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Coronavirus y medidas gubernamentales: los ₡900 mil millones para créditos podrían ser “alegrón de burro”

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  • Bancos parecen objetar ya directriz del poder ejecutivo
  • ₡20 billones tendrían los bancos “guardados” al llegar la pandemia: Se podría cancelar toda la deuda del Estado con la Caja  y tal cantidad equivale a 7 préstamos del FMI

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), entidad del poder financiero del país que agrupa a los bancos públicos y privados, está indicando ya que tales entidades están muy reguladas por lo cual deberán comportarse con “prudencia” y con “responsabilidad”, al momento de procesar la directriz del Poder Ejecutivo para que se disponga de la enorme cantidad de ₡900 mil millones a fin de otorgar créditos altamente flexibles para la reactivación económica del país, en el marco de las graves consecuencias  de la pandemia del coronavirus covid-19; créditos que serían a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas.

El planteamiento de la ABC parece indicar una especie de “rebeldía” para con el mandato del Poder Ejecutivo, de forma tal que se estaría confirmando las preocupaciones que surgieron, al momento mismo del anuncio presidencial, en diversos sectores sociales y políticos de que, a efectos de disponer de esos ₡900 mil millones en poder de los banqueros, no será nada fácil accesar a esos dineros para  las miles de personas trabajadoras y emprendedoras afectadas por el covid-19, las cuales necesitan con urgencia apoyo económico-estatal para salir adelante.

Adicionalmente, ABC lo que está diciendo es que sin el aval del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como del propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), los ₡900 mil millones para crédito de emergencia será, repetimos, un “alegrón de burro”.

Así las cosas, pareciera que el anuncio gubernamental de los ₡900 mil millones para créditos productivos e inmediatos, corre el riesgo de convertirse en un “alegrón de burro”; expresión popular que define un anuncio positivo como algo, finalmente, inmaterializable.

A los banqueros, literalmente hablando, les sobra la plata. Datos en poder de ANEP, proporcionados por el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), indican que, a setiembre de 2018, la cifra total en cuanto a depósitos del público y tenencia de activos de los bancos en moneda extranjera, ascendía, ¡en dólares USA!, a 32 mil 820 millones; es decir, ₡18 billones 707 mil 400 millones; repetimos, a setiembre de 2018.

Ocho años antes, en el 2010, tal cantidad era de $17 mil 933 millones 900 mil; o sea, ₡10 billones 222 mil 323 millones. Es decir, en este período de 8 años, los banqueros incrementaron sus activos-depósitos en moneda extranjera es $14 mil 886.100 millones: a razón de $1.860 millones 762 mil 500.

Entonces, si a setiembre de 2018, los banqueros tenían $32 mil 820 millones en activos-depósitos en moneda extranjera (básicamente dólares); y si llegaron a esta cantidad a partir de $17 mil 933 millones 900 mil que tenían en el 2018, ese gigantesco crecimiento fue a razón de 1$.860 millones 762 mil 500 anuales (o, 109.456.617.647 dólares por mes).

Entre setiembre de 2018 y febrero de 2020, transcurrieron 17 meses, lo cual pudo haber incrementado las arcas de los banqueros (creciendo, promedialmente, a razón de 109.456.617.647, por mes), hasta llevarla a la cantidad de $35 mil millones 456 mil 80; nada más y nada menos que ₡20 billones 209 mil millones.

Los ₡900 mil millones ofrecidos por el Poder Ejecutivo para crédito urgente a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas, apenas representaría un 4.5 % del total de la plata que tienen los banqueros al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19.

Es más, es tan gigantesca la cantidad de plata que hay en el sistema bancario-financiero del país que se podría pagar toda la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acumulada al momento, unos $3 mil 500 millones, tan solo el 10 % del monto total que habría en las arcas banqueras hoy en día.

Igualmente, $35 mil millones en poder de los bancos equivale a 7 veces el monto del crédito que se pretende imponerle al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), teniendo Costa Rica que vender sus mejores activos públicos, esos que, precisamente, han destacado en el combate a la pandemia del covid-19.

