Comunicados de Prensa

ALUNASA incumple acuerdos conciliatorios de pago de las liquidaciones de sus trabajadores por más de mil millones de colones

Publicada el 08/11/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

105 trabajadores fueron despedidos hace casi un año y a la fecha no han recibido el pago de sus liquidaciones.

Pese a existir un acuerdo con el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; la entonces Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Esquivel Rodríguez; y la ANEP, la empresa ALUNASA incumplió, nuevamente, sus responsabilidades patronales con los trabajadores y con las trabajadoras de la empresa de capital venezolano, que esperaban el día de ayer, 7 de noviembre, recibir el pago de sus liquidaciones.

La deuda de la empresa ALUNASA asciende a poco más de mil millones de colones (1,021,296,900), por el despido de 105 trabajadores realizado el 16 de noviembre del 2021, quienes a la fecha no han recibido ni un solo pago por concepto de liquidaciones.

José Luis Rosales Elizondo, Presidente de la Seccional ANEP-ALUNASA, detalló que con mucho pesar los trabajadores han comprobado como los representantes patronales han incumplido con el pago acordado con el Ministerio de Trabajo como garante.

“Son muchas las familias que contaban con este dinero, para arreglar pagos con bancos y evitar perder sus propiedades…En pocos días se cumplirá un año desde nuestros despidos, y aquí estamos aun esperando, el justo pago de nuestras liquidaciones…”, manifestó Rosales.

Antecedentes

Las reuniones entre la ANEP, su seccional en ALUNASA y los representantes del actual Gobierno, iniciaron el pasado 29 de julio, cuando la entonces Ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, recibió a los trabajares y los representantes de nuestra organización.

Tan solo 13 días después, el 10 de agosto, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la Ministra de Trabajo, Marta Esquivel Rodríguez, anunciaron que, tras conversaciones con los representantes patronales, se había obtenido el compromiso de firmar conciliaciones de pago de liquidaciones laborales.

Pocos días después, cada uno de los trabajadores despedidos, fueron convocados por el MTSS de Puntarenas y por una semana entera, se estuvieron celebrando las audiencias de conciliación, con los 105 trabajadores, acordando el pago por un monto mayor a los mil millones de colones (1,021,296,900), pagaderos como fecha máxima, el lunes 7 de noviembre. Acuerdo que fue incumplido por ALUNASA.

“Desde que la seccional ANEP-ALUNASA fue atendida hasta la fecha, hemos podido sentir el respaldo del Gobierno de Rodrigo Chaves y su equipo de trabajo. Sabemos que don Rodrigo, con quien también la seccional ANEP-ALUNASA se reunió, acompañados por el Secretario General de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes, entre otras figuras de la alta dirección de nuestra organización sindical, no va a permitir que lo que él mismo anunció en conferencia de prensa, quede ahora como una promesa incumplida, por las acostumbradas maniobras de los representantes patronales de ALUNASA”, sentenció Rosales.

Desde la ANEP, solicitamos a las autoridades pertinentes aplicar todo el peso de la ley, y las sanciones respectivas a la empresa Alunasa por el incumplimiento del pago de las responsabilidades patronales, tal cual fue expuesto por Marta Esquivel Rodríguez, hoy presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El día de hoy, la Seccional ANEP-ALUNASA ha estado en comunicaciones contantes con la presidenta de la CCSS, autoridades del MTSS y el propio Gobierno de la República para buscar soluciones alternas a la vía judicial.

Diputados recortan partida de pago de intereses de la deuda

Publicada el 19/10/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

•ANEP aplaude y celebra recorte de ₡31 mil millones para atender necesidades sociales y comunales.

•Un recorte de ₡31 mil millones es ínfimo: equivale, apenas, a 5 días de pago de esos intereses obscenos.

ANEP aplaude la decisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de recortar ₡31 mil millones de la más que escandalosa cantidad de multi-millones que contempla el proyecto de presupuesto «de la República» para 2023 para el pago de intereses de la deuda pública, que consumirá el 47 % del mismo.

Atinada decisión legislativa que financia el desarrollo comunal y el municipal, vitales ambos para la Democracia.

