Categoría: Comunicados de Prensa

ANEP censura y condena contundentemente el recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional

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Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos y condenamos los recortes presupuestarios que ya se gestan por parte del Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para el Presupuesto General de la República 2023, al considerarlos irresponsables, irracionales e irreflexivos y con gran impacto social.  

A la vez, brindamos fuerte respaldo político-sindical  a esos diputados y a esas diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.

Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.

Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).

De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.

Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.

Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:

•          La evasión tributaria y la elusión fiscales, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

•          El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.

•          La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.

•          Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.

Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.

Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.

San José, lunes 10 de octubre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.

Recorte presupuestario en Seguridad Pública beneficiará al crimen organizado, impactando negativamente la seguridad ciudadana

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•        Reducción imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos

Desde la Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestionamos fuertemente el recorte presupuestario de mil millones de colones que sufrirá el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el año 2023, el cual se verá reflejado, sin lugar a dudas, en la seguridad pública que reciben todos los ciudadanos del país. 

No es la primera vez que se presenta un recorte en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual prácticamente imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos. Esto, en momentos en que seguimos viendo como el narcotráfico se apodera de nuestro país, generando un incremento en los índices de violencia y de inseguridad ciudadana.

En verdad, hace un buen tiempo hemos venido señalando que, pareciera algo planificado, producto de una estrategia, nos referimos al debilitamiento de los cuerpos policiales, que cada día ven achicada su capacidad de respuesta. No hay botas, Los uniformes escasean, no se cuenta con suficientes vehículos, las delegaciones policiales, ciento veinticinco (125) mantienen ordenes sanitarias por deficiencias en la infraestructura, algunas son verdaderas trampas para el personal que pernocta en ellas.

Seguimos careciendo de voluntad política, legislatura tras legislatura se repite la misma historia, diputados que gastan su tiempo en discursos peyorativos, una Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, que hace lo mismo que sus antecesoras, citar a los jerarcas de seguridad pública, en donde no se resuelve nada y únicamente vemos a diputados sin el menor conocimiento cuestionando “él porqué del incremento en la inseguridad ciudadana”.

Es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto, las condiciones están dadas para que el crimen organizado siga tomando nuestro país como su centro de operaciones, si señores, y eso no sucede únicamente por nuestra posición geográfica, fundamentalmente obedece a la falta de visión, al desinterés, a la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad humana.

Tal como se puede apreciar en el documento que se adjunta, la mayoría de delegaciones policiales con órdenes sanitarias se encuentran en, San José, Puntarenas, Limón, Guanacaste y la Zona Sur, ¡mismos lugares en donde se presenta mayor penetración del narcotráfico!

Por ahí vemos a figuras políticas hablando de reformas a la Ley General de Policía, de unificación de cuerpos policiales, de mando único como la estrategia para mejorar la articulación y con ello, fortalecer la seguridad. No señores, para fortalecer la seguridad lo primordial y fundamental es enaltecer el trabajo de los cuerpos policiales, dotando a las personas trabajadoras de condiciones dignas, delegaciones de primer nivel, equipo moderno, botas tácticas de calidad, mínimo dos pares por año, salario justo y acorde el nivel de responsabilidad que implica la función policial y la posibilidad de jubilarse de manera anticipada. En síntesis, voluntad política y presupuesto.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública.

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Misión del FMI en Costa Rica: ¡no a las reuniones privadas! ¡no al secretismo!

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– Demandamos ser escuchados, presencialmente, en reunión abierta

Este lunes 3 de octubre, según ha trascendido, las jefaturas de fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa, se reunirán “en privado”, con una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), presente en el país y encabezada por la ya conocida señora Marcela Goretti, junto a 12 personeros más integrantes de esta “controversial” entidad mundial, parte fundamental del proceso de globalización neoliberal.

Con toda vehemencia, nos pronunciamos en el sentido de que las conversaciones de esta delegación con las autoridades políticas del país, tanto las legislativas como las legislativas, deben ser totalmente transparentes, alejadas de toda opacidad y secretismo.

Es ofensivo, desde un punto de vista patriótico-social, que sea el propio Presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, quien se convierta en vocero de la señora Goretti, al indicar que ésta está pidiendo que ese tipo de reuniones sean “totalmente privadas”.

