Categoría: Comunicados de Prensa

– Esta reorganización fue promovida por Juan Manuel Quesada, Expresidente Ejecutivo, Alejandra Mora, Gerente General y María José Castillo, Subgerente

La Seccional de ANEP en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia públicamente las severas inconsistencias técnicas, omisiones críticas, ausencia de participación y falta de transparencia en la propuesta de “Reorganización Institucional Parcial” contenida en el Estudio Técnico de julio 2025, elaborado por el Consorcio Aguas de Escazú.

Esta propuesta, lejos de resolver los problemas estructurales de la institución, pone en riesgo el servicio público, precariza el empleo institucional, carece de rigor técnico y fue elaborada sin una consulta legítima, técnica, ni jurídica, con el personal institucional, ni con las partes interesadas externas, como las ASADAS, sindicatos y usuarios del servicio.

Principales irregularidades y faltantes de la propuesta

1. Sobre el análisis funcional y la duplicidad de funciones

• El documento afirma haber evidenciado duplicidad de funciones mediante “análisis funcional”, sin embargo, la fuente principal es una encuesta anónima aplicada en 2023, no un estudio técnico riguroso. No se adjunta ninguna matriz técnica que precise cuáles funciones están duplicadas ni evidencia empírica.
• No se usaron estudios de cargas de trabajo, flujos de procesos reales, ni instrumentos metodológicos de evaluación funcional. Tampoco se indica cuánto tiempo dedicó la consultora a este diagnóstico ni si se empleó personal de planta del AyA para validarlo.

 2. Impacto grave en el recurso humano

• Se proponen fusiones, eliminaciones y reconfiguraciones de unidades, sin indicar cómo se implementarán sin despidos ni reducción de plazas. Esto es técnicamente imposible.
• Se sugiere la reasignación y traslado de plazas, cambios de perfiles, sin contemplar el pago de indemnizaciones, ni mecanismos de protección para los trabajadores afectados.
• No se presenta un plan de capacitación, ni adaptación de los perfiles actuales de puestos al nuevo modelo propuesto.
• Se ignora el impacto psicosocial del cambio y no se acompaña de estudios de clima organizacional ni de cargas de trabajo.

 3. Estructura organizacional propuesta vs. realidad institucional

• Se habla de reorganización “parcial” pero se modifica toda la estructura institucional.
• La estructura planteada no es consistente con el nuevo mapa de procesos, lo que puede generar mayor fragmentación y afectar la eficiencia institucional y la ejecución de proyectos.
• Se confunde y revuelve la función rectora del AyA con la función operativa y delegada, lo cual implica una distorsión del modelo de gobernanza institucional.

4. Ausencia total de estudios financieros, legales y de riesgo

• No se presenta flujo de caja proyectado, ni análisis de costo-beneficio de la reorganización.
• No se cuantifican los costos de inversión en tecnología, capacitación, ni cambios en sistemas.
• No se aporta análisis jurídico de la Dirección Jurídica del AyA que vincule la propuesta con el marco legal y reglamentos vigentes.
• No se indica cómo se cubrirán los costos de implementación ni cuál será el impacto en la tarifa final al usuario.
• No se presenta análisis de riesgos, ni plan de acción preventivo ante impactos negativos operativos, técnicos o legales.

 5. Grave falta de consulta y legitimidad

• El único insumo participativo citado es una encuesta anónima y autodirigida, sin control técnico ni representatividad estadística.
• No se adjuntan actas, minutas, acuerdos, ni sesiones de trabajo con direcciones ni sindicatos.
• El estudio no incluyó a las más de 1000 ASADAS del país, a pesar de que muchas operan bajo delegación del AyA.
• No queda claro cómo se seleccionó la consultoría contratada, ni se explican los criterios de contratación.

 6. Riesgo de precarización laboral y tercerización encubierta

• El documento habla expresamente (p. 40) de tercerizar procesos no críticos, lo cual puede ser la antesala de privatizaciones parciales, debilitando el carácter público del servicio.
• No se aclara qué procesos se consideran “no críticos” ni cómo se define el criterio.
• El planteamiento favorece la concentración del poder en la Gerencia General, disminuyendo la autonomía técnica y desconcentrada.

