanto, debe de haber quórum estructural, o sea, con la presencia de todos los miembros que por ley se establece.

Ya salió publicado en el Diario Oficial la “La Gaceta”, el reglamento para la elección de nuestro representante y la Procuraduría General de la República en su dictamen C-196-2005 fue clara: _ “Corresponde al Consejo Director convocar a Asamblea de Trabajadores para que esta nombre su representante ante este.”_

  • 2.* El órgano que debe de emitir la reglamentación correspondiente, donde se establezca el mecanismo para la elección del representante de los trabajadores al Consejo Ejecutivo del SINART S.A., es el Poder Ejecutivo.

Lo cierto del caso es que desde su primera sesión, le enviamos oficio a dicho organismo para que convocara a la Asamblea de Trabajadores y a la fecha no hemos obtenido respuesta alguna, por lo que tuvimos que acudir a la Sala Constitucional para hacer valer nuestros derechos. La Sala IV acogió nuestro recurso y estamos a la espera de su fallo.

En las tinieblas

A escondidas, a hurtadillas y en las tinieblas, así están definiendo el futuro de los trabajadores del SINART S.A. y de nuestras familias. Tiran la pelota de un lado a otro en el seno del Consejo, vieja táctica para darle larga a las cosas y dejar pasar el tiempo, sin que los trabajadores tengamos una voz que nos ayude y defienda los derechos, en un proceso tan delicado como el que impulsan a escondidas.

Protestamos por esa forma solapada ,y peligrosa como están tratando de despedirnos, por la espalda, en una actitud nada TRANSPARENTE.

La ANEP no está cruzada de brazos.

Estamos haciendo algunas gestiones de orden legal que pronto lo comunicaremos. Sin embargo, todas estas acciones deben de ser apoyadas por todos los trabajadores del SINART S.A. sin distingo alguno. No es justo que la lucha recaiga solo en la directiva de la Seccional. No lo duden. Sí es posible detener y cambiarle el rumbo a la barbaridad que piensan hacer. ¡Ya lo verán!.

No se les olvide que la Ley 8346 dice: TRANSITORIO II: Los funcionarios (as) que estén laborando al servicio del SINART al entrar en vigencia esta Ley, conservarán sus derechos laborales referentes a antigüedad, garantías sociales y propiedad de los cargos.”

En el campo legal hay “mucha tela que cortar”, falta la parte organizativa, de ahí que les instamos por su futuro y el de sus familias, a cerrar filas contra las ocurrencias de las jerarquías institucionales.

Déjennos trabajar en paz

¿Por qué el dinero que piensan invertir en la liquidación del personal, no lo utilizan para comprar equipos nuevos e impulsar al Canal 13 y la Radio Nacional para convertirlas en lo que siempre hemos anhelado: En medios de comunicación al servicio de la sociedad?

¿Será que existen otro tipo de intereses en todo esta estrategia oscura?

¿Cuándo será el día que nos dejen trabajar en paz y en óptimas condiciones? Con cada cambio de administración llega la incertidumbre. Ya tenemos la experiencia de que cada nuevo jerarca cree que descubrió el agua tibia. Con sinceridad creemos que doña Alicia está muy mal asesorada o sus intenciones distan mucho de lo que nos dijo la primera vez que se reunió con nosotros.

La segunda reunión que convocó ya nos avisó de la tal liquidación. Lo extraño es que a pocos días de su ingreso al SINART ya tenía hasta un “plan de contingencia”. La verdad es que todos sabemos que ese plan no salió de la señora Presidenta Ejecutiva. Estamos casi seguros que fue don Allan Trigueros quien lo promovió. Grave error el de la señora Fournier, no escuchar la recomendación que le hicimos en aquella oportunidad. El SINART necesitaba un cambio en su dirección.

Inviertan ese dinero en la compra de equipo y déjennos trabajar en paz. La guerra psicológica desatada contra nosotros raya ya en agresión.

Pregunta suelta

¿Porqué será que ahora la sub Directora General asiste, por invitación, al Consejo Ejecutivo? ¡Extraño verdad ! . Don Gerson Córdoba no necesitaba muletas cuando ejercía el cargo de Director General.

Un llamado a la resistencia

No se dejen presionar por las noticias de liquidación. No renuncien a sus trabajos, salvo que existe un motivo especial. Eso es precisamente lo que ellos quieren. Entre menos personal haya, menos dinero tienen que invertir en la presunta liquidación. No nos dejemos intimidar ante la agresión psicológica. Luchemos todos juntos por nuestro derecho constitucional al trabajo.

Documento completo, El Sinarista, en Archivos Adjuntos

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica terminará como la Cruz Roja: pidiendo limosna y vendiendo rifas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) desplegará todo su potencial para evitar la privatización del Instituto Nacional de Seguros (INS), una de las joyas más preciadas del patrimonio nacional y, por tanto, uno de los manjares más apetecidos del insaciable grupo de negocios que domina el Gobierno de la República, con el Presidente Arias Sánchez, como su más connotado_ “ejecutivo de ventas”._

Nadie se traga el cuento de la “competencia” en el mercado de seguros, por cuanto el fondo del proyecto “Ley reguladora del mercado de seguros”, es la privatización total del INS, hoy por hoy, la empresa de seguros comerciales más exitosa y más grande de todo el área centroamericana y caribeña.

El Gobierno neoliberal del Presidente Arias Sánchez pretende con dicha iniciativa de ley, medir su capacidad de maniobra política en los proyectos privatizadores inmersos en el TLC, de tal suerte que el INS sirva como parámetro para tantear el escenario de su otro dorado anhelo de privatización: el ICE. Se trata del ensayo de una estrategia de fragmentación de la lucha contra los Sectores Sociales, a fin de pulsear cierto efecto “desmoralizador”, presuponiendo que el INS es el “eslabón más débil”.

La pretensión de privatizar el INS echará más leña al fuego de la confrontación social abierta. El Gobierno del Presidente Arias Sánchez sigue creyendo que tiene la legitimidad real suficiente y el apoyo popular necesario, como para provocar un enfrentamiento directo con la ciudadanía.

Entre los efectos perversos de esa iniciativa será el golpe brutal a la sostenibilidad financiera del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, al que le espera un futuro similar al de la Cruz Roja: vivir de la limosna pública, vendiendo rifas y con una dolorosa capacidad de respuesta disminuida.

Además, otra de las más nefastas consecuencias del proyecto privatizador del INS, será la privatización también del seguro de Riesgos del Trabajo, cuya finalidad eminentemente social, será mercantilizada, con graves implicaciones para la salud laboral de la clase trabajadora en general, y la Seguridad Social en particular.

Así y ante la imposibilidad de una aprobación del TLC sin llevar al país a una confrontación social dolorosa, el Gobierno neoliberal del Presidente Arias Sánchez, pretende obtener los mismos resultados estratégicos que previeron con “su” TLC, sin la aprobación del mismo; es decir, dejarse el INS y el ICE para el usufructo de los poderosos grupos económicos que le financiaron su campaña electoral aunque no haya tratado.

El proyecto para privatizar el INS ha de profundizar más la brecha de la concentración de la riqueza, incrementará el poder de los ya de por sí poderosos grupos económico-financieros que tienen el dominio de una institucionalidad democrática que ya no se inspira en el bien común.

San José, 4 de agosto de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Elementos para una política salarial

Cuando se ha aumentado otro porcentaje ha sido por la presión social. Aún así estos aumentos siempre han estado muy por debajo del costo de vida, esto queda demostrado con los siguientes números: durante estos cuatro Gobiernos (PLN-PUSC) la inflación acumulada fue del 222.58% y los aumentos salariales corresponden a un 162.64%, lo que nos da una diferencia del -59.94%. Osea los salarios de los y las costarricenses está por debajo en más del 50 %.