El secretismo en las esferas de poder que toman grandes decisiones políticas recibe gran repudio ciudadano, como lo ha sido la circunstancia manifestada con ocasión de la elección reciente para la presidencia del Poder Judicial.

Es más, prácticamente, todas las diputaciones actuales del parlamento costarricense “se cortaron las venas”, exigiendo transparencia en dicho proceso. Cómo es que ahora van a aceptar las distintas jefaturas de fracción legislativa, reunirse con la misión del FMI de manera “totalmente privada”.

Las alarmas están encendidas en los amplios sectores político-patrióticos y cívicos ante los anuncios presidenciales de la venta del patrimonio público valiosísimo para el país como el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros INS); o, a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las frecuencias 5G, la electricidad (el CENCE) y/o la marca Kolbi.

Nuestra desconfianza es tal magnitud que creemos que estas ventas de activos podrían ser “ofrecidas” al FMI, en el nuevo “menú” para enfrentar la impagable deuda pública y su socialmente criminal pago diario de intereses.

Por otra parte, hacemos público nuestro interés en ser atendidos, de manera presencial y con tiempo suficientemente decente, por la señora Goretti y su numerosa comitiva. Solicitamos, con respetuosa vehemencia, que se nos reciba de manera presencial. Seguros estamos de que otras entidades de los sectores sociales se identifican con esta petición.

San José, domingo 2 de octubre de 2022.

 Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

No hay necesidad de consultar a la Contraloría el reajuste salarial en la Caja

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•Huele a maniobra política

•Le base legal del reajuste salarial en disputa es sumamente sólida

•Directiva CCSS no puede ser destituida y menos por autoritaria orden presidencial

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aclara a la opinión pública nacional que, como corriente sindical de alcance nacional, multi-institucional y multisectorial, ya tenemos perfil propio al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

Contamos con estructuras sindicales de base debidamente acreditadas ante las instancias legales correspondientes (intra y extra-institucionales), varias de ellas ya funcionando en importantes hospitales.

Contamos con una membresía de afiliación directa de personal trabajador de la Caja; membresía que está en crecimiento;

Estamos cerca de la cifra de 100 dirigentes sindicales de base, también debidamente acreditados y acreditadas como en Derecho corresponde; quienes no solamente gozan ya de la protección jurídica clásica que establecen nuestras leyes para el ejercicio de la actividad sindical, sino que pronto ANEP les acreditará como Personas Defensoras de Derechos Humanos, con base en la Opinión Consultiva 27, de mayo de 2021, según ordenanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); tal y como lo hará la organización con todas sus estructuras sindicales de base de los sectores público y privado, a lo largo y a lo ancho del país.

Somos referente interlocutor ante innumerables estructuras jerárquico-institucionales para la resolución de discrepancias cotidianas en el desenvolvimiento de la relación obrero-patronal.

Hemos venido librando luchas de impacto institucional fuerte que ninguna agrupación sindical interna se atrevió a dar. Ejemplo: la del salario mínimo intocable o, como comúnmente se ha venido denominando, inembargable.

Pronto circulará un documento informativo, amplio y detallado, sobre el fuerte accionar de ANEP al interior de la CCSS.

Con relación al candente tema del pago pendiente del reajuste salarial por costo de vida que está pendiente de ser honrado, y que entró a regir desde el 1 de enero de 2020, al contar ANEP ya con la suficiente autoridad moral y sindical para plantear su posición sobre el tema indicamos lo siguiente:

PRIMERO: La actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó el acuerdo de honrar esa deuda salarial pendiente con su personal, acudiendo a sus plenas facultades jurídico-constitucionales. No tiene por qué existir duda alguna.

SEGUNDO: El reajuste por costo de vida pendiente de honrar tiene fuerte base jurídica. ANEP, y sólo ANEP, ha aportado ya dos elementos legales contundentes. Veamos:

No. 1: El reajuste en disputa se definió en el seno de la hoy extinta Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, firmando las partes el acta de rigor el día 17 de diciembre de 2019. El Código de Trabajo, en su artículo 695, señala: “…los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado. (Adicionado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). Hablamos de que esta obligatoriedad jurídica formó parte del proceso de transformación integral del Código de Trabajo, conocido como la Ley de la Reforma Procesal Laboral, de la cual fue ANEP gestora y promotora fundamental, desde lo político-sindical, durante 17 años.

