Estos son los Salarios Mínimos decretados para el Segundo Semestre del 2007.
Rige a partir del 10 de julio de 2007.
También los Salarios de Guardas para el mismo período.
Bájatelos de ARCHIVOS ADJUNTOS
Para cualquier consulta, por favor comuníquese con ANEP-Sector Privado, Tel: 257-8233 o visítenos 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños, Frente a Coopeservidores R.L., Casa Sindical Mario Blanco Vado.
Tatiana Gutiérrez Wa-chong
tgutierrez@ prensalibre.co.cr
El presidente de la Seccional de Anep-IDA, Walter Quesada Fernández, denunció a Guido Vega por una serie de irregularidades que se aprobaron cuando él era directivo.
Las críticas por el nombramiento de Guido Vega Molina como presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) no se hicieron esperar, ya que según denunció el presidente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Walter Quesada Fernández, él formó parte de una serie de adjudicaciones irregulares que se dieron durante el periodo 1994-1998.
Según Quesada, es injusto que unos 30 funcionarios del IDA que presuntamente se vieron involucrados en actos de corrupción estén siendo sometidos a desgastantes y tediosos procesos administrativos con la finalidad de esclarecer los hechos de apropiación de las tierras del estado, mientras que a otros la administración de Óscar Arias Sánchez los premia con cargos políticos.
“Nosotros denunciamos, desde 1998 hasta 2000, ante las diferentes instancias, la Contraloría General de la República (CGR), la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa y el Comité de Ética que Vega había formado, parte de la piñata de tierras que se hizo en el IDA, cuando yo era secretario general de la Unión Nacional de Empleados del IDA; sin embargo, las autoridades nunca investigaron nada”, comentó.
Al funcionario público se lo acusa de haber formado parte de la Junta Directiva del IDA cuando se dieron los más sonados casos en la institución (1996-1998), que avaló con su voto una serie de traspasos y adjudicaciones que hoy están siendo cuestionados, entre los que se pueden mencionar la adjudicación del área de la casona de La Rambla de Sarapiquí a una asociación criadora de cocodrilos y la entrega de varios lotes a funcionarios del IDA de Orotina.
Así como la adjudicación del área no parcelable del asentamiento Rancho La Paz a favor de la Asociación de Desarrollo Sostenible Conservacionista Ecoturística del Pacífico Central y la entrega de 70 hectáreas a la Asociación Ambientalista Griega en el asentamiento Andrómeda.
Quesada aseguró que algunas de ellas son asociaciones fantasma y que en estas actas de Junta Directiva se puede encontrar también como participante a Francisco Jiménez Villegas, quien forma parte del cuerpo de asesores del diputado Salvador Quirós Castro, quien dicho sea de paso fue cuestionado por su presunta participación en la adjudicación de tierras a varias personas de un asentamiento en Los Ángeles de Pital. Sin embargo, ninguna de estas denuncias ha sido investigada por la Contraloría General de la República (CGR) ni por nadie.
Fuente: La Prensa Libre
25 de junio de 2007
Doctor
Guillermo Cónstenla Umaña
Presidente Ejecutivo
Licenciado
Luis Ramírez Ramírez
Gerente General
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Presente
Estimados señores:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, esperando que su gestión lleve por buen camino los destinos del Instituto Nacional de Seguros.
Como es de conocimiento institucional, la administración dirigida por ustedes lleva más de un año en un proceso de reestructuración interna, proceso que comenzó en la administración anterior (administración del Lic. Luis Javier Guier), pero que se detuvo por la denuncia que la ANEP presentó ante la Contraloría General de la República, por una serie de irregularidades en el proceso y la implementación de la misma. No obstante lo anterior, su administración acaba de comunicar en los últimos días a los puestos de jefaturas superiores que el “proceso de reestructuración institucional” había sido aprobado finalmente por la
Junta Directiva del INS.
Proceso que nuevamente vuelve incurrir en nuestro criterio en una serie de posibles anomalías, llevado e impulsado por pocas personas conocedoras del ámbito institucional y del manejo y responsabilidades de la administración de los seguros como ente estatal, debidamente regido por una serie de normas jurídicas que ustedes conocen muy bien, pero que lamentablemente vuelven a obviar e irrespetar.
Además, es un proceso en donde los funcionarios del INS, que si conocen de seguros y de la problemática de la administración de los mismos, no fueron tomados en cuenta, y como lo dijimos han venido personas inexpertas, con “buen discurso” pero sin conocimiento, a liderar y direccionar dicho proceso. Y no podríamos llamar o decir que se le dio participación a los trabajadores y trabajadoras porque fueron convocados a una reunión para que nos comunicaran como iba a ser la reestructuración y al que no le pareciera “ mejor que no estorbara”.
Este proceso nuevamente antojadizo, sin mayores estudios de fondo, respaldado por notas de dos páginas de las dependencias encargadas de participar en la elaboración de procesos de reestructuración, para decir que cumplimos, es mucho más peligroso y aberrante que los anteriores, porque cede las responsabilidades propias del INS a terceros, y además está generando un impacto no cuantificable dentro del personal de la
Institución y que también ha afectado de una u otra forma el desarrollo normal de la actividad de las diferentes dependencias, principalmente en el área de producción, debido a que otra vez se procede con el desmantelamiento acelerado de la estructura departamental para pasar a la estructura plataformal, o de Agencia Central, esta vez sin capacitación a los funcionarios y profundizando el debilitamiento de la estructura institucional debidamente aprobada por MIDEPLAN y la Contraloría General de la República en su momento.
Reiteramos la enorme preocupación de la organización que representamos, principalmente por la ligereza con que se lleva, la falta de procesos paralelos que den seguridad de que la estructura propuesta va a rendir frutos positivos, así como el impacto económico que en el campo tecnológico pueda darse, (_que por cierto procedieron a realizar una gran cantidad de cambios estructurales, traslados de personal, trasladaron competencias a las Comercializadoras de Seguros y la base tecnológica del INS tan criticada por la actual administración sigue siendo la misma y así quieren hacer creer al pueblo costarricense que el INS se transformó y dará mejor servicio_) y por supuesto el impacto que podrían sufrir los trabajadores del INS, consecuencia lógica de los procesos de reestructuración.
