Categoría: Acción Sindical

Estimada señora:
Estimados señores:

Reciban un saludo cordial y atento de parte de nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En el oficio S.G. 0670-04 de fecha 16 de setiembre del año en curso, les trasmitimos a ese honorable Consejo, una serie de inquietudes en torno al presupuesto paralelo, que justifican la Seguridad Privada en dicha Institución; las cuales hasta la fecha no han sido respondidas.

Nos interesa sobremanera, que nos concedan una audiencia que nos permita ampliar algunos criterios que a nuestro parecer son de fundamental importancia.

Por ello, les estamos reiterando una vez más, concedernos audiencia lo más pronto posible a fin de abordar lo planteado en el oficio de marras.

Sin otro particular se despiden de usted, muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Seccional ANEP-ICODER.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Reciba un saludo cordial y atento saludo de parte de nuestra organización, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De conformidad con el Manual sobre los Lineamientos que deben cumplir las instituciones del Estado para la apertura de un Proceso de Reestructuración Institucional, le estamos solicitando, muy respetuosamente, concedernos la certificación escrita de los siguientes aspectos:

• Si en la actualidad existe alguna solicitud expresa de reestructuración de la institución denominada Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

• Fecha y año de autorización del proceso de reestructuración y si el mismo tiene fecha de vencimiento.

• Si la reestructuración para la mencionada entidad se debe, entre otras cosas, a una reducción de servicios por falta de fondos; o por el contrario, la misma es total y obedece a una reducción forzosa de servicios, en donde busque mayor eficacia que, valga indicar, debe afectar al 60% de la población laboral; tal como lo esgrime la Procuraduría General de la Republica en su dictamen C-022-91.

Nuestra solicitud la hacemos amparados al artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Agradeciendo de antemano las gestiones que al respecto nos proporcione, nos despedimos de su estimable autoridad,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.: Archivo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les expresa su más efusiva felicitación con ocasión de esta celebración especial: Vuestros 50 años de existencia como organización sindical, al servicio de los intereses económicos y sociales de ese gran conglomerado de la clase trabajadora costarricense, constituido por el Sector Salud y particularmente, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nuestra querida Patria está viviendo momentos de grandes definiciones históricas dado el feroz combate entre dos visiones de desarrollo: la que nos caracterizó ante el mundo, la del Estado Social y Democrático de Derecho; y aquella promovida por la máxima cúpula del poder económico y político de este país, atrincherada en el desprestigiado bipartidismo.

Tan solo esta circunstancia es suficiente motivo para que, con ocasión de vuestro 50 Aniversario, la ANEP, respetuosamente, deje constancia fiel por este medio, de que nuestro deseo de articular un trabajo unitario entre nuestras dos agrupaciones, que vaya más allá de lo coyuntural y que podamos acordar relaciones estratégicas, como en un pasado se tuvieron, aunque en el marco de otras realidades sociopolíticas.

Hoy, en este viernes 20 de agosto de 2004 y a pocas horas de una acción social de presión cívica protagonizada por una alianza de sectores gremiales de diversa índole, de la cual está participando la ANEP; hacemos un llamado respetuoso a UNDECA para que dentro de las circunstancias lógicas de este momento y que comprendemos muy bien, pueda manifestarnos un mensaje de solidaridad, considerando que los planteamientos de la lucha del próximo lunes 23 de agosto, han sido también reivindicados por vuestra importante agrupación sindical.

¡Felicidades en esta memorable fecha: los 50 años de UNDECA!

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

Estimado señor Presidente:

En el Diario “La Nación” del pasado sábado 14 de agosto, se informa de que ya su Gobierno firmó los contratos para la privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Lamentamos mucho, como ciudadanos y como organización sindical, que su Gobierno haya hecho caso omiso a todas las consideraciones que hemos planteado en torno al porqué consideramos que esos contratos, por leoninos y contrarios al interés público, no debían ser rubricados.

Ahora esperamos que, de alguna manera, la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus deberes y dejando de lado intereses de negocios, se tome el tiempo y la cordura necesaria, y proceda a revisar cuidadosamente estos contratos; a fin de evitarle al Estado y a la ciudadanía, correr con contratiempos, problemas y perjuicio al interés público, como los que estamos sufriendo hoy con la privatización del aeropuerto y la revisión vehicular.

Esperamos que las autoridades firmantes de estos contratos, respondan personalmente, con su propio patrimonio, de los perjuicios que le pueda traer al interés público la firma de estos contratos.