Nótese que no hemos hablado de los $8 mil millones que tiene por concepto de reservas monetarias internacionales, el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto es completamente distinto de lo que hemos comentado aquí.

Definitivamente, el rumbo económico que le han impuesto al país las últimas administraciones gubernativas es una catástrofe para las mayorías ciudadanas; pero, a la vez, ha generado una concentración de poder financiero de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia republicana costarricense.

Seccional ANEP-Fuerza Pública luchará por recuperar el salario de los policías

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  • El reciente aumento salarial no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al ser incluidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
  • Policías reportan a la seccional que aún no les llega el ajuste salarial.

La Seccional ANEP-Fuerza Pública mantiene la consigna de luchar por mejores condiciones laborales para los policías, en este caso una de las principales acciones es la reivindicación salarial que, pese al reciente ajuste, éste no se equipara con lo que dejaron de percibir los oficiales al aprobarse la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para la seccional, aunque la noticia de que el incremento salarial se hizo efectivo la segunda quincena de abril es bien recibida, existe un malestar en la población policial por la inconsistencia en la información que brindó la administración.  

“El juego de palabras” del Ejecutivo creó confusión en los policías, ya que el aumento es nominal, con la Ley del “Combo Fiscal”, los incentivos salariales porcentuales desaparecieron por lo que un aumento a la base no tiene efecto sobre los otros rubros.

“Si bien en la Seccional ANEP Fuerza Pública entendemos la alegría que pueden sentir muchos de nuestros compañeros y compañeras, lo cierto es que dicho incremento sigue siendo ínfimo para alcanzar una verdadera reivindicación salarial. Por otro lado, se debe recordar que a nuestros cuerpos policiales se les incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que el porcentaje del incremento es inferior a lo rebajado por la aplicación de la Ley 9635”, agregó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

“Otro aspecto a considerar es que hemos atendido a varios funcionarios que nos indican haber quedado excluidos del incremento salarial, a pesar de que no ostentan un cargo de jefatura, sino que manejan plazas de agente de policía, aparentemente se trata de un tema de nomenclatura. En tal sentido, una vez más se provoca desilusión, división y rivalidades en lo interno de nuestra policía”, agregó Anchía.

Bajo ese panorama, la Seccional solicitará a la institución explicaciones para poder esclarecer el por qué algunos oficiales quedaron fuera o si existió algún fallo en los cálculos. Además, el sindicato pide a los afiliados afectados facilitar los datos para analizar caso por caso y de ser necesario establecer los procesos legales correspondientes.

Recordemos que, de acuerdo con algunas proyecciones, un Agente I con la aplicación de la Ley 9635 perdió aproximadamente ₡90 mil de su salario en un periodo de 6 años.

La Seccional considera paradójico, que el Poder Ejecutivo, primero haya incluido al gremio policial en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (combo fiscal) y después se quiera mostrar “benevolente” con la misma. Es un doble discurso porque pudo excluirlos de la Ley Fiscal dada su condición de excepcionalidad, lo cual habría representado un reconocimiento al valor, la entrega, la mística, la vocación y el sacrificio que conlleva la función policial.

¡Fuera las municipalidades de la regla fiscal! ANEP reitera respaldo al proyecto 21.922

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  • Exhortamos al plenario legislativo a darle votación en primer debate este jueves 30 de abril
  • Solamente con servicios públicos fortalecidos la pandemia nos afectará menos
  • Proyecto ha unido a la familia municipal costarricense como en ninguna otra ocasión

De manera totalmente diáfana y contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia de su total respaldo, una vez más, al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; exhortando a los señores diputados y a las señoras diputadas para que en la sesión plenaria de mañana jueves 30 de abril, le den el voto favorable.

Sacar a las municipalidades de la cobertura de la nefasta regla fiscal, contaminada ésta muy ideológicamente más que representar una preocupación objetiva por la solidez de las finanzas públicas, siempre fue un objetivo fundamental de la ANEP en cuanto a su presencia sindical en las municipalidades del país; pues desde que se estaba tramitando la hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; cuando era el Expediente Legislativo No. 20.580, denunciamos la errática decisión política de someter a los gobiernos locales a tal normativa, considerando que -entro otros nefastos aspectos-, se violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal.