Por lo anterior, estamos solicitando con el aval y en nombre de la
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP), de la cual somos representante en el INS, copia fiel de las actas de discusión y el acuerdo de la actual Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, que avala, respalda y da fundamento al proceso de reestructuración interno que vive la Institución en estos momentos; solicitud que hacemos en el marco de lo que establece la legislación nacional, principalmente en lo que indica la Ley General de Administración Pública, así como más recientemente la Ley de Control Interno y la Ley de Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Por otro lado, quisiéramos se nos indique cuales son los fundamentos jurídicos sobre los cuales se realiza la actual reestructuración del Instituto Nacional de Seguros.
Sin más por el momento y agradeciendo su colaboración al respecto, se despiden,
Atentamente,
Victor Ríos Sanabria
Presidente Seccional ANEP-INS
Rafael Angel Mora Solano
Delegado de ANEP-INS
Nota: Para comunicaciones en el Dpto. de Seguros de Incendio, en el departamento de Diversos y Marítimo y en las oficinas de ANEP.
(Original firmado)
CC: Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros
Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Junta Directiva Seccional ANEP-INS.
San José, 13 de junio de 2007.
S.G. 05-07-1370-71
¡URGENTE!
Señores y señoras
Honorable Concejo de Garabito
Señor
Marvin Elizondo Cordero
Alcalde
Municipalidad de Garabito
Presente
Fax No. 643 20 82
Fax No. 643 18 20
Estimados señores y estimadas señoras:
Sirva la presente para expresarles un respetuoso saludo de nuestra parte y para dejar constancia de la gran preocupación que sentimos en la ANEP, por la ausencia de las autoridades de la Municipalidad de Garabito, a la audiencia de conciliación citada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a propósito del tema de la eventual suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo; audiencia que se celebró el pasado día martes 5 de junio. Lamentamos esa ausencia por cuanto es una mala señal de que se está rechazando la clásica fórmula costarricense, de la promoción del diálogo y de la negociación en la resolución de las controversias, en este caso, de índole laboral.
A la vez, hacemos vehemente exhortación para que en la segunda audiencia, citada para el día 27 del presente mes, sí se hagan presentes y empecemos a desarrollar un diálogo fructífero y provechoso para la justicia social, la paz laboral y la eficiencia institucional en la Municipalidad de Garabito. La cita también será en la sede nacional del MTSS.
Debemos agregar que la pertenencia de nuestro país a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un compromiso de país y que mal harían las autoridades públicas de los diferentes niveles institucionales, en desconocer las responsabilidades inherentes a la condición de Costa Rica como Estado miembro del Sistema de las Naciones Unidades y, específicamente, de la entidad relativa al mundo laboral del mismo, la OIT.
Les reiteramos nuestro respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Iris Cervantes Paniagua
Responsable ANEP-Municipalidad de Garabito
cc.: Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax No. 222 80 85.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Garabito.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Población trabajadora de la Municipalidad de Garabito.
cc.: Oficina OIT-Costa Rica.
Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com
El diputado José Manuel Echandi retiró de la corriente legislativa un proyecto para que el histórico edificio de Correos de Costa Rica pasara a ser la sede de la Municipalidad de San José.
El diputado José Manuel Echandi, del Partido Unión Nacional (PUN), solicitó que se retire de la corriente legislativa el proyecto de ley para que Correos de Costa Rica S.A. le cediera a la Municipalidad de San José el histórico edificio que se ubica frente al Club Unión, en esta capital.
La iniciativa pretendía que Correos de Costa Rica trasladara sus oficinas al Edificio Tomás López del Corral, popularmente conocido como Los Mercaditos de Plaza Gonzáles Víquez, que actualmente es sede del Concejo capitalino.
A cambio, tanto el máximo órgano municipal como el despacho del alcalde Johnny Araya Monge serían trasladados al histórico y céntrico inmueble.
En su oportunidad Echandi manifestó que era impropio que una sociedad anónima como Correos de Costa Rica tuviera en su poder una obra que es patrimonio histórico del país.
Además había basado la validez del proyecto en la falta de presupuesto de la empresa que administra el servicio postal nacional para restaurar la histórica obra arquitectónica.
EMPLEADOS PRESIONARON
A pesar de su respaldo al traslado del palacio municipal al corazón de San José, Echandi ayer decidió solicitar a la secretaría del Directorio Legislativo que dé por retirado el proyecto de ley que se tramitaba bajo el expediente 16.567.
En una escueta misiva Echandi manifestó que “el motivo de esta petición de retiro obedece a los argumentos planteados por los empleados de Correos de Costa Rica, quienes no están de acuerdo con el cambio, por lo que se considera que al no existir consenso entre las partes para dicha permuta, no se considera viable”.
Los representantes de los trabajadores de la empresa postal agradecieron el gesto del diputado.
Según Luis Arias, representante de las Asociaciones Nacionales de Telecomunicaciones, de haberse concretado el traspaso del histórico edificio, la empresa se habría encaminado a la quiebra porque anualmente recibe unos ¢100 millones por la atracción turística que genera el inmueble.
Dijo además que se preveía una disminución en el uso de los servicios postales y compra de estampillas al estar los capitalinos habituados a visitar la actual sede de Correos.
Claudio Sánchez González, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y Humberto Masís, del Sindicato Nacional de Comunicaciones, agradecieron el gesto del diputado porque de trasladarse Correos de Costa Rica, las personas que laboran para la empresa también habrían enfrentado más gastos por pasajes de transporte público.
Fuente: Diario Extra
San José, 12 de junio del 2007.
Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora
Contraloría General de la República
Su Despacho
Estimada señora Contralora:
El Comité Cívico Fuenteovejuna del Cantón de Tibás y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), desean trasmitir a ese ente contralor algunas inquietudes con respecto al servicio de recolección de basura que ofrece la Municipalidad de Tibás y el cobro de impuestos por ese servicio, mismo que, a nuestro criterio, está siendo aplicado sin un estudio objetivo de costo.