No. 2: El indicado acuerdo no debe enmarcarse dentro la regulación legal de corte ideológico-extremista conocida como la Regla Fiscal, pues ésta entró a regir en el año 2020 y, como indicamos en el párrafo anterior, el acuerdo salarial aludido tiene fecha 19 de diciembre de 2019.

TERCERO: La pretendida consulta que, y bajo las fuertes presiones presidenciales, ahora se saca de la manga la Junta Directiva de la CCSS, diciendo que le van a consultar a la Contraloría General de la Republica (CGR) si tal reajuste procede; no es más que una jugarreta política para intentar frenar el crecimiento cualitativo del descontento laboral del personal de la Caja; y, cuidado si no, ya estaría en desarrollo algún “compadre hablado” para que la CGR diga que no procede. En ANEP hace ya mucho tiempo, dejamos de confiar en las máximas autoridades políticas contraloras pues sus posiciones son muy ideológicas, por una parte; y, por otra, han estado mirando para otro lado mientras la deuda pública crecía escandalosamente, como escandalosamente ha venido creciendo el fraude tributario-fiscal. Ni lo uno, ni mucho menos otro, le importó a la CGR como correspondía.

CUARTO: A pesar de que, en honor a la verdad, debemos decirlo, la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha perdido mucha credibilidad y confianza obrero-sociales, ANEP piensa que nada tienen que ir a consultar a la Contraloría; y, por el contrario, deben “liberarse” de la amenaza presidencial pues están muy aferrados, jurídicamente hablando, a sus respectivos cargos, según la propia Ley Constitutiva de la CCSS que, prácticamente, los cataloga como “inamovibles”, una vez designados en los mismos y mientras dure el correspondiente mandato.

QUINTO: Por otra parte, ANEP tiene como altísima prioridad de su agenda de lucha la decisión final de la Junta Directiva de la Caja con relación al respecto al salario mínimo intocable, como lo ordena el Código de Trabajo. El plazo que les dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que se sometieran a la Ley, a la Constitución y a los Derechos Humanos, está por vencerse; recordándole a cada uno de sus 9 integrantes que un eventual proceso judicial les podría acarrear multas multimillonarias que deberán erogar de sus propios y personales bolsillos.

SEXTO: Por segunda vez, hace ANEP un llamado a las principales autoridades sindicales y gremiales que se han estado pronunciando en esta situación, para establecer un equipo de trabajo con la finalidad de enfrentar, en unidad de acción coyuntural, este delicado proceso. Estaremos con línea telefónica abierta por si la sensatez se impone. El mandato de las bases dirigentes y diversas es “¡únanse!

San José, sábado 17 de setiembre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores se opone a la eliminación del impuesto a la Palma Aceitera

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La Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores se opone rotundamente a la eliminación del impuesto a la Palma Aceitera, que se pretende realizar en la Asamblea Legislativa, mediante el proyecto de ley Nº 22.408, denominado “Ley de apoyo a los productores de Palma Aceitera del Cantón de Corredores, derogatoria de la Ley No. 7139 impuestos municipales de Corredores, del 30 de noviembre de 1989. Al considerar que afectaría drásticamente las arcas municipales y los proyectos que se desarrollan con la recolección de dicho impuesto.

Según datos obtenidos de la información presupuestaria de la Municipalidad de Corredores, a partir de la ley 7139 en los últimos cinco años el impuesto de la palma ha permitido la recaudación de poco más de ₡1,395 millones de colones. De esa recaudación ₡139.5 millones se han retornado a los contribuyentes de ese impuesto mediante el Centro Agrícola Cantonal (5%) y becas a hijos de palmeros (5%).

Del presupuesto de gasto o ejecución del municipio, los ingresos corrientes, que es aquello que la municipalidad como institución logra recaudar, representa un 32.4%. Mientras que la ley 7139 viene a representar un 12.6% sobre esa recaudación de ingresos corrientes.

Según detalló la Seccional, considerando que los ingresos corrientes destinados para las diferentes actividades municipales no puede utilizar el 100%, ya que están restringidos a tan solo un 10% de lo recaudado por la Regla Fiscal, mientras que otros impuestos aunque permitan el 100% de disponibilidad tienen un aporte poco significativo, el impuesto de ley 7139 es un pilar de funcionamiento municipal.

