Categoría: Comunicados de Prensa

• Decisión abrupta afecta a población vulnerable y rompe con el enfoque histórico de derechos y atención integral del IAFA.

• La ANEP exige reversión inmediata, plan de contingencia y transparencia en la rendición de cuentas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente la directriz emitida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el pasado 21 de agosto de 2025, mediante el oficio AT-0253-08-2025, en la que se instruye que las personas usuarias que no cuenten con aseguramiento vigente no podrán recibir prescripción de medicamentos como parte de su tratamiento.

El oficio, firmado por Wendy Castro Castro, Coordinadora del Área Técnica del IAFA, fue dirigido al Dr. Oswaldo Aguirre Retana (Encargado Casa Jaguar), al Dr. Douglas Mata Pernudi (Encargado Organismos Regionales) y a la Dra. Delma Vaglio Zonta (Encargada Proceso Atención a Pacientes). En él se establece textualmente: “Se les dará la atención correspondiente, pero no se les podrá prescribir tratamiento farmacológico, esto debido a lo establecido en la Normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social y los Lineamientos vigentes”.

Esta decisión fue comunicada de manera abrupta, sin un plan remedial y sin prever las consecuencias en la población usuaria. Se trata de un golpe directo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, quienes históricamente han encontrado en el IAFA un espacio de atención integral y de defensa de derechos, independientemente de su condición de aseguramiento.

Negar medicamentos a personas con enfermedades crónicas vinculadas a la dependencia de sustancias interrumpe tratamientos esenciales, incrementa el riesgo de recaídas y expone a los pacientes a consecuencias irreversibles. Esta medida también socava la confianza en una institución que, durante décadas, se ha caracterizado por su enfoque de derechos y atención centrada en la persona. Asimismo, coloca a los profesionales de la salud en un dilema ético y técnico, al obligarlos a prescribir tratamientos cuya continuidad no puede garantizarse.

Este tipo de decisiones administrativas, implementadas de manera imprevista y sin transparencia, reflejan una práctica recurrente en algunas instituciones públicas, donde los procedimientos burocráticos prevalecen por encima de la protección de los derechos fundamentales. En el caso del IAFA, el impacto es aún más grave, porque se trata de una población con necesidades de atención inmediata y continua, cuya salud y bienestar no pueden depender de trámites administrativos.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades del IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud:

1. La reversión inmediata de esta directriz y la restitución del acceso a medicamentos para todas las personas usuarias, sin distinción de aseguramiento.
2. La implementación de un plan de contingencia urgente que garantice la continuidad de los tratamientos crónicos y evite interrupciones que puedan afectar la salud y la recuperación de los pacientes.
3. Transparencia y rendición de cuentas sobre los responsables de este cambio abrupto y sobre las posibles consecuencias que su aplicación pueda generar.

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. El IAFA no puede ni debe convertirse en un espacio de exclusión. La ANEP reafirma su compromiso de defender el acceso universal y digno a la salud, y no permitirá que las personas más vulnerables paguen el costo de decisiones administrativas arbitrarias.

Directriz emitida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el pasado 21 de agosto de 2025, mediante el oficio AT-0253-08-2025

–ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes

La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.

El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.

Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.

La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.

Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.

1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.

2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.

3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.

4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.

En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.

– Esta reorganización fue promovida por Juan Manuel Quesada, Expresidente Ejecutivo, Alejandra Mora, Gerente General y María José Castillo, Subgerente

La Seccional de ANEP en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia públicamente las severas inconsistencias técnicas, omisiones críticas, ausencia de participación y falta de transparencia en la propuesta de “Reorganización Institucional Parcial” contenida en el Estudio Técnico de julio 2025, elaborado por el Consorcio Aguas de Escazú.

Esta propuesta, lejos de resolver los problemas estructurales de la institución, pone en riesgo el servicio público, precariza el empleo institucional, carece de rigor técnico y fue elaborada sin una consulta legítima, técnica, ni jurídica, con el personal institucional, ni con las partes interesadas externas, como las ASADAS, sindicatos y usuarios del servicio.

Principales irregularidades y faltantes de la propuesta

1. Sobre el análisis funcional y la duplicidad de funciones

• El documento afirma haber evidenciado duplicidad de funciones mediante “análisis funcional”, sin embargo, la fuente principal es una encuesta anónima aplicada en 2023, no un estudio técnico riguroso. No se adjunta ninguna matriz técnica que precise cuáles funciones están duplicadas ni evidencia empírica.
• No se usaron estudios de cargas de trabajo, flujos de procesos reales, ni instrumentos metodológicos de evaluación funcional. Tampoco se indica cuánto tiempo dedicó la consultora a este diagnóstico ni si se empleó personal de planta del AyA para validarlo.