Es de todos conocida la crisis que sufrió el Cantón de Tibás tiempo atrás por el mal servicio de recolección de basura; problemática que expuso a los habitantes del cantón a una eminente contaminación ambiental, lo que fue analizado por el Ministerio de Salud, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión de Emergencias.
Ante tal emergencia cantonal, esta última entidad se hizo cargo de la recolección, transporte y disposición de los desechos sólidos, por un periodo de seis meses, mientras las autoridades municipales buscaban una solución definitiva al problema, que en apariencia obedecía a la desactualización de las tasas por concepto de la recolección de basura. Presumiblemente, esta situación estaba ocasionando ingresos insuficientes para atender el mantenimiento y adquisición del equipo de recolección, para dar un buen servicio.
Aunque a nuestro criterio la aplicación de una nueva tasa, no obedece a un estudio objetivo de costos, lo cierto del caso es que el Concejo Municipal aprobó el estudio de tasas presentado por la Administración Municipal, el que significa un incremento del 146% que se basó en una metodología establecida por el IFAM, dado que en la Municipalidad de Tibás no se llevan costos reales, aunque parezca increíble.
El anterior Alcalde, señor Percy Rodríguez Argüello, eliminó todos los controles que llevaba el funcionario Alfredo Vargas, Encargado de Servicios Generales, directriz que actualmente, según información que tenemos, el Alcalde actual mantiene, debilitando con ello el control interno.
Pese a lo anterior, lo cierto del caso es que con la aplicación de la nueva tasa se está generando nuevos ingresos que permiten al ente municipal hacerle frente, con eficiencia y eficacia al servicio de la recolección, transporte y disposición de los desechos; por lo que no logramos entender cómo es que las autoridades de la Municipalidad de Tibás, no han logrado darle una solución satisfactoria a la recolección de los desechos y, en su lugar, se abocan a realizar contrataciones que dejan mucho que desear por lo siguiente:
Con fundamento en el Oficio Nº 3384 de fecha 30 de marzo del 2007, la Contraloría General de la República, autoriza a la Municipalidad de Tibás a contratar en forma directa los servicios de recolección, transporte y disposición de desechos sólidos del Cantón de Tibás, pero únicamente en la proporción que esa Municipalidad no esté en capacidad de recolectar, transportar y disponer con medios propios.
De igual forma, en el cartel de licitación se establecieron algunos parámetros que no están siendo atendidos por la empresa contratada, a saber:
1) La autorización de la Contraloría es para la contratación de hasta por ¢66.852.500.oo.
2) La Municipalidad ha emitido una Orden de Compra por bienes y servicios Nº 13598, con fecha 18 de abril del 2007, por la suma de ¢66.852.500.oo, comprometiendo con ello la totalidad de la suma autorizada por el ente contralor.
3) Que la contratación se autorizó en el tanto en que la Administración no contara con el equipo y la maquinaria para dar el servicio de recolección.
4) No se han rotulado los vehículos con la leyenda “Servicio de recolección contratado por la Municipalidad de Tibás”, con el lema: “Un Cantón que decidió cambiar”.
5) Que pese a que el contrato indica que un funcionario debe acompañar al conductor de la empresa contratada a depositar los desechos en el relleno autorizado, de la información con que contamos se desprende que esta disposición no se está respetando y el control del trasporte y disposición de los desechos corre por cuenta únicamente de la empresa contratada.
6) Por directriz de la administración municipal, los funcionarios municipales amontonan la basura a la orilla de los caños, para que la empresa contratada recoja los mismos y los traslade al relleno sanitario; en ocasiones los camiones no se presentan y con las lluvias los desechos van a parar a los caños y a las alcantarillas.
7) El viernes 27 de abril, un recolector municipal y sus peones terminaron la recolección de un sector, guardando el camión, el cual se encontraba en buen estado, a las 10:30 a.m., quedando a la espera de que los camiones de la WPP continuaran la recolección de desechos en el cantón.
8) Los camiones contratados, no siempre se presentan al inicio de la jornada, sea las 6:00 a.m.
9) Que el servicio de recolección se da con tal celeridad que no permite a los funcionarios recoger los desechos que quedan esparcidos al romperse las bolsas que los contiene, tampoco se les permite detenerse a esperar a un usuario que se tardó a la hora de sacar los desechos.
Sobre otros hechos:
El Comité Fuenteovejuna planteó ante el Concejo Municipal solicitud de integrar una comisión a fin de que se verifique el buen actuar de la Administración con respecto a la contratación de la empresa WPP, pero esta exhitativa fue mandada a archivo. Posteriormente, se solicitó revisión al acuerdo, la cual fue rechazada por los regidores municipales dejando en evidencia la falta de interés por establecer controles para el cumplimiento del contrato.
Ante la posición de la Administración Municipal y del Concejo, se incrementa nuestra preocupación, tanto por el futuro del servicio de la recolección de los desechos, como por la situación laboral de los empleados del programa de recolección de basura el cual se pretende debilitar trasladando a algunos de ellos a otros programas, bajo engaños y amenazas por parte de la Administración y de una regidora municipal. Otra práctica que está siendo aplicada es la no contratación de peones en las plazas que quedan vacantes, ya sea por jubilación, renuncia, despidos u otros.
Debido a esta situación, nos hemos presentado ante la Auditoria Interna con el fin de involucrarla en el tema, pero se nos ha manifestado que dentro de su Plan de Trabajo, no se encuentra reflejadas actividades en ese sentido; que si el Concejo Municipal, mediante acuerdo, le ordena realizar una investigación con respecto a la contratación de la Empresa WPP, se abocarían a realizarla. Esto creemos que no sería posible por cuanto no encontramos en el órgano colegiado la voluntad política para que se investigue al respecto.
Ahora bien, ante las últimas declaraciones del Lic. Jorge Salas Bonilla, Alcalde Municipal, al respecto, nuestra preocupación se incrementa cuando lo escuchamos por los medios de comunicación indicar que se realizará una contratación por cinco años a la empresa privada para dar el servicio de la recolección de basura. Ante estas manifestaciones nos preguntamos:
¿Cuál es el estudio técnico que determina que ésta será la mejor opción para la institución y para los contribuyentes?