El Presidente Oscar Arias y su gabinete se aumentaron el salario en un 42%, con solo dos meses de Gobierno. Esto da pie para pensar que el aumento salarial al resto del Sector Público debería ser correspondiente y no el 2% con que se ha amenazado.

El Movimiento Sindical Costarricense, pensando en una solución definitiva al tema salarial realizó una propuesta al Gobierno de Arias, la cual presentamos a continuación.

__________________________________________________________

San José, 20 de julio de 2006

Lic.
Francisco Morales Hernández
Ministro de Trabajo y Seguridad Social
MTSS

S. M.

Estimado señor Ministro

Las organizaciones sindicales abajo firmantes, consideramos de gran relevancia, la apertura manifiesta por usted y su gobierno en torno al diálogo y a la negociación de una política salarial, para los cuatro años de la presente administración, razón por la cual estamos haciendo entrega de la siguiente propuesta sobre los elementos que consideramos debe contemplar una política salarial, con el objeto discutir con la representación gubernamental, los términos de un acuerdo que esperamos tenga resultados fructíferos.

De usted con toda consideración y estima:

Movimiento Sindical Costarricense

__________________________________________________________________

ELEMENTOS PARA UNA POLITICA SALARIAL

INTRODUCCION

En los últimos veinticinco años, quienes se han desempeñado en el sector público, han sufrido el impacto negativo de una serie de políticas ejecutadas por las diferentes administraciones, que se han caracterizado fundamentalmente por deteriorar la administración pública, a raíz del ideal prevaleciente de reducción del Estado a la mínima expresión.

Ello ha conllevado a socavar las instituciones públicas, o a su debilitamiento, aplicando diferentes mecanismos, como la ausencia de políticas de formación y capacitación, la ineficacia y negligencia ante la agilidad requerida para proveerla de los instrumentos generados por los avances de la ciencia y la tecnología, el no establecer políticas claras, técnicas y profesionales para modernizarla, tratando de hacer infuncional la estructura institucional del estado, restando eficacia y eficiencia, para que no exista calidad en los servicios, a efecto de que la población tome actitudes adversas a la administración pública.

Desde diferentes vías, se ha procedido también a denigrar a las servidoras y servidores públicos, a subvalorar su función, a culpabilizar a las trabajadoras y trabajadores por las debilidades que la Administración Pública presenta. Por otro lado se ha politizado la dirección de la misma, colocando en ella jerarcas que en muchas ocasiones no han demostrado tener la capacidad para orientar ni dirigir, ni mucho menos para estimular procesos, pero que entendemos, eso es lo que los dirigentes políticos de corte neoliberal han requerido para de esa manera deteriorar la imagen institucional.

Lamentablemente desde el punto de vista de la opinión de los medios de comunicación masiva el fracaso no recae en esos responsables, sino que lo que se procede es a descalificar, a denigrar o en muchas oportunidades a agraviar a los servidores y servidoras.

Se ha aplicado una política salarial restrictiva, un sistema de relaciones laborales perverso, con ausencia del diálogo negociación como instrumentos de solución a los problemas que se presentan, se ha marcado una tendencia al deterioro de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, provocando así el desestímulo, y por supuesto creando condiciones para que renuncien a sus puestos, se alejen de las instituciones, y con ello también debilitar ese sistema institucional.

Con frecuencia se alega la carencia de recurso financieros, pero poco se hace por recaudar con mayor eficiencia los tributos, por aplicar severamente la ley a quienes evaden o eluden sus responsabilidades del pago de sus impuestos, a quienes subfacturan, o sobrefacturan, y lo que es más grave, se ha permitido que los actores más dinámicos de la economía no paguen, y más bien se crearon una serie de incentivos para ciertas empresas, lo que ha llevado a que el país tenga una carga tributaria muy baja, constituyendo a su vez un sistema de tributos absolutamente regresivo e insuficiente. Se requiere un compromiso de Gobierno de aplicar programas de reducción de la evasión fiscal, estableciendo metas de recaudación de la factura correspondiente por ese concepto.

Tampoco se ha hecho lo suficiente para terminar con el Estado paralelo y con las cuantiosas erogaciones que ello significa, sin que se produzcan resultados realmente beneficiosos para el país. Poco o nada se ha hecho a su vez para que se de una profunda reingienería al asunto de la deuda interna, lo que hace que por esa vía se destinen también recursos cuantiosos solo por concepto de pago de tasas de interés.

Los informes del Estado de la Nación han sido claros al mostrarnos la forma como crece el Producto Interno Bruto versus la forma de crecimiento del Ingreso Nacional, lo que es indicador de las erradas políticas que han seguido los diferentes gobierno; si existiera una eficiente sistema tributario justo, progresivo y redistributivo, no solo se podría mejorar las condiciones económicas de quienes se desempeñan en la función pública sino que el país podría asumir las responsabilidades en las diferentes actividades que le demanda nuestra constitución, además podría realmente crear la infraestructura estratégica para el desarrollo del país

LOS ELEMENTOS DE UNA POLITICA SALARIAL

1- POLITICA SALARIAL COMO EJE DE REVALORACION DE LA FUNCION PUBLICA Y COMO FACTOR DIGNIFICADOR DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL SECTOR PUBLICO
No cabe la menor duda que para lograr esos dos grandes objetivos es imprescindible reconocer el valor que tienen para la ciudadanía la función pública, los trabajadores y trabajadoras que se encargan de ejecutar esa función y sus organizaciones representativas. Resulta imprescindible reconocer y respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como a sus organizaciones, por lo que el diálogo y la negociación permanentes se convierten en elementos sustantivos de ese reconocimiento, es necesario crear los mecanismos e instrumentos para el diálogo eficaz, fructífero y negociación seria, respetuosa, equilibrada. Los mecanismos se pueden visualizar de la siguiente manera:

a- La Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, que será bipartita y representativa, y que tendrá a su cargo el estudio, análisis, y decisión sobre la generalidad del salario y de sus componentes.

b- Las comisiones sectoriales bipartitas y representativas que tendrán a cargo la revisión, análisis, estudio y definición sobre un sector institucional determinado.

c- Las Comisiones institucionales bipartitas en aquellos casos donde aún no se hayan firmado convenciones colectivas, las que tendrán a su cargo de revisar, estudiar y decidir sobre aspectos puntuales en esa institución.

d- La Convención Colectiva como instrumento más relevante del diálogo y la negociación

No cabe duda que del respeto y la valoración que se tenga sobre la importancia de resolver los asuntos de forma consensuada, de participar a los servidores y servidoras en la toma de las grandes decisiones, jugando en ello un papel preponderante las organizaciones sindicales, así comenzará a dignificarse también a las personas.

2- LA POLITICA SALARIAL UN INSTRUMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION SOCIAL

Esta perspectiva parte del reconocimiento de que los salarios son uno de los principales componentes de la inversión pública, contrariamente a quienes piensan que los salarios constituyen gasto público, El compromiso del Estado con la sociedad es brindar servicios esenciales como educación salud, seguridad ciudadana, energía, agua, justicia, legislación, democracia electoral, seguridad laboral, garantía de los derechos de la niñez, de los adultos mayores, protección a la naturaleza, entre otra serie de aspectos, lo que no puede ser hacer sin la presencia y participación de decenas de miles de costarricenses que se dedican a brindar dichos servicios, para quienes su vida y la de sus familias depende del salario; es decir, las acciones que desarrolla el Estado a través de su sistema institucional, sirven al desarrollo del país y por tanto los recursos que se erogan para el reconocimiento salarial a esas personas no puede ser considerados como gasto sino como una inversión, de ahí que el Estado no puede orientar sus políticas de reducción del gasto congelando o disminuyendo los niveles salariales, o disminuyendo el número de trabajadoras y trabajadores.