 2. Impacto grave en el recurso humano

• Se proponen fusiones, eliminaciones y reconfiguraciones de unidades, sin indicar cómo se implementarán sin despidos ni reducción de plazas. Esto es técnicamente imposible.
• Se sugiere la reasignación y traslado de plazas, cambios de perfiles, sin contemplar el pago de indemnizaciones, ni mecanismos de protección para los trabajadores afectados.
• No se presenta un plan de capacitación, ni adaptación de los perfiles actuales de puestos al nuevo modelo propuesto.
• Se ignora el impacto psicosocial del cambio y no se acompaña de estudios de clima organizacional ni de cargas de trabajo.

 3. Estructura organizacional propuesta vs. realidad institucional

• Se habla de reorganización “parcial” pero se modifica toda la estructura institucional.
• La estructura planteada no es consistente con el nuevo mapa de procesos, lo que puede generar mayor fragmentación y afectar la eficiencia institucional y la ejecución de proyectos.
• Se confunde y revuelve la función rectora del AyA con la función operativa y delegada, lo cual implica una distorsión del modelo de gobernanza institucional.

4. Ausencia total de estudios financieros, legales y de riesgo

• No se presenta flujo de caja proyectado, ni análisis de costo-beneficio de la reorganización.
• No se cuantifican los costos de inversión en tecnología, capacitación, ni cambios en sistemas.
• No se aporta análisis jurídico de la Dirección Jurídica del AyA que vincule la propuesta con el marco legal y reglamentos vigentes.
• No se indica cómo se cubrirán los costos de implementación ni cuál será el impacto en la tarifa final al usuario.
• No se presenta análisis de riesgos, ni plan de acción preventivo ante impactos negativos operativos, técnicos o legales.

 5. Grave falta de consulta y legitimidad

• El único insumo participativo citado es una encuesta anónima y autodirigida, sin control técnico ni representatividad estadística.
• No se adjuntan actas, minutas, acuerdos, ni sesiones de trabajo con direcciones ni sindicatos.
• El estudio no incluyó a las más de 1000 ASADAS del país, a pesar de que muchas operan bajo delegación del AyA.
• No queda claro cómo se seleccionó la consultoría contratada, ni se explican los criterios de contratación.

 6. Riesgo de precarización laboral y tercerización encubierta

• El documento habla expresamente (p. 40) de tercerizar procesos no críticos, lo cual puede ser la antesala de privatizaciones parciales, debilitando el carácter público del servicio.
• No se aclara qué procesos se consideran “no críticos” ni cómo se define el criterio.
• El planteamiento favorece la concentración del poder en la Gerencia General, disminuyendo la autonomía técnica y desconcentrada.

 7. Inconsistencias internas y errores

• El documento presenta errores graves: por ejemplo, en la página 33, hay inconsistencias en la distribución del personal entre áreas sustantivas y administrativas.
• La propuesta no indica cómo se van a coordinar los procesos clave del ciclo de inversión, lo que podría entorpecer aún más la ejecución de obras.
• La formulación de proyectos sigue dispersa entre varios actores, y el paso del diseño a la ejecución dependerá aún más de la coordinación vertical de la Gerencia General, creando cuellos de botella.
• No se indica cómo se definió el personal requerido por unidad.

 8. Sin cronograma, sin fases, sin ejecución

• El estudio no presenta un cronograma de implementación, ni fases, ni responsables.
• No hay plan de acción, ni distribución de recursos humanos, tecnológicos y físicos para la ejecución de la nueva estructura.
• No se muestran resultados esperados, metas cuantificables ni mejoras concretas al servicio.

EXIGIMOS:

1. La suspensión inmediata de la reorganización hasta que exista una revisión independiente, técnica y validada del estudio presentado.
2. La apertura de una mesa de trabajo con sindicatos y funcionarios técnicos para rediseñar la propuesta con participación vinculante.
3. La rendición de cuentas del proceso de contratación del Consorcio Aguas de Escazú.
4. El respaldo jurídico integral a cualquier modificación estructural, conforme a la Ley Marco de Empleo Público y la normativa del AyA.
5. La garantía de derechos laborales, no despidos, no tercerización y respeto al régimen de empleo público.

Este documento no es un estudio técnico, sino una declaración política disfrazada de modernización. No presenta pruebas, ni respaldo legal ni financiero. Se elaboró sin consultar a quienes sostienen la operación del AyA: su personal técnico, administrativo y de campo.