Particularmente, los ₡9.802 millones d para las unidades técnicas de las municipalidades, da garantía de estabilidad institucional y sociolaboral que es fundamental en la gestión cotidiana de los gobiernos locales.

Relevante es de destacar que habrá financiamiento para vivienda de interés social, así como para el Museo de los Niños y el Parque La Libertad.

ANEP estima que hay urgencia social de más recortes en la partida de intereses de la deuda pública para atender carencias y precariedades en los servicios de seguridad ciudadana y en los cuerpos policiales, por ejemplo; o, también, en los estratégicos parques nacionales y áreas de conservación.

ANEP percibe este recorte de ₡31 mil millones como una lucecita en ese oscurísimo túnel de la deuda pública y de su obsceno pago diario de intereses.

Éste anda, por lo bajo, en unos ₡6 mil millones cada 24 horas. Los ₡31 mil millones de este, sin precedentes, primer recorte en la partida de pago de intereses, representa unos 5 días de pago de intereses. Algo que es «insignificante».

Finalmente, el reiterado clamor de la ANEP, que lleva ya varios años de formularse, cobra nueva vitalidad política: hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública y, particularmente, de su más que escandaloso pago diario de intereses.

Amparada en el Código Penal, ANEP solicita al Ministro de Hacienda denunciar y dar a conocer a los grandes evasores

Publicada el 17/10/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

Por medio de una carta enviada al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le solicita denunciar y dar a conocer públicamente los nombres de los grandes evasores fiscales. Lo anterior de conformidad con lo que reseña el artículo 281 del Código Procesal Penal.

Esta solicitud de la ANEP, nace luego de las recientes manifestaciones del propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el pasado 3 de octubre al periódico La Republica, donde indica que “existe una evasión fiscal de 3.600 millones de dólares”, lo que obliga, al jerarca de Hacienda, a denunciar con nombres, apellidos, claridad y precisión, quienes son esos intocables, grandes evasores.

El artículo 281 del Código Procesal Penal, en el cual se ampara nuestra organización, para tal solicitud indica que, “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. c) Las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones”.

Para la ANEP, el pueblo de Costa Rica como depositario de la soberanía de la nación, tiene el derecho de conocer y saber quiénes son esas empresas generadoras de la debacle fiscal en que encuentra sumido este país, cuyas nefastas consecuencias las sufre la clase más necesitada.

Compartimos y carta enviada al despacho del Ministro de Hacienda.

S.G.-21-25-1073-22-Ministerio-de-Hacienda Descarga

ANEP censura y condena contundentemente el recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional

Publicada el 10/10/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos y condenamos los recortes presupuestarios que ya se gestan por parte del Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para el Presupuesto General de la República 2023, al considerarlos irresponsables, irracionales e irreflexivos y con gran impacto social.

A la vez, brindamos fuerte respaldo político-sindical a esos diputados y a esas diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.

Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.

Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).

De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.

Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.

Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:

• La evasión tributaria y la elusión fiscales, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

• El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.

• La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.

• Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.

Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.

Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.

San José, lunes 10 de octubre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.

Recorte presupuestario en Seguridad Pública beneficiará al crimen organizado, impactando negativamente la seguridad ciudadana

Publicada el 03/10/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

• Reducción imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos

Desde la Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestionamos fuertemente el recorte presupuestario de mil millones de colones que sufrirá el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el año 2023, el cual se verá reflejado, sin lugar a dudas, en la seguridad pública que reciben todos los ciudadanos del país.

No es la primera vez que se presenta un recorte en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual prácticamente imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos. Esto, en momentos en que seguimos viendo como el narcotráfico se apodera de nuestro país, generando un incremento en los índices de violencia y de inseguridad ciudadana.

En verdad, hace un buen tiempo hemos venido señalando que, pareciera algo planificado, producto de una estrategia, nos referimos al debilitamiento de los cuerpos policiales, que cada día ven achicada su capacidad de respuesta. No hay botas, Los uniformes escasean, no se cuenta con suficientes vehículos, las delegaciones policiales, ciento veinticinco (125) mantienen ordenes sanitarias por deficiencias en la infraestructura, algunas son verdaderas trampas para el personal que pernocta en ellas.