Debe recordarse que al aplicar políticas de recorte le puede permitir al Estado obtener algunos ahorros en el corto plazo, pero provocará una desbandada, de las personas preparadas y experimentadas de la función pública en búsqueda de mejores horizontes, con ello la desprofesionalización del sector público, y el deterioro de sus servicios

3- LA POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO COMO INSTRUMENTO PARA LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO

La política salarial puede concebirse también como ha sucedido en algunos casos, como un medio para redistribuir ingreso, generar empleo y satisfacer las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Desde esta perspectiva debemos dar énfasis a la preservación y generación de nuevas plazas para brindar sus servicios que el país requiere, y para afrontar el reto que tiene el Estado de crear infraestructura estratégica para el desarrollo, en forma directa a través de sus instituciones. También esa política debe ser un medio para la revisión de brechas salariales internas, en los estímulos a los grupos de menores ingresos, en la capacitación permanente y el reconocimiento económico a esa capacitación

4- EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

El mantenimiento del poder de compra es un requisito mínimo de viabilidad de un sistema de incentivos a la función pública, y por ello se debe garantizar que el salario no pierda poder de compra. No cabe duda que el deterioro salarial conduce a la búsqueda de empleo en otros sectores, y como consecuencia de ello se evita el desarrollo de carreras del sector público.

Desde la anterior perspectiva es necesario orientar una política e mantenimiento de poder de compra de mediano plazo, enmarcado en reglas de negociación claras, las cuales deben ser cumplidas por el Estado, de requerirse variante alguna, sólo se podrá hacer a través de procesos de negociación, nunca unilateralmente, y mucho menos por la vía del decretazo.

Lo anterior conlleva a que el gobierno aplique un programa económico consistente, con metas claras y aceptables de reducción de la inflación, enfrentando las causas estructurales que provocan dicha inflación, entre las que se destacan la devaluación monetaria, las altas tasas de interés, entre otras. Somos concientes que un proceso inflacionario acelerado y con resultados muy altos presenta una tremenda dificultad, para poder mantener el poder de compra, y por supuesto genera una inseguridad absoluta en la economía de los hogares. La inflación constituye un impuesto perverso, que paga toda la ciudadanía pero que afecta con mayor impacto a quienes tienen ingresos menores. Es importante que para que los precios variable de petróleo no impacte con tanta fuerza en el crecimiento de la inflación es importante también que el Gobierno haga una revisión sobre la carga tributaria que pesa sobre los combustibles.

Es necesario también que la política salarial contemple la situación que viven varias regiones, especialmente las de alta incidencia turística, y algunas regiones abandonadas, donde el costo de vida es muy superior al que muestran los lugares donde se practica la encuesta, y las mediciones del IPC, por parte del INEC.

Son varios los mecanismos que pueden utilizarse para este propósito, entre ellos:

a- La proyección de la inflación conocida como inflación adelantada, que consiste en partir de cero y proyectar la inflación a un determinado plazo, que podría ser de un año, ajustando los salarios en el primer semestre del año en que se va a poner en práctica, en la mitad de esa proyección, por ejemplo se calcula que si el IPC en el año 2007 va a ser del 10%, para el primero semestre se otorgaría un ajuste del 5%, . A mitad de año o sea a principios de julio, La Comisión revisaría nuevamente la proyección de la inflación en el año, y si considera que el crecimiento será de un 12%, entonces al ajuste del segundo semestre 5% (por ser la otra mitad del crecimiento proyectado) se le ajustaría un 2%, y al finalizar el año se obtendría el resultado de la inflación anual y si ésta fue superior al 12%, la diferencia se aplicaría automáticamente al semestre posterior, y se conjuntaría con la mitad de la proyección del año 2008. De lo contrario si el resultado fue de un 11% al finalizar el año entonces al ajuste del primer semestre del año 2008, se estaría restando un punto, que ya se había otorgado.

b- Reconocimiento de la inflación acumulada es muy conocido por todos nosotros, aquí consiste en reconocer la inflación que ocurrió en un semestre determinado en algunos casos se ha utilizado los semestres contemplados entre noviembre – mayo – noviembre y en otros casos se ha contemplado los semestres comprendidos entre diciembre – junio – diciembre,

*c- *Reconocimiento de la inflación acumulada y un ajuste por inflación adelantada. Este es un mecanismo que consistiría en una mezcla de los dos anteriores, es decir la inflación del semestre anterior sería reconocida íntegramente, pero además para aliviar la situación del semestre a aplicar el ajusto se estaría adelantando una parte de la inflación por ocurrir, para lo cual habría que hacer proyecciones, de tal manera que se la inflación va a ser del 10%, para aliviar tres primeros meses del semestre se podría otorgar un 2.5% adicional.

*d- *La indexación salarial. Consiste en un mecanismo que proporciona los ajustes porcentuales mensualmente de acuerdo a la inflación ocurrida en el mes de anterior. Es un instrumento que guarda un mayor equilibrio entre el costo de vida y el salario real. Lógicamente que este tipo de instrumento requeriría de agilidad, eficiencia, dinámica, y eficacia permanente de las instituciones para realizar los cambios que se requerirían mensualmente para el pago oportuno de los salarios. Recordemos que con los ajustes semestrales, muchas instituciones no ejecutan en los tiempos definidos el pago de los ajustes, así que tendrían necesariamente que modernizarse para ejecutar un sistema como este.

Los anteriores mecanismos pueden tener dos vías para ponerlo en práctica,

a) Aplicarlo directamente al salario base, que es una opción importante pero a largo plazo ensancha las brechas entre los salarios de profesionales y de los no profesionales, lo otro es que si la inflación golpea a todos por igual, en términos absolutos la aplicación a la base de los ajustes porcentuales generas profundas diferencias entre los recursos que reciben las personas, es decir mientras un grupo considerable de servidores apenas cuentan con un plus salarial que se mueve conforme se mueve la base, (ejemplo las anualidades) otros tienen dos o varios pluses que también se mueven en relación a la base salarial. Y por lo tanto los montos absolutos que se reciben son sustancialmente diferentes.

b) Determinar el salario promedio global es decir bases más pluses salariales de todo el sector, en este caso se podría tomar los salarios del Servicio Civil o en su defecto el de todo el sistema institucional, al que se aplicaría un factor deflator, obteniéndose entonces una cantidad de colones que se aplicaría a los salarios bases para todas las categorías ocupacionales en igualdad de condiciones. Es decir si produce 5000 colones sería un monto para todos aplicado a la base. El factor deflator es una constante que se obtiene de calcular cuanto significa los pluses salariales en forma general por encima del monto de los salarios base. Aquí es necesario recordar que las anualidades oscilan entre un 2.5 y un 1.94% del salario base, pero si una persona cuenta con 20 anualidades, ese monto puede representar entre un 20% y un 25% sobre el salario base, un horario alterno representa un 50% sobre el salario base, la dedicación exclusiva y la prohibición pueden superar el 50%, del salario base, carrera policial representa un 15%, para citar algunos ejemplos. De acuerdo a criterios del Servicio civil los pluses salariales representan aproximadamente un 70% sobre el salario base. Este mecanismo tiene la ventaja que protege y mejora los salarios de los sectores no profesionales, pero provoca un cierre de brechas entre dichos sectores,

5- LA RECUPERACION DEL PODER DE COMPRA DE LOS SALARIOS

Diferentes estudios que hemos realizado en torno al crecimiento de los salarios base en su comparación con el crecimiento de la inflación en las últimas cuatro administraciones nos dan una idea del grave deterioro sufrido, que alcanza cerca de un 60% en términos promediales lo que no deja de ser difícil resolver, por lo que es indispensable, en primer lugar que el Gobierno reconozca ese deterioro salarial que se ha producido a lo largo del tiempo, y que permita encontrar algunas vías para que en forma gradual y sostenida puedan irse recuperando dichas pérdidas, a la par de que se respete la política de mantenimiento del poder adquisitivo con respecto a las futuras inflaciones.

