Este lunes 27 de julio, grupos con diversas consignas se unieron en la manifestación vehicular para demostrar la realidad que enfrentan en medio de la emergencia sanitaria.
La ANEP comparte el manifiesto el cual contiene las reivindicaciones o planteamientos de los grupos participantes, quienes han visto la agudización de la crisis fiscal y las repercusiones sociales y económicas agravadas con la pandemia del covid-19.
Son muchas las familias desempleadas producto de la pandemia y muchas otras ya lo venían sufriendo desde antes.
Promotores de ingreso a la OCDE siempre lo ocultaron.
Una hora de evasión fiscal recuperada significa más de dos veces lo que pretenden recaudar con el impuesto a los aguinaldos.
De la manera más enfática y fuertemente vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su más fuerte rechazo a la descabellada idea que, presuntamente, estaría proponiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mentado “club de los países ricos” que ahora admite en su seno a “convidados pobres” como Costa Rica.
Decimos “presuntamente” porque no podemos descartar que sean elementos político-“empresauriales” nacionales los que hayan ido al seno de la OCDE con esa nefasta idea, considerando que si ellos mismos lo hicieran el costo político les resultaría catastrófico, dado ya están pagando muy alto la factura por la cadena de medidas anti-obreras que vienen tomando en el marco de la pandemia y antes de la misma.
Es más, la “tímida” y pública inicial reacción gubernamental ante la propuesta de la OCDE, incrementa nuestra sospecha de que a ésta le “vendieron” la idea de que sea ella la que realice el trabajo sucio de formularla.
Específicamente, la jerarca ministerial de Mideplan, Pilar Garrido Gonzalo y su homólogo de Hacienda, Elián Villegas Valverde dijeron que el Gobierno “analizaría” la propuesta, cuando lo que correspondía era haber formulado un fuerte rechazo gubernativo, de primera entrada, a tan descabellada idea.
Pronosticamos que, si semejante idea empieza a tomar cuerpo y, peor aún, es puesta a trámite parlamentario, la ira socio-laboral sería incontenible, indetenible, pues el aguinaldo no solamente es considerado como una sagrada conquista obrera, por lo tanto, intocable (y hasta ahora intocada); sino que, los comerciantes, de manera especial, saben lo vital que para sus negocios resultan los miles de millones de colones puestos a circular en la economía en el mes de diciembre.
Nos atrevemos a decir que la reacción de repudio y rechazo sería espontánea y no costaría mayor esfuerzo una convocatoria a las calles.
Los ¢117 mil millones que generaría ponerle un impuesto al aguinaldo, significan menos de la mitad de lo que se evade en impuestos en una sólo hora, pues con base en la estimación (muy bajita, por cierto), del anterior exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que anualmente en Costa Rica el fraude fiscal-tributario es del orden de los $3 mil 800 millones, a la hora de hacer la conversión a colones, el robo de impuestos alcanza, ¡por hora!, casi ¢253 mil millones.
O sea, una hora de evasión fiscal recuperada, equivaldría a poco más de dos veces lo que quieren arrancarle por impuesto de renta a los aguinaldos.
Dejamos alertada a las conciencias obreras de los sectores privado y público para que se alisten a movilizarse, con las previsiones sanitarias de rigor, si resulta necesario la defensa del aguinaldo. Primero es el impuesto… luego se atreverían hasta plantear su eliminación.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
• Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.
• ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis.
Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.
“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar. Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo.
“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas
Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.
El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y Silvia Lara Podevano, viceministra; así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la empresa Transfeco & Cía., en representación de Jorge Castro Murillo.
Algunas consideraciones de ANEP que contiene el cartel que son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo, los criterios de evaluación deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo. Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.