La ANEP no avalará una reforma institucional impuesta desde arriba, sin participación, sin datos confiables y sin respeto por los derechos humanos laborales y sociales.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. SU GESTIÓN DEBE MANTENERSE PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

-ANEP exige destitución de funcionaria y apertura de investigación contra jerarcas del instituto

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), informan a la opinión pública que, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0380-2025, el Ministerio de Salud ha confirmado el incumplimiento de la orden sanitaria girada a la Dirección de Maquinaria y Equipo del AyA, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Servicios de Apoyo, en Pavas.

Dicho documento oficial, emitido este 17 de julio, establece:

                • Que los trabajos ordenados no han sido concluidos y persisten condiciones físico-sanitarias inadecuadas.

                • Que el acto administrativo no ha sido cumplido completamente.

                • Que se ha procedido con el cobro de multa a la institución y la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad sanitaria.

Este grave señalamiento confirma lo denunciado durante meses por la ANEP: condiciones insalubres, omisión administrativa, y desprotección total de la salud de los trabajadores en dicha unidad operativa.

Frente a la confirmación oficial del incumplimiento, ANEP exige lo siguiente:

1. Apertura inmediata de procedimiento disciplinario contra la señora Jéssica Brizuela, directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, por presunta negligencia, incumplimiento de deberes y desobediencia a las autoridades competentes.

                2.            Destitución inmediata de la señora Brizuela, por parte de la Junta Directiva del AyA, por su responsabilidad directa en estos hechos y su reiterada indiferencia ante las condiciones laborales del personal a su cargo.

                3.            Apertura de procedimiento de investigación contra la Gerente General, Alejandra Mora Segura, por omisiones graves en su obligación de supervisión y cumplimiento de la legalidad institucional. Su pasividad ante las advertencias de la ANEP y las resoluciones del Ministerio de Salud resulta inaceptable.

                4.            Determinación de responsabilidad política e institucional del señor Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo del AyA, por su deber de control y coordinación institucional. Su inacción ante esta problemática estructural compromete la integridad del servicio público, y su responsabilidad no puede ser ignorada.

Estos hechos constituyen no solo una grave violación a los derechos laborales, sino una amenaza directa a la salud pública, la legalidad institucional y la seguridad de las personas trabajadoras.

La ANEP reafirma su compromiso con la defensa del personal del AyA y exige la adopción inmediata de medidas correctivas, rendición de cuentas de los jerarcas responsables y respeto absoluto por la institucionalidad sanitaria y laboral.

¡NO MÁS IMPUNIDAD NI ABANDONO EN EL AYA!

¡POR LA SALUD, LA DIGNIDAD Y LA LEGALIDAD!

San José, Costa Rica 10 de julio 2025

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente un posible caso de tráfico de influencias y trato preferencial en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que involucra directamente a la vicepresidenta de la Junta Directiva de la institución, Elizabeth Fallas Monge, y al presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada.

Según consta en el acta oficial de la sesión de Junta Directiva N.° 14 del 25 de febrero del 2025, la señora Fallas reconoció haber gestionado directamente con el presidente ejecutivo la instalación de un medidor de agua para su propiedad, luego de que la atención regular le fue programada para el tercer trimestre del año. Posterior a dicha llamada, la orden de instalación fue emitida el 17 de diciembre de 2024 y el servicio se concretó en febrero de este año, es decir, varios meses antes de lo que se les comunica comúnmente a los usuarios.

Lo más grave del caso es que, en la misma sesión en que presidía la Junta Directiva, la señora Fallas criticó públicamente los rezagos institucionales para la instalación de medidores, sin revelar que ella ya había sido favorecida por una gestión irregular fuera del procedimiento técnico establecido.

Ante estos hechos, la ANEP ha remitido un oficio formal al Consejo de Gobierno, solicitando que:

                1.            Se investigue el uso del cargo por parte de Elizabeth Fallas Monge para obtener un beneficio personal.

                2.            Se determine la responsabilidad política y administrativa del presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada, por haber presuntamente intervenido para alterar el orden institucional de atención a favor de una alta jerarca.

                3.            Se valore si procede la remoción de ambas personas de sus respectivos cargos.

                4.            Se garantice a la ciudadanía transparencia, igualdad de trato y acceso equitativo al servicio público de agua potable.

Desde la ANEP, reiteramos que actos como este quiebran la confianza en las instituciones públicas y refuerzan la percepción de privilegios para las cúpulas políticas, mientras el pueblo enfrenta largas esperas y rezagos en el acceso a un servicio tan esencial como el agua.

Ningún jerarca debe estar por encima de la ley ni del procedimiento técnico institucional. Exigimos rendición de cuentas inmediata.

¡Basta de privilegios! ¡Basta de tráfico de influencias!