¿Cuál será el costo de ese servicio privatizado?
¿Cuál será la situación laboral del personal que pertenece al programa de recolección de basura?
De acuerdo al Oficio Nº 3384 del 30 de marzo del 2007, se autorizó a la Municipalidad de Tibás a contratar los servicios de recolección, transporte y disposición de desechos sólidos, bajo los siguientes criterios:
_ “…que ese Municipio vele por que los camiones recolectores se encuentren en buen estado, para lo cual debe dar el mantenimiento necesario y oportuno. De igual forma, se deberán asignar recursos a las partidas presupuestarias correspondiente, de modo que ambas modalidades de recolección, tratamiento y disposición final de la basura, sea la que presta la Municipalidad con sus propios medios y aquella a contratar, cuenten con el soporte económico que haga eficiente el servicio.”_
Ante lo manifestado, desconocemos cual ha sido el gestionar de la Administración para procurar la reparación de los camiones recolectores o que gestiones hay realizado para atender lo que les indicó el Ente Contralor en cuanto a la adquisición de nuevos camiones recolectores, para asegurar el servicio de recolección de basura.
Por todo lo antes expuesto, solicitamos:
Agradecemos a la señora Contralora General la especial atención que nos brinde al respecto y que nos conceda, con la prontitud requerida la audiencia solicitada por esta vía.
Muy respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
María de los Ángeles Arias Alvarez
Comité Fuenteovejuna Cantón de Tibás
cc.: Área de Servicios Municipales, Contraloría General de la República.
cc.: Honorable Concejo Municipal de Tibás.
cc.: Lic. Jorge Salas Bonilla, Alcalde de Tibás.
cc.: Lic. Gerardo Leitón Villalobos, Auditor de la Municipalidad de Tibás.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Comité Fuenteovejuna.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Vecinos y vecinas de Tibás.
cc.: Archivo.
San José, 11 de junio del 2007.
S.G. 05-07-1369-07
¡URGENTE!
Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho
Estimada Doctora:
Como es su conocimiento, nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha sido una organización aliada, comprometida con la salud pública y con el papel del Ministerio en su rol rector de la producción social de la salud.
Desde nuestra organización consideramos que es necesario iniciar una nueva etapa de desarrollo que implique un fortalecimiento de los procesos de las funciones rectoras y que tenga como objetivo lograr alcanzar “una rectoría de altísima calidad”.
En este marco, reconocemos los avances conceptuales y operativos que la institución ha tenido en los últimos años. No obstante, vemos con profunda preocupación que, de cara a la rectoría de la producción social de la salud, se ha estado llevando a cabo una política institucional orientada a implementar un proceso llamado “Desarrollo Organizacional” (DO) en la institución, coordinado por la Dirección General de Salud.
Ante esta situación, y con fundamento en el artículo 27 de nuestra Constitución Política que garantiza la libertad de petición, le solicitamos, respetuosamente, nos brinde información lo más concreta y precisa, relativa a los siguientes aspectos, con base en los cuales como organización sindical y ciudadana buscaremos informar e incidir, siempre de cara a defender los mejores intereses del personal del Ministerio, de la salud pública y la población costarricense:
1. ¿A partir de qué diagnóstico y/o evaluación del proceso de reestructuración anterior se parte para implementar el DO? (solicitamos una copia de dicha documentación).
2. ¿Cuáles son los objetivos que se busca alcanzar con el DO?
3. El DO, ¿forma parte del proceso de reestructuración que se está implementando en el Ministerio de Salud?
4. Terminando el proceso de reestructuración y una vez implementado el DO, ¿qué modificaciones tendrán las funciones del Ministerio de Salud?
5. En relación con el contrato firmado con la Universidad de Costa Rica nos interesa conocer:
a. Copia del contrato
b. Resultados obtenidos a la fecha
c. Personal del Ministerio de Salud involucrado con la ejecución del contrato
d. Nombre de los consultores y demás personal técnico de la Universidad de Costa Rica que participa del proceso
e. Hoja de vida de cada persona, con énfasis en su experiencia en el campo para el que son contratados
f. Aclaración de si participa otro tipo de personal en la ejecución de dicho contrato y si es así, ¿quiénes son?
6. ¿Cuál es la fuente de financiamiento del proceso actual y cuál será para la sostenibilidad de los resultados esperados del proceso?
7. ¿Se han hecho otro tipo de contratación para la implementación del DO y, si fuera así, que nos indique qué empresas o personas han sido contratadas?
8. ¿Por qué en la actual propuesta aparecen con nombres y apellidos personas que ocuparán diferentes puestos no se cuentan aún con manuales de puestos o definición de procesos? ¿No estaremos ante alguna modalidad de tráfico de influencias?
9. ¿Ha intervenido el Servicio Civil en la aprobación de la nueva estructura?
10. ¿Por qué no se han hecho las consultas a los trabajadores según lo señala la Ley Marco para la Transformación Institucional en su artículo 3 inciso f?
11. ¿Habrá movilidad laboral?
Como podrá notar Señora Ministra, existen dudas e interrogantes razonables que nos llevan a solicitarle que las aclare. Si el DO que se implementa está en función de fortalecer los procesos de la rectoría, y con ello la protección y mejoramiento de la salud de la población del país con la participación activa de los actores sociales, y la estabilidad de los funcionarios del Ministerio de Salud, no le quepa ninguna duda de que usted podrá contar con el apoyo de nuestra organización.
Atenderé la notificación de la respuesta, en las oficinas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ubicadas en calle 20 norte, frente al edificio de Coopeservidores R.L.
Con todo respeto, le saludan atentamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Organizaciones sindicales, gremiales, profesionales y sociales del Ministerio de Salud.
C.c. Población trabajadora del Ministerio de Salud.
C.c. Archivo.