Afectaciones por la eliminación del impuesto

1) Despidos hasta de un 50% del personal municipal, por imposibilidad de pago de cargas sociales y salarios.

2) Imposibilidad para hacerle frente a obligaciones financieras previamente contraídas, como lo son créditos bancarios por proyectos de obra pública en los que se ha invertido.

3) Una desmejora del servicio público, en razón de la ausencia de personal, materiales y otros necesarios para la prestación de servicios.

4) Afectación social de la población de estudiantes actualmente becados y que se encuentran cursando estudios.

5) Afectación en las finanzas del Centro Agrícola Cantonal por compromisos financieros adquiridos.

6) Cumplimiento de los compromisos salariales que se tienen sin pagar a los trabajadores de los últimos tres años.

7) Financiamiento para la recolección y transferencia y tratamiento de residuos.

Elaboración ANEP-Municipalidad Corredores: Información presupuestaria municipal

Actualmente los gastos operativo y administrativos de la municipalidad rondan los ₡1 118 millones, donde sin el impuesto de la palma se tendría un 34% del total de los recursos para el pago de los gastos operativos; sin ello no podría la institución mantener la mayoría de servicios y cumplir con sus obligaciones.

Como organización sindical que vela por la estabilidad de la institución y de los trabajadores en lo económico, social y Derechos Humanos; considerando el impacto interno y externo, la ANEP y su seccional ANEP-Municipalidad de Corredores rechazan rotundamente a que se elimine el impuesto, según ley 7139.

Esperamos que lejos de los intereses particulares por los que algunos regidores miembros de ese Concejo Municipal en busca de figurar, y quedar bien con sector palmero de cara a las siguientes elecciones de alcaldía; tengan una posición debidamente razonada en criterios técnicos financieros, sociales y de Derechos Humanos, a partir de los cuales se tomen decisiones coherentes y no solamente el decir “elimínese el impuesto” y que la institución vea cómo resolverlo. Tampoco esperamos que de forma insensata se persiga una disminución gradual, tras propuestas imaginarias que dejen a la deriva la suerte de la institución”, manifestó María Morales Villafuerte, presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores.

Finalmente, la seccional manifestó que estará vigilante de la situación y tomará las medidas necesarias correspondientes para proteger la estabilidad institucional de la Municipalidad de Corredores.

Reymond González Zúñiga, ANEP-Municiapalidad de Corredores

Más de 2500 personas y organizaciones piden prohibir agro veneno Clorotalonil en Costa Rica

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Organizaciones y ciudadanos piden prohibir el peligroso agro veneno que contamina el agua de miles de personas. Estas personas son de distintas instancias:  académicas, educación secundaria,  organizaciones ecologistas, Derechos Humanos, Asociaciones de desarrollo, agricultura orgánica, sindicatos, apicultura, ASADAs, culturales , artesanos, de la Diversidad, empresas de turismo, consumidoras , medicina natural, botánicas, restaurantes, corredores ecológicos, conservacionistas, agricultura  urbana , cooperativas, manejo de desechos, COVIRENAS, indígenas, deportistas, jóvenes, fincas agroecológicas, productores, fundaciones, feministas, jubilados magisterio, religiosas, grupos de mujeres , regidoras, empresas ecológicas,  sector cultura y  guardianas de semillas, entre otros.

Las personas firmantes aseguran que el Clorotalonil es uno de los plaguicidas más usados en Costa Rica y que el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación de Clorotalonil que ha sido prohibido en la Unión Europea y debería, por consiguiente, prohibirse en Costa Rica.

Desde inicios de año se  viene denunciando la contaminación con clorotalonil en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago, específicamente en las nacientes destinadas para agua de consumo humano de más de 4.000 personas se presentaron resultados positivos de plaguicidas según reconoce el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) fundamentados en un estudio del IRET de la Universidad Nacional  (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) donde se encontraron la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas.

La desprotección ecológica y contaminación de las tomas de agua de Cipreses es una triste situación que se repite a lo largo y ancho del país y las instituciones responsables parecieran no estar interesadas en hacer cumplir la protección que establece la Ley de Aguas #276 sobre estos bienes comunes.