Aquí podríamos encontrar algunas vías importantes.

a- Ajustes técnicos para los sectores más golpeados, y cuyos salarios base han quedado por debajo de los salarios mínimos que establece el Consejo Nacional de Salarios para el Sector Privado. Además ajustes técnicos que permitan resolver los desequilibrios generados en la estructura salarial del Servicio Civil.

b- Ajustes porcentuales por crecimiento de la productividad nacional, consistente este mecanismo en la comparación de la producción entre el número de trabajadores

c- Ajustes porcentuales cada vez que el PIB nacional sube más del 4%

d- Ajustes porcentuales cada vez que el sistema tributario elva su capacidad de recaudación por encima del 20%

6- LA REDEFINICION DEL SISTEMA DE LOS SALARIOS

Resulta importante aquí entrar a una revisión de los sistemas salariales existentes, los que para su pago se utilizan recursos del provenientes del presupuesto nacional. Ello significa realizar un intenso análisis entre los salarios que define La Dirección General del Servicio Civil para los trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo, El Tribunal Supremo de elecciones, El Poder judicial, La Asamblea Legislativa, así como los que se fija la Procuraduría General de la República, La Contraloría General de la República y La Defensoría de los Habitantes, como órganos adscritos a dichos poderes. No se trata aquí bajo circunstancia alguna de cuestionar los salarios que esas instituciones han determinado, sino de comparar, la naturaleza del trabajo, las actividades que se realizan, los requisitos, las responsabilidades, que tienen para determinar realmente si se justifica que los salarios determinados por el Servicio Civil estén en algunos casos un 25% o más por debajo de los otros, y si es indispensable hacer los ajustes para revalorar los salarios que determina este organismo, logrando con ello un mayor equilibrio salarial, y haciendo una mayor justicia con los servidores que dependen directamente o por homologación de las decisiones que tome la Dirección General del Servicio Civil.

También es importante revisar la situación sufrida en aquellas instituciones a las que la Autoridad Presupuestaria le impuso límites a sus políticas salariales y que al igual que en el Gobierno Central se encuentran muy afectada en sus niveles salariales.

7- REFORMAS AL SISTEMA DE INCENTIVOS SALARIALES

Es de vital importancia hacer una revisión a varios de los componentes del sistema de incentivos salariales y tratar de crear otros también de gran relevancia como:

7.1 Escala de anualidades

a- Rompimiento de tope de la escala de anualidades: Para nadie es un secreto que las decisiones tomadas en torno a materia de pensiones, está haciendo que las personas forzosamente tengan que permanecer durante más años en la administración pública, pero además de ello si así no lo fuera sería también de gran irrelevancia crear los incentivos necesarios para que la gente con preparación y experiencia se quede durante más años dando su aporte y con ello fortaleciendo la calidad del servicio público, por ello resulta vital que el tope de 30 años que se impone a dicha escala se rompa, y se reconozca la experiencia a los funcionarios y funcionarias que superan esos años en la administración.

b- Revisión a los porcentajes de la escala de anualidades que emite El Servicio Civil. En diferentes oportunidades hemos indicado que al crear la Ley de Salarios de la Administración Pública, en esta se consignó una escala de anualidades que oscilaban entre el 4% para el salario más bajo de la escala y 2.7 para el más alto. A través del tiempo el Servicio Civil fue causando una variante, hasta que en el año 1993 después de una huelga de varios días y un proceso de negociación tendiente a resolver el problema, se logró definir que la escala no volvería a bajar y que al salario mínimo de clase se le seguiría aplicando el 2.56% para determinar el monto absoluto de cada anualidad, cerrando la escala en un 1.94. No cabe duda que el propósito que se perseguía era recuperar la escala original, pero ello no se pudo hacer y en aquel momento fue aceptado ese mecanismo de aplicación.

Durante varios años se aplicó de esa forma aunque el cierre nunca lo hicieron en el último nivel de los salarios lo que daría una gradualidad más profunda a la escala, por el contrario, el Servicio Civil ha cerrado la escala aplicando el 1.94% a partir de un intermedio de dicha escala, y lo que es más grave sin que mediara ningún proceso de negociación sobre la escala a partir de enero 96 el Servicio civil emitió una escala que se abre con 2.36% en el primer nivel (salario más bajo de la escala) y lo cierre con el 1.94% en el nivel 206.

Debe recordarse que esa escala tiene 799 niveles salariales. Pero veamos como es el juego, cada vez que sube el salario mínimo de clase que es el de la categoría ocupacional misceláneo 1 (actualmente 124850 colones) el Servicio ha colocado ese salario en el primer nivel y a ese le aplica el 2.56% y de ahí en adelante aplica la gradualidad descendente sobre los diferentes niveles hasta que la cierra en 1.94%. En esta oportunidad Mediante Resolución DG-05-2006, el Servicio Civil mantiene un salario anterior como mínimo de clase, es decir 113650 que corresponde al salario mínimo del mes de julio de 2005 con el ajuste del 5% del 2006, es decir el gobierno excluyó el ajuste de noviembre (9.81) de la aplicación de las anualidades.

Como puede notarse bajo eses procedimiento el Servicio civil rebajó en un 0.20% el inicio de la escala, ya que esta debió comenzar a partir del salario 124850, a la correspondería un monto absoluto de 3196 colones, mientras que como quedó la escala le corresponde 2909, es decir 287 colones menos. Para una persona con 20 anualidades se le está dejando de pagar una diferencia de 5740 colones. Desde el punto de vista económico ello representa una economía sustantiva para el Gobierno y una pérdida considerable para los trabajadoras y trabajadores.

Que pasa en otros ambientes, veamos: a los médicos se les aplica el 5.5% sobre el salario baso. En el INS el 5.2%, en la UNED y el ITCR el 5%, en la CNFL el 4.5%, En el ICE el 3.56%, en el Banco Popular y en la Contraloría General de la República el 3.5%, en ICAA, el CNP, la UNA, el BNCR, BCAC, la CCSS, La UCR el 3%, en el TSE entre el 2.12 y el 2.35%, en la defensoría de los Habitantes el 3.5%, el 3.85% y el 4.35% , como puede verse existe una diferencia sustantivo entre estos sistemas siendo la del Servicio Civil la más baja de todas ellas.

7.2 Dedicación Exclusiva y Prohibición: recordemos que en el caso de profesionales a nivel de licenciatura se les otorga por esos conceptos hasta un 55% sobre el salario base para el primer caso y hasta un 65% en el segundo, no obstante a los que tienen nivel de bachillerato se les otorgan porcentajes mucho menores, cando se les aplica alguna de los dos componentes, este es un asunto injusto porque para ello está la diferencia sobre el salario base, que establece la brecha entre los dos grados o entre las categorías ocupacionales, pero la prohibición, o la dedicación exclusiva obliga a los dos en las mismas condiciones y por ello es necesario que se de un equilibrio en este campo.

7.3 Carrera Profesional: El incremento en maestrías, doctorados, y otros postgrados hacen necesario entrar a revisar la carrera profesional, y determinar los puntos más convenientes en esta materia, al mismo tiempo, como al valor del punto por carrera profesional se le han aplicado los porcentajes que el Gobierno ha dado para los salarios, es decir muy por debajo de la inflación, es decir el valor se ha devalorado, es necesario revisarlo y mejorarlo, para que realmente sea estimulante a efecto de que las personas se capaciten en forma permanente.