Otro asunto, igual de preocupante que nos trae la privatización del INCOP y que le pedimos directamente a su persona que nos conteste, es si su Gobierno le va a reconocer las prestaciones legales y el famoso “desarraigo”, a por lo menos 500 trabajadores que permanentemente laboran en actividades ordinarias de la carga y la descarga en ese puerto; y que la institución, precisamente para no pagar esas prestaciones y ese “desarraigo”, se ha negado a reconocer su condición de trabajadores, además que a éstos ni siquiera se les cancela el salario mínimo de ley, por lo que el Estado tiene una deuda económica y moral pendiente para con estos humildes trabajadores.

Le preguntamos, don Abel, ¿cuáles son las fuentes de trabajo que su Administración tiene previstas para emplear a los más de 1500 desempleos directos que provocará ese proceso de privatización?. Sobre todo considerando que ya muchos trabajadores, lamentablemente tienen comprometidas, con créditos de todo tipo, sus prestaciones legales y el tan llevado y traído “desarraigo”.

Si su Gobierno insiste en despedir a esos trabajadores de INCOP, mal llamados por las autoridades portuarias como “trabajadores de la calle”, sin prestaciones legales y sin desarraigo, ¿dónde tiene previsto el Gobierno proveerles empleo, para que éstos y sus familias no sean sometidos a la humillante condición humana de no contar con un empleo digno y, por ende, condenarse ellos y sus familias al hambre?.

Esperamos que la Contraloría General de la República no llegue a permitir la culminación de este negocio, pero si se llegare a consumar, esperamos Sr. Presidente, que su Gobierno no deje en la intemperie económica a estas familias; que se proceda al pago de sus prestaciones legales, el pago de tal “desarraigo” y a preverles de un empleo digno, tal y como lo demanda nuestra Constitución Política.

Que Dios esté con usted y le ilumine, en estas horas criticas en que vivimos los grandes sectores desplazados y excluidos, por la implantación de las políticas neoliberales, que hoy se han tragado a esta institución.

Atenta y respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Molina
Presidente Seccional ANEP-INCOP

c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar. Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Lic. Javier Chávez Bolaños. Ministro de Obras Públicas y Transportes.
c.: Dr. Alex Solís Fallas. Contralor General de la República.
c.: Ing. Enrique Montealegre Martín. Presidente Ejecutivo INCOP.
c.: Jefes y Jefas de Fracción, Asamblea Legislativa.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.: Archivo.

Estimado señor:

Reciba un saludo cordial y atento saludo de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Acudimos a su estimable y honorable institución para que visto y analizado el caso aquí planteado, se proceda a investigar los hechos ocurridos desde marzo del 2003 y que concluyen en marzo del 2004; sobre actos administrativos ejecutados por jefaturas en el seno del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), generadores del despido a un funcionario; todo lo cual, a nuestro criterio, representó una extralimitación de poderes de tales jefaturas en la citada entidad.

Al servidor Norberto Aragón Chavarría, Agente de Seguridad y Vigilancia del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), con una trayectoria laboral en el mismo de más de cinco años y que se desempeña en el Parque Metropolitano La Sabana; se le abre investigación por supuesto abandono de trabajo el día 21 de febrero del 2003, teniendo asignado el rol de noche. La señora Directora Nacional del ICODER, mediante Resolución D.N. 276-05-03, inicia investigación; cuyo resultado se le notifica el día 7 de julio del 2003, a las 6:00 p.m., mediante resolución No. 013-07-2003.

Durante los días 14, 15 y 16 de febrero del 2003, se le investiga al funcionario contratando a la empresa Corporación Jurídica ASELECOM, domiciliada en San Sebastián, la que ofrece los servicios de investigación privada; por lo que el día 13 de febrero del 2003 se firma el convenio entre esta empresa y el ICODER, con un valor de ¢72.000.oo; que corresponden a tres días de investigación. Hechos que se dan sin que la persona investigada se entere del asunto. (Adjuntamos acta de los hechos, 14, 15 y 16 de febrero del 2003).

Posteriormente, se entrega un informe donde se investiga la vida privada del funcionario, sus padres y calidades personales de su núcleo familiar, información laboral y los estudios regístrales en el Registro Nacional, información crediticia del empleado, fotografías del sitio donde labora, videos etc. (Se aporta folio del asunto).