 7. Inconsistencias internas y errores

• El documento presenta errores graves: por ejemplo, en la página 33, hay inconsistencias en la distribución del personal entre áreas sustantivas y administrativas.
• La propuesta no indica cómo se van a coordinar los procesos clave del ciclo de inversión, lo que podría entorpecer aún más la ejecución de obras.
• La formulación de proyectos sigue dispersa entre varios actores, y el paso del diseño a la ejecución dependerá aún más de la coordinación vertical de la Gerencia General, creando cuellos de botella.
• No se indica cómo se definió el personal requerido por unidad.

 8. Sin cronograma, sin fases, sin ejecución

• El estudio no presenta un cronograma de implementación, ni fases, ni responsables.
• No hay plan de acción, ni distribución de recursos humanos, tecnológicos y físicos para la ejecución de la nueva estructura.
• No se muestran resultados esperados, metas cuantificables ni mejoras concretas al servicio.

EXIGIMOS:

1. La suspensión inmediata de la reorganización hasta que exista una revisión independiente, técnica y validada del estudio presentado.
2. La apertura de una mesa de trabajo con sindicatos y funcionarios técnicos para rediseñar la propuesta con participación vinculante.
3. La rendición de cuentas del proceso de contratación del Consorcio Aguas de Escazú.
4. El respaldo jurídico integral a cualquier modificación estructural, conforme a la Ley Marco de Empleo Público y la normativa del AyA.
5. La garantía de derechos laborales, no despidos, no tercerización y respeto al régimen de empleo público.

Este documento no es un estudio técnico, sino una declaración política disfrazada de modernización. No presenta pruebas, ni respaldo legal ni financiero. Se elaboró sin consultar a quienes sostienen la operación del AyA: su personal técnico, administrativo y de campo.

La ANEP no avalará una reforma institucional impuesta desde arriba, sin participación, sin datos confiables y sin respeto por los derechos humanos laborales y sociales.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. SU GESTIÓN DEBE MANTENERSE PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

-ANEP exige destitución de funcionaria y apertura de investigación contra jerarcas del instituto

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), informan a la opinión pública que, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0380-2025, el Ministerio de Salud ha confirmado el incumplimiento de la orden sanitaria girada a la Dirección de Maquinaria y Equipo del AyA, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Servicios de Apoyo, en Pavas.

Dicho documento oficial, emitido este 17 de julio, establece:

                • Que los trabajos ordenados no han sido concluidos y persisten condiciones físico-sanitarias inadecuadas.

                • Que el acto administrativo no ha sido cumplido completamente.

                • Que se ha procedido con el cobro de multa a la institución y la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad sanitaria.

Este grave señalamiento confirma lo denunciado durante meses por la ANEP: condiciones insalubres, omisión administrativa, y desprotección total de la salud de los trabajadores en dicha unidad operativa.

Frente a la confirmación oficial del incumplimiento, ANEP exige lo siguiente:

1. Apertura inmediata de procedimiento disciplinario contra la señora Jéssica Brizuela, directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, por presunta negligencia, incumplimiento de deberes y desobediencia a las autoridades competentes.

                2.            Destitución inmediata de la señora Brizuela, por parte de la Junta Directiva del AyA, por su responsabilidad directa en estos hechos y su reiterada indiferencia ante las condiciones laborales del personal a su cargo.

                3.            Apertura de procedimiento de investigación contra la Gerente General, Alejandra Mora Segura, por omisiones graves en su obligación de supervisión y cumplimiento de la legalidad institucional. Su pasividad ante las advertencias de la ANEP y las resoluciones del Ministerio de Salud resulta inaceptable.

                4.            Determinación de responsabilidad política e institucional del señor Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo del AyA, por su deber de control y coordinación institucional. Su inacción ante esta problemática estructural compromete la integridad del servicio público, y su responsabilidad no puede ser ignorada.

Estos hechos constituyen no solo una grave violación a los derechos laborales, sino una amenaza directa a la salud pública, la legalidad institucional y la seguridad de las personas trabajadoras.

La ANEP reafirma su compromiso con la defensa del personal del AyA y exige la adopción inmediata de medidas correctivas, rendición de cuentas de los jerarcas responsables y respeto absoluto por la institucionalidad sanitaria y laboral.