Seguimos careciendo de voluntad política, legislatura tras legislatura se repite la misma historia, diputados que gastan su tiempo en discursos peyorativos, una Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, que hace lo mismo que sus antecesoras, citar a los jerarcas de seguridad pública, en donde no se resuelve nada y únicamente vemos a diputados sin el menor conocimiento cuestionando “él porqué del incremento en la inseguridad ciudadana”.

Es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto, las condiciones están dadas para que el crimen organizado siga tomando nuestro país como su centro de operaciones, si señores, y eso no sucede únicamente por nuestra posición geográfica, fundamentalmente obedece a la falta de visión, al desinterés, a la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad humana.

Tal como se puede apreciar en el documento que se adjunta, la mayoría de delegaciones policiales con órdenes sanitarias se encuentran en, San José, Puntarenas, Limón, Guanacaste y la Zona Sur, ¡mismos lugares en donde se presenta mayor penetración del narcotráfico!

Por ahí vemos a figuras políticas hablando de reformas a la Ley General de Policía, de unificación de cuerpos policiales, de mando único como la estrategia para mejorar la articulación y con ello, fortalecer la seguridad. No señores, para fortalecer la seguridad lo primordial y fundamental es enaltecer el trabajo de los cuerpos policiales, dotando a las personas trabajadoras de condiciones dignas, delegaciones de primer nivel, equipo moderno, botas tácticas de calidad, mínimo dos pares por año, salario justo y acorde el nivel de responsabilidad que implica la función policial y la posibilidad de jubilarse de manera anticipada. En síntesis, voluntad política y presupuesto.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública.

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Misión del FMI en Costa Rica: ¡no a las reuniones privadas! ¡no al secretismo!

Publicada el 03/10/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

– Demandamos ser escuchados, presencialmente, en reunión abierta

Este lunes 3 de octubre, según ha trascendido, las jefaturas de fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa, se reunirán “en privado”, con una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), presente en el país y encabezada por la ya conocida señora Marcela Goretti, junto a 12 personeros más integrantes de esta “controversial” entidad mundial, parte fundamental del proceso de globalización neoliberal.

Con toda vehemencia, nos pronunciamos en el sentido de que las conversaciones de esta delegación con las autoridades políticas del país, tanto las legislativas como las legislativas, deben ser totalmente transparentes, alejadas de toda opacidad y secretismo.

Es ofensivo, desde un punto de vista patriótico-social, que sea el propio Presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, quien se convierta en vocero de la señora Goretti, al indicar que ésta está pidiendo que ese tipo de reuniones sean “totalmente privadas”.

El secretismo en las esferas de poder que toman grandes decisiones políticas recibe gran repudio ciudadano, como lo ha sido la circunstancia manifestada con ocasión de la elección reciente para la presidencia del Poder Judicial.

Es más, prácticamente, todas las diputaciones actuales del parlamento costarricense “se cortaron las venas”, exigiendo transparencia en dicho proceso. Cómo es que ahora van a aceptar las distintas jefaturas de fracción legislativa, reunirse con la misión del FMI de manera “totalmente privada”.

Las alarmas están encendidas en los amplios sectores político-patrióticos y cívicos ante los anuncios presidenciales de la venta del patrimonio público valiosísimo para el país como el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros INS); o, a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las frecuencias 5G, la electricidad (el CENCE) y/o la marca Kolbi.

Nuestra desconfianza es tal magnitud que creemos que estas ventas de activos podrían ser “ofrecidas” al FMI, en el nuevo “menú” para enfrentar la impagable deuda pública y su socialmente criminal pago diario de intereses.

Por otra parte, hacemos público nuestro interés en ser atendidos, de manera presencial y con tiempo suficientemente decente, por la señora Goretti y su numerosa comitiva. Solicitamos, con respetuosa vehemencia, que se nos reciba de manera presencial. Seguros estamos de que otras entidades de los sectores sociales se identifican con esta petición.