El día 25 de febrero, el señor Aragón Chavarría informa a sus superiores de las anomalías que a su entender se estaban desarrollando en el sitio laboral, sea el Parque Metropolitano La Sabana (los días 14, 15 y 16) donde prestaba sus servicios; denuncia que es recibida en la misma fecha por el Área Administrativa de la institución. (Se adjunta nota). Hechos que hasta la fecha no han sido resueltos por la institución.

Esto demuestra que su principal objetivo lo era el funcionario, para determinar responsabilidades y justificar su despido, por lo que a nuestro criterio tal despliegue no era necesario como la justificación de la firma de un contrato que no pudo determinar anomalías.

Vistas así las cosas, creemos necesario que la Defensoría de los Habitantes de la República realice una investigación para determinar si hubo o no abuso de parte de las correspondientes autoridades en el caso del servidor Norberto Aragón Chavarría, en cuanto ciudadano costarricense y persona trabajadores con derechos laborales que son de obligado respeto.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Comité Seccional ANEP-ICODER.
c.: Sr. Norberto Aragón Chavarría.
c.: Sr. Javier Valerín Villegas, Responsable ANEP-ICODER.
c.: Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP.
c.: Archivo.

Los precios de RITEVE, PAN, AGUA, LUZ, TELEFONO, BUSES, TAXIS, LECHE, ARROZ, FRIJOLES, VIVIENDA, COMBUSTIBLE (entre otros), están por las nubes y para comerse un pedazo de carne o salir a darse una vuelta, comprar zapatos o vestirse, la única forma de hacerlo, es recurriendo al crédito, a la deuda… si es que todavía es posible. El alto costo de la vida es, simplemente, agobiante, acongojante, abrumador y un claro desestabilizador del ánimo familiar, generador de violencia e inseguridad social en general.

Súmele a este flagelo económico, la política salarial mísera, paupérrima, a que nos está sometiendo este Bloque Neoliberal. Ajustes salariales muy por debajo del índice de la inflación, recorte de horas extra, recorte del rubro de viáticos, etc.; ajustes de salario miserables y por la vía del Decreto Ejecutivo, procedimiento muy propio y particular de esta Administración.

Y como si esto no fuera suficiente, este Bloque Neoliberal nos anuncia un TLC, que además de terminar con lo que nos queda de agricultura, pretende hacer negocios con lo más preciado de nuestras instituciones: la CCSS, ICE, INS, A y A.

Ciudadanos, ciudadanas, hombres y mujeres del campo y de la ciudad; trabajadores y trabajadoras, empresarios comprometidos con esta patria, ¡llegó la hora!

ALTO AL VIOLENTO COSTO DE LA VIDA. FUERA RITEVE. EXIJAMOS SALARIO JUSTO (¡NO AL 4.5 %!) Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE NUESTROS CAMPESINOS. COMERCIO JUSTO SÍ, TLC NO.

EN ANEP NOS UNIMOS AL LLAMADO DEL MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL: ESTE LUNES 23 DE AGOSTO, VAMOS AL REFERENDUM DE LA CALLE.
¡NI UN PASO ATRAS!

17 de agosto de 2004

Todos sabemos que cuando se acuerda un aumento de salario, el mismo viene siendo pagado mucho tiempo después, por lo que recibimos un aumento de salario devaluado.

El compañero Julio Orozco Rosés, delegado de nuestro sindicato en la municipalidad de Cartago, acaba de ganar, en primera instancia, un juicio a la municipalidad de Cartago, en el que se condena a la misma a pagar en favor de nuestro compañero, los intereses legales por la tardanza en el reconocimiento del incremento salarial, desde su ingreso a la municipalidad.

Llamamos a nuestros afiliados para que iniciemos el trámite legal de cobro de todos los intereses legales dejados de reconocer, cuando se nos han reconocido los aumentos de salario. Anep llevará las demandas, únicamente, a quienes sean afiliados a nuestra organización.

7 de setiembre de 2004

Nuestra organización sindical ha presentado gran cantidad de denuncias y estas no han sido resueltas porque el gobierno de Abel Pacheco quiere tirarlos a la calle sin prestaciones legales y sin indemnización, para abaratar los costos de la privatización de Puerto Caldera.

Un mes entero sin salario impedirá que nuestras familias puedan satisfacer sus necesidades básicas y perderíamos los derechos adquiridos. SOLO UNIDOS LOGRAREMOS RESPETO A NUESTROS DERECHOS LABORALES.

APOYEMOS LAS ACCIONES CONVOCADAS POR NUESTRA SECCIONAL EN EL INCOP. ASISTAMOS A LA ASAMBLEA DE ESTIBADORES INTERINOS (AFILIADOS Y NO AFILIADOS) ESTE SÁBADO 4 DE SETIEMBRE EN LA ESCUELA DELIA URBINA DE GUEVARA A LAS 9 A.M. PARA DEFINIR ACCIONES.