Según los firmantes el principio a favor del recurso hídrico conocido como “Induvio Pro Aqua” ha sido utilizado a la inversa por el ICAA y la ASADA de Cipreses y esto debe ser detenido pues genera problemas ambientales y la calidad de vida de las personas”.

Las personas solicitan que debe de ser retirado el registro del clorotalonil y por lo tanto prohibido su uso en Costa Rica considerando que ya hay evidencia de sus riesgos e impactos inadmisibles en materia de salud pública y ambiental. Además, que el registro de nuevas moléculas de plaguicidas debe ir de la mano con la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas de detectarlas. Finalmente solicitan en dicho escrito que se analicen todos los subproductos de clorotalonil en los muestreos de plaguicidas en el agua a nivel nacional.

En este sentido solicitan al “Presidente de Costa Rica ordenar que se realice el debido seguimiento a la solicitud del despacho de la Señora Ministra de Salud, al cual nos sumamos y apoyamos para que el Laboratorio Nacional de Aguas consiga los reactivos y tecnologías necesarias con prontitud y urgencia para analizar todos los Subproductos de Clorotalonil” esto pues actualmente solo analizan 24 moléculas distintas y existen más de 200 registradas.

Sobre el caso de Cipreses de Oreamuno y la contaminación con clorotalonil en sus fuentes de agua para consumo humano: “Pedimos que se hagan cumplir las varias órdenes sanitarias ya existentes de la Dirección del Área Rectora de Salud Oreamuno para que se protejan las fuentes de agua en el caso concreto de Cipreses. Que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecer un plan de acción para proveer agua en cisterna libre de agroquímicos a la comunidad de Cipreses”.

Costa Rica es uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en la región y la contaminación de tomas de agua de diferentes comunidades con plaguicidas es una situación ampliamente conocida. Recordando la lucha de muchas comunidades por la contaminación de su agua potable con el plaguicida bromacil; así como la situación que hoy

se da a conocer desde la comunidad de Cipreses en materia de contaminación con clorotalonil.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) bajo el compromiso de impulsar el sindicalismo ciudadano apoya esta importante causa y se suma al llamado para que este agro veneno sea prohibido y de esa forma se resguarde la salud de las personas.

Justamente, este viernes 16 de agosto, Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP acompañará a los miembros del Frente Eco Cipreses para reunirse con funcionarios de Acueductos y Alcantarillados a quienes se les presentarán todos los elementos pertinentes para evidenciar lo grave de la situación.

“Los argumentos que se presentan tienen sustentos científicos de los graves efectos perversos en los seres humanos de que el Clorotalonil esté presente en el agua que tomamos. Instamos a que las instituciones que tienen que ver con esto actúen ya, e invitamos a más organizaciones civiles y sociales a sumarse a esta cruzada”, afirmó Vargas Barrantes.

A continuación el manifiesto enviado al Presidente y a la Ministra de Salud:

Manifiesto-personas-y-organizaciones-piden-prohibir-agro-veneno-clorotalonil-en-Costa-RicaDescarga


Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

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– Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

Tal como es de dominio público, hace poco se dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, el argumento único fue que sus salarios eran muy bajos. Bajo esa misma premisa, se hace pertinente solicitar la dignificación salarial que por décadas se les ha negado a las personas trabajadoras integrantes de los distintos cuerpos policiales.

Según datos oficiales, en los últimos diez años, el incremento promedio para los agentes del orden ha sido de un 28.25% sobre el salario base, para un promedio anual del 2.82%, lo cual hace que en la actualidad el salario base de un agente de la Fuerza Pública sea de tan solo ₵342.500,00, mensuales.

Es claro, que el salario de nuestros uniformados se encuentra entre los más bajos del gobierno central, que el monto antes dicho, no es acorde a la peligrosidad que deben enfrentar, con un desgaste físico y emocional, mucho mayor al que posiblemente se tenga en otras labores. La responsabilidad que debe asumir un oficial de policía, en sus labores diarias, implica llevar sobre sus hombros la tranquilidad de la sociedad, la protección de los bienes jurídicos de terceros y hasta la vida de la población, a costa de la propia vida, indubitablemente ese nivel de riesgo y de responsabilidad, tiene que ser recompensado, la función policial es esencial para la sociedad, no puede seguir siendo tan maltratada.