San José, domingo 2 de octubre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

No hay necesidad de consultar a la Contraloría el reajuste salarial en la Caja

Publicada el 17/09/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

•Huele a maniobra política

•Le base legal del reajuste salarial en disputa es sumamente sólida

•Directiva CCSS no puede ser destituida y menos por autoritaria orden presidencial

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aclara a la opinión pública nacional que, como corriente sindical de alcance nacional, multi-institucional y multisectorial, ya tenemos perfil propio al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

Contamos con estructuras sindicales de base debidamente acreditadas ante las instancias legales correspondientes (intra y extra-institucionales), varias de ellas ya funcionando en importantes hospitales.

Contamos con una membresía de afiliación directa de personal trabajador de la Caja; membresía que está en crecimiento;

Estamos cerca de la cifra de 100 dirigentes sindicales de base, también debidamente acreditados y acreditadas como en Derecho corresponde; quienes no solamente gozan ya de la protección jurídica clásica que establecen nuestras leyes para el ejercicio de la actividad sindical, sino que pronto ANEP les acreditará como Personas Defensoras de Derechos Humanos, con base en la Opinión Consultiva 27, de mayo de 2021, según ordenanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); tal y como lo hará la organización con todas sus estructuras sindicales de base de los sectores público y privado, a lo largo y a lo ancho del país.

Somos referente interlocutor ante innumerables estructuras jerárquico-institucionales para la resolución de discrepancias cotidianas en el desenvolvimiento de la relación obrero-patronal.

Hemos venido librando luchas de impacto institucional fuerte que ninguna agrupación sindical interna se atrevió a dar. Ejemplo: la del salario mínimo intocable o, como comúnmente se ha venido denominando, inembargable.

Pronto circulará un documento informativo, amplio y detallado, sobre el fuerte accionar de ANEP al interior de la CCSS.

Con relación al candente tema del pago pendiente del reajuste salarial por costo de vida que está pendiente de ser honrado, y que entró a regir desde el 1 de enero de 2020, al contar ANEP ya con la suficiente autoridad moral y sindical para plantear su posición sobre el tema indicamos lo siguiente:

PRIMERO: La actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó el acuerdo de honrar esa deuda salarial pendiente con su personal, acudiendo a sus plenas facultades jurídico-constitucionales. No tiene por qué existir duda alguna.

SEGUNDO: El reajuste por costo de vida pendiente de honrar tiene fuerte base jurídica. ANEP, y sólo ANEP, ha aportado ya dos elementos legales contundentes. Veamos:

No. 1: El reajuste en disputa se definió en el seno de la hoy extinta Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, firmando las partes el acta de rigor el día 17 de diciembre de 2019. El Código de Trabajo, en su artículo 695, señala: “…los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado. (Adicionado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). Hablamos de que esta obligatoriedad jurídica formó parte del proceso de transformación integral del Código de Trabajo, conocido como la Ley de la Reforma Procesal Laboral, de la cual fue ANEP gestora y promotora fundamental, desde lo político-sindical, durante 17 años.

No. 2: El indicado acuerdo no debe enmarcarse dentro la regulación legal de corte ideológico-extremista conocida como la Regla Fiscal, pues ésta entró a regir en el año 2020 y, como indicamos en el párrafo anterior, el acuerdo salarial aludido tiene fecha 19 de diciembre de 2019.

TERCERO: La pretendida consulta que, y bajo las fuertes presiones presidenciales, ahora se saca de la manga la Junta Directiva de la CCSS, diciendo que le van a consultar a la Contraloría General de la Republica (CGR) si tal reajuste procede; no es más que una jugarreta política para intentar frenar el crecimiento cualitativo del descontento laboral del personal de la Caja; y, cuidado si no, ya estaría en desarrollo algún “compadre hablado” para que la CGR diga que no procede. En ANEP hace ya mucho tiempo, dejamos de confiar en las máximas autoridades políticas contraloras pues sus posiciones son muy ideológicas, por una parte; y, por otra, han estado mirando para otro lado mientras la deuda pública crecía escandalosamente, como escandalosamente ha venido creciendo el fraude tributario-fiscal. Ni lo uno, ni mucho menos otro, le importó a la CGR como correspondía.