¡NO MÁS IMPUNIDAD NI ABANDONO EN EL AYA!

¡POR LA SALUD, LA DIGNIDAD Y LA LEGALIDAD!

San José, Costa Rica 10 de julio 2025

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente un posible caso de tráfico de influencias y trato preferencial en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que involucra directamente a la vicepresidenta de la Junta Directiva de la institución, Elizabeth Fallas Monge, y al presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada.

Según consta en el acta oficial de la sesión de Junta Directiva N.° 14 del 25 de febrero del 2025, la señora Fallas reconoció haber gestionado directamente con el presidente ejecutivo la instalación de un medidor de agua para su propiedad, luego de que la atención regular le fue programada para el tercer trimestre del año. Posterior a dicha llamada, la orden de instalación fue emitida el 17 de diciembre de 2024 y el servicio se concretó en febrero de este año, es decir, varios meses antes de lo que se les comunica comúnmente a los usuarios.

Lo más grave del caso es que, en la misma sesión en que presidía la Junta Directiva, la señora Fallas criticó públicamente los rezagos institucionales para la instalación de medidores, sin revelar que ella ya había sido favorecida por una gestión irregular fuera del procedimiento técnico establecido.

Ante estos hechos, la ANEP ha remitido un oficio formal al Consejo de Gobierno, solicitando que:

                1.            Se investigue el uso del cargo por parte de Elizabeth Fallas Monge para obtener un beneficio personal.

                2.            Se determine la responsabilidad política y administrativa del presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada, por haber presuntamente intervenido para alterar el orden institucional de atención a favor de una alta jerarca.

                3.            Se valore si procede la remoción de ambas personas de sus respectivos cargos.

                4.            Se garantice a la ciudadanía transparencia, igualdad de trato y acceso equitativo al servicio público de agua potable.

Desde la ANEP, reiteramos que actos como este quiebran la confianza en las instituciones públicas y refuerzan la percepción de privilegios para las cúpulas políticas, mientras el pueblo enfrenta largas esperas y rezagos en el acceso a un servicio tan esencial como el agua.

Ningún jerarca debe estar por encima de la ley ni del procedimiento técnico institucional. Exigimos rendición de cuentas inmediata.

¡Basta de privilegios! ¡Basta de tráfico de influencias!

Así se desprende del documento GG-PIMG-1282-2025, fechado el 24 de junio de 2025, enviado por la Dirección de Plan Innovación de la Caja Costarricense del Seguros Social, luego de la consulta realizada por nuestra organización, para conocer los costos económicos asociados a las licencias del sistema administrativo ERP-SAP, a nivel nacional, desde el inicio de su implementación hasta la finalización de los contratos vigentes. Así como los costos económicos correspondientes al mantenimiento del sistema informático.

Según se establece en el documento, la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá pagar anualmente una suma de $1.155.000 para el mantenimiento, actualización y licencias de dicho programa.

A esto se suma que la institución ya ha pagado la suma de $1.624.904 en dos contratos adicionales a la licitación original de $52 millones para implementar el sistema ERP-SAP.

“ Finalmente, para dar continuidad a los servicios de actualización y soporte de las 12,071 licencias SAP S/4 HANA posterior al año 2025, se tramitó una nueva contratación mediante el SICOP, bajo el procedimiento 2025LY-000002-0001101161. De este procedimiento se derivó el Contrato N.º 0432025116100044-00, por un monto de $1,155,000.00 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil dólares con 00/100) anuales, el cual actualmente se encuentra en etapa de refrendo jurídico institucional.  Este contrato tiene como objetivo cubrir los servicios de actualización y soporte correspondientes a los años 2026 y 2027, por un total de $2,310,000.00.”, indica el documento.

Por su parte, el Secretario General de la ANEP, cuestionó el monto millonario que deberá desembolsar la CCSS anualmente por estas licencias y actualización del sistema 

“Las cifras que estamos conociendo del costo de ese proceso informático, del costo de las licencias y de lo que hay que pagar en los próximos años para que el sistema opere, es realmente escandaloso, es más, debería generarse ya una investigación de oficio del Ministerio Público”, declaro Vargas.