Por eso, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Republica, para que, en aplicación de la excepcionalidad de la función policial, bajo el mismo argumento utilizado para aumentar el salario de los ministros de Estado, teniendo en consideración el criterio de la Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022, se ordene a la brevedad posible un incremento salarial a la base de nuestros oficiales de Policía, partiendo del hecho de que no están siendo compensados por el trabajo que realizan al servicio del país, saldándose así una deuda histórica con tan importante sector laboral.

ANEP solicita aprobación legislativa urgente a proyecto gubernamental ante el alto precio de los combustibles

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  • Sobran fuentes de financiamiento sano para mantener congelado el valor del litro de gasolina y el del diésel.
  • ANEP confía en la sabiduría popular para planificar la movilización necesaria.

Sobran las palabras. El pueblo trabajador, los y las de abajo y hasta los de en medio, están exigiendo un alto drástico al altísimo precio de los combustibles. Todo indica que la movilización sectorial, regional y nacional es cuestión de tiempo.

¡Plata sobra! Congelar el valor del litro de gasolina en 900 colones y el del diésel en 800, es completamente factible pues sobran las fuentes de financiamiento.

PRIMERO: Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los bancos comerciales atesoraban al 30 de abril de 2022, la inimaginable cantidad de, prácticamente, 38 mil millones de dólares ($ 38.000.000.000). En colones: unos 25 billones de colones (25.000.000.000.000). Un subsidio de 6 meses, apenas representaría el 1 % de tal cantidad. Se puede tramitar un impuesto extraordinario-especial y excepcional a pagar por los banqueros, específicamente, para que la gente pueda tener un respiro ante la incesante subida de precios de bienes y de servicios producto del altísimo precio de los combustibles.

SEGUNDO: El pago diario, cada 24 horas, de intereses de la deuda pública, durante el pasado año 2021, ascendió a unos 5.500 millones de colones. Estamos hablando de 165 mil millones de colones cada mes (165.000.000.000).  El subsidio estatal para mantener el precio de los combustibles, contabilizado mensualmente, apenas representaría un 28 % de ese pago mensual obsceno de intereses de la deuda pública. Se puede renegociar ese abusivo pago de intereses mensual-diario y la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

 TERCERO: Un impuesto especial y solidario para las grandes fortunas y capitales acumulados, considerando que la evasión fiscal-tributaria es del orden de los 360 millones de dólares al mes, según estimaciones del propio Presidente de la República. Es decir, Bastaría únicamente un mes, 240 mil millones de colones, para hacerle frente a un subsidio de 6 meses ante el congelamiento eventual del precio de los combustibles como lo promueve el actual Gobierno. Aunque pueda parecer un escenario “utópico”, el margen de maniobra es cuantitativamente factible. 

La ANEP lanza una fuerte y vehemente exhortación a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, sin excepción, para que emitan la urgentísima legislación del congelamiento del precio de los combustibles: 900 colones para la gasolina y 800 colones para el diésel.

La ANEP estima que, con base en la sabiduría popular, debemos pensar seriamente en la movilización que las circunstancias nos están imponiendo.

San José, lunes 8 de agosto de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP solicita a la fiscalía General de la República investigar inversiones de la CCSS en La Nación S.A.

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Dentro de las petitorias que la ANEP, solicita a la Fiscalía General, es que se informe si existe alguna denuncia planteada en contra de La Nación S.A. por los hechos denunciados por la prensa nacional, o bien, si el Ministerio Público tomará acciones concretas, con base en la información que ha transcendido a la luz pública, donde se describen algunos comportamientos supuestamente irregulares en el manejo de inversiones que involucran fondos de la CCSS

La ANEP logró extraer las notas periodísticas publicadas por Diario Extra, Semanario Universidad, El Guardián y El Mundo.cr, en las cuales se informa  que La Nación S. A. tiene una deuda, en apariencia, por aproximadamente ¢19 mil millones de colones, misma que vence entre 2024 y 2025. Estas informaciones han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República junto a la petitoria de nuestra organización.