7.4 Zonajes: Se requiere realizar una revisión integral al sistema de zonajes que existe en el país a efecto de estimular la presencia de personal suficientemente calificado y experimentado no solo en las zonas incómodas e insalubres sino también en las zonas de menor desarrollo y de alta conflictividad.

7.5. Viáticos: Este es un aspecto de gran relevancia para los funcionarios y funcionarias que deben hacer desplazamientos periódicos para ejecutar sus trabajos, sistemas de inspección por ejemplo entre los muchos que desarrollan actividades fuera de su oficina, de tal manera que realmente los gastos de viaje sean cubiertos en su totalidad considerando las zonas que se han encarecido como consecuencia del auge del turismo y otras por dificultades de transporte o de otra naturaleza.

7.6 Incentivos por productividad. Aquí es importante destacar que para crear un incentivo de esta naturaleza se requiere hacer estudio en cada una de las instituciones, porque ello demanda aspectos relacionados como capacitación, mejoras tecnológicas y de equipamiento, cambios en procedimientos, trabajo de equipo, mecanismos de administración horizontal y no vertical, lo que llevaría a un proceso en cada institución, por lo que finalmente estos mecanismos deben quedar establecidos en forma general, y secotrialmente, institucionalmente o por convención colectiva se pueden establecer.

8-OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR SON:
8.1 Disponibilidad
*8.2*Reconocimiento a Jubilados
8.3 Fechas de pago
8.4 Reducción del impuesto al salario

Seccional de ANEP en la Contraloría General de la República solicita negociación salarial

San José, 25 de julio de 2006
SACGR-03-2006

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora General
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de nuestra Seccional en la Contraloría General de la República.

Las administraciones que han gobernado nuestro país en los últimos 16 años, se han caracterizado por la ausencia de una política salarial y porque la mayoría de reajustes salariales por costo de vida, ni siquiera igualan en porcentaje el aumento en el costo de vida, además de que han sido impuestos a través de la vía del decreto, sin que medie negociación con las organizaciones sindicales. En los últimos 20 años, los salarios reales han perdido la capacidad de compra en más de un 50%. Veamos:

Gobierno Inflación Acumulada Ajuste costo de vida Diferencia %
Calderón 70.94% 43.50% -27.44%
Figueres 63.63% 46.60% -17.03%
Rodríguez 42.57% 39.33% -3.24%
Pacheco 45.44% 33.21% -12.23%
Totales 222.58% 162.64% -59.94%

Pese a que las exportaciones han crecido 10 veces en estos años; la inversión extranjera se ha cuadriplicado y sólo el año pasado, según los informes del propio Banco Central, la economía creció a un ritmo del 6%, la calidad de vida de los y las trabajadoras ha empeorado. La tasa de pobreza pasó del 20% al 27% de las familias, la tasa de desempleo en promedio, aumentó en este período de un 5.4% a un 7% y la inflación ha superado significativamente los ajustes salariales, generando un acelerado deterioro en el poder de compra de los salarios.

La presente administración, pareciera no tener vocación de modificar esta tendencia, que se manifiesta en el progresivo empobrecimiento de la clase trabajadora costarricense, y pese a que se han iniciado conversaciones con las organizaciones laborales representantes de los intereses de las y los empleados públicos, no visualizamos para este segundo semestre del 2006, un reajuste que disminuya la pérdida adquisitiva que han sufrido los salarios en los últimos tiempos.

En razón de lo anterior, consideramos que la Contraloría General de la República de acuerdo con el artículo 7 de su Ley Orgánica, el cual establece que_ “En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley.”_, y siendo que esta autonomía está garantizada por la propia Constitución Política en su artículo 183, se plantee la alternativa de establecer su propia política salarial, tal y como lo hace la Caja Costarricense de Seguro Social, el INS, los bancos públicos o la Corte Suprema de Justicia.

De conformidad con lo apuntado, solicitamos respetuosamente a su Autoridad, se analicen los diferentes parámetros legales, económicos y presupuestarios para establecer y definir una política salarial en nuestra institución, independiente a la del sector público centralizado, en la cual se proponga, al menos, un reajuste salarial por costo de vida igual al porcentaje de inflación que determine el Banco Central o el organismo competente cada semestre.

Lo anterior, con la finalidad de mantener una política de salarios crecientes, que estimule a las personas trabajadoras y les permita satisfacer las necesidades propias y las de su familia, en procura de un mejor nivel de vida para todas y todos.

Agradeceríamos una respuesta al presente planteamiento formal, dentro del término de ley.

Sin más por el momento, nos suscribimos respetuosamente.

MBA. Jose Antonio Gutiérrez Díaz
PRESIDENTE

Msc. Ana Patricia Barrientos G.
SECRETARIA

Ci: Licda. Marta Acosta, Subcontralora General de la República
Lic. Enrique Muñoz Aguilar, Jefe Unidad de Recursos Humanos
Licda. Cira Vargas, Auditora Interna CGR
Junta Directiva ANEP
Funcionarios Contraloría General de la República
Archivo

Trabajadores de AyA laboran 48 horas y les pagan 40,15 horas

San José, 18 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0696-06

Honorables integrantes
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Presente

Asunto: POSICIÓN OFICIAL DE ANEP CON RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL DE 48 HORAS SEMANALES A 41.15, PARA UN SEGMENTO LABORAL DE 276 PLAZAS.

Estimados señores y estimadas señoras:

En primer término, recibas sus dignas autoridades el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Sobre el particular indicado hemos de afirmar que nuestra representada había dejado ya patente su posición jurídica, entregada tanto a la Gerencia General como a la Dirección del Área Metropolitana, desde el 11 de mayo del 2005.

En esta oportunidad nos permitimos referirnos tanto al acuerdo de Junta Directiva No. 2006-396, del 28 de junio del año en curso, así como al contenido del Oficio AU-2006-230, “Estudio de disminución de la jornada laboral, elaborado por la Auditoria Interna” y presentado a esa honorable Junta Directiva.

PRIMERO: En nuestro análisis de orden jurídico esbozamos algunas consideraciones vertidas en el Reglamento Autónomo y su directa remisión al Código de Trabajo, donde se hace alusión de manera contundente, afirmando que las autoridades institucionales pueden acordar jornadas laborales inferiores a las contenidas en la ley, lo que se encuentra de manera expresa en los artículos 135 y 136 del Código de Trabajo.

Es esto lo que da cobertura jurídica para justificar al interior institucional, la existencia de jornadas laborales inferiores a las fijadas en la ley ordinaria, de acuerdo con las posibilidades que permite el derecho laboral de mejorar las condiciones laborales; lo que ha permitido desde antes de la vigencia del reglamento, el reconocimiento e implementación de jornadas laborales inferiores a las 48 horas.

Tal situación representa un trato desigual entre iguales, lo que conculca el principio de igualdad, que a la vez conlleva a una discriminación de orden salarial para este segmento laboral en mención; contraviniéndose la Constitución Política y el Código de Trabajo, respectivamente en los artículos 57 y 167.

SEGUNDO: El análisis elaborado por la Auditoria Interna pretende determinar el impacto en el ámbito financiero y el aumento de los costos operativos institucionales, desde la perspectiva financiera, con base en el oficio de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, STAP 1573-04 del 6 del 10 del 2004.

No obstante de lo anterior, se prioriza el criterio jurídico del A y A, mismo que refuta categóricamente la posición sindical, fundamentando la potestad y el derecho que le asiste a la institución para que se mantenga la jornada laboral en 48 horas, para este segmento laboral que, aun manteniéndose en la condición de jornales ocasionales, adquieren la condición de indefinidos a partir del 2 de mayo del 2005 y continúan en su período de prueba conservando la misma jornada laboral, la que se les prolonga una vez que han adquirido la propiedad.