En el documento también se establece que, la CCSS, debió realizar una modificación del contrato inicial por un monto cercano al millón de dólares.

“Posteriormente, se realizó una modificación unilateral del contrato N° 2020-09, amparada en el artículo 208 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta modificación dio origen a la Adenda N° 2, correspondiente al Entregable N.º 47, cuyo objeto fue la contratación de los servicios de actualización, soporte y mantenimiento de las licencias SAP S/4 HANA.”, se indica en el archivo.

Además agrega “El monto asociado a esta adenda es de $955,500.00 (novecientos cincuenta y cinco mil quinientos dólares estadounidenses), con una vigencia comprendida entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2024.”

Pero este no sería el único desembolso realizado por la institución, luego de la implementación del sistema ERP-SAP, que habría costado la suma de 52 millones de dólares, ya que se debió gestionar una nueva contratación, esta vez por un monto cercano a los 670 mil dólares

“Como se desprende de lo anterior, la vigencia del soporte contratado mediante la Adenda N.°2 concluyó en noviembre de 2024. Por tal motivo, se gestionó una nueva contratación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), bajo el procedimiento 2024XE-000002-0001101161, del cual se derivó el Contrato N.º 0432024116100272-00, por un monto de $669,404.24 (seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuatro dólares con veinticuatro centavos), con vigencia para todo el año 2025.

El pasado lunes 2 de junio, la ANEP, solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS, abrir una investigación sobre la ejecución y desarrollo de este sistema, al considerar que se encuentra rodeado de una serie de irregularidades, entre estas un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

El 10 de junio la ANEP, también solicitó, al Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), investigar una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP en la CCSS.

ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto y ahora se suman estos nuevos datos.

Este 24 de junio la Contraloría General de la República informó que ya ha dado tramite a la denuncia de la ANEP,  la cual fue trasladada como insumo al Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social (BIS), con la finalidad de que sea considerado para la planificación de una acción de fiscalización, en el marco de las competencias de la Contraloría General.    

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.  

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en AyA, manifiesta su profunda preocupación ante la renuncia presentada por la Directora de Comunicación Institucional (interina) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), María Jesús Chavarría Montero, quien en su carta denuncia limitaciones estructurales, falta de visión estratégica y una preocupante instrumentalización de la comunicación institucional con fines personalistas.

Este hecho no puede verse como un caso aislado. Se trata de una señal clara del deterioro en la gobernanza interna de una institución estratégica para el país, en donde la comunicación —en lugar de servir al interés público— ha sido utilizada como un mecanismo de promoción de la figura del Presidente Ejecutivo, Juan Manuel Quesada, ignorando su verdadero rol institucional: informar, educar, conectar y generar confianza con la ciudadanía.

Interinazgos cuestionables y prácticas contrarias a la ley

A pesar de que la señora Chavarría fue seleccionada mediante un concurso externo, su puesto se mantuvo en condición interina. Tras su salida, la Presidencia Ejecutiva nombra nuevamente de forma interina a otra persona, sin abrir el proceso para un nombramiento en propiedad, lo cual evidencia un patrón de prácticas administrativas que violentan la legalidad y perpetúan la discrecionalidad en el acceso a cargos estratégicos.

Desde ANEP denunciamos esta situación como una clara violación al marco regulatorio vigente, en particular a la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.º 10159), que en su artículo 38 establece que los interinazgos deben ser temporales, debidamente justificados y no pueden utilizarse para evadir los concursos públicos. El artículo 39 de la misma ley advierte que el abuso de estas figuras puede acarrear responsabilidad administrativa para los jerarcas que incurran en estas prácticas.

Estas acciones debilitan la institucionalidad, erosionan la confianza en los procesos de selección, y excluyen a profesionales calificados que desean aportar desde el servicio público bajo condiciones estables y justas.

Comunicación institucional al servicio de una persona y no de la ciudadanía

La carta de renuncia deja en evidencia que la Dirección de Comunicación ha sido reducida a una función reactiva y operativa, sin planificación estratégica ni articulación real con los objetivos institucionales. Lejos de utilizarse para informar sobre los grandes retos del AyA en saneamiento, infraestructura y acceso al agua, la comunicación ha sido dirigida principalmente a reforzar la imagen pública del jerarca, en detrimento de una verdadera rendición de cuentas.