Ante la dura situación que atraviesa el país por la emergencia sanitaria del COVID-19, los integrantes de la seccional ANEP-Concesionarios del PIMA Cenada decidieron unirse para realizar un acto solidario con las personas afectadas por la pandemia
Por lo que se dieron a la tarea de realizar una campaña de recolección de víveres y artículos de primera necesidad en todo el complejo del PIMA-Cenada, con la intención de distribuirlos a familia de la Zona Sur, migrantes y organizaciones sociales que ayudan a personas en condición de indigencia y a personas de barrios marginales del país.
Los primeros beneficiados con este gesto, fueron poco más de mil familias del cantón de Corredores
La voz sobre este gesto y la organización de la seccional ANEP-Concesionarios del PIMA Cenada corrió rápido a lo interno del mercado, por lo que cada vez son más los concesionarios que aportan diversos productos.
Esto también permitió llevar donaciones a personas migrantes del pacifico central costarricense
Otras organizaciones sociales, las cuales ayudan a niños, personas en condición de indigencia y población en zonas marginales, también se han visto beneficiadas con los donativos.
Si usted desea contribuir con la seccional ANEP-Concesionarios del PIMA CENADA, puede comunicarse a los teléfonos: 88716304 con Gilberth Duarte Badilla ó al 83244316 con Grettel Cedeño Castro
Documento compilado por César López Dávila para ANEP, ASDEICE,CONACOOP, FIT, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial.
El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.
Desde ya forma parte del cúmulo de propuestas de pensamiento, realizadas a través de planteamientos tales como “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”(2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012), “Agenda Patriótica para el bien común” (2015) y “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica –Propuesta Sindical Común” (2018).
Con preocupación, ante la magnitud que en el territorio nacional podrían alcanzar las repercusiones laborales, económicas y sociales, provocadas por la pandemia del COVID-19; en los últimos días, nuevamente una pluralidad de organizaciones y personas nos hemos sentido convocadas por dicha vocación propositiva y la responsabilidad ante el futuro.
La generalidad de lo aquí expuesto, propone una suerte de compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.
El presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo.
Debido a los actuales acontecimientos, y de cara a la estructura dirigente de la nación (conformada por quienes formalmente ocupan los puestos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Legislativo); es esta una iniciativa realizada desde quienes en apego al artículo 9 de nuestra Constitución Política1, entendemos que reside en la ciudadanía, la legitimidad de mandato de las grandes decisiones que le atañen, sobre situaciones nacionales de fuerza mayor que inciden directa o indirectamente en su diario vivir.
Compartimos el documento «La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país»
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), respaldamos la iniciativa que ha formulado la diputada,
Franggi Nicolás Solano, al Gobierno de la República en favor de la situación
social y económica que desesperadamente están sufriendo miles de taxistas
costarricenses ante la emergencia sanitaria que vive el país.
Para la ANEP, la propuesta de cinco iniciativas
generada por la Diputada es completamente atinada, por lo que hace de conocimiento
público su apoyo, respaldo y felicitación.
“Felicitamos a la diputada Franggi Nicolás Solano
por esta atinada propuesta. Es importante reseñar, que la ANEP viene planteado
que se debe de considerar el establecimiento del Subsidio Social Solidario
(SSS), para más de las 375 mil familias, que inicialmente el Gobierno ha
definido como objeto de recibir ayuda solidaria mensual”, manifestó el Secretario
General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Para la ANEP, el subsidio también deberían
recibirlo estas familias taxistas en desesperación, ya sea que los abarque el
subsidio gubernamental en perspectiva o bien el Subsidio Social Solidario de
250 mil colones mensuales que propone la ANEP.
“Los taxistas son de los grupos sociales más
sufridos, en riesgo y más atormentados por la pandemia del Covid-19, a parte
fueron dejados en total indefensión por la llegada al país de otros sistemas de
transporte con plataforma digital, a lo cual el Gobierno nunca le dio la debida
atención”, dijo Vargas.
Ante este escenario, la ANEP solicita al Gobierno
de la República colocar como agenda prioritaria la propuesta de la diputada
Nicolás Solano, en favor del gremio de taxistas costarricenses.