CUARTO: A pesar de que, en honor a la verdad, debemos decirlo, la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha perdido mucha credibilidad y confianza obrero-sociales, ANEP piensa que nada tienen que ir a consultar a la Contraloría; y, por el contrario, deben “liberarse” de la amenaza presidencial pues están muy aferrados, jurídicamente hablando, a sus respectivos cargos, según la propia Ley Constitutiva de la CCSS que, prácticamente, los cataloga como “inamovibles”, una vez designados en los mismos y mientras dure el correspondiente mandato.

QUINTO: Por otra parte, ANEP tiene como altísima prioridad de su agenda de lucha la decisión final de la Junta Directiva de la Caja con relación al respecto al salario mínimo intocable, como lo ordena el Código de Trabajo. El plazo que les dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que se sometieran a la Ley, a la Constitución y a los Derechos Humanos, está por vencerse; recordándole a cada uno de sus 9 integrantes que un eventual proceso judicial les podría acarrear multas multimillonarias que deberán erogar de sus propios y personales bolsillos.

SEXTO: Por segunda vez, hace ANEP un llamado a las principales autoridades sindicales y gremiales que se han estado pronunciando en esta situación, para establecer un equipo de trabajo con la finalidad de enfrentar, en unidad de acción coyuntural, este delicado proceso. Estaremos con línea telefónica abierta por si la sensatez se impone. El mandato de las bases dirigentes y diversas es “¡únanse!

San José, sábado 17 de setiembre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores se opone a la eliminación del impuesto a la Palma Aceitera

Publicada el 16/09/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

La Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores se opone rotundamente a la eliminación del impuesto a la Palma Aceitera, que se pretende realizar en la Asamblea Legislativa, mediante el proyecto de ley Nº 22.408, denominado “Ley de apoyo a los productores de Palma Aceitera del Cantón de Corredores, derogatoria de la Ley No. 7139 impuestos municipales de Corredores, del 30 de noviembre de 1989. Al considerar que afectaría drásticamente las arcas municipales y los proyectos que se desarrollan con la recolección de dicho impuesto.

Según datos obtenidos de la información presupuestaria de la Municipalidad de Corredores, a partir de la ley 7139 en los últimos cinco años el impuesto de la palma ha permitido la recaudación de poco más de ₡1,395 millones de colones. De esa recaudación ₡139.5 millones se han retornado a los contribuyentes de ese impuesto mediante el Centro Agrícola Cantonal (5%) y becas a hijos de palmeros (5%).

Del presupuesto de gasto o ejecución del municipio, los ingresos corrientes, que es aquello que la municipalidad como institución logra recaudar, representa un 32.4%. Mientras que la ley 7139 viene a representar un 12.6% sobre esa recaudación de ingresos corrientes.

Según detalló la Seccional, considerando que los ingresos corrientes destinados para las diferentes actividades municipales no puede utilizar el 100%, ya que están restringidos a tan solo un 10% de lo recaudado por la Regla Fiscal, mientras que otros impuestos aunque permitan el 100% de disponibilidad tienen un aporte poco significativo, el impuesto de ley 7139 es un pilar de funcionamiento municipal.

Afectaciones por la eliminación del impuesto

1) Despidos hasta de un 50% del personal municipal, por imposibilidad de pago de cargas sociales y salarios.

2) Imposibilidad para hacerle frente a obligaciones financieras previamente contraídas, como lo son créditos bancarios por proyectos de obra pública en los que se ha invertido.

3) Una desmejora del servicio público, en razón de la ausencia de personal, materiales y otros necesarios para la prestación de servicios.

4) Afectación social de la población de estudiantes actualmente becados y que se encuentran cursando estudios.

5) Afectación en las finanzas del Centro Agrícola Cantonal por compromisos financieros adquiridos.

6) Cumplimiento de los compromisos salariales que se tienen sin pagar a los trabajadores de los últimos tres años.