Otro argumento que esboza la posición institucional es que la jornada de 48 horas para este segmento laboral, se fundamenta en la oportunidad y conveniencia institucional, en razón de seguir brindando un servicio y atención adecuada.

Ello dista de objetividad jurídica por cuanto obvia el acuerdo de partes entre el A y A y la Autoridad Presupuestaria, en el sentido de que la institución adquiere el compromiso de que al menos durante un año, este segmento laboral mantendrá la jornada laboral en 48 horas; lo que dio pie a que la misma gerencia institucional emitiera resolución para que a partir del 11 de mayo del 2006, estos trabajadores (o al menos una mayoría de ellos), pasaran a laborar una jornada de 40.15 horas semanales.

Otro aspecto de importancia capital es que, si bien el mismo análisis jurídico institucional admite que el artículo 136 del Código de Trabajo y el 58 de la Constitución Política establecen la jornada laboral no mayor a 48 horas, no limita o establece, o contraviene, una jornada inferior.

TERCERO: En este mismo contexto, merece una especial atención a las jefaturas que han vertido criterio tanto a favor como en contra de la disminución de la jornada, pues quienes se inclinan por mantener la jornada laboral en 48 horas son precisamente la Ing. Dora Acuña Rodríguez, encargada de las plantas de tratamiento de agua potable, donde por la naturaleza del trabajo se exige personal las 24 horas durante los 365 días del año.
Igualmente vierte criterio similar el Ing. Luis Carlos Durán Quirós, encargado del Departamento de Bombeo; criterio similar tiene también el Lic. Jorge Pérez Pérez, encargado del Área de Facturación, admitiendo una readecuación de las rutas.

CUARTO: Criterio adverso a las 48 horas, sostiene el Lic. Manuel López Fonseca, de Aguas Residuales, donde la jornada es de 36 horas semanales; el Lic. Olman Matamoros Chavarría, encargado de Área de Cobranzas; el Lic. Luis Alamar Badilla Mora, Encargado de la Cantonal de Ciudad Colón; igualmente vierte posición argumentada el Ing. Eduardo Solano Campos, encargado del Centro Técnico; quienes con un equipo de 26 trabajadores se desempañen en labores de mantenimiento de conexiones y revisiones domiciliarias, con los cuales existe el compromiso de mantener los rendimientos actuales.

QUINTO: Adicionado a lo expuesto en el punto anterior, nos encontramos con el informe técnico-administrativo de la Región Metropolitana, en el cual el Lic. Luis Manuel Alvarado Aguilar, Director de esta región externa su criterio favorable a la jornada de 41.15 semanales, manifestando haber tomado todas las previsiones del caso, para garantizar la eficiencia y eficacia en los servicios.

SEXTO: Llama poderosamente la atención que la Auditoria Interna exprese o afirme que deben de analizarse los costos institucionales que implica la reducción de la jornada, pero es omisa al reconocer que se violenta el principio de legalidad, al demostrarse que las bases salariales no van en correspondencia con la jornada. En todo caso la inversión social, nunca debe de ser vista como gasto institucional.

PETIRORIA:

PRIMERO: Que este segmento laboral, pase una jornada laboral de 41.15 horas semanales, con lo cual estarían en igualdad tanto de jornada como salarial, pues hasta la fecha estos 276 trabajadores han venido laborando desde el 2 de mayo del 2005 hasta la fecha, percibiendo una base salarial correspondiente a una jornada laboral de 41.55 horas y no de la jornada de 48 horas que laboran.

Lo anterior se fundamenta no sólo en lo jurídico sino en los criterios técnicos de las jefaturas y la misma Dirección Metropolitana, con las excepciones de las jefaturas que expresan lo contrario, en razón de las características propias donde laboran las 24 horas continuas, como plantas de tratamiento de agua potable y bombeo.

SEGUNDO: El motivo de oportunidad y conveniencia institucional, deberá ajustarse o supeditarse a la normativa laboral, de tal manera que en nombre de este precepto superior, no se violenten los derechos o garantías laborales; encontrándonos con un segmento laboral en total indefinición jurídica por parte del A y A, ya que laboran mas horas de la jornada en correspondencia con sus homólogos operativos, devengando una base salarial inferior.

TERCERO: Si bien la administración puede tomar la decisión de reconocerles la diferencia salarial que han dejado de percibir este segmento laboral, tanto de manera retroactiva como a futuro, la solicitud expresa de nuestra organización sindical es para que se mantenga su jornada laboral en 41.15 horas semanales.

CUARTO: La ANEP, solicita de la manera más respetuosa a esta Junta Directiva, tomar la decisión en los términos planteados para lo cual, hemos llegado a un acuerdo con las personas trabajadoras de dar un compás de espera que se prolongará hasta martes 8 de agosto, fecha en la que nuestra organización en conjunto con los trabajadores y las trabajadoras determinaremos las acciones que mejor convengan.

Esta posición cuenta con el respaldo de este segmento laboral, lo que se ratifica con la lista adjunta de firmas.

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

cc.: Juntas Directivas, Seccionales ANEP-A y A.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Trabajadores involucrados.
cc.: Archivo.

Continúa el acoso sindical en Correos contra la dirigencia de ANEP

San José, 17 de julio del 2006.
S.G. 05-07-0695-06
¡URGENTE!

Señor
Luis Alberto Morera Solórzano
Asistente
Gerencia de Operaciones
Correos de Costa Rica S. A.
Su Oficina

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De la manera más atenta y respetuosa, solicitamos nos indique las razones por las cuales la Gerencia de Operaciones se encuentra actualmente gestionando la anulación de los permisos sindicales que gozan los integrantes de nuestro Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.

La consulta obedece al hecho de que el pasado 4 de julio, en un correo electrónico enviado por su persona a la Licda. Maritza Solís Vega, Directora de la Región Central Dos, a raíz del permiso sindical que disfruta el trabajador Asdrúbal Marchena Gómez, se procede a informar que se está gestionando la anulación de dichos permisos sindicales porque los efectos de los mismos en el servicio son “muy negativos”.

No omitimos manifestarle que nuestro sindicato se encuentra muy preocupado por ese hecho, toda vez que dicho proceder estaría violentando los Convenios 135 y Recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporados en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Número 5968.

El Convenio 135 dispone expresamente el deber de toda empresa de disponer a favor de los representantes sindicales, facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.

En igual sentido, la Recomendación 143, establece una serie de facilidades que se le deben otorgar a los representantes de los trabajadores, entre ella señala la recomendación lo siguiente: “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían disfrutar, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa”. (Artículo 10, inciso 2).

Asimismo, dichos principios han sido incorporados en la Convención Colectiva de Trabajo, firmada el 28 de abril del 2006, y homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante la Resolución DRT-190-2006 con fecha del 30 de mayo del 2006. Específicamente el artículo 12 que establece la obligación por parte de Correos de Costa Rica S.A. y de los sindicatos partes, de otorgar las facilidades a los representantes de los trabajadores (miembros de Juntas Directivas y de Seccionales) contenidos en los Convenios citados anteriormente.

Contempla la Convención Colectiva –que tiene fuerza de ley- en su artículo 30 expresamente lo siguiente:

Artículo 30- La Empresa, otorgará permiso con goce de salario a sus trabajadores para el ejercicio de la función sindical de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) (….)
b) Un día por semana para los miembros de la Junta Directiva de los Sindicatos que lo requieran para atender las reuniones de la Junta Directiva Nacional o Seccional, o de las Federaciones o Confederaciones sindicales en las cuales resulten electos (…)

Por todo lo anterior, solicitamos nos aclare cuales son esos efectos negativos sobre el servicio, puesto que una eventual anulación de los permisos implicaría una práctica laboral desleal sancionada por nuestro Código de Trabajo.