La Administración Arias Sánchez se enfrentará, por tercera vez desde el inicio de su gestión, al proceso “negociador” que determinará el incremento del reajuste salarial para los sectores Privado y Público, que debe entrar en vigencia a partir de julio próximo.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lanza un enérgico y vehemente llamado a las máximas autoridades políticas de la presente administración con vinculación a este asunto (especialmente, al Presidente de la República y a los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda, así como al Presidente del Banco Central de Costa Rica); para que se aparten de los lineamientos de carácter restrictivo, fiscalista de marcado sesgo macroeconómico, en materia de fijaciones salariales y, procedan a variar, radicalmente, la política de empobrecimiento de la clase trabajadora vía salarios deprimidos.
Esas fijaciones salariales, por un lado, no compensan el alza en el costo de la vida y; por otro, que no aumentan la capacidad de compra de la familia trabajadora. Los lineamientos de política salarial restrictiva, hasta ahora vigentes, se caracterizan por:
a) Los reajustes salariales no compensan, debidamente, el alza en el costo de la vida del período precedente.
b) Los reajustes salariales no incrementan el poder de compra del salario (recuperación salarial).
c) Los reajustes salariales no ayudan a cerrar la creciente brecha de la desigualdad en cuanto a la concentración del ingreso (no distribuyen riqueza).
d) Los reajustes salariales no reconocen la sistemática pérdida del poder adquisitivo acumulada a lo largo de los últimos años.
e) Ausencia de voluntad política para discutir sobre la necesidad de instaurar políticas salariales de carácter integral, para mejorar la calidad de vida de la familia de la persona trabajadora.
Las dos ocasiones en que al presente gobierno le ha tocado el tema, la decepción es la norma entre la clase trabajadora de ambos sectores, por incrementos salariales tan raquíticos e indignos. Veamos por los porcentajes (%):
Semestre……………Sector Privado……………Sector Público
Segundo del 2006…… 6.00 ……………. 3.5
Primero del 2007…….. 4.95 ……………. 4.0
Hay tres razones de peso, sólidamente fundamentadas, para que el presente Gobierno piense más en el bienestar de la persona trabajadora que vive de un salario:
a) La cadena de aumentos en los precios de los combustibles se ha convertido en un disparador, sin control, del aumento del precio de los productos y servicios básicos.
b) La brecha de la desigualdad social se sigue ensanchando, generándose un peligroso proceso de concentración de la riqueza y una creciente y sistemática exclusión social.
c) Las finanzas públicas están en un buen momento, según la prédica oficialista de todos los días, aunado al real crecimiento de la riqueza nacional.
Mañana martes 12 de junio se inicia el proceso, con la presentación de la propuesta laboral en el caso del Sector Privado, acto que tendrá lugar a las 4 p.m., en la sede del Consejo Nacional de Salarios (CNS).
La fijación salarial para el Sector Privado, debe quedar lista antes del término del presente mes de junio, dado que por imperativo legal, debe regir a partir del día 1 de julio. Efectivamente así ocurrirá puesto que la parte empresarial dará su propuesta este jueves venidero, día 14; para, finalmente, escuchar el día lunes 18 la última palabra en este proceso, que es la del Gobierno. Por lo general, éste siempre termina en alianza con el empresariado, en contra del interés de la clase trabajadora.
En el caso del Sector Público, la discusión con el Gobierno de la República da sus primeros pasos y la fijación salarial definitiva puede darse aun después de la fecha del 1 de julio, pues no hay imperativo legal como sucede en el Sector Privado. En este caso sí se permite la retroactividad de la vigencia de tal fijación a dicha fecha.
Es hora ya de que, al menos, por la vía salarial, algunos de los beneficios del crecimiento económico lleguen a sus verdaderos generadores: la población trabajadora.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Ginebra, Suiza, 05-06-07
Estimada Vanesa
En primer lugar mi atento saludo
En segundo lugar quisiera indicar que tanto el Vice-Ministro de Trabajo como el Presidente de la Unión de Cámaras no se ajustan a la verdad cuando indican que Costa Rica se eximió de la lista porque ya cumplió los requerimientos de la OIT con respecto a la violación del Convenio 98.
Eso está lejos de la realidad, porque aunque figuraba en la lista inicial, (_lista que se resuelve por la vía de negociación entre lo grupos de trabajadores y empleadores, y luego se vota y aprueba en el pleno de la Comisión de Aplicación de Normas_), al igual que Colombia, Bangladesh y Japón, y donde nuestro país fue vetado por el grupo empresarial, en virtud de que consideraron que aún faltaba una etapa y era la comprobación o constatación mediante un segundo informe, de los efectos que tendría la vista de la Misión de Alto Nivel que se efectuó a finales del año 2006, así lo dejó constando con toda claridad en su protesta ante el veto el portavoz de los Trabajadores Luc Kortebec, en pleno tripartito de la Comisión.
Como usted comprenderá y los y las costarricenses deben saberlo, en los últimos párrafos del Informe del Comité de Expertos que conoce la Comisión de Aplicación de Normas dice:
“La Comisión debe destacar sin embargo que la situación de los derechos sindicales sigue siendo delicada. Los casos presentados al Comité de Libertad Sindical, las numerosas denuncias expresadas a la misión muestran la persistencia de problemas importantes de aplicación del Convenio en materia de discriminación antisindical y de negociación colectiva que dieron lugar a su discusión en la Comisión de la Conferencia en varias ocasiones.
La Comisión entiende el malestar de las organizaciones sindicales ante la falta de voluntad política de los anteriores Gobiernos, que presentaron proyectos de ley que no impulsaron suficientemente o no consiguieron suficiente respaldo a pesar de que en varios casos respondían a compromisos tripartitos.
La Comisión destaca el peligro que entraña para el sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva que las autoridades no hayan materializado un conjunto de acuerdos consensuados de aneratripartita”.
Si eso es así cuáles pruebas existen entonces para decir que la OIT ha desestimado la cuestión, que además está planteada con varios escenarios como lo son:
1- Lentitud e ineficiencia de los procedimientos sancionatorios y de reparación en caso de actos antisindicales
2- Restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público en virtud de distintos fallos de las Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
3- Sumisión de la negociación colectiva en el sector público a criterios de proporcionalidad y racionalidad en virtud de las jurisprudencias de la Sala IV que ha declarado cláusulas convencionales como inconstitucionales, y
4- Desproporcionalidad entre convenciones colectivas y arreglos directos en el sector privado,
Estos cuatro aspectos definidos por la Comisión de Expertos y avalado por la Comisión de Normas, en junio del 2006, fue lo que llevó a determinar la visita de la Misión, y sería una ingenuidad creer que en los primeros meses del año 2007 esos graves aspectos se hayan solucionado.
