Trabajadores de la empresa Alunasa, ubicada en Esparza de Puntarenas, presentaron una propuesta integral al Gobierno de Venezuela, con el objetivo de evitar el cierre de la transnacional, así como para reanudar operaciones lo más pronto posible y generar una solución a las 183 familias que dependen de la compañía.
Categoría: Acción Sindical
Juzgado ordena reinstalación de trabajador despedido en la Municipalidad de Goicoechea
Posición de ANEP de cara a la reunión sindical con la delegación del FMI
- Reunión se llevará a cabo de forma virtual, este lunes 4 de octubre a las 2 pm.
- ANEP insiste en que el país no necesita de un préstamo con el FMI.
Ante la invitación formulada por la señora Manuela Goretti, Jefa de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para una reunión con representantes sindicales, en el marco de lo que esta entidad financiera denomina “primera revisión del Servicio Ampliado”, según lo pactado por el Gobierno de Alvarado; cita virtual que tendrá lugar este día lunes 4 de octubre, a las 2 de la tarde, la ANEP indica a toda su distinguida membresía de los sectores público y privado, a todo el conglomerado sindical y de los movimientos sociales del país, así como a la ciudadanía patriótica costarricense los contenidos principales de su presentación con tal motivo:
El país no necesita de un “convenio”, préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Gran cantidad de sectores de diversa naturaleza, han estado planteando alternativas, sólidamente fundamentadas. Alvarado y su gobierno las han despreciado todas.
En términos generales, la mayoría del pueblo trabajador costarricense ha rechazado un convenio con el FMI. Incluso, en setiembre de 2020, hubo una gran conmoción social, con fuertes acciones de manifestaciones en las calles, repudiando este tipo de convenios.
Alvarado y su gobierno han venido promoviendo, como proyecto “estrella” del convenio con FMI, un proyecto de empleo público cargado de violaciones a la actual Constitución Política del país, según el propio tribunal constitucional de la República. Es una iniciativa de ley que, además, tiene un alto potencial de una nueva confrontación social. Adicionalmente, el espacio político de este proyecto se ha reducido sustancialmente, ante la cercanía del proceso electoral nacional, de carácter presidencial y diputadil.
Creemos que antes de que el país se vea atado a un convenio-préstamo con el FMI, debe realizarse una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, puesto que el 99 % del pueblo costarricense desconoce quiénes son los acreedores de la misma, así como no se sabe nada de todos los aspectos inherentes a las condiciones en que fue contraída.
Se tiene certeza, ¡eso sí!, de que gran parte, hasta un 75 % de la deuda interna del país, es entre entidades del propio Estado, lo cual abre grandes posibilidades de una reestructuración y de una reingeniería de la misma; o, bien, de renegociación con relación al pago de sus obscenos intereses. Sí creemos que hay un reducido círculo de sectores bancario-bursátiles y de firmas jurídicas que hacen grandes negocios con la deuda pública del país.
Resulta necesario, por otra parte, que la ciudadanía sepa cómo es el proceso que sigue el FMI al otorgar este tipo de préstamos: ¿por cuántos bancos pasa?; cuando llega a Costa Rica, ¿a qué bancos llega?; ¿cuánto de paga en comisiones y a quién? El pueblo trabajador costarricense está sumamente afectado por una estructura tributaria altamente regresiva y por un sistema de administración de impuestos sumamente injusto, lo cual le da legitimidad a un cuestionamiento como el que se ha planteado.
Finalmente, no sabemos qué pasa con los contenidos que los grupos sindicales aportan en este tipo de reuniones, pues nunca hay devoluciones por parte de las delegaciones del FMI, acerca de cómo se procesan las críticas, los señalamientos y hasta las propuestas. Creemos, por tanto, que este tipo de reuniones son insulsas y acudimos a ellas por cortesía y como vitrina de denuncia; jamás puede interpretarse, que estamos legitimando, al menos desde la corriente sindical en la cual militamos, este tipo de préstamos.
San José, lunes 4 de octubre de 2021
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Seccionales de seguridad privada de ANEP se reúnen con organización internacional
ANEP presenta Recurso de Amparo contra medida cautelar atípica girada por jueza contra Ministerio de Justicia y Paz
Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.
La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.
“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.
Afectación de derechos
1. Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así, como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
2. Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”
3. Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.
4. Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión
5. La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:
6. Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.
Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique
Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general.