Campañas institucionales, recursos humanos y esfuerzos técnicos han sido dirigidos, según lo denunciado, más al posicionamiento de una figura que a la misión institucional. Esto representa un uso indebido de los recursos públicos que no puede pasar inadvertido.

ANEP solicita la intervención urgente de la Junta Directiva de AyA, para que se de:

1. La apertura inmediata de un concurso para el nombramiento en propiedad de la Dirección de Comunicación Institucional.
2. La revisión administrativa y legal de los nombramientos interinos en el AyA, especialmente en puestos estratégicos.
3. El cese inmediato de toda campaña institucional orientada a beneficiar la imagen del Presidente Ejecutivo.
4. La publicación de un informe detallado sobre el uso de recursos en comunicación durante los últimos 12 meses.

Desde ANEP reiteramos que el servicio público debe regirse por principios de legalidad, mérito, equidad y eficiencia. La renuncia de una profesional calificada, motivada por razones éticas y estructurales, debe encender las alertas institucionales y ciudadanas.

La comunicación institucional no es una herramienta de propaganda para campañas políticas con recursos públicos.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

– La protección de la niñez y adolescencia es un deber del Estado, no un recurso para eludir responsabilidades.

– La ANEP exige respeto y compromiso real con los derechos de la niñez costarricense.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su más enérgico rechazo a las declaraciones emitidas por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, durante la conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado 25 de junio.

En esa comparecencia pública, de manera alarmista e irresponsable, se expuso información sensible sobre personas menores de edad bajo la protección del Estado, instrumentalizándolas como argumento político para intentar justificar las falencias del sistema de protección y las tensiones existentes con otros Poderes de la República.

Todas las personas menores de edad merecen un tratamiento legal, ético y comunicacional acorde con su condición, el interés superior de la persona menor de edad y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.

No es admisible que un día se invoque el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, y al siguiente se les exponga ante el país con afirmaciones estigmatizantes y discriminatorias.

No es coherente rechazar el uso de la imagen de la niñez en convocatorias ciudadanas, y luego convertirles en el centro de un discurso con fines políticos y mediáticos.

¿Desde cuándo es aceptable que el Estado utilice a las personas menores de edad bajo su tutela como recurso argumentativo para encubrir deficiencias institucionales?

Lo más grave de las declaraciones de la Presidenta Ejecutiva del PANI es que convierten una obligación del Estado —la protección integral de toda persona menor de edad, sin excepción, incluyendo a quienes enfrentan procesos judiciales— en un mecanismo para desviar responsabilidades y alimentar temores. Con ello:

• Se revictimiza a quienes ya han sido vulnerados por el propio sistema de protección.
• Se profundizan estigmas sociales hacia adolescentes en condición de vulnerabilidad.
• Se distorsiona el rol esencial del PANI, que no es castigar ni etiquetar, sino garantizar derechos y proteger integralmente.

La discusión sobre los presupuestos institucionales, incluyendo los ₡13.000 millones destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG), los ₡3.600 millones para tutores, los ₡1.865 millones para servicios de apoyo profesional y los casi ₡4.000 millones para la operación ordinaria de albergues, no puede ni debe fundamentarse en cuántas personas menores de edad enfrentan causas judiciales. El debate debe centrarse en cómo garantizar efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia, y no en administrar temores ni buscar culpables externos.

Lo sucedido constituye un acto irresponsable que lesiona gravemente la imagen institucional del PANI y traiciona el mandato legal, ético y social de protección que le corresponde cumplir como ente rector en materia de niñez y adolescencia. Ningún objetivo político puede ni debe justificar la exposición pública de personas menores de edad ni la utilización de su situación para encubrir crisis institucionales.

La ANEP hace un llamado a la reflexión responsable de las autoridades y a la urgente necesidad de devolver al PANI su verdadero propósito: la protección integral y digna de la niñez y la adolescencia, sin instrumentalizaciones ni exposiciones que desvíen la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la institución.

La niñez y la adolescencia merecen respeto, compromiso y acciones efectivas, no discursos que alimenten el miedo ni intentos de trasladar responsabilidades.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)