Lejos de ello en el informe de la Misión de Alto Nivel, Presidida por la Sra. Cleopatra Dumbia, Directora del Departamento de Normas, y solo para ilustración en la página 36 se indica:
“En ese marco propicio, y sin perjuicio del reconocimiento que la Misión hace de aquella positiva disposición gubernamental, las recurrentes frustraciones que registra el historial de observaciones insatisfechas de los órganos de control de la OIT no dejan espacio para otra consideración de progreso que la que resulte de la efectiva aprobación de los proyectos legislativos necesarios para resolver en la medida posible esas cuestiones a instancia.
Pero la Misión no estaría dando una visión acabada de la problemática constatada en Costa Rica, si no expresara su convicción de que una parte no menor de esas y otras cuestiones son derivación causal de ciertas concepciones teóricas y culturales prevalecientes en algunos casos influyentes actores políticos y societales -a sectores empresarios, dirigentes políticos e institucionales, medios informativos, etc. –que naturalmente, inciden y reflejan con diversa intensidad en la sociedad costarricense”.
Estimada periodista, al comprender que esto es un asunto apenas informativo para tratar de responder a una posición, que desde mi perspectiva es incorrecta de dos actores mencionados en la información extraída de la Nación digital el día de hoy, le invito a consultar con mis compañeros Glbert Brown o Mario Rojas Vílchez de la CTRN, a efectos de que éstos puedan ampliar los criterios aquí expuestos y si es del caso verter mayores informaciones.
Agradezco profundamente su atención
Atentamente
Rodrigo Aguilar Arce
Presidente de CTRN
Representante de los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica en la
Conferencia Internacional de la OIT.
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LA NOTA ALUDIDA
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Descarta persecución a representantes sindicales
OIT ratifica apego del país a normas laborales
Costa Rica no será incluida en lista de naciones que violan derechos laborales.
Sindicatos habían acusado al país de no aprobar acuerdos sobre convenciones.
Vanessa Loaiza N.
vloaiza@nacion.com
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desestimó una denuncia interpuesta por sindicalistas ticos que acusaban al país de incumplir normas laborales como la libertad sindical y el derecho a negociar convenciones colectivas en el sector público.
Dicha resolución evitará que Costa Rica sea incluida en la lista que la OIT elabora cada año con los países que incumplen las normas internacionales del trabajo.
La información fue confirmada ayer por el viceministro de Trabajo, Guillermo Matamoros, y por el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Rafael Carrillo.
Según Carrillo, el país superó las acusaciones sindicales gracias a la investigación realizada por delegados de la OIT, quienes visitaron Costa Rica en agosto del 2006 y en febrero del 2007.
Dijo que la información recabada por la OIT se confrontó con pruebas aportadas por empresarios y voceros de Gobierno que viajaron a Ginebra, Suiza, la semana pasada.
En ese país se realiza, desde el 30 de mayo, la reunión de empresarios, trabajadores y representantes de 178 países miembros de la OIT, organismo de la ONU.
“Se probó que en Costa Rica no hay persecución sindical y se respeta la libertad de agremiarse”, manifestó Carrillo.
La decisión también fue notificada al Ministerio de Trabajo por Grace Gamboa, jefa de asuntos internacionales que viajó a Suiza.
Antecedente. La OIT desestimó una denuncia que ha sido interpuesta en forma recurrente por los sindicatos costarricenses.
Desde el 2001, grupos como la Confederación de Trabajadores Rérum Novarum y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acusaron a Costa Rica varias veces de incumplir los convenios 87 y 98 de la OIT.
El primero regula la libertad sindical y el segundo la negociación de convenciones colectivas en el sector público.
Aunque estos convenios aún no han sido ratificados por la Asamblea Legislativa, Guillermo Matamoros alegó que el país traba en normas alternas que garanticen el respeto a estos derechos.
Como prueba, aseguró que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso tiene pendiente una reforma al Código de Trabajo que versa sobre convenciones colectivas en el sector público.
Édgar Morales, secretario adjunto de la ANEP, consideró ayer que la OIT se “desdijo” pues, según dijo, en las visitas anteriores habría reconocido incumplimientos de Costa Rica en materia laboral.
“Ahí se ve el poder de los hermanos Arias Sánchez (Óscar y Rodrigo) que el año pasado viajaron a Ginebra a torcerle el brazo a los miembros de la OIT. Costa Rica sigue sin resolver el derecho de los trabajadores a negociar convenciones colectivas”, agregó Morales.
Las acusaciones
Recurrente: Édgar Morales, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, dijo que Costa Rica ha sido denunciada ante la OIT varias veces en los últimos 20 años.
Lo más reciente: En el 2001, los gremios acusaron al país de impedir la sindicalización en el sector privado y alegaron que los convenios colectivos fueron afectados por fallos de la Sala IV que limitaron beneficios laborales.
Confirmación: Estas acusaciones fueron ratificadas por los gremios el año pasado, en la 95 reunión de países miembros de la OIT, en Ginebra. En esa oportunidad, la Organización resolvió enviar un grupo de delegados a investigar la situación en Costa Rica, en especial el cumplimiento de los convenios 87 y 98 de la OIT.
Convenio 87: Todos los trabajadores tienen derecho a organizarse en grupos sindicales.
Convenio 98: Los trabajadores podrán negociar con sus patronos convenciones colectivas que regulen beneficios y obligaciones. Ambos convenios no han sido ratificados por el país, pero el Gobierno dice tener legislación que protege estos derechos de los trabajadores.