ANEP nutre con historia de lucha social a la Biblioteca Nacional
Urgen recursos: Vulnerabilidad en control migratorio es evidente en puestos y zonas fronterizas
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería realizo su segunda gira por oficinas regionales y puestos fronterizos del país, en esta ocasión fue el turno de la zona norte, donde constataron diversas situaciones que ponen en evidencia la necesidad de fortalecer este cuerpo policial.
Trabajadores municipales de León Cortés paralizan labores por disconformidades con Alcaldía
Trabajadores de la Municipalidad de León Cortés decidieron paralizar labores este martes por la mañana ante diversas disconformidades laborales con el Alcalde, Jorge Denis Mora Valverde.
El movimiento dio inicio a las 6 de la mañana con trabajadores oprerativos del Plantel Municipal de la localidad, para trasladarse luego a la sede de la Municipalidad para sumar a trabajadores administrativos. El paro de labores cuenta con el apoyo del 80% de la población laboral. Esta última es de 54 trabajadores.
La decisión de la seccional ANEP-Municipalidad de León Cortés de iniciar el movimiento se da como última medida de presión ante la negativa por parte de la Alcaldía de alcanzar acuerdos en audiencia conciliatoria en el Ministerio Trabajo y Seguridad Social. Incluso en esta última la cartera de trabajo llamó la atención del Alcalde por su comportamiento durante la audiencia.
Las peticiones de los trabajadores se centren en 5 puntos en específico.
1. Que la municipalidad se abstenga de realizar los despidos del grupo de trabajadores de obras gris de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de León Cortés.
2. Que se calcule y pague un ajuste por concepto de aumento del costo de vida que abarque los períodos 2018-2019-2020, así como el pago de la anualidad pendiente del 2018, para todos los funcionarios municipales, ya que durante esos años no se aplicó.
3. Jornadas y horarios de trabajo del personal operativo y administrativo: Solicitan que la municipalidad reconozca la jornada laboral de los trabajadores operativos de 40 horas semanales, de 8 horas diarias de lunes a viernes, de 6 am a 2 pm con 30 minutos de almuerzo y 15 minutos de café, como había sido su jornada históricamente.
4. Se abstenga la Administración y sus jerarcas de realizar comentarios y actitudes despectivas en contra del sindicato y sus afiliados, así como se comprometa la Alcaldía de tratar con respeto y cortesía a las personas trabajadoras en general, sin manifestar insultos, comentarios peyorativos, represalias ni amenazas de ningun tipo en contra del personal.
5. Que se respete la dignidad de las mujeres trabajadoras del municipio, sin que se genere de la Alcaldía actitudes y comentarios misóginos que tienden a menoscabar la figura de la mujer trabajadora.
Se espera que en próximas horas vecinos de la comunidad se sumen al movimiento, ya que existe una serie de molestias contra la Alcaldía por el manejo que le ha dado al cobro de diversos impuestos con la participación de un bufete privado, aumento de tarifas en servicios municipales y el impacto ambiental en la comunidad por la colocación de una incineradora de basura.
Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” cursos virtuales dirigidos a nuestra afiliación
La Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” externa una cordial invitación a toda nuestra afiliación, tanto del sector público como del sector privado, para que se inscriban en los diversos cursos virtuales disponibles.
Para mas detalles e información comunicarse con María Laura Sánchez Rojas, Directora de la Escuela «Mario Alberto Blanco Vado» al correo marialaura@anep.or.cr o al teléfono 8702-5328, hasta las 7:00 p.m.
Curso virtual: Formación Sindical en Salud Ocupacional
Curso Virtual: Herramientas para la Dirigencia de Juntas Directivas Seccionales y Personas Delegadas Activas de ANEP
Curso Virtual: Herramientas para el Liderazgo Sindical
Primera Jornada de análisis en el marco de la Cátedra «Lic. Mario Alberto Blanco Vado».
Servicio Civil: proyecto de empleo público pulveriza su esencia constitutiva
- El odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales es recalcitrante
- Los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad y los dos religiosos (RN y NR), en abierta coalición anti-obrera
Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.
Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).
Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.
Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsas decisiones legislativas contrarias el bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:
“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.
Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.
Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.
Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, juntos a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:
· Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.
·Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.
·Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.
La ANEP condena, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.
La ANEP se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta hoy en día.
La ANEP reafirma, su oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.
San José, viernes 24 de setiembre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