7) Financiamiento para la recolección y transferencia y tratamiento de residuos.

Elaboración ANEP-Municipalidad Corredores: Información presupuestaria municipal

Actualmente los gastos operativo y administrativos de la municipalidad rondan los ₡1 118 millones, donde sin el impuesto de la palma se tendría un 34% del total de los recursos para el pago de los gastos operativos; sin ello no podría la institución mantener la mayoría de servicios y cumplir con sus obligaciones.

Como organización sindical que vela por la estabilidad de la institución y de los trabajadores en lo económico, social y Derechos Humanos; considerando el impacto interno y externo, la ANEP y su seccional ANEP-Municipalidad de Corredores rechazan rotundamente a que se elimine el impuesto, según ley 7139.

Esperamos que lejos de los intereses particulares por los que algunos regidores miembros de ese Concejo Municipal en busca de figurar, y quedar bien con sector palmero de cara a las siguientes elecciones de alcaldía; tengan una posición debidamente razonada en criterios técnicos financieros, sociales y de Derechos Humanos, a partir de los cuales se tomen decisiones coherentes y no solamente el decir “elimínese el impuesto” y que la institución vea cómo resolverlo. Tampoco esperamos que de forma insensata se persiga una disminución gradual, tras propuestas imaginarias que dejen a la deriva la suerte de la institución”, manifestó María Morales Villafuerte, presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores.

Finalmente, la seccional manifestó que estará vigilante de la situación y tomará las medidas necesarias correspondientes para proteger la estabilidad institucional de la Municipalidad de Corredores.

Reymond González Zúñiga, ANEP-Municiapalidad de Corredores

Más de 2500 personas y organizaciones piden prohibir agro veneno Clorotalonil en Costa Rica

Publicada el 15/09/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

Organizaciones y ciudadanos piden prohibir el peligroso agro veneno que contamina el agua de miles de personas. Estas personas son de distintas instancias: académicas, educación secundaria, organizaciones ecologistas, Derechos Humanos, Asociaciones de desarrollo, agricultura orgánica, sindicatos, apicultura, ASADAs, culturales , artesanos, de la Diversidad, empresas de turismo, consumidoras , medicina natural, botánicas, restaurantes, corredores ecológicos, conservacionistas, agricultura urbana , cooperativas, manejo de desechos, COVIRENAS, indígenas, deportistas, jóvenes, fincas agroecológicas, productores, fundaciones, feministas, jubilados magisterio, religiosas, grupos de mujeres , regidoras, empresas ecológicas, sector cultura y guardianas de semillas, entre otros.

Las personas firmantes aseguran que el Clorotalonil es uno de los plaguicidas más usados en Costa Rica y que el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación de Clorotalonil que ha sido prohibido en la Unión Europea y debería, por consiguiente, prohibirse en Costa Rica.

Desde inicios de año se viene denunciando la contaminación con clorotalonil en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago, específicamente en las nacientes destinadas para agua de consumo humano de más de 4.000 personas se presentaron resultados positivos de plaguicidas según reconoce el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) fundamentados en un estudio del IRET de la Universidad Nacional (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) donde se encontraron la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas.

La desprotección ecológica y contaminación de las tomas de agua de Cipreses es una triste situación que se repite a lo largo y ancho del país y las instituciones responsables parecieran no estar interesadas en hacer cumplir la protección que establece la Ley de Aguas #276 sobre estos bienes comunes.

Según los firmantes el principio a favor del recurso hídrico conocido como “Induvio Pro Aqua” ha sido utilizado a la inversa por el ICAA y la ASADA de Cipreses y esto debe ser detenido pues genera problemas ambientales y la calidad de vida de las personas”.

Las personas solicitan que debe de ser retirado el registro del clorotalonil y por lo tanto prohibido su uso en Costa Rica considerando que ya hay evidencia de sus riesgos e impactos inadmisibles en materia de salud pública y ambiental. Además, que el registro de nuevas moléculas de plaguicidas debe ir de la mano con la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas de detectarlas. Finalmente solicitan en dicho escrito que se analicen todos los subproductos de clorotalonil en los muestreos de plaguicidas en el agua a nivel nacional.