Hoy, que los profundos efectivos negativos, fundamentalmente económico-sociales, de la pandemia del coronavirus covid-19, hacen estragos en nuestro país (y en todo el mundo), la relevancia de los servicios públicos estatales está posicionándose con lógica fuerza para superar la crisis, de modo que resulta más que oportuno que tal proyecto 21.922 se convierta en ley de la República cuanto antes, lo cual satisface a la ANEP que ya había gestionado un proyecto propio en tal sentido, desde mayo de 2019.

Los servicios públicos municipales están en la primera línea de combate en cuanto a los efectos negativos socioeconómicos de la pandemia y mediando la ley derivada del Expediente Legislativo 21.922, se abre un abanico de posibilidades de intervención más dinámica y eficaz de la acción municipal.

Por supuesto que la ANEP y sus seccionales municipales, con presencia ya en un 75 por ciento de los gobiernos locales del país, estará vigilante de que ello sea así, denunciando cuando proceda si el objetivo perseguido se distorsionara.

Por otra parte, estamos observando un consenso nunca antes manifestado en el seno de la institucionalidad municipal costarricense, pues las alcaldías entrantes y salientes, los concejos que terminan su período constitucional 2016-2020 y los que lo inician este viernes primero de mayo; la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI); así como las fuerza obrero-laboral municipal del país, organizada mayoritariamente bajo las banderas de la ANEP, hemos cerrado filas en favor de esta iniciativa de ley 21.922.

Bien hacen las actuales personas legisladoras en recoger esta expresión de fuerte sentimiento cívico-municipal para darle a los gobiernos locales más agilidad de gestión y disposición de sus propios recursos sacándoles de la regla fiscal del combo-ley 9635.

Un grupo muy representativo de la comunidad obrero-laboral municipal estará mañana jueves 30 de abril, en las afueras del Museo de los Niños (sede parlamentaria de urgencia), monitoreando la votación al interior del plenario legislativo; presencia física de apoyo que se dará observando la rigurosidad de las normas sanitarias dispuestas por la pandemia del covid-19, entre ellas el distanciamiento mínimo exigido entre personas.

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera”

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Comunicado de Prensa

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera” en rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país

  • Documento contiene propuestas de economistas, politólogos y luchadores sociales

Diversos sectores sociales del país agrupados en ANEP, ASDEICE, FIT, CONCOOP, SIPROCNP, UNAG y el Encuentro Social Multisectorial, presentaron este martes ante la opinión pública la propuesta “Desde la otra acera” con el objetivo de rescatar los sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país, mediante la institucionalidad costarricense.

La propuesta, que ya fue presentada al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, desde el pasado 14 de abril, contiene seis ejes de abordaje, enmarcados en la vocación propositiva, que, a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, han presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.

“Desde la otra acera” aporta ideas de economistas del calibre de William Hayden Quintero, Luis Paulino Vargas Solís, Olman Segura Bonilla, Welmer Ramos González (diputado), Además, de abogados como Pablo Barahona Kruger y José María Villalta (diputado). Además, reúne pensamiento de politólogos como Claudio Alpizar Otoya y Jaime Ordoñez Chacón, a quienes se le unen dirigentes sociales como Albino Vargas Barrantes, entre otros.

En el documento se encuentran medidas para aportar liquidez financiera a la Institucionalidad del Estado, para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia, apoyo económico de quienes sufren la crisis, así como rescate con inclusión social y productiva. Además, de medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

César López Dávila, representante del Encuentro Social Multisectorial y encargado de compilar las diversas propuestas, indicó que el documento surge ante la afectación e impacto económico-social que atraviesa el país, provocado por la pandemia del COVID-19.

“La generalidad de lo que se expone en el documento, propone una compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país”, detalló López.

Por su parte, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, manifestó que “el presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo”.

Debate nacional y una propuesta “Desde la otra acera”

La búsqueda de liquidez financiera para dar soporte a la economía ante la emergencia sanitaria, ha suscitado debate nacional.