La
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la intervención
de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
ante las constantes prácticas anti-sindicales y anti-obreras por parte de la
empresa autobusera TRACASA, está ultima encargada de prestar servicio en la zona
Caribe de nuestro país.
Según
la denuncia interpuesta por la ANEP ante la cartera de trabajo, la empresa
presenta un doble discurso mostrándose ante el MTSS respetuosa del Estado de
Derecho costarricense, sin embargo, en la practica la conducta es totalmente
opuesta.
“Dada
la valoración que hemos realizado, de último minuto, de la persistencia de
conductas anti-sindicales y anti-obreras en la empresa de buses TRACASA-Limón,
con antecedentes al respecto ante la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad
Social; precisamente porque en varias ocasiones la ANEP ha insistido en que
mediando el diálogo, se pueden resolver la controversia obrero-patronal
persistente en dicha empresa, la cual, lamentablemente, no parece o no quiere
trabajar con transparencia y buena fe en tal sentido, manteniendo un doble
discurso”, indica la denuncia dirigida a la Ministra de Trabajo, Geannina
Dinarte Romero.
Incluso
la ANEP, junto a su seccional en TRACASA, presentaron varios audios como prueba
que testimonian el grado de indignación por proceder de la empresa, donde se
escucha la voz de una trabajadora, que al parecer “tendría los días contados”.
Ante
esta situación, la ANEP, también dirigió la nota al Consejo de Transporte
Público (CTP) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a fin de que
ambas entidades y en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan lo
más rápidamente posible.
Con respecto a la solicitud ante el MTSS, la ANEP está solicitando que se convoque con urgencia a César López Solano y Luis Castillo Smith, personeros de la empresa en las oficinas centrales de la cartera de trabajo, al considerar que deben dar la cara ante esta circunstancia.
La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicitó, este
martes, al Consejo de Gobierno, que se les exima o exonere del pago del marcho
del año 2020, debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los
últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de
transporte de personas.
Para este grupo de taxistas, las congojas económicas de los taxistas
no ha sido culpa de los concesionarios, sino más bien del Gobierno por no hacer
cumplir la ley.
“La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta.
Algunas de las justificaciones para que se les exonere del pago del
marchamo es que desde el año 2009, la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), no ha actualizado los datos que alimentan la tarifa
ordinaria de taxis, siendo omisa en realizar sus funciones básicas y obligando
a los taxistas a cobrar tarifas mal calculadas.
Y aunque, se supone, que los servicios ilegales de porteadores se
mantuvieron en el 2011, año en el que se aprobó la Ley 8955, para ponerle fin a
los porteadores del transporte público. Actualmente, pese a contar con esa ley,
se sigue practicando el “porteo” y el ministro de Transportes, haciendo poco o
nada por detener este servicio ilegal.
En el año 2015, aparece el servicio de transporte ilegal Uber y pese a
las solicitudes de los taxistas, el propio Gobierno, así como las diferentes
entidades involucradas en el tema, así como el mismísimo Presidente de la
República, se niegan a cumplir las leyes vigentes.
“Entre el 2015 y el 2017, el Instituto de Investigaciones en Ciencias
Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR) contratado por la
ARESEP , mediante contratación numero: 12-ARESEP-2015, realizó el estudio de
actualización y determinación de los valores de los parámetros operativos e
indicadores de rendimiento de los servicios de transporte remunerado de
personas modalidad taxi, (…) con dos años de estar operando ilegalmente en el
país realiza muchos de los viajes que deberían de realizar los taxistas provocando un
perjuicio económico a los
taxistas”, agrega la carta.
“De no poder o tener voluntad el Gobierno de eliminar este pago para
los concesionarios, les solicitamos que se autorice una línea de crédito en
cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, únicamente para los
concesionarios de taxis, con cero requisitos, y con cero tasas de interés y a
un plazo de seis meses contados a partir del mes de enero del 2020; pudiendo
hacer abonos sin un monto mínimo”, finaliza el documento entregado al Consejo
de Gobierno.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