POSICIÓN OFICIAL DE LA ANEP ANTE LAS AUTORIADES INSTUCIONALES Y EL COLECTIVO LABORAL DEL A y A
Señores y señoras
Honorable Junta Directiva
Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho
MBA
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Asunto: CUATRO TEMAS DE PRIMER ORDEN Y DE ALTA SENSIBILIDAD, QUE DE NO RESOLVERSE SATISFACTORIAMENTE, SE TRADUCIRAN, DE MANERA INEVITABLE, EN ACCIONES SINDICALES QUE PODRÍAN ESTAR PARALIZANDO LA INSTITUCIÓN.
Honorables señores:
Reciban nuestro más cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Como es del conocimiento de las jerarquías institucionales y el colectivo laboral de esta estratégica institución, existen en el tapete cuatro aspectos fundamentales de orden laboral, no resueltos, dos de ellos acuerdos de huelga y dos temas sensibles adicionales que deben de ser resueltos con prontitud por las autoridades del A y A.
Dichos temas los exponemos a continuación:
I. ESTUDIO INTEGRAL DE PUESTOS:
Sobre este tema, nuestra organización sindical dejo plasmado recién finalizada la huelga cuatro fundamentos esenciales que se deberían garantizar en el proceso de reestructuración institucional. Ellos fueron una participación de consulta y discusión con las organizaciones sindicales, una reestructuración sin movilidad laboral forzada (sea, sin despidos), una reestructuración que permitiera un manual de puestos acorde a las particularidades de la institución, para subir las bases salariales de todo el colectivo laboral, así como garantía de que dicho proceso fortaleciera y modernizara la institución
No obstante de que las organizaciones sindicales del A y A, solicitáramos la participación sindical de manera reiterada, nunca existió voluntad política, generándose así un proceso inconsulto y, en consecuencia, deslegitimado desde nuestro punto de vista, pues imperó en todo momento el poder de imperio. Hoy ya prácticamente finalizado el proceso, sigue sin ser sometido a revisión y análisis por parte del frente de organizaciones laborales del A y A.
Así las cosas, dejamos patente que nuestra organización sindical no avalará el estudio de marras, hasta tanto no garanticemos que se cumpla con los aspectos fundamentales que han dado base a nuestra posición al respecto, amén de que en el discurso oficial, se afirme el compromiso de que dicho proceso de reestructuración se apega a los fundamentos expuesto por la ANEP.
Valga afirmar que el manejo que la administración ha hecho del proceso, ha generado enormes desconfianzas en el seno de las organizaciones laborales y, por ende, en las trabajadoras y en los trabajadores que siguen sumidos en el castigo psicológico de la incertidumbre sobre su estabilidad laboral. Lo anterior, potenciado por el silencio y el secretismo sobre este tema que mantienen las jerarquías con el colectivo laboral.
II. IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA DE 48 HORAS
Esta fue una propuesta que se transformó en acuerdo de huelga que si bien no significa una regalía o dadiva de la institución, sí representa una alternativa de gran viabilidad a lo interno de la institución, misma que ha contado con el respaldo masivo de todo el colectivo laboral. Lo anterior tomando en cuenta que muchos trabajadores y trabajadoras, de manera abnegada, laboran más horas de la jornada actual, sin que se les compute como tiempo extra.
Como es vox populi, la jornada laboral de 48 horas representa un 16.72% de incremento en las bases salariales, con lo cual el colectivo laboral institucional estaría en mejores condiciones salariales, compensando de alguna manera el deteriorado valor adquisitivo que experimentan segmentos laborales como el A y A. Valga decir que sobre este particular, los estudios demuestra que en los últimos vente años, se computa un 64% de perdida en el valor adquisitivos de los salarios.
Todo hacía indicar que este tema contaba con el respaldo de las autoridades institucionales; no obstante, el acuerdo de la honorable Junta Directiva del A y A, no satisface las expectativas sindicales y laborales, pues remite una consultoría que en treinta días presente los términos de referencia que demuestre la incidencia en la productividad e impacto en los indicadores de gestión.
Lo anterior es rechazado de manera respetuosa pero contundente por nuestra organización sindical, pues ya existe un informe de la Dirección Financiera y Recursos Humanos sobre el particular. En todo caso, si dicho análisis no contemplara la solicitud de la honorable Junta Directiva, sobre productividad existen en esta estratégica institución profesionales de altísima formación, conocimiento y experiencia que pueden realizar en un tiempo prudencial tal agregado, descartando el negocio que representan las consultorías y el despilfarro de recursos públicos.
La honorable Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia institucional, deben de valorar en su debida dimensión lo sensible que son estos dos temas en la conciencia colectiva de la población laboral, pues ANEP los ve como disparadores de acciones inmediatas de no contar con la oportuna aprobación.
III. NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO CON LAS TRES ORGANIZACIONES SINDICALES
Tal y como lo manifiesta nuestra fraterna e histórica organización ASTRAA, esta es una iniciativa que han venido planteando durante veinte años, sin que hasta la fecha se haya convertido en una realidad, lo que denominaríamos como el sueño dorado de las trabajadoras y de los trabajadores del A y A.
Sobre este particular, es oportuno mencionar que una de las políticas transversales de nuestra organización, es la negociación e implementación del máximo instrumento de la legislación laboral costarricense, que proporciona sólidas garantías jurídicas desde la perspectiva de las relaciones laborales.
Como ANEP, hemos venido planteando el reclamo y el mandato de las trabajadoras y de los trabajadores, a lo largo y ancho del país, quienes apelan con vehemencia, beligerancia y dignidad la urgencia de que puedan contar con este instrumento para el bienestar de quienes son los legítimos propietarios; pues las organizaciones laborales, por imperativo jurídico, únicamente tenemos la facultad de negociar y firmar dicho instrumento.
Así las cosas, de manera contundente, dejamos expuesta nuestra posición, sustentada en el mandato producto de la consulta popular a la población laboral de A y A, que realizamos en todo el país; para que a la mayor brevedad posible iniciemos el proceso de negociación conjuntamente con las tres organizaciones sindicales. Valga decir que, al respecto, sostendremos una reunión con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social próximamente.