En este sentido solicitan al “Presidente de Costa Rica ordenar que se realice el debido seguimiento a la solicitud del despacho de la Señora Ministra de Salud, al cual nos sumamos y apoyamos para que el Laboratorio Nacional de Aguas consiga los reactivos y tecnologías necesarias con prontitud y urgencia para analizar todos los Subproductos de Clorotalonil” esto pues actualmente solo analizan 24 moléculas distintas y existen más de 200 registradas.

Sobre el caso de Cipreses de Oreamuno y la contaminación con clorotalonil en sus fuentes de agua para consumo humano: “Pedimos que se hagan cumplir las varias órdenes sanitarias ya existentes de la Dirección del Área Rectora de Salud Oreamuno para que se protejan las fuentes de agua en el caso concreto de Cipreses. Que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecer un plan de acción para proveer agua en cisterna libre de agroquímicos a la comunidad de Cipreses”.

Costa Rica es uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en la región y la contaminación de tomas de agua de diferentes comunidades con plaguicidas es una situación ampliamente conocida. Recordando la lucha de muchas comunidades por la contaminación de su agua potable con el plaguicida bromacil; así como la situación que hoy

se da a conocer desde la comunidad de Cipreses en materia de contaminación con clorotalonil.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) bajo el compromiso de impulsar el sindicalismo ciudadano apoya esta importante causa y se suma al llamado para que este agro veneno sea prohibido y de esa forma se resguarde la salud de las personas.

Justamente, este viernes 16 de agosto, Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP acompañará a los miembros del Frente Eco Cipreses para reunirse con funcionarios de Acueductos y Alcantarillados a quienes se les presentarán todos los elementos pertinentes para evidenciar lo grave de la situación.

“Los argumentos que se presentan tienen sustentos científicos de los graves efectos perversos en los seres humanos de que el Clorotalonil esté presente en el agua que tomamos. Instamos a que las instituciones que tienen que ver con esto actúen ya, e invitamos a más organizaciones civiles y sociales a sumarse a esta cruzada”, afirmó Vargas Barrantes.

A continuación el manifiesto enviado al Presidente y a la Ministra de Salud:

Manifiesto-personas-y-organizaciones-piden-prohibir-agro-veneno-clorotalonil-en-Costa-Rica Descarga

Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

Publicada el 05/09/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

– Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

Tal como es de dominio público, hace poco se dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, el argumento único fue que sus salarios eran muy bajos. Bajo esa misma premisa, se hace pertinente solicitar la dignificación salarial que por décadas se les ha negado a las personas trabajadoras integrantes de los distintos cuerpos policiales.

Según datos oficiales, en los últimos diez años, el incremento promedio para los agentes del orden ha sido de un 28.25% sobre el salario base, para un promedio anual del 2.82%, lo cual hace que en la actualidad el salario base de un agente de la Fuerza Pública sea de tan solo ₵342.500,00, mensuales.

Es claro, que el salario de nuestros uniformados se encuentra entre los más bajos del gobierno central, que el monto antes dicho, no es acorde a la peligrosidad que deben enfrentar, con un desgaste físico y emocional, mucho mayor al que posiblemente se tenga en otras labores. La responsabilidad que debe asumir un oficial de policía, en sus labores diarias, implica llevar sobre sus hombros la tranquilidad de la sociedad, la protección de los bienes jurídicos de terceros y hasta la vida de la población, a costa de la propia vida, indubitablemente ese nivel de riesgo y de responsabilidad, tiene que ser recompensado, la función policial es esencial para la sociedad, no puede seguir siendo tan maltratada.

Por eso, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Republica, para que, en aplicación de la excepcionalidad de la función policial, bajo el mismo argumento utilizado para aumentar el salario de los ministros de Estado, teniendo en consideración el criterio de la Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022, se ordene a la brevedad posible un incremento salarial a la base de nuestros oficiales de Policía, partiendo del hecho de que no están siendo compensados por el trabajo que realizan al servicio del país, saldándose así una deuda histórica con tan importante sector laboral.

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