SECCIONAL ANEP-INCOP

3 de setiembre de 2004

Luego, tal planteamiento se formuló a varias autoridades nacionales (que se indican al final de esta comunicación). Igualmente, se le dio copia a diversas autoridades institucionales de la CCSS.

Sobran razones, a nuestro parecer, para que dichas obras se detengan en cuanto antes; los argumentos por los que nos oponemos, vehementemente, en la construcción de dicha rampa los exponemos enseguida.

• Nos deben el reajuste del primer semestre del año 2004 y ni siquiera sabemos que pasará con el del segundo semestre.

• Se nos niega la cancelación del salario escolar.

• No sabemos si en diciembre 2004 tendremos salario porque no está presupuestado.

• Hay un gran desorden administrativo en la Municipalidad de Tibás y nosotros somos las víctimas.

• Nos obligan a prestar servicios en vehículos municipales sin requisitos de ley (placas, revisión técnica, pago atrasado de derecho de circulación).

• Etc. Hay un sinnúmero de dificultades adicionales que vuelven nuestro empleo muy difícil.

El actual Alcalde Municipal, MSc. Percy Rodríguez Argüello, nos intimida, nos espía, nos encierra con candado como si fuéramos ganado y ahora nos amenaza con rebajas salariales, sanciones y, eventualmente, hasta despidos, por reclamar que se nos trate dignamente.

Estimado vecino, estimada vecina de Tibás: Apóyenos. Llame a los teléfonos 829 19 16 ó 236 88 64 y exija al Alcalde Rodríguez Argüello que nos respete, que negocie con nosotros, que no nos amenace. Le agradecemos su solidaridad. Nosotros le servimos con humildad, cariño y eficiencia.

2 de junio de 2004

La Junta Directiva de la Seccional de la ANEP, del Hospital Nacional de Niños, hizo del conocimiento del Dr. Rodolfo Hernández Gómez, Director del nosocomio referido, la preocupación de los trabajadores y de las trabajadoras respecto al proyecto que se iba a iniciar, sobre la construcción de una rampa de emergencia en el sótano del hospital, ubicada ésta en el centro de los edificios, contiguo al Departamento de Nutrición.

Luego, tal planteamiento se formuló a varias autoridades nacionales (que se indican al final de esta comunicación). Igualmente, se le dio copia a diversas autoridades institucionales de la CCSS.

Sobran razones, a nuestro parecer, para que dichas obras se detengan en cuanto antes; los argumentos por los que nos oponemos, vehementemente, en la construcción de dicha rampa los exponemos enseguida.

• La rampa de emergencia se construye en el centro de los edificios, particularidad que propicia el atrapamiento de humo en eventuales incendios u personas en el caso de derrumbe de los mismos edificios, algunos con hasta cinco pisos de altura.

• La misma se construye sobre un relleno de aguas negras, lo que eventualmente provocaría inestabilidad del terreno.

• El constante fluir de camiones entregando mercadería y provisiones, está obstruyendo la única salida posible en casos críticos.

• Existe un tanque conteniendo 1.500 litros de oxígenos, altamente inflamable que, en caso de desgracia debido a un estallido, generaría un efecto devastador de 300 metros a la redonda.

• Dicha obra se edifica, por otra parte, contiguo a un edificio de tres pisos con más de 80 años de construido (edificio antiguo Hospital Psiquiátrico Chapuí), al que aprovechamos solicitar, sea declarado no apto para el uso de sus instalaciones, se desaloje inmediatamente y se proceda a su correspondiente clausura. Asimismo, invocamos a las correspondientes autoridades, a que se recomiende la reubicación inmediata de todos aquellos servicios que ocupan el mencionado edificio Chapuí, de manera que el personal que ahí labora, se traslade hacia otras instalaciones, que ofrezcan verdadera y real seguridad para las personas en eventuales sismos, terremotos e incendios etc.; permitiendo del mismo modo su demolición, para que en ese mismo lugar se construya una nueva estructura con las normas y requerimientos de seguridad establecidas para este tipo de instalaciones.

Y es que en el viejo edificio “Hospital Psiquiátrico Chapuí” se reúnen, diariamente, más de 300 personas, entre personal que labora, visitantes, pacientes, acompañantes de pacientes y proveedores.