La respuesta que requerimos a la presente, misma que reiteramos está planteada respetuosamente, la amparamos al Artículo 27 Constitucional y al 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

De usted con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Lic. Álvaro Coghi Gómez, Gerente General de Correos de Costa Rica S. A.
Señores Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina en Costa Rica.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S.A.
Archivo.

Cuestionada reestructuración en la Contraloría General de la República

San José, 3 de julio de 2006.

MII
Enrique Muñoz
Jefe
Unidad de Recursos Humanos
Contraloría General de la República

Estimado señor:

Reciba un atento y cordial saludo. En atención al oficio DEI-RH-316 de 26 de junio del 2006, por medio del cual usted se refiere a la misiva que nosotros enviamos al Lic. Walter Ramírez sobre el proceso de reestructuración que se piensa implantar en la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa, nos permitimos manifestar que el mismo, nos provoca una gran desilusión por que lejos de constituirse en un documento en el cual se de respuesta a nuestras inquietudes, que a todas luces son legítimas y válidas, se insiste nuevamente, en indicarnos cosas que ya conocíamos y que por supuesto analizamos a la hora de estructurar nuestra misiva y petitoria.

Cabe, de previo a realizar algunos comentarios, indicar que como Seccional Sindical de esta Contraloría General de la República, no emitimos juicios escritos sobre comentarios realizados en forma verbal, tal cuales fueron las reuniones de exposición de la propuesta en su parte conclusiva que se realizaron con la Contralora General de la República y el Gerente de la División de Fiscalización Operativa. En esas oportunidades nuestra posición fue clara y sí lo expresamos en dichas reuniones sobre la preocupación de la inexistencia de estudios técnicos que justificaran los cambios propuestos y sobre los costos que estos cambios representan, siendo por tanto que pedimos esos justificantes, para que una vez recibidos por nosotros, proceder a analizarlos y luego poder emitir por escrito los comentarios que consideremos oportunos y atinentes.

Sobre su posición reiterada de que ustedes, ante estos cambios, no deben dar audiencia a las organizaciones gremiales, basándose en una resolución emitida por la propia División Jurídica de esta Contraloría General, nosotros tenemos un criterio totalmente contrario y ante esa situación, en el momento que consideremos oportunos, es un asunto que dirimiremos ante las instancias que correspondan.

En este sentido nos permitimos manifestar que dentro de un marco ético, de transparencia y rendición de cuentas, el funcionario de esta Contraloría General de la República y sus autoridades tienen una gran responsabilidad, por estar dentro de la entidad promotora principal del buen manejo de los recursos públicos, y que se ve más que justificada en el interés de poder dar respuesta satisfactoria a un grupo de compañeros y servidores públicos, y por que no decirlo de la ciudadanía en general por conocer el origen y el destino de los recursos públicos, esto como un derecho constitucional. Derecho que, debería generar a lo interno de esta Contraloría General de la República, la construcción de formas y modos que garanticen su adecuada atención.

Producto de este interés, se ha acuñado el término de democracia participativa, entendida ésta, como el privilegio que se otorga para que los ciudadanos organizados, puedan hacerse presente en la toma de decisiones públicas (democratización de las decisiones, transparencia). Guardando las circunstancias, en esta institución Contralora, ante cambios tan fundamentales, en la División que concentra la realización de su función principal, debería generarse en principio políticas y procedimientos en los cuales se promueva la participación de las personas, ya que la opinión de la gente cuenta.

No obstante lo anterior, la respuesta dada se aleja en mucho al manejo de estos conceptos. Reiteramos que la ostentación de un cargo público, significa que el respaldo y el sustento de un buen desempeño de ese ejercicio, pasa por el planear, organizar, dirigir y controlar un sistema que identifique y señale el buen proceder y los aciertos de la política y el accionar definidos así como un mal acto y las sanciones que correspondan, con lo cual se cristalice la transparencia, se permita la adecuada fiscalización de ese desempeño y se retroalimente la rendición de cuentas.

Huelga manifestar que en realidad el hecho que diversas autoridades de la CGR hayan presentado la referida propuesta de reestructuración, sea ante esta Seccional o ante la Asociación de Profesionales o bien en reuniones generales del personal, no representa para nosotros el haber dado las audiencias preliminares que jurídicamente, según nuestro criterio, corresponden, ya que en esos reuniones el único objetivo de parte de ustedes fue de dar a conocer lo ya decidido.

Es por ello, y dado que como funcionarios públicos, especialmente tratándose de funcionarios de esta Contraloría General de la República y conociendo que el acceso a la información pública es una condición necesaria para el pleno desarrollo democrático del estado y para que los poderes públicos rindan cuentas sobre su desempeño solicitamos que se nos de respuesta a nuestras inquietudes planteadas en nuestras notas del 14 y 20 de junio del año en curso, de previo a implantar un proceso de reestructuración.

Por otra parte y en relación a su cita sobre nuestra nota del 13 de junio por medio de la cual se le hicieron llegar nuestros comentarios a las posibles modificaciones al Estatuto Orgánico, esta Seccional tampoco la considera una respuesta a las consideraciones ahí establecidas, ya que en el cuerpo de su oficio no se hace referencia expresa y concreta a las observaciones externadas por nosotros.

Atentamente;

Ci: Licda Rocio Aguilar Montoya , Contralora General de la República.
Licda. Marta Acosta, Subcontralora General de la República.
Lic. Walter Ramírez Ramírez, Gerente DFOE
Jefes de Fracción Asamblea Legislativa.
Jta Directiva ANEP Central
Funcionarios Contraloría General de la República.

ANEP pide a INFOCOOP mayor selectividad en procesos laborales para no afectar finanzas públicas ni calidad del servicio

San José, 13 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0684-96

Ingeniera
Ana Patricia Jiménez Gómez
Directora Ejecutiva
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
Su Despacho

Estimada señora directora:

En nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Seccional ANEP-INFOCOOP le expresamos nuestras mayores muestras de respeto y consideración.

Aprovechamos la presente para referirnos, de la manera más respetuosa, a un tema que es de mucho interés para ambas partes, nos referimos al clima laboral que se está presentando en la institución que usted dignamente representa en su calidad de Directora Ejecutiva y que a continuación le detallamos:

Nos hemos enterado de que su autoridad, en aras de buscar la verdad real de los hechos, cuando se abren los debidos procesos administrativos, tiene por norma suspender con goce de salario a la persona involucrada en este tipo de procesos, por largos períodos de tiempo.

Al respecto queremos dejar claro de que no es que estamos en contra de los procedimientos del debido proceso, pero no compartimos la política de que por faltas menores inclusive, se suspendan a los y las funcionarias con goce de sueldo indefinidamente, mientras se le abre una investigación administrativa para buscar la verdad real del hecho; cuando en realidad es más asequible para la institución un traslado horizontal, si se amerita, mientras se realiza toda la investigación, o sea, es una cuestión de maximizar al máximo el escaso recurso humano con que se cuenta.

Somos conocedores de los pronunciamientos vertidos por la Sala Constitucional en esta materia y somos respetuosos de los mismos.

Desde nuestra óptica, creemos que este tipo de políticas afectan severamente las arcas del erario público, pues es sumamente oneroso mantener a uno o una funcionaria suspendida indefinidamente y devengando un salario, cuando de por medio está un largo proceso que incluso podría ser por una causa importante pero no de real impacto institucional.