En las informaciones dadas a conocer por los medios de comunicación en mención, también se extrae que de los dineros de pensiones que administra la CCSS, que corresponden al  Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Fondo de Retiro de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRE), se tendrían invertidos aproximadamente ¢6 mil millones de colones en instrumentos de deuda con La Nación S. A.

La CCSS tiene invertidos en La Nación S. A., según notas del elmundo.cr y Semanario Universidad, 2 mil cuatrocientos millones de colones del IVM; también 3 tres mil millones de colones del FRE y 732 millones de colones de la Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS.

En julio de 2020, La Nación S. A. le indicó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que desarrollaría un proyecto inmobiliario por medio de un fideicomiso, a pesar de reportar deudas desde el año 2019. En dicho proyecto inmobiliario, se indicó, que incluirían la propiedad de Llorente de Tibás, además de otras propiedades, indican las informaciones periodísticas.

Trascendido a la luz pública que la CCSS, mediante el oficio GF-365-06-2022-GP-1046-2022, enviado a la Sugeval, con fecha 29 de junio de 2022, le pide información sobre este fideicomiso y el impacto que ha tenido en los estados financieros de La Nación S. A.

Otro de los cuestionamientos, indicados en las notas de prensa, hace referencia a  las calificaciones financieras de La Nación S. A. que pasaron de “AAA” a “A”, razón por la cual, la CCSS, con base en diversos informes emitidos por el Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales, así como por la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera, ha mantenido una atención especial a inversiones que se tienen en los instrumentos de La Nación. S. A.

En criterio de ANEP, los hechos publicados por esta prensa nacional, reflejan una situación de urgencia que debe ser analizada por las autoridades superiores del Poder Judicial, en especial del Ministerio Público, pues podríamos estar, en apariencia, frente a algún fraude de simulación que involucra fondos del IVM, del FRE y de la Operadora de Pensiones Complementaria de la CCSS.

ANEP ve necesaria una investigación del Ministerio Público mediante la cual se aclare si los fondos pertenecientes a la CCSS sufren algún riesgo, pero también que se investiguen las conductas denunciadas públicamente y se determine si configuran algún tipo de hecho castigado por el ordenamiento jurídico penal. 

San José, lunes 04 de julio de 2022.

Unidad de Información y Comunicación ANEP.

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Detectan plaguicida altamente contaminante y letal en agua de ASADA de Cipreses de Oreamuno

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Detectan plaguicida altamente contaminante y letal en agua de ASADA de Cipreses de Oreamuno

– Ministerio de Salud pide investigar situación al AyA. Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago.

– ANEP respalda las acciones del Frente Ecologista de Cipreses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como organización sociopolítica que practicamos el sindicalismo ciudadano, nos pronunciamos con vehemencia a favor de las acciones jurídicas y comunales del FRENTE ECOLOGISTA DE CIPRESES, referente a la contaminación del agua con agroquímicos letales y en defensa de sus tomas de agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago.

ANEP le pide cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), especialmente a su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) sobre la contaminación del agua en Cipreses de Oreamuno.

Petición respaldada en análisis realizados en el agua de la localidad por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), en el cual se detectaron productos de degradación clorotalonil, sobre el límite permitido, así como trazas de otros plaguicidas; lo cual incluso ha sido reconocido por el AyA en su informe técnico: GSD-UEN-GAR-2022-01098.

Además, muestras del agua de Cipreses fueron enviadas desde el IRET-UNA al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, por sus siglas en inglés), en donde se encontró que también había otros productos de la degradación de clorotalonil, encontrando hasta 13 productos diferentes de la degradación, como se indica en el oficio UNA-LAREP-OFIC-054-2021 dirigido a la ASADA de Cipreses.

Este agroveneno que hoy contamina el agua de Cipreses (y probablemente en otras comunidades del país), está prohibido en Europa y otros 17 países del mundo precisamente por ser altamente contaminante y por los efectos mortales que causa en la salud pública y los efectos negativos en el ambiente.

Ministerio de Salud pide investigar

Ante esta grave situación, el pasado 3 de junio,  la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón, solicitó a Roberto Guzmán, Director Ejecutivo del AYA, su apoyo para incluir los derivados del clorothalonil en las mediciones de los parámetros N4, que se aplican en el Laboratorio Nacional de Aguas.