Es evidente por los años de existencia que dicho edificio no cumple con el actual código antisísmico de la República de Costa Rica, lo que le expone ante un eminente colapso y destrucción por evento sísmico de regular intensidad. En caso de destrucción o desmoronamiento, obstaculizaría la única salida de emergencia que tiene la rampa que hoy se construye mediante Licitación Pública, con un costo de alrededor de 90 millones de colones.

Dicho inmueble de más de 80 años de antigüedad, no ha sido objeto de reforzamiento antisísmico; no es accesible por personas discapacitadas al no poseer rampa ni elevadores; no cuenta con salidas de emergencia (sismos, terremotos, incendio etc.). Prescinde de estudios recientes de vulnerabilidad y no están identificadas las áreas de seguridad y lo que es peor, en 1999, sufrió un hundimiento importante en unos de sus extremos (costado sur del servicio de Mantenimiento y Cooperativa).

Los trabajadores y trabajadoras de esta organización estamos conscientes de la importancia de construir rampas para emergencias; sin embargo, somos del criterio que los edificios que constituyen el Hospital Nacional de Niños, por la naturaleza de sus funciones, su complejidad estructural y por la prestación de servicios que brinda a la niñez costarricense y a la sociedad misma, se convierten en lugares altamente vulnerables, por cuanto todos los días ingresan a los mismos, familias enteras, trabajadores, trabajadoras, padres, madres, niños y niñas de diferentes edades y condiciones físicas.

Así las cosas, creemos perentorio, urgente e inmediato, tomar las medidas preventivas del caso y no esperar a que ocurra un desastre para tomar las decisiones correspondientes respecto a la denuncia planteada.

Nuestro territorio está ubicado dentro del globo terráqueo, en una zona de gran actividad sísmica, comprendida en una faja de fallas tectónicas, característica que nos debe mantener en una constante actitud de alerta, por la acusadísima actividad sísmica y volcánica a la que estamos expuestos.

Y es que la decisión de construir dicha rampa de emergencia (así tenemos entendido porque el Director Médico no lo aclaró), en el lugar ya descrito, se debe a que construir la rampa en el frente del Hospital, desluce el inmueble; justificación contradictoria dado que somos del criterio firme, que vale más una vida humana que la estética de un edificio, levantado paradójicamente, para asegurar la salud y bienestar de la niñez costarricense.

Pedimos, al igual que en el caso anterior, se declare dichas instalaciones no aptas se proceda de inmediato al desalojo de su personal, y se clausure el área donde se bota el Oxido de Etileno. Asimismo pedimos a las autoridades correspondientes, evaluar la recondición de dicha área, para que ofrezca seguridad laboral a los y las trabajadoras, en materia de salud ocupacional.

Nuestra petición la basamos en que existe un gas, al parecer Oxido de Etileno, al que están expuestos los funcionarios y funcionarias del Servicio Central de Enfermería. Dicho gas, según tenemos entendido es cancerígeno, es inoloro, incoloro y altamente toxico, de uso obsoleto en procesos modernos de esterilización, situación esta que se asemejaría a los resultados por exposición en el caso de los sobre irradiados del Hospital San Juan de Dios.

Nos preocupa que, eventualmente, por la ubicación del gas (Oxido de Etileno) en el referido departamento, el mismo debido a la posibilidad de fugas, pone en serio riesgo al personal que labora en el referido servicio. Así las cosas, estamos ante un eminente riesgo de intoxicación y envenenamiento del personal que ahí labora, de los pacientes y acompañantes. Nos preocupa dos hechos recientes, de enfermedades terminales, que acabaron con la vida en circunstancias muy parecidas de dos funcionarios que para el Servicio Central de Enfermería laboraban, lo que de resultar relacionado con lo aquí denunciado, sin lugar a dudas, constituiría un hecho grave con las consecuencias para la CCSS que de ello se derivan.

Al igual que en el caso anterior, solicitamos a las autoridades correspondientes, en este caso a ustedes, revisar posibles proyectos para esta área, iniciados por nuestras autoridades superiores, de manera que se asegure un trabajo de calidad y beneficio para los y las trabajadoras, que en el Servicio Central de Enfermería laboran.

Esta petición se formalizó ante las siguientes autoridades:

*MSC. Luis Diego Morales, Director Ejecutivo, Comisión Nacional de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE)
*Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República
*Licda. María del Rocío Sáenz Madrigal, Ministra de Salud
*Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social
*Ing. Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José

Junta Directiva Seccional ANEP-HNN

3 de junio de 2004