“No han faltado economistas que vieron en “patadas” la metáfora adecuada para proponer cierre técnico de instituciones, y disminución de jornada y salario a funcionarios públicos; sindicatos de patronos que ignorando el carácter de ahorro obligatorio exigen la derogación del decreto de salario escolar; y hasta expresidentes de la república, que insistiendo en “combos” privatizadores reiteran la necesidad de vender activos estatales como BICSA, FANAL, BCR y el INS”, explicó López.

Ante este escenario, ha surgido, una gama más amplia de opciones, que requerían un hilo conductor que permitiera un cuerpo común para integrar una propuesta desde la otra acera con respuesta de política justa e inclusiva, con la intervención del Estado, por lo que consideran erróneo el debilitamiento de la institucionalidad que permite enfrentar con responsabilidad social la pandemia.

“Muchos consideramos que se debe apoyar a las pymes y al empleo, pero garantizando que la ayuda también llegue a las personas trabajadoras. Creemos que reducir salarios que no estén en riesgo de despido, impacta una serie de encadenamientos que hacen caer aún más la producción y el consumo. Precisamente, esta propuesta cree que la equidad social alcanza para fijar medidas a sectores cuyas rentas y ganancias les permiten un aporte solidario. Queremos que la ayuda llegue con urgencia a la mayor cantidad de compatriotas”, finalizó López.

San José, martes 21 de abril de 2020.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd

Tasas de usura: 39% sigue siendo usura

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  • Proyecto 20.861 se queda corto, pero debe aprobarse y queda mucho por hacer.
  • Sector bancario-financiero es multimillonario y lo seguirá siendo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa públicamente, un apoyo crítico al Expediente Legislativo No. 20.861 que pretende ponerle un tope al cobro abusivo en las tasas de interés que se cargan a las tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos, créditos bancarios y otras operaciones crediticias de carácter financiero; estableciéndose un cobro máximo de tasas de interés del 39% para créditos en colones y un 31.35% para créditos en dólares.

ANEP estima que tales montos siguen siendo de carácter usurero y deberían reducirse sustancialmente. Sin embargo, dicho proyecto de ley debe aprobarse quedando en evidencia que falta mucho camino por recorrer en tal sentido; así como que el tema debe seguir pendiente en una agenda socioeconómica que persiga la reducción de las desigualdades y mayor integración con justicia social.

 Información pública reiterada en esta fecha y que ya había sido dada a conocer tiempo atrás, indica que el sector bancario-financiero que lucra con todo tipo de tasas de interés, habría obtenido ganancias, en el año 2018, por el orden de los ₡2 billones 300 mil millones (₡2.300.000.000.000); cifra más que escandalosa e claramente indicativa de cómo se ha posicionado en el país la desigualdad y, a contraparte, se ha dado la concentración de la riqueza.

Para ese año 2018, el sector emisor de tarjetas de crédito habría obtenido, promediando un cobro de usura del orden del 50 %, unos 638 mil millones de colones. Por su parte, el negocio del empeño y de ciertos bufetes prestamistas, con tasas de hasta un 90%, se habría embolsado unos ₡610 mil millones. Para el caso de las ventas de electrodomésticos, con intereses de un 60 %, la suma de ganancia habría generado unos ₡883 mil millones.

Tales datos se basan en informes del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), del Proyecto Estado de la Nación; e, incluso, de la Academia de Centroamérica.

Por otra parte, no hay evidencia clara ni contundente que pueda sostener que tal nivel de ganancias ha sido correspondido con una contribución tributaria realmente justa y equitativa. Con la regulación de tasas de usura al 39%, para créditos en colones, como lo propone el indicado proyecto de ley, los sectores que nutren sus riquezas producto de este tipo de negocios, continuará siendo archimillonario.

Es un argumento sumamente pobre plantear que los sectores menos favorecidos económicamente serían los más afectados, vía exclusión, si tal proyecto se vuelve ley de la República en los próximos días.

Es más, es éste un sector al cual se le debe exigir un aporte tributario de carácter extraordinario-solidario, para la ayuda social necesaria a todos los sectores afectados por la pandemia del covid-19, incluyendo micro-pequeñas y medianas empresas.