En la misma dirección, también es contraproducente recargarle el trabajo que realiza el funcionario suspendido a los que quedan en la misma unidad, creando con ésta política sobrecargas de trabajo para la unidad o para un determinado funcionario y, siempre con el peligro constante de que si comete una falta, indudablemente correrá la misma suerte del trabajador suspendido.

Lo más grave del asunto es que, por un lado, se afecta la eficiencia y la eficacia del servicio público en detrimento de los usuarios; y, por el otro lado, se recarga de trabajo a otras y otros compañeros. Este tipo de políticas llevan indudablemente a crear un clima organizacional interno de mucha agitación y confrontación, generándose gran tensión laboral.

Queremos recalcar que nuestro único fin es que este tipo de políticas institucionales sólo se apliquen en casos extremos, como por ejemplo cuando hay peculados o desfalcos a las finanzas públicas y, no por faltas menores, en donde lo que corresponde es la aplicación del reglamento interno de la institución.

Finalmente, creemos que la implementación de una Junta de Relaciones Laborales en el INFOCOOP sería un instrumento muy importante donde se pueden ventilar toda la problemática de los trabajadores; a la vez que le ayudaría a la institución a minimizar los costos económicos de mantener a un funcionario suspendido con goce de salario por largos períodos de tiempo, mientras se busca la verdad real de los hechos. Además de que si se le impone una suspensión sin goce de salario sigue ampliándose el recargo de funciones y tareas a terceros que, por lo general, son los mismos compañeros de la unidad a que pertenece el funcionario suspendido. Pero además, con la creación de un órgano colegiado como es el de la Junta de Relaciones Laborales, existiría una mayor equidad en la aplicación de la pena sancionatoria y los daños morales en que se ven involucrados quienes son investigados sería menor.

Agradeciéndole de manera anticipada toda la atención prestada a nuestra reflexión, en aras de buscar una salida a la problemática existente, de nuevo le expresamos todas nuestras muestras de respeto por tan fina atención.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Miguel Castro Ugalde
Presidente Seccional ANEP- INFOCOOP

cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INFOCOOP.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Sr. Luis Enrique Leal Ruiz, Responsable ANEP-INFOCOOP.
cc.: Trabajadores y trabajadoras de INFOCOOP.
cc.: Archivo.

Correos en tensión laboral: ANEP denuncia preparación de despidos y acoso a la representación sindical

San José, 11 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0681-06
¡URGENTE!

Señores y señoras
Junta Directiva

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General

Correos de Costa Rica S. A.
Su Despacho

Estimados señores:
Estimadas señoras:

Con un gran respeto para vuestras dignas autoridades, le hacemos llegar nuestro más atento saludo.

Nos parece necesario que por esta vía quede constancia que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual honrosamente representamos está sumamente sensibilizada de los desafíos de una entidad como la que ustedes dignamente dirigen en estos momentos, considerando el escenario competitivo adverso en el que le toca desenvolverse y con un entorno más que amenazante según nuestra perspectiva. Aunado a lo anterior y siempre con un carácter estratégico desde nuestra perspectiva sindical, el tema de los derechos laborales, económicos y sociales del personal de la institución, particularmente de aquellos trabajadores y de aquellas trabajadoras que nos honran con su membresía, también ocupa un gran lugar en nuestra agenda de trabajo para Correos de Costa Rica S. A.

Es por ello que siempre hemos estado convencidos de que la estabilidad institucional y el buen ambiente sociolaboral son elementos imprescindibles para garantizar el futuro de esa noble empresa pública de servicio social. Y perdonando la inmodestia, la ANEP ha dado muestras claras y contundentes de una conducta sindical apegada a esos ideales, mostrando gran flexibilidad a riesgo de grandes incomprensiones en determinados momentos sensibles de la historia institucional.

Sin embargo, estamos percibiendo síntomas de que la representación patronal y jerárquica depositada en esa Gerencia General y en la Honorable Junta Directiva institucional, parece que quiere optar por un estilo de gestión de tensión y hasta de enfrentamiento, lo cual sería sumamente lamentable. Entre otros signos de preocupación anotamos los siguientes:

Primero: El acoso sindical que ya está viviendo el compañero integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos, Rivelino Fernández Porras, a quien, primeramente se le suprime el acceso al correo electrónico que, tenemos entendido, es necesario para su trabajo y por su condición de profesional en el campo; y, ahora, se le traslada abruptamente, sin mayor explicación, precisamente reproduciendo un episodio difícil para el compañero por la sensación de exclusión y de intimidación que genera este tipo de medidas. Quizás estemos en puertas de un acoso sistemático al resto de la representación sindical de la ANEP, lo cual, no solamente en el primer caso sino en los eventuales restantes, podría ser indicativo de prácticas laborales desleales, penalizadas por nuestro ordenamiento jurídico a tenor de lo dispuesto en la Ley No. 7360.

Pensamos que el acoso sindical al compañero Fernández Porras y, eventualmente, a otros de los representantes legales de la ANEP en la institución, obedece a su salida, junto a sus compañeros directivos, con conferencia de prensa el viernes anterior; cuando y por orientaciones específicas de la Secretaría General de la ANEP, se consideró necesario contradecir la especie de que los trabajadores y las trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A., son los responsables de determinada problemática financiera, por las demandas laborales sentenciadas en sede judicial; aspecto éste que obedeció a decisiones arbitrarias, completamente apartadas de la legalidad, que tomaron las administraciones anteriores a la suya y, particularmente, la que se gestó luego el cambio de figura legal, en 1998. Esta situación, la salida de nuestros compañeros dirigentes de ANEP en la entidad bajo su digna conducción, a la prensa nacional podría ser incluso tema de debate en sede constitucional.

Segundo: La elaboración en desarrollo de lo que podría ser un listado de despidos, sin ton ni son, totalmente subjetivo, casuístico y con ribetes de antihumanismo. No otra conclusión podemos sacar de la petición que formula el señor Gerente de Operaciones, don Luis Alberto Morera Solórzano, cuando escribió lo siguiente:

“Requiero que me envíen a la mayor brevedad un listo con el personal más problemático de cada una de sus áreas, indicando para cada uno de ellos las justificaciones respectivas en una forma resumida, como por ejemplo el tipo de problemas que presenta, el expediente que tiene, etc. Lo anterior se requiere para valorar la liquidación de dichos funcionarios y de esta forma deshacernos del personal que no desea trabajar para Correos y que más bien indispone a los demás compañeros”.

Ejecuciones sumarias laborales es el calificativo apropiado que encontramos para semejante petición que no tiene consistencia alguna por cualquier lado que se aborde.

Tercero: La decisión política de la Junta Directiva de desconocer la vigencia de la actual Convención Colectiva de Trabajo, instrumento supremo por excelencia de nuestro Derecho Laboral todavía vigente, en materia de negociación colectiva de trabajo; que hasta hace poco culminó su trabajosa tramitación de varios años luego de su homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Creemos que están en desarrollo más conductas perfiladas hacia un deterioro del clima laboral institucional y al deterioro de las relaciones con las organizaciones sindicales actuantes en Correos de Costa Rica S. A., particularmente con la ANEP.

Es en ese marco que, con el sabio consejo que enseña la prudencia, siempre vigente en cualquier circunstancia que, respetuosamente, solicitamos una audiencia urgente con la Gerencia General y otra con la Junta Directiva institucional para tratar de rescatar las posibilidades de diálogo, en el cual seguimos creyendo y de lo cual, como ya indicamos, la ANEP ha dado sobradas muestras cualitativas en lo que respecta a Correos de Costa Rica S. A.

Esperando una respuesta con urgencia de vuestra parte, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Gilberto Bell Arrieta
Presidente Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S.A.

C.c. Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Comité Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
C.c. Trabajadores y trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A.