La directriz girada por la nueva Ministra de Salud es un gran triunfo para la protección del agua, la salud y el medio ambiente en Costa Rica, señalo el Frente Ecologista de Cipreses

“Agradecemos también que la inclusión del análisis de las moléculas de degradación del fungicida clorothalonil serán aplicadas no solamente en el monitoreo para detectar plaguicidas en agua potable (N4) que se hagan en el distrito de Cipreses, sino que ahora se empezarán a aplicar en los acueductos de todo el territorio nacional, esto permitirá tomar medidas precautorias y acciones correctivas con mucha más rapidez, lo cual va a evitar futuras afectaciones para la población”, manifestó el grupo ecologista.

Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago entre estos: Cipreses de Oreamuno, Cervantes de Alvarado y Paraíso.

Ante este escenario, urge que el Gobierno fortalezca las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), ya que incluso sus propios funcionarios aceptan que carecen de recursos técnicos para el monitoreo y respuesta rápida; pues solamente pueden analizar 24 plaguicidas cuando en nuestro país hay más de 200 que podrían estar contaminando el agua de los y las costarricenses.

Las anteriores afirmaciones se realizaron el pasado 8 de junio por parte del funcionario del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, señor Darner Mora Alvarado en un foro efectuado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde también manifestó “que ellos trabajan en un cuchitril…” ¿cómo es posible que este importante laboratorio no sea prioridad nacional siendo este país uno de los que más utilizan fumigaciones en el mundo?

Para la ANEP y el Frente Ecologista de Cipreses resulta apremiante sacar al LNA de la Regla Fiscal y robustecer su competencia con el fin de proteger la salud pública y ambiental, ante la realidad de ser uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en el mundo, como consta en el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el  Uso Aparente de Plaguicidas en Costa Rica 2022, donde se evidencia que incluso hay muchos plaguicidas contaminando nuestra comida y agua los cuales son altamente peligrosos y están prohibidos en otros países. Costa Rica debería ir a la vanguardia en protección ecológica y de la salud y no ser un país reconocido por usar todos los plaguicidas prohibidos en otros países. (https://impactoplaguicidas.cr/)

Dicho informe reveló que la población costarricense, especialmente la rural y las personas trabajadoras agrícolas están expuestas a una elevada cantidad de plaguicidas altamente tóxicos, que supera los 74 kilogramos de ingrediente activo por trabajador/trabajadora agrícola por año.

Es importante que el Laboratorio Nacional de Aguas establezca alianzas estratégicas con el prestigioso laboratorio del IRET (LARET) de la UNA. Para atender los hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses; ya que hay nuevos desafíos en materia de ecotoxicología ambiental y salud pública, de manera que las comunidades afectadas cuenten con acompañamiento técnico de alta calidad.  

Cuestionan resultados sin tener capacidades técnicas.

El Laboratorio Nacional de Aguas de AyA a pesar de no contar con las capacidades técnicas para detectar los productos de degradación del clorotalonil, se precipitó a criticar los análisis y resultados realizados por el IRET-UNA donde sí han podido detectar los productos de la degradación del plaguicida en el agua de Cipreses de Oreamuno gracias a su larga experiencia y contactos internacionales.

Hay que reconocer que este es un tema muy nuevo y apenas en el 2019 se descubría en Suiza y en Europa. Por otra parte, lamentamos las declaraciones ante la prensa del señor Darner Mora Alvarado del LNA del AyA según consta en su entrevista en Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/aya-dice-que-se-necesitan-mas-pruebas-para-comprobar-contaminacion-con-fungicida-en-agua-de-cipreses-de-oreamuno/) por lo que instamos a él y todo su equipo técnico en trabajar de forma proactiva con sus colegas del IRET-UNA para atender este problema que hoy enfrenta la sociedad costarricense, ya que no solo afecta a la comunidad de Cipreses de Cartago. 

ANEP felicita a las personas del Frente Eco Cipreses, así como a quienes trabajan en el IRET-UNA que actualmente demuestran su compromiso en defensa de la salud pública y les reiteramos nuestro apoyo en su lucha por el bien común.

Al mismo tiempo recordamos que el Estado debe cumplir el artículo 50 de nuestra Constitución Política que establece: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”.

San José, 21 de junio de 2022.

Directriz Ministerio de Salud

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