IV. REFORMA AL ARTÍCULO SIETE DEL REGLAMENTO DE PAGO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y DISPONIBILIDAD, QUE LIMITA EL PAGO DE EXTRAS; REFORMAS AL REGLAMENTO TO DE EXPENSAS, VÁITICOS Y RESOLUCIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES
Existe a nivel institucional una serie de normativas jurídicas que limitan o cercenan, de manera desproporcionada, derechos elementales de las trabajadoras y de los trabajadores; así como otras normativas que pueden ser objeto de flexibilidad, sin que por ello se exponga a la institución en un nivel de ilegalidad y cuestionamientos por parte de las entidades contraloras.
Así por ejemplo, vía reglamento, se limita el reconocimiento de horas extras a profesionales cubiertos con la disponibilidad, lo que a todas luces pone a la institución en el margen de la ilegalidad, pues existe sobre esta materia, basta jurisprudencia que indica con claridad meridiana que el reconocimiento económico por concepto de disponibilidad, no impide o elimina el derecho al reconocimiento de horas extras.
De tal manera que la honorable Junta Directiva debe de abocarse con prontitud a corregir el contenido del artículo siete, antes de que sea cuestionado ante los órganos competentes del Estado.
En la misma línea, el reglamento de expensas contiene una serie de ambigüedades, contradicciones y limitaciones, que inducen a una interpretación distinta en cada región y por cada jefatura cantonal, sosteniendo criterios objeto de discusión entre lo denominado como vía pública y limitando el reconocimiento económico cuando el trabajador o trabajadora se desplace a realizar trabajos en instalaciones ubicadas dentro del ámbito o territorio del A y A.
Un ejemplo de antología lo constituye el conflicto sucintando en el A y A de Limón, expuesto por ANEP ante la Presidencia Ejecutiva, donde se determino el pago de expensa a trabajadores que según la normativa, no correspondía, proponiendo las autoridades regionales la devolución respectiva a los trabajadores, como una solución.
Otro ejemplo lo constituyen los trabajadores de estudios básicos, de mantenimiento de redes de conducción, cuadrillas de chapeadotes, entre otros sectores laborales operativos, se encuentran excluidos del actual reglamento.
Con respecto a la resolución sobre conflicto de intereses que emitió la Dirección Jurídica en julio del 2005, y que hace alusión directa al Artículo 42, inciso 16, del Reglamento Autónomo de Servicio, prohíbe a los servidores del A y A de manera general, la realización de trabajas o labores similares a las que realizan en A y A, fuera de su jornada laboral, gocen o no, estos del reconocimiento de la dedicación exclusiva.
Tal interpretación limita al personal operativo, técnico o profesional que sin reconocimiento institucional de dicho plus, se le niega el derecho de asumir labores extra institucionales después de la respectiva jornada laboral. En caso contrario, si la institución persiste en mantener esta resolución, deberá de hacer el reconocimiento de la dedicación exclusiva de manera general para todas y todos los trabajadores, independientemente de ser profesionales o técnicos operativos, por lo que consideramos que estamos ante un principio discriminatorio desde la perspectiva del Derecho Laboral.
Consideramos de fundamental interés determinar si existe la necesaria voluntad política en los distintos niveles jerárquicos para conocer propuestas al respecto, que se conviertan en modificaciones a los reglamentos, tanto de expensas, viáticos, disponibilidad y resolución sobre conflicto de intereses.
Nuestra agrupación sindical manera transparente y responsable, indicamos que los anteriores planteamientos se han constituido en un mandato de gran firmeza, formulado por parte de las trabajadoras y de los trabajadores, en la reciente gira nacional de la ANEP, en la que tuvimos la oportunidad de reunirnos en las regionales y cantorales del A y A en todo el país.
Como ANEP, le hemos tomado la palabra a centenares de trabajadores que se muestran indignados y burlados por las autoridades institucionales, razón por la cual si estas peticiones y acuerdos de huelga no se concretan en los próximos días, tendremos un panorama de enfrentamientos; dado que esta situación ha generado un caldo de cultivo que propicia las condiciones idóneas para una indetenible cadena de acciones sindicales, que pueden desencadenar en paros y movilizaciones masivas de trabajadores y de trabajadoras a lo largo y ancho del territorio nacional.
Siempre hemos apostado a nuestra vocación de dialogo y negociación, en tanto exista el espacio y las condiciones, sin que ello signifique renunciar nunca y de manera responsable, a las acciones necesarias que puedan redefinir aspectos de orden laboral e institucional, siempre que consideremos principios de justicia y de derecho de las trabajadoras y de los trabajadores.
Finalmente, manifestamos con toda nuestra convicción que si bien los planteamientos expuestos en esta posición, son avances de gran significación desde la perspectiva laboral, hay dos temas de Perogrullo que deben ser los objetivos superiores tanto de las trabajadoras y los trabajadores como de las organizaciones sindicales que les representa, pues son la garantía absoluta del fortalecimiento y modernización del A y A, lo que indican que también deben ser banderas de la dirección política y administrativa institucional.
En tal sentido, estamos hablando de la impostergable y urgente necesidad de una revalorización salarial acorde al nivel de importancia estratégica del especializado recurso humano del A y A, lo cual impone, necesariamente, deshomologación de Servicio Civil. Y, en segundo término, un A y A fuera del ámbito de la Autoridad Presupuestaria.
En esta dirección y tras estos objetivos superiores, hemos de apuntar con convicción y firmeza y en una única dirección, autoridades institucionales, agrupaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, con la certeza de que nos corresponde ser arquitectos y constructores de un A y A, que responda con altura a los venideros desafíos del país.
Con la estima y consideración de siempre,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Joaquín Rojas Chacón
Presidente de la Junta Directiva
Seccional Nacional ANEP-A y A
C.c. Trabajadores y trabajadoras de A y A.
C.c. Junta Directiva SIPAA.
C.c. Junta Directiva ASTRAA.
C.c. Junta Directiva, Seccional Nacional ANEP-A y A.
C.c. Junta Directiva Seccional ANEP-A y A Limón.
C.c. Junta Directiva Seccional ANEP-A y A Paseo de los Estudiantes.
C.c. Delegados y Delegadas A y A.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Archivo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
